Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01518-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01518-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01518-01 (4562-2023)
Demandante: Carlos Arturo Gómez Iza
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y
otro.
Tema: Conservación de los beneficios del régimen de transi-
ción por traslado al RAIS.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra
de la sentencia de primera instancia del 13 de marzo de 2023 dictada por el Tri-
bunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. Carlos Arturo Gómez Iza, por medio de apoderado y en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió demanda en con-
tra de la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, y
la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., en ade-
lante, Protección S.A., con el propósito de que se declare la nulidad de (i) la Re-
solución GNR 368919 del 6 de diciembre de 2016, por medio de la cual le negó
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985 como
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y (ii)
las Resoluciones GNR 393458 del 29 de diciembre de 2016 y VPB 3670 del 30
de enero de 2017, en las cuales se resolvieron los recursos de reposición y ape-
lación confirmando la decisión inicial.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la nulidad
de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), por cuanto no hubo un
consentimiento libre e informado. De manera subsidiaria, solicitó ordenar el reco-
nocimiento y pago de la pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985
como beneficiario del régimen de transición, así como el pago de los intereses
moratorios a lugar y la condena en costas procesales.
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3. Como fundamentos fácticos, explicó que nació el 1 de mayo de 1955, cum-
plió 55 años en 2010 y se desempeñó como docente de la Universidad de Antio-
quia por más de treinta años, período durante el cual cotizó ante el extinto ISS.
4. Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 a nivel territo-
rial – 30 de junio de 1995, indicó que tenía más de 40 años y más de doce años
de servicio, por lo que cumplió con los requisitos del régimen de transición para
pensionarse bajo la Ley 33 de 1985.
5. El 1 de julio de 1995, el demandante se trasladó del RPM al RAIS. Aseguró
que Protección S.A. le garantizó que, como servidor público, el RAIS le era mucho
más ventajoso y conservaría los beneficios del régimen de transición. Sin em-
bargo, en 2007 la AFP le comunicó al demandante que el RAIS no le convenía y
que lo mejor era retornar al RPM, hecho que sucedió el 1 de junio de 2007. A
partir de esto, el señor Gómez alegó que su traslado inicial no fue voluntario y
que la AFP Protección S.A. desatendió su deber de información.
6. Posteriormente, el demandante le solicitó a Colpensiones el reconoci-
miento y pago de su pensión de vejez en los términos de la Ley 33 de 1985. Sin
embargo, la entidad negó la petición al estimar que el señor Gómez no recuperó
el régimen de transición luego de regresar al RPM, por cuanto al 30 de junio de
1995 no contaba con los 15 años de servicios requeridos para conservar dicho
beneficio, sino apenas un poco más de 12 años de vinculación laboral.
7. Como concepto de la violación, alegó el desconocimiento de los artículos
1°, 2°, 4°, 5°, 13, 25, 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia, los artículos
1°, 31, 36, 50, 141 y 289 de la Ley 100 de 1993, el artículo 1° de la Ley 33 de
1985 y los artículos 138, 155 (3), 156 (2) 161, 162, 163, 164 y 166 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
8. A partir de este marco normativo y con base en jurisprudencia de la Corte
Constitucional en relación con sus expectativas legítimas y el concepto de con-
sentimiento libre e informado, argumentó que tiene derecho al reconocimiento
pensional en los términos solicitados.
Contestación de la demanda
9. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda. Alegó que los
actos administrativos demandados se expidieron de conformidad con el ordena-
miento jurídico y que sobre el traslado del RPM al RAIS se trató de un acto vo-
luntario por parte del demandante que cobró efectos jurídicos entre 1995 y 2007
como período de cotización.
10. Expuso que el señor Gómez no logró conservar el régimen de transición,
toda vez que al 30 de junio de 1995 no contaba con 750 semanas cotizadas, sino
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solo 634. En esa medida, el demandante no cumplió con los requisitos de con-
servación establecidos por la Corte Constitucional en las sentencias C-789 de
2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010.
11. Además, señaló que el demandante tenía la posibilidad de pensionarse en
los términos de la Ley 797 de 2003, pues acreditó un total de 1.595 semanas de
trabajo y cumplió 62 años en el año 2017.
12. Como excepción previa, invocó la ineptitud de la demanda y como excep-
ciones de mérito, formuló la inexistencia del derecho y la obligación, el cobro de
lo no debido, la imposibilidad de declarar la nulidad del traslado, la inexistencia
de intereses moratorios, la improcedencia de la indexación, la prescripción y la
buena fe.
13. Protección S.A. también se opuso a la totalidad de las pretensiones. Ex-
puso que el demandante no allegó prueba alguna encaminada a probar la nulidad
de su afiliación al RAIS, máxime cuando el Juzgado 010 Laboral del Circuito de-
terminó que su consentimiento fue otorgado de manera libre e informada me-
diante sentencia del 30 de noviembre de 2010. En todo caso, advirtió que cual-
quier vicio que diera lugar a la nulidad del traslado fue saneado con ocasión del
retorno al RPM en 2007 y el traslado de los dineros ante Colpensiones.
14. Como excepciones, formuló la prescripción, la falta de jurisdicción, la cosa
juzgada y el pago.
Sentencia apelada
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la de-
manda por medio de sentencia del 13 de marzo de 2023. A partir del Decreto
3800 de 2003 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional1, el Tribunal estable-
ció que quien retorne del RAIS al RPM conservaría el régimen de transición solo
si a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, bien sea el 1 de abril de 1994
o el 30 de junio de 1995, según corresponda – acredite haber cotizado 15 o más
años de prestación de servicios. Es decir, en estos casos no bastaba cumplir
únicamente con el requisito de edad.
16. Al analizar el caso en concreto, el a quo concluyó que el señor Gómez no
tenía derecho al reconocimiento pensional en los términos de la Ley 33 de 1985.
Según la historia laboral expedida por Colpensiones, para el 30 de junio de 1995
el demandante tenía 40 años y había acumulado un total de 12 años de servicio
ante la Universidad de Antioquia. En consecuencia, pese a su retorno al RPM, el
demandante no logró conservar los beneficios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993.
1 Citó las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010.
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17. En relación con la cosa juzgada alegada por Protección S.A., el a quo se-
ñaló que la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho tuvo como único propósito declarar la nulidad de los
actos administrativos expedidos por Colpensiones y solo a título de restableci-
miento del derecho, que se declare la nulidad del traslado de regímenes. De ahí
que no hubiesen concurrido los elementos de triple identidad (partes, causa y
objeto) que exige la cosa juzgada.
18. Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior, el Tribunal condenó
en costas procesales y agencias en derecho a la parte demandante por tratarse
de un proceso declarativo de carácter laboral con pretensiones de carácter pecu-
niario.
Recurso de apelación
19. El señor Gómez presentó recurso de apelación en contra de la sentencia
de primera instancia con el objetivo de que fuese revocada y, en su lugar, se
accediera a sus pretensiones. Consideró que el Tribunal no examinó la presunta
falta de consentimiento libre e informado en el traslado del RPM al RAIS efec-
tuado en 1995, ni el eventual incumplimiento del deber de información a cargo de
Protección S.A. En esa medida, indicó que de haber advertido este aspecto, se
habría concluido que el traslado no produjo efectos jurídicos válidos, circunstan-
cia que le habría permitido conservar su vinculación al RPM y con ello los bene-
ficios del régimen de transición.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto del 9 de mayo de 2024, el recurso de apelación fue admitido
por el despacho sustanciador, quien ordenó correr traslado de éste a las partes
y al Ministerio Público; este último para rendir concepto.
21. Colpensiones se pronunció al respecto y se opuso a la prosperidad del
recurso de apelación. Reiteró que los actos administrativos demandados fueron
expedidos de conformidad con el ordenamiento jurídico y que, en relación con la
conservación del régimen de transición, el demandante no cumplió con el requi-
sito específico de 15 años de cotización a la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993.
22. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
23. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
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y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
24. Le corresponde a la Sala determinar si el señor Carlos Arturo Gómez Iza,
al haberse trasladado del RPM al RAIS y luego del RAIS al RPM, conservó los
beneficios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y si tiene derecho a
pensionarse en los términos previstos en la Ley 33 de 1985.
25. De igual manera, le corresponde a la Sala evaluar la presunta omisión en
la que incurrió el Tribunal Administrativo Antioquia al no pronunciarse sobre la
falta de consentimiento bajo el cual el demandante decidió trasladarse del RPM
al RAIS, así como del deber de información a cargo de Protección S.A.
Análisis del problema jurídico
26. En relación con el primer problema jurídico, la Sala confirmará la deci-
sión de primera instancia al encontrar que el demandante no conservó el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 ni tiene derecho a pensionarse de conformi-
dad con el régimen anterior.
27. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró el régimen de transición del
Sistema General de Pensiones que, en virtud del principio de favorabilidad, per-
mitió la aplicación ultractiva de regímenes anteriores para el reconocimiento de
pensiones. Para ser beneficiario de este, la ley exige el cumplimiento de uno de
los requisitos establecidos por edad o por tiempos de servicio: (i) tener 35 años
o más en el caso de las mujeres o 40 años o más en el caso de los hombres o
(ii) demostrar 15 años o más de cotización.
28. No obstante, el inciso 4° de esta misma norma señaló que el régimen de
transición consagrado no sería aplicable para quienes, en cumplimiento exclusivo
del requisito de edad, voluntariamente se trasladaran del RPM al RAIS o vice-
versa. En sentencia C-789 de 2002, reiterada luego en sentencias C-1024 de
2004 y SU-130 de 2013, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de
la norma y determinó que, quienes siendo beneficiarios del régimen de transición
decidieran trasladarse entre el RPM y el RAIS, podrían conservar el régimen
siempre que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 cumplieran con el
requisito de tiempo de servicio. Lo anterior, en aras de salvaguardar sus expec-
tativas legítimas. Este criterio ha sido respaldado por el Consejo de Estado de
manera pacífica2.
2 Al respecto, ver las siguientes: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 5 de noviembre de 2020, rad. 20001233900020150035801 (4244-2017); Consejo de Estado.
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de mayo de 2020, rad.
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29. En el caso en concreto, la Sala observa que el señor Gómez nació el 1 de
mayo de 1955 y que prestó sus servicios a la Universidad de Antioquia entre el 1
de marzo de 1983 y 30 de junio de 19953. Mediante formato de solicitud de vin-
culación diligenciado ante Protección S.A. del 30 de junio de 19954, el deman-
dante expresó su voluntad libre, espontánea y sin presiones para ser trasladado
del RPM al RAIS a partir del 1 de julio de 1995. Luego, conforme una consulta
realizada ante Asofondos del 22 de febrero de 20185, se tiene que el demandante
retornó al RPM el 1 de junio de 2007. Esta información también fue corroborada
a partir del certificado del 14 de mayo de 2015 aportado por Colpensiones sobre
el historial de afiliación del demandante6. Por último, al 30 de junio de 1995, el
demandante cotizó un total de 634 semanas, es decir, menos de los quince años
requeridos para tal fin.
30. Por consiguiente, la Sala concluye que el señor Gómez no acreditó el
tiempo mínimo de servicios exigido para conservar los beneficios del régimen de
transición tras su traslado del RPM al RAIS y su posterior retorno al primero de
estos. En efecto, para el 30 de junio de 1995 únicamente registraba 634 semanas
cotizadas, equivalentes a un tiempo inferior a los 15 años de servicios requeridos
por la jurisprudencia para mantener dicho beneficio. En consecuencia, al no sa-
tisfacer este presupuesto, perdió la posibilidad de ampararse en el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual su
situación pensional debía definirse con arreglo a las reglas generales vigentes al
momento de consolidar su derecho.
31. Ahora bien, para la Sala no pasa desapercibido que para la fecha en que
el demandante regresó al RPM – 1 de junio de 2007 – no existía una posición
jurisprudencial unificada al respecto por parte de la Corte Constitucional ni en el
Consejo de Estado y ello solo ocurrió a través de la sentencia SU-130 de 2013.
No obstante, tampoco es menos cierto que esta providencia basó sus considera-
ciones en las sentencias de constitucionalidad C-789 de 2002 y la C-1024 de
2004. En palabras de la Corte:
“10.7. Así las cosas, más allá de la tesis jurisprudencial adoptada en algunas decisio-
nes de tutela, que consideran la posibilidad de trasladado “en cualquier tiempo”, del
régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con beneficio del régimen de
transición para todos los beneficiarios de régimen, por edad y por tiempo de servicios,
la Corte se aparta de dichos pronunciamientos y se reafirma en el alcance fijado en
las sentencias de constitucionalidad, en el sentido de que solo pueden trasla-
darse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier
25000234200020150343401 (2004-2017); Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 22 de julio de 2021, rad. 68001233300020130025301 (2767-2017); Consejo de
Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 3 de agosto de 2023, rad.
25000234200020180233601 (0723-2021).
3 Expediente físico, folio 45, documento “Formato No. 1. Certificado de Información Laboral ex-
pedido por la Universidad de Antioquia”.
4 Expediente físico, folio 139, documento “Formato de Solicitud de Vinculación de Protección
S.A.”.
5 Expediente físico, folio 147, documento “Historial de Vinculaciones”.
6 Expediente físico, folio 63, documento “Información Histórica de Afiliación al Sistema General
de Pensiones”.
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tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con
15 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994.
10.8. Ello, por cuanto, se reitera, las normas que consagran el régimen de transi-
ción, así como la pérdida del mismo, y la posibilidad de traslado entre regíme-
nes pensionales con sus correspondientes restricciones, fueron objeto de con-
trol constitucional por parte de esta corporación, a través de las Sentencias C-
789 de 2002 y C-1024 de 2004, analizadas con detalle en el acápite precedente,
que definieron su verdadero sentido y alcance, considerándolas acordes con la
Constitución, y al tratarse de decisiones con efectos de cosa juzgada, adquie-
ren un carácter definitivo, incontrovertible e inmutable, de tal manera que sobre
ellas no cabe discusión alguna.” (Negrilla fuera del texto original).
32. De manera que, aun cuando ambas cortes han admitido que los beneficia-
rios por edad puedan conservar el régimen de transición después de retornar al
RPM, lo cierto es que, para la fecha en que el demandante efectuó dicho retorno
el criterio jurídico vigente, vinculante y acorde con la Constitución Política esta-
blecía que la conservación de los beneficios del régimen de transición, pese al
traslado entre el RPM y RAIS, y el posterior regreso al primero únicamente era
predicable de aquellos afiliados que al 1º de abril de 19947 acreditara 15 o más
años de servicios cotizados.
33. Aunado a lo anterior, es pertinente precisar que para la fecha en que el
demandante retornó al RPM, aún no se había proferido la sentencia de unifica-
ción de la Corte Constitucional y las decisiones de tutela que habían inaplicado,
en casos concretos, las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 producían
efectos inter partes, por lo que no resultaban vinculantes para resolver situacio-
nes fácticamente similares. En consecuencia, correspondía aplicar el artículo 45
de la Ley 270 de 19968 y observar la jurisprudencia constitucional de control abs-
tracto vigente para ese momento.
34. Frente al segundo problema jurídico, la Sala se abstendrá de realizar un
análisis concreto sobre el deber de información a cargo de Protección S.A. y la
ausencia de una voluntad libre y espontánea para trasladarse del RPM al RAIS,
como quiera que es un asunto que escapa la competencia de la jurisdicción y que
no controvierte de manera directa los fundamentos de la decisión apelada.
35. La demanda formulada por el señor Gómez se presentó en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y sus pretensiones se
7 Siempre y cuando la totalidad del ahorro depositado en la cuenta individual no sea inferior al
monto total del aporte legal correspondiente si hubiesen permanecido en el RPM, caso en el cual,
de no ser posible, el afiliado tendrá la opción de aportar el dinero que haga falta para cumplir con
dicha exigencia en un plazo razonable. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia de Unificación
SU-130 del 13 de marzo de 2013.
8 Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia. “ARTÍCULO 45. REGLAS SOBRE
LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL JU-
DICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre
los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen
efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.
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encaminaron a declarar la nulidad de actos administrativos expedidos por Col-
pensiones en los que se negó el reconocimiento pensional en los términos de la
Ley 33 de 1985. De igual manera, la fijación del litigio en primera instancia se
circunscribió a determinar “si por retornar al régimen de prima media con presta-
ción definida luego de haberse trasladado al régimen de ahorro individual con
solidaridad, el demandante perdió el beneficio de la transición establecida en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para poder obtener el reconocimiento pensional
según la ley 33 de 1985”, sin que en ese escenario procesal el demandante hu-
biese empleado los recursos de ley para que en primera instancia se examinara
el asunto cuyo reparo alega ante esta Corporación.
36. En ese orden de ideas, es pertinente advertir que, conforme el artículo 2°
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el artículo 104 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
jurisdicción ordinaria laboral es la competente para dilucidar las controversias
suscitadas entre un afiliado y un fondo privado de pensiones, mientras que la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se encarga de resolver aquellas en
las que intervenga una administradora de derecho público.
37. En ese contexto, la competencia de esta jurisdicción se encuentra delimi-
tada por las actuaciones administrativas adelantadas ante Colpensiones y por los
actos administrativos que negaron el reconocimiento de la prestación reclamada,
cuya legalidad es objeto de control en el presente proceso. En consecuencia, no
corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la validez de actos jurídicos distin-
tos, como el traslado entre regímenes pensionales, asunto que excede el marco
de la controversia sometida a su conocimiento. Por ello, la discusión relativa a la
validez o invalidez de la afiliación del señor Gómez al RAIS resulta ajena al objeto
del litigio y, en todo caso, fue definida por la jurisdicción ordinaria laboral mediante
las decisiones dictadas por el Juzgado 002 Adjunto al Juzgado 010 Laboral del
Circuito de Medellín y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de
Medellín9.
38. Igualmente, la Sala estima pertinente recordar que, en virtud del principio
de justicia rogada y las reglas que gobiernan el recurso de apelación, corres-
ponde al recurrente formular reparos claros, concretos y debidamente sustenta-
dos frente a las consideraciones que sirven de fundamento a la decisión que se
cuestiona. Ello por cuanto, tales censuras delimitan el marco de competencia
funcional del juez de segunda instancia, quien debe circunscribir su análisis a los
aspectos efectivamente controvertidos en el recurso.
9 Expediente físico, folios 159 – 167 y 151 – 158. En sentencias de primera y segunda instancia,
las autoridades judiciales de la jurisdicción ordinaria negaron las pretensiones de la demanda que
formuló el señor Gómez en contra de Protección S.A. Determinó que el entonces demandante no
cumplió con la carga de la prueba a la hora de acreditar vicios en el consentimiento que prestó
para trasladarse del RPM al RAIS.
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39. En consecuencia, la inconformidad abstracta o la formulación de plantea-
mientos dirigidos a reconfigurar el problema jurídico, sin controvertir las razones
de hecho y de derecho que sustentaron la decisión, no satisface la carga de sus-
tentación del recurso ni constituye una nueva oportunidad procesal para replan-
tear la controversia.
40. Por lo tanto, la Sala se encuentra imposibilitada para abordar materias aje-
nas a los cargos propuestos y, ante la ausencia de cuestionamientos dirigidos a
desvirtuar la motivación del fallo apelado, se impone su confirmación.
Condena en costas
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo ante-
rior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
42. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia pues
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de marzo de 2023 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se negaron las preten-
siones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el
señor Carlos Arturo Gómez Iza en contra de Colpensiones y Protección S.A. Lo
anterior, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante, por cuanto se nega-
ron los cargos de inconformidad formulados en el recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01518-01 (4562-2023)
Demandante: Carlos Arturo Gómez Iza
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo señalado anteriormente.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
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