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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-02297-01

Recurso de apelación formulado por ambas partes: límites del juez de segunda instancia. Puede resolver sin limitaciones

Fecha
12 de agosto de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-02297-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: 1. REVOCAR la sentencia del 24 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016, por medio de la cual el Director de la Regional Antioquia del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, determinó la contribución al FIC a cargo de Construcciones El Cóndor SA por los años 2010 a 2013 y 2014 (enero - agosto) y, de su modificatoria la Resolución No. 002417 del 7 de abril de 2017, por la que el citado funcionario resolvió el recurso de reposición. SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la sociedad Construcciones El Cóndor SA no adeuda suma alguna por concepto de contribuciones con destino al FIC por los años 2010 a 2013 y 2014 (enero - agosto). TERCERO: Negar la pretensión relacionada con la expedición del Paz y Salvo por concepto de la Contribución al FIC por los citados periodos. CUARTO: No condenar en costas. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2017-02297-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

12 de agosto de 2021

RECURSO DE APELACIÓN FORMULADO POR AMBAS PARTES - Límites del juez de segunda instancia. Puede resolver sin limitaciones

Teniendo en cuenta que ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia, se aplicará lo previsto en el inciso segundo del artículo 328 del CGP y, por ende, se resolverá sin limitaciones.

FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 328

TRÁNSITO CONSTITUCIONAL – Legislación preexistente. Reglas / DECRETO LEGISLATIVO 2375 DE 1974 – Expedición y reglamentación / INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVINIENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 2375 DE 1974 POR EXPEDICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - No configuración. Opera el principio general de la subsistencia de la legislación preexistente

Con el tránsito constitucional que emergió con la entrada en vigor de la Carta Política de 1991, surgieron una serie de interrogantes en cuanto a la vigencia de las normas que fueron expedidas al amparo de la Constitución de 1886, frente a lo cual, la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 1993 precisó que para resolver sobre ese aspecto se debían tener en consideración las siguientes premisas: (i) la regla de aplicación inmediata de la Constitución, (ii) la regla de subsistencia de la legislación preexistente y (iii) la aplicación y alcance del artículo 9 de la Ley 153 de 1887. (…) [S]e advierte que la sola entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 no derogó en bloque la legislación anterior, pues según la jurisprudencia constitucional, ante el tránsito normativo entre los textos de 1886 y 1991, opera el principio general de la subsistencia de la legislación preexistente y, con fundamento en el artículo 9 de la Ley 153 de 1887, para que aquella desaparezca del ordenamiento jurídico debe existir, frente a la nueva Carta, un grado de incompatibilidad y una abierta contradicción entre el contenido material o el espíritu de ambas normas. Por consiguiente, el hecho de que con la Constitución Política de 1991 se hubiere producido un cambio normativo en cuanto a los efectos de las disposiciones de carácter tributario dictadas en virtud de un estado de excepción, no implica per se que las normas que no se ajustan a las nuevas condiciones formales sean inconstitucionales, pues esa situación equivaldría a asignarle efectos retroactivos al nuevo ordenamiento respecto de actos cuya emisión se produjo al tenor de los requisitos exigidos por el anterior régimen. Se precisa que el Decreto 2375 de 1974, fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que la Carta de la época le confería para conjurar los efectos del estado de emergencia económica, valga decir, el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución de 1886, según el cual, le correspondía «[d]ictar en los casos y con las formalidades previstas en el Artículo 121, decretos que tengan fuerza legislativa». El mencionado decreto fue reglamentado por los Decretos 083 de 1976 y 1047 de 1983, proferidos por el Presidente de la República en virtud de las atribuciones constitucionales que le otorgaba el numeral 3 del artículo 120 de la Carta Política de 1886, según el cual, le correspondía «[e]jercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes». En ese contexto, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el Decreto 2375 de 1974 no deviene en inconstitucional por el hecho de que después de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, el Congreso no haya expedido una ley por medio de la cual se le otorgara el carácter de permanente a la contribución al FIC, que fue creada en virtud de un estado de emergencia económica, porque se insiste en que las normas preconstitucionales mantienen su vigencia bajo la nueva Constitución salvo que resulte notoriamente contraria a sus principios, circunstancia que no se evidencia en este caso.

FUENTE FORMAL: DECRETO 083 DE 1976 / DECRETO 1047 DE 1983 / CARTA POLÍTICA DE 1886 - ARTÍCULO 120, NUMERAL 3

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legislación preexistente se deben tener en consideración las reglas indicadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 1993, Exp. D–091, del 21 de enero de 1993, M.P. Ciro Angarita Baron

APORTES PARAFISCALES - Surgen de una relación laboral / APORTES PARAFISCALES AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC) - Se originan en el hecho de pertenecer al sector de la industria de la construcción / CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC) A FAVOR DEL SENA - Competencia del SENA para expedir los actos de determinación

[L]a obligación prevista en la Ley 21 de 1982, se refiere a los aportes parafiscales que se deben pagar sobre la nómina de salarios de los trabajadores, es decir, se deriva de la relación eminentemente laboral, en tanto que, la señalada en el Decreto Ley 2375 de 1974, se origina en el hecho de pertenecer al sector de la industria de la construcción, de ahí que su origen, liquidación y entidad competente para adelantar las acciones de fiscalización sean diferentes. En relación con la contribución al FIC, que es la que interesa en este proceso, se advierte que el Director General del SENA en «ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los numerales 4 y 25 del artículo HYPERLINK "https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_0249_2004.htm" \l "4" 4º del Decreto número 249 de 2004, el artículo HYPERLINK "https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_1047_1983.htm" \l "3" 3º del Decreto número 1047 de 1983, y en el artículo HYPERLINK "https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/acuerdo_sena_0008_1984.htm" \l "3" 3º del Acuerdo 8 de 1984», profirió la Resolución No. 1449 de 2012, vigente para la fecha de expedición de los actos demandados, en cuyo artículo 9, sobre el recaudo y fiscalización, dispuso que «las Direcciones Regionales, a través del Grupo de Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas, o el que haga sus veces, adelantarán las acciones necesarias para que los empleadores de la construcción cumplan con la obligación de contribuir al FIC; en su recaudo y fiscalización aplicarán las normas vigentes sobre la materia y las normas, políticas y directrices que imparta el SENA». Fue en ejercicio de dicha competencia, que el 8 de noviembre de 2016, el Director Regional de Antioquia expidió la Resolución No. 8102, mediante la cual determinó «que el empleador CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. identificado con NIT (…) le adeuda al FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC – SENA», la suma de $4.574.790.993, por concepto de la contribución FIC por los años 2010 a 2013 y 2014 (enero - agosto). Por lo anterior, se concluye que los planteamientos propuestos por la parte demandante en relación con la falta de competencia del SENA para proferir los actos de determinación acusados, no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: LEY 21 DE 1982 – ARTÍCULO 7 / DECRETO 3033 DE 2013 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2375 DE 1974 – ARTÍCULO 6 / DECRETO 1047 DE 1983 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 249 DE 2004 - ARTÍCULO 4, NUMERAL 4 / DECRETO 249 DE 2004 - ARTÍCULO 4, NUMERAL 25 / ACUERDO 8 DE 1984 - ARTÍCULO 3

DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN AL FIC - Término para proferir los actos de determinación / TÉRMINO GENERAL DE PRESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CARENTES DE REGULACIÓN ESPECÍFICA - Normativa aplicable. Aplicación del artículo 2536 del Código Civil / CADUCIDAD DE LA COMPETENCIA TEMPORAL DEL SENA PARA EXPEDIR LOS ACTOS DE DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN AL FIC - El término aplicable es el de la prescripción ordinaria

Para resolver sobre el término con el que contaba el SENA para efectos de determinar la contribución al FIC, la Sala acudirá a la interpretación que sobre la caducidad de la facultad de fiscalización se realizó en la sentencia del 26 de noviembre de 2020, expediente 22937, en la que se expuso lo siguiente: «Sea lo primero destacar que el ordenamiento tributario y administrativo carecen de normas que rijan la caducidad de la competencia de la Administración tributaria para la determinación oficial de la contribución de contratos de obra pública. Así, porque las oportunidades fijadas en el ET para expedir liquidaciones oficiales (v. g. de revisión o de aforo) contemplan el deber de declarar como un presupuesto necesario de la actuación administrativa, deber que no se impuso a los obligados de la figura tributaria aquí analizada. Tampoco son aplicables al caso las oportunidades establecidas en las normas fiscales y administrativas para adelantar procesos de cobro coactivo, ya que estos tienen por objeto obtener el pago de deudas exigibles (i. e. que consten en títulos ejecutivos), mientras que las actuaciones que se demandan apenas buscan establecer el monto de las deudas tributarias. Dada la ausencia de reglas particulares que gobiernen la oportunidad dentro de la que correspondía liquidar administrativamente el tributo, la norma que rige el caso viene a ser el artículo 2536 del Código Civil, que fija los términos generales de prescripción que resultan aplicables para las actuaciones que carecen de regulación específica […]». Según lo considerado por esta Sección, cuando las normas que rigen un tributo en particular no establecen el plazo que tiene la entidad administradora para la determinación oficial, y el deber de declarar, como presupuesto para acudir a los mecanismos de revisión y de aforo, no se halla expresamente consagrado, es dable acudir a los términos generales de prescripción que establecen las normas civiles (artículo 2536 del Código Civil). Igual que sucedió en la jurisprudencia que en esta oportunidad se reitera, en el caso de la contribución con destino al FIC, no existe norma que fije la caducidad de la competencia del SENA para determinarla oficialmente, y no se puede acudir a las reglas fijadas por el artículo 717 del E.T. para dictar las liquidaciones de aforo o de revisión, dado que para los responsables de la contribución al FIC no está prevista la obligación de presentar declaración, pues la norma se refiere de manera expresa a que deben liquidar el tributo utilizando alguna de las siguientes alternativas: liquidación con base en el número de trabajadores mensuales o liquidación presuntiva. Por lo tanto, el término que resulta aplicable para estos efectos, es el de la prescripción ordinaria (10 años), teniendo en cuenta que lo que se pretende es determinar el monto de la obligación tributaria, mas no su cobro por la vía ejecutiva, en cuyo caso, el plazo sería de cinco (5) años. Debe señalarse que, para el caso de los actos de determinación de tributos el plazo que se tiene para expedirlos es de carácter preclusivo, es decir, que una vez vencido, la Administración pierde la competencia para ejercer la facultad de fiscalización.

Además, cuando en las normas que regulan estas situaciones se utilizan los vocablos «expedir» o «resolver», la Sección ha considerado que comprende la notificación del respectivo acto administrativo, pues mientras el contribuyente no conozca la determinación de la Administración, esta no produce efectos jurídicos. (…) Partiendo de que la contribución al FIC objeto de estudio corresponde a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (enero - agosto), y que el acto por medio del cual se determinó el monto de la obligación se notificó el 2 de enero de 2017, la Sala concluye que su expedición fue oportuna, motivo por el cual, prospera el cargo de apelación analizado, en tanto que, contrario a lo afirmado por el tribunal, en este caso no operó la caducidad respecto de los periodos comprendidos entre enero de 2010 y marzo de 2012.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 2536

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la facultad de fiscalización consultar sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 26 de noviembre de 2020, Exp. 25000-23-37-000-2014-00184-01(22937), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez

CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (FIC) A FAVOR DEL SENA – Base gravable

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Ley 2375 de 1974, las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción de manera ocasional o habitual, están obligadas al pago de un aporte al SENA, equivalente al medio por ciento (1/2%) del valor de las obras que ejecuten directamente o a través de subcontratistas. La disposición normativa así descrita enmarca uno de los elementos sustanciales del tributo, como lo es la base gravable, la que gira en torno a los pagos en los que se incurre durante la ejecución de las labores destinadas estrictamente a la obra o construcción, trátese de pagos realizados directamente por el contratante, o por intermedio de quienes obran como subcontratistas. En ese contexto, la base gravable de la contribución al FIC está determinada por la nómina de trabajadores empleados en cada obra, o el costo total de la respectiva mano de obra, que se tomará en aquellos casos en los cuales no sea posible establecer el número de trabajadores utilizados en la realización de las obras dirigidas por el sujeto obligado al pago del tributo (liquidación presuntiva). (…) [C]uando la determinación de la base gravable no pueda establecerse por el número mensual de trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo la responsabilidad del sujeto pasivo, lo procedente será aplicar la liquidación presuntiva en función del costo que corresponde a la suma de todos los pagos que con cargo a una obra determinada realice el propietario o contratista principal, descontando los gastos de financiación, impuestos e indemnizaciones a terceros, al igual que el costo del lote sobre el cual se levanta la construcción (…) [L]a liquidación realizada por la entidad demandada resulta de una inadecuada fijación de la base gravable, al tener en cuenta los ingresos obtenidos por la demandante al cierre de cada ejercicio fiscal, cuando lo procedente era hallar la contribución a cargo con fundamento en los costos registrados en cada periodo en las cuentas contables destinadas a tales operaciones, respaldados con comprobantes internos y externos. De manera que, el cargo de apelación formulado por la parte demandante tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, al no integrarse correctamente la base gravable, como elemento esencial del tributo para calcular la contribución FIC, se hace imperioso declarar la nulidad total de los actos administrativos demandados.

FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 2375 DE 1974 - ARTÍCULO 4

CONDENA EN COSTAS - Conformación. Están conformadas por las agencias en derecho y los gastos del proceso / CONDENA EN COSTAS - Improcedencia. Por cuanto no se probó su causación

Se observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, no procede la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) por cuanto, si bien es cierto, en esta providencia se revocó totalmente la sentencia del tribunal (numeral 4 del artículo 365 del CGP), para, en su lugar, anular los actos administrativos demandados, no se puede obviar que en el expediente no se encuentran pruebas que acrediten o justifiquen erogaciones por los citados conceptos (numeral 8 Ib.), razón por la cual, se revocará el numeral tercero de la sentencia apelada y, por los mismos motivos, no se condena en costas en esta instancia.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) - ARTÍCULO 365

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-02297-01(24616)

Actor: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR SA

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, contra la sentencia del 24 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que resolvió:

«PRIMERO. SE DECLARA la nulidad parcial de las Resoluciones 8102 del 8 de noviembre de 2016 y 002417 del 7 de abril de 2017, emitidas por el Director Regional de Antioquia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por medio de la cual, se determinó el valor adeudado por el empleador CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., al FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC – SENA, atendiendo a la argumentación vertida previamente.

SEGUNDO. En consecuencia, SE DECLARA que la sociedad CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., no está obligada a pagar al FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC – SENA, por concepto de contribuciones al FIC, los valores correspondientes al período enero de 2010 a marzo de 2012, así como tampoco estará en el deber de cancelar el valor correspondiente a los intereses de mora liquidados en los actos acusados.

En caso que se haya efectuado el pago de las sumas afectadas por la caducidad y/o los intereses moratorios anulados, SE ORDENA a la entidad demandada proceder a su devolución, dando aplicación a la fórmula indicada en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: Se condena en costas a la entidad demandada, de conformidad con los parámetros definidos en la parte motiva de la presente decisión.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente».

ANTECEDENTES

Por medio del Requerimiento de Información No. 2-2014-017161, notificado el 28 de julio de 2014, el SENA le solicitó a Construcciones El Cóndor SA la documentación legal y contable de los años 2009 a 2014, para verificar las contribuciones parafiscales con destino al FIC.

El 22 de septiembre de 2014, el SENA realizó visita administrativa a las instalaciones de la citada sociedad, para recaudar la información relacionada con el pago de la contribución al FIC. El 28 de octubre de 2014 la hoy demandante entregó la documentación requerida por la entidad demandada.

El apoderado de la parte actora sostuvo que los negocios jurídicos celebrados entre Construcciones El Cóndor SA y los proveedores de bienes y servicios asociados a la actividad de la construcción durante los años 2009 a 2014, no se llevaron a cabo bajo la modalidad de contratos de administración delegada, en atención a que la ejecución y riesgo de la actividad corría por cuenta del contratista.

Mediante la Resolución No. 1167 del 9 de marzo de 2016, el Director Regional de Antioquia del SENA determinó que Construcciones El Cóndor SA le adeudaba a esa entidad la suma de $4.574.790.993, por concepto de la contribución al FIC, por los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Contra esa decisión, el 27 de abril de 2016 la sociedad interpuso recurso de reposición.

Con la Resolución No. 3470 del 31 de mayo de 2016, se resolvió el recurso de reposición en el sentido de reponer el acto recurrido. Se ordenó realizar una nueva liquidación de la contribución al FIC y no se accedió a la solicitud de la constructora de relevarla del pago de las obligaciones que debieron realizar los subcontratistas con anterioridad al 24 de julio de 2012.

El Director Regional del SENA expidió la Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016 y resolvió: «[d]eterminar que el empleador CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. identificado con NIT (…) le adeuda al FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC – SENA», la suma de $4.574.790.993, por concepto de la contribución al FIC por los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (enero - agosto) (acto demandado).

El 17 de enero de 2017, la constructora interpuso recurso de reposición contra la resolución de determinación de la contribución al FIC.

Mediante el auto de pruebas del 7 de febrero de 2017, el SENA autorizó una visita administrativa a la sede de la constructora y ordenó recaudar la información contable, las planillas de ARL, información sobre las obras contratadas con entes estatales, las ejecutadas por medio de consorcios y las celebradas con empresas privadas durante los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (enero - agosto).

El recurso interpuesto contra el acto de determinación se resolvió con la Resolución No. 002417 del 7 de abril de 2017, por medio de la cual el Director del SENA Regional Antioquia dispuso reponer parcialmente la Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016, en el sentido de disminuir el valor de la contribución al FIC en la suma de $3.338.357.282, correspondiente a los periodos de enero de 2010 a agosto de 2014 más los intereses de mora que se causen desde su vencimiento hasta su pago total.

DEMANDA

La sociedad Construcciones El Cóndor SA, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones:

«I. Principales:

PRIMERA: Que se DECLARE la Excepción de inconstitucionalidad a partir de los argumentos expuestos en los CAPÍTULOS TERCERO y QUINTO de la presente demanda.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión, se DECLARE la NULIDAD de los actos administrativos demandados.

TERCERA: Concedida la SEGUNDA pretensión de las principales y a título DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se DECLARE que EL CÓNDOR NO se encuentra obligada a pagar la contribución FIC “determinada” por EL SENA ni la sanción (intereses moratorios) conexa a la cuantía descrita.

CUARTA: Como una consecuencia de las anteriores pretensiones, ORDENAR al SENA la expedición del paz y salvo una vez se produzca sentencia definitiva.

II. Si las Principales no prosperan, de manera subsidiaria y conforme al orden que se detalla a continuación:

PRIMERA: Que se DECLARE la Excepción de ilegalidad y se INAPLIQUEN las siguientes disposiciones, por las razones expuestas en los CAPÍTULOS TERCERO y QUINTO de la presente demanda:

a) Numeral segundo del artículo 7 de la Resolución Nro. 1449 de 2012.

b) Último inciso del único parágrafo del artículo 7 de la Resolución Nro. 1449 de 2012.

c) Artículo 6 del Decreto reglamentario 83 de 1976.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión, DECLARAR LA NULIDAD de las actuaciones administrativas acusadas.

TERCERA: En el evento de NO prosperar la PRIMERA pretensión de las subsidiarias, la Defensa solicita que se DECLARE LA NULIDAD de los actos administrativos acusados con fundamento en los cargos: primero y segundo que hacen parte de las Consideraciones de tipo legal clasificadas en el CAPÍTULO TERCERO de la presente acción jurisdiccional.

CUARTA: Concedida la TERCERA pretensión de las subsidiarias y a título DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se DECLARE que EL CÓNDOR NO se encuentra obligada a pagar la contribución FIC “determinada” por EL SENA ni la sanción (intereses moratorios) conexa a la cuantía descrita.

QUINTA: Como una consecuencia de las pretensiones TERCERA y CUARTA de las subsidiarias, ORDENAR al SENA la expedición de paz y salvo una vez se produzca sentencia definitiva.

SEXTA: En el evento de NO prosperar la TERCERA pretensión de las subsidiarias, la Defensa solicita que se DECLARE LA NULIDAD de los actos administrativos acusados con fundamento en el cargo: quinto que hace parte de las Consideraciones de tipo legal clasificadas en el CAPÍTULO TERCERO de la presente acción jurisdiccional.

SÉPTIMA: Concedida la SEXTA pretensión de las subsidiarias y a título DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se DECLARE que EL CÓNDOR NO se encuentra obligada a pagar la contribución FIC “determinada” por EL SENA ni la sanción (intereses moratorios) conexa a la cuantía descrita.

OCTAVA: Como una consecuencia de las pretensiones SEXTA y SÉPTIMA de las subsidiarias, ORDENAR al SENA la expedición del paz y salvo una vez se produzca sentencia definitiva.

NOVENA: En el evento de NO prosperar la SEXTA pretensión de las subsidiarias, la Defensa solicita que se DECLARE LA NULIDAD PARCIAL de los actos administrativos acusados con fundamento en los cargos: tercero, cuarto, sexto y séptimo que hacen parte de las Consideraciones de tipo legal clasificadas en el CAPÍTULO TERCERO de la presente acción jurisdiccional» [Negrillas y subrayas originales].

Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:

Artículos 4, 29, 95 (num. 9), 215 (inc. 3°) y 338 de la Constitución Política
Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo
Artículos 717 y 730 (num. 3) del Estatuto Tributario
Artículos 4 y 6 del Decreto Legislativo 2375 de 1974
Artículos 6 y 8 del Decreto 83 de 1976
Artículo 3 del Decreto 1047 de 1983
Artículos 9 y 12 de la Ley 153 de 1887
Artículo 47 (parágrafo) de la Ley 137 de 1994
Artículo 156 de la Ley 1151 de 2007
Artículos 3, 40 y 137 de la Ley 1437 de 2011
Artículos 178 y 180 de la Ley 1607 de 2012
Artículo 7 de la Resolución No. 1449 de 2012
Artículos 1, 2 y 3 del Decreto 3033 de 2013

Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Consideraciones de tipo constitucional

Inconstitucionalidad sobreviniente de los artículos 4 y 6 del Decreto Legislativo 2375 de 1974. Nulidad de los actos administrativos demandados, como consecuencia de la inconstitucionalidad sobreviniente

Argumentó que, los artículos 4 y 6 del Decreto 2375 de 1974 perdieron vigencia por varios factores, tales como: (i) la entrada en vigor de los artículos 215 y 338 Constitución Política de 1991, (ii) la restricción de creación de tributos permanentes que consagró el inciso tercero del artículo 215 constitucional en salvaguarda de los principios de legalidad tributaria y de seguridad jurídica y (iii) por la falta de incorporación legislativa al nuevo ordenamiento a través de una ley.

Expuso que no se controvierte la formación y expedición de los artículos 4 y 6 del Decreto 2375 de 1974, pues su creación se dio conforme a los lineamientos de la Constitución de 1886, vigente para ese momento; sino la ausencia en el ordenamiento jurídico actual de una ley que le atribuyera el carácter de permanente, a un tributo que fue creado por el Presidente de manera transitoria durante un estado de emergencia económica.

Sostuvo que en atención del principio de «aplicación inmediata», una vez comenzó a regir la Constitución Política de 1991, la continuidad y permanencia de las normas acusadas dependían de los nuevos mandatos constitucionales y, en ese sentido, se requería la expedición de una ley que incorporara el tributo de forma permanente.

Explicó que las contribuciones con destino al SENA, al régimen de subsidio familiar y al ICBF, son tributos creados antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991, que mantuvieron su vigencia ante el tránsito constitucional, porque habían sido consagrados por medio de las Leyes 21 de 1982 y 89 de 1988, a diferencia de la contribución al FIC que fue impuesta con un decreto.

Adicionó que los motivos de la inconstitucionalidad se refuerzan con el parágrafo del artículo 47 de la Ley 137 de 1994, que prevé que, durante el Estado de Emergencia, el Gobierno puede establecer nuevos tributos o modificar los existentes, y que tales medidas dejan de regir al finalizar la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. Reforzó su posición con tesis jurisprudenciales de la Corte Constitucional (sentencia C-155 de 203) y del Consejo de Estado (expediente Nos. 10029, 20328 y 20323).

Manifestó que la anterior situación, trae como consecuencia la nulidad de los actos de determinación de la contribución al FIC, ante la sustracción de los fundamentos de derecho que cimentaron las decisiones proferidas por el SENA.

Inaplicabilidad del numeral segundo del artículo 7 de la «Resolución 1449 de 2014», en virtud de la trasgresión al precepto constitucional instituido en el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. Nulidad de los actos administrativos demandados, como consecuencia de la inaplicabilidad de la citada norma

Solicitó que se inaplique el numeral segundo del artículo 7 de la Resolución No. 1449 de 2012 por violación al principio de legalidad tributaria, toda vez que no existe disposición constitucional o legal que faculte al Director General del SENA para establecer la «tarifa aplicada a los “ingresos” derivados de la actividad constructora que realiza EL CÓNDOR», con el objeto de calcular la contribución con destino al FIC.

Explicó que, ante la inaplicación de la referida norma, deviene en irregular la determinación del tributo adelantada por el SENA y procede la nulidad de los actos demandados, pues se formaron aplicando una tarifa que no está prevista en la ley.

Inaplicabilidad del artículo 6 del Decreto 83 de 1976, en virtud de la trasgresión al precepto constitucional instituido en el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia. Nulidad de los actos administrativos demandados, como una consecuencia de la inaplicabilidad del mencionado artículo

Señaló que el Presidente de la República con la expedición del artículo 6 del Decreto 83 de 1976, excedió su facultad de reglamentar la contribución al FIC, puesto que en ninguno de los artículos 4 y 6 ni en el restante articulado del Decreto 2375 de 1974, se previó como base gravable en los contratos de construcción celebrados con entidades de derecho público, el «valor que aparezca en el contrato correspondiente», motivo por el cual, estima que la norma es inconstitucional por trasgredir el artículo 338 de la Carta Política.

Indicó que la anterior circunstancia genera la nulidad de los actos demandados, en razón a que su fundamento normativo es inconstitucional.

Inaplicabilidad del último inciso del único parágrafo del artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012, en virtud de la trasgresión al precepto constitucional instituido en los artículos 29 y 338 de la Constitución Política. Nulidad de los actos como consecuencia de la inaplicabilidad de las referidas normas

Argumentó que el SENA excedió sus facultades al establecer una «responsabilidad solidaria» entre el propietario de la obra y los contratistas y subcontratistas independientes, que no fue prevista en los artículos 4 y 6 del Decreto 2375 de 1974 ni en el artículo 6 del Decreto 83 de 1976.

Expuso que la entidad demandada determinó contribuciones al FIC a cargo de El Cóndor, por actividades de la construcción realizadas por los contratistas y subcontratistas que suministraron bienes y servicios por medio de contratos que no eran de administración delegada.

Señaló que el SENA conocía quién realizó el acto gravado con ocasión de la información entregada en la etapa de fiscalización; sin embargo, invocando una «solidaridad inexistente» evadió su función de fiscalizar a los verdaderos sujetos pasivos (156 contratistas), quienes suministraron los bienes y servicios relacionados con la actividad de la construcción y cuyo destinatario era la sociedad actora.

Adujo que en el presente asunto tampoco se configura la «subsidiariedad», en razón a que el SENA no demostró haber adelantado el proceso de fiscalización contra los 156 contratistas independientes, verdaderos y únicos sujetos pasivos de la contribución al FIC, como consecuencia de la actividad que ejecutaron en favor de El Cóndor a través de contratos que no eran de administración delegada.

Manifestó que la solidaridad en materia tributaria debe estar consagrada expresamente en una disposición legal o constitucional, como ocurre con la responsabilidad solidaria en la obligación de practicar retención en la fuente a título de renta y en el pago de los tributos administrados por la DIAN (arts. 370 a 372 y 793 del ET) y, con la solidaridad en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales (art. 34 CST).

Argumentó que, conforme con el último inciso del artículo 8 del Decreto 83 de 1976, «(i) será responsable de dicha contribución el propietario de la obra en las construcciones por el sistema de administración delegada “y” (ii) los contratistas en los contratos a precio alzado o a precios unitarios fijos». Advirtió que, la conjunción «y» es excluyente, de manera que, cada sujeto descrito en la norma es responsable de su carga tributaria según la modalidad contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que la sociedad no estaba obligada a liquidar la contribución al FIC a partir de los costos pagados a cada contratista y subcontratista con los que hubiere celebrado un negocio jurídico diferente a la administración delegada por los años 2010 a 2014 y, por lo tanto, los actos demandados son nulos.

Consideraciones de tipo legal

Falta de competencia del SENA para determinar la contribución al FIC a cargo de El Cóndor, para los periodos fiscales 2010 a 2014

Precisó que con fundamento en los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 178 de la Ley 1607 de 2012 y, 2 y 3 del Decreto 3033 de 2013, la UGPP tiene la potestad de adelantar las acciones de determinación de las «contribuciones de la parafiscalidad». Por lo anterior, las entidades administradoras de dichos conceptos, como el SENA, perdieron competencia para tal fin.

Explicó que el legislador con la expedición de las referidas normas unificó el procedimiento de determinación de las contribuciones parafiscales y, por ende, la coexistencia de dos procesos administrativos para un mismo fin. De lo contrario, se vulneraría el derecho al debido proceso.

El demandante relacionó en un cuadro comparativo las características de los procesos administrativos utilizados por el SENA (Ley 1437 de 2011) y por la UGPP (Leyes 1151 de 2007 y 1607 de 2012, Decreto 3033 de 2013 y Estatuto Tributario) para determinar las contribuciones parafiscales. Precisó que el de esta última entidad resulta más garantista y especial, por los siguientes motivos: (i) definición clara y concreta de las etapas que lo conforman, (ii) términos más amplios para que el sujeto pasivo ejerza su defensa, (iii) términos perentorios para que la autoridad tributaria actúe, y en caso de que los desconozca instituyó el silencio administrativo positivo y, (iv) término superior para interponer el recurso de reconsideración, entre otros aspectos.

Señaló que, en virtud de lo anterior, el SENA debió remitir el resultado del proceso de fiscalización a la UGPP para que esta profiriera y notificara los actos de determinación de la contribución al FIC, pero, como no lo hizo, los actos demandados adolecen de nulidad por falta de competencia para su expedición.

Derogatoria parcial del artículo 3 del Decreto 1047 de 1983 en virtud de lo previsto en los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007 y 179 de la Ley 1607 de 2012

Advirtió que con la entrada en vigencia de los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007 y 179 de la Ley 1607 de 2012, se produjo la derogatoria parcial del artículo 3 del Decreto 1047 de 1983 y, en consecuencia, desapareció del ordenamiento jurídico la facultad que se le había otorgado al SENA para liquidar la contribución al FIC.

Caducidad de la acción administrativa para proferir actos administrativos de determinación de la contribución FIC para los años 2010 y 2011

Precisó que conforme lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de octubre de 2012 (Exp. No. 15983), para la fecha en la que se notificó la Resolución No. 8102 de 2016 (2 de enero de 2017), ya se había configurado el fenómeno de la caducidad consagrado en el artículo 717 del ET, respecto de los periodos 2010 y 2011; motivo por el cual, se materializó la causal de nulidad prevista en el numeral tercero del artículo 730 ibídem, en concordancia con el inciso cuarto del numeral cuarto del artículo 137 del CPACA.

EL SENA no tenía la competencia para proferir actos de determinación de las contribuciones al FIC para los años fiscales 2010 a 2012, en virtud de las actuaciones administrativas proferidas por la UGPP

Afirmó que la UGPP adelantó las acciones de fiscalización y determinación de contribuciones parafiscales por los periodos gravables 2008 a 2012 y, por ende, la entidad demandada carecía de facultades para adelantar la actuación administrativa tendiente a la determinación de la contribución al FIC por los años 2010 a 2012.

Manifestó que el hecho de que la UGPP no hubiera determinado la contribución al FIC a cargo de la sociedad actora, no legitima ni activa la competencia del SENA en ese sentido, puesto que esta está otorgada por disposición legal.

Violación de la norma sustancial de manera directa: El SENA interpretó de manera errónea los artículos 4 del Decreto Legislativo 2375 de 1975 y 8 del Decreto Reglamentario 083 de 1976 al momento de cuantificar la base gravable

Sostuvo que el SENA integró la base gravable de la contribución al FIC a partir de los «ingresos netos» percibidos por la constructora en cada una de las vigencias fiscalizadas, cuando lo ajustado a derecho es calcular la base de cuantificación sobre el «valor de cada obra», concepto que comprende la suma de todos los pagos que con cargo a una obra determinada hacen el propietario o el contratista, menos los gastos de financiación, impuestos e indemnizaciones a terceros y el valor del lote sobre el cual se erige la construcción (art. 8 del Decreto 083 de 1976).

Afirmó que la entidad demandada a partir de la información contable aportada como prueba en la vía administrativa, podía hallar los pagos por cada obra para calcular la base gravable, por lo que no procedía integrarla, a partir de los ingresos netos, situación que afectó la tasación de la contribución a cargo de la sociedad.

Violación de la norma sustancial de manera directa: inexistencia de la responsabilidad solidaria aplicada por el SENA a partir de la errada interpretación del artículo 4 del Decreto Legislativo 2375 de 1974

Reiteró que el artículo 34 del CST define que el contratista independiente es quien detenta la calidad de empleador, por lo tanto, se entiende que el sujeto pasivo de la contribución al FIC es la persona que tenga la connotación de empleador, siempre y cuando la contratación no se haga bajo la figura de administración delegada. Precisó que los negocios jurídicos celebrados entre la sociedad demandante y los contratistas durante los años 2010 a 2014 no atendían a dicha modalidad contractual, circunstancia que no fue desvirtuada por el SENA.

Explicó que la base gravable de las contribuciones de la parafiscalidad la constituye la nómina a cargo del empleador, característica que, a su juicio, es concomitante con la contribución al FIC, al prever las normas aplicables que «los trabajos en obra» (art. 6 del Decreto 2375 de 1974) y el «pago de los jornales y subcontratos de servicios» (art. 4 ibídem), son actos esenciales en la determinación del tributo discutido.

Concluyó que al estar provista la sujeción pasiva en función de «los empleados y su remuneración», la constructora demandante no es quien debe cumplir con la obligación tributaria, en atención a que no ostenta la calidad de verdadero empleador de los trabajadores destinados a las labores de construcción que se desarrollaron por medio de contratistas y subcontratistas independientes. Como sustento de esta afirmación citó un aparte del concepto (sin número) de la Cámara Colombiana de la Construcción «CAMACOL».

Falta de motivación. De la tasación de los intereses a partir de la fecha en la que nació la exigibilidad del tributo en virtud de lo consagrado en el artículo 4 del Decreto Legislativo 2375 de 1974

Mencionó que el SENA no motivó suficientemente los actos, en el sentido de indicar desde qué momento se computó la exigibilidad del tributo determinado y desde cuándo y hasta qué fecha se tasaron los intereses moratorios.

A partir de los anteriores argumentos, solicitó la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el SENA determinó la contribución al FIC a cargo de la sociedad actora por los años 2010 a 2014.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) contestó la demanda, en los siguientes términos:

Se pronunció frente a los hechos expuestos por la parte actora y explicó las actuaciones administrativas que se llevaron a cabo durante el proceso de fiscalización adelantado contra El Cóndor SA, que dio como resultado la determinación de la contribución al FIC por los valores señalados en los actos administrativos demandados.

Precisó que el SENA estaba facultado legalmente (artículos 113 de la Ley 6 de 1992 y 3 del Decreto 1047 de 1983) para llevar a cabo la fiscalización, determinación y cobro de la contribución al FIC. Proceso que es diferente del que adelantó la UGPP respecto de las obligaciones de la constructora con el sistema de seguridad social integral y parafiscal (ICBF, SENA y Caja de Compensación), en ejercicio de lo previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.

Manifestó que la obligación de contribuir al FIC expira al vencimiento del término de la prescripción extintiva (10 años), que se cuenta a partir del hecho generador. Por su parte, la caducidad de la acción de cobro inicia a partir del momento en el que queda en firme el acto de determinación.

Acorde con lo anterior, sostuvo que «con la solicitud carta de gestión integral de fiscalización que se envíe a un empresario obligado a pagar aportes parafiscales con destino al FIC se interrumpe el término de la prescripción extintiva de la obligación» y, una vez interrumpido, se comienza a contar nuevamente desde cero.

Señaló que en la Liquidación No. 052016-004 del 26 de febrero de 2016, que sirvió de soporte al acto de determinación demandado, la contribución al FIC se calculó de la siguiente forma: a la base gravable -ingresos cuenta 4170 menos las devoluciones y descuentos de la cuenta 4175-, se le aplicó la tarifa presuntiva del 0,25% y a ese resultado se le descontaron los pagos al FIC que la empresa efectuó durante los años 2010 a 2014, dando como resultado el impuesto a cargo.

Agregó que en la resolución por la que se resolvió el recurso de reposición contra el acto de determinación, se disminuyó el monto de la contribución, cuyo valor se halló «calculando el 0.25% sobre el valor de los ingresos tomados de la contabilidad de las cuentas 41301030, 41309500, 41309515, 41309520, 4130100001, 4130102002, 4130102003, de las vigencias de enero a diciembre de 2010 a 2013 y de enero a agosto de 2014, la liquidación arrojó un valor de $2.771.149.164, se le abonan los pagos de la constructora el CONDOR (…) y los pagos de subcontratistas que correspondían a las obras debidamente identificados como terceros de la empresa en nuestro aplicativo y no soportados por la constructora como prueba, este abono fue de $1.046.892.507. Los intereses generados por la morosidad alcanzan la suma de $1.614.100.625, quedando la liquidación en un valor total de $3.338.357.282».

Señaló que el SENA requirió la información del empleador para adelantar el trámite de fiscalización, con base en la facultad conferida por el artículo 15 de la Constitución Política, según el cual «para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección y vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley».

Sostuvo que la obligación a cargo de la constructora demandante no se determinó en razón de solidaridad alguna con el contratista; sino con fundamento en el artículo 7 de la Resolución No. 01449 de 2012, que dispone que serán responsables del pago «los empleadores de la industria de la construcción y/o propietarios o contratistas principales de obra, en los casos en que no se demuestre que los subcontratistas cancelaron el FIC».

Explicó que el citado artículo prevé dos formas de liquidar la contribución al FIC: (i) conforme al número de trabajadores, un salario mínimo legal mensual vigente por cada 40 y proporcionalmente por fracción de 40 y, en caso de no poderse demostrar el número de trabajadores, (ii) la liquidación presuntiva, que parte de la presunción legal de que la industria de la construcción destina un 25% de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios, caso en el cual, la contribución se liquida a una tarifa de 0,25% del valor de las obras que se ejecuten directamente o por medio de subcontratistas.

Anotó que el «valor de las obras» comprende la suma de todos los pagos que con cargo a una obra determinada hace el propietario o el contratista principal, descontando los gastos de financiación, impuestos e indemnizaciones y el valor del lote sobre el cual se levanta la construcción.

Precisó que, en el caso particular se aplicó la liquidación presuntiva ante la falta de prueba del número de trabajadores que laboraban en cada una de las obras a cargo de la constructora demandante.

Por último, propuso las excepciones que denominó «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales» por no explicarse con suficiencia el concepto de la violación, «legalidad de los actos administrativos demandados – aplicación del principio de presunción de legalidad», «inexistencia de los vicios de nulidad alegados» e «inexistencia de causa jurídica» las tres últimas sustentadas en la correcta aplicación de las normas que regulan la contribución al FIC.

AUDIENCIA INICIAL Y DE PRUEBAS

El 28 de junio de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En dicha diligencia se precisó que no se presentaron irregularidades procesales o nulidades, se declaró no probada la excepción de inepta demanda y, frente a las demás se expuso que por ser de fondo se resolverían en la sentencia.

El litigio se concretó en determinar: (i) si es posible inaplicar por inconstitucionales los artículos 4 y 6 del Decreto 2375 de 1974, 6 del Decreto 83 de 1976 y 7 de la Resolución No. 1449 de 2012 y (ii) si procede la nulidad de los actos administrativos por los que el SENA determinó el monto de la contribución al FIC a cargo de la constructora demandante.

Finalmente, se decretaron como prueba los testimonios solicitados por la entidad demandada y se dejó constancia de que la parte actora no solicitó la práctica de pruebas.

La audiencia de pruebas tuvo lugar el 19 de julio de 2018. En desarrollo de esta rindieron testimonio las señoras Luz Mery Rojas Velásquez y María Ángela Ochoa Gómez. El a quo consideró que no era necesario recibir el testimonio de la señora Claudia María Cano Rave. Por último, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaron los alegatos de conclusión y el concepto, respectivamente.

SENTENCIA

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 24 de octubre de 2018: (i) declaró la nulidad parcial de los actos demandados y, a título de restablecimiento del derecho, dispuso que la Constructora El Cóndor SA no estaba obligada a pagar la contribución al FIC por los periodos de enero de 2010 a marzo de 2012, ni los intereses liquidados en los actos, (ii) en caso de haber pagado, ordenó que se devolvieran los respectivos montos actualizados y (iii) condenó en costas a la entidad demandada. Lo anterior con base en los siguientes argumentos:

Frente a la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 4 y 6 del Decreto Legislativo 2375 de 1974, adujo que no existía entre estos y los artículos 215 y 338 de la Constitución Política una ostensible y directa contradicción. Además, que la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 no trajo como consecuencia la derogatoria de todas las normas expedidas con anterioridad, pues solo se entienden derogadas si son contrarias al espíritu o letra de la nueva norma.

Así mismo, indicó que las disposiciones expedidas por una autoridad que era competente a la luz de la anterior Constitución, conservan su vigencia hasta tanto la nueva autoridad emita la correspondiente reglamentación.

Señaló que el Decreto 2375 de 1974 (arts. 4 y 6) fue proferido por el Presidente de la República en uso de las facultades que le confirió el artículo 122 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974 «[p]or el cual se declara el estado de emergencia económico», y una vez superado el estado de excepción, no fue derogado, modificado y/o adicionado por otra norma. Por el contrario, mediante el Decreto 1047 de 1983, expedido por el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales, se reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción al FIC.

Por los anteriores motivos, negó la excepción de inconstitucionalidad de los artículos 4 y 6 del Decreto 2375 de 1974.

En cuanto a la inaplicación del numeral 2 del artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012, consideró que los argumentos expuestos por el demandante no evidencian una contradicción ostensible y directa con el artículo 338 de la Constitución Política, motivo por el cual, negó la excepción.

Respecto de la inaplicación del artículo 6 del Decreto 83 de 1976, sostuvo que lo que pretende la parte actora es que se analice el decreto para determinar si hubo o no exceso de las facultades reglamentarias del Presidente en su expedición, supuesto que a juicio del a quo, desconoce el propósito de la excepción de inconstitucionalidad dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se debate la legalidad de actos de contenido particular y concreto. Por las anteriores razones concluyó que no era procedente adelantar el juicio de constitucionalidad de la norma aludida.

Frente a la inaplicación del inciso final del parágrafo del artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012, explicó que esa norma remite a otra disposición que no fue cuestionada en la demanda, y que sería la que contiene la supuesta responsabilidad censurada por el actor, por lo tanto, no era viable su análisis. Además, no se advirtió una evidente contradicción o incompatibilidad con el artículo 338 de la Constitución.

Señaló que no se notaba una contradicción directa del artículo 6 del Decreto 83 de 1976 y el numeral segundo y último inciso del parágrafo del artículo 7 de la Resolución No. 1449 de 2012 con las normas de las cuales derivaban su validez, que diera lugar a la ruptura de la armonía normativa, razón por el cual, decidió que no procedía inaplicarlas vía excepción de ilegalidad.

Expuso que la UGPP, por disposición de los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007 y 178 de la Ley 1607 de 2012, es la encargada de la determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social, dentro de las cuales no se incluyen las destinadas al FIC.

Afirmó que el SENA gozaba de competencia para proferir los actos demandados por disposición de los Decretos 2375 de 1974 y 1047 de 1983, que le asignaron las tareas de liquidación, recaudo, control, administración, funcionamiento y destinación de la contribución FIC.

Indicó que el «parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, dispuso que “sin perjuicio de lo establecido en la presente ley tanto el ICBF como el SENA conservarán su autonomía administrativa y funcional”, y esa autonomía se mantiene en el SENA para la fiscalización, determinación y cobro de los aportes parafiscales con destino al FIC». Agregó que el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983 no perdió su vigencia con la creación de la UGPP.

Por lo anterior, concluyó que la entidad demandada tenía competencia para adelantar el proceso de fiscalización a la sociedad actora y determinar el valor de la contribución a su cargo.

Con fundamento en las observaciones de la liquidación de la contribución y los testimonios rendidos por las señoras Luz Mery Rojas Velásquez y María Ángela Ochoa Gómez, personas encargadas del proceso de fiscalización, el juez de primera instancia expuso que el SENA no practicó la liquidación presuntiva del FIC tomando como base los ingresos netos, sino los ingresos por concepto de las obras ejecutadas en los periodos fiscalizados, restando los pagos que la constructora probó que realizó. Por esa razón, concluyó que la entidad demandada no interpretó erradamente las normas que regulan la forma de liquidación del tributo.

Argumentó que la obligación del propietario o contratista de la obra de responder por la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, cuando no demuestre que los subcontratistas la pagaron, tiene fundamento en una resolución expedida por el Director General del SENA de la que se presume su legalidad (Res. 1449 de 2012) y, comoquiera que, en el caso particular, la demandante no probó los pagos por parte de los contratistas, era su deber cumplir con la obligación tributaria.

Precisó que las normas que regulan la contribución al FIC no establecen el plazo que tiene el SENA para expedir los actos de determinación y, por lo tanto, debe acudirse al término de cinco (5) años que prevé el artículo 717 del ET. Anotó que el citado artículo no exige que la notificación del acto de determinación se lleve a cabo dentro de ese plazo.

Señaló que, en el caso particular, las contribuciones con destino al FIC por los periodos cuestionados quedaron determinadas con la Resolución 2417 del 7 de abril de 2017, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra el acto de liquidación. Además, que la contribución debía efectuarse de manera mensual, por lo que el SENA tenía cinco (5) años contados a partir de cada mensualidad vencida para determinar el valor de la contribución.

De lo anterior concluyó que, operó la caducidad de la facultad impositiva respecto de las mensualidades anteriores al 7 de abril de 2012 y, en ese contexto, consideró que no había lugar a la determinación de los periodos de enero de 2010 a marzo de 2012.

Manifestó que el SENA no motivó los actos administrativos en cuanto a la forma en la que se calcularon los intereses moratorios, razón por el cual, dispuso que no había lugar a pagar los intereses calculados en los actos demandados.

Por los anteriores motivos, el a quo declaró la nulidad parcial de los actos administrativos enjuiciados y dispuso que la demandante no tenía la obligación de pagar las contribuciones determinadas por los periodos de enero de 2010 a marzo de 2012, tampoco los intereses moratorios liquidados en los actos y, que se debían restituir los valores pagados por dichos conceptos.

Por último, condenó en costas a la entidad demandada por resultar vencida en el proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada, inconforme con la decisión del tribunal, interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la sentencia. Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:

Explicó que la entidad cuenta con el término de diez (10) años de la prescripción extintiva para realizar la liquidación de los aportes con destino al FIC, contados desde el momento en el que surge el hecho generador.

Adujo que, si la liquidación se realiza con base en el número de trabajadores utilizados mensualmente, el término prescriptivo comienza a contarse a partir del primer mes del inicio de la obra y sucesivamente para los meses siguientes.

Entre tanto, si la liquidación se realiza de manera presuntiva con base en el costo total de la obra, como ocurre en el presente caso, el conteo del término de prescripción inicia una vez esta finaliza.

Sostuvo que practicada la liquidación y ejecutoriado el acto administrativo que la contiene, comienza a correr el término de caducidad de la acción de cobro (5 años).

Indicó que con la solicitud o carta de gestión integral de fiscalización que se envía al obligado a pagar aportes al FIC, se interrumpe, por una sola vez, el término de la prescripción extintiva, y debe contabilizarse nuevamente desde cero. Manifestó que en el presente asunto el término de prescripción se interrumpió el 28 de julio de 2014, con la notificación del Oficio No. 2-2014-017161.

Señaló que «una vez practicada la liquidación y emitido el acto administrativo que la contiene, comienza a correr el término de caducidad, que para el presente evento no se cuenta a partir de cada mensualidad vencida anteriores al 7 de abril de 2012, sino a partir del momento en que queden en firme las resoluciones 8102 del 8 de noviembre de 2016 y 002417 del 7 de abril de 2017, las cuales han sido objeto de interposición de recursos y objeto de la presente demanda».

De otra parte, destacó que por disposición legal todo deudor debe pagar intereses cuando no cumple con la obligación dentro de los plazos pactados y, que los actos demandados se motivaron en cuanto a la forma en la que se calcularían, al indicarse que «los intereses moratorios se liquidarán aplicando una tasa del 12% efectivo anual hasta el 26 de diciembre del 2012, a partir de la citada fecha se aplicará la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme lo dispuesto en el Estatuto Tributario, desde que se causó el vencimiento de la obligación hasta su pago total».

Finalmente, indicó que la entidad no ha obrado procesalmente con abuso, temeridad o mala fe y, por lo tanto, no procede la condena en costas impuesta en la sentencia apelada.

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia y, en su lugar, pidió que se declare la nulidad total de los actos demandados, con fundamento en los cargos que se relacionan a continuación:

Indebida conformación de la base gravable

Sostuvo que las normas contables (arts. 38 y 39 del Decreto 2649 de 1993) definen los «ingresos» como flujos de entrada de recursos que representan un incremento del activo o una disminución del pasivo o una combinación de ambos y que genera un aumento del patrimonio. Por su parte, los «costos» corresponden a erogaciones y cargos asociados con la adquisición o la producción de bienes o la prestación de servicios.

Anotó que la noción de «pagos», obedece a los actos que involucran erogaciones, salidas de recursos y entrega de dinero, destinados a pagar lo que se debe por adquirir un bien, remunerar la prestación de un servicio o extinguir una obligación.

Precisó que la base gravable para liquidar la contribución al FIC está integrada por todos los pagos asociados a una obra determinada. No obstante, el SENA la fijó en función de los ingresos contabilizados contablemente en las cuentas números 413010, 413015, 413020, 413025 y 413095.

Manifestó que la constructora siguió las reglas contables previstas en el Decreto 2469 de 1993, para registrar las operaciones que generaban ingresos, costos, gastos y pagos efectuados en desarrollo de la actividad económica, en especial, la correspondiente a la cuenta número «4130 CONSTRUCCIÓN», en la que no se contabilizaron pagos imputables a las obras ejecutadas en los años fiscales 2010 a 2014, sino ingresos producto del desarrollo de dicha actividad.

La anterior situación a juicio del apelante, configura una indebida conformación de la base gravable del tributo y la nulidad de los actos.

El SENA no restó de los ingresos contabilizados en la cuenta 4130, los pagos por contribución al FIC realizados por el contratista

Indicó que contrario a lo afirmado por la funcionaria que participó en la liquidación del tributo y que rindió testimonio ante el juez de primera instancia, los pagos de la contribución al FIC que efectuaron los contratistas no fueron descontados de la base gravable -integrada por las cuentas 4130-, sino del resultado del tributo a cargo como se evidencia del contenido de la Resolución No. 2417 de 2017.

La tarifa del 0,25% no fue prevista por el legislador

Señaló que se trasgredió el principio de legalidad tributaria (art. 338 CP) por el hecho de que el SENA para calcular la contribución aplicó la tarifa del 0,25%, que no estaba señalada expresamente en el Decreto 2375 de 1974. Advirtió que dicha tarifa fue creada por el Director General del SENA en el artículo 7 de la Resolución No. 1449 de 2012.

Adujo que la presunción del 25% para calcular la contribución, no es una presunción de derecho y, por lo tanto, no se puede afirmar que en todos los casos la tarifa será del 0,25%.

Por lo anterior, insistió en la excepción de ilegalidad del numeral segundo del artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012.

La solidaridad de pagar la contribución al FIC no fue prevista por el legislador

Reiteró que el Decreto 2375 de 1974 no consagró explícitamente la solidaridad a cargo de la constructora cuando los contratistas o subcontratistas omiten la liquidación y pago de la contribución al FIC. Por el contrario, la responsabilidad de pagar el FIC es excluyente, pues el propietario de la obra responde cuando la construcción se erige por el sistema de administración delegada y los contratistas en los contratos a precios unitarios (art. 8 del Decreto 83 de 1976).

Anotó que la responsabilidad solidaria consagrada por el Director del SENA en el inciso segundo del artículo 6 de la Resolución No. 1449 de 2012, vulnera el artículo 338 Constitucional, en el entendido que el único que puede establecerla es el legislador.

Con fundamento en un concepto de CAMACOL, argumentó que cuando no se tienen trabajadores de la construcción a cargo, es decir, que se encuentran en la nómina del contratista, no hay lugar a liquidar la contribución al FIC.

La contribución al FIC es un aporte que pertenece al sistema de la protección social

Manifestó que acorde con la definición de contribuciones parafiscales del sistema de la protección social prevista en el artículo 1 del Decreto 3033 de 2013, se entiende que los aportes «establecidos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)» comprenden todas las contribuciones cuya receptora es la entidad, incluida la contribución al FIC.

Si la contribución al FIC es un aporte que hace parte del sistema de la protección social, el SENA perdió la competencia para determinar la contribución en virtud de lo previsto en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012

Reiteró que la UGPP es la entidad facultada legalmente para llevar a cabo las funciones de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social, dentro de las cuales, a su juicio, se encuentra la del FIC. Por lo tanto, señaló que el SENA carecía de competencia para expedir los actos acusados.

Advirtió que la entidad demandada solo tenía facultad para determinar la contribución al FIC en aquellos procesos iniciados antes de la expedición de la Ley 1607 de 2012, supuesto que no corresponde al presente caso.

Señaló que el SENA una vez verificó que la demandante había incumplido con su obligación de contribuir al FIC, debió informarle a la UGPP tal circunstancia para que procediera a expedir los actos de determinación oficial.

Configuración de la inconstitucionalidad sobreviniente del Decreto Legislativo 2375 de 1974

Adujo que el Decreto 2375 de 1974, por medio del cual se creó la contribución al FIC, con ocasión de un estado de emergencia económica y social, perdió su vigencia ante la falta de una ley expedida por el Congreso que dotara de carácter permanente el tributo, como lo exige el inciso tercero del artículo 215 de la Constitución Política.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante reiteró el análisis hecho en la demanda y en el recurso de apelación.

La parte demandada insistió en los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar la nulidad total de los actos administrativos demandados.

En cuanto a la caducidad para proferir los actos de determinación, señaló que, ante los vacíos legales en materia tributaria, se debe acudir a lo dispuesto en el Estatuto Tributario, como lo decidió el a quo y, en esa medida, el SENA tenía cinco (5) años para determinar de manera oficial la contribución con destino al FIC a cargo de la demandante.

Frente a la falta de motivación de la tasación de intereses en los actos demandados, sostuvo que si bien es cierto los intereses moratorios tienen causa legal, también lo es que la Administración debe señalar de manera clara y precisa las fechas a partir de las cuales pretende cobrarlos, para que el contribuyente verifique si son adecuadas y, en dado caso, controvertirlas. Precisó que los actos demandados carecen de motivación en ese sentido.

Por último, con fundamento en la Resolución No. 0662 de 1986, adujo que la base gravable para calcular la contribución al FIC debe estar conformada por los costos del contribuyente, y no por los ingresos, como erradamente lo hizo el SENA, por lo tanto, al no tener base gravable no hay lugar a liquidar el tributo y, en consecuencia, no se deben examinar los demás cargos de apelación.

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016, por medio de la cual el Director Regional del SENA determinó que Construcciones El Cóndor SA le adeuda a esa entidad la suma de $4.574.790.993, por concepto de la contribución al FIC, por los años 2010 a 2013 y 2014 (enero a agosto) y (ii) Resolución No. 2417 del 7 de abril de 2017, por la que el citado funcionario disminuyó el monto de la contribución a la suma de $3.338.357.282, al decidir el recurso de reposición.

Teniendo en cuenta que ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia, se aplicará lo previsto en el inciso segundo del artículo 328 del CGP y, por ende, se resolverá sin limitaciones.

Para lo anterior, la Sala se pronunciará sobre: (i) la inconstitucionalidad sobreviniente del Decreto 2375 de 1974, (ii) la diferencia entre los aportes destinados al sistema de la protección social y al FIC, (iii) la competencia del SENA para expedir los actos de determinación de la contribución al FIC, (iv) el término para proferir los actos de determinación de la contribución al FIC, (v) la conformación de la base gravable para calcular la citada contribución, (vi) la tarifa aplicable cuando se acude al sistema de liquidación presuntiva, (vii) si existe solidaridad de la sociedad demandante, con sus contratistas y subcontratistas, en cuanto al pago del tributo y (viii) si es procedente la condena en costas.

Inconstitucionalidad sobreviniente del Decreto Legislativo 2375 de 1974. Tránsito constitucional

Con el tránsito constitucional que emergió con la entrada en vigor de la Carta Política de 1991, surgieron una serie de interrogantes en cuanto a la vigencia de las normas que fueron expedidas al amparo de la Constitución de 1886, frente a lo cual, la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 1993 precisó que para resolver sobre ese aspecto se debían tener en consideración las siguientes premisas: (i) la regla de aplicación inmediata de la Constitución, (ii) la regla de subsistencia de la legislación preexistente y (iii) la aplicación y alcance del artículo 9 de la Ley 153 de 1887.

Frente al primer supuesto, el alto tribunal consideró que «cuando se habla de la aplicación inmediata de la Constitución de 1991 con el alcance de una regla general, esta Corte quiere significar que ella se aplica a todos los hechos que se produzcan después de su promulgación así como a todas las consecuencias jurídicas de hechos anteriores a ella, siempre que en éste último caso tales consecuencias aparezcan después de su vigencia».

En relación con la segunda regla, se expuso que «con respecto a la legislación preexistente las exigencias del principio de seguridad jurídica y certidumbre se satisfacen de una manera diversa. En efecto, la regla dominante en este nuevo universo normativo reconoce que el tránsito constitucional no conlleva necesariamente la derogación de todas las normas expedidas durante la vigencia de la Constitución derogada. Por tanto, la legislación preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que la nueva Constitución no establezca reglas diferentes».

En cuanto a la tercera premisa, se indicó que «es claro que la norma transcrita [art. 9 de la Ley 153 de 1887] consagra también como principio general la subsistencia de la legislación preexistencia. Ésta sólo desaparece del universo del ordenamiento cuando entre ella y la nueva Carta existe un grado de incompatibilidad tal que se traduzca en una abierta contradicción entre el contenido material o el espíritu de ambas normas».

La Corte Constitucional concluyó que «la regla general es la de la subsistencia de la legislación preexistente, la diferencia entre la nueva Constitución y la ley preexistente debe llegar al nivel de una incompatibilidad real, de una contradicción manifiesta e insuperable entre los contenidos de las proposiciones de la Carta con los de la ley preexistente. Por tanto, no basta una simple diferencia».

A juicio de la parte demandante, el Decreto Legislativo 2375 de 1974, mediante el cual se creó la contribución con destino al FIC (arts. 4 a 6 Ib.), que fue expedido con fundamento en el estado de emergencia económica declarado por medio del Decreto 1970 de 1974, perdió su vigencia en razón a que no fue sometido al procedimiento legislativo ordenado en el inciso tercero del artículo 215 de la nueva Constitución Política de 1991.

Según el mencionado artículo, los decretos expedidos en virtud de un estado de emergencia económica, que establezcan o modifiquen tributos dejan de existir al finalizar la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

Además, consideró que con fundamento en el artículo 9 de la Ley 153 de 1887, con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, se derogaron las normas preexistentes.

Al respecto, se advierte que la sola entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 no derogó en bloque la legislación anterior, pues según la jurisprudencia constitucional, ante el tránsito normativo entre los textos de 1886 y 1991, opera el principio general de la subsistencia de la legislación preexistente y, con fundamento en el artículo 9 de la Ley 153 de 1887, para que aquella desaparezca del ordenamiento jurídico debe existir, frente a la nueva Carta, un grado de incompatibilidad y una abierta contradicción entre el contenido material o el espíritu de ambas normas.

Por consiguiente, el hecho de que con la Constitución Política de 1991 se hubiere producido un cambio normativo en cuanto a los efectos de las disposiciones de carácter tributario dictadas en virtud de un estado de excepción, no implica per se que las normas que no se ajustan a las nuevas condiciones formales sean inconstitucionales, pues esa situación equivaldría a asignarle efectos retroactivos al nuevo ordenamiento respecto de actos cuya emisión se produjo al tenor de los requisitos exigidos por el anterior régimen.

Se precisa que el Decreto 2375 de 1974, fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que la Carta de la época le confería para conjurar los efectos del estado de emergencia económica, valga decir, el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución de 1886, según el cual, le correspondía «[d]ictar en los casos y con las formalidades previstas en el Artículo 121, decretos que tengan fuerza legislativa».

El mencionado decreto fue reglamentado por los Decretos 083 de 1976 y 1047 de 1983, proferidos por el Presidente de la República en virtud de las atribuciones constitucionales que le otorgaba el numeral 3 del artículo 120 de la Carta Política de 1886, según el cual, le correspondía «[e]jercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de las leyes».

En ese contexto, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el Decreto 2375 de 1974 no deviene en inconstitucional por el hecho de que después de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991, el Congreso no haya expedido una ley por medio de la cual se le otorgara el carácter de permanente a la contribución al FIC, que fue creada en virtud de un estado de emergencia económica, porque se insiste en que las normas preconstitucionales mantienen su vigencia bajo la nueva Constitución salvo que resulte notoriamente contraria a sus principios, circunstancia que no se evidencia en este caso.

Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación analizado.

De los aportes destinados al sistema de la protección social y al FIC. Competencia del SENA para expedir los actos de determinación de la contribución al FIC

A juicio de la parte actora, la contribución con destino al FIC hace parte de las Contribuciones parafiscales del sistema de la protección social y, en esa medida, es la UGPP, y no el SENA, la entidad facultada legalmente (art. 178 de la Ley 1607 de 2012), para llevar a cabo las funciones de determinación y cobro del tributo en cuestión.

Para la Sala es claro que los aportes que consagra la Ley 21 de 1982, son aquellos que surgen del vínculo laboral entre el empleador y el trabajador, y deben pagarlos, entre otros sujetos, por los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes (num. 4, art. 7 Ib.), liquidados con una tarifa del 2% (art. 12 Ib.) sobre una base conformada por la nómina mensual de salarios integrada por la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos que constituyen salario en los términos de la ley laboral (art. 17 ib.).

Nótese que el artículo 1 del Decreto 3033 de 2013, definió las Contribuciones Parafiscales del Sistema de la Protección Social como «los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social Integral conformado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, y a los establecidos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Régimen de Subsidio Familiar».

Por consiguiente, no cabe duda de que los aportes con destino al SENA a los que se refiere la citada norma, son aquellos que se originan en la relación laboral y se determinan en función de la nómina mensual de salarios. Actualmente, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (UGPP) es la competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales, respecto de los omisos o inexactos.

En efecto, para adelantar las acciones de fiscalización de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con la Ley 1151 de 2007 (art. 156) se creó la UGPP, entidad a la que se le asignaron «[l]as tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones […]». Competencia ratificada con la expedición del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.

En consecuencia, la UGPP es la entidad facultada legalmente para ejercer las funciones de fiscalización, determinación y cobro de las contribuciones Parafiscales del Sistema de la Protección Social a las que se refiere la Ley 21 de 1982.

Los anteriores aportes se diferencian de los destinados al FIC, en que estos últimos se originan por el hecho de pertenecer al sector de la industria de la construcción (art. 6 del Decreto 2375 de 1974) y, se liquidan, ya sea, con base en el número de trabajadores o de manera presuntiva, sobre el valor de las obras o de los contratos de mano de obra, cuando no se demuestre por parte del empleador el número de trabajadores que laboran en cada una de las obras bajo su responsabilidad.

Con el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983, se le otorgó al SENA la administración y la facultad para «establecer los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores correspondientes al FIC, así como también para regular la administración, funcionamiento y destinación específica del mismo».

Por lo expuesto, no cabe duda de que la obligación prevista en la Ley 21 de 1982, se refiere a los aportes parafiscales que se deben pagar sobre la nómina de salarios de los trabajadores, es decir, se deriva de la relación eminentemente laboral, en tanto que, la señalada en el Decreto Ley 2375 de 1974, se origina en el hecho de pertenecer al sector de la industria de la construcción, de ahí que su origen, liquidación y entidad competente para adelantar las acciones de fiscalización sean diferentes.

En relación con la contribución al FIC, que es la que interesa en este proceso, se advierte que el Director General del SENA en «ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en los numerales 4 y 25 del artículo  HYPERLINK "https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_0249_2004.htm" \l "4" 4º del Decreto número 249 de 2004, el artículo  HYPERLINK "https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/decreto_1047_1983.htm" \l "3" 3º del Decreto número 1047 de 1983, y en el artículo  HYPERLINK "https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/acuerdo_sena_0008_1984.htm" \l "3" 3º del Acuerdo 8 de 1984», profirió la Resolución No. 1449 de 2012, vigente para la fecha de expedición de los actos demandados, en cuyo artículo 9, sobre el recaudo y fiscalización, dispuso que «las Direcciones Regionales, a través del Grupo de Formación Integral, Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas, o el que haga sus veces, adelantarán las acciones necesarias para que los empleadores de la construcción cumplan con la obligación de contribuir al FIC; en su recaudo y fiscalización aplicarán las normas vigentes sobre la materia y las normas, políticas y directrices que imparta el SENA».

Fue en ejercicio de dicha competencia, que el 8 de noviembre de 2016, el Director Regional de Antioquia expidió la Resolución No. 8102, mediante la cual determinó «que el empleador CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A. identificado con NIT (…) le adeuda al FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC – SENA», la suma de $4.574.790.993, por concepto de la contribución FIC por los años 2010 a 2013 y 2014 (enero - agosto).

Por lo anterior, se concluye que los planteamientos propuestos por la parte demandante en relación con la falta de competencia del SENA para proferir los actos de determinación acusados, no tiene vocación de prosperidad.

Competencia temporal del SENA para expedir los actos de determinación de la contribución al FIC. Caducidad de la facultad de fiscalización

En atención a que el SENA es la entidad competente para expedir los actos de determinación de la contribución al FIC, debe la Sala determinar si estos se profirieron dentro de la oportunidad legal.

El tribunal de primera instancia declaró la caducidad de la facultad impositiva del SENA para fiscalizar las mensualidades comprendidas entre enero de 2010 y marzo de 2012, porque evidenció que para la fecha en la que se expidió el acto administrativo que determinó los aportes por dichos periodos (Resolución No. 2417 del 7 de abril de 2017), ya habían transcurrido los cinco (5) años que dispone el artículo 717 del ET, para que se profieran los actos de liquidación (aforo o revisión), contados desde el vencimiento de cada mes respecto del cual debía pagarse la contribución.

Por su parte, el SENA considera que se debe tener en cuenta el término de diez (10) años de la prescripción extintiva para realizar la liquidación de los aportes con destino al FIC, contados desde el momento en el que surge el hecho generador; aclarando que cuando la liquidación se realiza conforme al número de trabajadores el término prescriptivo inicia su conteo a partir del primer mes de inicio de la obra y sucesivamente para los meses siguientes, en tanto que, si la liquidación es presuntiva con base en el costo total de la obra, el plazo comienza una vez esta finaliza.

Para resolver sobre el término con el que contaba el SENA para efectos de determinar la contribución al FIC, la Sala acudirá a la interpretación que sobre la caducidad de la facultad de fiscalización se realizó en la sentencia del 26 de noviembre de 2020, expediente 22937, en la que se expuso lo siguiente:

«Sea lo primero destacar que el ordenamiento tributario y administrativo carecen de normas que rijan la caducidad de la competencia de la Administración tributaria para la determinación oficial de la contribución de contratos de obra pública. Así, porque las oportunidades fijadas en el ET para expedir liquidaciones oficiales (v. g. de revisión o de aforo) contemplan el deber de declarar como un presupuesto necesario de la actuación administrativa, deber que no se impuso a los obligados de la figura tributaria aquí analizada. Tampoco son aplicables al caso las oportunidades establecidas en las normas fiscales y administrativas para adelantar procesos de cobro coactivo, ya que estos tienen por objeto obtener el pago de deudas exigibles (i. e. que consten en títulos ejecutivos), mientras que las actuaciones que se demandan apenas buscan establecer el monto de las deudas tributarias.

Dada la ausencia de reglas particulares que gobiernen la oportunidad dentro de la que correspondía liquidar administrativamente el tributo, la norma que rige el caso viene a ser el artículo 2536 del Código Civil, que fija los términos generales de prescripción que resultan aplicables para las actuaciones que carecen de regulación específica […]».

Según lo considerado por esta Sección, cuando las normas que rigen un tributo en particular no establecen el plazo que tiene la entidad administradora para la determinación oficial, y el deber de declarar, como presupuesto para acudir a los mecanismos de revisión y de aforo, no se halla expresamente consagrado, es dable acudir a los términos generales de prescripción que establecen las normas civiles (artículo 2536 del Código Civil).

Igual que sucedió en la jurisprudencia que en esta oportunidad se reitera, en el caso de la contribución con destino al FIC, no existe norma que fije la caducidad de la competencia del SENA para determinarla oficialmente, y no se puede acudir a las reglas fijadas por el artículo 717 del E.T. para dictar las liquidaciones de aforo o de revisión, dado que para los responsables de la contribución al FIC no está prevista la obligación de presentar declaración, pues la norma se refiere de manera expresa a que deben liquidar el tributo utilizando alguna de las siguientes alternativas: liquidación con base en el número de trabajadores mensuales o liquidación presuntiva.

Por lo tanto, el término que resulta aplicable para estos efectos, es el de la prescripción ordinaria (10 años), teniendo en cuenta que lo que se pretende es determinar el monto de la obligación tributaria, mas no su cobro por la vía ejecutiva, en cuyo caso, el plazo sería de cinco (5) años.

Debe señalarse que, para el caso de los actos de determinación de tributos el plazo que se tiene para expedirlos es de carácter preclusivo, es decir, que una vez vencido, la Administración pierde la competencia para ejercer la facultad de fiscalización. Además, cuando en las normas que regulan estas situaciones se utilizan los vocablos «expedir» o «resolver», la Sección ha considerado que comprende la notificación del respectivo acto administrativo, pues mientras el contribuyente no conozca la determinación de la Administración, esta no produce efectos jurídicos.

Luego, no le asiste razón al juez de primera instancia al señalar que el acto se entendía producido en término, solo con su expedición, sin que para ello fuera necesario agotar el trámite de notificación.

Partiendo de que la contribución al FIC objeto de estudio corresponde a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (enero - agosto), y que el acto por medio del cual se determinó el monto de la obligación se notificó el 2 de enero de 2017, la Sala concluye que su expedición fue oportuna, motivo por el cual, prospera el cargo de apelación analizado, en tanto que, contrario a lo afirmado por el tribunal, en este caso no operó la caducidad respecto de los periodos comprendidos entre enero de 2010 y marzo de 2012.

Lo anterior conduce a que la Sala proceda a verificar si la cuantificación del tributo realizado en los actos enjuiciados atendió las previsiones legales que regulan la base gravable de la contribución al FIC.

De la conformación de la base gravable para la liquidación de la contribución al FIC

La parte actora discute que la base gravable determinada por el SENA no se ajusta a los lineamientos legales, toda vez que, a su juicio, esta debía atender a los costos en los que se incurrió, derivados de los pagos relacionados con la ejecución de obras directas o por medio de subcontratistas, pese a lo cual, la entidad demandada liquidó la contribución con fundamento en los ingresos contabilizados en las cuentas 413010, 413015, 413050, 413020, 413025 y 413095.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto Ley 2375 de 1974, las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción de manera ocasional o habitual, están obligadas al pago de un aporte al SENA, equivalente al medio por ciento (1/2%) del valor de las obras que ejecuten directamente o a través de subcontratistas.

La disposición normativa así descrita enmarca uno de los elementos sustanciales del tributo, como lo es la base gravable, la que gira en torno a los pagos en los que se incurre durante la ejecución de las labores destinadas estrictamente a la obra o construcción, trátese de pagos realizados directamente por el contratante, o por intermedio de quienes obran como subcontratistas.

En ese contexto, la base gravable de la contribución al FIC está determinada por la nómina de trabajadores empleados en cada obra, o el costo total de la respectiva mano de obra, que se tomará en aquellos casos en los cuales no sea posible establecer el número de trabajadores utilizados en la realización de las obras dirigidas por el sujeto obligado al pago del tributo (liquidación presuntiva).

Se trata entonces de una base constituida específicamente por el medio por ciento (1/2%) de los pagos efectuados durante la ejecución de las obras lo que, naturalmente, implica la salida de recursos destinados a la remuneración por mano de obra.

Bajo la técnica contable, y cuando sea posible verificar el número mensual de trabajadores que laboran en cada una de las obras, esos pagos se pueden reflejar en las cuentas de gastos operacionales de personal (cuenta PUC 5105), que muestran aquellos emolumentos ocasionados por concepto de la relación laboral existente, de conformidad con las disposiciones legales vigentes o, inclusive, pueden llevarse como provisiones en la cuenta del pasivo del ente económico, cuando los pagos laborales por mano de obra se hallan pendientes de ser entregados o consignados a los trabajadores.

Entre tanto, cuando la determinación de la base gravable no pueda establecerse por el número mensual de trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo la responsabilidad del sujeto pasivo, lo procedente será aplicar la liquidación presuntiva en función del costo que corresponde a la suma de todos los pagos que con cargo a una obra determinada realice el propietario o contratista principal, descontando los gastos de financiación, impuestos e indemnizaciones a terceros, al igual que el costo del lote sobre el cual se levanta la construcción.

En el caso concreto, el SENA determinó la contribución al FIC a cargo de la sociedad demandante por medio de la Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016, en la que sobre la forma de calcular la base gravable, expuso lo siguiente:

«Que en la liquidación número 052016-004 de febrero 26 del 2016, se tomó como base de las liquidaciones de FIC, los ingresos de la cuenta 4130 menos las devoluciones y descuentos en ventas cuenta 4175 y a estas bases se les aplicó la presuntiva del 0.25%. Al valor total liquidado se le descontó todos los pagos de FIC que la empresa Construcciones el Cóndor había efectuado durante la vigencia objeto de revisión ya descrita.

BASES DE INGRESOS APLICADOS A LIQUIDACIÓN FIC 052016-004:
ANEXO A INFORME TÉCNICO SOBRE BASES DE LIQUIDACIÓN DE FIC
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
NIT: 890.922.447-4
BASES DE INGRESOS PARA LIQUIDACIÓN DE FIC POR PRESUNTIVA

CONCEPTO BASE
AÑO
Cuenta 4130 - 4175
2010
2011
2012
2013
2014 (01-08)
Valores
212.002.848.837
234.222.084.749
261.989.683.760
301.721.846.645
257.856.136.693

Del total de los ingresos operacionales se excluyen las cuentas contables 4115 (explotación de minas y canteras) y cuenta 4145 (transporte, almacenamiento y comunicación) y se toma como base la cuenta contable 4130 (construcción) menos las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas:

DATOS DE BALANCES DE PRUEBA:

AÑO
SUBTOTALES
TOTAL BASE

Año 2010

41
Operacionales
(214.414.239.031)

4130
Construcción
(212.002.848.837)

413010
Const. de edif. y obras de ing.
(61.534.350.626)

413095
Actividades conexas
(150.468.498.211)
(212.002.848.837)

4175
Dev, rebajas, dctos y vtas
-

417501
Dev, rebajas, dctos y vtas
-
-
(212.002.848.837)

Año 2011

41
Operacionales
(239.826.700.793)

4130
Construcción
(234.581.382.044)

413010
Const. de edif. y obras de ing.
(82.271.638.681)

413095
Actividades conexas
(152.309.743.363)
(234.581.382.044)

4175
Dev, rebajas, dctos y vtas
359.297.295

417501
Dev, rebajas, dctos y vtas
359.297.295
359.297.295
(234.222.084.749)

Año 2012

41
Operacionales
(264.981.217.969)

4130
Construcción
(262.493.768.596)

413010
Const. de edif. y obras de ing.
(129.374.148.644)

413095
Actividades conexas
(133.119.619.952)
(262.493.768.596)

4175
Dev, rebajas, dctos y vtas
504.084.836

417501
Dev, rebajas, dctos y vtas
504.084.836
504.084.036
(261.989.683.760)

Año 2013

41
Operacionales
(306.866.992.956)

4130
Construcción
(304.602.571.375)

413010
Const. de edif. y obras de ing.
(221.378.978.988)

413095
Actividades conexas
(83.223.592.387)
304.602.571.375

4175
Dev, rebajas, dctos y vtas
2.880.724.730

417501
Dev, rebajas, dctos y vtas
2.880.724.730
2.880.724.730
(301.721.846.645)

Año 2014 (01-08)

41
Operacionales
(261.738.489.707)

4130
Construcción
(257.856.136.693)

413010
Const. de edif. y obras de ing.
(220.838.282.100)

413095
Actividades conexas
(37.017.854.593)
(257.856.136.693)

4175
Dev, rebajas, dctos y vtas
-

417501
Dev, rebajas, dctos y vtas
-
-
(257.856.136.693)

Nótese que el SENA liquidó la contribución al FIC a cargo de la sociedad demandante en virtud de los ingresos brutos operacionales obtenidos por aquella, reflejados en las cuentas contables 413010, 413015, 413050, 413020, 413025 y 413095, como se detalla en los actos administrativos demandados.

Dichas cuentas contables reflejan la actividad del ente económico por la cual obtuvo sus ingresos durante el periodo que, atendiendo a la descripción del Plan Único de Cuentas, corresponden a devengos (ingresos) por construcciones, edificaciones y obras de ingeniería.

Tal determinación de la base gravable no corresponde a la prevista por el legislador que, como se expuso, atiende a los pagos efectuados por el número de trabajadores contratados en la realización de las obras, lo cual implica la observancia de los gastos operacionales de personal, o a los costos incurridos por la sociedad demandante durante el periodo, destinados a la ejecución de las obras, que según las normas que reglamentan la contabilidad comprende las «erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos».

En el sub judice, no se comprobó el número de trabajadores empleados para esos fines, motivo por el cual lo procedente era que la entidad demandada atendiera a la forma de liquidación presuntiva en función de los costos pagados por la demandante durante la ejecución de las obras, observándose para tal efecto la cuenta contable 6130, perteneciente a la Clase 61 del Grupo 6 – Costos de ventas por construcción.

Significa entonces que la determinación de la base gravable que hizo el SENA, no se ajustó a los lineamientos previstos en la norma, que delimitan su establecimiento en función de los costos, cuando se aplique la forma de liquidación presuntiva.

Por ende, la liquidación realizada por la entidad demandada resulta de una inadecuada fijación de la base gravable, al tener en cuenta los ingresos obtenidos por la demandante al cierre de cada ejercicio fiscal, cuando lo procedente era hallar la contribución a cargo con fundamento en los costos registrados en cada periodo en las cuentas contables destinadas a tales operaciones, respaldados con comprobantes internos y externos.

De manera que, el cargo de apelación formulado por la parte demandante tiene vocación de prosperidad y, en consecuencia, al no integrarse correctamente la base gravable, como elemento esencial del tributo para calcular la contribución FIC, se hace imperioso declarar la nulidad total de los actos administrativos demandados.

Por lo anterior, la Sala se relevará de estudiar los demás argumentos de la apelación.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia del 24 de octubre de 2018 y, en su lugar, se declarará la nulidad total de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, se dispondrá que Construcciones El Cóndor S.A. no adeuda suma alguna por concepto de contribuciones al FIC, de los periodos 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (enero - agosto).

No se accederá a la pretensión consistente en que «[c]omo una consecuencia de las anteriores pretensiones, ORDENAR al SENA la expedición del paz y salvo una vez se produzca sentencia definitiva», en tanto que: (i) esa orden no se deriva a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados y (ii) se trata de un trámite que debe adelantar la demandante ante el SENA.

Costas

Se observa que, a la luz de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, no procede la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso) por cuanto, si bien es cierto, en esta providencia se revocó totalmente la sentencia del tribunal (numeral 4 del artículo 365 del CGP), para, en su lugar, anular los actos administrativos demandados, no se puede obviar que en el expediente no se encuentran pruebas que acrediten o justifiquen erogaciones por los citados conceptos (numeral 8 Ib.), razón por la cual, se revocará el numeral tercero de la sentencia apelada y, por los mismos motivos, no se condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 24 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016, por medio de la cual el Director de la Regional Antioquia del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, determinó la contribución al FIC a cargo de Construcciones El Cóndor SA por los años 2010 a 2013 y 2014 (enero - agosto) y, de su modificatoria la Resolución No. 002417 del 7 de abril de 2017, por la que el citado funcionario resolvió el recurso de reposición.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que la sociedad Construcciones El Cóndor SA no adeuda suma alguna por concepto de contribuciones con destino al FIC por los años 2010 a 2013 y 2014 (enero - agosto).

TERCERO: Negar la pretensión relacionada con la expedición del Paz y Salvo por concepto de la Contribución al FIC por los citados periodos.

CUARTO: No condenar en costas.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
Salva parcialmente el voto

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Mediante auto del 11 de abril de 2019, la Sección Primera de esta Corporación remitió el proceso de la referencia a esta Sección, atendiendo las reglas de reparto previstas en el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003, proferido por la Sala Plena. Fl. 12 del cuaderno de segunda instancia. Fls. 339 a 359 c.p. 1. Fls. 112 a 114 c.p. 1. Fls. 88 a 111 c.p. 1. Fls. 199 a 211 c.p. 1. Fls. 68 a 85 c.p. 1. Acto demandado en este proceso. Esta suma incluye los intereses de mora. Fls. 49 a 67 c.p. 1. Fl. 46 c.p. 1. Fls. 35 a 44 c.p. 1. Fls. 29 a 31 c.p. 1. Fls. 8 a 24 c.p. 1. Cargos de nulidad de tipo constitucional primero y segundo. Esta resolución fue expedida en el año 2012, tal y como consta en el Diario Oficial No. 48.503 de 26 de julio de 2012. Cargos de nulidad de tipo constitucional tercero y cuarto. Cargos de nulidad de tipo constitucional quinto y sexto. Cargos de nulidad de tipo constitucional séptimo y octavo. Fls. 86 a 87 c.p. 1. Fls. 278 a 294 c.p. 1. Pronunciamiento frente a los hechos 1, 2, 3 y 10. Pronunciamiento frente al hecho 15. Fl. 281 vto. c.p. 1. Resolución No. 8102 de 2016. Resolución No. 2417 de 2017. Fl. 284 c.p. 1. En concordancia con el artículo 4 del Decreto 2375 de 1974. Fls. 305 a 308 c.p. 1. Fls. 310 a 314 c.p. 1. Fls. 339 a 359 c.p. 1. Dice la norma que solicita la parte actora se inaplique: «PARÁGRAFO. Cuando se trate de contratos de mano de obra, el aporte FIC se liquidará sobre la totalidad de los costos de esta, 2% SENA, 1% FIC. Como se indica en el artículo anterior, los propietarios o contratistas principales serán responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra, en los casos que no demuestren que sus subcontratistas cancelaron el FIC». Fl. 352 c.p. 1.
«Artículo tercero. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Como administrador del fondo, queda facultado para establecer los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores correspondientes al FIC, así como también para regular la administración, funcionamiento y destinación específica del mismo». Citó la sentencia del Consejo de Estado del 11 de octubre de 2012, Exp. 15983. Ibídem. Fls. 363 a 370 c.p. 1. Fl. 369 c.p. 1. Fl. 370 c.p. 1. Fls. 371 a 386 c.p. 1. María Ángela Ochoa Gómez.
https://ww2.camacolcundinamarca.co/documentos/conceptos/Concepto-6.pdf. Fls. 55 a 64 cuaderno segunda instancia. Fls. 65 a 70 cuaderno segunda instancia.
«Por medio de la cual se reglamentan los procedimientos para el recaudo y control de la contribución destinada al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC».
«Cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido el recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
«Por el cual se declara el estado de emergencia económica».
«Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.
(…)
En estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.
(…)».
«Artículo 9. La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente. Toda disposición legal anterior a la Constitución y que sea claramente contraria a su letra o a su espíritu, se desechará como insubsistente». Por la cual se modifica el régimen del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones.

El artículo 7 dispone que están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): 1º. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias. 2°. Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios. 3°. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de economía mixta de los órdenes nacional, departamental, intendencial, distrital y municipal y 4º. Los empleadores que ocupen uno o más trabajadores permanentes.
«Artículo 127. Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones». Por el cual se reglamentan los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones. El artículo 178 de la citada ley prevé que la UGPP será la entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin que se requieran actuaciones persuasivas previas por parte de las administradoras.
«Artículo 178. Competencia para la determinación y cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social. La UGPP será la entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos […]». Artículo 7 de las Resoluciones Nos. 2370 de 2008 y 1449 de 2012. Cfr. Las sentencias del 19 de abril de 2012, Exp. 17585, C.P. William Giraldo Giraldo, del 16 de octubre de 2019, Exp. 23364, Stella Jeannette Carvajal Basto y del 3 de diciembre de 2020, Exp. 76001-23-31-000-2002-02870-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Esta suma incluye los intereses de mora. Mediante la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Cita de cita: «Código Civil. Artículo 2536. Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. Modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0791_2002.html" \l "8" 8 de la Ley 791 de 2002. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término». Cfr. la sentencia del 15 de septiembre de 2016, Exp. 20194. Cfr. las sentencias del 12 de septiembre de 2013, Exp. 19515 y del 26 de mayo de 2016, Exp. 21559. Resolución No. 8102 del 8 de noviembre de 2016. Fls. 86 a 87 c.p. 1.
«ARTÍCULO 4o. Se presume que la industria de la construcción destina para la realización de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios. En consecuencia, las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción deberán pagar en cada año fiscal, como aporte al Servicio Nacional de Aprendizaje, el medio por ciento (1/2%) del valor de las obras que ejecuten directamente o a través de subcontratistas». Descripción: registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el reglamento interno del ente económico, pacto laboral o laudo. Ver página web: HYPERLINK "https://puc.com.co/5105" https://puc.com.co/5105. Artículo 7 de la Resolución No. 1449 de 2012. Descripción:

Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de construcción y enajenación de bienes raíces durante el ejercicio. Ver página web: HYPERLINK "https://puc.com.co/4130" https://puc.com.co/4130
Decreto 2649 de 1993, artículo 39. Descripción: Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en las actividades de adquisición, construcción y venta de bienes raíces que correspondan a unidades vendidas durante el ejercicio. Ver página web: HYPERLINK "https://puc.com.co/6130" https://puc.com.co/6130.

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02297-01 (24616)
Demandante: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR SA

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 41001-23-33-000-2013-00519-01 (23082)
Demandante: ECJ DISTRIBUCIONES LTDA.

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