Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01962-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-01962-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-01962-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-01962-01 (2362-2025)
Demandante: Margarita Diana Ramírez Espinel y otro
Demandados: Procuraduría General de la Nación
Temas: Desvinculación de empleada nombrada en provisionalidad, por provisión
del cargo mediante concurso de méritos. Condición de salud. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (Ley 1437 de 2011)
1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, por medio de la cual
se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
2. Los señores Margarita Diana Ramírez Espinel y Juan Rey Vega instauraron
demanda1 en contra de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
3. Que se inapliquen por ilegales resoluciones 040 del 20 de enero de 2015, por
medio de la cual se convocó a concurso de méritos para proveer en propiedad los
cargos de procuradores judiciales I y II, y 357 de 11 de julio de 2016, mediante la
que se publicó la lista de elegibles para el cargo de procurador judicial penal, y todos
los actos administrativos de carácter general proferidos en el marco del concurso; y
que se declare la nulidad del Decreto 3666 del 8 de agosto de 2016, a través del
cual se dispuso la desvinculación de Margarita Diana Ramírez Espinel del cargo
que ocupaba.
1 Índice 00002 de SAMAI del Consejo de Estado.
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4. Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad
demandada a reintegrar a Margarita Diana Ramírez Espinel al cargo de procurador
113 judicial II penal de Medellín, en las mismas condiciones laborales, salariales y
prestacionales que tenía antes de la expedición del acto administrativo demandado,
y a pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha
de desvinculación (5 de septiembre de 2016) y hasta que se profiera la sentencia, y
la suma de 100 SMMLV por concepto de daño moral y al señor Juan Rey Vega una
suma igual.
5. Que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas, conforme al inciso 3
del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y se condene en costas y en agencias en
derecho a la entidad demandada.
HECHOS
La demanda y su reforma se fundamentaron en los hechos que se resumen de la
siguiente manera:
6. Que mediante la Resolución 747 del 17 de octubre de 2014, la Secretaría General
de la entidad demandada ordenó la apertura de la Licitación Pública 08 de 2014, la
cual tuvo por objeto seleccionar al contratista que prestaría los servicios de apoyo
en el concurso abierto para el ingreso de personal idóneo en los cargos de
procurador judicial I y II, como resultado de la cual celebró con la Universidad de
Pamplona el Contrato 197-097-2014 del 11 de diciembre de 2014.
7. Que el 20 de enero de 2015 expidió la Resolución 040, por medio de la cual dio
apertura y reglamentó la convocatoria del proceso de selección, con el fin de proveer
744 empleos de procurador judicial I y II, y el 8 de julio de 2016 publicó la lista de
elegibles para las convocatorias 01-14, mediante las resoluciones 337 a 349, con
excepción de la 04, la cual publicó el 11 de julio de 2016, a través de la Resolución
357.
8. Que a través del Decreto 3666 del 8 de agosto de 2016, en uso de la lista de
elegibles, la Procuraduría nombró al señor Jairo Edmundo Hidalgo Dávila para
ocupar el cargo de procurador judicial II penal de Medellín que desempeñaba la
señora Margarita Diana Ramírez Espinel y dispuso la cesación de su vínculo con la
entidad, a pesar de que es madre cabeza de familia, pues se encarga de la
manutención, vivienda, vestuario, educación y alimentación de sus dos hijos.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Considera vulnerados los artículos 4, 13, 42, 43, 44, 46, 113, 125 (inciso 3), 279
y 280 de la Constitución Política; 194 y 203 del Decreto 262 de 2000; 10 del Decreto
263 de 2000; 4 y 7 del Decreto 264 de 2000; la Resolución 253 del 9 de agosto de
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2012; y la Sentencia C-101 de 2013 de la Corte Constitucional.
10. Adujo que el acto administrativo demandado fue el resultado de un concurso
con condiciones generales distintas al de jueces y magistrados y en el que se aplicó
el Decreto 262 de 2000, con lo que se desconoció que los procuradores judiciales I
y II tienen las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones
que los jueces y magistrados de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo, por
lo que debían cumplir con los mismos requisitos, como el curso de formación judicial
inicial.
11. Expuso que con la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 y con los demás
actos expedidos en el concurso, se vulneró la reserva de ley respecto a los aspectos
esenciales y definitorios para acceder a la carrera administrativa de la entidad
demandada, pues se determinó si había lugar o no a las homologaciones o
equivalencias, contrariando el artículo 20 del Decreto 263 de 2002, se estableció la
divulgación del concurso, el sistema de evaluación y los criterios de calificación de
los candidatos. Dice que esa transgresión también ocurrió con el Acuerdo de
Inscripción del 16 de febrero de 2015, al preverse que con su suscripción los
aspirantes manifestaban haber revisado, conocido y aceptado todas las reglas del
concurso.
12. Afirma que también se vulneró la reserva de ley estatutaria, porque se fijaron
limitaciones y restricciones para el acceso a los cargos ofertados, por ejemplo, la
disposición consistente en que los libros publicados únicamente serían tenidos en
cuenta si se entregaban en físico y que la experiencia profesional solo sería
contabilizada a partir de la obtención del título, esto último con lo cual también se
desconocieron los artículos 14 del Decreto 2775 de 2005 y 229 del Decreto 19 de
2012; y que en las convocatorias no se previó alguna equivalencia para cargos del
nivel profesional, como lo exige el artículo 20 del Decreto 263 de 2000 y el Manual
de Funciones y Requisitos Específicos de la Procuraduría, y se transgredió la Ley
527 de 1999 y el artículo 165 del Código General del Proceso, en relación con la
validez y eficacia probatoria de los mensajes de datos y documentos electrónicos.
13. Sostuvo que el Decreto 3666 del 2016 fue expedido con infracción de las normas
en que debía fundarse (artículos 13, 42, 43, 44 y 46 de la Constitución) porque
desconoció la estabilidad laboral reforzada de la que es titular, en su condición de
madre cabeza de familia y en la situación de debilidad física y sensorial manifiesta
que padecía al momento de su desvinculación, esto es, un cuadro de
«Histereptomia Total por Anemia Aguda Crónica», al no adoptar las medidas
necesarias ni acciones afirmativas para su protección constitucional durante el
proceso de desvinculación de los empleados nombrados en provisionalidad; que
además no fue notificado personalmente, sino que únicamente se le comunicó
mediante un correo electrónico, con lo que se vulneraron los artículos 66, 67, 68, 69
y 72 de la Ley 1437 de 2011 y se impedía la producción de efectos jurídicos.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda y su reforma fueron admitidas el 11 de septiembre de 2017 y el 5
de febrero de 20182. La Procuraduría General de la Nación guardó silencio.
15. El señor Jairo Edmundo Hidalgo Dávila3, vinculado como interesado directo
en el resultado del proceso, manifestó que la entidad demandada fue respetuosa de
los lineamientos constitucionales y legales vigentes en las actuaciones adelantadas
en la convocatoria del proceso de selección, y que resultaba improcedente declarar
la nulidad solicitada, pues ello desconocería derechos particulares y concretos, la
naturaleza del empleo ocupado en provisionalidad, el principio del mérito y la
imposibilidad de modificar la lista de elegibles. Propuso las excepciones de mérito
denominadas inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, carencia de
respaldo normativo, mala fe y genérica.
16. El 24 de mayo de 20244 se abrió la etapa probatoria y se decretaron las pruebas
solicitadas por la parte demandante.
17. El 5 de agosto de 20245 se corrió traslado para alegar de conclusión y al
representante del Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, mediante
sentencia del 18 de julio de 2025, negó las pretensiones y se abstuvo de condenar
en costas. Consideró que los cargos relativos a la legalidad de la Resolución 040
de 2015 por vicios de competencia y reserva de ley no podían ser objeto de estudio,
pues la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia del 30 de julio
de 2021, en la que negó las pretensiones de nulidad contra ese acto administrativo
y en la que determinó que el procurador general de la Nación actuó dentro del marco
de sus competencias legales y en cumplimiento de una orden judicial, sin que fuera
necesaria una nueva ley ordinaria o estatutaria, decisión que tiene efectos erga
omnes, por lo que constituye cosa juzgada material.
19. Sobre el argumento de la violación al principio de igualdad por no aplicarse un
curso similar al de la Rama Judicial desconocía que en la Sentencia C-101 de 2013
la Corte Constitucional dijo que a los procuradores judiciales se les aplicaba un
régimen de carrera propio y que en el Decreto Ley 262 de 2000 no se previó esa
etapa, sino un período de prueba de cuatro meses.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Índice 00069 de SAMAI.
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20. Expuso que en el artículo 20 del Decreto Ley 263 de 2000 se determinó una
facultad discrecional en relación con la previsión de equivalencias entre estudios y
experiencia, mas no una obligación, y precisó que la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sido consistente al determinar que el retiro de un empleado en
provisionalidad para proveer el cargo por mérito es una causal objetiva que no
requiere la notificación, pues la finalidad de la publicidad se cumple con la
comunicación de la decisión. Afirmó que las denuncias sobre las irregularidades en
la ejecución del concurso fueron investigadas y desvirtuadas por la entidad
mediante la Resolución 1440 de 2015 y la actora no demostró la ilegalidad de esa
decisión.
21. No encontró demostrado que la demandante hubiera comunicado a la
Procuraduría General de la Nación su condición de madre cabeza de familia antes
de la expedición del acto de retiro, ni acerca de su padecimiento de salud o su
incapacidad médica, y tampoco acreditó la totalidad de presupuestos
jurisprudenciales para tener la calidad de madre cabeza de familia, especialmente
la sustracción del padre de sus obligaciones o la deficiencia de ayuda de otros
miembros de la familia ni probó que la enfermedad padecida le impidiera o dificultara
sustancialmente el desempeño de sus labores.
22. Que incluso si la entidad hubiera conocido la situación, la jurisprudencia ha
establecido que la protección especial debe ceder ante la inexistencia de un margen
de maniobra para la reubicación y se probó que la lista de elegibles superaba el
número de vacantes, lo que impedía materialmente adoptar esa medida. Concluyó
que el acto administrativo de retiro se fundamentó en una causal objetiva y
razonable.
RECURSO DE APELACIÓN7
23. La parte demandante interpuso recurso de apelación, al considerar que se
omitió el análisis integral de las pruebas documentales que demostraban su
condición de salud y, por tanto, su calidad de sujeto de especial protección
constitucional al momento de ser desvinculada del servicio.
24. Que el 23 de agosto de 2016 fue valorada en la Unidad Médica Las Vegas,
donde le diagnosticaron un cuadro de anemia crónica y le otorgaron una
incapacidad médica por cinco días, comprendidos desde ese día hasta el 28 de
agosto de ese año, lo que evidenciaba una condición de salud que comprometía su
capacidad laboral y activaba los mecanismos de protección constitucional.
25. Que el 29 de agosto de 2016 ingresó a urgencias en la Clínica El Rosario, en la
que le diagnosticaron anemia aguda secundaria a miomatosis uterina mixta, por lo
que fue incapacitada por un término de treinta días y le recomendaron una
7 Índice 00074 de SAMAI.
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histerectomía abdominal total, que le fue practicada el 30 de ese mes y año, y ese
mismo día envió un correo electrónico a «su sustanciador (…) funcionario de la
Procuraduría» adjuntándole la incapacidad para ser radicada conforme a la
normativa, y el 5 de septiembre siguiente la envió mediante correo certificado, ante
la imposibilidad de efectuar la notificación personal por su afección de salud.
26. Que resultaba cuestionable que la entidad demandada no haya requerido en
ningún momento una justificación de su ausencia del lugar del trabajo ocurrida entre
el 23 y el 30 de agosto de 2016, a pesar de que era un deber básico de seguimiento
y control funcional.
27. Que esas pruebas demostraban que al momento de su desvinculación se
encontraba en incapacidad médica, hospitalizada y bajo tratamiento quirúrgico de
alta complejidad y que la entidad demandada tenía conocimiento de su condición,
la cual además tenía la posibilidad de verificar a través del sistema de salud esa
situación, por lo que debió primar la protección laboral reforzada.
28. Que la coincidencia temporal entre la notificación de la desvinculación y la
realización de la cirugía demuestra el grado de afectación y la omisión del deber de
valoración probatoria por parte del Tribunal, autoridad judicial que tampoco analizó
si la entidad demandada demostró el uso del margen de maniobra para que fuera
desvinculada en último lugar o fuera vinculada provisionalmente en cargos vacantes
de la misma jerarquía o equivalencia al que ocupaba, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
29. El 2 de octubre de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esa decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados; además, se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo para
sentencia.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
30. Conforme al recurso de apelación la Subsección deberá resolver si el acto
demandado se encuentra viciado de nulidad, por haber desconocido la condición de
salud de la demandante y, de ser así, si tiene derecho a ser reintegrada a un cargo
igual o similar al que desempeñaba.
8 Índice 00006 de SAMAI.
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Marco normativo y jurisprudencial
Acerca de los empleados nombrados en provisionalidad en la Procuraduría
General de la Nación
31. La carrera administrativa es un sistema de administración del personal de
servidores públicos, basado en el mérito como principio rector de la función pública,
en virtud del cual se contemplan las formas de ingreso, permanencia, evaluación y
retiro del servicio. Al respecto, en el artículo 125 de la Constitución Política se
consagró como cláusula general que los empleos en las entidades estatales serían
de carrera, con excepción de los de elección popular, libre nombramiento y
remoción, los trabajadores oficiales y los demás determinados en la ley.
33. Por su parte, en los artículos 278 y 279 superiores se dispuso que el procurador
general ejerce directamente la función de «[n]ombrar y remover, de conformidad
con la ley, los funcionarios y empleados de su dependencia», y que la ley
determinará la estructura y funcionamiento de la PGN, así como «[…] lo atinente al
ingreso y concurso de méritos y al retiro del servicio, a las inhabilidades,
denominación, calidades, remuneración y al régimen disciplinario de todos los
funcionarios y empleados de dicho organismo».
34. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación goza de un régimen
especial, regulado por el Decreto Ley 262 de 2000, que implementó el sistema de
carrera administrativa con el fin de garantizar que las personas más idóneas
ingresaran a la función pública y otorgar estabilidad e igualdad de oportunidades
para el acceso al servicio público. El artículo 182 del aludido Decreto clasificó los
cargos de la entidad en i) de carrera administrativa; ii) de libre nombramiento y
remoción, entre los cuales se encontraba el de procurador judicial y iii) de periodo
fijo.
35. Sin embargo, en la Sentencia C-101 de 2013 la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad de la expresión «procurador judicial» contenida en el numeral 2º del
artículo 182, al considerar que esta disposición vulneraba el artículo 280 de la
Constitución. Así, su naturaleza de libre nombramiento y remoción mutó a ser de
carrera especial de la entidad, por lo cual en la misma sentencia de
constitucionalidad se ordenó a la entidad convocar a concurso de méritos para la
provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial.
36. En relación con los servidores públicos nombrados en provisionalidad en cargos
de carrera, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional9 como la del Consejo
de Estado10 ha sostenido que gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia,
9 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010, SU-874 de 2014 y SU-556 de 2014.
10 Ver, entre otras, sentencia del 23 de septiembre de 2015. Expediente 05001-23-31-000-2002-02327-01
(3651-2013), y sentencia del 23 de septiembre de 2010. Expediente 25000-23-25-000-2005-01341-02 /0883-
08).
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Radicado: 05001-23-33-000-2017-01962-01 (2362-2025)
lo que implica que su retiro debe fundarse en una causa legal, la cual debe señalarse
en el acto administrativo de desvinculación, es decir, debe ser motivado.
37. Una de estas es la provisión del cargo ocupado por el nombramiento de la
persona que superó el concurso de méritos y que se encuentra en la lista de
elegibles. En este caso, la estabilidad del funcionario en provisionalidad cede al
mejor derecho que tiene la persona que ganó el concurso11.
38. La Corte Constitucional12 ha reiterado que tratándose de sujetos de especial
protección constitucional la administración debe adoptar medidas afirmativas
consistentes en garantizar que sean los últimos en ser desvinculados de sus cargos
y, en lo posible, vincularlos provisionalmente en empleos vacantes de la misma
jerarquía o equivalencia a los que ocupaban.
39. Concretamente respecto a los empleados que se encuentran en un estado de
debilidad manifiesta por razones de salud, el máximo tribunal constitucional13 ha
determinado que para que haya lugar a la protección debe establecerse que el
trabajador se encuentra en una condición de salud que le impide o dificulte
significativamente el normal y adecuado desempeño de sus funciones; que la
situación sea conocida por el empleador con anterioridad al retiro del servicio; y que
no exista una justificación suficiente para la desvinculación.
Resolución del caso concreto
40. En razón de que el único motivo de inconformidad consiste en que, según la
apelante, no se valoraron varias pruebas que en su sentir hubieran hecho que la
administración adoptara medidas de protección, la Sala solo se referirá a este punto.
41. Es cierto que está demostrada la atención médica realizada el 23 de agosto de
2016 en la Unidad Médica Las Vegas por un cuadro de anemia crónica; la
incapacidad de 5 días, entre esa fecha y el 28 de agosto de ese año; el ingreso a la
Clínica El Rosario al día siguiente, donde le diagnosticaron anemia posthemorrágica
aguda y leiomioma del útero; y la práctica de la cirugía de histerectomía efectuada
el 30 de agosto siguiente.
42. Igualmente, está acreditado el envío de un documento el 5 de septiembre de
2016 por medio de correo certificado dirigido a la entidad demandada, con fecha de
entrega al día siguiente, según consta en las facturas de venta MCS253914 y
MCS2593913, en las que aparece escrito a mano «[n]otificación de cirugía y
Hospitalización» y «[n]otificación Incapacidad».
11 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de octubre de 2022. Rad. 05001-23-
33-000-2017-02209-01 (6576-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
12
Ver, entre otras, las sentencias T-061 de 2025 y T-313 de 2024.
13 Ver, entre otras, la Sentencias SU-087 de 2022.
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43. Sin embargo, también está probado que el 8 de agosto de 2016 se expidió el
Decreto 3666, por medio del cual se terminó la vinculación en provisionalidad, y que
el 30 de ese mes y año esa decisión le fue comunicada, a través del Oficio SG 4333
del 12 de agosto de 2016 enviado por correo electrónico.
44. En esa medida, el acto administrativo demandado fue proferido con anterioridad
a las incapacidades y a la intervención quirúrgica con base en las cuales la actora
pretende demostrar la condición de debilidad manifiesta en razón de su situación de
salud, lo que evidencia el incumplimiento de los presupuestos exigidos para la
adopción de medidas afirmativas a cargo de la entidad demandada.
45. Lo anterior debido a que no está acreditado que para la fecha de la culminación
del vínculo tuviera padecimientos de salud que implicaran una afectación sustancial
en el desempeño de sus funciones ni que el empleador conocía la condición de
salud antes de la terminación de la prestación del servicio, y mucho menos que no
existiera una justificación suficiente para la desvinculación. Por el contrario, lo que
se observa es que esta obedeció a una causal legal y objetiva consistente en la
obligación de nombrar a la persona que superó el proceso de selección.
46. Ahora bien, el hecho de que la comunicación de la decisión administrativa haya
sido posterior a las incapacidades y a la cirugía no vicia de nulidad el acto
administrativo, pues las causales que dan lugar a la declaratoria de nulidad deben
ocurrir con anterioridad a su expedición o de forma concurrente.
47. En consecuencia, al no prosperar los argumentos de la apelación, se confirmará
la decisión de primera instancia.
Condena en costas en segunda instancia
48. La Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por
el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte
de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
49. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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