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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01576-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01576-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Ángela María Arroyave Bustamante y otros en contra la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2017-01576-01 (2426-2025) Demandante: Angela María Arroyave Bustamante y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-01576-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01576-01 (2426-2025)
Demandante: Ángela María Arroyave Bustamante y otros1
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Vinculado: Carlos Mauricio García Casas
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la parte
demandante contra la sentencia de fecha 18 de julio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó inaplicar la Resolución 040 de 20 de
enero de 2015, por medio de la cual el Procurador General de la Nación dio apertura
al concurso de méritos para proveer en propiedad los cargos de procuradores
judiciales I y II y; la Resolución 345 de 8 de julio de 2016, que conformó la lista de
elegibles para lo provisión definitiva de los cargos de procurador judicial II para
asuntos administrativo, así como el de todas las decisiones de carácter general
proferidas en el marco del citado proceso de selección.

3. Igualmente se demandó la nulidad del Decreto 3329 del 8 de agosto de 2016,
mediante la cual el Procurador General de la Nación ordenó la desvinculación
laboral de la actora.

4. Como restablecimiento del derecho se reclamó: i) el reintegro sin solución de
continuidad al cargo de procuradora 114 judicial II administrativa del distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; ii) el reconocimiento y pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante el tiempo que ha
permanecido cesante; iii) el pago de los intereses a que hubiere lugar y; iv) la
cancelación de los perjuicios materiales e inmateriales causados con el retiro del
servicio.

5. Hechos. Como tales se expusieron los siguientes:

1Silvio Gustavo Carvajal Villa (cónyuge), Sebastián Carvajal Arroyave, Camilo Carvajal Arroyave y María
Fernanda Carvajal Arroyave (hijos).

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Demandante: Angela María Arroyave Bustamante y otros

6. La señora Ángela María Arroyave Bustamante se desempeñó como procuradora
114 judicial II administrativa de Medellín. A través de la Resolución 040 del 20 de
enero de 2015, la Procuraduría General de la Nación abrió la convocatoria para
proveer 744 cargos de procuradores judiciales I y II.

7. Dicho acto administrativo desconoció exigencias constitucionales y legales
propias de los concursos de méritos. Pese a ello, el 20 de abril de 2015 se publicó
el listado de admitidos y no admitidos al referido concurso.

8. El 13 de septiembre de ese año se realizaron las evaluaciones escritas
contentivas de dos componentes: i) prueba de conocimiento de carácter eliminatorio
-que se superaba con un puntaje superior a 75 puntos- y; ii) prueba comportamental.

9. Los resultados de la primera de ellas fueron publicados el 7 de octubre de esa
misma anualidad y el 4 de noviembre siguiente se dieron a conocer los resultados
de la prueba comportamental de quienes superaron el primer examen.

10. Entre la elaboración de las aludidas pruebas y la publicación de sus resultados
se presentaron múltiples quejas por presuntas irregularidades, relacionadas con
falta de garantías, posibles filtraciones y otras anomalías. Sin embargo, tales
reclamaciones fueron desestimadas mediante la Resolución 1440 de 2015.

11. Por medio del Decreto 3329 del 8 de agosto de 2016, el Procurador General de
la Nación nombró en periodo de prueba al señor Carlos Mauricio García Casas y
ordenó la desvinculación del servicio de la actora, pese a que esta se encontraba
en condición de prepensionada.

12. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículos 4°, 13, 113, 279 y 280 de la Constitución Política; 4.°, 7.°,
194 y 203 de los Decretos 262, 263 y 264 del 2000; Resolución 253 del 2012. Al
desarrollar el concepto:

13. Sostuvo que el acto de retiro fue el resultado de un concurso ilegalmente
convocado, en la medida en que, pese a que los procuradores judiciales I y II tienen
las mismas calidades, remuneración y prestaciones de los jueces y magistrados
ante quienes actúan, no se tuvieron en cuenta las condiciones particulares que rigen
la selección de estos últimos.

14. Señaló que, así como en la Rama Judicial la provisión de cargos de carrera se
realiza a través del sistema de curso-concurso, lo mismo debió ocurrir en el régimen
especial de la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, este aspecto no fue
previsto.

15. Agregó que, al tratarse de un régimen especial de carrera, la selección de los
funcionarios de la procuraduría está sujeta a reserva legal, razón por la cual el
Procurador General de la Nación no podía regular, mediante la Resolución 040 de

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2015, aspectos esenciales y definitorios del sistema de carrera, pues tales materias
correspondían al legislador.

16. Alegó que la desvinculación de la demandante desconoció su condición de
prepensionada, pues fue retirada cuando le faltaban aproximadamente tres (3) años
para alcanzar su pensión de jubilación.

17. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la
Procuraduría General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda. Con tales fines:

18. Afirmó que el régimen aplicable a los empleos de la entidad es el previsto en el
Decreto Ley 262 de 2000, el cual regula la selección, ingreso, permanencia y retiro
del personal.

19. Manifestó que en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013
y en el Auto 255 de ese mismo año, abrió mediante la Resolución 040 de 2015 el
proceso de selección para proveer en carrera administrativa todos los cargos de
procurador judicial, incluido el ocupado por la demandante.

20. Expresó que el subproceso de selección de personal de carrera se encuentra
certificado bajo la norma ISO 9001:2008 y se rige por procedimientos internos
acordes con el Decreto Ley 262 de 2000, el cual no contempla la modalidad de
curso–concurso, mecanismo que nunca ha sido implementado por la entidad.

21. En cuanto a la condición de prepensionada, arguyó que en sus sentencias de
unificación, la Corte Constitucional ha ordenado la adopción de medidas afirmativas
para que estas personas sean las últimas en ser desvinculadas, lo cual no implica
un derecho a la permanencia indefinida en el empleo.

22. Añadió que no es jurídicamente viable desplazar a quien obtuvo legítimamente
el derecho a ingresar a la carrera administrativa, por quien ocupa el empleo en
provisionalidad, aun cuando este último se encuentre en condición de
prepensionado.

23. Precisó que no es necesaria la expedición de una ley para crear un nuevo
sistema de carrera para los procuradores judiciales, ni resulta aplicable la Ley 270
de 1996, por ser exclusiva de la Rama Judicial.

24. La intervención del señor Carlos Mauricio García Casas3. Afirmó que los
actos administrativos demandados gozan de presunción de legalidad y no han sido
anulados por la autoridad judicial competente.

2 Folios 9 a 55 del PDF 020Memorial contentivo del expediente digital, el cual puede ser visible al descargar el

documento denominado «6ED_EXPEDIENTE_24262025TestigoDocum(.pdf).pdfNroActua 2», del índice 02 de
la plataforma SAMAI
3 PDF 34 del expediente digital, el cual puede ser visible al descargar el documento denominado

«6ED_EXPEDIENTE_24262025TestigoDocum(.pdf).pdfNroActua 2», contentivo del índice 02 de la plataforma
SAMAI.

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25. Señaló que no intervino en la formación y expedición del acto sometido a juicio,
pues estos obedecieron a una decisión propia y autónoma de la Procuraduría
General de la Nación.

26. Formuló las excepciones de «no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios», «falta de legitimación en la causa por pasiva», «los
derechos de carrera administrativa reconocidos a favor del doctor Carlos Mauricio
García Casas, no pueden verse afectados por la decisión de fondo que se profiera»,
«la demandante no ostentaba la calidad de pretensionada (sic)», «el concurso de
méritos para acceder al cargo de procurador judicial, fue como consecuencia de la
orden proferida por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 de 2013» y «el
concurso de méritos para acceder al cargo de procurador judicial, no era igual al
curso concurso para ingresar a la carrera judicial».

27. Sentencia de primera instancia4. El 18 de julio de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda. Con tal finalidad:

28. Sostuvo que no era posible examinar los reproches de legalidad invocados
frente a la Resolución 040 de 2015 -que convocó a concurso de méritos los cargos
de procuradores judiciales-, pues mediante sentencia de 30 de junio de 2021
(emitida en el expediente 11001-03-25-000-2015-00366-00), esta corporación negó
las pretensiones de anulación presentadas en su contra. Que tal providencia hizo
tránsito a cosa juzgada, con efectos erga omnes y, por tanto, impide un nuevo
debate al respecto.

29. Afirmó que en la aludida sentencia se concluyó que, al expedir la Resolución
040 de 2015, el Procurador General de la Nación actuó dentro del marco de sus
competencias legales y en cumplimiento de una orden judicial, por lo que no se
configuró el vicio de falta de competencia ni el de violación de reserva legal.

30. Adujo que el argumento relativo a la violación del principio de igualdad por no
adelantar un curso-concurso como lo hace la Rama Judicial frente a los aspirantes
a jueces y magistrados, no solo desconoce la sentencia C-101 de 2013, que declaró
que a los procuradores judiciales se les aplica el régimen especial de carrera de la
procuraduría, sino también que en este sistema no está contemplado el modelo de
evaluación de la referencia.

31. Expresó que la falta de concepción de equivalencias entre los parámetros de
estudio y experiencia no desconoce la normativa vigente, pues en el Decreto Ley
263 de 2000 tal regulación está prevista como potestad y no como obligación.
Además, destacó que la procuraduría decidió no incluir este ítem, para preservar la
igualdad en torno a los jueces y magistrados, a quienes tales lineamientos no le son
aplicables.

4 PDF 18 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la

plataforma SAMAI.

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32. Precisó que la falta de notificación personal del acto que ordenó la
desvinculación del servicio no afecta su legalidad, sino su eficacia. Manifestó en
consecuencia que en este asunto la publicidad se cumplió con la simple
comunicación de la decisión, en tanto existía una justa causa para dar por terminada
la relación laboral provisional.

33. Aseguró, con base en la sentencia SU-003 de 2018 que, aunque la demandante
demostró tener un poco más de las semanas mínimas requeridas para acceder al
derecho pensional, tal situación no le atribuye la condición de prepensionada pues,
para la consolidación de aquella prerrogativa solo faltaba cumplir con la edad
respectiva, límite que, para su concreción no necesita mantener la relación laboral.

34. Concluyó entonces que el retiro del servicio no devino de actos arbitrarios, sino
por el contrario se fundamentó en una causal legal como es la provisión del empleo
por el sistema de méritos previsto en la Constitución Política.

35. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de
la parte demandante la recurrió en apelación. Para ello:

36. Reprochó que el a quo se haya apartado de la jurisprudencia constitucional
vigente para el año 2016, que establecía que la condición de prepensionado surgía
cuando el interesado demostraba que le faltaban menos de tres años para
consolidar su pensión de vejez, ya sea por el requisito de edad, ora por el de tiempo
de servicios y/o semanas cotizadas o ambos.

37. Alegó que la sentencia SU-003 de 2018 opera hacia el futuro, por lo que no rige
la situación de la demandante, quien, para el mes de agosto de 2016, fecha en que
fue retirada del servicio, le faltaban menos de 3 años para arribar a los 57 años de
edad.

38. Argumentó que la Procuraduría General de la Nación no adoptó las medidas
afirmativas procedentes para garantizar su estabilidad laboral y, de contera, facilitar
el acceso a la pensión de vejez.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

39. La admisión del recurso. Mediante auto del 5 de diciembre de 20256 se admitió
el recurso de apelación. Dentro de las oportunidades de ley no se registraron
intervenciones de las partes ni del agente del Ministerio Público delegado ante esta
corporación.

5 PDF 021 del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de gestionar documentos de la

plataforma SAMAI.
6 Actuación visible en el índice 6 de la plataforma SAMAI.

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40. Control de legalidad7. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

41. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

42. Problema jurídico. Corresponde a la Sala establecer si ¿La condición de
prepensionada alegada por la actora no debía ser definida a la luz de lo establecido
en la sentencia SU-003 de 2018, sino conforme a la jurisprudencia constitucional
vigente para la fecha en que fue retirada del servicio?

43. Con tales fines, la Subsección abordará los requisitos jurisprudenciales para la
configuración de la calidad de prepensionado.

44. Requisitos jurisprudenciales para la configuración de la calidad de
prepensionado.

45. La Corte ha distinguido la figura del «retén social» creada con la Ley 790 de
2002 de la condición de «prepensionado» de origen jurisprudencial, para concluir,
en una primera etapa, que esta última cualidad beneficia a «[…] aquellos servidores
que cumplan con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez
dentro de los tres años siguientes o, en otras palabras, aquellos a los que les falte
tres años o menos para cumplir los requisitos que les permitirían acceder a la
pensión de jubilación o vejez».9

46. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha pregonado que este instituto
«[…] protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez, ante su
posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del empleo. Por
tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la cotización efectiva al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para consolidar los requisitos
que le faltaren para acceder a su pensión de vejez».10 (El énfasis es de la Sala).

47. No obstante, a través de la sentencia SU-003 de 2018, la Corte Constitucional
unificó su jurisprudencia en torno a esta figura, concluyendo que cuando el único
requisito faltante para acceder al derecho prestacional es la edad, no puede
pregonarse la calidad de prepensionado y, en ese orden, activar el fuero de
estabilidad laboral reforzada que de él emana, en razón a que tal exigencia «la

7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 Sentencia SU-897 de 2012.
10 Sentencia SU-003 de 2018.

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edad» se cumple con el simple decurso del tiempo, sin necesidad de que exista y/o
se mantenga el vínculo laboral.

48. En sentencia T-253 de 2023, la Corte Constitucional, guiada por la providencia
arriba citada, concluyó:

«…5.2.2 La estabilidad laboral reforzada de los prepensionados

86. De acuerdo con la sentencia SU-003 de 2018, son prepensionados las personas
vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas (dentro de
los siguientes tres años) a cumplir el número de semanas -o tiempo de servicio-
requeridos en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital
necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En esa decisión, la
Corte unificó su jurisprudencia para determinar que los funcionarios de libre
nombramiento y remoción no gozan de estabilidad laboral reforzada, y que no
tiene la calidad de prepensionado el funcionario al que solamente le falta
cumplir el requisito de la edad para obtener la pensión. (El énfásis es de la
Subsección)

87. La calidad de prepensionado protege la expectativa de obtener la pensión de vejez
ante la pérdida intempestiva de su empleo. Por lo anterior, la estabilidad laboral
reforzada a favor del prepensionado ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad
en la cotización efectiva al sistema general de seguridad social en pensiones para
consolidar así los requisitos que le faltan para obtener la pensión de vejez, que deben
corresponder a la cotización equivalente a tres años o menos (es decir a 154,44
semanas de cotización o menos, para el Régimen de Primera Media con Prestación
Definida)»

49. Bajo el anterior contexto normativo y jurisprudencial, la Sala resolverá el
interrogante arriba planteado.

50. Caso concreto. Antes de resolver el interrogante planteado, aclara la Sala que,
si bien en la sentencia de primera instancia se desvirtuaron varios cargos
propuestos en la demanda, lo cierto es que, al sustentar la alzada, la actora solo
cuestionó la decisión tomada frente a su condición de prepensionada, razón por la
que la atención de esta Subsección se centrará en dicha calidad.

51. Interrogante único: ¿La condición de prepensionada alegada por la actora no
debía ser definida a la luz de lo establecido en la sentencia SU-003 de 2018, sino
conforme a la jurisprudencia constitucional vigente para la fecha en que fue retirada
del servicio?

52. Para la Sala, la condición de prepensionada si debió ser definida conforme con
la regla depositada en la sentencia SU-003 de 2018, tal como lo concluyó el a quo,
y no con base en los criterios expuestos en las providencias del año 2016, como lo
sostuvo la recurrente, por cuanto:

53. Las sentencias de unificación producen efectos generales e inmediatos, pero
retrospectivos11 -salvo que en la respectiva decisión se exprese lo contrario-, lo que

11 Sentencia T-044 de 2022.

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implica que, en principio, sus reglas sean aplicadas para la resolución de casos con
supuestos fácticos y jurídicos similares.

54. Lo anterior, en razón a que, como bien lo señaló la Corte Constitucional en la
sentencia SU-406 de 2016, el juez debe examinar si la aplicación de la nueva
medida jurisprudencial adoptada en la providencia unificadora no afecta los
derechos fundamentales de los sujetos procesales.

55. Adicionalmente, se advierte que, aunque en la Sentencia SU-003 de 2018, la
Corte Constitucional unificó la jurisprudencia en relación con el fuero de
prepensionado de quienes ocupen cargos de libre nombramiento y remoción, en
diversas oportunidades el criterio allí adoptado se ha extendido a quienes ostenten
empleos en provisionalidad, de tal suerte que es aplicable al caso bajo estudio.

56. Por tanto, el cambio de precedente contenido en la sentencia SU-003 de 2018,
produjo efectos retrospectivos que abarcan todos los casos judiciales que
comparten identidad fáctica y jurídica y que se encuentran pendientes de resolución.

57. En consecuencia, se tiene que, para la fecha en que fue emitido el acto
administrativo de retiro, la parte actora no tenía, a la luz de la jurisprudencia en cita,
la condición que alega pues, aunque acreditó tener más de 20 años de servicio, en
la petición del 5 de julio de 201612 puso de presente que la consolidación del
derecho pensional dependía exclusivamente del cumplimiento de la edad, pues para
aquel entonces tenía 54 años.

58. Por ende, y como quiera que la situación de la demandante si quedó cobijada
por la regla de unificación depositada en la sentencia SU-003 de 2018, es más que
procedente confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones
de la demanda.

59. En tal contexto, y con fundamento en lo anteriormente concluido, la
Procuraduría General de la Nación no tenía el deber de adoptar medidas afirmativas
en favor de la accionante, tendientes a garantizar su estabilidad laboral y, de
contera, el acceso a su pensión de vejez.

60. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de

12 Folio 18 del PDF 001Anexosdelademanda del expediente digital, el cual puede ser visible al descargar el

documento denominado «6ED_EXPEDIENTE_24262025TestigoDocum(.pdf).pdfNroActua 2», contentivo del
índice 02 de la plataforma SAMAI.

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fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos.

62. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas sobre la parte vencida en el proceso.

63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

64. En consecuencia, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandante, por cuanto resultó vencida en el presente proceso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

65. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de julio de 2025, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Ángela María Arroyave Bustamante y otros en contra la Procuraduría
General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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