Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01881-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01881-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 23 33 000 2017 01881 01 (0309-2022)
Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
Demandado: Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
contra la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, mediante la cual accedió al reconocimiento de la sanción moratoria
por el pago inoportuno de las cesantías definitivas, a favor de la demandante.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01881 01 (0309-2022)
Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Blanca Inés Ramírez Rendón, por conducto
de apoderada, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del acto ficto
o presunto negativo que se configuró ante la falta de respuesta, por parte de la
Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio) frente a la petición formulada el 1.º de noviembre de 2016 en la cual
reclamó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las
cesantías definitivas, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó (i) declarar la nulidad del
acto ficto o presunto, por medio del cual se negó la sanción por mora en el pago
tardío las cesantías definitivas, de conformidad con lo establecido en la norma antes
citada; (ii) declarar que tiene derecho a que la parte demandada le reconozca y
pague la sanción por mora equivalente a un día se salario por cada día de retraso,
desde el momento en que se cumplieron 70 días hábiles posteriores a la radicación
de la solicitud de cesantías ante la parte demandada y hasta cuando se hizo efectivo
su pago; (iii) disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo; y (iv) reconocer los ajustes de valor con base en el
índice de precios al consumidor;
1.1.2. Hechos
Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
(i) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio fue creado a través
del artículo 3 de la Ley 91 de 1989, como una subcuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial y administrativa, sin personería jurídica, y, en dicha
norma, se le asignó la competencia de pagar las cesantías de los docentes de los
establecimientos educativos del sector oficial.
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01881 01 (0309-2022)
Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
(ii) El 31 de marzo de 2015, la demandante, en su condición de docente al servicio
del municipio de Rionegro, solicitó ante la Nación (Ministerio de Educación, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) el reconocimiento y pago de sus
cesantías definitivas, las cuales se concedieron a través de la Resolución 081 del
19 de abril de 2016 y el pago tan solo se produjo el 2 de septiembre de 2016, por
intermedio de la entidad bancaria.
(iii) Al verificar las fechas de solicitud, reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas, se advirtió que el término de 70 días para cancelarlas vencía el 16 de
julio de 2015, es decir, que transcurrió un lapso superior al previsto en la ley, para
proceder al pago; por tal razón, formuló solicitud encaminada a obtener la sanción
moratoria, y, en respuesta, se configuró el acto ficto negativo acusado y se expidió
el oficio demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la
Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006; y el Decreto 2831 de 2005.
Al desarrollar el concepto de violación, la apoderada de la demandante manifestó lo
siguiente:
(i) La autoridad encargada del pago de las cesantías a los docentes ha estado
desconociendo las normas que rigen lo relativo al pago oportuno de esa prestación.
(ii) Ante tales circunstancias se expidieron las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
que regularon lo concerniente al pago de las cesantías parciales y definitivas de los
empleados públicos y fijaron un término de 15 días contados a partir de la radicación
de la solicitud y 45 días siguientes, para proceder a su pago; sin embargo, la Nación
(Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
ha desconocido dichos términos, circunstancia que acarrea la sanción equivalente
a un día de salario por cada día de retardo.
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Radicado: 05001 23 33 000 2017 01881 01 (0309-2022)
Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
(iii) Como la prestación de la demandante fue reconocida con posterioridad a la Ley
91 de 1989, le aplica la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, que
determinan los plazos para pagar oportunamente las cesantías y establecen una
penalidad a cargo del empleador incumplido, en el equivalente a un día de salario
por cada día de retraso, hasta cuando se haga efectivo el pago, disposiciones que
sirven de soporte a las pretensiones deprecadas en el sub lite.
1.2. Contestación de la demanda
La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio), por intermedio de su apoderada, contestó la demanda1 y se opuso a la
prosperidad de las pretensiones. En síntesis, expuso lo siguiente:
(i) Los pagos relativos a las cesantías de los docentes están encomendados a la
Fiduprevisora S.A. y se realizan una vez exista disponibilidad presupuestal y en
estricto orden cronológico de aprobación y recepción de las resoluciones, tal como
se determinó en la Circular 01 del 23 de abril de 2002 expedida por el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
(ii) El trámite para el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes
está regulado en el Decreto 2831 de 2005, que reglamentó los artículos 3, inciso 2,
y 7, numeral 6, de la Ley 91 de 1989 y 56 de la Ley 962 de 2005, según los cuales
es la Fiduciaria la encargada del manejo de los recursos, por lo que el Ministerio de
Educación no tiene ninguna injerencia en ello.
(iii) Se deben declarar probadas las excepciones de inexistencia del derecho por
errónea interpretación normativa, pago, cobro de lo no debido, compensación,
buena fe y cualquiera otra que se demuestre en el proceso.
1 Folios 47 a 60.
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia proferida el 31 de
agosto de 2021,2 declaró la nulidad del acto ficto o presunto negativo respecto de la
petición formulada por la demandante el 1.º de noviembre de 2016, y accedió al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por el pago tardío de sus cesantías
definitivas, por el periodo transcurrido entre el 17 de julio de 2015 y el 24 de agosto
de 2016, con sustento en lo siguiente:
(i) De acuerdo con la sentencia de unificación emanada de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, del 18 de julio de 2018, se determinó que los docentes sí son
destinatarios de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 para el reconocimiento y
pago de sus cesantías parciales y definitivas y, por ende, es viable el reconocimiento
de la sanción moratoria allí establecida, en el evento de que se omita cumplir los
plazos previstos para el reconocimiento y pago de tal prestación.
(ii) En el anterior escenario y al analizar el caso concreto, se pudo observar que la
petición formulada por la demandante con miras a lograr la cancelación de sus
cesantías definitivas, fue radicada el 31 de marzo de 2015; por lo tanto, la entidad
disponía de 15 días para expedir el acto administrativo pertinente; en ese sentido,
el término, para ese efecto, venció el 23 de abril de 2015, de modo que como la
resolución que resolvió dicha solicitud se expidió el 19 de abril de 2016, excedió el
plazo señalado, y el pago tampoco se produjo en los 45 días siguientes a su
vencimiento, pues se realizó el 25 de agosto de 2016; en ese orden, la mora y
consecuente sanción se causó entre el 17 de julio de 2015 y el 24 de agosto de
2016, lo que conlleva acceder a las pretensiones y disponer el pago de la penalidad
pretendida, máxime cuando no está afectada por prescripción, pues se reclamó
cuando aún no habían transcurrido 3 años desde el momento en que se causó el
derecho.
2 Folios 109 a 117.
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
1.4. El recurso de apelación
La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio), por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación,3 que
sustentó en los siguientes términos:
(i) La obligación a favor de la docente ya fue pagada, pues el 25 de junio de 2018
se puso a disposición de esta un valor de $36.940.363 «cumpliéndose así con el
pago del valor pretendido por la señora Blanca Ramírez en el presente proceso
judicial, liquidado por la entidad con base a la Resolución 081 del 18 de abril de
2016 en el periodo 17 de julio de 2016 al 26 de agosto de 2016 para un total de 400
días, concepto que no se tuvo en cuenta por parte del Tribunal al momento de dictar
sentencia condenatoria» en ese sentido, la entidad se encuentra a paz y salvo por
todo concepto con la demandante.
(ii) La ocurrencia de problemas operativos al interior de las entidades territoriales
impide el cumplimiento de los términos para proyectar los actos administrativos
mediante los cuales se reconocen las prestaciones sociales a los docentes.
(iii) Es incompatible el reconocimiento de la sanción moratoria con el de la
indexación, de modo que lo establecido en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no es aplicable al
caso que se analiza.
(iv) En concreto, se solicita revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, absolver a
la entidad frente al reconocimiento de la sanción moratoria y la actualización de la
condena.
1.5. Pronunciamiento de la contraparte en segunda instancia
3 Folios 120 a 122.
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La parte demandante no hizo ninguna manifestación en esta etapa.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si (i) la entidad demandada ya dio cumplimiento a la
obligación impuesta en la sentencia; (ii) es viable el reconocimiento de la indexación
de la condena; y (iii) procede revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, absolver a la entidad demandada.
2.2. Marco normativo
La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
4 Ni en el informe secretarial visible en el folio 129 ni en la plataforma Samai aparece manifestación
al respecto.
5 Ni en el informe secretarial visible en el folio 129 ni en la plataforma Samai aparece manifestación
al respecto.
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promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»6, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;7
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social
realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 9. Además, en los artículos 6 y 7
ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida
6 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
7 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
8 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
9 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de
intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días
para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas
de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la
solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de
que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario,
dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar
expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen,
pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente
indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador10.
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales11 de los servidores públicos, en sus artículos
4 y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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2006, son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
Ahora bien, en lo que respecta a los docentes oficiales, se debe indicar que el
artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio como «una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán
manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el
Estado tenga más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las
prestaciones sociales12 que se causaran a favor del personal docente nacional y
nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.
La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son
aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero
de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43
de 1975» y en el artículo 2 ibidem estableció lo relativo al reconocimiento de sus
prestaciones, en los siguientes términos:
Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las
entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con
el personal docente, de la siguiente manera:
[…]
5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen
a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la
Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el
Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo
las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a
dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.
12 De acuerdo con el artículo 5, numeral 1, de la Ley 91 de 1989.
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
En lo que tiene que ver con las cesantías, su reconocimiento se estableció en el
artículo 15 ibidem, en los siguientes términos:
3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por
fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último
año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. [Resalta la
Sala].
La Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-
2006, en su artículo 81 estableció que el régimen prestacional de «los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».
Finalmente, la Ley 1328 de 2009 «[p]or la cual se dictan normas en materia
financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones» en su artículo
88 señala:
Artículo 88. Intereses con cargo a obligaciones de la Nación. En todos los eventos
en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar
intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de
perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario
corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar el
pago.
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
De igual forma, toda suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas como
sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria
adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera
sea su denominación.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
(i) El 31 de marzo de 2015,13 la demandante formuló solicitud orientada al
reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
(ii) El 18 de abril de 2016,14 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Secretaría de Educación de Rionegro) expidió la Resolución 081, a
través de la cual reconoció las cesantías definitivas a favor de la señora Blanca Inés
Ramírez Rendón. Dicho acto se notificó personalmente a su destinataria en igual
fecha a su expedición.15
(iii) El 25 de agosto de 2016,16 se puso a disposición de la demandante el valor
reconocido por concepto de cesantías definitivas, según el comprobante de la
entidad bancaria.
(iv) El 1.º de noviembre de 2016,17 la demandante, por intermedio de apoderada,
solicitó ante la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
inoportuno de sus cesantías definitivas e indexar el valor correspondiente, al tenor
de lo establecido en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. En el expediente no obra prueba de la respuesta que
la entidad hubiera emitido en torno a dicha petición.
13 Según las consideraciones de la resolución que obra en folio 20.
14 Folios 20 a 22.
15 Folio 24.
16 Folio 25.
17 Folios 26 a 28.
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primer lugar, se precisa que la controversia se contrae al reconocimiento y pago
de la sanción moratoria que reclama la demandante, producto de la tardanza en que
incurrió la administración en reconocer y pagar sus cesantías definitivas, al tenor
de lo dispuesto en la Ley 1071 de 2006, y, en torno a ello, tanto la Corte
Constitucional,18 como el Consejo de Estado19 han concluido que los docentes sí
son beneficiarios de la normativa que rige tal penalidad.
Ahora bien, la entidad aduce que la obligación ya fue pagada, porque el 25 de junio
de 2018 se puso a disposición de la demandante la suma de $36.940.363
«cumpliéndose así con el pago del valor pretendido por la señora Blanca Ramírez
en el presente proceso judicial, liquidado por la entidad con base a la Resolución
081 del 18 de abril de 2016 en el periodo 17 de julio de 2016 al 26 de agosto de
2016 para un total de 400 días»; sin embargo, no se allegó ningún soporte que
demuestre el pago que aduce, ni qué obligación se pretendía cancelar con este.
La única constancia de pago que aparece en el expediente fue la aportada con la
demanda, en la que figura la consignación de las cesantías definitivas a favor de la
señora Ramírez Rendón, por la suma de $118.077.41620 y que fue tenida como
prueba en la audiencia inicial —folio 78 vuelto—. Por otro lado, en cuanto a la prueba
pedida por la entidad demandada, en la contestación del libelo, consistente, por un
lado, en solicitar al Ministerio de Educación una certificación en la que indique que
no es el competente para allegar el expediente administrativo que contiene los
antecedentes de este proceso y, por otro lado, en oficiar a la Secretaría de
Educación de Antioquia para que allegue los documentos que conforman la hoja de
vida del actor, en la audiencia inicial se dispuso no acceder a dicha prueba porque
18 Corte Constitucional, sentencia C-486/16 M.P. María Victoria Calle Correa y Corte Constitucional,
sentencia SU 336/17, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, radicación
73001-23-33-000-2014-00580-01, número interno 4961-15.
20 Folio 25. Dicho valor corresponde a la suma reconocida en la Resolución 081 del 18 de abril de
2016, por concepto de la prestación definitiva. Folios 20 a 22.
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
en el proceso no se discute la reliquidación pensional21 de la demandante y porque
en el expediente están las pruebas necesarias para adoptar una decisión. En contra
de tal determinación no se interpusieron recursos.
Valga aclarar, además, que con el escrito del recurso no se solicitó ni allegó ninguna
prueba que pretendiera demostrar el pago que se aduce, pues el único anexo al
memorial de la alzada es una sustitución de poder, como consta en los folios 120 a
123.
En ese sentido, la Sala considera que si el argumento de la apelación iba orientado
a que se analizara la excepción de pago, bajo la consideración de que hubo algún
reconocimiento de la penalidad reclamada por la parte demandante por el lapso
comprendido entre el «17 de julio de 2016 [y el] 26 de agosto de 2016 para un total
de 400 días», como se indica en el memorial, debió demostrarse así, pero como no
hay evidencia de tal circunstancia, es inviable acceder al argumento de la parte
recurrente y, si acaso, tal situación habrá de demostrarse en instancia de un proceso
ejecutivo.
Ahora bien, como en todo caso, la entidad recurrente solicita, en general, que sea
absuelta de la obligación impuesta en la decisión apelada, se analizará si era viable
imponer la condena por concepto de la sanción moratoria ordenada a favor de la
demandante, en los siguientes términos:
En el expediente está demostrado que el 31 de marzo de 2015,22 la señora Ramírez
Rendón radicó solicitud dirigida a lograr el reconocimiento y pago de sus cesantías
definitivas. La Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) reconoció y ordenó el pago de dicha prestación, a través
de la Resolución 081 del 18 de abril de 201623 y dispuso los recursos pertinentes,
21 Se precisa que la solicitud de la hoja de vida estaba dirigida a «verificar los datos e información
pertinentes que solo posee la entidad territorial respecto a la nominación del accionante y entidad
que, en principio, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del accionante», de
ahí que se haya resuelto en tal sentido la solicitud probatoria.
22 Según se desprende la resolución que obra en el folio 20.
23 Folios 20 a 23.
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el 25 de agosto de 2016.24
Debido a lo anterior, ante la tardanza en obtener el pago de su prestación, la
demandante formuló petición el 1.º de noviembre de 201625 dirigida a lograr el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 y la
indexación de los valores que resulten por ese concepto. Frente a la anterior
petición, la parte demandada guardó silencio, razón por la cual el a quo declaró la
nulidad del acto ficto o presunto negativo.26
Corolario de lo expuesto, surge que como las cesantías fueron reclamadas el 31 de
marzo de 2015, la administración disponía de 15 días hábiles para responder la
petición y ordenar su reconocimiento, esto es, hasta el 23 de abril de 2015; sin
embargo, expidió el acto administrativo respectivo hasta el 18 de abril de 2016; por
lo tanto, se debe entender que fue expedido tardíamente y que, de haber sido
expedido en su oportunidad, era necesario que transcurrieran 10 días más para
lograr su ejecutoria,27 es decir, hasta el 8 de mayo de 2015 y, a partir del día
siguiente, se debían contabilizar los 45 días para que el pago hubiera sido oportuno,
lo que lleva al 16 de julio de 2015. Lo expuesto implica que, a partir del 17 de julio
de 2015 se empezó a causar la mora y se hizo exigible la obligación, por parte de
la titular del derecho.
Además, como el pago de las cesantías se produjo el 25 de agosto de 2016, fuerza
concluir que la administración incurrió en mora desde el 17 de julio de 2015 y hasta
el 24 de agosto de 2016, periodo durante el cual era viable el reconocimiento de la
sanción moratoria por la tardanza en el pago de la prestación a favor de la
demandante, tal como lo ordenó el a quo.
Valga aclarar que la petición formulada por la señora Blanca Inés Ramírez Rendón
24 Según comprobante del BBVA, visible en el folio 25.
25 Folios 26 a 28.
26 Decisión que no se cuestionó por la parte recurrente.
27 En consideración a que los términos se rigieron por la Ley 1437 de 2011, pues ya estaba vigente
para esa fecha.
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encaminada a lograr el pago de la aludida penalidad, fue radicada el 1.º de
noviembre de 2016, es decir, cuando aún no habían transcurrido tres años desde el
momento en que se hizo exigible la obligación y, por ende, no se configuró su
extinción por virtud del fenómeno de la prescripción.
Finalmente, resulta oportuno transcribir la parte resolutiva de la sentencia de
primera instancia, la cual se plasmó en los siguientes términos:
PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD del acto ficto o presunto originado en la petición
presentada el 1º de noviembre de 2016, en cuanto negó el reconocimiento de la
sanción por mora de la docente BLANCA INÉS RAMÍREZ RENDÓN, conforme lo expuesto
en la parte motiva.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO pagar a favor de la señora BLANCA INÉS RAMÍREZ RENDÓN una
indemnización equivalente a un día de salario básico devengado en el año 2015 por
cada día de retardo en la mora del pago oportuno de las cesantías definitivas, en los
términos de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006. Por el periodo
comprendido entre el 17 de julio de 2015 y el 24 de agosto de 2016, lo que arroja un
total de 398 días de mora.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones indicadas en
la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: Notifíquese la presente providencia de conformidad con lo establecido en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEXTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente.
Lo anterior quiere decir que en la parte resolutiva de la providencia recurrida no se
dispuso nada expreso en torno a la indexación que cuestiona la entidad recurrente;
además, en la parte motiva de dicha sentencia se realizó el siguiente análisis:
De lo expuesto en la en la (sic) sentencia de unificación28 se concluye, entonces, que
no es procedente indexar las sumas reconocidas como consecuencia de la aplicación
28Cita propia del texto transcrito: «Esta posición ha sido reiterada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, Subsección A [radicados: 05001-23-33-000-2012-00356-02 (2358-17), 08001-
23-33-000-2014-01207-01 (0902-17), 08001-23-33-000-20141300-01 (0975-17) y 25000-23-42-000-
2014-03285-01 (0243-18)]. Así mismo, por la Subsección B [radicados: 08001-23-33-000-2011-
00699-01 (2079-16) y 73001-23-33-000-2014-00366-01 (1385-15)].»
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
de la sanción por mora, como quiera (sic) que dicho ajuste es incompatible con el
reconocimiento de la sanción moratoria, toda vez que ello conllevaría a la aplicación
de una doble penalidad de carácter económica.
Lo expuesto quiere decir que, contrario al reparo propuesto en la alzada, en la
providencia objeto de apelación no se accedió al reconocimiento de la indexación
que se refirió en el recurso, razón por la cual no guarda congruencia la oposición
que, en ese aspecto, se planteó, frente a lo resuelto en primera instancia.
En las anteriores circunstancias, procede confirmar la sentencia de primera
instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda.
2.5. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,29 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) en el caso que se examina, la autoridad
demandada incumplió el plazo con el que contaba para reconocer y pagar las
cesantías definitivas causadas a favor de la señora Blanca Inés Ramírez Rendón,
por ende, debe reconocer y pagar la sanción moratoria originada por su tardanza y
ello conlleva confirmar la sentencia de primera instancia que accedió a su
reconocimiento; y (ii) no es viable condenar en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual declaró la nulidad del acto ficto o
presunto negativo respecto de la petición formulada el 1.º de noviembre de 2016 y
accedió a las pretensiones en la demanda formulada por Blanca Inés Ramírez
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Demandante: Blanca Inés Ramírez Rendón
Rendón contra la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio), según lo expuesto en las consideraciones que anteceden.
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, según lo
expuesto con antelación.
Tercero. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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