Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01597-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01597-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2017-01597-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
9 de abril de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2017-01597-01 (30552)
Demandante: Za Sport SAS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., nueve (09) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01597-01 (30552)
Demandante: Za Sport SAS
Demandado: Municipio de Itagüí
Temas: Idoneidad de los cargos de nulidad para discutir los actos demandados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 18 de julio de 2025 (índice 37),
que decidió:
Primero: Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo: No condenar en costas.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante Auto 89, del 15 de diciembre de 2015 (f. 86 caa), el demandado declaró como
no presentada la autoliquidación del ICA (impuesto de industria y comercio) de la actora
del periodo 2013 porque no estaba firmada por la revisoría fiscal. Por ende, la sancionó
por no declarar (ff. 103 y 104 caa) y mediante Liquidación Oficial de Aforo 83396, del 26
de octubre de 2016 (ff. 110 y 111 caa), determinó el impuesto a cargo, decisión que
confirmó con la Resolución 111554, del 23 de diciembre de 2016 (ff. 200 a 204 caa).
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora demandó la nulidad de la liquidación oficial
de aforo y de la resolución que la confirmó. Pidió, como restablecimiento del derecho,
que se dejen sin efecto las obligaciones determinadas a su cargo en ese procedimiento
administrativo y que se condene al demandado a indemnizar los perjuicios ocasionados
y al pago de las costas procesales. Invocó como normas vulneradas los artículos 29 y 83
constitucionales; 683 del ET (Estatuto Tributario); y 13 de la Ley 43 de 1990, alegando el
siguiente concepto de violación (ff. 2 a 6):
Sostuvo que, teniendo en cuenta sus activos e ingresos correspondientes al año 2012,
no cumplía con los requisitos establecidos en el parágrafo 2.º del artículo 13 de la Ley 43
de 1990 para tener que contar con revisoría fiscal en el periodo cuestionado, razón por
la que carecería de fundamento la decisión de dejar sin efectos la declaración que fue
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presentada, por el hecho de no estar firmada por la revisoría fiscal. También afirmó que
los actos demandados violaron el debido proceso, la buena fe y el espíritu de justicia
porque determinaron el impuesto a cargo empleando las mismas cifras autoliquidadas.
Contestación de la demanda
El demandado se opuso a las pretensiones de la actora y pidió condenarla en costas (ff.
70 a 77). Debatió la idoneidad de los cargos propuestos para desvirtuar la legalidad de la
liquidación oficial demandada, porque estaban dirigidos a cuestionar el Auto que le restó
efectos a la declaración presentada, decisión que en su día no fue impugnada; y señaló
que los actos acusados se ajustaban a derecho porque, estando en firme el acto que tuvo
por no presentada la declaración del impuesto, procedía aforar el tributo.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la actora, sin imponer condena en costas (índice 37).
Juzgó que los planteamientos de la demanda no recaían sobre los actos acusados, sino
que censuraban la legalidad del que tuvo por no presentada la declaración del impuesto
aforado, el cual no podría ser analizado por estar en firme y por no haber sido demandado
en el presente proceso. Consideró que los actos sub lite estaban debidamente motivados,
porque se fundaron en esa decisión administrativa en firme.
Recurso de apelación
La demandante apeló la decisión del a quo (índice 40). Alegó la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal y que se le negó el derecho a acceder a la administración de
justicia, en la medida en que la providencia se basó en la falta de demanda del acto que
tuvo como no presentada la declaración. Relató que no impugnó ese acto porque para la
época fue hospitalizado su contador; e insistió en que el tribunal debió valorar que no le
era exigible contar con revisoría fiscal, reconocer la ilegalidad del acto que tuvo como no
presentada la declaración y juzgar que los actos acusados están falsamente motivados.
Pronunciamientos sobre el recurso
El demandado y el ministerio público guardaron silencio (índice 12).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Se juzga la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados por
la demandante, en calidad de apelante única, contra la sentencia del a quo que negó sus
pretensiones sin condenarla en costas.
2- Basándose en los artículos 287 y 289 del Acuerdo 30 de 2012 (vigentes para la época),
el municipio demandado tuvo por no presentada la declaración del ICA de la actora del
periodo 2013, mediante Auto en el cual expuso como motivo que el denuncio no estaba
firmado por la revisoría fiscal (f. 86 caa). Posteriormente, expidió la liquidación oficial de
aforo (ff. 110 y 111 caa) y la resolución que decidió el recurso interpuesto en contra de
esta en vía administrativa (ff. 200 a 204 caa), que son los únicos actos sobre los que la
demandante solicitó que se llevara a cabo el control de legalidad a través de la acción
promovida en el presente proceso. En las pretensiones formuladas en la demanda, se le
pidió a esta judicatura que declarara la nulidad de la liquidación oficial de aforo y de la
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resolución confirmatoria (ff. 1 y 2), sin demandar que se declarara la nulidad del Auto 89,
del 15 de diciembre de 2015, que tuvo por no presentada la declaración del ICA, acto que
tampoco se impugnó en sede administrativa, como admite la actora (índice 40). En esa
medida, la Sala constata que el citado Auto se encuentra en firme, según el ordinal 3.º
del artículo 87 del CPACA, y no es objeto del control que se adelanta en este proceso.
Sin embargo, la demanda cuestionó la juridicidad de la decisión adoptada en el Auto, al
insistir en que ella no cumplía las condiciones previstas legalmente para tener que contar
con revisoría fiscal en el año 2013, razón por la cual afirma que era válida la declaración
que presentó y que carecen de fundamento los actos expedidos en el procedimiento de
aforo, acusados. En la apelación sostuvo que el a quo desconoció la prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal y vulneró su derecho a acceder a la administración de
justicia, al juzgar que la falta de impugnación del Auto impedía revisar su juridicidad; junto
a lo cual relató que en su momento no impugnó el Auto porque su contador se encontraba
hospitalizado. Pero como esta circunstancia de hecho no fue planteada en la demanda,
la Sala tiene vedado evaluarla, porque implicaría inaugurar en el trámite de la segunda
instancia un debate novedoso que derivaría en una sentencia incongruente que
vulneraría los derechos al debido proceso, a la defensa y contradicción de la contraparte,
que se vería sorprendida con cargos propuestos por primera vez en esta etapa procesal 1.
Consecuentemente, la Sala debe decidir si, estando en firme el Auto mediante el cual se
dejó sin efectos la declaración presentada, se puede cuestionar la juridicidad de los actos
proferidos en el procedimiento de aforo planteando cargos contra la motivación del citado
Auto, o si, como juzgó el a quo, esa clase de cargos resulta inidónea para controvertir la
legalidad de la liquidación oficial de aforo y de la resolución que la confirmó.
3- Esa cuestión jurídica fue absuelta en la sentencia del 24 de enero de 2013 (exp. 18021,
CP: Hugo Fernando Bastidas), en la cual se fijó un criterio de decisión judicial que se ha
reiterado en casos similares al actual (sentencias del 24 de octubre de 2018, exp. 21374,
CP: Julio Roberto Piza; y del 02 de febrero de 2023, exp. 26598, CP: Stella Jeannette
Carvajal). Por ende, la litis tendrá que dirimirse bajo ese criterio, en el que se consideran
los siguientes aspectos jurídicos:
3.1- Las causales que habilitan a tener por no presentada una declaración de impuestos,
previstas en la regulación del procedimiento tributario (artículo 580 del ET), fueron objeto
de precisión jurisprudencial para aclarar que no producían efectos por ministerio de la
ley, sino que hacía falta que la autoridad de impuestos adoptara la decisión de dejar sin
efectos a la declaración presentada, mediante acto administrativo motivado; esto en aras
de salvaguardar los derechos de defensa y contradicción del administrado y de evitar que
adquiriese firmeza la declaración cuestionada (sentencia del 08 de marzo de 1996, exp.
7471, CP: Julio E. Correa Restrepo)2; tesis que reafirmó la Corte Constitucional al juzgar
la constitucionalidad de apartes del artículo 580 del ET en la sentencia C-844 de 1999.
El prenotado Auto tiene la naturaleza de un acto administrativo definitivo, susceptible de
impugnación en sede administrativa y judicial; pero si no ha sido objeto de recursos en
vía administrativa, ni de demanda ante la jurisdicción, no es pasible de que sea controlada
su juridicidad en el proceso en que se juzguen los actos que aforaron el impuesto, toda
vez que la decisión que tuvo por no presentada la declaración se tornó inmodificable y
goza de firmeza y carácter ejecutorio (sentencia del 24 de enero de 2013, citada). De ahí
que la Sección haya concluido en los precedentes, que carece «de competencia para
1
Sentencias del 26 de julio de 2012 (exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), del 25 de noviembre de 2014 (exp. 19031,
CP: Jorge Octavio Ramírez) y del 19 de febrero de 2020 (exp. 22748, CP: Julio Roberto Piza), entre muchas.
2
Reiterada en las sentencias del 05 de junio de 1996 (exp. 7770, CP: Consuelo Sarria Olcos), del 12 de junio de 1998 (exp. 8735,
CP: Germán Ayala Mantilla) y del 29 de septimbre de 2011 (exp. 17783, CP: William Giraldo Giraldo), entre otras.
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decidir sobre la legalidad de la liquidación oficial de aforo a partir de cargos de nulidad
que propenden por desconocer la legalidad del Auto declarativo … [que] no es objeto de
control», pues, de lo contrario, la sentencia incurriría «en una de congruencia interna» al
resolver «la nulidad de los actos acusados a partir del debate jurídico del auto declarativo
que se encontraba en firme» (sentencia del 24 de octubre de 2018, citada).
3.2- A su vez, para la época de los hechos que se enjuician, el ordenamiento del municipio
demandado disponía sobre esta materia, en concordancia con la letra d. del artículo 580
del ET, que se tendría como no presentada la declaración que omitiera llevar la firma de
la revisoría fiscal, del obligado tributario que estuviera sujeto legalmente a contar con ese
órgano de control independiente (así en el ordinal 4.° del artículo 287 del Acuerdo 30 de
2012); pero esta consecuencia jurídica solo se activaría una vez que se expidiera un acto
administrativo motivado que así lo determinara, el cual tendría que notificarse en los dos
años siguientes a la presentación de la autoliquidación cuestionada y podría recurrirse
en reconsideración (artículo 289 ibidem).
4- Habiendo precisado el derecho que rige el caso, la Sala observa que los hechos
probados en el plenario dan cuenta de lo siguiente: la autoliquidación del ICA del periodo
2013 presentada por la actora el 30 de abril de 2014 (f. 26) se tuvo como no presentada
por la demandada mediante el Auto 89, del 15 de diciembre de 2015 (f. 86). Este acto fue
notificado por correo el 23 de diciembre de 2015 (f. 85 caa) y en el artículo cuarto le puso
de presente a la aquí apelante que era susceptible del recurso de reconsideración. Pese
a esa circunstancia, el Auto no fue recurrido ni demandado, cuestión que admite la propia
demandante. Pese a lo anterior, el reproche planteado en contra de la liquidación oficial
de aforo y de la resolución que la confirmó se limita a cuestionar su legalidad formulando
cargos contra los fundamentos del Auto que tuvo por no presentada la declaración, según
los cuales dicho acto habría infringido el parágrafo 2.º, del artículo 13, de la Ley 43 de
1990, que regula el deber de tener revisor fiscal, y habría incurrido en falsa motivación,
violado el debido proceso, la buena fe y el espíritu de justicia al desconocer la declaración
presentada (f. 85 caa); así, dado que no se formularon otros motivos de reparo contra los
actos demandados.
5- Frente a esos hechos, la Sala tiene plenamente establecido que la liquidación oficial
de aforo y la resolución que la confirmó tuvieron como fundamento fáctico que, mediante
acto administrativo que adquirió plena firmeza y respecto del cual no se desvirtuó su
presunción de legalidad –ni es posible hacerlo ahora–, se determinó que la declaración
presentada por la actora carecía de efectos; y que los cargos planteados en la demanda
se encaminan a controvertir la juridicidad de dicho Auto declarativo, en lugar del contenido
o el procedimiento de expedición de los actos demandados. En esa medida, acatando
los criterios de decisión judicial de los precedentes citados, no es viable juzgar en el actual
proceso la motivación y la decisión adoptada en el Auto en el cual se tuvo por no
presentada la declaración del impuesto, toda vez que la acción se ejerció contra los actos
que aforaron el impuesto.
Por consiguiente, se concluye que, como lo señaló el a quo, no era procedente decidir
sobre la legalidad de la liquidación oficial de aforo, a partir de cargos de nulidad que
propendían por desconocer la legalidad del Auto 89, del 15 de diciembre de 2015, el cual,
por tratarse de un acto administrativo que decidió con carácter definitivo una situación
jurídica que a la fecha resulta inmodificable.
Corolario de lo anterior, juzga la Sala que no se desconoció la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, ni se vulneró el derecho fundamental de la actora al acceso a
la administración de justicia. No prospera el cargo de apelación.
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Conclusión
6- Como contenido interpretativo de la presente sentencia, la Sala reitera que no es
pasible controlar la motivación y la decisión del auto en firme en el cual se tiene como no
presentada una declaración tributaria, en el proceso en que se juzguen los actos que
aforaron el impuesto. En el caso se confirmará la decisión apelada porque los argumentos
formulados por la recurrente se dirigen exclusivamente a controvertir la legalidad del Auto
que tuvo por no presentada su autoliquidación del tributo, pero carecen de idoneidad para
desvirtuar la juridicidad y la debida motivación de los actos administrativos demandados.
Costas
7- Como no prosperó el recurso de apelación interpuesto por la actora, se condenará en
costas de esta instancia a esa parte, con fundamento en los artículos 188 del CPACA y
365 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012). Al efecto, la Sala tasará
las agencias en derecho en un (1) SMMLV (artículo 5.° del Acuerdo PSAA16-10554, del
05 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura) y le ordenará al tribunal
tramitar el incidente de liquidación, en los términos del artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Condenar en costas a la demandante en esta instancia y fijar las agencias en derecho
en el equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se le ordena al tribunal que le dé
trámite al respectivo incidente, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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