Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01471-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-01471-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01471-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2017-01471-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
12 de marzo de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM)
Demandada: Colpensiones
Temas: Cobro coactivo. Bono pensional tipo B. Título ejecutivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que resolvió2:
Primero: Negar las pretensiones de la demanda presentada por Empresas Públicas de Medellín en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones3, por las razones expuestas en
la parte motiva.
Segundo: No se condena en costas de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta
providencia.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
El 29 de septiembre de 2015, la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante,
Colpensiones) libró mandamiento de pago contra Empresas Públicas de Medellín ESP
(en adelante, EPM)4, por concepto de Bonos Pensionales Tipo B5. Con la Resolución
000486 del 07 de marzo de 2016 -acto demandado- la entidad declaró probada parcialmente
la excepción de pago -tuvo en cuenta el pago parcial realizado frente a cada pensionado en virtud de
la reunión del 28 de mayo de 2014-6, dispuso no continuar la ejecución respecto de dos
pensionados7 y declaró no probadas las excepciones de existencia de acuerdo de pago,
falta de ejecutoria del título y falta de título ejecutivo. En consecuencia, ordenó seguir
adelante la ejecución por las obligaciones pendientes de pago. Con la Resolución 015804
del 25 de noviembre de 2016 -acto demandado-, Colpensiones no repuso el acto que decidió
las excepciones.
1
Con auto del 30 de septiembre de 2024, la Sección Primera de esta corporación remitió por competencia el proceso de la referencia.
Samai CE, índice 2, ED_AUTOREMIT_AUTO300920241pdf(.pdf) NroActua 10 Asociado de decisión judicial en índice 4.
2
Samai CE, índice 2, expediente digital, 15ED_SENTENCIA_15SentenciaDePrimera(.pdf) NroActua 2.
3
En el auto admisorio de la demanda se vinculó a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por tener interés directo en
el resultado del proceso. En la audiencia inicial del 28 de mayo de 2018, el tribunal anunció que en la sentencia se establecería «si
existe legitimación en la causa material por activa que la obligue a responder por los hechos alegados». No obstante, ese aspecto no
fue abordado en la providencia apelada. Se precisa que, el análisis correspondiente deberá efectuarse respecto de la legitimación en
la causa por pasiva, pues la parte activa está conformada únicamente por EPM, destinataria de los actos demandados.
4
Se enlista un total de 46 pensionados y totaliza la deuda en $7.778.172.000, valor que se actualizará y capitalizará hasta su pago.
5
Los bonos pensionales tipo B están regulados en el Decreto 1314 de 1994, y son aquellos que se expiden cuando hay traslado de
servidores públicos al régimen de prima media con prestación definida.
6
En la resolución que decidió las excepciones se validó que el 31 de julio de 2014 EPM pagó $25.449.079.000. Frente a dicho pago
se enlistan 38 pensionados. No se incluyen en ese listado a Roque Nelson Pérez Cardona -se reconoció el pago del 20 de noviembre
de 2015- ni a Oscar Carmona Castrillón -se reconoció el pago del 02 de julio de 2014, como tampoco a los beneficiarios de los bonos
pensionales frente a los cuales se propuso objeciones: Luis Eduardo Cadavid Pelaez, Victor Manuel Londoño Calle, Jhon Jairo Ruda
Castrillón, Francisco Javier Correa Yepes, Argemiro de Jesús Ocampo Montes y William de Jesús Bedoya Osorio.
7
Roque Nelson Pérez Cardona y Oscar Carmona Castrillón. Con lo cual, la discusión se concreta en 44 casos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones8:
2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos emitidos por la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones:
2.1.1. Resolución No. 000489 de 29 de septiembre de 2015 “por la cual se expide
mandamiento de pago a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones”9.
2.1.2. Resolución No. 000486 de 07 de marzo de 2016, “por la cual se resuelven excepciones
y se ordena seguir adelante la ejecución”.
2.1.3. Resolución No. 015804 de 25 de noviembre de 2016 “por la cual se resuelve un recurso
de reposición contra la resolución que resolvió las excepciones y ordena seguir adelante con
la ejecución”.
2.2. Como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos referidos y a título de
restablecimiento del derecho se declare probada una o la totalidad de las excepciones
propuestas contra el mandamiento de pago como son: pago total de la obligación o pago
efectivo, falta de título ejecutivo y falta de ejecutoria del título.
2.2.1. Consecuencia de la anterior declaración se condene a la Administradora Colombiana
de Pensiones -Colpensiones- a la devolución y pago a Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
de las siguientes sumas de dinero:
2.2.1.1. La suma de tres mil setecientos treinta millones trescientos setenta y un mil pesos
moneda legal ($3.730.371.000,0010).
2.2.1.2. Al pago indexado de la suma anterior.
2.2.1.3. Al pago de los intereses moratorios desde el ilegal cobro hasta el pago efectivo.
2.3. Se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- a pagar las
costas y agencias en derecho.
Invocó como vulnerados los artículos 4, 6, 29 y 83 de la CP (Constitución Política); 1625.1
CC (Código Civil); 712, 719, 828 y 831.1 del ET (Estatuto Tributario); 98 y 99 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA); 422 del CGP (Código General del Proceso); 24, 113, 120 y 121
de la Ley 100 de 1993; 17 de la Ley 549 de 1999; 99 de la Ley 633 de 2000; 156 de la
Ley 1151 de 2007, 41 y 3.2 del Decreto 1748 de 1995 -modificado por el artículo 3 del Decreto
1513 de 1998-; 72 del Decreto 2665 de «1978»; y 2 del Decreto 2633 de 1994. Así como la
Resolución 504 de 2013 -Manual de Cobro Administrativo de Colpensiones, numeral 1.3. y tercera
parte-, bajo el siguiente concepto de violación:
Adujo que la herramienta informática para la liquidación de bonos pensionales, dispuesta
por la Oficina de Bonos Pensionales -OBP- del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y utilizada por Colpensiones, es ilegal, en tanto desconoce la normatividad vigente que
regula dicha materia -refirió, entre otras normas, el artículo 17 de la Ley 549 de 1999-. Precisó que,
con ocasión del ajuste efectuado a dicha herramienta y en virtud del acuerdo de pago
celebrado entre las partes -aludió al acta de reunión del 28 de mayo de 2014 entre EPM y
Colpensiones-, se expidieron los respectivos comprobantes para pago, los cuales fueron
8
SamaiI CE, índice 13, expediente digital. 21ED_C01_01Demandapdf(.pdf) NroActua 13.
9
En el auto admisorio de la demanda del 18 de julio de 2017, el tribunal rechazó la pretensión de nulidad contra el mandamiento de
pago, por ser un acto de trámite no susceptible de control judicial.
10
Pagados el 17 de febrero de 2017 -posterior a la expedición del mandamiento de pago-, para evitar medidas cautelares.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
cancelados11. En consecuencia, no procedía la expedición del mandamiento de pago -
respecto de 46 casos-12, por encontrarse la obligación extinguida, por pago.
Se vulneró el derecho al debido proceso, en la medida en que la entidad no resolvió la
totalidad de las objeciones formuladas contra el cobro provisional de los bonos
pensionales13. Adicionalmente, se omitieron etapas previas del procedimiento de cobro
coactivo, previstas en el Manual de Cobro Administrativo, tales como el cobro persuasivo,
la constitución en mora y la expedición de la liquidación certificada de la deuda. Este
último acto -en su entender- constituye el título ejecutivo y, por ende, debe ser notificado
para efectos de la ejecutoria. A lo anterior se suma que el mandamiento de pago no
estaba acompañado del documento que soportara una obligación -se refiere a la liquidación
certificada de la deuda-. En tales condiciones, no existe una obligación clara, expresa y
exigible que sirva de fundamento al mandamiento de pago, lo cual conduce a la
inexistencia de título ejecutivo14, falta de ejecutoria e incompetencia del funcionario
ejecutor.
Finalmente, manifestó que, con el fin de evitar la imposición de medidas cautelares, el 17
de febrero de 2017 -posterior a la expedición del mandamiento de pago- efectuó el pago de
$3.730.371.000 -aportó prueba del pago, cheque de gerencia-, suma exigida por Colpensiones,
por lo cual solicita su devolución, al constituir cobro de lo no debido.
Contestación de la demandada
Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda15. Indicó que los actos
demandados gozan de presunción de legalidad y fueron expedidos por autoridad
competente. Que la liquidación y el cobro de los bonos pensionales tipo B, reconocidos
bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, se realizaron conforme a la normativa aplicable y
al sistema liquidador de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y que el Acta del 28 de mayo de 2014 tuvo como finalidad la recepción
de «pagos parciales» correspondientes a los bonos liquidados a EPM, mientras el Ministerio
revisaba el criterio aplicable a la liquidación del bono destinado a financiar una pensión
de transición del sector público, en particular frente a la inclusión exclusiva de tiempos
públicos cotizados al ISS, el cual no fue modificado; por tal razón, no se configuró la
extinción de la obligación ante la ausencia de pago total. Agregó que la oposición a la
liquidación de los bonos pensionales se sustentó en una interpretación errada del artículo
17 de la Ley 549 de 1999, la cual desconoce el régimen de transición, la sentencia C-262
de 2001 -examinó constitucionalidad de la citada norma- y los derechos adquiridos de los
exfuncionarios de la entidad actora16, en su condición de agente contribuyente del
sistema pensional.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda, sin imponer condena en costas17. Para
sustentar su decisión, se remitió a la Resolución 504 de 2013 -Manual de Cobro Administrativo
de la entidad-, modificada por la Resolución 0163 de 2015, y precisó que, en la etapa de
11
Como se reseñó en el pie de página 6. La parte actora considedera que con ese pago se satisfizo la obligación, pero, como se verá
más adelante, es un pago parcial.
12
Como se reseñó, la discusión se concreta a 44 casos.
13
En el recurso de apelación no se aludió a este argumento. El reparo se concretó en la inexistencia del título ejecutivo, que a juicio
de la demadante, lo constituye la liquidación certificada de la deuda.
14
Al respecto, transcribió apartes de las sentencias del 30 de julio de 2004 (exp. 13392, CP: Ligia López Díaz) y del 17 de marzo de
2005 (exp. 14223, CP: María Inés Ortiz Barbosa). Se precisa que tales providencias no aluden a bonos pensionales tipo B.
15
Samai CE, índice 13, expediente digital, 33ED_C03_08ContestacionDemand(.pdf) NroActua 13.
16
Afirma Colpensiones que con la contabilización de los tiempos privados se estaría en el escenario de la Ley 797 de 2003, norma
que autoriza acumular tiempos públicos y privados para el reconocimiento de la pensión de vejez, que a su entender, no aplica al
caso concreto, «por el tratamiento legal de los bonos pensionales dado por el legislador».
17
Samai tribunal, índice 86.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
determinación de la obligación, debía expedirse la liquidación «en donde se establecen las
obligaciones por concepto de aportes pensionales en mora, la cual presta mérito ejecutivo» . Al efecto,
aludió a lo expuesto en el mandamiento de pago en punto a que el título ejecutivo es
complejo y constató que en el expediente obraba la «liquidación mediante la cual se cobró el
Bono»18, respecto de 44 pensionados relacionados en el citado acto19. Verificó que «los
documentos enunciados en la resolución -alude al mandamiento- se advierte que se hizo referencia a: i)
nombre del pensionado y documento, ii) Resolución de reconocimiento, iii) Cuenta de cobro, iv) Guía de
correo y fecha de recibido, v) fecha de corte de cobro de bono pensional y vi) valor del bono pensional a la
fecha de corte, por lo que se cumplió con lo dispuesto en la Resolución No. 0163 de mayo de 2015», razón
por la cual desestimó la excepción de falta de título ejecutivo.
En relación con las seis objeciones formuladas, señaló que, en el acto que resolvió las
excepciones, Colpensiones indicó que el asunto ya había sido analizado en varias
oportunidades; sin embargo, EPM no aceptaba la posición de dicha entidad ni la del
Ministerio de Hacienda respecto de la forma de liquidación del bono pensional. Precisó,
además, que una de esas objeciones -caso John Jairo Ruda Castrillón- fue presentada de
manera extemporánea, aspecto que no constituye materia de este proceso20.
Valoró el acta de reunión del 28 de mayo de 2014 suscrita entre EMP y Colpensiones, en
la cual se dejó constancia de que el pago total de la obligación por bonos pensionales
tipo B quedaba supeditado al concepto del Ministerio de Hacienda. Dicho concepto fue
emitido mediante el oficio 2-2016-035597 del 27 de septiembre de 2016, en el que se
concluyó que el artículo 17 de la Ley 549 de 1999 no presenta vacíos o ambigüedades,
pues establece que el bono pensional debe liquidarse con base en los tiempos tenidos
en cuenta para el reconocimiento de la pensión de vejez. De ello se deriva un cálculo
diferenciado según el régimen aplicable, ya sea de transición (Ley 33 de 1985) o la
pensión por aportes (Ley 71 de 1988). Con fundamento en lo anterior, descartó la alegada
falta de ejecutoria del título.
En cuanto a la excepción de pago total de la obligación, sostuvo que cuando el bono
pensional financia una pensión reconocida bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, su
cálculo debe efectuarse exclusivamente con base en los tiempos de servicio prestados
al sector público. En ese contexto, y a partir del análisis de los artículos 17 de la Ley 549
de 1999 y 2 del Decreto 2527 de 2000, concluyó que la liquidación de la deuda efectuada
por EPM era incorrecta, por cuanto incluyó para el cálculo del bono los aportes realizados
al entonces ISS -hoy Colpensiones- por empleadores privados.
No se refirió al cargo de nulidad relacionado con la presunta omisión de las etapas previas
del procedimiento de cobro coactivo -cobro persuasivo y constitución en mora-21.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión de primera instancia22 y sostuvo que el tribunal no tuvo
en cuenta que la administración omitió el cumplimiento de los requisitos previos al inicio
del cobro coactivo, previstos en el Manual de Cobro Administrativo23.
En particular, señaló la falta de expedición de la liquidación certificada de la deuda -acto
administrativo que, a su juicio, constituye el título ejecutivo-24, así como la omisión del cobro
18
Analizó, a modo de ejemplo, el caso del pensionado José William Zuleta Ramírez, y verificó la existencia de la cuenta de cobro.
19
Como se reseñó, la discusión se concreta en 44 casos, porque respecto de 2 se declaró probada la excepción de pago.
20
Esto no fue objeto de reparo en la apelación.
21
En el recurso de apelación la demandante insistió en ese cargo.
22
Samai tribunal, índice 90.
23
Resolución 504 de 2013, modificada por la Resolución 163 de 2015. Transcribió la tercera parte del Manual de Cobro Administrativo,
en relación con etapas del proceso de cobro, determinación de la obligación, liquidación certificada de la deuda y contenido del título
ejecutivo.
24
Citó los artículos 72 del Decreto 2665 de «1978», 24 de la Ley 100 de 1993 -acciones de cobro con motivo del incumplimiento de
las obligaciones del empleador-, 2 del Decreto 2633 de 1994 -procedimiento para constituir en mora al empleador- y 156 de la Ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
persuasivo de la obligación25 y de la constitución en mora al deudor26. Cuestionó que
Colpensiones fundamentara el cobro coactivo en un título ejecutivo complejo, pues
considera, conforme a las normas aplicables y al citado manual, que únicamente la
liquidación certificada de la deuda puede tener tal carácter, en cuanto debe contener una
obligación clara, expresa y exigible. Insistió en que dicho acto no fue expedido en el
presente caso, por lo que el funcionario ejecutor carecía de competencia para proferir el
mandamiento de pago, ante la ausencia de título debidamente ejecutoriado. Destacó que
-en su entender- las resoluciones mediante las cuales se reconoce la pensión de vejez no
determinan de manera clara el valor del bono pensional, y que la cuenta de cobro no
constituye una liquidación oficial de la obligación susceptible de recursos27. En tal sentido,
sostuvo que la omisión del acto de liquidación vulnera el principio de legalidad y el debido
proceso.
Por otra parte, afirmó que el tribunal interpretó de manera errada el artículo 17 de la Ley
549 de 1999; omitió valorar el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Oficina de Bonos Pensionales, del 26 de junio de 1998, aportado con la demanda, en el
cual se reafirma la tesis de que todos los tiempos privados cotizados al ISS deben ser
tenidos en cuenta para la financiación de las pensiones, y dejó de considerar la
declaración de Luz Adriana Gómez -para probar el error en la liquidación al no excluir los tiempos
privados cotizados al ISS-. En ese entendido, sostuvo que debía reconocerse el pago total y
la extinción de la obligación, en la medida en que la suma indicada en el mandamiento
de pago no correspondería con la realidad. Este argumento fue reforzado con lo dispuesto
en el artículo 36 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el Decreto 1474 de 1997.
Pronunciamientos finales
La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
1- Corresponde a la Sala examinar la legalidad de los actos acusados, a partir de los
cargos de apelación formulados por la demandante -apelante única-, contra la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, sin condenar en costas. En
concreto, corresponde determinar: (i) si la administración vulneró el debido proceso al
omitir el cobro persuasivo de la obligación y la constitución en mora -aspecto que no fue
resuelto por el tribunal-, así como si era exigible la expedición de una liquidación certificada
de la deuda para la conformación del título ejecutivo en el cobro de los bonos pensionales
tipo B; y (ii) si la obligación se extinguió por pago total.
De forma preliminar, se precisa que, en la audiencia inicial, el tribunal anunció que en la
sentencia se establecería la legitimación de La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para comparecer al proceso, aspecto que no fue abordado28.
Dicha circunstancia impone un pronunciamiento previo, para reiterar que, tratándose del
medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, únicamente está legitimada
1151 de 2007 -creación UGPP, cobro persuasivo y liquidación oficial de la obligación-. Transcribió apartes de la sentencia del 17 de
marzo de 2005 (exp. 14223, CP: María Inés Ortiz Barbosa) alusiva a aportes, que no a bonos pensionales.
25
Citó los artículos 99 de la Ley 633 de 2000 y 156 de la Ley 1151 de 2007.
26
Citó los artículos 24 de la Ley 100 de 1993, 2 Decreto 2633 de 1994 que reglamenta el artículo 24 ib. y 156 de la Ley 1151 de 2007.
27
Expuso que la Corte Constitucional en la sentencia T-531 de 2008 se refirió a la necesidad de constituir el título ejecutivo mediante
la expedición de una liquidación certificada de deuda. Se precisa que tal sentencia analizó el recaudo de aportes que los empleadores
y beneficiarios adeudan al régimen de seguridad social en pensiones, que no de bonos pensionales.
28
Como se reseñó en el pie de página 3.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
para comparecer como parte demandada la autoridad administrativa que haya expedido
y suscrito el acto o los actos administrativos demandados29. En el caso, tal condición
recae en Colpensiones, y no en La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
por lo que se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva30 y, por ende, se le desvinculará del presente proceso.
Análisis de caso concreto
2- La demandante impugna la sentencia de primera instancia y reitera lo expuesto en la
demanda, en el sentido de que Colpensiones vulneró el debido proceso al omitir las
etapas previas del procedimiento de cobro coactivo previstas en el Manual de Cobro
Administrativo, en particular el cobro persuasivo y la constitución en mora, reproche que
no fue analizado por el tribunal. A su juicio, la liquidación certificada de la deuda es el
acto idóneo para sustentar el cobro de obligaciones derivadas de bonos pensionales,
razón por la cual cuestiona que la entidad demandada aluda a un título ejecutivo
complejo.
2.1- Para resolver el asunto debatido, se reiterará, en lo pertinente, el criterio expuesto
en la sentencia proferida por esta sección31, frente a una controversia análoga con
identidad fáctica y jurídica, entre las mismas partes.
En esa providencia, la Sala precisó que, conforme al artículo 121 de la Ley 100 de 1993,
los bonos pensionales son instrumentos de deuda pública nacional que, de acuerdo con
el artículo 115 ib., constituyen aportes destinados a la conformación del capital para la
financiación de las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones. En
particular, los bonos pensionales tipo B, regulados por el Decreto 1314 de 1994, se
expiden cuando se produce el traslado de servidores públicos al régimen de prima media
con prestación definida y deben ser emitidos por la última entidad pagadora de pensiones
a la cual haya pertenecido el afiliado, o por la Nación o entidad territorial, cuando la
responsabilidad corresponda a una caja, fondo o entidad del sector público sustituido por
el Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional o territorial respectivamente, antes de
su vinculación al ISS -hoy Colpensiones-.
Cuando la pensión se financia mediante un bono pensional tipo B, como ocurre en el
presente caso, a partir de la historia laboral del afiliado, los datos básicos, la certificación
del salario base y demás información necesaria para efectuar el cálculo, se genera una
preliquidación provisional a través del aplicativo dispuesto por la Oficina de Bonos
Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En dicha preliquidación se
determina el emisor -que será la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el
afiliado, o la Nación o entidad territorial-32, los contribuyentes o cuotapartistas y el valor de los
cupones, liquidación que puede ser objetada. Una vez aprobada esa liquidación, se
procede a la emisión del bono pensional, la cual, en el caso de emisores públicos, tiene
lugar cuando queda en firme el acto administrativo que reconoce el derecho al bono
pensional33. Si bien una sola entidad actúa como emisora, también están obligadas al
pago las entidades que concurren como contribuyentes o cuotapartistas. Posteriormente,
se produce la redención normal del bono, que coincide con la fecha en que el afiliado
adquiere el estatus de pensionado por vejez, esto es, con la expedición de la resolución
29
Sentencia del 30 de marzo de 2023 (exp. 26785, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), reiterada en la sentencia del 19 de febrero
de 2026 (exp. 29920, CP: Wilson Ramos Girón
30
Propuesta en la contestación de la demanda.
31
Sentencia del 26 de febrero de 2026 (exp. 29574, CP: Wilson Ramos Girón)
32
Cfr. el artículo 4 del Decreto 1314 de 1994.
33
Cfr. el artículo 1 del Decreto 1748 de 1995, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1513 de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
mediante la cual Colpensiones reconoce la prestación económica 34, y finalmente se
efectúa el pago, cuyo valor corresponde al bono calculado a la fecha de su redención 35.
Ahora bien, para efectos de obtener el pago de los bonos pensionales mediante el
procedimiento de cobro coactivo, la Resolución 163 de 2015, que modificó el Manual de
Cobro Administrativo de Colpensiones adoptado mediante la Resolución 504 de 2013 36,
distingue expresamente entre la determinación de la obligación por concepto de aportes
pensionales (num. 3.1.1.) y la determinación de contribuciones pensionales y otras
obligaciones (num. 3.1.2.), por tratarse de conceptos jurídicos diferentes. En efecto, los
aportes pensionales corresponden a las cotizaciones obligatorias que deben realizar los
aportantes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con el ingreso base de
cotización de los trabajadores (num. 2.1. R. 504 de 2013). Por su parte, las contribuciones
pensionales comprenden los distintos mecanismos de financiación de las pensiones y
otros ingresos diferentes a los aportes (num. 2.2. ib), dentro de los cuales se encuentran
los bonos pensionales.
Esta distinción resulta relevante en el caso concreto, pues, según el tipo de obligación
objeto de cobro -aportes o contribuciones pensionales-, el trámite de cobro coactivo presenta
particularidades procedimentales. No obstante, en ambos eventos, la gestión de cobro
debe surtir las siguientes etapas: (i) determinación de la obligación, (ii) cobro persuasivo37
y (iii) cobro coactivo administrativo (num. 3.1. R. 163 de 2015).
En lo relativo a la determinación de las contribuciones pensionales -asunto examinado-, la
Resolución 163 de 2015 dispone que esta se concreta en las actuaciones encaminadas
a establecer las obligaciones adeudadas a Colpensiones, las cuales se encuentran
contenidas en el acto o los actos administrativos mediante los cuales se reconoce la
prestación económica y se determina el mecanismo de financiación (num. 3.1.2.1.). En
virtud de dichos actos, la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de la Vicepresidencia
de Financiamiento e Inversiones de Colpensiones, en los asuntos de su competencia,
generará las respectivas cuentas de cobro y las remitirá a los obligados (ib.). Así, se
reitera que conforme al numeral 3.1.2.4 de la citada resolución, para adelantar el cobro
coactivo de contribuciones pensionales la entidad debe contar con un título ejecutivo
complejo38, integrado por: (i) el acto o los actos administrativos de reconocimiento de la
prestación económica; (ii) la certificación de tiempos laborales y salarios, que soporta
tanto el reconocimiento de la prestación económica como el cobro de la contribución
pensional; y (iii) la cuenta de cobro, en la cual se especifique el nombre e identificación
del deudor, el tipo de financiación y el valor adeudado.
El reproche formulado en la demanda, reiterado en el recurso de apelación, se
circunscribe a que, contrario a lo considerado por Colpensiones, el título ejecutivo no es
complejo, pues, a juicio de la demandante, y con fundamento entre otras normas39, en
el Manual de Cobro Administrativo de Colpensiones, la determinación de la deuda debía
34
Cfr. el artículo 15 del Decreto 1748 de 1995. Para bonos tipo B, la redención anticipada del bono se da por el fallecimiento o la
declaratoria de invalidez del beneficiario del bono como también el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de que trata el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
35
Cfr. el artículo 17 del Decreto 1748 de 1995.
36
Esa modificación, según consta en los considerandos del acto, se hizo en procura de la eficiencia en la gestión de cobro para otras
obligaciones diferentes a aportes pensionales en mora, entre las cuales se encuentran las contribuciones pensionales -como los
bonos pensionales- y títulos pensionales, para la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.
37
La Resolución 504 de 2013 establece que la Gerencia Nacional de Ingresos y Egresos de la Vicepresidencia de Financiamiento e
Inversiones de Colpensiones es la encargada de adelantar el cobro persuasivo correspondiente a bonos pensionales, cuotas partes
pensionales, cálculos actuariales por omisión de empleadores públicos, títulos pensionales y devolución de aportes Ley 549 de 1999
(num. 1.1.1.), en tanto que la Gerencia Nacional de Aportes y Recaudo de la citada vicepresidencia es quien debe adelantar el cobro
persuasivo y fiscalización correspondiente a aportes pensionales a la seguridad social (num. 1.1.2.)
38
Sentencia del 18 de mayo de 2023 (exp. 26179, CP: Wilson Ramos Girón), reiterada en las sentencias del 01 de junio de 2023
(exp. 26382, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello), del 13 de noviembre de 2025 (exp. 29483, CP: Luis Antonio Rodríguez Montaño)
y del 26 de febrero de 2026 (exp. 29574, CP: Wilson Ramos Girón)
39
Cfr. pie de página 24.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
realizarse mediante liquidación certificada de la deuda, cuya ausencia conduciría a la
inexistencia del título ejecutivo.
Al respecto, conforme con lo expuesto previamente, se reitera que la Resolución 163 de
2015 establece una diferenciación expresa entre el procedimiento de cobro de los aportes
pensionales y aquel aplicable a las contribuciones pensionales, dentro de las cuales se
encuentran los bonos pensionales.
En efecto, tratándose de aportes pensionales, la normativa prevé un trámite de
determinación de la obligación, materializado en la expedición de la liquidación certificada
de la deuda, acto administrativo que constituye el título ejecutivo y que se profiere con
posterioridad a la constitución en mora del empleador (num. 3.1.1.2.)40, presupuesto
indispensable para adelantar las acciones de cobro por ese concepto; sin embargo, dicha
exigencia no es extensiva al cobro de bonos pensionales, pues la Resolución 163 de
2015 distingue entre el procedimiento de cobro de los aportes pensionales y el de
contribuciones pensionales, de manera que, al tratarse de obligaciones de naturaleza
diversa y con documentos soporte propios, como ya se dijo, resulta improcedente aplicar
de forma extensiva las reglas previstas para los aportes pensionales al cobro de los bonos
pensionales, máxime cuando, en este último caso, la determinación de la obligación no
se efectúa mediante una liquidación certificada de la deuda, sino que se deriva de los
actos administrativos de reconocimiento de la prestación económica y se concreta a
través de la correspondiente cuenta de cobro, los cuales, junto con la certificación de
tiempos laborales y salarios, integran el título ejecutivo complejo que sustenta la
expedición del mandamiento de pago.
Así, exigir la expedición de una liquidación certificada de la deuda 41 y la constitución en
mora como presupuestos para el cobro coactivo de bonos pensionales desconoce lo
previsto en el Manual de Cobro Administrativo de Colpensiones -acto administrativo amparado
de presunción de legalidad-, en la medida en que tales actuaciones son propias del
procedimiento de cobro de los aportes pensionales y no del régimen aplicable a los bonos
pensionales, los cuales constituyen una figura jurídica distinta.
En lo que respecta al cobro persuasivo, el numeral 3.1.2.1. de la Resolución 163 de 2015
establece que este comprende las actuaciones adelantadas por la administradora de
pensiones, con anterioridad al cobro coactivo, orientadas a obtener el pago voluntario de
las obligaciones adeudadas. Bajo ese entendido, tratándose de contribuciones
pensionales, dicha etapa se satisface con la remisión de la correspondiente cuenta de
cobro42, circunstancia que el tribunal tuvo por acreditada, frente a lo cual no se propuso
reparo en la apelación.
En conclusión, Colpensiones no omitió el cobro persuasivo, y dado que no era exigible la
constitución en mora ni la expedición de una liquidación certificada de la deuda, por
tratarse del cobro de bonos pensionales, que no de aportes, los cargos formulados por la
parte actora, fundados en la presunta vulneración del debido proceso, la inexistencia de
título ejecutivo y la ausencia de ejecutoria del acto de liquidación, no están llamados a
prosperar.
40
Esa norma establece que la Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones a través de la Gerencia Nacional de Aportes y
Recaudo, constituirá en mora al empleador, para lo cual requerirán al deudor para que cancele la obligación adeudada conforme a lo
dispuesto en el artículo 2 del Decreto 2633 de 1994. Si el deudor no cancela la obligación ni manifiesta la objeción a la misma dentro
de los 15 días siguientes al requerimiento, se procederá a proferir la Liquidación Certificada de Deuda.
41
Nótese que en la sentencia apelada el tribunal expuso que la liquidación certificada de la deuda es «donde se establecen las
obligaciones por concepto de aportes pensionales en mora, la cual presta mérito ejecutivo», lo que comparte esta Sala, insistiendo
en que los aportes pensionales no se pueden confundir con las contribuciones pensionales.
42
En las cuentas de cobro consta el término con el que contaba EPM para pagar la obligación o formular objeciones. Con la
advertencia que de no realizarse el pago o no proceder las eventuales objeciones, se remitirá la obligación a la Gerencia Nacional de
Cobro de la Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones de Colpensiones, para las respectivas acciones de cobro coactivo, y
medidas cautelares a que haya lugar.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
2.2- La parte apelante sostiene que debía reconocerse el pago total de la obligación, pues
la suma indicada en el mandamiento de pago no corresponde con la realidad. Afirma que
ello obedece a una errada interpretación del artículo 17 de la Ley 549 de 1999 y a que el
tribunal omitió valorar el concepto del Ministerio de Hacienda - Oficina de Bonos
Pensionales, del 26 de junio de 1998, aportado con la demanda, en el cual se reafirma la
tesis de que todos los tiempos privados cotizados al ISS deben ser tenidos en cuenta
para la financiación de las pensiones. Así mismo, señala que se dejó de considerar la
declaración de Luz Adriana Gómez con la que se evidencia el error en la liquidación de
los bonos pensionales al no excluir los tiempos privados cotizados al ISS.
Para resolver, se reitera la posición de la Sala43 conforme a la cual el proceso de cobro
coactivo parte de la existencia previa de un título que preste mérito ejecutivo, entendido
como aquel que contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, por no
estar sujeta a plazo o condición. En ese contexto, como se expuso en la sentencia del
26 de febrero de 202644 el examen relativo a la interpretación del artículo 17 de la Ley
549 de 1999 y a su eventual incidencia en la liquidación del bono pensional tipo B,
efectuada mediante la herramienta informática dispuesta por la Oficina de Bonos
Pensionales del Ministerio de Hacienda -como autoridad técnica en la materia-45 resulta ajeno
al control de legalidad que se ejerce en este proceso, circunscrito a verificar la legalidad
de los actos que resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.
Si bien el tribunal analizó el contenido de dicha disposición y concluyó que la liquidación
de la deuda efectuada por la actora era incorrecta, en tanto incluyó, para el cálculo del
bono pensional, los aportes realizados al entonces ISS -hoy Colpensiones- por empleadores
privados, conclusión frente a la cual se formularon reparos en el recurso de apelación, la
Sala se abstendrá de pronunciarse sobre dicho aspecto -incluida la valoración de las pruebas
citadas en el recurso-, por exceder el marco del control de legalidad propio de este proceso
de cobro que se contrae únicamente al referido acto que resolvió las excepciones.
Esto no comporta vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la justicia,
en la medida en que dicho control -legalidad del título- puede y debe ejercerse a través de
los mecanismos previstos para controvertir el acto que definió la obligación, y no en el
marco del proceso de cobro coactivo, cuya finalidad es la ejecución de una obligación
previamente determinada. Admitir lo contrario implicaría desnaturalizar esta clase de
procesos y convertirlos en una instancia adicional para debatir la validez del título
ejecutivo.
En este orden, no es posible validar como pago efectivo de la obligación el realizado de
manera parcial por EPM, pues, como consta en la Resolución 015804 de 2016 -acto
demandado que resolvió el recurso de reposición-, en «la mesa técnica realizada en esta Administradora,
efectivamente Colpensiones accedió a expedir un comprobante de pago referenciado, en aras de obtener
inicialmente un pago parcial de parte de Empresas Públicas de Medellín, pero en ningún momento porque
considerara que ese era el valor adeudado». Ello se corrobora con el Acta suscrita entre EPM y
Colpensiones el 28 de mayo de 2014, como lo analizó el tribunal, en la que consta que la
deudora «realiza una propuesta de pago para el tema de Bonos Pensionales, viendo la posibilidad de
43
Sentencia del 09 de septiembre de 2024 (exp. 28677, CP: Wilson Ramos Girón)
44
Exp. 29574, CP: Wilson Ramos Girón.
45
El artículo 19 del Decreto Nacional 1513 de 1998, que modificó el artículo 46 del Decreto 1748 de 1995, establece que la Oficina
de Bonos Pensionales -OBP- constituirá autoridad técnica sobre la materia y actuará como mediador entre los emisores,
contribuyentes y entidades administradoras de bonos pensionales cuando quiera que se presenten discusiones entre estos en razón
del valor del bono o el método utilizando para su cálculo. La opinión de la OBP no será vinculante para el emisor, quien emitirá bajo
su responsabilidad los bonos y cuotas partes con fundamento en el cálculo que considere adecuado. Cuando la OBP sea parte en
las discusiones mencionadas en el inciso anterior, emitirá bajo responsabilidad los bonos o cuotas con fundamento en el cálculo que
considere adecuado. En cualquiera de los dos eventos anteriores, si se llegare a determinar administrativa o judicialmente un mayor
valor en contra del emisor, éste deberá pagar intereses moratorios a la tasa máxima de mora autorizada por la Superintendencia
Bancaria en la fecha de pago.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
realizar un pago parcial. Luz Adriana 46 propone que se realice un pago, hasta tanto el Ministerio de
Hacienda se pronuncie de fondo47». Por su parte, Colpensiones se comprometió a generar el
comprobante de pago correspondiente a dicho abono parcial 48, circunstancia que no fue
desvirtuada; por tanto, el cobro coactivo se adelantó por el saldo pendiente49.
Finalmente, se precisa que el pago reclamado por Colpensiones se efectuó, según se
indicó en la demanda, con el fin de evitar la imposición de medidas cautelares. Al no
prosperar los cargos de nulidad propuestos contra los actos demandados, lo procedente
sería ordenar la terminación del proceso por pago total de la obligación. Con todo, dicha
orden no se impartirá, por cuanto mediante la Resolución 004444 del 25 de septiembre
del 2017 la entidad terminó el proceso, por pago total de la obligación50.
Conclusión
3- Por lo razonado en precedencia, se establece que Colpensiones no vulneró el debido
proceso, pues en el cobro de bonos pensionales tipo B no era exigible la constitución en
mora ni la expedición de liquidación certificada de la deuda, actuaciones propias del cobro
de aportes pensionales y no de contribuciones pensionales -como los bonos pensionales-.
Con la remisión de las cuentas de cobro se satisface el cobro persuasivo de esta clase
de obligaciones, las cuales, junto con los actos de reconocimiento de la prestación y las
certificaciones de tiempos y salarios, conformaron válidamente el título ejecutivo complejo
que sustenta su cobro. La obligación se extinguió por pago total, que condujo a la
terminación del proceso.
Así, se confirmará la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda, pero
por las razones expuestas en esta providencia.
Costas
4- Acorde con los artículos 188 del CPACA, 361 y ss. del CGP y el Acuerdo PCSJA25
del 28 de noviembre de 2025, por el cual se adicionó el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-
10544 del 05 de agosto de 2016, ambos expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, se condenará en costas -agencias en derecho- en esta instancia a la parte
demandante, en la medida en que se confirma la providencia apelada y hubo una parte
vencida en el proceso. Así, se fijará como agencias en derecho en esta instancia el
equivalente a un smlmv al momento de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto, se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme con las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
46
Se refiere a Luz Adriana Gómez, quien asistió por EPM.
47
En el acto por el cual se resolvieron las excepciones, Colpensiones se refirió al Oficio 2-2015-022820 del 17 de junio de 2015 del
Ministerio de Hacienda -posterior a la suscripción del acta del 28 de mayo de 2014- que reitera que ese ministerio «se ha pronunciado
en varias ocasiones, con sendos oficios dirigidos a COLPENSIONES, las Empresas Públicas de Medellín y las Empresas de Antioquia,
en el sentido de informar que los procedimientos que realiza la Nación - Ministerio de Hacienda, para el cálculo de estos bonos se
ajustan a la normatividad vigente y aplicable en la materia, indicando adicionalmente: “Es por lo anterior que nuestra recomendación,
es que si las entidades en mención continúan con la negativa de emitir y pagar la cuota parte que les corresponde, inicie de forma
inmediata los mecanismos de cobro- administrativos y coactivos- que están establecidos en la ley y que le corresponde adelantar
calidad de funcionaria pública, para lograr el pago total del bono pensional en las condiciones en que se encuentra establecido por la
Ley y que le han sido informadas por este Ministerio”».
48
SamaiI CE, índice 13, expediente digital. 22ED_C01_02AnexosDemandapdf(.pdf) NroActua 13, pp. 227-229.
49
Como se reseñó, a juicio de la demandante, para calcular el bono pensional tipo B se debe deducir el valor de los aportes realizados
al ISS -hoy Colpensiones- por empleadores privados, lo cual arroja una diferencia frente a lo liquidado por el sistema liquidador de la
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda.
50
Samai CE, índice 13, expediente digital, 73_EXPEDIENTEDIGI_C03_CD3zip_1_20250212141629777.zip, carpeta CD3,
167.RES,ORDENA TERMINACION PROCESO. En el citado acto se tuvo en cuenta el pago de $3.730.371.000, realizado el 17 de
febrero de 2017.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01471-01 (29457)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
FALLA
1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de La
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, queda desvinculada
del presente proceso.
2. Confirmar la sentencia apelada, conforme a lo analizado en esta providencia.
3. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, acorde con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.