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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01840-01

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-01840-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1.- REVOCAR la sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión. En su lugar, se dispone: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. DECLARAR la terminación del proceso. 2.- Sin condena en costas en ambas instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2017-01840-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

8 de junio de 2023

Radicado: 05001-23-33-000-2017-01840-01 (26202)
Demandante: STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01840-01 (26202)
Demandante: STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD
Demandado: DIAN
Tema: Capacidad procesal. Sociedad liquidada

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala de Decisión, que resolvió1:

«Primero. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expresado en la
parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Aplicar el principio de favorabilidad en materia sancionatoria tributaria,
contenido en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 640 del Estatuto
Tributario, fijándose la sanción por inexactitud en el 100 % de la diferencia entre el saldo a
pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandante. Las
agencias en derecho serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del Código General
del Proceso».

ANTECEDENTES

STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD, fue una sociedad extranjera que se constituyó
el 12 de noviembre de 2003 y se disolvió el 21 de junio de 2013, conforme a las leyes
de las Islas Vírgenes Británicas2, donde tenía su domicilio, la cual poseía 1.124.996
acciones en Tennis SA, cedidas a EPIFITA VALLEY INVESTORS SA, por efecto de la
liquidación de la sociedad3.

El 23 de enero de 2014, por escrito radicado con el número DER-SM-00150-2014, quien
fue el liquidador de STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD -cedente- y como
representante legal de EPIFITA VALLEY INVESTORS SA –cesionaria-, informó al Banco
de la República la sustitución de la inversión extranjera, en cumplimiento de lo previsto
en el numeral 7.2.1.4 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83. En el documento
se precisó que el motivo de la sustitución era la «liquidación de la sociedad inversionista
extranjera»4.

1
Fls. 162 vto. y 163 c.p.
2
Fl. 2 c.p.
3
Fl. 34 c.a.
4
Fls. 13-14 c.a.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01840-01 (26202)
Demandante: STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD

El 4 de febrero de 2014, por medio del formulario SIE03223, el Banco de la República
registró la sustitución de la inversión extranjera en Colombia5.

El 28 de agosto de 2014, la referida sociedad presentó la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013 de conformidad con el
artículo 326 del ET, en la cual liquidó un saldo a pagar de $68.713.000, correspondiente
a la sanción por extemporaneidad6.

El 4 de febrero de 2015, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección
Seccional de Impuestos de Medellín, profirió el auto de apertura 112382015000137 por
el programa «INVERSIÓN EXTRANJERA GESTIÓN» en relación con dicha declaración7.
El 5 de febrero de 2016, previo requerimiento especial8, la División de Gestión de
Liquidación de la dirección seccional señalada expidió la Liquidación Oficial de Revisión
112412016000002, en la que adicionó ingresos y costos por ganancias ocasionales e
impuso sanciones de extemporaneidad y por inexactitud del 160 %, para determinar un
saldo a pagar9. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración10.

El 2 de marzo de 2017, mediante Resolución 001376, la Subdirección de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica del nivel central de la DIAN,
modificó el acto liquidatorio para fijar la sanción por inexactitud en el 100 % en
aplicación del principio de favorabilidad11.

DEMANDA

STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló
las siguientes pretensiones12:

«PRETENSIÓN PRINCIPAL: Que previo el trámite respectivo, se declare la NULIDAD del
acto administrativo complejo compuesto por la Liquidación Oficial de Revisión No.
112412016000002 del 05 de febrero de 2016, y la Resolución No. 001376 del 02 de marzo
de 2017 “[p]or la cual se decide un recurso de reconsideración.

PRETENSIÓN CONSECUENCIAL: Que en consecuencia de esta pretensión principal, se
restablezca el derecho determinando que la declaración de renta presentada por
STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD se encuentra en firme y en consecuencia la
sociedad no tiene la obligación de pagar un mayor impuesto ni sanción alguna relacionada
con el mayor impuesto determinado por la DIAN en la Liquidación Oficial.

COSTAS: Que se condenen en costas y agencias en derecho a la DIAN».

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

• Artículos 26, 51, 69, 70, 90, 272, 301, 303 y 647 del Estatuto Tributario
• Artículo 38 del Decreto 2649 de 1993

5
Fl. 14 c.a.
6
Fl. 62 c.a.
7
Fl. 1 c.a.
8
Identificado con el número 112382015000034 del 12 de mayo de 2015, al cual no se le dio respuesta según lo indicado en la
liquidación oficial de revisión. Fls. 143 a 155 c.a.
9
Fls. 28 a 47 c.p.
10
Fls. 242 a 253 c.a.
11
Fls. 48 a 75 c.p.
12
Fl. 25 c.p.
2
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Demandante: STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD

• Artículo 264 de la Ley 223 de 1995

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

La sociedad no recibió ingreso gravado alguno por la adjudicación de remanentes a sus
accionistas producto de su liquidación: La actuación acusada incurrió en falsa
motivación e infringió las normas en las que debía fundarse, cuando partió de una
premisa equivocada y entendió que la compañía obtuvo ingresos gravados con el
impuesto de ganancia ocasional por la adjudicación de remanentes que le hizo a un
accionista (Epifita Valley Investors SA), producto de su liquidación. Cuando se liquida una
sociedad y se entrega el remanente contra el capital social, la sociedad liquidada no
incrementa su patrimonio, por lo que, acorde con los artículos 38 del Decreto 2649 de
1993 y 26 del ET, no obtiene un ingreso gravado por la adjudicación de remanentes a
sus accionistas. La DIAN, al proponer un ingreso gravable en cabeza de la sociedad
liquidada, desconoció su doctrina (Concepto 095030 del 18 de noviembre de 2009).

La DIAN hizo una indebida interpretación de los artículos 51 y 301 del ET, y de los
oficios 018115 y 095030: Aunque con el recurso de reconsideración se puso en
conocimiento el concepto 095030 de 18 de noviembre de 2009, que respondió los
interrogantes ¿Cuándo una sociedad extranjera que tiene activos en el país se liquida y
adjudica dichos bienes a los socios extranjeros, tal reintegro constituye para el socio no
residente un ingreso de fuente nacional gravable con el impuesto sobre la renta (primera
pregunta), así como un ingreso de fuente nacional para la sociedad que se liquida (segunda
pregunta)?, la DIAN no solo no lo tuvo en cuenta, sino que tergiversó su contenido al
desconocer la respuesta a la segunda pregunta, que se ajusta al caso concreto, y tomó
como fundamento de su decisión la respuesta a la primera pregunta, relativa al ingreso
que recibe el socio por el reintegro de remanentes de una sociedad, en la cual tiene
acciones, para justificar un ingreso gravable en cabeza de la actora como consecuencia
de la adjudicación de remanentes.

No son aplicables los artículos 51 y 301 del ET, pues si bien la primera norma se refiere
a la liquidación de sociedades, lo hace desde la perspectiva del socio a quien se
distribuye en dinero o en especie el remanente de la liquidación de la sociedad, por lo
que no es un argumento válido para justificar un ingreso en cabeza de la sociedad
liquidada; lo mismo sucede con el artículo 301 ib., según el cual las utilidades originadas
en la liquidación de sociedades para los accionistas se determinan por el exceso de lo
recibido sobre el capital aportado, pues se refiere al ingreso del accionista.

El artículo 90 del ET no es aplicable al caso concreto: Para la DIAN, en la adjudicación
de remanentes a favor de Epifita Valley Investors SA hubo una enajenación por parte de
la actora, por lo que, en aplicación de la norma, se debió calcular la utilidad restándole
al valor comercial -calculado con el valor intrínseco de las acciones- el costo del activo
enajenado. No obstante, dicho artículo no opera ya que en una adjudicación de
remanentes a favor de un accionista por parte de la sociedad liquidada no hay «precio
de enajenación» porque esta no recibe contraprestación por dicha transferencia. El
Consejo de Estado y la doctrina DIAN se han ocupado del tema al señalar que, el
artículo 90 del ET, solo aplica cuando hay un ingreso para la enajenante.

El valor de los remanentes se asigna conforme a su costo fiscal, no por su valor
intrínseco: Aunque la actora no recibió un ingreso gravado y, por ello, no debe pagar
ganancia ocasional, no es cierto que el remanente entregado a los accionistas producto
de la liquidación de la sociedad deba ser determinado de acuerdo con el valor intrínseco
3
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Demandante: STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD

de las acciones, pues lo correcto es que quien recibe la adjudicación de los bienes, lo
haga por su costo histórico, esto es, por su valor de adquisición.

No procedía valorar las acciones de Tennis SA adjudicadas a Epifita Valley Investors SA
por su valor intrínseco, al tratarse de un acto jurídico en el que la sociedad liquidada no
recibió ingresos, siendo lo correcto valorar las acciones por su costo histórico calculado
conforme a los artículos 69 y 272 del ET, posición avalada por la DIAN en el concepto
076195 del 28 de septiembre de 1998.

Sanciones por extemporaneidad y por inexactitud: Si bien no había lugar a presentar
declaración, porque no se generó impuesto a cargo, la sociedad lo hizo y liquidó la
sanción por extemporaneidad por $68.713.000 -artículo 641 [inc. 3] del ET-; no obstante,
la DIAN acudió a los balances de Tennis SA para tomar como base un impuesto a cargo
que no correspondía al de la sociedad liquidada, para imponer sanción de
$830.920.000, lo que es incorrecto pues la declaración presentada por el inversionista
extranjero se fundamentó en los ingresos y costos de este, y no de la compañía
receptora de la inversión, lo cual deja sin fundamento la sanción por inexactitud.

Como la sociedad no obtuvo ingresos por la adjudicación del remanente social a sus
accionistas (Epifita Valley Investors SA), no se materializó la inexactitud sancionable que
se pretende atribuir, pues la sociedad no incurrió en omisión de ingresos. De
entenderse que la actora tuvo un ingreso gravable, que sería presunto para fines
fiscales ya que contablemente no lo hay, se tendría que aplicar el artículo 647 [parágrafo
2] del ET y eximir de la sanción por inexactitud a la sociedad, en cuanto hizo una
interpretación del derecho más que razonable, que está debidamente sustentada y es
armónica los conceptos de la DIAN.

OPOSICIÓN

La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente13:

No es de recibo que la actora afirme que no obtuvo ingresos gravados, en tanto se
probó que se generaron ingresos por ganancias ocasionales por la cesión de 1.124.996
acciones que la actora tenía en Tennis SA a Epifita Valley Investors, pues no se cedieron
por su valor intrínseco sino por su costo de adquisición, con lo cual hubo una utilidad
gravada, y no un ingreso presunto como lo sostiene la demandante, siendo procedente
el valor determinado por la Administración. Como de las pruebas recaudadas se
evidenció que lo que hubo fue una cesión de acciones y un cambio de la titularidad de
la inversión extranjera, no aplica el Concepto 095030 de 18 de noviembre de 2009,
porque no está en discusión que se haya producido una distribución de remanentes.

Ante el rechazo del valor determinado por la actora, se estableció el valor intrínseco por
la venta de las acciones -artículo 90 [inc. 4] del ET-, se desconoció el costo fijado por la
sociedad y se calculó conforme a los artículos 69 y 70 ib., teniendo en cuenta el balance
general de la sociedad receptora (Tennis SA).

La Administración tuvo en cuenta (i) el certificado de disolución del registrador de asuntos
corporativos de las Islas Vírgenes Británicas, en el que se certificó que el 21 de junio de 2013
fue disuelta la sociedad, (ii) el formulario de sustitución de inversión extranjera, (iii) la

13
Fls. 99 a 113 c.p.
4
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comunicación radicada en el Banco de la República en la que se certificó el cambio de
titularidad, (iv) el acta de la visita realizada a Tennis SA y (v) copia del libro de registro de
acciones donde Epifita Valley Investors SA consta como accionista de la actora, documentos
que si bien pueden demostrar la calidad de socio de dicha compañía y la posesión de
acciones en la misma, no implican que no se generaran utilidades en la cesión.

Teniendo en cuenta que el cambio de la titularidad de la inversión extranjera y la
disolución de la actora se produjo el 21 de junio de 2013, el plazo que tenía para
presentar de manera oportuna la liquidación privada era hasta el 21 de julio de 2013;
como la sociedad presentó la declaración el 28 de agosto de 2014, procedía la sanción
por extemporaneidad, que al ser incorrectamente calculada, se determinó conforme al
artículo 641 del ET.

La sanción por inexactitud es procedente, porque la contribuyente omitió ingresos por
ganancias ocasionales en la declaración de renta del año 2013, sin que se presente
diferencia de criterios, pues se desconoció la normativa aplicable al declarar el valor de
la cesión de acciones por su costo de adquisición, y no por su valor intrínseco.

AUDIENCIA INICIAL

El 25 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 201114. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron
irregularidades procesales o nulidades, no se solicitaron medidas cautelares, ni se
propusieron excepciones previas, se tuvieron como pruebas las allegadas con la
demanda y la contestación, y se dio traslado a las partes para alegar de conclusión. El
litigio se concretó en establecer la legalidad de los actos administrativos acusados.

SENTENCIA APELADA15

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, fijó la
sanción por inexactitud en el 100 % al aplicar el principio de favorabilidad, y condenó
en costas a la demandante por ser vencida en el proceso, con base en lo siguiente16:

De acuerdo con los artículos 2 del Decreto 1242 de 2003, 326 y 327 del ET, le asiste
razón a la demandada al argumentar que el cambio de la titularidad de la inversión
extranjera y todos los actos que se desprenden de la misma, como la transferencia de
la titularidad de activos, entre ellas, las acciones, genera la obligación de presentar la
declaración del impuesto sobre la renta por cada operación, aun cuando no se genere
impuesto a cargo; por ello, la actora estaba obligada a presentar la referida declaración.
Como la sustitución de la inversión extranjera se efectuó el 21 de junio de 2013, la
actora tenía hasta el 21 de julio de 2013 para presentarla, obligación que cumplió el 28
de agosto de 2014, razón por la cual liquidó la respectiva sanción por extemporaneidad.

En la operación de sustitución de inversión extranjera la actora cedió 1.124.996
acciones a Epifita Valley Investors SA, transacción que se perfeccionó a través del
certificado de disolución de la empresa, formalizando la cesión por $1.755.966.000. De

14
Fls. 126 a 128 c.p.
15
Por auto del 7 de septiembre de 2021, se negó la solicitud de nulidad formulada por la demandante conforme al artículo 133 [6
y 7] del CGP, por no haberse tenido en cuenta los alegatos de conclusión allegados de manera oportuna. Fls. 186 a 189 c.p.
16
Fls. 152 a 163 c.p.
5
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lo dispuesto en los artículos 31 y 301 del ET, las pruebas recaudadas del proceso y la
sentencia del 9 de diciembre de 2010 del Consejo de Estado, exp. 17078, se establece
que, cuando el valor de las acciones asignado por las partes difiere en más del 25 %
del precio establecido en el comercio para bienes de la misma especie y calidad, la
DIAN puede acudir al valor intrínseco para calcular su valor comercial; al realizar este
cálculo, se evidenció que el valor de los ingresos por ganancias ocasionales derivados
de la cesión era mayor al declarado, por lo que la entidad estaba facultada para
adicionar tal concepto, sin que exista falsa motivación, pues la actuación acusada se
ajustó a lo probado en la investigación tributaria, en las declaraciones, los libros
contables y la certificación del revisor fiscal.

Del mismo modo, los actos acusados observaron la normativa en que debían fundarse,
esto es, los artículos 36-1, 69, 90, 272 y 326 del ET y el Decreto 1242 de 2003.

Se mantiene la sanción por inexactitud, pues se probó que la demandante omitió el
valor real de los ingresos, sin que se trate de una diferencia de criterios. No obstante,
se debe aplicar el principio de favorabilidad para establecer la sanción en el 100 %.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, con fundamento en lo siguiente17:

La actuación del Tribunal es nula, porque no se observaron los alegatos de conclusión
de la sociedad, configurándose las causales del artículo 133 [6 y 7] del CGP; en los
mismos se detallaron los problemas jurídicos que debían ser analizados (diferencia entre
cesión y adjudicación, aplicación de los artículos 51, 90 y 301 del ET, y del Concepto 095030
de 2009) que, de haberse estudiado hubieran podido variar el sentido del fallo, en
cuanto explicaron los argumentos tendientes a desvirtuar los yerros de la DIAN.

El a quo replicó el error de la DIAN de considerar que se está ante una cesión de
acciones y no ante una adjudicación, y aplicó indistintamente los efectos de una y otra;
la adjudicación implica para la sociedad la disminución de su activo y patrimonio, por
lo que no puede predicarse que se genera un ingreso para la entidad liquidada, ni real
ni presunto, o hablarse de un precio asignado por las partes que difiera de su valor
comercial, no siendo aplicable el artículo 90 del ET.

Una interpretación en conjunto de los artículos 51 y 301 del ET, en atención a su
literalidad, espíritu y conformidad con la Constitución, permite concluir que son los
accionistas de una sociedad que se liquida, y no la sociedad liquidada, quienes tienen
un ingreso gravado con renta, salvo que hayan poseído las acciones por más de dos
años, el cual corresponderá al exceso de lo recibido frente al capital aportado y su
participación en las utilidades pendientes de repartir distribuibles como no gravables.
La anterior interpretación, además de ser razonable, era de obligatorio cumplimiento
para la DIAN, pues la sociedad se amparó en el Concepto 095030 de 2009.

Si se estuviera ante una cesión, y ésta fuera onerosa, la sociedad hubiera recibido una
contraprestación por la transferencia de las acciones de Tennis SA, lo cual no ocurrió.
El hecho de que las acciones fueran transferidas a título de adjudicación y no de cesión,
está probado y no es objeto de debate, pues así lo señaló la DIAN en la resolución que

17
Fls. 177 a 184 c.p.
6
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resolvió el recurso de reconsideración, y en la contestación de la demanda cuando
indicó como hecho cierto el número 3, relacionado con la aprobación de la liquidación
de la sociedad y la consecuente adjudicación de las acciones a su único accionista.
Aunque el Tribunal reconoció este hecho, confundió cesión con adjudicación.

Al no haber un ingreso derivado de la liquidación de la sociedad en los términos del
artículo 26 del ET, la sociedad inicialmente no presentó la declaración en cuanto no se
generó impuesto, que era lo que debía acreditarse con la presentación de la misma,
según lo señalado en el artículo 326 Ib.; no obstante, aunque el valor de la adjudicación
correspondió al costo de las acciones, por cuenta de la DIAN se cometió el error, pese
a no existir un ingreso, de presentar la declaración -registrando el ingreso igual al costo,
utilidad cero, impuesto cero-, razón por la que la demandada no puede aprovechar este
yerro para incrementar el ingreso fiscal que no debió haber existido, pues solo se
generó la obligación de informar el cambio de titular de la inversión extranjera.

Si bien el cambio de titularidad obedeció a una cesión de acciones, el título por el que
se hizo fue la adjudicación en una liquidación, que no es oneroso sino gratuito, por el
cual el accionista adjudicatario recibe el remanente en la liquidación, y la sociedad que
adjudica no puede enriquecerse. El a quo se limitó a citar el artículo 301 del ET para
concluir que la sociedad reportó ingresos por el costo fiscal cuando debió hacerlo por
el valor comercial, sin analizar de fondo el debate planteado relativo a la debida
interpretación de los artículos 51 y 301 ib; estando probado que la actora es la sociedad
liquidada, y no la que recibe la liquidación, y que las acciones de Tennis SA fueron
adjudicadas como remanente, siendo improcedente la adición de ingresos.

El artículo 90 del ET se aplicó incorrectamente por la indebida aplicación de los
artículos 51 y 301 ib., porque se trató de una enajenación por adjudicación, y no por
cesión, en la cual el enajenante no recibe un ingreso por dicha transferencia; por tal
motivo, al no existir «precio de enajenación» la DIAN no podía ejercer la facultad que le
da la norma de modificarlo en cuanto en la operación no hubo contraprestación.

No se puede perder de vista que la finalidad de esta norma es anti - elusiva, aplicable
a los casos de ventas o cesiones a título oneroso, donde haya una contraprestación en
dinero o en especie para el enajenante; por ello, no es aplicable a la adjudicación, caso
en el cual lo que se regula no es el tratamiento del enajenante sino del adquirente del
bien, quien sí recibe un ingreso. En la medida en que la ley tributaria regula los efectos
de los adquirentes en liquidación de sociedades, no hay una elusión en cuanto a un
supuesto precio, descartándose la aplicación del artículo 90.

Tampoco se puede obviar que el referido artículo regula la determinación de la renta
bruta en la enajenación de activos, lo que necesariamente requiere estar frente a una
operación que genere ingreso para el enajenante. En la adjudicación del remanente de
la liquidación de sociedades no se puede hablar de ingreso para la sociedad liquidada,
de la obtención de renta bruta o precio de enajenación, y menos presumir un ingreso
equivalente al valor comercial de los bienes enajenados en cabeza de la sociedad
liquidada. Es injusto presumir un ingreso a una sociedad que se liquida por la
adjudicación de su remanente, porque no tiene un hecho demostrativo de capacidad
económica, toda vez que la transferencia del remanente no genera incremento del
patrimonio sino disminución del mismo.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD

Si se aceptara que en la liquidación de la sociedad se genera ingreso para la persona
liquidada, no aplicaría el artículo 90 del ET, pues al no existir norma que regule el valor
por el cual se deben adjudicar los bienes, los mismos deben ser adjudicados por el
costo fiscal que tenían en cabeza de la sociedad.

No procede la sanción por inexactitud y, de no aceptarse los argumentos esbozados,
se debe exonerar a la sociedad por interpretar razonablemente el derecho aplicable.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Comoquiera que no se decretaron pruebas en segunda instancia, no se dio traslado
para alegar de conclusión, en cumplimiento del artículo 247 del CPACA18.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de primera instancia, la Sala debe decidir sobre la legalidad de los actos
administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable 2013, presentada por STAFFORD HILLS
CONGLOMERATE LTD.

No obstante, al efectuar el control de legalidad de que trata el artículo 132 del CGP,
aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, para establecer si se
cumplen los presupuestos procesales que habilitan a esta Corporación para
pronunciarse de fondo, se evidenció que, para la fecha de presentación de la demanda
(7 de julio de 2017)19, la sociedad actora estaba liquidada (21 de junio de 2013)20.

Como lo ha precisado la Sala21, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, solo puede ser ejercido por los sujetos
de derecho que gozan de capacidad para ser parte, porque cuentan con facultad
expresa para integrar un extremo de la litis -activo o pasivo- 22. En el caso de las personas
jurídicas, el ordenamiento les reconoce personalidad jurídica y les permite actuar como
sujetos de derechos y obligaciones independientes de sus socios, a través de sus
representantes23, desde el momento de su constitución hasta el de su extinción 24. Por
ende, es dentro de esos términos que cuentan con capacidad procesal para convocar
el juicio. De ahí que el artículo 166 [4] Ib. exija que las demandas presentadas por
personas jurídicas estén acompañadas del respectivo certificado de existencia y
representación legal.

Tratándose de una sociedad extranjera, como lo era la demandante en los términos del
artículo 469 del Código de Comercio, en cuanto fue constituida conforme a las leyes de

18
Encontrándose el expediente al despacho para sentencia, la demandante solicitó tener cuenta la sentencia del 10 de noviembre
de 2022, expediente 25400, mediante la cual se anuló el oficio 2949 del 27 de diciembre de 2019 de la DIAN, sobre la interpretación
del artículo 90 del ET.
19
Fl. 27 c.p.
20
Fl. 2 c.p.
21
Sentencias del 7 de diciembre de 2022, Exp. 20850, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 19 de noviembre de 2020, Exp.
25174, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez, en las que se reitera, entre otras, la providencia del 7 de marzo de 2018, Exp. 23128,
CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22
Sentencia del 12 de marzo de 2019, Exp. 24273, CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23
Artículo 98 del Código de Comercio.
24
Artículos 633 del Código Civil y 9 de la Ley 57 de 1887.
8
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las Islas Vírgenes Británicas, donde estaba domiciliada, su existencia se prueba, según
lo determinado en el artículo 486 ejusdem, con el certificado expedido por el organismo
de registro del lugar donde haya sido constituida, documento que, para ser tenido como
prueba, debe ajustarse a lo previsto en los artículos 480 Ib25 y 251 del CGP26.

Con la demanda, se allegó el «certificado del agente registrado» firmado el 21 de abril de
2017, autenticado y apostillado el 24 de abril de 2017, en el que se hizo constar lo
siguiente27:

«CERTIFICADO DEL AGENTE REGISTRADO

Nosotros, QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, debidamente autorizados para
actuar como Agentes Residentes Registrados en las Islas Vírgenes Británicas […]
conforme a la Licencia de Fideicomiso General No. 39 […] y como agente residente
registrado de STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD, una sociedad de las Islas
Vírgenes Británicas, debidamente constituida en el Registro de Compañías de las Islas
Vírgenes Británicas, con Registro No. 567417 desde el 12 de noviembre de 2003
(denominada en lo sucesivo en este documento como la “Compañía”), por este medio
certificamos lo siguiente:

1. Que la Compañía fue debidamente disuelta en las Islas Vírgenes Británicas el día
21 de Junio de 2013.

2. Que el liquidador de la sociedad fue el señor Delio José De León Mela. […]». Se
resalta

En ese sentido, en el expediente obra que el liquidador de la sociedad, en certificación
del 30 de junio de 2017, expresó que «El Suscrito, JOSÉ DE LEÓN MELA, mayor de edad
domiciliado en Panamá, identificado con el número de pasaporte que aparece al pie de mi firma, quien
en su momento actuó como liquidador de la sociedad STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD,
sociedad con NIT. 811.045.336-5 certifico que el valor por el cual se adjudicaron las acciones de la
sociedad TENNIS S.A. al accionista…», de lo cual se infiere que, con anterioridad a la
expedición de la citada certificación, la sociedad estaba liquidada.

No obstante, por auto del 25 de julio de 2017, el a quo inadmitió la demanda para que
la actora allegara el poder en debida forma, en cuanto se dirigió a la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos, y no se identificó con claridad el asunto por el cual se
otorgaba28.

Con la subsanación de la demanda se aportó un nuevo poder conferido el 8 de agosto
de 2017 por Delio José De León Mela, en calidad de liquidador de la sociedad actora,
mandato conferido a las abogadas Adriana Melo White y Beatriz E. Villegas De Bedout,
25
«Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la
firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de
lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes.
Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo país».
26
«Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren
en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o
por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En
caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.
Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de
conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no
sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el
cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del
cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares
de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.
Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país».
27
Fl. 2 c.p.
28
Fl. 79 c.p.
9
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para demandar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, los actos administrativos por los cuales la DIAN determinó de manera oficial
el impuesto sobre la renta del año gravable 2013, a cargo de la extinta sociedad29.

Mediante auto del 25 de agosto de 201730, se admitió la demanda reconociéndose
como parte demandante a la sociedad STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD y como
apoderadas de las mismas a las citadas abogadas en los términos del poder conferido,
sin advertir que la sociedad estaba liquidada y que el liquidador había perdido la
competencia para representar y realizar las gestiones encomendadas por la ley31, de
tal forma que carecía de capacidad para conferir poder en nombre de la sociedad y
para intervenir judicial y extrajudicialmente.

Aunque este hecho fue advertido por la Subdirección de Gestión de Fiscalización
Internacional en el informe preliminar32 rendido sobre la sustitución de la inversión
extranjera cuando se refirió a los aspectos generales de la sociedad, donde transcribió
el certificado de disolución aportado al expediente administrativo al señalar: «Certificado
de Disolución (Sección 208): “…El registrador de asuntos corporativos de las Islas vírgenes Británicas,
POR LA PRESENTE CERTIFICA que de conformidad con la Ley de Compañías COMERCIALES BVI,
2004 todos los requisitos de Ley con respecto a la disolución, han sido cumplidos por STAFFORD HILLS
CONGLOMERATE LTD COMPAÑÍA BVI NÚMERO 567417. Que fue disuelta el 21 de junio de 2013 (folio
22)», concluyó que se debían remitir los antecedentes a la Dirección Seccional de
Impuestos de Medellín para que continuara el proceso a fin de que la contribuyente
corrigiera la declaración de renta.

Recibido el expediente por la referida dirección seccional, e iniciado el proceso de
determinación oficial, se dictó el auto 900014 de 29 de enero de 2016, a fin de
complementar las verificaciones realizadas respecto de la operación de sustitución de
inversión extranjera declarada por la sociedad en el año 2013, para lo cual, el 4 de
febrero de 2016 se llevó a cabo visita en la dirección registrada en el RUT de la sociedad
• actualizado el 11 de febrero de 2013-, en la que se hizo constar lo siguiente33:

«[…]. La visita es atendida por Adriana Melo White […] en su calidad de apoderada […].

En la presente visita se efectuaron las siguientes tareas:
DESARROLLO DE LA VISITA:
Inspección ocular (…):
El lugar de la visita corresponde a la empresa receptora de la inversión que es Tennis.
La dirección corresponde a la registrada en el RUT que es la misma de Tennis. La
sociedad Stafford se constituyó en Islas Vírgenes Británicas y actualmente está
liquidada.
Información solicitada:
Se solicitó informar la composición accionaria y los socios de la Sociedad Stafford Hills
Conglomerate Ltd. y actividades realizadas durante el año 2013.
Se informa no conocer ninguna actividad distinta a tener las acciones, adjudicarlas y
la liquidación.
Información suministrada y aportada en la diligencia (documental, testimonial):

29
Fls. 84-85 c.p.
30
Fl. 87 c.a.
31
Art. 58 CGP. «Representación de personas jurídicas extranjeras y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. […].
Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes en Colombia estarán representadas en los procesos por
el apoderado que constituyan con las formalidades previstas en este código. […]».
Art. 74 CGP. «Poderes. […].Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se
otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante,
se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea
apoderado de una persona. […]». Se resalta.
32
Fls. 118 a 127 c.a.
33
Fls. 175-176 c.a.
10
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En desarrollo de la visita se informa que la sociedad Stafford Hills Conglomerate Ltd se
liquidó y adjudicó las acciones que tenía en Tennis a su socio Epifita Valley Investors
SA, ubicada en la República de Panamá.
No se tiene conocimiento de otro socio, ya que el 100% de las acciones se adjudicaron
a la sociedad Epifita Valley Investors SA.
Observaciones de la visita:
Se adjunta: poder de la señora Adriana Melo White (…), certificado de existencia de Stafford.
Documento de Constitución […]» Se resalta.

Se advierte que el poder otorgado para atender la visita fue conferido por Dora Castrillón
en virtud del poder que, a su vez, le confirió quien era el director único y representante
legal de la sociedad extranjera el 26 de agosto de 201434.

Proferida la liquidación oficial de revisión contra la declaración presentada por la actora,
se interpuso recurso de reconsideración35, para lo cual, el 5 de abril de 2016, Delio José
de León Mela le otorgó poder a Adriana Melo White36. Por auto 000512 del 16 de mayo de
2016, se inadmitió el recurso porque no se aportó documento idóneo que acreditara
que el poderdante actuaba como liquidador o representante legal de la sociedad, ni
documento que acreditara que podía delegar poder37.

El 31 de mayo de 2016, la apoderada de la actora dio respuesta al auto inadmisorio y
al efecto señaló:
«[…] debe tenerse en cuenta que a folio 30 a 32 del expediente administrativo, obra la
constancia de la designación del señor Delio José de León Mela como liquidador de
la sociedad, y es en virtud de dicho documento de designación, efectuado en su momento
por quien tenía capacidad para designarlo (que era el señor Vernon Emmanuel Salazar
Zurita, como director único de la sociedad), que el liquidador me otorgó poder para actuar
en representación de la sociedad contra quién se inició la actuación administrativa».

Citó lo dispuesto en el artículo 556 del ET para indicar después que «Ahora
bien, la ley de sociedades de Islas Vírgenes británicas, incluida en el Acto de Compañías
de BVI No. 16 de 2004 modificado por el Acto 26 de 2005 establece los Poderes del
liquidador designado de manera voluntaria en la sección 207, donde se indica que el
liquidador tendrá en los términos del literal (f) del numeral (1) poder para iniciar o defender,
a nombre de la compañía, cualquier acción o procedimiento legal.

Por esta razón el liquidador designado es quien podía delegar este poder, en cabeza mía,
cómo abogada, y al efecto se adjuntan los siguientes documentos que acreditan su
designación: - Copia del certificado de incorporación de la sociedad - Copia auténtica del
certificado original de incumbencia de la sociedad donde consta quien era el director único
de la sociedad - La resolución donde se decide designar al señor Delio José de León Mela,
como liquidador de la sociedad - La nota de designación del liquidador por parte de su
director único, con su respectiva postilla».

El 13 de julio de 2016, por auto 000765 del 13 de julio de 201638, se admitió el recurso
de reconsideración, porque «De acuerdo con las verificaciones efectuadas a los documentos
presentados con ocasión del recurso de reposición, se constata que dicho requisito fue subsanado,
por cuanto se anexaron documentos expedidos en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes de fecha 23
de mayo de 2016, otorgados por el Notario Público, Gail Carrington, que dan constancia de la
capacidad del señor DELIO JOSÉ DE LEÓN para actuar como liquidador y/o representante legal de
la sociedad, así como la de delegar poder, razón por la cual se hace necesario admitir el recurso». Se
resalta

34
Fl. 61 c.a.
35
Fls. 242 a 253 c.a.
36
Fls. 254-255 c.a.
37
Fls. 301-302 c.a.
38
Fls. 377-378 c.a.
11
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El documento al que se hizo referencia en el auto admisorio del recurso de
reconsideración corresponde a un certificado otorgado por un notario público de las
Islas Vírgenes Británicas en el que se hizo constar lo siguiente39:

«NOTARIZACIÓN

Yo, GAIL CARRINGTON, Notario Público debidamente admitido y juramentado […] CERTIFICO POR
MEDIO DE LA PRESENTE y atestiguo que la Copia Auténtica Certificada de la Notificación del
Nombramiento de Liquidador para STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD., ha sido certificada
por Tritia Guishard como firmante autorizada de QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, y que de
acuerdo con el espécimen de la firma que guardamos en nuestros registros, la firma adjunta a la presente
parece ser la de Tritia Guishard.
FECHADO este día 23 de mayo de 2016 […]». Se resalta.

Al verificar el documento al que alude la anterior certificación, se advierte que
corresponde a la designación de Delio José de León Mela, como liquidador de la sociedad
efectuada el 22 de mayo de 2013, esto es, de manera previa a su disolución la cual
ocurrió el 21 de junio de 2013. En dicho documento se lee40:

«LEY DE COMPAÑÍAS DE NEGOCIOS DE
LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS. 2004

STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD
Compañía No 567417
(La “Compañía”)
Una compañía de negocios de las Islas Vírgenes Británicas
NOTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR

SE HACE CONSTAR, de conformidad con la sección 203(3) de la Ley de Compañías de
Negocios de las Islas Vírgenes Británicas, 2004, que Delio José de León Mela (…) ha sido
designado como liquidador voluntario de la Compañía de conformidad a la resolución
del único director fechada el 22 de mayo de 2013.
Fechada este día 22 de mayo de 2013.
Por medio de la presente certificamos que este documento es una COPIA VERDADERA
del original
Firmado por Tritia Guishard
Firmante autorizado
Quijano & Associates (BVI) Limited.
Agente registrado. […]»

Y los demás documentos aportados con ocasión del recurso dan cuenta es de la
constitución e inscripción de la sociedad en el país de origen, los cuales fueron
otorgados en noviembre de 2003 y septiembre de 2005.

Pues bien, la Sala ha dicho que la capacidad para actuar, como atributo de las personas
jurídicas, subsiste hasta el momento de su liquidación, lo cual ocurre con la inscripción
en el registro mercantil de la cuenta final de la liquidación, y que es a partir de ese
momento que la persona jurídica desaparece definitivamente del mundo jurídico, no
puede ser sujeto de derechos y obligaciones, y no puede ser parte de un proceso.

En el caso concreto, resulta patente, de acuerdo con el acervo probatorio relacionado -
i) certificado de disolución del 21 de junio de 2013; ii) designación del liquidador de fecha 22 de
mayo de 2013; iii) informe preliminar del 9 de diciembre de 2014; v) acta de visita del 4 de
febrero de 2016; vi) certificado del agente registrado del 21 de abril de 2017 y, vii) certificación

39
Fl. 323 c.a.
40
Fl. 324 c.a.
12
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de quien fungió como liquidador del 30 de junio de 2017- que, para la época en que se inició
el procedimiento de revisión que culminó con la expedición de los actos definitivos
acusados, los cuales procuraron definir una situación jurídica particular para establecer
una deuda tributaria, la sociedad estaba extinta, aspecto que nunca fue controvertido
por la Administración. En efecto, STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD. dejó de existir
desde el 21 de junio de 201341; por tal motivo, el 7 de julio de 201742, fecha de
presentación de la demanda, la sociedad no podía ser parte del proceso iniciado ante
la jurisdicción.

Por las mismas razones, quienes fungían como director único y liquidador no podían
otorgar poderes para representar los intereses de una persona jurídica inexistente y
cuestionar la legalidad de unos actos administrativos que fueron expedidos con
posterioridad a la disolución de la sociedad, la cual, según lo explicado en respuesta al
requerimiento ordinario de 100211230-000156 de 26 de junio de 201443 «implica en el
país de domicilio de la sociedad la liquidación definitiva del ente»44, ya que cuando
suscribieron los mandatos tanto en vía administrativa como en sede judicial la sociedad
ya estaba extinta, de manera que no tenían facultades de representación de la misma
para conferir poderes45.

Tal situación afecta la legitimación de las citadas abogadas para acudir ante la
jurisdicción, porque los actos administrativos se expidieron contra una sociedad
liquidada y, por tanto, no les asiste interés jurídico para demandar, pues tales actos
están dirigidos contra una persona jurídica que fue liquidada antes de la interposición
de la presente demanda.

El artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que «En la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del
inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus». Se resalta.

Así, acreditada la inexistencia de la demandante, como persona jurídica, circunstancia
que afecta la capacidad para ser parte en el proceso a que se refiere el artículo 159 del
CPACA46, de oficio, la Sala declarará probada la excepción de inexistencia de la parte
demandante prevista en el artículo 100 [3] del CGP47, aplicable por remisión del artículo
306 del CPACA48. Consecuentemente, ante la falta de definición de la litis por
inexistencia de la parte actora, los actos demandados no constituyen títulos ejecutivos
que puedan ser objeto de cobro por vía administrativa49.

41
Fls. 2 c.p. y 26 c.a.
42
Fl. 27 c.p.
43
Fl. 18 c.a.
44
Fl. 22 c.a.
45
En términos similares se pronunció la Sala en auto del 6 de septiembre de 2017, Exp. 22343, CP. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
46
«Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de
derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes,
demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes,
debidamente acreditados». Se resalta.
47
«Inexistencia del demandante o del demandado».
48
«Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo».
49
En este sentido, sentencia del 4 de abril de 2019, Exp. 18729, CP. Milton Chaves García, que reitera la sentencia del 7 de marzo
de 2018, Exp. 23128, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
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Demandante: STAFFORD HILLS CONGLOMERATE LTD

Como quiera que en el proceso no existe una parte vencida, en aplicación del artículo
365 del Código General del Proceso, no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

1.- REVOCAR la sentencia del 22 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión. En su lugar, se dispone:
DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la demandante, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

DECLARAR la terminación del proceso.

2.- Sin condena en costas en ambas instancias.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La presente
providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

14
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