Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-01939-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-01939-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2017-01939-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 50001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: EDELMIRA LONDOÑO MUÑOZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD
Referencia: EJECUTIVO A CONTINUACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada
en contra de la sentencia proferida el 19 de agosto de 2021, por la Sala de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró infundada la
excepción de novación de la obligación, se ordenó seguir adelante con la ejecución
y se condenó en costas la Nación – Ministerio de Salud.
I.ANTECEDENTES
1. La solicitud de ejecución.
1.1. El 21 de julio de 2017 (fol. 1-16, c. ppal.), los señores DUBER MARY
MONSALVE LONDOÑO, FABIO JIMÉNEZ HENAO, EDELMIRA LONDOÑO
MÚÑOZ, JESÚS ANTONIO MONSALVE OSORIO Y BRANDON SANTIAGO
JIMÉNEZ MONSALVE beneficiarios de la condena impuesta por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por conducto de apoderada judicial (fol. 23-24, c. 1),
presentaron solicitud de ejecución a continuación de sentencia en contra del
Ministerio de Salud y Protección Social, con fundamento en lo dispuesto “en el
artículo 306 del Código General del Proceso”, cuyas pretensiones están dirigidas a
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
obtener el pago de la condena impuesta al Instituto de Seguros Sociales en
liquidación, en el proceso de reparación directa radicado
05001233100020030713011, así2:
3.1. Sírvase señora Magistrada librar MANDAMIENTO DE PAGO en contra del
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, representado legalmente
por el señor Ministro doctor ALEJANDRO GAVIRIA URIBE, o quien haga sus
veces, y a favor de mis poderdantes los señores: DUBER MARY MONSALVE
LONDOÑO, FABIO JIMÉNEZ HENAO, EDELMIRA LONDOÑO MUÑOZ,
JESÚS ANTONIO MONSALVE OSORIO Y BRANDO SANTIAGO JIMÉNEZ
MONSALVE por los siguientes conceptos:
3.1.1. Como total del capital, la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES
MILLONES NUEVE MIL PESOS M/l (153.009.000,00), que corresponde al
total de lo ordenado en la sentencia del 28 de febrero de 2012, proferida por el
HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
CUARTA DE DESCONGESTIÓN, debidamente ejecutoriada el 12 de octubre
de 2012, en el expediente radicado el Nº 05001-23-31-000-2003-00713-00.
3.1.2. En el mandamiento de pago se debe ordenar la cancelación de LOS
INTERESES MORATORIOS CAUSADOS SOBRE DICHO CAPITAL, desde el
12 de octubre de 2012 y HASTA LA FECHA EN QUE SE VERIFIQUE SU
PAGO. Tal como fue ordenado en numeral quinto de la sentencia que da
origen a esta ejecución, en el cual se lee “Dar cumplimiento a esta sentencia
en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo” y en concordancia con la sentencia C -188 de 1999 mediante la
cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad parcial del artículo 72 de
la ley 446 de 1998 y el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo;
intereses que se liquidarán teniendo en cuenta la resolución de LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA y el artículo 111 de la ley 510 del 3 de
agosto de 1999.
3.1.3. Que se condene en costas del proceso al MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÒN SOCIAL.
3.2. Que, dada la previa citación de la parte demandada y ante el no
cumplimiento del mandamiento de pago dirigido por el despacho, se
dicte sentencia ordenando llevar adelante la ejecución, en la que se
disponga el remate o entrega de los bienes embargados de llegarse a
solicitar esta medida en el transcurso del proceso.
3.3. Que producido el remate o el pago por parte de la entidad
demandada se proceda a la entrega de los dineros respectivos.
En la exposición de los hechos que motivaron la demanda, la parte ejecutante
manifestó lo siguiente:
1 Proceso que se tramitó como de única instancia, por encontrarse a despacho para fallo al momento
de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, según la constancia secretarial
visible a folio 355 del cuaderno No. 2
2 Se realiza la transcripción de las pretensiones incorporando las negrillas y subrayas originales de
la solicitud de ejecución.
2
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
El 28 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia
en el proceso de reparación directa radicado No. 05001-23-31-000-2003-0713-01,
en la que declaró patrimonialmente responsable al Instituto de Seguros Sociales por
falla en la atención médica brindada a la señora Duber Mary Monsalve en el año
2001, y lo condenó al pago de perjuicios morales y a la vida de relación a favor de
los señores Duber Mary Monsalve Londoño, Fabio Jiménez Henao, Edelmira
Londoño Muñoz, Jesús Antonio Monsalve Osorio y Brandon Santiago Jiménez
Monsalve.
El 30 de noviembre de 2012, los ejecutantes radicaron ante el Instituto de Seguros
Sociales una cuenta de cobro, por $153´009.000 más los intereses moratorios
generados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia, con fundamento en el
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
Con la expedición del Decreto 2013 de 2012, se dispuso la supresión y liquidación
del Instituto de Seguros Sociales. En dicha normativa se incumplió lo dispuesto en
el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998, porque se omitió disponer
sobre “la subrogación de las obligaciones en materia de condena de sentencias
contractuales y extracontractuales del ISS que entraba en liquidación”.
En razón de lo anterior, se vieron en la obligación de participar en el trámite de
liquidación del Instituto de Seguros Sociales, en el cual fueron reconocidos como
acreedores, mediante Resolución 8303 del 3 de marzo de 2015, sin ser beneficiarios
de pago alguno por la carencia de recursos durante el trámite de liquidación, lo cual
fue certificado por el P.A.R. I.S.S. mediante respuesta a derecho de petición del 30
de junio 20163.
Para dar cumplimiento al mandato establecido en el parágrafo 1° del artículo 52 de
la Ley 489 de 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 541 de 2016, que en el
artículo 1º dispuso “la subrogación de las obligaciones en materia de condenas de
3 Se transcribe a folio 9 de la solicitud lo siguiente: “… Igualmente, se tiene que DUBER MARY
MONSALVE LONDOÑO, FABIO JIMÉNEZ HENAO, BRANDON SANTIAGO JIMENEZ MONSALVE
(menor de edad), EDELMIRA LONDOÑO MÙÑOZ Y JESÚS ANTONIO MONSALVE OSORIO
presentaron la reclamación 6470, solicitud que fue calificada, graduada y aprobada por el liquidador
del ISS, a través de la Resolución 8308 de marzo 2015, reconociendo a favor de sus poderdantes
un crédito quirografario de quinta clase… Respecto de su segundo cuestionamiento, es importante
aclarar, que el liquidador solo entregó el plan de pagos de los créditos de primera clase. Lo
anterior, dado que no existían ni existen, por el momento recursos asociados para el pago de
las acreencias quirografarias (se anexa certificación).,por lo tanto a la fecha no se ha pagado
ninguno de estos créditos”.
3
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
sentencias contractuales y extracontractuales del ISS y dispuso que el legitimado
para responder por el pago de dichas sentencias es el Ministerio de Salud y
Protección Social, en razón de ser el sucesor procesal del Instituto de Seguros
Sociales Liquidado”.
Señaló que al momento de presentar la solicitud de ejecución, el Ministerio de Salud
y Protección Social no había dado cumplimiento a la sentencia de reparación
directa, pese a que en el mes de septiembre de 2016, se radicó ante dicha entidad
un derecho de petición del pago de dicha obligación, el cual fue trasladado al P.A.R.
I.S.S., sin tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1051 de 2016 y la
manifestación de inexistencia de recursos en el mencionado patrimonio Autónomo.
Entre la fecha de ejecutoria de la sentencia y la fecha de presentación de la solicitud
de ejecución transcurrieron más de 57 meses sin que se hubiera efectuado el pago
de la condena impuesta por la jurisdicción, razón por lo cual sostuvo que se
generaron intereses de mora a una tasa del 1.5% del interés corriente certificado
por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo ordenado en el fallo que
sirve de título de recaudo.
1.1. El Título ejecutivo
La parte ejecutante adujo que por tratarse de una solicitud de ejecución a
continuación de un proceso de reparación directa, el título de recaudo lo constituía
la sentencia de condena proferida el 28 de febrero de 2012, proferida por la Sala
Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia, visible a folios
361 a 383 del cuaderno No. 2.
2. Trámite de primera instancia
2.1. Mediante auto de 1º de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Antioquia libró mandamiento de pago en los siguientes términos:
PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en contra de la NACIÓN –
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÒN SOCIAL y a favor de los señores
DUBER MARY MONSALVE LONDOÑO, FABIO JIMÉNEZ HENAO,
EDELMIRA LONDOÑO MUÑOZ, JESÚS ANTONIO MONSALVE OSORIO Y
BRANDON SANTIAGO JIMÉNEZ MONSALVE por valor de CIENTO
CINCUENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL PESOS ($153.009.000.00), más
los intereses moratorios que se causaren sobre el capital desde el 12 de
octubre de 2012 hasta el pago efectivo de la suma pretendida.
4
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE personalmente al Ministerio Público, Delegado
ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente el contenido del presente auto a la
entidad ejecutada por conducto de su representante legal, de conformidad con
el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en orden a lo cual se le hará entrega de una copia del presente
auto, de la demanda y sus anexos. (…)4
2.2. El mandamiento de pago y la demanda fueron remitidos por la parte ejecutante
a través del servicio postal certificado el 22 de septiembre de 2017 (fl.69 – a 75 del
c. 2) y la notificación fue remitida por el Tribunal, mediante correo electrónico el 29
del mismo mes a la parte ejecutada, al Procurador Delegado y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fl.76 -y77, c. 1).
2.3. Contra la anterior decisión, la parte ejecutada presentó 5, dentro un mismo
escrito, recurso de reposición y excepciones (fl. 78 - 84, c.1.), sin expresar de
manera clara cuáles de sus cargos correspondían a las excepciones 6 . Como
razones de su oposición adujo: la ausencia de título ejecutivo por novación de la
obligación, la falta de integración del litisconsorcio, la falta de legitimación en la
causa por pasiva y la incongruencia entre la obligación reconocida en la sentencia
y la graduación de las acreencias y las pretensiones de la demanda.
Respecto de la “ausencia de título ejecutivo por novación de la obligación”, sostuvo
que la sentencia aportada no podía ser considerada como título de recaudo por
cuanto la acreencia objeto del proceso fue sometida a un trámite de liquidación,
dentro del cual fue graduada mediante Resolución REDI 008003 del 13 de febrero
de 2015, esto significa que fue novada en un crédito quirografario de quinta clase,
al cual se le asignó un orden de pago que no podía ser alterado por vía judicial.
Afirmó que aceptar lo contrario daba lugar a un detrimento de la masa liquidatoria
que conformaba el Patrimonio Autónomo de Remanentes del extinto ISS y
desconocía el orden otorgado a la acreencia, con claro desconocimiento de los
artículos 13 de la Constitución Política (Derecho a la Igualdad), 301 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y 2495 del Código Civil. Además, señaló que lo
4 Fl. 65 -67, c. 1.
5 El 4 de octubre de 2017.
6 Así lo entendió el Tribunal de Primera Instancia al analizar el recurso dicho escrito mediante auto
del 17 de enero de 2018, al señalar a folio 142 del c. 1: “2.1. Sea lo primero indicar que en el escrito
donde se interpone por la parte ejecutada el recurso de reposición contra el mandamiento de pago,
se proponen también las excepciones de fondo. Siendo así mediante esta providencia solo se
resolverán los cargos que deban ser estudiados mediante el recurso de reposición, dejándose las
excepciones de mérito para ser analizadas en la oportunidad procesal pertinente. (…)”
5
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
pretendido por la parte ejecutante daba lugar a doble cobro sobre una misma
obligación, en razón a que los ejecutantes participaron en el trámite de liquidación.
Sostuvo, además, que no podía pagarse la obligación preexistente a la orden de
liquidación de la Entidad, sin que se hubieran cumplido las exigencias legales y
reglamentarias contenidas en los Decretos 2013 de 2012, 264 de 2000, 2555 de
2010 y la Ley 1105 de 2006.
Respecto de la “falta de integración de la litis por pasiva”, adujo que era la fiduciaria
Fiduagraria (vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes ISS, Liquidado) la
que tenía a su cargo la obligación ejecutada, pues con anterioridad al cierre del
proceso de liquidación, el ISS en liquidación suscribió un contrato de fiducia
mercantil, a través del cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes
del ISS Liquidado (en adelante el PAR ISS), teniendo a su cargo pago de las
obligaciones contingentes y remanentes de la entidad liquidada.
Agregó que el Ministerio de Salud y de Protección Social sólo estaba llamado a
responder bajo los supuestos del “artículo 1º del Decreto 541 de 2017 (sic), esto
es, sólo en el evento en que los rublos (sic) que manejara la fiduciaria se agotaran
y con cargo al Presupuesto General de la Nación”, el cual en su entender estaba
a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por ello, sostuvo que la
obligación de pago no podía ser asumida por el Ministerio de Salud con cargo al
presupuesto de salud. En consecuencia, solicitó la integración del litisconsorcio por
pasiva con fundamento en lo dispuesto en los artículos 20 a 23 del Decreto 2013
de 20127.
En relación con la “falta de legitimación en causa por pasiva”, aseguró que el
Ministerio de Salud no tenía relación directa en el asunto, pues en su entender el
cuerpo de la solicitud de ejecución no hacía relación a obligación alguna a cargo
de la parte ejecutada.
7“ Por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y se dictan
otras disposiciones”, los artículos en mencionados por el Ministerio, no regulan aspectos
relacionados con el tema de litisconsorcios (en efecto, el artículo 20 establece la competencia para
la elaboración del informe final de liquidación, el 21 lo relacionado con la supresión de cargos y la
terminación del vínculo laboral, 22 plan de retiro consensuado, 23 reten social, 24, levantamiento de
fueron sindical y 25 indemnización a los trabajadores oficiales a quienes se les termine
unilateralmente el vínculo.
6
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
Finalmente, manifestó que había “incongruencia entre la obligación reconocida en
la sentencia y la graduación de las acreencias y las pretensiones de la demanda”,
pues en la resolución que calificó el crédito se reconoció a favor de los
demandantes una indemnización tasada en salarios mínimos, el cual en su
entender debió calcularse con base en el valor del salario mínimo al momento de
ejecutoria de la sentencia que sirve de título de recaudo y no el valor al momento
de presentar la demanda; además, se solicitó el reconocimiento de intereses
moratorios.
2.4. Dentro del traslado (fl. 116 c.1) del recurso de reposición la parte ejecutante
se pronunció dentro de un mismo escrito frente a los cargos de reposición y las
excepciones presentadas por el Ministerio de Salud y Protección Social (fl. 149,
c.1.). Dentro del término otorgado 8 , la parte ejecutante solicitó desestimar las
excepciones propuestas y realizó un pronunciamiento en contra de los argumentos
de defensa expuestos por la parte ejecutada (fl. 117- 140 y 151 -177 c.1).
La parte ejecutante se opuso a las razones de defensa expuestas por el ejecutado
e insistió sobre la afirmación de que la ejecución se realizaba respecto de una
obligación a cargo de una entidad liquidada y no en proceso de liquidación, ni frente
a un patrimonio autónomo de remanentes, sino respecto del Ministerio de Salud y
Protección Social, el cual ostentaba la calidad de “subrogatario de las obligaciones
y derechos del Instituto de Seguros Sociales hoy liquidado” en virtud de lo
dispuesto en los artículo 52 de la Ley 489 de 198 y 1º del Decreto 1051 de 2016,
normas que, además, no establecieron condición alguna para que la parte
ejecutada pagase las condenas de sentencias derivadas de obligaciones
extracontractuales.
Manifestó que no era cierta la novación de la obligación planteada por cuanto el
acto administrativo que identificó como Resolución 008003 del 12 de diciembre de
2015, no fue aportado al proceso y nada tiene que ver con los ejecutantes, además
de que no se cumplieron los requisitos previstos por el Código Civil en su artículo
1689 para que se produjera una novación, no se manifestó la voluntad expresa de
8 Si bien no se dio traslado a las excepciones, dicha irregularidad se encuentra que la misma no da
lugar a declarar la nulidad de lo actuado, en primer lugar, por cuanto al no ser recurrida por las partes
se subsanó en los términos del parágrafo del artículo 133 del CGP “Las demás irregularidades del
proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este
código establece”; y en segundo lugar, por cuanto la parte ejecutante se opuso a las excepciones
formuladas dentro del término de traslado del recurso de reposición, lo que evidencia que se hizo
efectiva la garantía de contradicción, por la cual no se observa violación al debido proceso.
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Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
novar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1693, pues nunca hubo
acuerdo entre las partes para hacer la novación de la condena impuesta, pues
participó en el proceso de liquidación del ISS de forma obligatoria ante la amenaza
de no pago de la sentencia, lo cual no implicaba una manifestación de voluntad.
Adujo que con la solicitud de ejecución tampoco se estaba vulnerando el derecho
a la igualdad de los acreedores de la entidad liquidada, toda vez que no se
pretendía el pago de la obligación con cargo al PAR ISS, ni la afectación a la
prelación de créditos, porque legalmente no puede ejecutarse al mencionado
patrimonio autónomo, sino al Ministerio de Salud y Protección social, en calidad de
subrogatario de las obligaciones del ISS liquidado, con fundamento el Decreto
1051 de 2016, que no condicionó los pagos de ninguna manera.
Afirmó que no era procedente integrar un litisconsorcio necesario con el PAR ISS,
en razón a que la competencia para el pago de sentencias en contra del ISS
liquidado fue atribuida expresamente al Ministerio de Salud y Protección Social
mediante en el Decreto 1051 de 2016, motivo por el cual sostuvo que el único
obligado era el ejecutado. Y puntualizó, que el artículo 1º del Decreto 541 de 2016
no estableció que fuera potestativo del Ministerio realizar el pago de sentencia, ni
que fuera con cargo exclusivo del PAR ISS.
Precisó que la obligación cuyo pago era pretendido no correspondía a una acreencia
de carácter laboral, las cuales tenían una reglamentación especial para el pago con
ocasión de la liquidación del ISS, pues éstas debían ser cubiertas con cargo al
presupuesto general de la Nación previo agotamiento de los recursos del PAR ISS,
mientras que las obligaciones de pago de sentencias por obligaciones contractuales
y extracontractuales se sometían a las reglas especiales previstas en el Decreto
1051 de 2016.
Señaló que era improcedente la excepción de incongruencia entre lo ordenado en
la sentencia y lo solicitado en la petición de ejecución. Además, afirmó que se
encontraba acreditado en el expediente mediante respuesta dada a un derecho de
petición que ni en el trámite liquidatorio, ni en liquidación misma se contó con
recursos para el pago de la obligación a favor de los accionantes.
Rechazó la acusación de un doble cobro de una misma obligación por considerar
que se trataba de un solo requerimiento de pago en ejercicio del proceso ejecutivo
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Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
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Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
a continuación de sentencia, que se efectuó en contra del Ministerio de Salud y la
Protección Social con ocasión de la subrogración dispuesta en el Decreto 1051 de
2016, situación que afirmó fue reconocida en varias providencias de la Sección
Segunda del Consejo de Estado9.
Finalmente, puso de presente que la solicitud de ejecución de sentencia se realizó
ante la jurisdicción con el fin de evitar la caducidad de la acción ejecutiva.
2.5. El recurso presentado por la parte ejecutada fue resuelto mediante providencia
del 17 de enero de 2018, en el sentido de no reponer el auto mediante el cual se
libró el mandamiento de pago.
En primer lugar, el Tribunal precisó que el escrito de reposición presentado por la
ejecutada contenía algunos cargos que correspondían a excepciones de fondo,
respecto de los cuales manifestó que serían resueltos en la oportunidad pertinente,
pues de acuerdo con el artículo 430 del Código General del Proceso, en reposición
sólo era posible discutir los requisitos formales del título. En consecuencia, sólo
resolvió lo atinente a la falta de integración del litisconsorcio por pasiva.
Y en segundo lugar, señaló que si bien se encontraba acreditado que el ISS en
liquidación suscribió un contrato de Fiducia Mercantil con la Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A. – Fiduagraria S.A., quien tenía la calidad de
administrador y vocero, ello no daba lugar a entender que éste fuera un litisconsorte
necesario, respecto de las obligaciones que estuvieran a cargo del Ministerio de
Salud y Protección Social. Consideró además que por tratarse de una Fiducia
Mercantil, Fiduagraria no podía responder solidariamente con el Ministerio, pues el
último tenía la competencia para asumir el pago de las sentencia judiciales
derivadas de las obligaciones contractuales y extracontractuales del ISS liquidado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 541 de 2016,
modificado por el artículo 1º del Decreto 1051 de 2016.
Finalmente, respecto de los argumentos relacionados con el agotamiento del
presupuesto y la asunción de la obligación por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, señaló que se trataba de una hipótesis que “no se ha consolidado
en el presente proceso, por ello no hay motivos para pensar que exista un
9 Sobre el particular realizó transcripciones parciales de 2 sentencias de tutela proferidas en el año
2016.
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Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
Litisconsorcio necesario con dicho ministerio, que torne en procedente la excepción
previa”10.
2.5. Mediante providencia de 18 de junio de 2021 (fl.242 -246, c.1), el a quo con
fundamento en los numerales 4 y 1 del artículo 321 del Código General del
Proceso, rechazó de plano las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, incongruencia entre la obligación reconocida en la sentencia y la
graduación de la acreencia, y ordenó continuar el trámite del proceso respecto de
la excepción de novación de la obligación11.
El Tribunal estimó improcedentes la mayoría de las excepciones planteadas por la
parte ejecutada por cuanto estas no correspondían a los medios exceptivos
previstos en el artículo 442 del Código General del Proceso, mandato según el
cual cuando se adelanta el cobro de obligaciones contenidas en una sentencia
judicial, sólo podían alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, con fundamento en hechos
ocurridos con posterioridad a la expedición del título de recaudo.
10 Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2019 la parte ejecutada solicitó la nulidad de todo
actuado, la cual fundamentó en las siguientes cargos: “nulidad por duplicidad de título – el título
adolece de requisito sustancial de exigibilidad”, “nulidad por falta de jurisdicción y competencia”,
“nulidad supralegal por violación al debido proceso y derecho a la igualdad”, falta de legitimación en
causa por pasiva, doble pago, alteración del orden de pago, falta de integración del litisconsorcio
necesario con PAR ISS, inexistencia del título y beneficio de excusión (fl. 178 – 213, c. 1.). La parte
ejecutante se opuso a la prosperidad de la solicitud por considerar que las nulidades propuestas eran
improcedentes (fl. 215 -237, c.1); además, de considerar que su sustento correspondía a las mismas
razones expuestas en el recurso de reposición contra el mandamiento de pago.
El tribunal mediante providencia del 21 de mayo de 2019, declaró “no próspera la nulidad propuesta
por el apoderado del Ministerio de Salud y Protección Social…” por considerar que en el auto que
resolvió el recurso de reposición se anunció que la excepción de falta de legitimación en causa sería
resuelta en sede de la sentencia. En relación con los cargos de doble pago y alteración del orden de
pago afirmó que aluden a asuntos de fondo correspondientes a excepciones que fueron presentados
de manera extemporánea. Y frente a los cargos de falta de integración del litisconsorcio necesario
con el PAR ISS, inexistencia de título, falta de competencia y beneficio de excusión, estimó que se
trataba de argumentos que pudieron presentarse vía reposición contra el mandamiento de pago,
motivo por el cual se abstuvo de analizarlos por no haber sido presentados en la oportunidad procesal
pertinente.
11 “Primero. Rechazar por improcedentes las excepciones de mérito formuladas por el Ministerio de
Salud y Protección Social, que denominó “falta de legitimación en la causa por pasiva” “incongruencia
entre la obligación reconocida en la sentencia y la graduación de la acreencia y las pretensiones de
la demanda”, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la decisión. // SEGUNDO. De
conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del C.G.P. frente a la presente decisión procede
recurso de apelación. // TERCERO. Dar el trámite previsto en el artículo 443 del C.G.P. a la
excepción de fondo Novación formulada por EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
// CUARTO. Una vez en firme el presente auto, continúese con el trámite procesal pertinente.”
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Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
2.6. El día 19 de agosto de 2021 se celebraron de manera concentrada las
audiencias Primera de Trámite y de Instrucción y Juzgamiento, en las que se fijó
como problema jurídico a resolver el siguiente:
Establecer si se cumplen los presupuestos axiológicos para ordenar seguir
adelante con la ejecución de conformidad con el auto que libró mandamiento
de pago o si por el contrario se presenta causal que haga cesar la misma.
También se corrió traslado12 a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión (fl.265 vto., c. ppal)13. Las partes y el Ministerio Público realizaron las
siguientes manifestaciones:
La parte ejecutante ratificó los argumentos expuestos al momento de descorrer el
traslado de excepciones respecto de la inexistencia de novación e insistió en que
se vio en la necesidad de presentar la solicitud de cobro a continuación de
sentencia, ante la inminencia de configuración del fenómeno de caducidad de la
acción14.
El Ministerio de Salud y Protección social reiteró los cargos de defensa expuestos
en sede de la primera instancia y solicitó la remisión del proceso ejecutivo al PAR
ISS, afirmó que no podía darse trámite a los procesos ejecutivos en contra del ISS
en virtud del inicio del trámite de liquidación y solicitó al Tribunal, con fundamento
en las facultades de control de legalidad, tener en cuenta que dentro del trámite se
podía presentar un doble título (el primero en sede administrativa y el segundo la
sentencia) e insistió en la vinculación del PAR ISS.15
El Ministerio Público16 solicitó continuar la ejecución contra la parte ejecutada por
considerar que se cumplieron los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia
del Consejo de Estado para la configuración del título de recaudo. Señaló que se
identificó de manera clara la obligación y el sujeto pasivo de la misma en virtud de
la competencia establecida por el Decreto 541 de 2016 en cabeza del Ministerio de
12 Minuto 05:33 a 5:50, archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_01_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal.
13 Minuto 16:25 a 16:59 archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_01_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal.
14 Minutos 5:54 a 13:22 del archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_01_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal.
15 Minutos 13:42 a 19:06 del archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_01_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal.
16 Minutos 19:17 a 25:14 del archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_01_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal.
11
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
Salud y Protección. Afirmó que no se cumplieron los requisitos establecidos en la
normatividad civil para la configuración de una novación y sostuvo que la obligación
nunca se extinguió, por encontrar demostrado que el PAR ISS afirmó que no
contaba con presupuesto para atender la obligación.
3. La sentencia impugnada
3.1. En la audiencia celebrada el 19 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Antioquia profirió sentencia (fl. 265 vto – 270, c. principal)17, en la cual resolvió:
PRIMERO: DECLARAR infundada la excepción de novación propuesta por la
entidad ejecutada Ministerio de Salud y Protección Social.
SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN conforme el
mandamiento de pago de fecha 1 de septiembre de 2017 (fl. 65).
TERCERO: ORDENAR el avalúo y remate de los bienes embargados y
secuestrados y/o los que llegaren a serlo posteriormente.
CUARTO: Practíquese la liquidación del crédito conforme el artículo 446 del
Código General del Proceso.
QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada en favor del
demandante. Las agencias en derecho serán fijadas conforme el artículo 366
del C.G.P.
SEXTO: Esta providencia se notifica en estados a las partes de conformidad
con el artículo 294 del C.G.P. Se advierte que contra esta providencia solo
procede el recurso de apelación de conformidad con el artículo 321 del Código
General del Proceso.
Como cuestión previa, el Tribunal manifestó apartarse del precedente horizontal
sostenido en un caso similar, pues encontró una diferencia entre los procesos
ejecutivos consistente en que en el presente asunto se demostró que el PAR ISS
manifestó que no conformaría el expediente administrativo para estudio de
viabilidad de pago de la sentencia, ello en atención al anuncio del ejecutante de la
iniciación del presente proceso ejecutivo. Afirmó además que como consecuencia
de ello, dicho pago no sería atendido con cargo al mencionado patrimonio
autónomo, y por ello señalo que “dicho pasivo, debía ser asumido por la entidad que
subrogó en la obligación, que conforme al parágrafo 1 del artículo 52 de la ley 489
de 1998 y la sentencia emitida por el Consejo de Estado de fecha 15 de diciembre
de 2015 y el Decreto 541 de 2016 se encuentra en la cabeza del Ministerio de Salud
y Protección Social”.
17 Minuto 0:01 a 30:08 archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_02_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal. y fls.263 a 271, c. ppal.
12
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
Puso de presente que el cierre del proceso de liquidación del entonces Instituto de
Seguros Sociales tuvo lugar el 31 de marzo de 2015 y que con posteridad a ello se
expidió el Decreto 541 de 2016, el cual en su artículo 1º estableció que la
competencia para el pago de sentencias derivada de obligaciones contractuales y
extracontractuales le correspondía al Ministerio de Salud y Protección Social, razón
por la cual el análisis de procedencia y exigibilidad del trámite de pago podía ser
realizado por el ministerio directamente o a través del PAR ISS.
Advirtió que era importante diferenciar la figura de la novación de obligaciones
respecto de la prelación de créditos y que tratándose de procesos ejecutivos para
el cobro de sentencias, esta última no podía ser invocada como causal de excepción
por cuanto no estaba contemplada en el listado taxativo previsto en el numeral 2 del
artículo 442 del CGP.
Concluyó que la excepción de novación presentada por la parte ejecutada no tenía
vocación de prosperidad toda vez que la obligación objeto del proceso surgió de un
título ejecutivo derivado de una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, la cual “no fue ni puede ser sustituida por otra obligación” además, estimó
que tampoco se configuró una novación subjetiva por cuanto el deudor no contrajo
una nueva obligación respecto de un tercero, ni existe un nuevo deudor que
sustituya al antiguo, pues dada la extinción del ISS lo que ocurrió fue una
subrogación de la obligación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
Por lo anterior, ordenó seguir adelante con la ejecución y condenó en costas a la
parte ejecutada.
4. La apelación
La anterior sentencia fue notificada en estrados durante la audiencia realizada el 19
de agosto de 202118. Una vez se otorgó la palabra a las partes para que realizaran
las manifestaciones que a bien tuvieran, la apoderada el Ministerio de Salud y
Protección Social interpuso recurso de apelación contra el fallo 19 , el cual fue
sustentado por escrito dentro de los 3 días siguientes, de conformidad con el inciso
2 del numeral 3 del artículo 322 del Código General de Proceso, formulando los
siguientes reparos en contra de la decisión de primera instancia20.
18 Minuto. 29:57 - 30:22 archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_02_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal.
19 Minuto 30:57 a 32:22 archivo 05001233300020170193900 _L050012333002CSJVirtual
_02_20210819_100000_V CD fl. 272 c. ppal.
20 Fl. 274 – 278, c. ppal.
13
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
Manifestó estar en desacuerdo con la decisión adoptada por el tribunal, por
considerar que en el proceso se demostró la excepción de inexigibilidad del título,
la que debió ser declarada de manera oficiosa por el a quo. Por cuanto en el
expediente obraba prueba de que la parte ejecutante acudió al proceso de
liquidación del ISS, en el que la acreencia que ahora se ejecuta fue calificada y
graduada como un crédito quirografario de quinta clase e incluida en la masa
liquidatoria del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS, razón por la cual no
era procedente acudir al proceso ejecutivo, ni librarse mandamiento de pago, por
cuanto ello vulneraba además la prelación de créditos establecida en la ley21 y los
derechos de los demás acreedores de la entidad liquidada.
Afirmó que al ser reconocida la obligación objeto de ejecución como un crédito
quirografario de quinta categoría, el pago se supeditó a la subsistencia de recursos
de la masa liquidatoria después de la cancelación de las acreencias que tuviesen
una prelación, razón por la que estimó que el pago de la sentencia de condena en
favor de los demandantes no era exigible a través de un proceso ejecutivo ante la
jurisdicción pues le correspondía a estos esperar el turno para el desembolso de la
acreencia calificada.
Sostuvo que la sentencia impugnada violaba el principio de legalidad por cuanto el
tribunal se “abrogó (sic)” una competencia que no tenía, en razón a la existencia de
un procedimiento administrativo de liquidación. Agregó que la ejecutante solo tenía
una vía para realizar el cobro frente a una entidad liquidada, ello en razón a que las
normas que regulaban la liquidación de entidades públicas eran de orden público y
por tanto intransigibles.
Afirmó que el Ministerio de Salud y Protección Social no podía considerarse como
un sucesor procesal del extinto Instituto de Seguros Sociales, pues este “solo es
garante de las obligaciones en última instancia, pero es frente a la ausencia de la
persona jurídica que fue obligada…” y adujo que en un ejecutivo conexo se debe
seguir la ejecución contra quien fungía como demandado en el proceso ordinario.
Además expuso que “cuando se es sucesor procesal de una persona jurídica
necesariamente será su liquidador y en su defecto el Patrimonio Autónomo que se
constituya para el pago de las acreencias (artículo 68 CGP)” y que por tal motivo
21 Insistió en que los créditos de la masa de liquidación debían ser pagados con sujeción a las
prelación de créditos establecida en la ley, de conformidad con lo dispuesto en los 32 y 35 del Decreto
Ley 254 de 2000.
14
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
estando vigente el Patrimonio Autónomo de Remanentes la entidad liquidada no
puede tener dos sucesores procesales al mismo tiempo.
Reiteró que el Ministerio de Salud era un garante del pago, pues sólo entraría a
responder por la obligación de manera residual a título de fiador de conformidad con
el Decreto 105122. Calificó el pago de la obligación como potestativo, razón por la
que sostuvo que no podría tener la calidad de sucesor procesal pues tenía la
posibilidad de elegir entre pagar o no pagar. Sostuvo que además de que no se
estaba en presencia de una obligación solidaria que le permitiera a la parte
demandante ejecutar a su libre albedrío. Y puso de presente que el Decreto 1051
establece una obligación residual, porque el Ministerio sólo entra a responder
cuando el PAR ISS deje de existir.
Acusó a la sentencia de primera instancia de romper el principio de igualdad frente
a las cargas públicas. Y manifestó que en caso de ser confirmada habría lugar a
una responsabilidad de la judicatura en atención a que todos los acreedores del ISS
Liquidado, tienen la carga de ser tratados por igual en una liquidación.
Por último calificó como improcedente y desproporcionada la condena en costas
realizada en la sentencia de primera instancia, “…dado que fue un tercero ajeno a
la relación sustancial que declaró la responsabilidad extracontractual entre el
Instituto de Seguro Social y los ejecutantes, tampoco fue parte de la litis dentro del
proceso ordinario que generó en el ejecutivo conexo”.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. El recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada fue concedido
mediante auto proferido el 2 de septiembre de 2021, en el efecto suspensivo (fl.279,
c. ppal.) y admitido por esta corporación en providencia del 20 de octubre de 2021
(fl.286, c. principal).
II.- CONSIDERACIONES
La Sala estima necesario precisar que al presente proceso le resultan aplicables,
las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contenido en la Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA.,
22 Decreto que -afirma- no fue modificado por el Decreto 541 de 2016.
15
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
toda vez que la solicitud de ejecución fue radicada ante el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 21 de julio de 2017.
Ahora bien, por corresponder el asunto sub judice a un proceso ejecutivo, se sujeta
a las normas del Código General del Proceso en los aspectos no regulados por el
CPACA., por remisión expresa del artículo 29923 del mismo código, dado que se
trata de un proceso ejecutivo conexo con título de recaudo derivado de una
sentencia de condena expedida por ésta jurisdicción.
1-. Presupuestos procesales
1.1.- Competencia
De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7, 298 de la Ley 1437 de 2011,
es esta corporación competente para conocer de la apelación de sentencias
proferidas en procesos ejecutivos cuyo título de recaudo es una sentencia
ejecutoriada proferida por esta misma jurisdicción, el artículo 243 de la última
codificación, dispone que son apelables las sentencias de primera instancia.
Por tanto, la Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda
instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada
contra la sentencia dictada el 19 de agosto de 2021, puesto que se trata de un
proceso ejecutivo derivado de una sentencia de condena proferida por esta
jurisdicción.
1.2. Oportunidad para demandar
De conformidad con el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término para
presentar las acciones ejecutivas es de cinco años contados desde la fecha en que
se hace exigible la obligación.
23 “ARTÍCULO 299. De la ejecución en materia de contratos y condenas a entidades públicas.
<Artículo modificado por el artículo 81 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo
lo establecido en este código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución
de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades
públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código General del Proceso para el proceso
ejecutivo. El juez competente se determinará de acuerdo con los factores de competencia territorial
y de cuantía, establecidos en este código. (…)”
16
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
En el presente caso, se demanda el pago de ciento cincuenta y tres millones nueve
mil pesos ($153.009.000,00) correspondiente al valor de la condena impuesta en
contra del Instituto de Seguros Sociales y en favor de los ejecutantes, mediante la
sentencia proferida por la Sala de Descongestión el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 28 de febrero de 2012 en el proceso de reparación directa radicado
05001-23-31-000-2003-00713-0124, la cual quedó ejecutoriada el 12 de octubre de
2012 de conformidad con la certificación visible a folio 408 del cuaderno No. 225.
En ese sentido, la fecha de exigibilidad formal de la obligación reclamada con
fundamento en el título ejecutivo se concretó el 13 de octubre de 201226, de manera
que los cinco años establecidos en la ley como término de caducidad culminaron el
13 de octubre de 2017.
La solicitud de ejecución fue presentada el 21 de julio de 2017 (fl. 16, c.1), de suerte
que sobre ella no operó el fenómeno de la caducidad de la acción.
2. Problemas jurídicos a resolver
Una vez revisados el recurso de apelación y la sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia, la Sala procede a establecer los problemas jurídicos que serán objeto
de examen en segunda instancia así:
2.1. ¿Con la decisión de primera instancia se violó el principio de legalidad, por
existir una falta de competencia de la jurisdicción para conocer del presente proceso
ejecutivo en razón a la existencia de un procedimiento de liquidación de una entidad
pública?
2.1 ¿Existe legitimación en causa por pasiva del Ministerio de Salud y Protección
Social?
2.2. ¿La condena en costas de primera instancia es improcedente y
desproporcionada?
24 Fl. 361 -383 c.2.
25 Mediante providencia de 28 de septiembre de 2012 (fl. 407, c.2), notificada por estados de 5 de
octubre del mismo año, se rechazó el recurso de apelación presentado por el entonces Instituto de
Seguros Sociales, en razón de tratarse de un proceso de única instancia, por el factor cuantía y por
encontrarse a Despacho para fallo al momento de entrar en funcionamiento los Juzgados
Administrativos.
26 Fecha de ejecutoria de la decisión que rechazó el recurso de apelación.
17
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
Observa la Sala que la parte ejecutada solicitó en sede de apelación que se declare
de oficio la excepción de inexigibilidad de la obligación, por considerar que en el
expediente obraba prueba de que la parte ejecutante acudió al proceso de
liquidación del ISS, en el que la acreencia objeto del proceso fue calificada y
graduada como un crédito quirografario de quinta clase y por tal razón fue incluida
en la masa de bienes del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la exigibilidad del título de
recaudo constituye un requisito sustancial para librar el mandamiento de pago, que
también debe ser analizado por la jurisdicción al momento de ordenar seguir
adelante con la ejecución, por tal motivo se procederá a su estudio.
En relación con este cargo de apelación encuentra la Sala que si bien fue
denominado inexigibilidad del título, los argumentos expuestos se identifican más
con la existencia de una falta de competencia sustentada en el hecho de que la
obligación objeto de cobro fue calificada y graduada como un crédito quirografario
de quinta clase dentro trámite de liquidación del ISS, por ese motivo la Sala
procederá a su estudio en la parte correspondiente al primer problema jurídico
enunciado en el presente capítulo.
Advierte la Sala que se abstendrá de realizar pronunciamiento en relación con el
cargo de posible responsabilidad de la Corporación en caso de que se confirme la
providencia de primera instancia, pues dicho análisis se encuentra por fuera del
objeto del proceso ejecutivo, esto es, determinar si se cumplen o no los
presupuestos para librar el mandamiento de pago y ordenar con la continuidad de
la ejecución en caso de que se desestimen las excepciones de fondo propuestas
por la parte ejecutada
3. Del título de recaudo.
Encuentra la Sala que por tratarse de un ejecutivo a continuación de un proceso
ordinario, el título de recaudo está conformado por la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de reparación directa radicado
No. 05001-23-31-000-2003-0713-01, la cual obra en original a folios 361 a 383 del
cuaderno No. 1, en la que declaró la responsabilidad del entonces Instituto de
Seguros Sociales, por la ocurrencia de una falla médica, en la cual se condenó al
18
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
mencionado Instituto al pago de indemnización de perjuicios en los siguientes
términos:
1. Declarar administrativamente responsable al INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES por los perjuicios ocasionados a los señores DUBER
MARY MONSALVE LONDOÑO, FABIO JÍMENEZ HENAO, EDELMIRA
LONDOÑO MUÑOS, JESÚS ANTONIO MONSALVE OSORIO y al menor
BRANDO SANTIAGO JIMÉNEZ MONSALVE, con motivo de la falla en el
servicio médico quirúrgico que le fue brindado a la señora DUBER MARY
MUÑOZ MONSALVE LONDOÑO, a partir del día 1º de marzo de 2001.
2. Condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a pagar a los
demandantes los siguientes perjuicios:
2.1. Perjuicios morales
Para los señores DUBER MARY MONSALVE LONDOÑO, FABIO JIMÉNEZZ
HENAO y el menor BRANDO SANTIAGO JIMÉNEZ MONSALVE, la suma
equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la
ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.
Para los señores EDELMIRA LONDOÑO MUÑOZ y JESÚS ANTONIO
MONSALVE OSORIO, en cuantía equivalente a treinta (30) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo, para cada uno de
ellos.
2.2 Perjuicios a la vida de relación
Se fija para cada uno de los señores DUBER MARY MONSALVE LONDOÑO
y FABIO JIMÉNEZ HENAO, los perjuicios a la vida de relación en la suma
equivalente (sic) treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la
ejecutoria de la sentencia.
3. Negar las pretensiones relacionadas con el perjuicio material
conforme se esgrimió en la motivación de esta sentencia.
4. No condenar en costas, atendido la conducta de las partes.
5. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos
176. 177 y 178 (…).
Dicha providencia, constituye un título de recaudo de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 297 del CPACA 27 , motivo por el cual verificada su
autenticidad procede la Sala al estudio de los motivos de apelación.
27 “Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: // 1.
Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
(…)”
19
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
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Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
4. De lo demostrado en el proceso
Revisado el material probatorio allegado al proceso, la Sala encuentra demostrado
que el Instituto de Seguros Sociales entró en proceso de liquidación en virtud de lo
dispuesto por el Decreto 2013 de 201228, esto es, con posterioridad a la expedición
de la sentencia que sirve de título de recaudo, procedimiento en el que participó la
parte ejecutante en virtud de la solicitud de pago radicada el 22 de noviembre de
2012 (fl. 17 – 50 c.1) ante el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación.
Lo anterior, además, se puede corroborar mediante el oficio ACR-10111-5304 del
30 de junio de 2016 (fl. 51-52, c.1), suscrito por la señora Sandra Milena Sánchez
Hoyos en calidad de encargada del Proceso de Acreencias – Gestión Fiduciaria
PAR ISS Liquidado, en el que se da cuenta de que los ejecutantes participaron en
proceso de liquidación del ISS a través de la reclamación 6470, la cual fue calificada,
graduada y aprobada a través de la Resolución 8308 del 3 de marzo de 2015, como
un crédito quirografario de quinta clase29, crédito que además para la fecha de
expedición de dicho oficio (esto es con posterioridad a la terminación del proceso
de liquidación) no había sido pagado por la inexistencia de recursos asociados para
el pago de dicha acreencia30.
28 Decreto “por el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se ordena su liquidación, y
se dictan otras disposiciones” publicado en el Diario oficial Año CXLVIII. N. 48567 del 28 de
septiembre de 2012 y en cuyo artículo 1º se dispuso: “Artículo 1°. Supresión y liquidación. Suprímase
el Instituto de Seguros Sociales, ISS, creado por la Ley 90 de 1946 y transformado en Empresa
Industrial y Comercial del Estado, mediante el Decreto número 2148 de 1992, vinculada al Ministerio
de Salud y Protección Social, según el Decreto-ley 4107 de 2011. // En consecuencia, a partir de la
vigencia del presente decreto, esta entidad entrará en proceso de liquidación y utilizará para todos
los efectos la denominación "Instituto de Seguros Sociales en Liquidación". // El régimen de
liquidación será el determinado por el presente decreto, el Decreto-ley 254 de 2000, modificado por
la Ley 1105 de 2006 y las demás normas que los modifiquen, sustituyan o reglamenten “
29 “(...) Igualmente, se tiene que DUBER MARY MONSALVE LONDOÑO, FABIO JIMÉNEZ HENAO,
BRANDON SANTIAGO JIMÉNEZ MONSALVE (menor de edad), EDELMIRA LONDOÑO MUÑOZ,
JESÚS ANTONIO MONSALVE OSORIO presentaron la reclamación 6470, solicitud que fue
calificada graduada ya robada por el liquidador del ISS, a través de la Resolución 8308 del 3 de
marzo de 2015, reconociendo a favor de sus poderdantes un crédito quirografario de quinta clase
(…)”
30 Al respecto véase el oficio pues mediante el oficio radicado No. 5304 del 30 de junio de 2016 (fl.
51 – 52 y 92 - 95 c.1.) “Respecto a su segundo cuestionamiento es importante aclarar que el
Liquidador sólo entregó el Plan de Pagos de los créditos de primera clase. Lo anterior, dado que no
existían ni existen, por el momento recursos asociados para el pago de acreencias quirografarias (se
anexa certificación). Por lo tanto a la fecha no se ha pagado ninguno de estos créditos. (…) En lo
relativo a su cuarto requerimiento, el pago de las Resoluciones (…)8307 (…) del 3 de marzo de 2015,
al ser créditos quirografarios, está sujeto a que la entidad cumpla la totalidad del Plan de Pagos que
le fue encomendado, labor que se ejecuta desde el mes de mayo de 2015 y a la disponibilidad de
recursos que tenga el PAR, en el momento que se disponga el pago de estas obligaciones, como se
le explicó en anteriores respuestas.(…)”
20
Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
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Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
También se encuentra acreditado que con posterioridad a la terminación del proceso
de liquidación, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 541 de 201631 y 1051 del
mismo año32 a través de los cuales, se materializó la subrogación33 de derechos y
obligaciones del extinto ISS en el Ministerio de Salud y Protección Social y se
establecieron algunas reglas para el pago de condenas emitidas por la jurisdicción.
La parte ejecutante allegó, el 3 de mayo de 2018, el oficio 201805068 del 23 de abril
del mismo año 34 (fl. 145 -148 c.1) mediante el cual el PAR ISS en Liquidación,
informó la no conformación del expediente para revisar la viabilidad de pago de la
obligación reconocida dentro de la liquidación con ocasión del presente proceso
ejecutivo, así:
(…) 4. Que el cierre de la liquidación se produjo, el 31 de marzo de 2015. Como
consecuencia de ello tuvo lugar la extinción jurídica del Instituto de Seguros
Sociales, previa suscripción del Acta Final de Liquidación y su publicación en el
Diario Oficial No.49470 del 31 de marzo de 2015. Razón por la cual, a partir del
1 de abril de 2015, la entidad dejó de ser sujeto de derechos y obligaciones.
5. El Instituto de Seguros Sociales en Liquidación con anterioridad al
cierre del proceso liquidatorio, suscribió un contrato de fiducia mercantil con la
SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. –
FIDUAGRARIA S.A., con base en lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley
254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, a través del cual se
constituyó el fideicomiso denominado P.A.R. ISS en Liquidación, respecto del
cual FIDUAGRARIA S.A. actuará única y exclusivamente como administrador y
vocero.
6. Por lo anterior, debe tenerse presente que ni el citado fideicomiso, ni
Fiduagraria S.A,. en su condición de vocera y administradora del mismo son
continuadores del proceso liquidatorio del INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES Liquidado, ni mucho menos sucesores procesales o subrogatarios
de la extinta entidad.
Con el objeto de dar trámite a la solicitud por usted presentada, nos permitimos
acusar recibo de la información suministrada y teniendo en cuenta que existe
proceso ejecutivo tendiente a obtener el cobro del crédito quirografario
aprobado a favor de sus representados, no se procederá a realizar la
conformación del expediente para posterior estudio de viabilidad del pago de la
misma, por lo que no es necesario allegar la documentación solicitada (subraya
de la Sala)35
31 Publicado mediante el Diario Oficial Año CLI. N. 49836 del 6 abril de 2016.
32 Publicado mediante el Diario Oficial Año CLI. N. 49917 del 27 junio de 2016.
33 Ordenada en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
34 Suscrito por la señora Sandra Milena Sánchez Hoyos en calidad de encargada del Proceso de
Acreencias – Gestión Fiduciaria PAR ISS Liquidado.
35 Fl. 145 – 158, c.1
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Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
6. ¿Con la decisión de primera instancia se violó el principio de legalidad, por
existir una falta de competencia de la jurisdicción para conocer del presente
proceso ejecutivo en razón a la existencia de un procedimiento de liquidación
de una entidad pública?
En sede del recurso de apelación, la parte ejecutada afirmó que la sentencia
impugnada violaba el principio de legalidad por considerar que el a quo al librar el
mandamiento de pago y proferir sentencia, ejerció una competencia que no tenía,
dado que se encontró demostrado en el proceso la existencia de un procedimiento
administrativo de liquidación del ISS. Y afirmó, además, que los ejecutantes sólo
tenían una vía para realizar el cobro frente a una entidad liquidada, esto es, hacerse
parte dentro del trámite de liquidación.
La Sala advierte que realizará el estudio del presente asunto bajo el régimen
especial de liquidación de las entidades públicas del orden nacional establecido en
el Decreto ley 254 de 2000, el cual fue modificado por la Ley 1105 de 2006 y las
normas especiales establecidas para la liquidación de ISS.
De conformidad con las mencionadas normas, el procedimiento administrativo de
liquidación tiene como presupuesto la supresión o disolución de una entidad
pública y tiene por objeto la enajenación de sus bienes y el pago en forma ordenada
de las obligaciones a su cargo.
En efecto el artículo 2º del Decreto Ley 254 de 2000, dispone que la disolución de
cualquier entidad pública da lugar a la iniciación del procedimiento de liquidación, el
cual tiene un carácter universal en razón a que comprende todos los bienes,
acreencias y deudores de la entidad. Al respecto la Corte Constitucional en
sentencia C -735 de 2007 señaló:
El proceso administrativo de liquidación contemplado en dicha normatividad
tiene como presupuesto la supresión o disolución de entidades públicas y tiene
por objeto la enajenación de sus bienes y el pago en forma ordenada de las
obligaciones a su cargo, esto último conforme a la prelación legal establecida
en el Art. 2495 del Código Civil y las disposiciones complementarias. Su
carácter es, por tanto, universal, en cuanto comprende todos los deudores y
acreedores de aquellas, así como todos los bienes y obligaciones de las
mismas.
Ello explica que el Art. 2° (Lit. d) de dicho decreto disponga que el acto de
liquidación conlleva la cancelación de los embargos decretados con
anterioridad a la vigencia del decreto que ordena la disolución y liquidación de
la entidad y que afecten bienes de la misma, así como también que el Art. 6°
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Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
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Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
(Lit. d) ibídem establezca que es función del liquidador dar aviso a los jueces
de la república sobre el inicio del proceso de liquidación, con el fin de que
terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que
deben acumularse a aquel.
En el mismo sentido, el Art. 18 del citado decreto, modificado por el artículo 9
de la Ley 1105 de 2006, estatuye que el liquidador dispondrá la realización de
un inventario físico, jurídico y contable detallado de los activos, pasivos,
cuentas de orden y contingencias de la entidad, el cual deberá ser realizado
dentro de un plazo no superior a seis (6) meses, contado a partir de la fecha de
su posesión, prorrogable por una sola vez por un plazo no superior a seis (6)
meses.
Dicho inventario deberá tener como soportes los documentos correspondientes
e incluirá, entre otras informaciones, "la relación de los pasivos indicando la
cuantía y naturaleza de los mismos, sus tasas de interés y sus garantías, y los
nombres de los acreedores. En el caso de pasivos laborales se indicará el
nombre de los trabajadores y el monto debido a cada uno. Igualmente se
incluirá la relación de los pensionados y el valor del cálculo actuarial
correspondiente". (se subraya).
Igualmente, el Art. 23 del Decreto, modificado por el Art. 12 de la Ley 1105 de
2006, establece que dentro del término de los cuarenta y cinco (45) días
siguientes a la fecha en que se inicie el proceso de liquidación, se emplazará a
quienes tengan reclamaciones de cualquier índole contra la entidad en
liquidación y a quienes tengan en su poder a cualquier título activos de la
entidad, para los fines de su devolución y cancelación.
Añade que el aviso de emplazamiento contendrá el término para presentar
todas las reclamaciones, y la advertencia de que, una vez vencido éste, el
liquidador no tendrá facultad para aceptar ninguna reclamación.
Por lo anterior, se puede afirmar que, en virtud del carácter universal de
procedimiento de liquidación, las decisiones adoptadas en él son oponibles a todos
los deudores y acreedores de la entidad disuelta. Y en consecuencia, al
comprender a todos los acreedores, por regla general, acudir al proceso de
liquidación es la única vía para el obtener el pago de las acreencias a cargo de la
entidad disuelta.
En efecto, en relación con los pagos de las obligaciones a cargo de la entidad en
liquidación, el artículo 32 del Decreto Ley 254 de 2000 dispone, entre otros
aspectos, que corresponde al liquidador cancelar las obligaciones pendientes de
pago con cargo a la masa de liquidación, siempre y cuando estén relacionadas en
el inventario de pasivos, observando la prelación de créditos establecida en la Ley
para los pasivos diferentes a acreencias laborales, teniendo en cuenta los términos
de caducidad y prescripción de las obligaciones. También esta norma prevé que la
Nación podrá asumir o garantizar obligaciones de las entidades públicas del orden
nacional.
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Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
También el literal d) del artículo 6 del Decreto Ley 254 de 2000, contempla dentro
de las funciones del liquidador la terminación de los procesos ejecutivos iniciados
en contra de la entidad liquidada y su acumulación con el proceso de liquidación,
dada la prohibición de iniciar cualquier tipo de proceso contra la entidad disuelta.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ley prevé el carácter universal de los
procesos liquidatorios de entidades públicas, asigna una competencia de pagos a
cargo del liquidador y despoja a la jurisdicción de la competencia para conocer de
procesos ejecutivos respecto de las obligaciones que se encontraban a cargo de la
entidad.
Lo dicho hasta este momento, daría lugar a entender que en aplicación del principio
de legalidad, al existir una competencia exclusiva asignada al liquidador para el
pago de sentencias y la orden de terminación de los procesos ejecutivos, la
jurisdicción no es competente para conocer del presente asunto. No obstante, el
principio general de universalidad de la liquidación no es absoluto, porque, en casos
como el presente, el proceso de ejecución se encuentra sometido a unas reglas
especiales establecidas por el Gobierno Nacional con posterioridad a la finalización
de la labor encomendada al liquidador del Instituto de Seguros Sociales.
En efecto, en el artículo 1º del Decreto 541 de 2016 se estableció en cabeza del
Ministerio de Salud y Protección Social una nueva competencia para el pago de las
sentencias de condena por obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo
del ISS que hubieran sido presentadas al proceso liquidación durante el
emplazamiento a los acreedores del mencionado instituto, así:
Artículo 1°. De la competencia para el pago de las sentencias derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia del
Ministerio de Salud y Protección Social asumir el pago de las sentencias
judiciales derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo
del Instituto de Seguros Sociales Liquidado.
Sólo procederá el pago de los fallos judiciales de que trata este decreto, si el
acreedor y/o beneficiario demuestra que cumplió su obligación legal de
presentar la reclamación dentro del término del emplazamiento que tuvo lugar
en el plazo comprendido entre el cinco (5) de diciembre de 2012 y el cuatro (4)
de enero de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1.3.2.1 del
Decreto 2555 de 2010.
El análisis de procedencia y/o exigibilidad y el trámite de pago, podrá hacerlo
el Ministerio de Salud y Protección Social directamente o a través del
Patrimonio Autónomo de Remanentes constituido por el Liquidador del extinto
Instituto de Seguros Sociales, u otro que se determine para tal efecto.
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La anterior norma fue modificada por el artículo 1º del Decreto 2051 del mismo año,
pero mantuvo la competencia para el pago de las mencionadas sentencias en el
Ministerio de Salud y eliminó la exigencia de que las solicitudes de pago de las
sentencias hubieran sido presentadas al proceso de liquidación durante el periodo
de emplazamiento a los acreedores, así:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° del Decreto número 541 de 2016 el cual
quedará así:
“Artículo 1°. De la competencia para el pago de las sentencias derivadas de
obligaciones contractuales y extracontractuales. Será competencia del
Ministerio de Salud y Protección Social asumir el pago de las sentencias
judiciales derivadas de las obligaciones contractuales y extracontractuales a
cargo del Instituto de Seguros Sociales Liquidado.
El trámite de pago, podrá hacerlo el Ministerio de Salud y Protección Social
directamente o a través del Patrimonio Autónomo de Remanentes constituido
por el liquidador del extinto Instituto de Seguros Sociales, u otro que se
determine para tal efecto.
El anterior mandato, hizo efectiva la subrogación de derechos y obligaciones
previstas en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 36 y eliminó la
referencia que se hacía en el Decreto 541 del 2016 a las acreencias por pago de
sentencias que fueron presentadas y calificadas dentro del trámite de liquidación y,
en su lugar, hizo mención al “pago de las sentencias derivadas de obligaciones
contractuales y extracontractuales”, lo que para esta Subsección denota, la creación
de una norma especial que establece una competencia, un procedimiento y una
fuente de pago diferente a las demás créditos a cargo del ISS en liquidación y el
ISS Liquidado.
36 sobre el particular en la parte motiva del decreto se consignó: “Que mediante Decreto número
2013 de 2012 se dispuso la supresión y liquidación del Instituto de Seguros Sociales, creado por la
Ley 90 de 1946, transformado en Empresa Industrial y Comercial del Estado mediante el Decreto
número 2148 de 1992 y vinculado al Ministerio de Salud y Protección Social según el numeral 2.1.4
del artículo 4° del Decreto-ley 4107 de 2011. // Que el acto que ordene la supresión, disolución y
liquidación de entidades u organismos administrativos nacionales, debe contener entre otros, la
subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, de
conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 52 de la Ley 489 de 1998. // Que el Consejo
de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2015, dentro de la acción de cumplimiento número 76001-23-33-000-2015-01089-01,
dispuso: “Ordenar al Gobierno nacional… que se disponga sobre la subrogación de las obligaciones
del ISS liquidado, en materia de condena de sentencias contractuales y extracontractuales, dentro
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, teniendo en cuenta la complejidad
del tema. // Que con ocasión de la orden contenida en la providencia del Consejo de Estado
mencionada en el considerando anterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 541 de
2016, por medio del cual se asignó al Ministerio de Salud y Protección Social la competencia para el
pago de las sentencias derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales del liquidado
Instituto de Seguros Sociales. // Que se considera necesario modificar lo dispuesto en el artículo 1°
del Decreto número 541 del 6 de abril de 2016 en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto
Interlocutorio número 155 del 6 de mayo de 2016 expedido por el Tribunal Contencioso-
Administrativo del Valle del Cauca.”
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Sobre el particular, la Subsección B de la Sección Tercera de ésta Corporación, al
revocar la negativa a librar un mandamiento de pago en contra del Ministerio de
Salud y Protección Social, por una obligación que hizo parte de la liquidación del
ISS consideró:
8.- Tratándose del pago de obligaciones a cargo de entidades en liquidación, el
artículo 32 del Decreto 254 de 2000 establece que este pago se hará con cargo
a la masa de liquidación y de conformidad con las normas que regulan la
prelación de créditos. Así, en aplicación del principio de universalidad que rige
los procesos de liquidación, no podría el demandante ejecutar de forma
individual su crédito por fuera del proceso de liquidación del ISS.
9.- Sin embargo, el Decreto 541 de 2016, modificado por el Decreto 1051 de la
misma anualidad, estableció una regla especial en relación con el pago de las
obligaciones derivadas de sentencias en contra del ISS. Dispuso textualmente:
<<De la competencia para el pago de las sentencias derivadas de obligaciones
contractuales y extracontractuales. Será competencia del Ministerio de Salud y
Protección Social asumir el pago de las sentencias judiciales derivadas de las
obligaciones contractuales y extra contractuales a cargo del Instituto de Seguros
Sociales.
<<El trámite de pago, podrá hacerlo el Ministerio de Salud y Protección Social
directamente o a través del Patrimonio Autónomo de Remanentes constituido
por el liquidador del extinto Instituto de Seguros Sociales, u otro que se
determine para tal efecto.>> (se resalta)
(…)
12.- Se advierte que la regla contenida en el Decreto 541 de 2016 constituye
una excepción a la regla de universalidad que rige los procesos de liquidación,
en la medida que establece un obligado distinto (Ministerio de la Protección
Social), para el pago de las condenas.
13.- Si bien es cierto que en el Decreto 541 de 2016, se establece que el pago
lo podrá hacer directamente el Ministerio <<o a través del Patrimonio Autónomo
de Remanentes constituido por el liquidador del extinto Instituto de Seguros
Sociales>>, lo anterior no implica que el Ministerio pueda excusarse del
cumplimiento de la obligación impuesta a su cargo. En virtud de lo anterior, la
presente ejecución sí resulta procedente contra la entidad demandada y no se
configura la falta de jurisdicción decretada por el Tribunal.
14.- Finalmente, la Sala advierte que resulta necesario comunicar al agente
liquidador del ISS la presente decisión, con el fin de que tenga conocimiento
que los créditos reconocidos mediante la Resolución REDI No. 009359 del 17
de marzo de 2015, ya están siendo cobrados al Ministerio de Salud y Protección
Social a través del presente proceso ejecutivo.”37
37 Respecto de esta providencia se advierte que ésta Subsección conoció la segunda instancia de
la tutela presentada por el Ministerio de Protección Social en contra la providencia proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de ésta Corporación, mediante sentencia proferida el 31 de julio
de 2020, en la acción de tutela radicado No. 11001-03-15-000-2020-00199-01, (sentencia del 31 de
julio de 2020), en la que señaló: “(…) Al respecto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada
puso de presente el sustento normativo que le sirvió de fundamento para determinar que no se
configuraba la falta de jurisdicción decretada por el Tribunal Administrativo de Caldas, cuya
interpretación y aplicación no es caprichosa ni arbitraria, pues el análisis que se efectuó sobre la
normativa aplicable se expuso razonablemente. // Por el contrario, la interpretación que sugiere la
parte actora resulta restrictiva y contraria a lo establecido en los decretos 541 y 1051 de 2016, puesto
que la norma es clara al definir que el Ministerio de Salud y Protección Social es quien debe «asumir
el pago de las sentencias judiciales derivadas de obligaciones contractuales y extracontractuales a
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Al Subrogar en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social las obligaciones
y derechos que se encontraban a cargo del ISS en liquidación y al asignar la
competencia para el pago en dicha entidad, se sustituyó al deudor de la obligación
primigenia, en virtud de lo dispuesto en el mencionado parágrafo 1 del artículo 52
de la Ley 489 de 199838.
Además de lo anterior, el inciso final del mencionado artículo 1 del decreto 1051 de
2016, establece en relación con el trámite de pago de las condenas objeto del
asunto, podrá hacerlo el Ministerio de Salud y Protección Social directamente o a
través del Patrimonio Autónomo de Remanentes constituido por el liquidador del
extinto Instituto de Seguros Sociales, u otro que se determine para tal efecto.
Al establecer que el Ministerio puede realizar el pago de manera directa, estima la
Sala que se habilita, de manera excepcional, la posibilidad de reclamar el pago de
las sentencias de condena en contra del ISS por asuntos derivados de obligaciones
contractuales y extracontractuales, a través de un proceso ejecutivo, o por vía
administrativa ante la misma entidad. Lo anterior, en razón de que el reglamento
especial expedido por el gobierno nacional, dispone que el pago de las
mencionadas acreencias, también puede ser cubierto de manera directa por la
Nación, asumiendo por tal motivo el Ministerio de Salud y Protección Social la
competencia para realizar el pago de la obligación objeto del presente asunto.
Como consideración final, la Sala pone de presente que aceptar la interpretación
sugerida en sede de apelación por parte del Ministerio sobre la falta de competencia,
daría lugar a desconocer el principio del efecto útil de las normas39, pues bastaría
al Gobierno Nacional establecer la derogatoria de los Decretos 541 de 1051 de
cargo del Instituto de Seguros Sociales Liquidado», redacción clara que no da lugar a ambigüedades.
(…)”
38 “PARÁGRAFO 1.- El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la
subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la
titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen
aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los
servidores públicos”.
39 Al respecto véase la sentencia C- 499 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz “Si la
interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última todo efecto
jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura y
simple. Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones - de exequibilidad
condicionada y de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más
acorde con los principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los
principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia
jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo,
una circunstancia que puede originar grave confusión e incertidumbre.”
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2016, para poder aplicar las normas generales establecidas para el pago de
acreencias de entidades públicas liquidadas, como se propone en las razones de
defensa expuestas por la parte ejecutada.
En consecuencia, para dar respuesta al problema jurídico planteado en el presente
capítulo, la Sala concluye que con lo resuelto en la sentencia de primera instancia
no se observa un quebranto a las normas generales que regulan los pagos de
obligaciones de entidades en liquidación, sino por el contrario se evidencia la
aplicación de lo dispuesto en los Decretos 541 y 1051 de 2016, normas especiales
que regularon el pago de condenas judiciales por obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del extinto ISS-
7. ¿Existe legitimación en causa por pasiva del Ministerio de Salud y
Protección Social?
La parte recurrente expone en su alzada que el Ministerio de Salud y Protección
Social carece de legitimación en causa por pasiva, en razón a la inexistencia de
sucesión procesal del extinto Instituto de Seguros Sociales. En efecto, la Sala al
revisar el expediente constata que dentro de este asunto no se materializó una
sucesión procesal, dado que durante el trámite del proceso ejecutivo a continuación
de sentencia, no se presentó una alteración o extinción de las personas que integran
a cada uno de las partes de conformidad con lo previsto en el artículo Código
General del Proceso.
Sin embargo, la verificación de la inexistencia de una sucesión procesal por sí sola,
no permite deducir una falta de legitimación en causa por pasiva de la parte
ejecutada, pues de conformidad con lo apelado, es necesario verificar si el Ministerio
de Salud y Protección Social, se encuentra o no obligado a responder por el pago
de la obligación.
La legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia de fondo,
consiste en la participación del demandante y el demandado en la relación jurídica
sustancial que dio origen a la controversia judicial. Es decir, que tanto quien ejerció
el derecho de acción mediante la presentación de la demanda, como aquella
persona contra quien se dirigió la misma, hacen parte de la situación de hecho que
la motivó. Es decir, que “(…) el demandante es titular del interés jurídico objeto del
litigio, y el demandado, es aquel de quien se podría exigir lo que se pide en la
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demanda, porque teniendo en cuenta su posición en la referida relación sustancial,
sería el llamado a responder, razón por la cual, les asiste el derecho a que el juez
decida sobre la controversia, bien sea a favor de la parte demandante, acogiendo
sus pretensiones o de la parte demandada, negándolas. Dicho de otro modo, son
los hechos en torno a los cuales gira el litigio y la participación de las partes en los
mismos, los que determinan su legitimación”40.
En el presente caso, el Ministerio de Salud y Protección Social está legitimado en la
causa por pasiva, en razón de la subrogación prevista en los Decretos 541 y 1051
de 2016, con ocasión de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, decretos
en los que se reguló de manera especial el pago de sentencias de condena por
obligaciones contractuales y extracontractuales a cargo del extinto ISS.
En efecto, la obligación que dio lugar a la solicitud de ejecución, corresponde a una
condena proferida por esta misma jurisdicción en contra del Instituto de Seguros
Sociales, el cual con posterioridad a la expedición de la sentencia entró en trámite
de liquidación. También se encuentra acreditado que la parte ejecutante se presentó
al proceso de liquidación y en virtud de ello, la condena objeto de ejecución fue
calificada y graduada como un crédito quirografario de quinta clase.
Además, que durante el periodo de la liquidación, no se pagó a los ejecutantes (fl.
51 -52 c. 1), razón por la que una vez finalizado el trámite por parte del liquidador,
se dispuso la creación de un patrimonio autónomo de remanentes, según lo
dispuesto en el artículo 35 del Decreto Ley 254 de 2000, modificado por el artículo
19 de la Ley 1150 de 2006, el cual dispone:
ARTÍCULO 19. El artículo 35 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:
ARTÍCULO 35. A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá
celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se
transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y
destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso siguiente se
indican. La entidad fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de
cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo.
La entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el
liquidador a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en
la forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de
conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley.
(…)
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de junio de 2015, expediente 28386, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación por la cual se
pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se indicarán
los activos que se transfieren o que se encuentran en un patrimonio autónomo
de conformidad con el presente artículo, así como los pasivos que se pagarán
con cargo a dicho patrimonio autónomo, y las obligaciones que asuman otras
entidades con sujeción a lo previsto en el presente decreto.
Si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad,
las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo
al que se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para
el efecto. Lo anterior sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad
asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley.
De conformidad con la norma en cita, el pago del crédito calificado en sede del
proceso de liquidación a favor de los hoy ejecutantes, en principio quedó a cargo
del Patrimonio Autónomo de Remanentes de ISS41, el cual asumió el pago derechos
y obligaciones objeto del mismo y sujeto al orden establecido por la ley para la
prelación de créditos. Quedó a cargo de la Nación la realización de las operaciones
presupuestales necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
pendientes de pago dentro del proceso de liquidación, según lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 6 del decreto 553 del 27 de marzo de 201542
Sin embargo, con posterioridad a la expedición del Decreto 553 de 2015, que
dispuso en su artículo 8 la extinción de la persona jurídica del Instituto, las
obligaciones por pago de sentencias a cargo del extinto ISS, fueron subrogadas al
Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de lo ordenado en el artículo 1 del
Decreto 541 de 2016, modificado por el Decreto 1051 de 2016, figura43 que dio lugar
al traspaso de todos los derechos y obligaciones al mencionado ministerio, pues se
41 Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1226 del Código de Comercio. “ARTÍCULO
1226. <CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL>. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en
virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario. // Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario.”
42 “Por medio del cual se adoptan medidas con ocasión del cierre de la liquidación del Instituto de
Seguros Sociales - ISS en Liquidación y se dictan otras disposiciones” y cuyo artículo 6 dispone:
“ARTÍCULO 6. Término para entrega al patrimonio autónomo. Concluida la Liquidación del Instituto
de Seguros Sociales el 31 de marzo de 2015, Fiduciaria La Previsora S.A. tendrá el término de tres
(3) meses, única y exclusivamente para realizar las actividades post cierre y de entrega al Patrimonio
Autónomo que se constituya de conformidad con el artículo 35 del Decreto 254 de 2000, modificado
por el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006 y al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia. // Parágrafo. El Gobierno Nacional hará las operaciones presupuesta les necesarias
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que queden pendientes del proceso de
liquidación de que trata el presente Decreto.”
43 La cual opera aun en contra de la voluntad del acreedor, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1668 del Código Civil así “Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley, y aún contra
la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por las leyes (…)”
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Radicación número: 05001-23-33-000-2017-01939-01 (67536)
Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
haría cargo directamente del trámite de pago44 de las sentencias de condena por
obligaciones contractuales y extracontractuales, como se explicó en el capítulo
precedente.
Así las cosas, respecto al problema jurídico propuesto en este punto la Sala
concluye que sí existe legitimación en causa por pasiva respecto del Ministerio de
Salud y Protección Social y, en consecuencia, la decisión de primera instancia, fue
acertada al ordenar que se siguiera adelante con la ejecución.
7.1. De la fuente del pago y de la inexistencia de discrecionalidad para el pago
de sentencias de condena por obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del ISS
Para terminar, encuentra la Sala que la parte ejecutada en su recurso de alzada
confunde la legitimación en causa por pasiva con la fuente del pago. En efecto, se
considera que el inciso final del artículo 1 del decreto 1051 de 2016, establece en
relación con el trámite de pago de las condenas objeto del asunto, que el ministerio
podrá realizarlo directamente o a través del Patrimonio Autónomo de Remanentes
constituido por el liquidador del extinto Instituto de Seguros Sociales, u otro que se
determine para tal efecto.
Considera la Sala que la anterior disposición de ninguna manera establece que el
pago de la obligación será discrecional; por el contrario, dispone que el trámite de
pago puede hacerse o materializarse de varias formas: i) a través del Ministerio de
manera directa; ii) por intermedio del Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS
liquidado y iii), a través de cualquier otra fuente que se determine para tales efectos,
lo que evidencia una solidaridad entre el Patrimonio Autónomo de Remanentes del
ISS Liquidado y la parte ejecutada.
También considera la Sala que el artículo 2 del decreto 541 de 2016, reguló de
manera expresa la fuente de pago de las sentencias proferidas por parte de la
jurisdicción en contra del Instituto de Seguros Sociales liquidado en los siguientes
términos:
Artículo 2. Recursos para el pago de las sentencias condenatorias. Las
sentencias condenatorias derivadas de obligaciones contractuales y
extracontractuales a cargo del extinto Instituto de Seguros Sociales que sean
44 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 541 de 2015.
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Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
susceptibles de pago en los términos del presente decreto, se honrarán con
cargo a los activos transferidos por el Liquidador al momento de suscribir el
Contrato de Fiducia Mercantil No. 015 de 2015, por medio del cual se constituyó
el Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación, en el que la posición de Fideicomitente fue cedida al Ministerio de
Salud y Protección Social, y cuya vocera y administradora es FIDUAGRARIA
S.A., o en su defecto por la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social.
El material probatorio allegado al expediente, acredita que al momento de presentar
la demanda no existían recursos para el pago del crédito de los ejecutantes en el
patrimonio autónomo de remanentes, pues mediante el oficio 5304 del 30 de junio
de 2016 (fl. 51 – 52 y 92 - 95 c.1.) se dio respuesta a un interrogante formulado por
su apoderada en los siguientes términos:
Respecto al segundo cuestionamiento, es importante aclarar, que el Liquidador
sólo entregó el Plan de Pagos de los créditos de primera clase. Lo anterior,
dado que no existían ni existen por el momento recursos asociados para el
pago de las acreencias quirografarias (se anexa certificación). Por lo tanto a la
fecha, no se ha pagado ninguno de estos créditos.
(…)
En lo relativo a su cuarto requerimiento, el pago de las Resoluciones (…) 8307
del 3 de marzo de 2015, l ser créditos quirografarios está sujeto a que la entidad
cumpla en su totalidad el Plan de Pagos que le fue encomendado, labor que se
ejecuta desde el mes de mayo del año 2015 y a la disponibilidad de que tenga
el PAR, en el momento que se disponga el pago de éstas obligaciones, como
se le explicó en las anteriores respuestas.
Por último, en respuesta a su quinta pregunta, el Patrimonio ha cancelado
créditos quirografarios, sin respetar el turno legal establecido, en atención a las
órdenes impartidas por jueces de la República, en sede de Tutela.
Por lo anterior, no existiendo recursos en el Patrimonio Autónomo como primera
fuente de pago, se habilitó la posibilidad prevista en las normas especiales que
reglamentaron el pago de sentencias con ocasión de la liquidación del ISS, esto es,
acudir al Ministerio de Salud y Protección Social.
Así las cosas, al establecerse en el reglamento que el Ministerio era competente
para realizar el pago de manera directa, es posible concluir que sí existe legitimación
en causa por pasiva pues se habilita, de manera excepcional, la posibilidad de
reclamar el pago de las sentencias de condena en contra del ISS por asuntos
derivados de obligaciones contractuales y extracontractuales, a través de un
proceso ejecutivo, o por vía administrativa ante la misma entidad. Lo anterior, en
razón de que el reglamento especial expedido por el gobierno nacional, dispone que
el pago de las mencionadas acreencias, también puede ser cubierto de manera
directa por el Ministerio de Salud y Protección Social, asumiendo por tal motivo la
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Nación, a través de dicho ministerio el pago de la obligación objeto del presente
asunto.
Ahora bien respecto de los cargos relacionados con la falta de legitimación en causa
por la continuación de la existencia del PAR ISS Liquidado, encuentra la Sala que
el hecho de que el patrimonio autónomo siga existiendo, no impide la ejecución de
la presente obligación de pago, en atención a lo establecido en las normas
especiales estudiadas en el presente asunto.
8. De la condena en costas en primera instancia
La parte recurrente calificó como improcedente y desproporcionada la condena en
costas realizada en la sentencia de primera instancia, en atención que estima que
no participó en el proceso de reparación directa cuya sentencia sirve de título de
recaudo y que fue el extinto ISS quien dio lugar a la sentencia que sirve de título de
recaudo a este ejecutivo conexo.
En primer lugar, es necesario dejar claro que es procedente estudiar la impugnación
en relación con el tema de las costas, dado que la misma se refiere a su imposición
y no al monto de las agencias en derecho, tema que de conformidad con la
disposición contenida en el numeral 5 del artículo 366 debe ser controvertido
mediante la imposición de los recursos de reposición y apelación contra el auto que
apruebe la liquidación de costas.
Claro lo anterior, la Sala considera que no es procedente acceder a la solicitud de
revocatoria de las costas impuestas por el a quo, dado que la parte ejecutada realiza
consideraciones subjetivas45, es decir considera que su conducta no dio lugar a la
obligación que ahora se pretende hacer efectiva, por ser “un tercero ajeno a la
relación sustancial que declaró la responsabilidad extracontractual entre el Instituto
de Seguro Social y los ejecutantes”.
45
En sede del recurso de alzada calificó como improcedente y desproporcionada la condena en
costas realizada en la sentencia de primera instancia, “…dado que fue un tercero ajeno a la relación
sustancial que declaró la responsabilidad extracontractual entre el Instituto de Seguro Social y los
ejecutantes, tampoco fue parte de la litis dentro del proceso ordinario que generó en el ejecutivo
conexo…”
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Se reitera que la Sección Tercera, concretamente, ha insistido en que la condena
en costas opera en los casos señalados por la ley 46 y no requiere, para su
establecimiento, de un análisis subjetivo en torno a la conducta de las partes47.
Respecto del cargo de desproporción de la condena en costas, la Sala encuentra
que la parte recurrente, no expuso argumento alguno que permita establecer en qué
consistió la desproporción endilgada, por ese motivo la Sala se abstendrá de revisar
este cargo de apelación.
En consecuencia, la Sala confirmará el numeral quinto de la parte resolutiva de la
providencia apelada.
9. De la condena en costas en segunda Instancia
Respecto de la condena en costas de la segunda instancia, el artículo 365 del Código
de General del Proceso, establece:
ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. (…)
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. (…)
Teniendo en cuenta que la presente sentencia resuelve de manera
desfavorablemente el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada la Sala
46
Para el caso en concreto el numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso dispone la
condena en costas a la parte vencida en el proceso así “ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS.
En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas: // 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso (…)” en concordancia con el Numeral 3 del artículo 443 del Código General del Proceso, el
cual dispone: "ARTÍCULO 443. TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. El trámite de excepciones se
sujetará a las siguientes reglas: (…) // 3. La sentencia de excepciones totalmente favorable al
demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se
condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de
las medidas cautelares y del proceso.”
47 Al respecto véase la sentencia de 6 de febrero de 2020, exp. 2015-02685-01(62826), M.P. Marta
Nubia Velásquez Rico.
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Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
procede a condenar en costas al recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso.
En consecuencia y con fundamento en el del numeral 448 del artículo 5 del Acuerdo
No. PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la
Judicatura49 se fija como Agencias en Derecho la suma correspondiente a un salario
mínimo legal mensual vigente al momento de ejecutoria de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
MODIFÍCASE la sentencia, proferida el 19 de agosto de 2021 por la Sala de
Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
Primero: DECLÁRASE infundada la excepción de novación propuesta por la
entidad ejecutada Ministerio de Salud y Protección Social.
Segundo: SÍGASE ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, conforme lo
dispuesto en el mandamiento de pago proferido el primero (1) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017).
Tercero: ORDÉNASE el avalúo y remate de los bienes embargados y
secuestrados y/o los que llegaren a serlo posteriormente.
Cuarto: PRACTÍQUESE la liquidación del crédito conforme a lo dispuesto
en el artículo 446 del Código General del Proceso.
Quinto: CONDÉNASE en costas de primera instancia.
Sexto: ORDÉNASE al tribunal de primera instancia fijar la Agencias en
Derecho de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
48 “En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”
49 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”
35
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Actor: Edelmira Londoño Muñoz y Otros
Demandado: Nación – Ministerio de Salud
Referencia: Ejecutivo a continuación de sentencia
Séptimo: CONDENASE en costas en segunda instancia a la parte ejecutada
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Octavo: FÍJASE como agencias en derecho la suma de un salario mínimo
legal mensual vigente (1 SMLV.).
Séptimo: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
tribunal de origen para lo de su competencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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