Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01392-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01392-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01392-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de marzo de 2022
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: JOSÉ ALEXANDER CASTRO RÍOS
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
EJÉRCITO NACIONAL
Tema: Reajuste asignación de retiro con la inclusión de la prima
de actualización.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-057-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que declaró
probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho y denegó
las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor José Alexander Castro Ríos en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111 formuló, en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 1 a 2)
1. Declarar la nulidad del Oficio 20163171043681: MDN-CGFM-COEJC-
SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 9 de agosto de 2016 por medio
del cual el Ejército Nacional negó el cómputo de la prima de actualización,
la reliquidación y el correspondiente reajuste de la asignación de retiro
solicitados por el demandante.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad
demandada efectuar el cómputo de la prima de actualización, la
reliquidación y el reajuste del sueldo del señor José Alexander Castro
1«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», en adelante CPACA.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
Ríos, e incorporar en su asignación básica los valores resultantes del
cómputo de los porcentajes del referido emolumento.
3. Conminar a la parte pasiva realizar los reajustes anuales desde del 1.° de
enero de 1996, con la nueva base prestacional modificada que resulta de
aplicar hasta ese año la prima de actualización.
4. El emolumento «deberá reconocerse no como prestación social dados los
efectos temporales prescritos, sino como cómputo para la reliquidación de
las asignaciones, procurándose un reajuste objetivo, dado que ello afecta
la base pensional de la asignación», esto es, que su reclamación puede
efectuarse en cualquier tiempo.
5. Tener en cuenta el nuevo sueldo básico reajustado para el cómputo de
los valores que deberán ser pagados por concepto de retroactivos
adeudados correspondientes.
6. Efectuar la respectiva indexación de las mesadas causadas desde el 1.º
de enero de 1992 hasta la fecha en que se hizo efectivo el retiro del
servicio del demandante, conforme con lo ordenado por el artículo 48
Superior y el inciso 3.° del artículo 187 del CPACA.
7. Vencido el término de 10 meses de que trata el inciso 2.° del artículo 187
del CPACA o de 5 días regulados en numeral 3.° del artículo 196 ibidem,
reconocer los intereses moratorios a la tasa máxima certificados por la
Superintendencia Bancaria.
8. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos
192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, y condenar en costas y agencias en
derecho a la parte pasiva.
Fundamentos fácticos relevantes (Folios 3 a 4)
1. El señor José Alexander Castro Ríos estuvo vinculado al Ejército Nacional
durante 21 años, 1 mes y 27 días, y fue retirado del servicio por solicitud
propia a partir del 7 de octubre de 2008.
2. Mediante Resolución 2922 del 26 de noviembre de 2008, la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, le reconoció al demandante una
asignación de retiro en cuantía del 74% del salario en actividad, desde el
15 de enero de 2009, sin que le fuera computada la prima de
actualización como factor salarial.
3. Durante los años de 1992 a 1995, periodo en el cual estuvo vigente la
prima deprecada, el libelista se encontraba en servicio activo en el
Ejército Nacional, en el grado de cabo primero.
4. Es un hecho cierto que el emolumento solicitado introdujo variaciones en
la base prestacional del exmilitar y creó un derecho que nunca caduca y
no se extingue, motivo por el cual es imprescriptible.
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Demandante: José Alexander Castro Ríos
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo» 2, porque es guía
y ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las
pretensiones, las excepciones; puntos que fueron condensados y validados
por las partes al precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia
inicial. De allí que los problemas jurídicos adecuadamente formulados y
aceptados se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más
legítimo y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 12 de julio y 8 de noviembre de 2018.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«La demandada propuso la siguiente:
CADUCIDAD:
Considera la apoderada que el demandante debió agotar la vía gubernativa una
vez se le reconoció la asignación de retiro, esto es el 26 de noviembre de 2008,
pues fue en ese momento en que su salario feneció y dejó de ser prestación
periódica. Por lo que el termino (sic) para instaurar la demanda le caducó el 27
de marzo de 2009, pues una vez le notificaron el acto administrativo por medio
del cual se le reconoció la asignación de retiro (Resolución 2922 de 2008) dentro
de los 4 meses siguientes debió solicitar a la administración el reajuste salarial.
El despacho resuelve:
Considera el Despacho que es necesario hacer uso de la facultad oficiosa
consagrada en el artículo 180 inciso 6° del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para resolver la presente
excepción se hace necesario DECRETAR DE OFICIO la práctica de las
siguientes pruebas:
Exhórtese por la Secretaría de la Corporación al Director de Personal del
Ejército Nacional – Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional
para que certifique y remita con destino a este expediente, lo siguiente:
Constancia de comunicación, notificación, ejecución o publicación del
Oficio N° 20163171043681 del 9 de agosto de 2016.
Certifique como (sic) fueron realizados los pagos de la liquidación de los
salarios y prestaciones sociales por retiro del servicio del señor JOSÉ
ALEXANDER CASTRO RÍOS identificado con C.C. 7.252.021 y envíe
copia del acto administrativo o liquidación expedida para ello, si la
hubiere.
2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
En consecuencia, se suspende la presente audiencia.». (Folio 79 anverso y
reverso y CD visible a folio 80 del expediente).
Reanudada la audiencia inicial, en relación con las excepciones previas, el
tribunal de primera instancia señaló lo siguiente:
«La entidad demandada propuso la excepción denominada CADUCIDAD DE LA
ACCIÓN.
[…]
El despacho resuelve:
Con el fin de resolver la presente excepción, el despacho había decretado una
prueba de oficio, con miras a determinar la notificación del Oficio N°
20163171043681 del 9 agosto de 2016, por medio del cual se niega el derecho al
cómputo de la prima de actualización, la reliquidación y el correspondiente
reajuste de la asignación de retiro.
Se contestó que dicha resolución (sic) fue enviada mediante correo certificado al
demandante, tal como consta en la respuesta dada por la demandada obrante a
folio 92 del expediente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el artículo 67
del C.P.A.C.A., el cual consagra que las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado. En la diligencia de notificación se entregará al
interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con
anotación de la fecha y hora, los recursos que legalmente proceden, las
autoridades ante quienes debe interponerse y los plazos para hacerlo.
Por su parte, el artículo 68 ibídem consagra […].
De conformidad con las normas señaladas y revisando la respuesta dada,
considera el despacho que el envío del acto administrativo por correo certificado
no es una forma válida de notificación y por lo tanto no es oponible a la parte
demandante.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 72 del CPACA, al no cumplirse
los requisitos establecidos en este para la notificación, no se tendrá por hecha la
misma, ni producirá efectos legales, por lo que, en este caso al estar mal
notificado, se deberá entender que el demandante solo conoció la resolución
cuando demandó, por lo que no habrá caducidad.
En consecuencia, se declara NO probada la excepción de caducidad.
Falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
Considera la apoderada que la demanda no cumple con el requisito de
procedibilidad establecido en el artículo 161 del CPACA, la ley (sic) 640 de 2001
y el artículo 13 de la ley (sic) 1285 de 2009; pues es clara la norma en establecer
que la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de las
acciones previstas en los casos allí consagrados.
[…]
El despacho resuelve:
El magistrado anuncia que a partir de la semana pasada cambio (sic) de posición
en cuanto a este requisito de procedibilidad, no solo en el hecho de que se trate
de beneficios mínimos laborales, o de derechos ciertos e indiscutibles, sino
porque la H. Corte Constitucional mediante sentencia C-893 de 2001, declaró
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
inexequible la norma que consagraba como obligatorio tal requisito en la
jurisdicción ordinaria laboral y considero (sic) que los argumentos allí expresados
tienen plena aplicación a los asuntos laborales de conocimiento de la jurisdicción
contenciosa administrativa.
[…].
En consecuencia, en este caso no es necesario el agotamiento de este requisito.
Por lo que se declara NO probada esta excepción.
Falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto a la pretensión de
reliquidación de asignación de retiro
Indica la apoderada que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene como
objeto principal el reconocimiento y pago de las asignaciones de retiro al personal
de oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las Fuerzas Militares que
consoliden el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus
beneficiarios.
[…]
El despacho resuelve:
No se pronunciará el Despacho en este momento de esta excepción y anuncia
que dicha pretensión se eliminará de la fijación del litigio.». (Negrillas y
mayúsculas del texto original). (Folios 93 a 94 y CD visible a folio 98 del
expediente).
Se notificó en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«PRETENSIONES
1- Que se declare la nulidad del Oficio N° 20163171043681 del 9 agosto de 2016
por medio del cual se niega el derecho al cómputo de la prima de actualización,
la reliquidación y el correspondiente reajuste de la asignación de retiro.
2- Como restablecimiento del derecho, se ordene al Ejército Nacional el cómputo
de los porcentajes de la prima de actualización, la reliquidación y el
correspondiente reajuste al sueldo básico del actor incorporando en su
asignación básica los valores resultantes del cómputo de los porcentajes de la
referida prima.
3- Como restablecimiento del derecho, solicita que se ordene los reajustes
anuales a partir del 1 de enero de 1996, se liquiden teniendo en cuenta la base
prestacional modificada que resulta de aplicar hasta ese año la prima de
actualización.
4- Que la prima de actualización debe reconocerse no como prestación social,
sino como reconocimiento de su cómputo para reliquidar las asignaciones de
retiro procurándose un reajuste objetivo, dado que ello afecta la base pensional
de la asignación; es decir, que su reclamación es imprescriptible.
El despacho resuelve que la anterior pretensión consecuencial, es decir, la de
reliquidar la asignación de retiro, no se tendrá en cuenta para la presente fijación
del litigio, puesto que este no es un restablecimiento automático y será un efecto
posterior a cualquier decisión; la cual deberá ser reclamada directamente a la
entidad. Además, ninguna entidad pensional, en este caso CREMIL, fue
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
vinculada por ninguna de las partes al proceso ni se le ha realizado ninguna
petición a la misma, encontrándose no agotada la vía gubernativa con respecto a
esta.
Esta decisión queda notificada en ESTRADOS.
Las partes se encuentran de acuerdo con la fijación del litigio hasta este
momento.
5- Que se tenga en cuenta la nueva asignación básica salarial reajustada para el
cómputo con retroactividad de los valores adeudados correspondientes a la
aplicación de las otras primas, sobre dicho sueldo reajustado.
6- Que las condenas que se solicitan, se les dé cumplimiento en el término
establecido en el artículo 192 inciso 1 de la ley (sic) 1437 de 2011.
7- Que se efectúe el respectivo ajuste a la indexación desde el 1 de enero de
1992 hasta la fecha en que se hizo efectivo su retiro, teniendo en cuenta los
aumentos legales anuales.
8- Que se cancelen los intereses moratorios y se condene a la demandada al
pago de agencias y costas en derecho.». (Negrillas conforme a la
transcripción). (Folios 94 anverso y reverso y CD a folio 98 del proceso).
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA
(Folios 146 a 151 vuelto)
El a quo profirió sentencia escrita el 27 de agosto de 2021 mediante la cual
declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del derecho y
denegó las pretensiones del demandante, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Inicialmente, el tribunal de primera instancia señaló que lo procedente es
analizar la reliquidación de los salarios, por tal motivo era procedente
estudiar de oficio el fenómeno jurídico de la prescripción previsto en el
artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.
Acto seguido, adujo que el demandante solicita que se reconozca la
asignación básica entre los años 1996 y siguientes en los cuales no se le
realizaron los incrementos correspondientes por la prima de actualización
durante los años 1992 a 1995.
En ese orden, sostuvo que el señor José Alexander Castro Ríos debió
efectuar la petición ante la administración, en la medida en que la obligación
se hizo exigible, esto es, si por ejemplo consideraba que el emolumento aquí
deprecado no le fue incluido en el año 1993, debió elevar inmediatamente la
correspondiente solicitud o dentro de los 4 años siguientes, y así
sucesivamente.
Empero, en el proceso no se aportaron medios probatorios que dieran cuenta
de que el exmilitar hubiese presentado durante su vinculación o cuatro años
después que se hizo exigible el derecho, petición ante la administración
tendiente al pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
con ocasión de la prima de actualización, pues solo la radicó el 8 de agosto
de 2016.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte activa del litigio.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 155 a 157)
La parte demandante apeló la decisión reseñada anteriormente y solicitó
que sea revocada para acceder a las pretensiones de la demanda. Al
respecto manifestó que, si bien es cierto la prima de actualización tuvo
carácter temporal, también lo es que sus efectos en la asignación básica son
de carácter permanente, que se encuentra determinada en los decretos
reglamentarios que luego de las nulidades declaradas por el Consejo de
Estado, disponen que el personal tendrá derecho a que se le compute la
asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales, pues
constituyen factor salarial tal y como lo ordenan los Decretos 335 de 1992,
025 de 1993 y 133 de 1995.
En este sentido, adujo que el derecho a reclamar esta prestación como factor
salarial conforme lo ordena el artículo 15 del Decreto Legislativo 335 del 24
de febrero de 1992, no se extingue por el transcurso del tiempo, lo que está
sujeto a la prescripción cuatrienal respecto de las mesadas que se hubieren
causado con más de 4 años de anterioridad al 8 de agosto de 2016, fecha en
que se interrumpió, por el hecho de la radicación ante la entidad demandada
del derecho de petición.
De esta manera, dicha pretensión es equiparable al reajuste de la pensión,
conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado en múltiples oportunidades y
como prestación periódica no se presenta el fenómeno prescriptivo de que
trata el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990, dado que lo aquí pretendido
es el reconocimiento de los porcentajes de la prima de actualización con
miras a que sea tenida en cuenta en la asignación de retiro que devenga el
demandante.
Finalmente, manifestó su inconformidad en cuanto a la condena en costas de
primera instancia al esgrimir que la adición introducida al artículo 188 del
CPACA, prevé que se dispondrá en la sentencia sobre la condena en costas
cuando se determine que se presentó la demanda con absoluta carencia de
fundamento legal, presupuesto que no se cumple en el sub lite, pues
efectivamente, hubo la necesidad de confrontar el acto administrativo
demandado con las normas legales supuestamente violadas, para llegar a la
conclusión que fue expedido con observancia de las normas en que debía
fundarse y que no le asistía el derecho a la parte demandante.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
En el asunto sub examine no se presentaron alegaciones finales ni concepto
del Ministerio Público, dado que tampoco fue necesario decretar ni practicar
pruebas de segunda instancia. La ausencia de un período probatorio en esta
oportunidad tornaba improcedente agotar el referido trámite, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, vigente para la época de interposición del
recurso de apelación objeto de estudio).
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación. En el presente caso solo lo presentó la
parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
las siguientes preguntas:
1. ¿Al señor José Alexander Castro Ríos, en su calidad de ex suboficial del
Ejército Nacional le asiste el derecho al reajuste de la asignación de retiro
con la inclusión de la prima de actualización como partida computable?
En caso de que el anterior cuestionamiento sea positivo, la Sala deberá
determinar:
2. ¿Se configuró el fenómeno de la prescripción extintiva cuatrienal prevista
en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990?
Primer problema jurídico
¿Al señor José Alexander Castro Ríos, en su calidad de ex suboficial del
Ejército Nacional le asiste el derecho al reajuste de la asignación de retiro
con la inclusión de la prima de actualización como partida computable?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: al demandante no le asiste
el derecho al reajuste de la prestación con la inclusión del emolumento
deprecado, toda vez que aquel solo se causó entre los años 1992 a 1995, y
tiene la naturaleza de prestación transitoria, esto es, hasta cuando se
consolidara la escala gradual porcentual para el personal de la Fuerza
Pública, la cual se llevó a cabo desde el 1º de enero de 1996, conforme se
expone a continuación:
Aclaración preliminar
En primer lugar, antes de efectuar un análisis concreto sobre la configuración
o no de la prescripción en el caso sub iudice, la Sala resalta que dicha figura
presupone la existencia de un derecho reclamable o exigible tanto en vía
administrativa como judicial. Es decir, para poder examinar la procedibilidad
o no de aquel fenómeno, necesariamente debe determinarse si existe una
prerrogativa como tal que pueda ser eventualmente reconocida por una
autoridad, pues de lo contrario, este carecería de fundamento en orden de
aplicar su finalidad extintiva.
Lo anterior, en concordancia con lo aludido por el demandante en su recurso
de apelación en el cual formuló argumentos de impugnación sobre el fondo
del asunto, así como acerca de la prescripción estudiada por el a quo, por lo
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
que resulta evidente que antes de adentrarse en dicho eje temático, es
indispensable y correlativo evidenciar si el libelista tenía o no un derecho
exigible que pudiera ser objeto de aquella figura.
Aunado a lo anterior, y a pesar de que conforme lo ha sostenido esta
Corporación la fijación del litigio es un acto procesal surtido en la audiencia
inicial, en virtud del cual el juez precisa los puntos de desacuerdo entre las
partes, con el fin de delimitar la actividad probatoria e identificar los aspectos
jurídicos que debe abordar en la sentencia3, lo cierto es que cuando existen
asuntos que razonablemente se encuentren incluidos para resolver la litis, el
fallador puede y debe pronunciarse sobre esos aspectos no incluidos en esa
etapa procesal4.
Sobre el punto se resalta que en el caso bajo estudio el tribunal de primera
instancia se ciñó a la «inclusión de la prima de actualización dentro de la
asignación salarial a partir del 1 de enero de 1996» (folio 149), no obstante y
conforme se analizará más adelante, lo cierto es que el emolumento
deprecado incide palmariamente en la asignación de retiro, por lo que deberá
estudiarse dicha situación, lo cual va en concordancia con el principio de
acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, y en todo
caso, se insiste, la configuración o no de la prescripción presupone la
existencia de un derecho reclamable, por lo que se plantean las siguientes
consideraciones:
Desarrollo normativo de la prima de actualización de los
miembros de la Fuerza Pública
De conformidad con lo previsto en el artículo 150 numeral 19 literal e) de la
Constitución5 la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, incluidos entre ellos los integrantes de la Fuerza Pública, no es
asunto privativo de la órbita de competencia del Congreso de la República,
sino que esa atribución hoy es compartida con el Presidente de la República,
al disponer que corresponde al Congreso en ejercicio de la función legislativa
«dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios» a los
cuales se sujetará el Gobierno para «fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la
Fuerza Pública».
En este sentido le corresponde al legislador determinar normas generales y
señalar objetivos y criterios en las materias a que se refiere el numeral 19 del
artículo 150 de la Carta, con lo cual, precisa el marco dentro del cual deberá
actuar el Gobierno Nacional para los efectos señalados entre los que se
encuentra «la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos».
En virtud de lo anterior el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de
19926, en la que determinó los servidores públicos que serían objeto de
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 10 de octubre de 2019, radicado: 63001-
23-33-000-2015-00254-01.
4 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto del 15 de octubre de 2015, radciado:
11001032800020140013900.
5 e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del
Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
6 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
regulación salarial y prestacional por parte del Gobierno, de la siguiente
manera:
«[…] Artículo 1. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]
d) Los miembros de la Fuerza Pública […]».
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992 ordenó al Gobierno Nacional
crear una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del
personal activo y retirado de la Fuerza Pública, de conformidad con los
principios señalados en dicha ley.
Del contenido de la norma referida se colige que uno de los propósitos del
legislador de 1992, al expedir la Ley 4ª de la citada anualidad y ordenar el
establecimiento de una escala gradual porcentual, era el de nivelar la
remuneración de los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública,
razón por la que se creó de manera temporal la prima de actualización, la
que subsistiría mientras se cumpliera tal objetivo.
En desarrollo de esos mandatos el Gobierno Nacional expidió sucesivamente
los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, que crearon una prima
porcentual de actualización «prima de actualización» sobre la asignación
básica devengada por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional.
En efecto, los artículos 28 y 29 del Decreto 25 de 19937, señalaron:
«ARTICULO 28. De conformidad con lo establecido en el Plan Quinquenal para
la Fuerza Pública 1992-1996, aprobado por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social - CONPES, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional en servicio activo, tienen derecho a percibir
mensualmente una prima de actualización en los porcentajes que se indican a
continuación en cada grado, liquidada sobre la asignación básica, así:
OFICIALES
Teniente Coronel o Capitán de Fragata 15%
Mayor o Capitán de Corbeta 45%
Capitán o Teniente de Navío 15%
Teniente o Teniente de Fragata 10%
Subteniente o Teniente de Corbeta 10%
SUBOFICIALES
Sargento Mayor, Suboficial Jefe Técnico o Suboficial Técnico
10%
Jefe
Sargento Primero, Suboficial Jefe o Suboficial Técnico Subjefe 25%
Sargento Viceprimero, Suboficial Primero o Suboficial Técnico
30%
Primero
Sargento Segundo, Suboficial Segundo o Suboficial Técnico
18%
Segundo
Cabo Primero, Suboficial Tercero o Suboficial Técnico Tercero 17%
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política».
7 Esta prima de actualización se mantuvo en los mismos términos en el artículo 28 del
Decreto 065 de 1994 y en el artículo 29 del Decreto 133 de 1995.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
Cabo Segundo, Marinero o Suboficial Técnico Cuarto 16%
Los Agentes de los Cuerpos Profesionales de la Policía Nacional en servicio
activo, tienen derecho a percibir mensualmente una prima de actualización en los
porcentajes que se indican a continuación, liquidada sobre la asignación básica,
según la antigüedad en el grado, así:
ANTIGÜEDAD EN AÑOS PORCENTAJES
Al cumplir el primer año de servicio 12%
Al cumplir dos años de servicio 13%
Al cumplir tres años de servicio 14%
Al cumplir cuatro y cinco años de servicio 15%
Al cumplir seis años de servicio 16%
Al cumplir siete años de servicio 17%
Al cumplir ocho años y hasta catorce de servicio 18%
A partir de los quince años de servicio 26%
PARAGRAFO. La prima de actualización a que se refiere el presente artículo
tendrá vigencia hasta cuando se consolide la escala gradual porcentual para
nivelar la remuneración del personal activo y retirado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo décimo tercero de la Ley 4ª de 1992. El personal que la
devengue en servicio activo tendrá derecho a que se le compute para
reconocimiento de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones
sociales. […]»
Sin embargo, los decretos mencionados erigieron esta prima de actualización
solo para el personal «en servicio activo», expresión que a la postre fue
declarada nula por el Consejo de Estado mediante providencias del 14 de
agosto de 1997, expediente 9923, y del 6 de noviembre del mismo año,
expediente 11423.
Las sentencias de la referencia tuvieron como fundamento que se vulneraba
el derecho a la igualdad de los oficiales y suboficiales en retiro de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a quienes por estos decretos se
les negó el derecho a gozar de la prima de actualización correspondiente.
También indicó el Consejo de Estado que se desconocía el mandato legal
del artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, que ordenó crear la escala gradual
porcentual para nivelar los sueldos tanto del personal activo como del
retirado de la Fuerza Pública.
Vigencia de la prima de actualización
De otra parte, la prerrogativa de recibir esta prima fue delimitada
temporalmente hasta cuando se expidiera, por parte del Gobierno, una
norma que nivelara las asignaciones de todos los miembros de la Fuerza
Pública, la cual se efectuó mediante el Decreto 107 de 19968, en donde se
plasmó que a partir de su entrada en vigencia «18 de enero de 1996» el
principio de oscilación, con base en la escala gradual porcentual fijada por el
Gobierno Nacional iba a regir el reconocimiento de las asignaciones de retiro
y pensiones, así:
8 «Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, personal del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional […]».
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
«Artículo 1º. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4a. de
192, fíjase la siguiente escala gradual porcentual para el personal de oficiales,
suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública.
Los sueldos básicos mensuales para el personal a que se refiere este artículo,
corresponderán al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la
asignación básica del grado de General.
Oficiales
General 100%
Mayor General 90%
Brigadier General 80%
Coronel 60%
Teniente Coronel 44.30%
Mayor 38.60%
Capitán 30.50%
Teniente 26.70
Subteniente 23.70%
Suboficiales
Sargento Mayor 26.40%
Sargento Primero 22.60%
Sargento Viceprimero 19.50%
Sargento Segundo 17.90%
Cabo Primero 16.40%
Cabo Segundo 15.40%
Nivel Ejecutivo
Comisario 45.50%
Subcomisario 38.30%
Intendente 33.90%
Subintendente 26.40%
Patrullero 20.30%
Agentes de los cuerpos profesional y profesional especial de la Policía Nacional
con antigüedad inferior a 5 años de servicio 11.95% Antigüedad de 5 años y
hasta menos de 10 14.55% Con antigüedad de 10 o más años de servicio
14.90% […]».
Así entonces, a partir de la expedición del anterior decreto, el Gobierno
Nacional cada año profiere los Decretos de reajuste salarial con sujeción a la
escala salarial (122 de 1997, 058 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737
de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de 2005, 407 de
2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de
2011, 0842 del 2012, 1017 de 2013 y 187 de 2014), es decir, que ha tomado
como base, el porcentaje de la asignación básica del grado de General.
Conforme con lo señalado, se colige que la asignación básica del personal
de la Fuerza Pública está sujeta a los decretos que anualmente expide el
Gobierno Nacional, en los que se fijan las pautas para determinar el monto
que devengarán sus miembros anualmente, impidiendo recurrir a una fuente
distinta para realizar el correspondiente incremento, puesto que, a partir del
Decreto 107 de 1996, quedaron debidamente nivelados los salarios de dicho
personal.
Es de resaltar que el artículo 39 del referido Decreto 107 de 1996 preceptúa
que «[…] rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le
sean contrarias, en especial el Decreto 133 de 1995 y surte efectos fiscales a partir
del 1º de enero de 1996».
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
En ese orden, si la referida prima de actualización solo tuvo como fin nivelar
la remuneración del personal activo y retirado dentro del período de 1993 a
1995, mal puede reconocerse y pagarse por los años subsiguientes para
formar parte de la base prestacional, toda vez que se modificó la forma que
previó la ley para fijar el monto de las asignaciones de retiro de los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, la cual, se
repite, son liquidadas teniendo en cuenta las variaciones que sufran las
asignaciones en actividad.
Con fundamento en el anterior criterio, la Sala ha reconocido a los miembros
en situación de retiro de la Fuerza Pública la prima de actualización, a partir
del 1.° de enero de 1993; pues en cuanto al año de 1992, la restricción de la
prima de actualización para los servidores retirados, prevista en el Decreto
335 del mismo año fue declarada exequible por la Corte Constitucional,
mediante la sentencia C-005 de 24 de febrero de 1992.
Así mismo, respecto de la prestación solicitada en comento para los años de
1996 en adelante, la Subsección observa que la prerrogativa de recibir este
emolumento fue delimitada temporalmente hasta cuando se expidiera, por
parte del Gobierno, una norma que nivelara las asignaciones de todos los
miembros de la Fuerza Pública, la cual se efectuó mediante el Decreto 107
de 1996, en donde se plasmó que a partir de su entrada en vigencia «18 de
enero de 1996» el principio de oscilación, iba a regir el reconocimiento de las
asignaciones de retiro y pensiones.
Finalmente, se hace necesario resaltar que mediante Resolución 3548 de
19999, se indicó que la escala gradual porcentual para las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional, quedó debidamente consolidada el 10 de enero de 1996,
por lo que era procedente abstenerse de continuar pagando los valores
correspondientes a la prima de actualización de las asignaciones de retiro
reconocidas al personal de la Policía Nacional, retirado entre el 1.° de enero
de 1992 y el 31 de diciembre de 1995, inclusive. Dicha Resolución fue
demandada ante esta Corporación, que a través sentencia de 19 de
septiembre de 200210 denegó la pretensión de nulidad formulada en esa
oportunidad.
Siguiendo las pautas fijadas, es de concluir que la prima de actualización
consistió en un factor de carácter temporal, cuyo objetivo fue nivelar la
remuneración de los miembros de la Fuerza Pública, en forma gradual, hasta
llegar a una escala salarial única, con repercusión en el personal en goce de
asignación de retiro durante el lapso de su vigencia, es decir, que a través de
dicho emolumento la retribución del personal en actividad se niveló, con las
consabidas repercusiones para el personal en retiro, ya que por el sistema
de oscilación de las asignaciones de retiro y pensiones consagrado en el
artículo 169 del Decreto 1211 de 1990, las variaciones que en todo tiempo se
introduzcan en las asignaciones de actividad se deben reflejar en las
asignaciones y pensiones ya reconocidas.
9 Publicada en el Diario oficial 43-607 de 17 de junio de 1999. «Por la cual se reconoce, en
concordancia con el concepto del Consejo de Estado, la consolidación de la escala gradual
porcentual para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional».
10 Demanda de nulidad, radicado 11001-03-25-000-2001-0041-01 (710-01).
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
De conformidad con el marco normativo expuesto y analizado a la luz del
presente caso, se tiene probado lo siguiente:
• Según la hoja de servicios 3-00007252021 del 16 de octubre de 2008
emitida por la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional,
el señor José Alexander Castro Ríos prestó sus servicios en la
mentada institución castrense desde el 29 de febrero de 1998 y hasta
el 14 de enero de 2009, con la inclusión de los 3 meses de alta. Se
retiró por voluntad propia en el grado de sargento primero (folio 57
anverso y reverso).
• La Resolución 1652 del 7 de octubre de 2008, da cuenta de que el
libelista fue retirado en forma temporal con pase a reserva por solicitud
propia (folios 58 a 60).
• Mediante Resolución 2922 del 26 de noviembre de 2008 la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares le reconoció al demandante asignación
de retiro en cuantía del 74% del sueldo de actividad, a partir del 15 de
enero de 2009, con base en las siguientes partidas: i) sueldo básico de
actividad; ii) prima de actividad 49.5%; iii) prima de antigüedad 21%;
iv) subsidio familiar 35%; y vi) ½ prima de navidad (folios 19 a 21).
• Conforme al certificado de haberes fechado 24 de agosto de 2009,
expedido por la coordinadora del Grupo de Gestión Documental de la
parte activa se hizo constar que el señor José Alexander Castro Ríos
percibió las siguientes partidas en el año 2009: i) sueldo básico; ii)
prima de actividad; iii) prima antigüedad; iv) subsidio familiar y; v)
prima de navidad (folio 30).
• La certificación del 1.° de marzo de 2018, signada por la Dirección de
Personal del Ejército Nacional, permite advertir que entre julio de 1994
y enero de 1995, percibió: i) sueldo básico; ii) prima de actividad; iii)
prima de actualización; iii) subsidio de alimentación; iv)
«SEGVIDSUBS»; v) «JINETA»; y vi) prima de orden público (folios 103
a 111).
• El demandante radicó petición ante la Dirección de Personal del
Ejército Nacional, el 8 de agosto de 201611, tendiente al
reconocimiento, liquidación y pago de la prima de actualización desde
el 1.° de enero de 1993, así como el reajuste de su asignación de retiro
con la inclusión del mentado concepto (folios 22 a 24).
• La anterior solicitud fue desatada de manera negativa por parte de la
Sección de Nómina del Ejército Nacional, en el Oficio
20163171043681: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-
DIPER-NOM-1.10 del 9 de agosto de 2016 (folios 25 a 26), acorde con
las siguientes consideraciones:
«[…] Con relación a la solicitud No. 1 Donde requiere se le reconozca,
liquide y pague la Prima de Actualización, a partir del 01 de enero de 1992,
con relación al objeto de lo requerido a la vigencia solicitada, me permito
informar que no es posible atender de forma favorable a lo solicitado, toda
11Según parte motiva del Oficio 20163171043681: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPER-NOM-1.10 del 9 de agosto de 2016 visible de folios 25 a 26.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
vez que de acuerdo a lo consagrado en los Decretos Anuales de Sueldos
No. 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, el Personal de la Institución
devengó la prima de actualización dentro de sus haberes mensuales hasta
el mes de diciembre del año 1995, momento a partir del cual se consolidó
la escala gradual porcentual establecida para nivelar la remuneración del
personal activo y retirado de las Fuerzas Militares. […]». (Negrillas de la
transcripción).
De conformidad con lo expuesto, es evidente que a aquel no le asiste el
derecho deprecado, pues como bien se ha dicho, la prerrogativa de recibir la
prima de actualización fue delimitada temporalmente hasta cuando se
expidiera por parte del Gobierno, una norma que nivelara las asignaciones
de todos los miembros de la Fuerza Pública, la cual se efectuó mediante el
Decreto 107 de 1996, en donde se plasmó que a partir de su entrada en
vigencia, esto es, el 18 de enero de 1996, el principio de oscilación con base
en la escala gradual porcentual fijada por el Gobierno Nacional iba a regir el
reconocimiento de las asignaciones de retiro y pensiones.
Por ende, las prestaciones sociales causadas a partir del 18 de enero de
1996 se liquidan con base en las variaciones que en todo tiempo se
introduzcan en las asignaciones para cada grado y de conformidad con los
factores que forman la base de liquidación de estas.
En ese orden, es diáfano que si la referida prima de actualización solo tuvo
como fin nivelar la remuneración del personal activo y retirado dentro del
periodo de 1993 a 1995, mal puede reconocerse y pagarse por los años
subsiguientes para formar parte de la base prestacional, toda vez que se
modificó la forma que previó la ley para fijar el monto de las asignaciones de
retiro de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas
Militares, las cuales, se insiste, son liquidadas teniendo en cuenta las
variaciones que sufran las asignaciones en actividad.
Lo anterior tesis, ha sido desarrollada por esta Subsección12,
específicamente en casos recientes con contornos similares al de marras, al
sostener que:
«[…] Efectivamente, los Decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995
señalaron el carácter temporal de la prima de actualización y dispusieron su
vigencia hasta que se consolidara la escala gradual porcentual con el fin de
nivelar la remuneración de los servidores activos y retirados.
En ese sentido, con la expedición del Decreto 107 del 15 de enero de 1996 se
estableció la escala salarial porcentual única para las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, sin contemplar porcentaje alguno por concepto de prima de
actualización.
Bajo tal entendimiento, se concluye entonces que la mencionada prima de
actualización prevista para los años 1992 a 1995, no se previó como factor
salarial de carácter permanente, sino que su propósito era nivelar la
remuneración al personal activo y retirado de la Fuerza Pública, hasta cuando se
consolidara la escala gradual porcentual para dicho personal, la cual se llevó a
cabo desde el 1º de enero de 1996, fecha a partir de la cual el artículo 39 del
12 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2021, radicado: 25000-23-
42-000-2016-06110-01(1929-20), tesis retirada por esta Subsección en sentencias del 28 de
octubre de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2017-01257-01(6253-18) y del 2 de diciembre
de 2021, radicado: 73001-23-33-000-2016-00541-01 (0060-2021).
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
Decreto 107, señaló que surtiría efectos fiscales, por lo tanto, no tiene incidencia
alguna sobre la asignación de retiro desde 1996, por su carácter eminentemente
temporal. […]». (Negritas conforme a la transcripción. Subrayas
intencionales).
Bajo ese entendido, no es posible otorgarle naturaleza periódica a la prima
de actualización, pues a pesar de que tuvo impacto en la asignación de
retiro, lo hizo de manera temporal; pues tal como quedó advertido, a partir de
1996, la escala gradual porcentual contempló los porcentajes de prima de
actualización, que así mismo, por virtud del principio de oscilación incidieron
en las prestaciones de quienes se encontraban retirados, por lo que a hoy y
por el paso del tiempo, no tienen un impacto directo, que permita aseverar la
persistencia de sus efectos.
En otros términos, dicho emolumento perdió vigencia el 31 de diciembre de
1995, porque a partir del 1.º de enero de 1996 entró a regir la escala salarial
porcentual que niveló las asignaciones del personal de activos y del personal
de retirados, siendo esta la condición resolutoria de aquel beneficio.
Po lo anterior, es plausible concluir que, a partir del 1.º de enero de 1996 no
es procedente el reconocimiento de algún valor por concepto de prima de
actualización, ya sea como factor de salario junto al sueldo dentro de las
asignaciones de actividad, o bien como factor de cómputo dentro de la base
de liquidación de la asignación de retiro, ya que aquella solo tuvo como fin
nivelar la remuneración del personal activo y retirado dentro del período de
1993 a 1995, por lo que incluirla para años posteriores sería variar las
disposiciones normativas para fijar el monto de las asignaciones de retiro de
los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares,
habida cuenta de que son liquidadas conforme las variaciones que sufran las
asignaciones en actividad.
De lo expuesto se explica que las asignaciones de retiro se incrementan
cada año en un porcentaje igual en el que se aumenta el salario del personal
activo en el mismo grado, por lo tanto, el monto que fue reconocido, cada
año se incrementa en un porcentaje. Es decir, no es que cada año se realice
el procedimiento para calcular la base de liquidación para determinar el valor
de la asignación de retiro, como lo señala el apelante.
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al presente asunto y en el acervo
probatorio, se concluye que el demandante no logró desvirtuar la presunción
de legalidad del acto administrativo reprochado.
Finalmente, no se emitirá pronunciamiento en relación con los argumentos
expuestos por la parte demandante en cuanto a la condena en costas, por
cuanto el a quo se abstuvo de condenar a la parte pasiva en este aspecto.
En conclusión: al señor José Alexander Castro Ríos no le asiste el derecho
al reajuste de su asignación de retiro a partir de 1996, por cuanto la prima de
actualización no es susceptible de reconocimiento desde dicha anualidad
porque esta tuvo un carácter temporal hasta el año de 1995 y a partir de la
expedición del Decreto 107 de 1996, se introdujo el principio de oscilación
para nivelar las asignaciones de retiro.
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
Por esta razón, al no existir un derecho exigible o un fundamento válido para
reclamar el referido reajuste de la asignación de retiro, claramente tampoco
podría haberse analizado la configuración del fenómeno prescriptivo previsto
en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990. No obstante, la improcedencia
de estudiar aquella figura, tampoco conlleva acceder a las pretensiones del
libelista, habida cuenta de que este no había adquirido la prerrogativa
deprecada.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone revocar parcialmente el ordinal primero de
la sentencia apelada en cuanto declaró probada de oficio la excepción de
prescripción extintiva del derecho, y se denegarán las pretensiones de la
demanda por las razones aquí expuestas, toda vez que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación formulado por el libelista.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta Subsección a través de la sentencia de 7 de abril de 201613, sobre la
condena en costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-
valorativo, para la imposición de condena en costas, bajo los siguientes
fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la
mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea
la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP14, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
13 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero
Bardi.
14 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: […]»
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01392-01 (3816-2021)
Demandante: José Alexander Castro Ríos
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en
la sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto,
con excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público 15.
Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas
al demandante, en la medida que a pesar de haber resultado vencido en esta
oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo 365 del CGP no es posible
la comprobación de dicha carga, en tanto no hubo intervención de las partes
en segunda instancia ante la ausencia de un período probatorio y el
consecuente traslado de alegatos de conclusión según lo previsto en el
artículo 247, numeral 5.° del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021), tal como se indica en la constancia secretarial visible en el
índice 8 del registro en SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar parcialmente el ordinal primero de la sentencia apelada en
cuanto declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva del
derecho, de la sentencia del 27 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, en el proceso que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovió el señor José Alexander Castro Ríos contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia apelada en cuanto denegó las
pretensiones de la demanda.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Ausente con permiso
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
15 Regula la norma lo siguiente: «[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].»
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Demandante: José Alexander Castro Ríos
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