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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-01589-01

Fecha
3 de febrero de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-01589-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia del 27 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es patrimonialmente responsable por la pérdida de cultivos lícitos del demandante con ocasión de la aspersión aérea del 18 de abril de 2015. SEGUNDO: CONDENAR en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar a favor de Óscar Cano Elorza, por concepto de daño emergente, las sumas que se demuestren en el incidente de liquidación de perjuicios, de conformidad con los parámetros contenidos en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: CONDENAR a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante las costas del proceso y FIJAR 1 SMLMV, por concepto de agencias 41 Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775) Demandante: Óscar Cano Elorza Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional Proceso: Reparación directa en derecho. QUINTO: Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2017-01589-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

3 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-01 (70775)
Demandante Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Proceso: Reparación directa

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS-Ley
30 de 1986. ASPERSIÓN AÉREA CON GLIFOSATO-Actividad antinarcótica artículo 77 de la Ley 30 de 1986.
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR GLIFOSATO-Falla del servicio y riesgo
excepcional. FALLA DEL SERVICIO-Título de imputación aplicable cuando se acredite incumplimiento al plan
de manejo ambiental o plan de aspersión. RIESGO EXCEPCIONAL-La aspersión aérea de glifosato es una
actividad peligrosa para el medio ambiente. COSTAS-Se condena a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación (art. 366 del CGP).

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandada contra la sentencia del 27 de septiembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de abril de 2015, en el municipio de Valdivia, Antioquia, vereda “El Pescado”,
la Policía Antinarcóticos fumigó con glifosato unos cultivos ilícitos. El herbicida, sin
embargo, cayó en terrenos aledaños -en los que Óscar Cano Elorza ejercía actos
de posesión- y afectó sus cultivos de aguacate, guanábana, piña, yuca y plátano.

Alega que la aspersión aérea con glifosato causó la pérdida total de sus productos
y, además, que las operaciones antinarcóticos superaron los límites permitidos en
el plan de manejo ambiental.

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

ANTECEDENTES
La demanda

El 8 de junio de 20171, Óscar Cano Elorza formuló demanda de reparación directa
contra la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Se declare judicialmente que LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-
POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS son
administrativamente responsables por el daño antijurídico causado al demandante
por la aspersión aérea del herbicida glifosato, ocurrida el día 18 de abril de 2015,
en la finca “La Torre” vereda el Pescado municipio de Valdivia (Ant), aspersión en
la cual se afectaron cultivos de aguacate, piña, guanábana, yuca, plátano.

SEGUNDA: Que en virtud de la declaración anterior se condene a LA NACIÓN
COLOMBIANA-MINISTERIO DE DEFENSA–POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN
ANTINARCÓTICOS a pagar al señor ÓSCAR CANO ELORZA, por concepto de
PERJUICIOS MATERIALES en modalidad de LUCRO CESANTE, por el daño de
los cultivos de aguacate, piña, yuca, guanábana y plátano, las sumas y por los
conceptos dispuestos en la siguiente tabla, la cual asiste a los valores asignados
para cada producto conforme su edad y producción, así estimado y certificado por
los funcionarios de la UMATA del municipio, quienes asistieron al predio en
cuestión, en calidad de inspección, de la cual se aporta prueba.

Tipo de cultivo Número de plantas valor unitario planta valor total producto

Aguacate papelillo 600 $1.000.000 $600.000.000
Piña 7000 $20.000 $140.000.000
Guanábana 200 $100.000 $20.000.000
Yuca 600 $500 $3.000.000
Plátano 30 $20.000 $600.000

(…)

TOTAL INDEMNIZACIÓN: $763.600.000.00

TERCERA: Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA-MINISTERIO DE
DEFENSA-POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS debe pagar las
sumas solicitadas en la presente demanda o el acuerdo conciliatorio que le ponga
fin al presente proceso, en los términos dispuestos por el artículo 192 de la Ley
1437 de 2011 y el trámite del pago se sujetará a las reglas del artículo 195 de la
misma Ley.

CUARTA: Que LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA -
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS realice el pago de las
anteriores cuantías debidamente indexadas.

QUINTA: Que se condene a LA NACION COLOMBIANA-MINISTERIO DE
DEFENSA-POLICÍA NACIONAL-DIRECCIÓN ANTINARCÓTICOS al pago de
costas del proceso y agencias en derecho2.

1 F. 1-9 páginas 3-14 c. 1.
2 F. 2-3 páginas 5-7 c. 1.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

Hechos

La demanda afirmó que Óscar Cano Elorza era poseedor de la finca “La Torre”,
ubicada en la vereda “El Pescado”, municipio de Valdivia, Antioquia. En ella tenía
un proyecto de cultivo de aguacate, piña, guanábana, yuca y plátano, actividad
económica de la cual dependían él y su familia.

Indicó que, el 18 de abril de 2015, aproximadamente a las 11:30 a.m., la Policía
Antinarcóticos fumigó con glifosato unos cultivos ilícitos en la vereda “El Pescado”.
El herbicida, sin embargo, se esparció en terrenos aledaños -uno de ellos el que
tenía Óscar Cano Elorza en posesión- y dañó los cultivos de aguacate,
guanábana, piña, yuca y plátano.

Por estos hechos, el agricultor presentó una queja ante la Unidad de Asistencia
Técnica Agropecuaria-UMATA, quienes, a su vez, enviaron técnicos a practicar
una visita de revisión a los cultivos afectados.

El demandante -sin hacer mención a régimen o título de imputación alguno-
atribuye responsabilidad al Estado, porque la aspersión aérea con glifosato causó
la pérdida total de sus productos y, además, afectó la economía familiar
-dependiente del cultivo-3.

Contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional señaló que su actuación fue
legítima, pues se ejecutó en cumplimiento del programa de erradicación de
cultivos ilícitos. Agregó que no estaba probado el daño, ni la falla de servicio por
actividad irregular o deficiente.

La entidad reconoció que, el 18 de abril de 2015, la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional realizó fumigación a cultivos ilícitos sobre el predio ubicado en la
vereda “El Pescado” del municipio de Valdivia, Antioquia. Por esta operación, el
demandante instauró queja ante la Alcaldía de Valdivia, quien, a su vez, la remitió
a la Policía Nacional para el trámite administrativo. Sin embargo, dentro del
procedimiento no se probó la presencia del herbicida en el producto. Al respecto,

3 F. 4-5, páginas 9-11 C. 1.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

para acreditar esta circunstancia, se requería prueba científica de toxicidad con
glifosato y el demandante solo aportó una inspección con concepto de la UMATA
que no tenía la eficacia probatoria para concluir ese aspecto.

Respecto del daño alegado, sostuvo que el demandante no acreditó la afectación
a los cultivos y la relación de ese daño con la aspersión del 18 de abril de 2015.
En relación con la actividad de erradicación por aspersión propiamente dicha,
sostuvo que esta era una actividad reglada con (i) parámetros de
georreferenciación, (ii) reconocimiento aéreo del área con el cultivo ilícito y su
cuantificación, (iii) verificación posterior del área de trabajo previo a iniciar la
operación, (iv) sistema de seguimiento satelital y toma de medidas de sitio exacto
objeto de la operación y (v) sobrevuelo a poca altura para no afectar a zonas
adyacentes. Agregó que, además de esos parámetros, la erradicación contaba
con una auditoría ambiental que realizaba seguimiento con sobrevuelo y
verificación de zona asperjada para determinar la eficacia de la operación o, en su
lugar, comprobar daños a zonas adyacentes con cultivos lícitos.

Puntualmente, sobre la aspersión de abril de 2015, señaló que la ejecución de la
fumigación aérea en el departamento de Antioquia cumplió con los protocolos
establecidos en la normatividad y hubo una adecuada planeación en la detección,
aspersión y verificación de cultivos ilícitos. De manera que, se concluyó, no está
acreditado el daño antijurídico ni la imputación a la entidad demandada.

Por último, alegó la falta de legitimación en la causa por activa porque el
demandante no probó la calidad de propietario, esto es, la escritura y el certificado
de tradición y libertad4.

Sentencia de primera instancia

El 27 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
porque se demostró que la aspersión con glifosato del 18 de abril de 2015 en
Valdivia, Antioquia, originó la pérdida de los cultivos de Óscar Cano Elorza. Estimó
que las pruebas documentales, testimoniales y el dictamen pericial acreditaron la
conexión entre el daño a los cultivos y la operación antinarcótica.

4 F. 42-50, páginas 87-104 C. 1.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

Consideró que, aunque no se probó una falla del servicio, la actividad legal
ejercida a través de la aspersión aérea creó un riesgo que se concretó en la
afectación económica del demandante. Además, sostuvo que, aunque el
procedimiento adelantado por la Policía Antinarcóticos excluyó una compensación
económica para Óscar Cano Elorza, esta decisión administrativa no ataba al juez
de la reparación al ser procesos autónomos y con distintos orígenes y finalidades.

En consecuencia, declaró la responsabilidad de la entidad demandada y ordenó el
pago de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente5.

Recurso de apelación

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional interpuso recurso de apelación
contra la sentencia y señaló que imputar el daño a título de riesgo excepcional era
una postura alejada de toda proporción normativa y jurisprudencial pues la única
forma de declarar la responsabilidad era si y sólo si le precedía una falla del
servicio probada.

Agregó que el análisis efectuado por el Tribunal no se fundamentó en pruebas
técnicas ni científicas y llegó a conclusiones a partir de conjeturas sustentadas en
prueba testimonial. Estos medios probatorios, según el recurso, no eran
suficientes para determinar o identificar la presencia del herbicida en los cultivos
afectados del demandante. El Tribunal, sin embargo, concluyó la presencia del
glifosato y desconoció el universo probatorio que respaldaba las decisiones
adoptadas por la entidad al momento de negar la compensación.

El acto administrativo que declaró la no procedencia de la compensación fue una
decisión que la demandante no cuestionó, y sus fundamentos –más científicos que
argumentativos–, respaldado en estudios técnicos nacional e internacionales, no
fueron desvirtuados con las pruebas que obran en el expediente de reparación
directa. Además, el Tribunal no tuvo en cuenta la prueba técnica de distancia entre
el predio afectado y la zona asperjada, circunstancia suficiente para descartar la
relación entre el daño y la operación antinarcótica.

5 Samai, índice 2, documento “ED_03SENTENCIA”.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

Insistió que no podía acudirse a la conjetura y a la prueba indiciaria para concluir
aspectos técnicos, pues son fundamentos sin certeza probatoria y científica que
impiden atribuir el daño a título de riesgo excepcional o de falla del servicio.
Agregó que la ejecución de la fumigación aérea en el departamento de Antioquia
cumplió con los protocolos establecidos en la normatividad, con una adecuada
planeación en la detección, aspersión y verificación de cultivos ilícitos.

Trámite de segunda instancia

El 25 de octubre de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y el 8 de
marzo de 2024, el Despacho lo admitió y ordenó su ingreso para fallo7 (numeral 5
del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
20218). El Ministerio Público conceptuó que se debía confirmar la decisión, porque
que se demostró que la afectación de los cultivos fue consecuencia de la
aspersión aérea con glifosato9.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 8 de junio de 2017, por lo tanto, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA10, este código
empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código11, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea

6
Samai del Tribunal, índice 55.
7 Samai, índice 2, documento “15_AUTOQUEADMITE_70775ADMITEAPELACION_20240410121200”.
8 «Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por
escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar […]».
9 Samai, índice 11.
10 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
11 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

6

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA12. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA13, según el cual conoce de los recursos de apelación
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos
por el artículo 152.6 del CPACA14, esto es, $368.858.50015.

Medio de control procedente

3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo16, cuya legalidad no se cuestiona. En
este caso el medio de control de reparación directa resulta procedente, por
reclamarse el daño derivado de las aspersiones aéreas de glifosato sobre cultivos
ilícitos.

12 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
13 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
14 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
15 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017 $737.717, por 500.
16 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

Es pertinente dejar claro que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado –al interior de las subsecciones– abordó este presupuesto procesal de
diferentes formas, por la naturaleza de la actividad causante del daño y la
existencia de un procedimiento administrativo compensatorio derivado.

En un primer momento se consideró que, al existir un procedimiento reglado –en
el que el afectado solicitaba a la Policía Nacional una compensación dineraria por
los productos infectados con el herbicida– el medio de control procedente era el de
nulidad y restablecimiento, a través del cual podía cuestionar la decisión de la
Administración contenida en un acto administrativo17.

En decisiones posteriores se cambió esta postura, para, en su lugar, concluir que
la existencia de un procedimiento administrativo compensatorio no excluía la
acción derivada de la operación con glifosato, es decir, cuando el daño surgía de
la actividad en sí misma y no en una decisión administrativa. En este sentido, se
consideró que el hecho de que el Consejo Nacional de Estupefacientes hubiere
creado un procedimiento administrativo para la reclamación de compensaciones
económicas por cuenta de daños concretados por la aspersión aérea de glifosato,
no tenía la virtualidad de alterar o modificar la acción idónea para juzgar la
responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, la de reparación directa18.

Al respecto, en virtud de ese cambio en la posición –vigente al momento de esta
sentencia– el medio de control de reparación directa es procedente en eventos de
daños causados por aspersión aérea con glifosato, puesto que el origen del daño
está, precisamente, en esa actividad, y no en un acto administrativo que modifica,
crea o extingue una situación jurídica determinada, proferido dentro de un
procedimiento cuya finalidad no es la de reparar perjuicios sino reconocer “una
compensación económica” al afectado, proceso que, además, no es obligatorio
agotar como un presupuesto de responsabilidad. Al respecto, dijo la Subsección A:

En el presente caso debe advertirse que si bien en oportunidad anterior19 esta
Subsección, por decisión mayoritaria consideró que, comoquiera que para la época
de ocurrencia de los hechos se encontraba vigente el procedimiento administrativo

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6

de febrero de 2020, expediente 54797. C.P. Martha Nubia Velásquez.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2021, expediente

62022. C.P. María Adriana Marín.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de febrero de 2020, expediente 54797.

M.P. Martha Nubia Velásquez, aprobada con salvamento de voto de la M. María Adriana Marín.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

especial para la reclamación de los perjuicios derivados de las aspersiones con
glifosato y en ese orden, en los casos en que los demandantes optaron por
agotarlo, debía demandarse en acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo cierto es, que la Subsección en decisión posterior mayoritaria recogió dicho
criterio20 para señalar que esa postura no se compartía porque el hecho de que el
Consejo Nacional de Estupefacientes hubiere creado un procedimiento
administrativo para la reclamación de compensaciones económicas por cuenta de
daños concretados por la aspersión aérea de glifosato, no tenía la virtualidad de
alterar o modificar la acción idónea para juzgar la responsabilidad patrimonial del
Estado, esto es, la de reparación directa.
En otras palabras, la causa del daño no mutaba en este tipo de supuestos, por
cuanto continuaba siendo el hecho de la Administración, consistente en aspersión
aérea con glifosato, no así el acto administrativo que ponía fin al procedimiento de
compensación.

De allí que, el acto administrativo que negó la compensación económica no fue la
fuente del daño, así como tampoco creó, modificó o extinguió una situación jurídica
concreta, puesto que el daño no tuvo su origen en la voluntad unilateral de la
Administración, sino en una actuación material consistente en la fumigación aérea
con el referido herbicida.
Así pues, como se expuso en reciente pronunciamiento la parte actora no se
encontraba en la obligación de ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a las decisiones proferidas por la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional que negó la compensación, porque dicha
figura “i) no es propiamente una reparación ni entraña un juicio de responsabilidad,
ii) no comporta un trámite obligatorio para los afectados, iii) la fuente del daño tiene
origen en un hecho endilgado a la administración y no en una decisión que puso fin
a una actuación administrativa y, iv) la compensación no puede constituirse en un
medio que excluya la reparación, lo que significa que resultaba procedente la
acción impetrada”21.

Ahora bien, si de la lectura de los hechos y pretensiones, el origen del daño
reclamado surge de un acto administrativo y en la demanda se cuestionan,
además, los fundamentos fácticos y jurídicos de esa decisión, en otros términos, si
el daño no surge de la actividad de aspersión propiamente dicha, podría concluirse
que el medio de control idóneo para acceder a la jurisdicción es la de nulidad y
restablecimiento del derecho22, circunstancia que no sucede en el caso que nos
ocupa.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones en reparación directa, según el literal i)

20 Sentencia de 23 de abril de 2021, Exp. AG 2014-00209. Se advierte que la Consejera de Estado Marta

Nubia Velásquez salvó voto frente a este pronunciamiento.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2021, expediente

62022. C.P. María Adriana Marín.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 2

de marzo de 2022, rad. 56224, C.P. Guillermo Sánchez Luque.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

del artículo 164.2 del CPACA23 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

La demanda se interpuso en tiempo –8 de junio de 2017– puesto que el 18 de abril
de 2015 la fuerza pública realizó una operación de aspersión con glifosato sobre
cultivos ilícitos en el corregimiento de “El Pescado”, Valdivia, Antioquia. Esta
circunstancia, según la demanda, produjo la pérdida de los cultivos de aguacate,
piña, guanábana, yuca y plátano de Óscar Cano Elorza.

En efecto, el 13 de diciembre de 2016 se presentó la solicitud de conciliación
prejudicial, diligencia que suspendió el término de caducidad hasta el 15 de
febrero de 2017 siguiente, fecha en la que se declaró fallida la audiencia. A partir
de ese momento se reanudó el conteo por los 4 meses y 3 días faltantes que
vencían en 21 de junio de 201724.

Legitimación en la causa

5. Óscar Cano Elorza es la persona sobre la cual recae el interés jurídico que se
debate en este proceso, ya que acreditó la calidad de poseedor sobre el predio
“Colinas de la Torre” o “Las Torres”.

En efecto, (i) el trámite administrativo de reclamación por daños a cultivos, (ii) el
contrato de permuta celebrado entre Belisario Antonio Medina Pérez (antiguo
poseedor regular) y Óscar Cano Elorza, (iii) el contrato de compraventa de
posesión material sobre la finca “La Torre” entre Belisario Antonio Medina y Óscar
Cano Elorza y (iv) la prueba testimonial, dan cuenta de la tenencia material de la
finca “Colina de las Torres” o “Las Torres” por parte de Óscar Cano Elorza y de
sus actos de señor y dueño sobre el predio, conforme en lo dispuesto en los
artículos 762, 764, 765 y 768 del Código Civil.

23 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia […]».
24 F. 24-29 c. 1 principal.

10

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional está legitimada en la causa por
pasiva porque es a la entidad que corresponde asegurar la convivencia pacífica
conforme a los artículos 2 y 217 de la Constitución Política. Además, a través de la
Policía Antinarcóticos, tiene a su cargo ejecutar las operaciones aéreas con
herbicidas sobre cultivos ilícitos, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1986.

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si las operaciones antinarcóticas de
aspersión con glifosato en la vereda “El Pescado” –en abril de 2015– afectaron los
cultivos agrícolas de Óscar Cano Elorza causando el daño antijurídico cuya
reparación se pretende en la demanda.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por la Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional, la Sala estudiará el asunto de conformidad con los artículos 320 y 32825
del CGP, es decir, en los puntos del recurso de la parte demandada.

Este último aspecto es importante porque, en primera instancia el Tribunal
Administrativo de Antioquia encontró probado el daño en el proyecto agrícola del
demandante y la apelación solo se centró en el estudio jurídico y probatorio de la
operación antinarcótica de la entidad demandada, del título de imputación y del
nexo causal con el daño (pérdida de cultivos). De manera que es este, y no otro, el
único alcance del juez de segunda instancia, es decir, los argumentos expuestos
por el apelante.

Marco legal del programa de erradicación de cultivos ilícitos con empleo de
herbicida glifosato

25 «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. […] El juez no podrá hacer más
desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella».

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

8. Conforme a los artículos 8, 77 y 91 de la Ley 30 de 1986 –Estatuto Nacional de
Estupefacientes– es función del Estado la erradicación de cultivos ilícitos. Para
instrumentalizar ese deber, la Ley encargó al antiguo Consejo Nacional de
Estupefacientes regular los métodos empleados para la destrucción de
plantaciones y elementos usados para crear y procesar estupefacientes. En ese
marco de acción, el Consejo tenía a su cargo formular las políticas, planes y
programas que las entidades públicas y privadas debían adelantar para la lucha
contra la producción, comercio y uso de drogas que producen dependencia.
Igualmente, propondría medidas para el control del uso ilícito de tales drogas.

A su turno, se encomendó a la Dirección Nacional de Estupefacientes –con apoyo
de la Policía Nacional– la destrucción de cultivos de plantaciones de las que se
extraen sustancias psicoactivas dependientes que no contaran con licencia o
permiso especial de autoridad competente. La destrucción de plantaciones,
conforme a la misma Ley, se haría (y se hace) a través de medios adecuados
–previo concepto favorable de organismos encargados de la salud de la
población–.

El Decreto reglamentario 423 de 1987 –adoptado como legislación permanente
mediante Decreto 2253 de 1991– agrupó dos dependencias de la Policía Nacional
(Control de Sustancias que producen Adicción Física o Psíquica y Servicios
Aéreos de la Policía Nacional) y dispuso la creación de la Dirección de Policía
Antinarcóticos con la finalidad de planear y dirigir las operaciones policiales
tendientes a la prevención y represión, en el territorio nacional, de las conductas
delictivas o contravencionales relacionadas con la producción, fabricación,
exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de
estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales estos se
produzcan, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1986.

En enero de 1992, como último mecanismo de control dentro de las competencias
legales, el Consejo Nacional de Estupefacientes autorizó la aspersión aérea
controlada de cultivos ilícitos de amapola a través del empleo del agente químico
glifosato (Resolución 1 de 1994). En 1994, amplió el método aéreo de aspersión
para plantaciones de cultivos de coca y marihuana, y estableció unos parámetros
operacionales para asegurar la correcta ejecución de las operaciones de
destrucción de los cultivos ilícitos: 1. Reconocimiento de áreas de cultivo. 2.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

Procedencia del método de aspersión área controlada. 3. Planeamiento
operacional. 4. Coordinación con autoridades locales. 5. Acción cívico policial. 6.
Evaluación periódica de resultados. 7. Auditoría ambiental. 8. Áreas de manejo
especial y reservas naturales. 9. Programas de rehabilitación social, económica y
ecológica.

Diez años más tarde, por la persistencia de zonas dedicadas a siembra de cultivos
ilícitos y la injerencia en ese fenómeno de agrupaciones guerrilleras y grupos al
margen de la Ley con nocivas consecuencias sociales, por medio de la Resolución
No. 0013 de 2003, el Consejo Nacional de Estupefacientes ratificó el empleo del
herbicida glifosato como parte del programa de erradicación de cultivos ilícitos y se
enfatizó que este método operaría en todas las regiones del territorio nacional
donde se evidenciara presencia de cultivos ilícitos, o en áreas en las que se
mezclara el cultivo ilícito con lícito. Sin embargo, se aclaró que el programa debía
contar con un plan de manejo ambiental elaborado, ejecutado y controlado por el
Ministerio de Ambiente en coordinación con la Dirección Antinarcóticos de la
Policía Nacional.

La Resolución No. 0013 de 2003, al igual que la Resolución No. 1 de 1994, definió
unos parámetros operacionales para darle orden, marco de acción al programa y
prevenir en mayor medida los efectos colaterales del mismo:

(i) Planeamiento operacional, que implica que, en esa actividad se deben emplear
los recursos humanos, técnicos y financieros dirigidos a prevenir y minimizar los
posibles daños que se puedan derivar del proceso de erradicación aérea 26. (ii)
Reconocimiento de áreas de cultivos ilícitos, el cual supone una identificación y
ubicación exacta del cultivo ilícito, su extensión y medio circundante. (iii)
Operación, que tendrá para su ejecución de bases fijas y móviles en cumplimiento
de un plan de manejo ambiental.

Además, en virtud de la misma resolución, se estableció que el Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos con el Herbicida Glifosato -PECIG- tendría una
auditoría externa encargada de controlar y supervisar la correcta ejecución

26 Conforme al parágrafo del artículo 2 de la Resolución 0013 de 2003, la identificación, ubicación, extensión y

medio circundante de los cultivos ilícitos, sería realizado por la Policía Nacional-Dirección Antinarcóticos, con
el apoyo del proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, mientras el convenio de
dicho proyecto estuviera vigente con las Naciones Unidas o se estableciera otro en su reemplazo.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
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Proceso: Reparación directa

ambiental del mismo, contratada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio
de Justicia y del Derecho.

En los años siguientes, el Consejo Nacional de Estupefacientes siguió regulando
el programa, se amplió la ejecución en parques nacionales –con limitantes
ambientales y de consulta previa–. Una vez entraron en liquidación el Consejo
Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes, la
regulación del programa pasó al Ministerio de Justicia. En sentencia del 11 de
diciembre de 2013, el Consejo de Estado prohibió la aspersión dentro de parques
nacionales y naturales en aplicación del principio de precaución y del in dubio pro
ambiente, bajo el entendido de que, al existir dudas sobre los efectos nocivos en el
ambiente en desarrollo de esa actividad, esta debía ceder ante la protección del
medio ambiente27.

Frente a la actividad de aspersión aérea propiamente dicha, la Corte
Constitucional, por medio de auto 073 de 2014, estableció que, en caso de no
existir certeza científica sobre la inexistencia de un riesgo grave e irreversible para
la salud y el medio ambiente, se debía aplicar el principio de precaución. En esa
línea, ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizar estudios
sobre el impacto del glifosato en la salud y el medio ambiente y otorgó para el
efecto un plazo de tres meses. Una vez vencido, de no llegarse a conclusión
alguna, se debían suspender las aspersiones28.

En septiembre de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, en
cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Salud del 28 de abril de
2015, expidió la Resolución 1214 de 2015 por medio de la cual ordenó –en
aplicación del principio de precaución– la suspensión de las actividades aéreas
antinarcóticas con empleo de herbicida glifosato-PECIG en todo el territorio
nacional. Sin embargo, aclaró que la medida era de carácter preventivo y podía
ser levantada de obtenerse evidencia científica que permita descartar con alto
grado de confianza la correlación directa entre la exposición a herbicida a partir del
ingrediente activo glifosato con linfomas cancerígenos.

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 11 de diciembre

de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
28 Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T 025 de 2004, M.P. Luis Ernesto Vargas

Silva.

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Proceso: Reparación directa

Responsabilidad del Estado por daños causados por aspersiones aéreas
con glifosato

9. Cuando, por cualquier motivo, se producen afectaciones ambientales, se
generan dos modalidades de daños: (i) lesión a un interés colectivo –medio
ambiente propiamente dicho o daño ecológico puro–, que afecta a toda la
colectividad o (ii) daños individuales y concretos –materiales e inmateriales
consecuenciales a la lesión ambiental (daño ambiental impuro). El primero,
permite pretender su reparación por la vía de la acción popular y el segundo a
través de la acción de reparación directa o la de grupo.

Sobre estos dos tipos de daños, ha dicho la jurisprudencia29:

En el ámbito de la responsabilidad del Estado por afectaciones ambientales existe
una tipología de daños antijurídicos, a saber: dañosa un interés colectivo como el
ambiente, y daños particulares y concretos que nacen como consecuencia de la
lesión ambiental.

11. En cuanto a los daños colectivos sobre el ambiente. Según la Corte
Suprema de Justicia30 en este caso se trata del perjuicio que recae sobre el
ambiente, esto es, un valor, interés o derecho público colectivo, supraindividual,
cuyo titular es la humanidad o la colectividad en general, no un particular ni sujeto
determinado, esto es, el quebranto afecta, no a una sino a todas las personas, y
“exclusivamente el medio natural en sí mismo considerado, es decir, las 'cosas
comunes' que en ocasiones hemos designado como 'bienes ambientales' tales
como el agua, el aire, la flora y la fauna salvaje. Se trata entonces de aquello que
se ha convenido llamar 'perjuicios ecológicos puros' “(Geneviève Viney y Patrice
Jourdain., Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., Paris,
1998, p. 55; a la locución, "daño ambiental puro” refiere la Ley 491 de 1999, art. 2º,
inciso 2º, respecto del “seguro ecológico)”31.

11.1. Así las cosas, los daños irrogados a un interés colectivo afectan a la
comunidad, pues el menoscabo se materializa sobre derechos de corte inmaterial
cuya titularidad pertenece a toda la colectividad.

12. En cuanto a los daños individuales, consecuencia de la lesión ambiental.
Si bien la afectación ambiental genera un perjuicio de naturaleza colectiva o “daño
ecológico puro”, también puede generar perjuicios de naturaleza particular, daños
individuales que son la consecuencia o el reflejo de la lesión ambiental,
conocidos por la doctrina como “daño ambiental impuro”; se trata de un perjuicio
consecuencial, conexo, reflejo, indirecto o consecutivo, cuyo derecho no es de
corte subjetivo-colectivo, sino subjetivo-individual. De modo que la afectación
ambiental, no solo genera perjuicios de carácter colectivo cuyos damnificados en

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del

20 de febrero de 2014, Rad. 29028 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 16 de 2011, rad. 52835-3103-001-

2000-00005-01, M.P. William Namén Vargas.
31Ibid.

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muchas de las veces están por establecerse o determinarse, sino también
perjuicios individuales y concretos sobre un particular32.

12.1. Esta diferenciación entre los daños que se infligen al ambiente –daño
ambiental puro- y los que se ocasionan a los particulares –daño ambiental
impuro ha sido recientemente distinguida por la Corte Suprema de Justicia21 en los
siguientes términos:

Daño ambiental sólo es el inferido a los bienes ambientales y, por tanto, al ambiente, o sea,
a un derecho, colectivo, valor o interés público, cuyo titular exclusivo es la colectividad, y
cuya reparación versa sobre éste, sin mirar al interés individual sino al de toda la comunidad,
así en forma indirecta afecte a cada uno de sus integrantes.

Contrario sensu, cuando el daño ambiental, ocasiona también un daño a intereses
singulares, particulares y concretos de un sujeto determinado o determinable, el menoscabo
atañe y afecta estos derechos, a su titular y su reparación versa sobre los mismos, o sea,
mira al interés particular y no colectivo. En este supuesto, no se trata de daño ambiental,
sino del detrimento de otros derechos, es decir, la conducta a más de quebrantar bienes
ambientales, lesiona la esfera jurídica individual de una persona o grupo de personas, ya
determinadas, ora determinables.

12.2. Así las cosas, el daño ambiental puro es cualquier alteración, degradación,
deterioro, modificación o destrucción del ambiente (agua, aire, flora), causados por
cualquier actividad u omisión, que supera los niveles permitidos y la capacidad de
asimilación y transformación de los bienes, recursos, paisajes y ecosistema,
afectando en suma el entorno del ser humano33; mientras que el daño ambiental
impuro se define como la consecuencia de la afectación ambiental que repercute en
el entorno de los seres humanos, y supera los límites de asimilación y de nocividad
que pueda soportar cada uno de estos34.

12.3. Los daños ambientales puros que se producen sobre los intereses colectivos
son perjuicios especiales, que se concretan en el menoscabo de un bien jurídico
inmaterial, unitario y autónomo35 como es el ambiente; así, las condiciones de la
declaratoria de responsabilidad no son las mismas que se contemplan clásicamente
para el instituto de la responsabilidad civil, sino que por ser un perjuicio colectivo: i)
las connotaciones del daño ambiental puro conducen a una transformación del
concepto clásico de derecho subjetivo, puesto que no es menester probar la
afectación de un interés particular y concreto, ser la “persona interesada”36, sino
que, por tratarse de un derecho colectivo, “cualquier persona”37 puede ser titular de

32 Para ilustrar esta situación se podría suponer el caso de un derrame de petróleo en mar abierto, en cuyo

caso se suscitaría una afectación ambiental de carácter ambiental; no obstante, los perjuicios causados a los
particulares, por la contaminación del agua, diferentes de la afectación ambiental en sí misma, y que se
concretan con la muerte de animales de fincas que bebieron el líquido o la muerte de peces de criaderos, son
lesiones que resultan como consecuencia de los efectos de un daño ambiental puro. Así, se tiene que
subsisten perjuicios concretos y particulares, diferentes al perjuicio de interés colectivo o difuso como el
ambiente, que merecen ser indemnizados en la medida que cumplan las condiciones del débito resarcitorio.
33
Cfr. BRICEÑO CHAVES, Andrés Mauricio. “Aproximación a los conceptos de daño ecológico y de daño
ambiental. Dos daños en un mismo esquema de responsabilidad” en Daño ambiental, Universidad Externado
de Colombia, T. II, 2009, p. 71.
34 Ibíd.
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 16 de 2011, rad. 52835-3103-001-

2000-00005-01, M.P, William Namén Vargas
36 Ley 1437 de 2011, art. 140: “Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política,

la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la
acción u omisión de los agentes del Estado” [se destaca].
37Ley 1437 de 2011, art. 145: “Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de
una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios

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este derecho subjetivo supraindividual38; ii) el presupuesto de carácter cierto del
daño puede no estar presente y el juez contencioso podrá en sede de acción
popular evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración de aquellos o la restitución del statu quo anti39.Así las cosas, en materia
de daños ambientales puros, el riesgo desplaza la noción de certidumbre de los
“daños consecutivos”, pues es irrelevante la exigencia de la lesión efectiva y
necesita simplemente la presencia de una señal objetivamente razonada de
amenaza, peligro o riesgo del derecho colectivo al ambiente.

12.4. Repárese, por ende, en la importancia de la separación entre el daño
ambiental puro y el que se concreta en uno o varios individuos como consecuencia
de la lesión ambiental; contraste que alcanza una relevancia específica, ya que
incide directamente en los cauces procesales para acceder a la reparación40.

12.5. Por tal razón, cuando se trata de un daño ambiental puro sin pretensiones
indemnizatorias, que pone en cuestión los derechos colectivos, la acción popular es
la vía procesal idónea para su protección, mientras que en lo relativo a los daños
ambientales impuros, daños que se suscitan como consecuencia de las
repercusiones de las lesiones ambientales, la acción de grupo y la ordinaria de
reparación directa (medio de control de conformidad con el art. 140 de la Ley 1437
de 2011) son los mecanismos procesales idóneos para que un individuo o un sujeto
colectivo los ejercite en aras de instaurar sus pretensiones de indemnización41.

12.6. De lo anterior se tiene que este subsistema de responsabilidad civil
extracontractual tiene una fuente común de daños que se origina en una afectación
ambiental, la cual se puede materializar tanto en un daño ambiental puro, esto es,
daño al patrimonio ambiental de la humanidad, cuyo titular es una persona colectiva,

causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula la materia […]” [se
destaca].
38 “El derecho colectivo se contrapone al concepto tradicional de derecho subjetivo, porque no es posible

exigir en sede judicial, a quien se demanda, la demostración de legitimación en la causa para accionar. El
interés que se exige para poner en movimiento al aparato judicial no se identifica con la lesión a un patrimonio
individual, sino que se viabiliza bajo la premisa de que cada sujeto, en cuanto integrante de la colectividad,
puede pretender la defensa de valores comunes, de forma tal que más que un demandante se transforma en
un representante legítimo del grupo social que actúa mediante cauces procesales que se caracterizan por ser
públicos”. GIL BOTERO, Enrique y RINCON, Jorge Iván, ob.cit., p. 35.
39 Art. 1º de la Ley 472 de 1998.
40 Cfr. MEJIA, Henry. La responsabilidad por daños al medio ambiente.
http://www.henryamejia.site11.com/docs/obras%20autor/responsabilidad.pdf (consultado el 15 de enero de
2014).
41 “Lo importante es dejar en claro que el daño ambiental en su forma pura se presenta sólo cuando se

vulnera un derecho colectivo. En nuestro ordenamiento jurídico, gracias a la existencia de las acciones
populares, se garantiza su defensa. Sin embargo, no se excluye que al presentarse un daño ambiental puro,
también si violen al tiempo derechos individuales, lo cual permite de igual manera la utilización de acciones
que pretendan sólo la reparación del daño individual. Por ejemplo, en el daño sobre una laguna en donde
mediante la acción popular se busca la reparación del ecosistema y por medio de las acciones individuales se
pretende resarcir a los pescadores que perdieron la posibilidad de sus ganancias”. HENAO, Juan Carlos.
“Responsabilidad civil por daño ambiental”, en Revista Zero, Universidad Externado de Colombia, n°. 6, 2001,
pp. 25 y 26.
Al respecto, ha precisado la Corte Suprema de Justicia: “Las acciones populares tienden a la “protección de
los derechos e intereses colectivos", su finalidad es la evitación del daño contingente, la cesación de un
peligro, amenaza, vulneración o el agravio de aquellos o, la restitución de las cosas al statu quo anti (artículo
2º, Ley 472 de 1998), su función preventiva e indemnizatoria atañe al derecho o interés colectivo
comprometido, más no a derechos e intereses particulares. […] Per differentiam, la acción ordinaria de
responsabilidad civil tiene por finalidad la reparación del daño directo y personal causado a uno o varios
sujetos determinados o determinables, se dirige contra el agente o los varios autores in solidum (artículo 2344,
Código Civil), y salvo disposición legal in contrario, exige demostrar a plenitud todos sus elementos
constitutivos, conforme a su especie, clase y disciplina normativa”. Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia del 16 de mayo de 2011, rad. 52835-3103-001-2000-00005-01, M.P. William Namén
Vargas.

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como en un daño ambiental impuro, el cual se concreta en un daño patrimonial o
extra patrimonial de una persona o de varias42. 43

10. La aspersión aérea con empleo del herbicida glifosato –al implicar una
afectación ambiental consecuencial o colateral (lesiones a cultivos, animales o
personas)– ha sido una actividad estatal tratada por el derecho de daños. En estos
eventos, la Sección Tercera, al interior de sus subsecciones, ha abordado estos
supuestos en aplicación de los títulos de imputación de falla del servicio y de
riesgo excepcional.

El primero, cuando en desarrollo de la actividad de aspersión se incurre en una
irregularidad administrativa, como, por ejemplo, una inobservancia en el plan de
operaciones o en el plan de manejo ambiental44. En otras palabras, se ha aplicado
el régimen subjetivo cuando se demuestra de manera ostensible negligencia,
imprudencia y/o impericia del ejercicio de competencias administrativas de quien
está encargado de llevar a cabo la actividad de aspersión de cultivo ilícito con
glifosato45.

El segundo, parte de la base que las operaciones aéreas antinarcóticas, aun
cuando son legales, constituyen una actividad peligrosa que puede concretar
daños a personas, plantas, cultivos y animales. Bajo este régimen, en un análisis
de responsabilidad objetiva, se debe determinar si la actividad peligrosa –en este
caso la aspersión aérea con herbicida– supuso la creación objetiva y concreta de
una amenaza de lesión a bienes, derechos o intereses de una persona y si se
concretó efectivamente ese riesgo creado46.

Sobre el particular, ha dicho la jurisprudencia47:

42 Según Briceño Chaves “[p]uede considerarse que cabe distinguir entre los efectos nocivos producidos en

la esfera personal, patrimonial e incluso moral, esto es, perjuicios causados por daños ambientales, y
aquellos efectos que causan la degradación, deterioro o destrucción del medio natural, perjuicios
causados por los daños ecológicos” (énfasis original). BRICEÑO CHAVES, Andrés Mauricio, ob.cit., pp. 32.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
20 de febrero de 2014, Rad. 29028 C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9

de julio de 2021, rad 43590. C.P. Alberto Montaña Plata.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del

20 de febrero de 2014, rad 29028, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del

20 de febrero de 2014, rad 29028, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del

20 de febrero de 2014, rad 29028, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

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Proceso: Reparación directa

“(…) tratándose de actividades peligrosas, al establecer el juicio de imputación, en
principio, no es necesario un análisis subjetivo, como elemento para estructurar el
juicio de responsabilidad del Estado, sino, a partir de un régimen de responsabilidad
objetivo, determinar si la actividad peligrosa, en este caso la erradicación de cultivos
de uso ilícito, implicó la generación objetiva de una amenaza de lesión para los
bienes, derechos y/o intereses de una persona, y que tuvo la capacidad de
concretar un riesgo-creado. A este respecto, la Corporación ha sostenido:

[p]ara efectos de determinar la responsabilidad, resulta irrelevante el análisis de la
licitud o ilicitud de la conducta asumida por los agentes estatales, como quiera que
es suficiente para imputar el daño antijurídico, a título de riesgo excepcional, la
demostración de que este fue causado por el artefacto o por la realización de la
actividad peligrosa cuya guarda se encontraba a cargo del Estado48.

15.7. Sin perjuicio del riesgo excepcional como título de imputación para actividades
que comportan riesgo o peligro, la Sala también considera que la responsabilidad
por daños ocasionados al ambiente puede fundamentarse en un número importante
de casos en la clásica responsabilidad subjetiva bajo el título de falla del servicio,
cuando se demuestra de manera ostensible negligencia, imprudencia y/o impericia
del ejercicio de competencias administrativas de quien está encargado de llevar a
cabo una actividad, como lo es la erradicación de cultivos de uso ilícito con glifosato.

15.8. El precedente de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:

[E]n todo caso, la falla probada del servicio constituye el régimen de responsabilidad
general, y en los casos en que el asunto no pueda gobernarse bajo dicho título de
imputación, se potenciará uno de responsabilidad distinta, y como quiera que en
este caso, estamos en presencia de una actividad peligrosa en tratándose de la
manipulación de armas de fuego, podría privilegiarse también la tesis del riesgo
excepcional en caso de ser procedente. En este marco de referencia, sin duda, será
el juzgador en presencia de todos los elementos existentes el que determinará si
finalmente se dan o no los presupuestos para resolver el asunto sometido a su
conocimiento con fundamento en la teoría de la falla probada del servicio, tal y como
sucedió en el caso concreto, pues, las distintas pruebas incorporadas y practicadas
conducen a inferir la falla imputada a la administración49.

15.9. Bajo la misma línea de precedente jurisprudencial, la Sala ha considerado que
se prefiere el régimen de falla del servicio por razones de función pedagógica del
juez administrativo; en los siguientes términos:

[C]uando se advierte que el daño no se produjo accidentalmente sino por un mal
funcionamiento de la Administración, ello se debe poner de presente y el título de
imputación bajo el cual se definirá el litigio será el de falla del servicio, en aras del
cumplimiento del deber de diagnóstico y pedagogía que tiene el juez al definir la
responsabilidad del Estado y con el fin de que éste pueda repetir contra el agente
que dolosa o culposamente hubiere producido el daño, en caso de ser condenado a
la correspondiente reparación. En términos generales, la falla del servicio probada
surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como
consecuencia de una violación -conducta activa u omisiva- del contenido
obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado,
lo cual resulta de la labor de diagnóstico que adelanta el juez en relación con las
falencias en las cuales incurrió la Administración y se constituye en un juicio de
reproche”50.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, rad. 19160, C.P. Enrique Gil Botero.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, rad. 16741), C.P. Myriam

Guerrero de Escobar.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, rad. 17927) C.P. Dr. Mauricio

Fajardo Gómez.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

Así las cosas, se procederá a hacer el estudio del caso a partir de los hechos
alegados en la demanda, la contestación y el recurso de apelación, a la luz de las
pruebas aportadas y practicadas en el proceso.

11. Según la demanda –sin hacerse mención a régimen o título de imputación
alguno–, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con su actividad, causó
los daños en el proyecto agrícola de óscar Cano Elorza. Adujo que la aspersión
aérea con glifosato de abril de 2015 causó la pérdida total de sus productos y,
además, afectó la economía familiar –dependiente del cultivo–51.

La sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad de la Policía Nacional
por afectar cultivos lícitos en desarrollo de una operación antinarcótica con
herbicida.

La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional sostuvo, en el recurso de
apelación, que la actividad de aspersión aérea no causó la pérdida de productos
agrícolas del demandante, porque se probó que la operación se hizo dentro del
marco territorial definido en el plan de operaciones, es decir, se respetaron los
metros de distancia mínimos exigidos para no afectar cultivos lícitos de predios
circundantes a la zona a asperjar.

12. Conforme a las pruebas que obran en el expediente, están acreditados los
siguientes hechos:

12.1. Óscar Cano Elorza era el poseedor regular del predio “Colinas de la Torre” o
“Las Torres”, adquirido por compra venta de posesión material que le hizo a su
antiguo poseedor, Belisario Antonio Medina Pérez52. En él tenía un proyecto
agrícola de varios productos, entre ellos, aguacate, guanábana, piña, yuca y
plátano.

12.2. El 4 de mayo de 2015, Óscar Cano Elorza formuló queja ante la Personería
Municipal por afectación a sus cultivos. En la denuncia señaló que el daño había

51 F. 4-5, páginas 9-11 C. 1.
52 F. 12-13, páginas 25-26 C. 1.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

sido ocasionado por las aspersiones con glifosato del 18 de abril de 2015 en la
vereda “El Pescado”, lugar en la que se ubicaba su finca y su proyecto53.

12.3. El 8 de mayo de 2015, funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria-UMATA practicaron visita técnica a predio, lo identificaron e
hicieron una relación de daños a los cultivos, los identificaron, caracterizaron e
hicieron un diagnóstico respectivo54. El contenido de sus conclusiones será
valorado más adelante.
12.4. El 20 de mayo de 2015, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional
recibió la queja de Óscar Cano Elorza y ordenó iniciar el trámite administrativo55.

12.5. El 6 de junio de 2015, el Comandante de Bases de Aspersión de la Dirección
de Antinarcóticos de la Policía Nacional certificó que el 18 de abril de 2015 sí se
realizaron operaciones de aspersión en el municipio de Valdivia, Antioquia.
Conforme se certificó la distancia de la operación respecto de las coordenadas del
predio del quejoso Óscar Cano Elorza fue de 421 metros56.

12.6. El Grupo de Aspersión de Quejas de la Dirección de Antinarcóticos de la
Policía Nacional adelantó el trámite administrativo de compensación por daños y,
el 5 de octubre de 2015, frente al predio de Óscar Cano Elorza, con fundamento
en el concepto del Comité Técnico Interinstitucional, se concluyó que no procedía
la compensación dada la distancia de las actividades y el lugar en el que se
encontraban los predios reclamantes57.

13. Obra en el expediente el documento denominado “Resultado de verificación
de visita técnica a predio afectado por fumigación a cultivos ilícitos”, suscritos por
Ofelia Agudelo y Juan David Arboleda –funcionarios de la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria-UMATA58.

De acuerdo con el informe, la finca del reclamante, Óscar Cano Elorza,
denominada “Colinas de la Torre”, estaba ubicada en la vereda “El Pescado” en
las coordenadas N 07°21´57,3¨ y tenía 80 hectáreas. Se describieron los

53 F. 13 página 27; F. 15 y páginas 31 y 32; F. 56 páginas 115-116 C. 1.
54 F. 14, página 29; F. 56 páginas 115-116 C. 1.C. 1.
55 F. 64-65 páginas 131-134 C. 1
56 F. 67 y 68 página 137 y 139 C. 1.
57 F. 69-85 páginas 141-173 C. 1.
58 F. 14 página 29 c. 1.

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siguientes daños encontrados:

Cultivo Cantidad afectada Diagnóstico
Aguacate papelillo 600 palos Quemazón en las hojas,
secamiento del fruto y caída
del mismo.
Guanábana 200 palos Caída de todo el fruto y
hojas.
Piña 7000 matas Plantas en proceso de
secamiento y frutos
deshidratados secos y
caídos
Yuca 600 palos Palos totalmente marchitos
e inservible para el
consumo.
Plátano 30 matas Plantas con secamiento y el
fruto totalmente quemado

El documento referido es público, porque fue suscrito por dos miembros de la
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria-UMATA en cumplimiento de
sus funciones y se presumen auténticos porque no se tacharon de falsos ni se
desconocieron (art. 244 del CGP59).

Ahora bien, en cuanto al mérito probatorio de este documento, resulta necesario
analizar lo concerniente a la competencia que la autoridad referenciada tenía para
practicar la visita de constatación de daños y realizar el informe técnico de estado
de cultivos.

Por lo anterior, es preciso indicar en primer lugar que a partir de los artículos 6 60 y
12161 de la Constitución Política, la jurisprudencia constitucional ha explicado que
los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley y la Constitución les
permite:

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia afirmó que la función
pública “supone el ceñimiento de quienes a ella se vinculan a las reglas señaladas

59 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona

que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya
el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso […]».
60 “Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las

leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones”.
61 “Artículo 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la

Constitución y la ley”.

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en el orden jurídico y que exijan determinadas condiciones y requisitos de aptitud,
capacidad e idoneidad para desempeñarla a cabalidad, siempre y cuando esas
regulaciones normativas se deriven de un mandato constitucional, hayan sido
proferidos por el organismo o funcionario competente para expedirlas y no atenten
contra alguno de los derechos o libertades reconocidos por la Carta” (CSJ,
Sentencia No. 61 de agosto 12 de 1982; M.P. Manuel Gaona Cruz).

A partir de la Constitución de 1991, la función pública constituye uno de los
problemas más complejos de la administración, ya que se ocupa no sólo de la
clasificación de las distintas categorías de las personas que sirven a la
administración, sino de su ingreso, permanencia, ascenso, retiro, deberes,
prerrogativas, incompatibilidades, y prohibiciones (artículos 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131 de la Constitución).

Así las cosas, los servidores públicos sólo pueden hacer aquello que les está
permitido por la Constitución y las leyes respectivas, y de ello son responsables. A
diferencia de los particulares, que pueden hacer todo aquello que la Constitución y
la ley no les prohíba, principio encaminado a la protección de los intereses de los
administrados.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 209 de la Carta Política, la función
administrativa se encuentra instituida “al servicio de los intereses generales” y ha de
cumplirse de manera tal que a través de las actuaciones de los funcionarios públicos
se hagan efectivos “los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad” lo que significa que las conductas contrarias a
estos principios constituyen quebranto de la Constitución Política, que habrá de
sancionarse de acuerdo con la ley62.

En el mismo sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha concluido lo
siguiente en relación al concepto de competencia de las autoridades públicas:

La competencia significa que todo funcionario público, en el desempeño de su
cargo, sólo puede hacer lo que le está permitido. Es la situación inversa de la
capacidad propia de los particulares, en cuanto estos pueden hacer todo lo que no
les está jurídicamente prohibido. Es una consecuencia de la limitación del poder
público que surgió con el Estado de Derecho, es decir, del principio de legalidad, y
una forma de llevar tal limitación a toda persona que ejerza dicho poder.

La competencia, como regla última para la distribución y delimitación material de la
autoridad estatal y de la consecuente responsabilidad, está implícita en los artículos
6, 121 y 122 de la Constitución Política (…)63

Ahora bien, la Ley 607 de 200064 –vigente a la fecha del informe–, por medio de la
cual se regula la creación, funcionamiento y operación de las Unidades
Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, expresa en el artículo
2° que “la asistencia técnica directa rural es un servicio público de carácter
obligatorio y subsidiado con relación a los pequeños y medianos productores
62 Corte Constitucional, sentencia C-893 del 7 de octubre de 2003. [Fundamento jurídico 3].
63 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de julio de 2012, Rad. 2007-00345-01. [Fundamento

jurídico 3.2.1.]
64 Reglamentada por los Decretos 3199 de 2002 y 2980 de 2004.

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rurales, cuya prestación está a cargo de los municipios en coordinación con los
departamentos y los entes nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural”. Asimismo, la Ley 607 determina en el artículo 3, literal a), que el
servicio de asistencia técnica directa rural prestado por las UMATA consiste en lo
siguiente:

a) Asistencia técnica directa rural. El servicio de asistencia técnica directa rural
comprende la atención regular y continua a los productores agrícolas, pecuarios,
forestales y pesqueros, en la asesoría de los siguientes asuntos: en la aptitud de los
suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las
explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la
naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos para
acceder al financiamiento de la inversión; en el mercadeo apropiado de los bienes
producidos y en la promoción de las formas de organización de los productores.

También se podrá expandir hacia la gestión de mercadeo y tecnologías de
procesos, así como a los servicios conexos y de soporte al desarrollo rural,
incluyendo la orientación y asesoría en la dotación de infraestructura productiva,
promoción de formas de organización de productores, servicios de información
tecnológica, de precios y mercados que garanticen la viabilidad de las Empresas de
Desarrollo Rural de que trata el artículo 52 de la Ley 508 de 1999 de las Empresas
Básicas Agropecuarias que se constituyan en desarrollo de los programas de
reforma agraria y en general, de los consorcios y proyectos productivos a escala de
los pequeños y medianos productores agropecuarios, dentro de una concepción
integral de la extensión rural (…)

Adicionalmente, la citada ley exige a las entidades autorizadas para prestar los
servicios de asistencia técnica directa rural, estar inscritas en un registro de
prestadores de servicios65. A su vez también dispone que, para obtener el servicio,
los productores deben inscribirse en un libro de registro de beneficiarios66.

De acuerdo con la Ley 607 de 2000, se concluye que las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria–UMATA cumplen funciones de asesoría y
asistencia técnica en asuntos relacionados con la producción y mercadeo de
bienes agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, de pequeños y medianos
productores rurales; así como funciones de soporte en materias vinculadas al
desarrollo rural. Esto, en el marco del servicio público de asistencia técnica directa

65 “Artículo 9. Registro único de prestadores de servicios. Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas

de la presente ley, el municipio mantendrá actualizado un registro único de las entidades, tanto privadas como
públicas autorizadas para prestar los servicios de asistencia técnica directa rural en su jurisdicción, de
conformidad con el artículo 5. de la presente ley.
Para estos efectos, dicho registro será dado a conocer públicamente a los usuarios de la prestación de los
servicios”.
66 “Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios de asistencia técnica directa. Para obtener el servicio de

asistencia técnica directa rural, de parte de los municipios y distritos a través de los prestadores de tales
servicios debidamente autorizados, los productores beneficiarios deben inscribirse en el libro de registro de
beneficiarios de la prestación de los servicios de asistencia técnica directa rural (…)”.

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rural para el cual, tanto prestadores del servicio como beneficiarios del mismo,
deben estar inscritos en sus respectivos registros.

De esta manera, volviendo al caso en concreto, se tiene que el informe de daños
rendido por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Valdivia,
Antioquia, suscrito por dos funcionarios de esta entidad el 8 mayo de 2015,
consigna hechos indicativos de que la finca “Colina de la Torre” de Óscar Cano
Elorza se vio afectada por “fumigaciones con el herbicida glifosato”, identificó
extensión de la tierra; cantidades y tipo de cultivo; signos y sintomatología del
cultivo afectado.

No obstante, como se dijo, conforme a la Ley 607 de 2000, la UMATA presta el
servicio de asistencia técnica directa rural en cuanto a la aptitud de los suelos, en la
selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación de las explotaciones;
orientación y asesoría en la dotación de infraestructura productiva, promoción de formas
de organización de productores, servicios de información tecnológica, de precios y
mercados, sin que haga parte de las funciones relacionadas la realización de
informes técnicos que versen sobre la existencia, ocurrencia ni valoración de
daños que estén relacionadas con las afectaciones ocasionadas por herbicidas.

Sumado a esto último, en el informe rendido por la entidad UMATA de Valdivia no
se invoca ninguna norma de orden constitucional, legal o reglamentaria que le
asigne dicha competencia o que se haya rendido conforme a una orden superior
respaldada por una facultad legal y constitucional. Además, el documento no tiene
anexos técnicos o de cualquier otra índole que permitan determinar su
competencia para constatar lo allí consignado. Aún más, ni siquiera se ofrece
certeza de que esta entidad, prestadora de servicios de asistencia técnica directa
rural, estaba inscrita en el registro de prestadores de servicios o que el agricultor
de la finca “Colinas de la Torre” o “La torre” figurara en el correspondiente libro de
registro de beneficiarios en el marco de la Ley 607 de 2000.

Por lo anteriormente expuesto, se colige que la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria de Valdivia, Antioquia no se encontraba autorizada por la
Constitución, la Ley o reglamento alguno para rendir informes que constaten
hechos relacionados con la existencia de daños o de afectaciones producidas con

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ocasión de fumigaciones aéreas antinarcóticas67. En tal virtud, se concluye que
este documento no es válido –en este caso– para acreditar los hechos
consignados y, por ello, no puede ser demostrativo de la existencia de los daños
relacionados.

14. También reposa en el expediente acta No. 010 del 2 de agosto de 2015,
firmada por un analista de aspersión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional68. Conforme al documento, se determinó que no se realizaría visita
técnica de presencia de herbicida. Al respecto, se indicó en el informe que cuando
el producto se encontraba a una distancia mayor de 120 metros no tenía por qué
afectarse por el efecto del herbicida glifosato. Y los predios de los reclamantes
–dentro de los cuales estaba el de Óscar Cano Elorza– entraban en ese rango de
distancia. Por lo tanto, se estableció:

(…) Ante los análisis realizados se concluye que no es posible el paso del producto a
sitios que se encuentren a una distancia superior a los 120 metros, concluyendo que
no es procedente realizar el desplazamiento hacia el sitio reportado por el quejoso,
toda vez que dada la distancia en que se realizaron las actividades de aspersión
frente al sitio reportado por el quejoso no es posible que se haya causado algún tipo
de afectación sobre cultivos (…) como consecuencia de las actividades de aspersión
desarrolladas dentro del marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos.

(…) Verificada cada una de las reclamaciones se conceptúa por parte de los
Integrantes del Comité Técnico Interinstitucional que bajo las circunstancias descritas
en el numeral 5 del Acta, y dada la distancia en la que se encuentra el predio, la
topografía, así como el área del mismo y el lugar donde se registra la línea de
aspersión más cercana, no se pudo haber causado algún tipo de daño. En
consecuencia, al no haber nexo de causalidad entre el presunto daño reportado y las
operaciones de aspersión realizadas, se decide por parte del Comité Técnico declarar
la no procedencia de la compensación económica respecto de aquellas quejas que se
encuentran en esa situación.

El documento analizado es público porque fue suscrito por un técnico de la Policía
Antinarcóticos dentro de una actuación administrativa de compensación por daños
a productos agrícolas. Se presume auténtico porque hay certeza de la persona
que lo firmó y no fue desconocido por las partes. Da cuenta de un análisis de
distancias entre predios reclamantes y una comparación con el área de operación
antinarcótica del 18 de abril de 2015 y la decisión de no efectuar visita técnica a
esos predios por superar los metros mínimos de alcance del herbicida. Sin
embargo, en cuanto a las conclusiones sobre la distancia de la operación y la

67 Sobre las competencias de la UMATA para determinar la existencia de daños, consultar la sentencia del 22

de mayo de 2024, Rad 64037, M.P. William Barrera Muñoz.
68 F. 76-78 páginas 155-160 C. 1.

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relación de esta con el producto afectado, es decir, la conexión o la ausencia de
ella entre la aspersión del herbicida glifosato y los terrenos en los que se
encontraban los productos agrícolas afectados, será valorado en conjunto con las
demás pruebas practicadas en el proceso.

15. Al proceso se aportó el acto administrativo contentivo del auto del 5 de octubre
de 2015, mediante el cual el Jefe de Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la
Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional declaró la no procedencia de la
compensación económica y ordenó el archivo de la queja presentada por Óscar
Cano Elorza69. Al respecto, concluyó esa dependencia:

“(…) con base en el protocolo aprobado para la realización de la visita técnica de
verificación, se procedió a analizar por parte de los integrantes del Comité Técnico
Interinstitucional la ubicación del predio donde presuntamente ocurrieron los hechos,
encontrándose que las operaciones de aspersión se realizaron a una distancia de 421
metros de la coordenada suministrada en la reclamación presentada por el señor
Óscar Cano Elorza (…)

(…) La coordenada suministrada por el reclamante frente a la distancia de los sitios
donde se realizaron las operaciones de aspersión (…) en relación con los efectos
colaterales que se puedan generar como consecuencia de la deriva máxima
permisible en la aplicación del producto en el cual se estableció que no supera los
120 metros. En consecuencia, en aquellos sitios donde la línea de aspersión se
encuentra a una distancia superior a los 120 metros no se debe efectuar la visita de
campo in situ, por cuanto no hay nexo de causalidad entre el daño reportado y las
operaciones de aspersión realizada, en razón a que de acuerdo con los estudios
realizados y que soportan el PECIG no es posible que se pueda ocasionar algún tipo
de daño sobre plantaciones legales en desarrollo de la operación de aspersión.

El acto administrativo aportado es una prueba documental legalmente admisible y
valorable70 que acredita la existencia de una decisión definitiva dentro de un
procedimiento administrativo de reclamación por daños a cultivos adelantado por
la Policía Nacional-Dirección de Antinarcóticos. Sin embargo, no sirve para probar
los hechos que le sirvieron de fundamento (artículo 164 del CGP), es decir, no
tiene eficacia probatoria para acreditar la distancia de la operación de aspersión
del 18 de abril de 2015 respecto del predio reclamante (hoy demandante) y la
presencia o ausencia de residuos en los productos. Así, el auto del 5 de octubre
de 2015 –proferida dentro del trámite administrativo de queja y compensación–
será valorado, pero en los términos expuestos (decisión dentro de un
procedimiento administrativo).

69 F. 84-85 páginas 171-173 C. 1.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24.844.

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En efecto, el acto administrativo aportado da cuenta de una decisión dentro de un
proceso administrativo, en la que se determinó la improcedencia del pago de una
compensación económica por pérdida de productos, luego de una valoración a la
ubicación y coordenadas de la finca del reclamante y la comparación de esta con
el plan operacional de aspersión de glifosato. Entonces, “la improcedencia de
compensación” que concluyó el jefe del Área de Erradicación de Cultivos se
fundamentó en informes técnicos rendidos en ese trámite administrativo y con
alcance probatorio sólo para ese proceso, no para este.

En ese sentido, las determinaciones a las que se llegó hacen parte de la esfera de
ese proceso, de manera que, esas conclusiones no atan al juez contencioso en las
valoraciones probatorias y conclusiones a las que haya lugar en este proceso. El
ejercicio valorativo dentro del trámite administrativo, se reitera, tuvo alcance en
ese proceso, para definir la procedencia de un pago compensatorio de naturaleza
administrativa, pero no condiciona el ejercicio valorativo que corresponde al juez
contencioso en este proceso de reparación de daños. Esta Corporación, para
decidir la controversia, deberá fundarse en las pruebas que obran en el proceso
(artículo 164 del CGP), a la luz de la carga probatoria que les corresponde a las
partes (artículo 167 del CGP).

16. En el proceso declaró Elba Ofelia Agudelo Roa, técnica agropecuaria de la
UMATA al momento de los hechos de la demanda. Declaró conocer a Óscar Cano
Elorza desde el año 2013 y que, como trabajadora de la entidad, lo ayudó con su
proyecto productivo desde el inicio del mismo con recomendaciones y estrategias.
En el año 2015, fue en varias oportunidades a la finca e hizo seguimiento a sus
cultivos de piña, plátano, aguacate, yuca. Cuando ocurrió lo de las aspersiones
aéreas, Cano Elorza se presentó en las oficinas de la UMATA y solicitó
acompañamiento para revisar los productos y plantas. Al ir al terreno, vio los
productos e identificó que no estaban en condiciones para extraerlos y
comercializarlos, pues la fumigación, además de dañar el producto, volvió estéril la
tierra.

Señaló que, a simple vista se podía identificar y distinguir los daños por una plaga
y daños producto del veneno herbicida. Ella atribuía el daño a la fumigación
porque, días antes de que el avión pasara, fue a revisar el avance de los
productos como acompañante de los proyectos de los agricultores en esa vereda y

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los encontró en buenas condiciones de crecimiento. Sin embargo, no recordaba la
fecha exacta de la fumigación o si firmó algún documento, porque en el año 2016
tuvo un accidente y perdió parte de su memoria. Agregó que siempre que visitaba
a los predios se firmaban documentos y se presentaban al Alcalde de la época,
pero muchos de ellos se perdieron por causa de un desplazamiento en el
municipio de Valdivia.

Manifestó que el cultivo de Óscar Cano Elorza no fue el único afectado con la
aspersión de 2015, pero no todas las personas presentaron quejas al considerar
que esos trámites no tenían resultado. Dijo que, luego de la fumigación, fue en
varias oportunidades a la finca de Cano Elorza y que, en una de ellas, acompañó
en el recorrido a una técnica agropecuaria de nombre Andrea.

Se extrae lo pertinente de la declaración:

(…) Cuando sucedieron los hechos, yo era técnica de la UMATA, y fui a su finca a
revisar el estado de su cultivo. Desde el 2013 conozco a Óscar. No sé cuándo
compró el predio, pero sé que lo conozco desde esa época. Los ingresos provenían
de su finca (cultivo de piña, plátano, aguacate, yuca. Cuando se la quemaron en la
fumigación, él siguió comprando vacas para sobrevivir (…)

La finca está en la vereda “El Pescado”, en el Municipio de Valdivia. No recuerdo su
nombre (…) Yo conocí su quema cuando trabajaba en la UMATA. Cuando él fue a la
entidad, a mí me mandaron de la institución a la finca de él. Yo fui a tomar las fotos, y
le hice el diagnóstico de todo lo que le quemaron.

La causa es muy sencilla: fue el veneno de la fumigación del avión. Cerca de esa
finca no había cultivo ilícito. La avioneta pasó fumigando todos los terrenos de la
vereda. Eso fue en el 2015, no me acuerdo del día. Pero fue en agosto.

(…) Pregunta: ¿Por qué está tan segura que provenía de la fumigación (…)

–Sencillo, cuando él sembró todos sus productos, yo fui a verificarlos. Tenía que ir a
ayudarles como técnica. Cuando pasó el avión, fui de nuevo y vi que el producto no
estaba en las condiciones. La fumigación dañó el producto y la tierra (…)

Pregunta: ¿Cómo distingue una plaga del veneno producto de la fumigación?

–Muy fácil, porque cuando es plaga uno ve e identifica la presencia de la plaga y
cuando es el veneno, uno identifica los signos.

Pregunta. Doña Ofelia, usted manifiesta que fue a la finca. ¿Qué características
observó a la planta?

–Cuando es fumigado, se empieza a secar y se daña automáticamente toda la planta.
Eso vi. El veneno es tan fuerte que ahí mismo se muere el producto, no es lento. Es
rápido (…)

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(…) A la finca de Óscar fui varias veces después del incidente: primero, cuando pasó
la avioneta por aviso de Óscar. Después fui en 2016 para apoyar a una técnica
llamada Andrea a proporcionarle documentos (…) Muchas fincas y personas fueron
afectadas por el paso del avión del gobierno (...) La gente se quedó callada porque
pensaban que sus reclamos no llegarían a nada.

Pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de herbicida que produjo el daño?

–De eso no sé. Pero, por lo que vi en las plantas y en el cultivo, estoy segura que fue
la avioneta la que lo causó. Tres días antes fui a ayudarle a Óscar a arreglar la piña,
el plátano, la yuca (…) fui como asesoría de la UMATA. A los días, Óscar se presentó
a la UMATA a avisar lo de su cultivo y ahí me di cuenta del daño (…)

(…) No me acuerdo si firmé documentos en la visita posterior a los daños, ni la fecha
exacta, porque tuve un accidente de 2016 y eso incidió en mi memoria (…) Nosotros
hicimos un librito. Pero el año pasado, luego de un desplazamiento masivo que
vivimos, todo se lo robaron (…)71.

Elba Ofelia Agudelo Roa asistió al demandante en el estado de sus cultivos desde
el inicio de su proyecto agropecuario hasta su afectación, por lo tanto, la
declarante es testigo presencial del estado de los mismos (sin consideración a la
causa de esa afectación). Las afirmaciones de la declarante en este sentido fueron
claras, precisas, coherentes y uniformes. Mencionó a Óscar Cano Elorza como
uno de los agricultores que se benefició de la asistencia técnica de la UMATA
–desde el inicio de su proyecto hasta después de reportar los daños en su cultivo-.
Detalló cómo observó los productos antes y después de la operación antinarcótica
y explicó los signos que observó en los cultivos cuando se reportaron los daños a
la entidad (quemadura y muerte rápida de toda la planta).

Aun cuando la testigo no precisó la fecha exacta de los hechos –por dificultades
en su memoria a raíz de un accidente– esta ausencia de detalles no afecta su
dicho en cuanto a la circunstancia del acompañamiento al demandante desde el
inicio de su proyecto hasta su afectación.

Es importante aclarar, sin embargo, que las apreciaciones y explicaciones que
haya hecho la declarante en aspectos técnicos no serán tenidas en cuenta, porque
la prueba no fue solicitada ni decretada con esa finalidad, es decir, como
testimonio técnico. Así las cosas, se reitera, su dicho merece credibilidad y tiene
eficacia probatoria sólo en cuanto al acompañamiento del proyecto rural -desde su
inicio- y a la existencia del daño en el cultivo del demandante. En cuanto a la

71 F. 187 C. 1. CD. Audiencia de pruebas del 13 de junio de 2019.

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Demandante: Óscar Cano Elorza
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Nacional
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posible causa, el dicho de esta testigo será valorado en conjunto junto con las
demás pruebas del expediente.

17. En el proceso también declaró Imelda Arango, vecina del demandante, quien
afirmó que presenció el momento en el que pasó el avión de la Policía
Antinarcóticos. Del avión salía una nube blanca la cual regaba todo y estaba
venteando en ese momento. Fumigó “los cocales” que estaban en la parte de
abajo y la brisa y el viento se llevaba la aspersión para el lado donde estaba la
piña, el aguacate y el resto de productos sembrados. Observó que la hoja de la
piña se dobló y se puso amarilla, la fruta y flor del aguacate se cayó; los demás
árboles se fueron secando y se les cayeron las hojas. Precisó, sin embargo, que
“los cocales” no eran del demandante, sino que pertenecían a una finca
diferente72.

Las afirmaciones de la declarante fueron claras, precisas y uniformes. Presenció
de forma directa la operación antinarcótica de la Policía Nacional y el cambio que
tuvieron los cultivos de Óscar Cano Elorza luego de esas actividades. Detalló
algunos de los tipos de cultivo que el demandante tenía sembrados (aguacate,
piña, entre otros) y, sobre todo, cómo los observó después de los hechos
(amarillos y con caída total de las hojas). Aun cuando la testigo no es una técnica
agropecuaria, fue precisa en lo que percibió con los sentidos; su dicho coincide
con las afirmaciones de la testigo agropecuaria Ofelia Agudelo y su relato mantuvo
coherencia y lógica. Así las cosas, merece credibilidad frente al daño en el
proyecto agrícola de Óscar Cano Elorza. Ahora, en cuanto a la posible causa de la
afectación, el dicho de esta testigo será valorado en conjunto junto con las demás
pruebas del expediente.

18. La parte demandante aportó, con la demanda, un dictamen de una técnica
agropecuaria cuyo objeto era: verificar la presencia del herbicida glifosato en los
cultivos de la finca “Colina de la Torre”. La prueba fue decretada en la audiencia
inicial, y la demandada solicitó ampliación, aclaración y aporte de la prueba de
condición de experta de la auxiliar de la justicia y de documentos soportes de sus
afirmaciones73.

72 F. 187 C. 1. CD. Audiencia de pruebas del 13 de junio de 2019.
73 F. 109-120 páginas 221-223 C. 1.

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18.1 La perita Andrea Vélez Ortiz, técnica agropecuaria del Politécnico
Colombiano graduada en el año 1998, aportó la documentación que acredita su
idoneidad74 y rindió el peritazgo en los siguientes términos:

En un primer documento (aportado junto a la demanda) expuso que, luego de una
visita a la finca de Óscar Cano Elorza y revisar fotografías tomadas por ella misma
en el predio “Colinas de la Torre”, encontró que los cultivos de aguacate hass, piña
guanábana, yuca y plátano observó problemas de necrosis, quemaduras
generalizadas en hojas y muerte de tejidos en todos los productos y plantas. Por la
signos observados y revisados, conceptuó que estos tuvieron contacto con el
herbicida glifosato aplicado por aspersión aérea, lo que llevó a un debilitamiento,
marchitez y necrosis de las plantas.

Explicó que este herbicida, al ser de amplio espectro, no selectivo, sistémico, es
decir que era absorbido por la planta rápidamente por órganos como hojas, tallos
tiernos y puntos de crecimiento tales como brotes y raíces inhibió de tal modo la
correcta absorción de nutrientes que inmovilizó el curso de estos en la planta.
Agregó que, una vez la planta tenía contacto con el herbicida –tal y como observó
en las plantas, hojas, raíces y cultivos del demandante–, había una intoxicación
total de la misma, la cual presentaba deterioro, marchitez, amarillamiento,
necrosis, secamiento y muerte, circunstancia que pudo ocurrir en cuestión de
horas dependiendo del clima. Al respecto, explicó la perita:

(…) todo esto ocurre en cuestión de horas causando intoxicación casi inmediata debido
a que el glifosato contiene un tensoactivo que le ayuda a ingresar a la planta con
mayor facilidad. Este se adhiere a la superficie cerosa de las hojas provocando
rápidamente su descomposición. Una vez dentro inhibe la actividad de una enzima
deteniendo la fabricación de aminoácidos esenciales para el crecimiento, desarrollo y
producción de las plantas afectadas.

Las plantas de este predio presentan el deterioro, marchitez, amarillamiento, necrosis,
secamiento y muerte por causa del glifosato aplicado (…)75.

En un segundo documento que denominó la perito “respuestas a observaciones al
dictamen pericial”, aportado luego de la audiencia inicial por solicitud de las partes,
agregó que sus conclusiones se fundamentaron en una visita al predio del
demandante y en entrevistas a personas que estuvieron presentes al momento del
paso del avión con el herbicida en la vereda “El Pescado”. Cuando estuvo en el
74 F. 114-127 páginas 233-260 C. 1.
75 F. 16-18 páginas 34-37 C. 1.

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sitio, reconoció los daños en las plantas y cultivos producto del contacto de estos
con el glifosato. Es decir, en la inspección ocular –del 16 de agosto de 2016–
percibió los signos y síntomas de la vegetación y cultivos que estuvieron
expuestos al glifosato, los cuales reiteró en su peritazgo: necrosamiento,
marchitez, secamiento y muerte total76.

En la audiencia de contradicción del dictamen, la perita resumió el contenido de
sus estudios y ampliaciones. Reiteró que, para sus conclusiones, se fundamentó
en una visita al lugar de los hechos. Recorrió toda la finca, tomó fotos y revisó los
cultivos: observó necrosis generalizada y muerte. En los árboles grandes había
chamizo y en los cultivos pequeños, aunque no se lograba ver su estado, las
raíces le permitieron hacer el diagnóstico y la conexión de los signos con el
herbicida glifosato. Al respecto, dijo la experta:

Para el dictamen me fundamenté en la visita que hice el 17 de agosto de 2016 a la
finca del demandante. No me fundamenté en fotos. Ese día me reuní con la señora
de la UMATA de allá. Dimos la vuelta por toda la finca. Luego me fui a mirar los
productos: piña, aguacate. Todos presentaban necrosis, muerte. En los grandes
había chamizo. En los cultivos pequeños no se veía nada ya (algunas raíces). Me
puse a coger hojas, ramas, raíces para mirar. Y sí. Identifiqué que concuerda con
todos los síntomas de una planta que recibe el glifosato. El efecto que hace el
herbicida es de secamiento. Como quien dice: seca las venas y no deja el transporte
de nutrientes dentro de la planta y se va muriendo y se seca. Eso era lo que
presentaba en ese momento las plantas y cultivos del señor.

En cuanto a las fotos, esas fotos las tomé yo, fueron del día de las visitas. No las
aporté al momento del dictamen, porque no lo vi necesario ni la importancia. Pero son
fotos de mi autoría.

Pregunta: Diferencias entre el herbicida glifosato y otros herbicidas

–El glifosato es un herbicida de amplio espectro, es decir, quema todo lo que toca y
los puntos verdes de crecimiento. Luego vienen las aminas, que son diferentes, pues
ataca sólo las hojas anchas. Y existen otros herbicidas que son específicas para no
quemar cultivo, pues sirven para erradicar sólo maleza –hoja angosta–. Ropanín es
un ejemplo de tipo de herbicida para arroz, pues no afecta el grano y ataca la maleza

(…) El glifosato hace efecto de 3 a cuatro días. Si hay temperatura elevada la toma
inmediatamente porque la planta lo toma como si fuera hidratación. Después de 15
días, ya está amarillo y muerto. Después de dos años, no queda nada. La planta no
vuelve a retoñar, a resurgir (…)

(…) Cuando fui, empecé a escarbar, tomé raíces. Detecté la necrosis de donde
estaba la piña. Lo abrí y lo miré. Por dentro identifiqué los signos (…) No realicé
bitácora. Todo era por observación, por mi conocimiento y experiencia en la técnica
agropecuaria y trabajo con herbicidas (…)

76 F. 114-115 páginas 233-234 C. 1.

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Yo concluí todo por observación, entrevistas y con la experiencia que tengo, lo que
queda luego de una tierra que recibe glifosato lo observé ahí, porque el daño no solo
afecta al cultivo sino también a la tierra.

Pregunta ¿es posible determinar por observación?

–Por supuesto, sobre todo en los árboles grandes. El tallo queda parado. Las ramas y
hojas quedan cafés y no tiene otro organismo que evidencia la planta. Se sabe qué
es el cultivo por la forma de la siembre y la distancia. Si ellos aplican otro herbicida, la
señal es en otro lugar de la planta, por lo general en la parte inferior. No en la hoja.
En ese momento que hice la visita observé el signo del rezago del efecto del glifosato.
El de la yuca, por ejemplo, lo identifiqué en las raíces77.

18.2. El artículo 226 del CGP dispone que la peritación constituye un medio de
prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen
de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal
determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el
proceso cognoscitivo y las conclusiones. El primero supone una relación detallada
de las operaciones practicadas y de sus resultados, exigencia lógica que implica
brindar una explicación clara sobre cuáles fueron los instrumentos, materias y
sustancias empleadas, que constituyen el soporte y garantía de credibilidad de sus
conclusiones. El segundo impone que tales conclusiones se ajusten a los
principios de la ciencia, arte o técnica aplicada y respondan de forma concreta,
clara, ordenada y sin ambigüedades a todos los puntos sometidos a su
consideración por las partes.

Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del
experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes
brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones
que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el
artículo 226 del CGP. El artículo 232 del CGP, por su parte, establece que el juez
deberá analizar su conducencia en relación con el hecho que se pretende probar;
la competencia del perito, esto es que sea un experto en la materia técnica
analizada; que no haya motivos para dudar de su imparcialidad; que esté
debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; que se haya
permitido su contradicción y que otras pruebas no lo desvirtúen.

18.3. La Sala advierte que las conclusiones del dictamen tienen fundamentos
técnicos, su contenido es claro y preciso y la perita es experta en la materia

77 F. 187 C. 1. CD. Audiencia de pruebas del 23 de agosto de 2019.

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analizada. En efecto, (i) identificó el problema en estudio y fundamentó sus
conclusiones en una visita al inmueble de la demandante y en la observación
detallada de plantas, hojas, árboles, tallos y raíces; (ii) describió el instrumento
que empleó: inspección ocular al lugar y revisión técnica de cultivos. Y (iii) con
fundamento en esos instrumentos y con los conocimientos y experiencia en el
tema, identificó los daños en el proyecto agrícola del demandante, su causa
directa –contacto directo con herbicida de glifosato– y la circunstancia de que los
síntomas y signos que presentaban las plantas y productos eran típicos de ese
herbicida–.

La perita explicó las características del glifosato, sus componentes y su efecto en
las plantaciones desde que entran en contacto con el elemento. Precisó que,
además del cultivo, observó en el terreno las señales que deja el glifosato y
contestó el cuestionario formulado en la audiencia de contradicción y las dudas de
las partes.

Además, sus conclusiones son coincidentes con las pruebas que obran en el
expediente, en especial, con las afirmaciones de la testigo Ofelia Agudelo
–funcionaria de la UMATA acompañante del proyecto agrícola– y con las
afirmaciones de la testigo presencial Imelda Arango. No hay dudas sobre la
imparcialidad de la perita, el Tribunal permitió la contradicción del dictamen y no
obran en el expediente pruebas que desvirtúen sus conclusiones. En
consecuencia, la Sala acoge el dictamen pericial por la solidez de sus
fundamentos y la precisión y claridad de las conclusiones.

19. Conforme a las pruebas del proceso, se demostró que Óscar Cano Elorza era
el poseedor regular del predio “Colinas de la Torre” o “Las Torres”, ubicado en la
vereda “El Pescado” en el municipio de Valdivia Antioquia. En él tenía un proyecto
agrícola de varios productos, entre ellos, aguacate, guanábana, piña, yuca y
plátano.

El 18 de abril de 2015, miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía
Nacional realizaron operaciones de aspersión en el municipio de Valdivia,
Antioquia. Conforme a la certificación expedida por el Comandante de Bases de
Aspersión de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, la operación de

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ese día tuvo una distancia de 421 metros respecto del predio de Óscar Cano
Elorza.

El 4 de mayo de 2015, Óscar Cano Elorza formuló queja ante la Personería
Municipal de Valdivia, Antioquia por afectación a sus cultivos. En la denuncia
señaló que el daño había sido ocasionado por las aspersiones con glifosato del 18
de abril de 2015 en la vereda “El Pescado”, lugar en la que se ubicaba su finca y
su proyecto.

Valorados los medios probatorios en conjunto, se acreditó la pérdida de los
cultivos de aguacate, guanábana, piña, yuca y plátano que conformaba el proyecto
agrícola del demandante. Los signos y síntomas en las plantaciones y en los frutos
mostraron que la afectación total en las plantas -y no parcial- ocurrió por la
fumigación a cultivos ilícitos. A esta conclusión llegó la perita agrónoma que rindió
el dictamen pericial quien, luego de una inspección ocular en la finca del
demandante, detectó la presencia del herbicida en las plantas, raíces, hojas, tallos
y productos de Óscar Cano Elorza. Y detectó, además, señales del paso del
herbicida en el terreno. Este último aspecto, es decir, las señales de presencia del
glifosato en las hojas, plantas y en la tierra, fue de igual forma explicado por la
testigo técnica agrónoma, quien fue enfática, al igual que la perita, en que existían
signos y síntomas externos que permitían identificar el tipo de herbicida y
diferenciarlo con una afectación por plagas y por otros herbicidas.

20. Ahora bien, además de la presencia del glifosato en los cultivos y en el terreno
de Óscar Cano Elorza, es importante advertir una irregularidad en la operación
antinarcótica del 18 de abril de 2015 que no puede pasar por alto y que constituye
una falla del servicio:

La Resolución No. 1065 de 2001 –Plan De Manejo Ambiental De Aplicación
Obligatoria– del Ministerio del Medio Ambiente, en el punto 1 literal d, dispuso
ajustar las franjas de seguridad propuestas por la Dirección Nacional de
Estupefacientes, ya que las sugeridas por la DNE no daban garantía de seguridad
en cuanto a la necesidad de preservar y proteger las áreas que no serían objeto
de erradicación aérea (cuerpos de agua, páramos, nacimiento de agua, sistemas
de parques nacionales, zonas de asentamientos humanos y áreas de proyectos
productivos). Las franjas se ajustaron en los siguientes términos:

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Elemento Ambiental Franja de Seguridad
Franja mínima de 200 metros. (De acuerdo con
Cuerpos de Agua estáticos: lagos, los criterios del Decreto 1843/1991 de
lagunas, estanques piscícolas y Minsalud). Esta franja podrá ser ampliada
humedales Corrientes: quebradas, ríos. dependiendo de las condiciones técnicas de la
operación aérea.
No asperjar al interior de los mismos Asperjar al
Sub-páramos, nacimientos de agua y
exterior de los mismos con una franja de
recarga de acuíferos
seguridad mínima de 2000 m.
No asperjar al interior de las mismas. Asperjar al
Áreas de las zonas pertenecientes al
exterior de las mismas con una franja de
SNPNN. *
seguridad mínima de 2.000 metros.
Zonas de asentamientos humanos: No asperjar al interior de las mismas. Asperjar al
Caseríos, inspecciones, resguardos, exterior de las mismas con una franja de
cascos urbanos. seguridad mínima de 2.000 metros.
No asperjar.
Áreas de interés socio-económica:
Proyectos productivos, zonas de Establecer una franja de seguridad mínima
pactos. de 1.600 metros.

Como se expuso, está probado que el 18 de abril de 2015 la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía ejecutó actividades de aspersión en la vereda “El
Pescado” de Valdivia Antioquia, y que la operación de ese día tuvo una distancia
de 421 metros respecto del predio de Óscar Cano Elorza. Además, está
demostrado que su cultivo fue afectado por el glifosato con necrosamiento y
pérdida total de plantas, frutos y productos.

Según la Resolución 1065 de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente, estaba
prohibido hacer fumigaciones aéreas a menos de 1.600 metros de proyectos
productivos que no fueran mezclados o fragmentados con cultivos ilícitos, como lo
era el terreno del demandante quien tenía un proyecto lícito con cultivos agrícolas
variados.

Así las cosas, (i) la prueba directa de la fecha de la fumigación, (ii) la distancia de
la misma (421 metros), (iii) la presencia del glifosato en las plantas y productos de
Óscar Cano Elorza y (iv) la afectación a los mismos como consecuencia del
herbicida acredita un incumplimiento de las obligaciones del plan de manejo
ambiental en esa operación específica. Aun cuando la operación era legal,
permitida y resultó de una planeación institucional, constituyó una irregularidad en

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cuanto a la distancia mínima entre las operaciones y el predio en el que el
demandante tenía su proyecto agrícola.

Lo anterior se concluye en contraste con lo definido en el acto administrativo de
octubre de 2015, expedido por el que el Jefe de Área de Erradicación de Cultivos
de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el que se descartó una
compensación económica para el reclamante Óscar Cano Elorza porque la
distancia de la operación aérea aspersión (421 metros) no podía ni pudo afectar
sus cultivos.

Como se dijo, las determinaciones a las que se llegó en el acto administrativo no
atan al juez contencioso en las valoraciones probatorias y conclusiones definidas
en esta sentencia. El ejercicio valorativo dentro del trámite administrativo, se
reitera, tuvo alcance para ese proceso –para definir la procedencia de un pago
compensatorio de naturaleza administrativa– pero no condiciona el ejercicio
valorativo que corresponde al juez contencioso en este proceso de reparación de
daños.

Puestas las cosas de este modo, al desconocer la entidad demandada la franja de
seguridad y, además, al afectar varios productos lícitos de un particular (que no
eran objeto del programa de erradicación de cultivos ilícitos), se demostró una falla
del servicio en el marco de una actividad administrativa legal.

21. Definida la falla del servicio, al analizar el nexo de causalidad entre los daños
en el proyecto agrícola del demandante y la irregularidad administrativa en las
operaciones de aspersión de glifosato del 18 de abril de 2015, está probado que
con motivo de las operaciones ejecutadas en esa fecha por parte de la Dirección
de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los productos y plantaciones de Óscar
Cano Elorza sufrieron necrosamiento, quemaduras y muerte total –desde la raíz
hasta las hojas–. En efecto, se demostró que el herbicida tuvo contacto con el
cultivo, generó una intoxicación total de la planta y su posterior muerte.

Como se explicó en el dictamen pericial, el glifosato, al ser de amplio espectro, no
selectivo y sistémico, la planta lo absorbió de forma rápida por sus hojas, tallos y
puntos de crecimiento tales como sus raíces y se inhibió la correcta absorción de

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nutrientes. Una vez la planta tuvo contacto con el herbicida la planta sufrió
deterioro, marchitez, amarillamiento, necrosis, secamiento y muerte.

En ese orden, (i) la reclamación del agricultor ante varias entidades por la pérdida
de sus cultivos, (ii) la prueba técnica pericial, (iii) las afirmaciones de la testigo
Ofelia Agudelo –funcionaria de la UMATA que acompañó el proyecto productivo
desde el inicio hasta su afectación– y de la testigo presencial Imelda Arango
Arango (iv) y el certificado de operación de aspersión de la Dirección de Policía
Antinarcóticos demuestran la presencia del herbicida en el cultivo del demandante
y, además, la conexión de este con las actividades de erradicación aéreas
adelantadas por la entidad demandada en abril de 2015, circunstancia que
acredita el nexo de causalidad entre la actuación irregular de la entidad
demandada y los daños en los productos agrícolas del demandante.
22. Conclusión de lo expuesto hasta aquí, para la Sala está demostrada la
actuación irregular de la Policía Nacional, por incumplimiento al deber de no
asperjar en distancias menores a 1600 metros de terrenos con proyectos agrícolas
lícitos y, además por afectar, precisamente, productos y sembrados lícitos que no
eran objeto de la operación. Estas irregularidades, que se reprochan,
constituyeron una falla del servicio y fueron la causa adecuada del daño (pérdida
de productos agrícolas).

Liquidación de perjuicios

23. La demanda solicitó $763.600.000.00 por el daño de los cultivos de aguacate,
piña, yuca, guanábana y plátano. La sentencia de primera instancia reconoció el
perjuicio, pero ordenó una condena en abstracto porque no se demostró la cuantía
del mismo. Aun cuando se probó la afectación en los cultivos, no se probaron los
valores exactos de esa pérdida. El recurso de la Nación-Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, pidió negar las pretensiones de la demanda.

Conforme se acreditó de la prueba testimonial y del dictamen pericial, el proyecto
agrícola conformado por aguacate, piña, plátano y yuca sufrió una afectación
general como consecuencia de las aspersiones antinarcóticas con empleo
herbicida glifosato. Sin embargo, estas pruebas no dan cuenta de la extensión
exacta del proyecto, las cantidades de productos afectados, y los valores de los
productos, es decir, de su cuantificación.

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Bajo este panorama probatorio, aunque se acreditó la pérdida de los cultivos del
demandante, no existen elementos objetivos para la tasación del perjuicio. Por lo
anterior, en aplicación del artículo 193 del CPACA78, se condenará en abstracto
para que, mediante incidente, se determine, mediante medios probatorios
pertinentes, el valor de los productos de acuerdo con su tipo, cantidad y valor
unitario, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes parámetros o bases con
arreglo a los cuales se hará la liquidación:

23.1. Se deberá determinar: (i) el tipo de cultivo dentro del predio afectado,
variedad y cantidad de los mismos, y, (ii) con base en los precios unitarios de
productos al momento del daño o de su afectación, es decir, de abril de 2015,
deberá cuantificarse el valor de pérdida económica por producto y el valor total de
todos los productos (daño emergente), es decir, de la pérdida patrimonial del
demandante como consecuencia del hecho dañoso. Para el efecto, el demandante
podrá servirse de las pruebas pertinentes y conducentes que estime necesarias
para esta finalidad. Los valores obtenidos, a su vez, deberán contar con los
debidos soportes y, se reitera, deberán responder al tiempo en que acaeció el
daño alegado (abril de 2015) para que la indemnización se oriente bajo los
criterios de la reparación integral y no constituya un enriquecimiento sin causa del
demandante.

23.2. Por último, el valor total del daño emergente deberá actualizarse desde el
hecho dañoso (18 de abril de 2015) hasta el momento de la decisión que finalice el
incidente de liquidación de perjuicios.

24. Como los demás perjuicios solicitados en la demanda fueron negados en la
sentencia de primera instancia y no fueron materia del recurso de apelación, la
Sala confirmará, en este aspecto, la sentencia apelada, en aplicación del principio
de la non reformatio in pejus.

Costas

78 «Artículo 193. Condenas en abstracto. Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros

semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se
harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los
términos previstos en este Código y en el Código de Procedimiento Civil. Cuando la condena se haga en
abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de
la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso.
Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación extemporánea».

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25. El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. El artículo 365.1 CGP
ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. De conformidad con el
artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo No. 10554 de 2016, cuando la
sentencia apelada sea condenatoria, las agencias en derecho se tasarán en
atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión
ejecutada por el apoderado.

Como la sentencia reconoció perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente, pero no tasó el monto, la entidad condenada pagará, por concepto de
agencias en derecho, un salario mínimo legal mensual vigente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 27 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional es
patrimonialmente responsable por la pérdida de cultivos lícitos del demandante
con ocasión de la aspersión aérea del 18 de abril de 2015.

SEGUNDO: CONDENAR en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional a pagar a favor de Óscar Cano Elorza, por concepto de daño emergente,
las sumas que se demuestren en el incidente de liquidación de perjuicios, de
conformidad con los parámetros contenidos en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR a la parte demandada a pagar a favor de la parte
demandante las costas del proceso y FIJAR 1 SMLMV, por concepto de agencias

41

Radicación: 05001-23-33-000-2017-01589-02 (70775)
Demandante: Óscar Cano Elorza
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía
Nacional
Proceso: Reparación directa

en derecho.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

42

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