Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-02330-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
7 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO IMPUG
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
Demandante : Carlos Alberto Jiménez Ramos
Demandada : Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Pedro Nel
Cardona de Arboletes (Antioquia)
Tema : Contrato realidad
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 9 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión oral), mediante la cual
negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 2 a 22). El señor Carlos Alberto Jiménez Ramos,
mediante apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Empresa Social del
Estado (ESE) Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes (Antioquia), para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 15 de febrero 2017, por el
cual se negó la existencia de una relación laboral entre las partes.
A título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a sufragar
al actor, entre el 1° de mayo de 2013 y el 31 de mayo de 2016, «[…] la retención
en la fuente, riesgos profesionales que fueron descontados en sus contratos,
horas extras, las cesantías definitivas, primas de servicio, primas de navidad,
prima de junio, vacaciones remuneradas, prima de vacaciones, reembolso de
los aportes a pensión y salud y demás prestaciones sociales […]» (sic). Todo
lo anterior debidamente indexado, con los respectivos intereses de mora y las
costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que prestó sus servicios de manera
personal y subordinada como médico general a la ESE Hospital Pedro Nel
Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Jiménez Ramos contra la ESE Hospital Pedro Nel
Cardona de Arboletes (Antioquia)
Cardona de Arboletes (Antioquia) desde el 1° de mayo de 2013 hasta el 31 de
mayo de 2016, en forma interrumpida, a través de contratos de prestación de
servicios.
Que el 26 de enero de 2017 solicitó de la accionada el reconocimiento de la
existencia de la relación laboral, lo que le fue negado con el acto acusado.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2, 3, 13, 25 y 53
de la Constitución Política; 22, 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, 10
del CPACA y 32 de la Ley 80 de 1993.
Arguye que prestó sus servicios de manera personal, continua y subordinada,
elementos propios de una relación laboral, por lo que tiene derecho a que se le
reconozcan las prestaciones propias de ese vínculo, por lo cual el acto acusado
contradice el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues niega el pago de las
prestaciones reclamadas, dada la suscripción de los contratos de prestación de
servicios que desdibujaron esa forma de contratación.
1.5 Contestación de la demanda (ff. 354 a 383). La entidad accionada, por
intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las súplicas del libelo
introductorio; respecto de los hechos dijo que unos son ciertos, otros no y los
demás no constituyen situaciones fácticas, sino apreciaciones personales; y
formuló las excepciones denominadas inexistencia de la obligación, falta de
prueba de la calidad en la que actúa el demandante, ineptitud de la demanda,
inexistencia de la relación laboral, buena fe, cobro de lo no debido y
prescripción.
Asevera que con el accionante existió un vínculo contractual regido por la Ley
80 de 1993, que no genera relación laboral ni derecho al pago de prestaciones
sociales, porque no estuvo sometido a continua subordinación o dependencia,
puesto que tuvo autonomía en el cumplimiento del objeto contractual.
1.6 La providencia apelada (ff. 453 a 467 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Antioquia (sala cuarta de decisión oral), en sentencia de 9 de diciembre de
2020, negó las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar
que «[…] no obran pruebas que permitan advertir que mientras el demandante
se desempeñó como médico general, hubiese recibido órdenes o instrucciones
por parte de otros servidores del ente de salud sobre la forma como decía
ejecutar sus contratos. Tampoco se encuentran medios de convicción de los
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cuales se pueda inferir que el actor era sujeto pasivo de la potestad
disciplinaria de la demandada como por ejemplo llamados de atención,
memorandos, comunicados etc., por el no cumplimiento de las actividades
pactadas o la programación de turnos. Estas situaciones constituyen carga
probatoria de la parte demandante para en primer lugar demostrar que se
encubrió una relación de carácter laboral a través de contratos de prestación
de servicios y, en segundo lugar, desvirtuar la presunción de legalidad del acto
administrativo enjuiciado» (sic).
1.7 El recurso de apelación (ff. 474 a 476). El actor, por conducto de
apoderada, interpuso recurso de apelación, en el que pide revocar la decisión de
primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, en
atención a que se demostró con testimonios y pruebas documentales la
existencia de una relación laboral, en cuanto concurren los elementos de
prestación personal, subordinación y contraprestación económica por los
servicios prestados, además de que las funciones cumplidas revestían carácter
permanente, eran propias de la naturaleza de la entidad accionada y no fueron
temporales.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído 26 de enero de 2021
(f. 477) y admitido por esta Corporación a través de auto de 10 de febrero de
2022 (f. 485), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con providencia de 28 de abril de 2022 (f. 487), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por el
demandante1, quien insiste en los argumentos de la apelación y expresa que
«[…] el Hospital [lo] vinculó […] bajo la modalidad de contrato de prestación
de servicios para encubrir la naturaleza real de la labor que […] desempeñó.
Lo anterior genera la aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades regulado en el artículo 53 de la Constitución Política,
porque […] desarrolló la función de médico general en dependencias
permanentes de la Entidad, en las mismas condiciones que lo haría un
empleado público en el cargo de propiedad, lo que se verifica en la lista de
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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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funciones expedida por la accionada, en donde no se hace ninguna distinción
entre las labores asignadas a un médico de planta y las de prestación de
servicios» (sic).
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problemas jurídicos. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste o no razón
jurídica para reclamar de la ESE Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes
(Antioquia) el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales no
devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como médico general,
en aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades»; o,
por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha
entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron
los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de
una relación laboral.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
En principio, cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Posteriormente, este artículo fue modificado por los Decretos 165 de 1997, 2209
de 1998 y 2170 de 2002, que precisaron «solo se realizarán para fines
específicos o no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio
a contratar».
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Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez
que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del
contrato y de la ley contractual.
Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso
[…] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el
de carácter laboral, así:
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como
contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de
servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una
persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación
laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un
contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no
puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en
caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a
la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo
con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la
denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
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dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino,
más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato
respectivo.
Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 19682, «[p]or el cual se
modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]»,
dispone:
Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la
Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente
que deben ser atendidas por una persona natural.
Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo
y que ha tomado posesión del mismo.
Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de
la República.
Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos
obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales,
como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un
trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y
no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a
sus cuadros permanentes.
Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los
empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos
de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.
La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia,
entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una
relación laboral. Frente al tema, expuso:
La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de
celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones
de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una
medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se
oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se
desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de
servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional,
concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la
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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.
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entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de
planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera,
despliega los principios constitucionales de la función pública en las
relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de
funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con
el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la
administración mediante el concurso de méritos.
De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en
el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía
de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de
la materia.
En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados,
propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en
sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo
sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos,
para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones
laborales3.
De igual manera, en decisión la subsección B de esta sección segunda4 recordó
que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del
servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual
debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora
demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y
la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás
empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a
3
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
4
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-
000-2012-00020-01 (316-2014).
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Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
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quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios
que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de
empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los
presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión,
elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en
cuenta para decidir el asunto sub examine.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) El accionante prestó sus servicios como médico general en la ESE Hospital
Pedro Nel Cardona de Arboletes (Antioquia), en forma personal e interrumpida,
desde 1° de mayo de 2013 hasta el 31 de mayo de 2016, en virtud de los
siguientes contratos de prestación de servicios (ff. 23 a 91 y 384 a 402):
Contrato Inicio Finalización
PNC384 01/05/2013 «01/01/2014»
PNC008 «01/01/2014» 31/01/2014
PNC137 01/02/2014 31/03/2014
PNC250 01/04/2014 30/06/2014
PNC462 01/07/2014 31/12/2014
PNC007 01/01/2015 31/03/2015
PS327 01/04/2015 31/12/2015
CPS044-2016 01/01/2016 31/03/2016
OPS105-2016 01/04/2016 30/04/2016
OPS236-2016 02/05/2016 31/05/2016
El objeto de los referidos contratos fue «prestar servicios profesionales
MÉDICO GENERAL […]» y dentro de las obligaciones del contratista se
encuentran, entre otras, las de atender consulta externa, urgencias, promoción y
prevención, hospitalización y apoyo médico en farmacovigilancia.
b) El actor aportó planillas de turnos «MÉDICOS EXTERNALIZADOS» de
2013 a 2016 (ff. 101 a 139), en las que él aparece relacionado y oficios del
coordinador médico de la ESE demandada, dirigidos al subgerente
administrativo en esas mismas anualidades, donde relaciona las horas de
servicios prestados mensualmente por cada uno de los médicos externalizados
(ff. 237 a 277).
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Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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c) Dentro de este proceso judicial se recaudó el testimonio del señor Sergio Raúl
Upegui Sierra, coordinador médico de la ESE accionada, quien relató acerca de
las circunstancias concernientes a la prestación de servicios del accionante
como médico general (ff. 421 a 423, que contiene 1 CD).
e) El 26 de enero de 2017 el accionante solicitó de la demandada el
reconocimiento de una relación laboral y el pago de todos los emolumentos y
prestaciones sociales dejados de recibir durante su desempeño como médico
general entre el 1° de mayo de 2013 de 31 de mayo de 2016 (ff. 94 a 96).
f) Mediante oficio de 15 de febrero de 2017 (ff. 97 a 100), la Empresa Social
del Estado accionada negó lo solicitado en la letra anterior, para lo cual adujo
que el actor estaba contratado por órdenes de prestación de servicios conforme
a la Ley 80 de 1993, lo cual no genera derecho a reclamar prestaciones sociales.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que el demandante
prestó de manera personal e interrumpida sus servicios en condición de médico
general a la ESE Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes (Antioquia), desde
1° de mayo de 2013 hasta el 31 de mayo de 2016, vinculado a través de contratos
de prestación de servicios; y el 26 de enero de 2017 pidió de la accionada el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de los
emolumentos y prestaciones sociales dejados de recibir por su desempeño como
médico, lo que le fue negado con el acto demandado.
Asimismo, de acuerdo con los precitados contratos de prestación de servicios,
su objeto fue «prestar servicios profesionales MÉDICO GENERAL […]» y
dentro de las obligaciones del contratista se encontraban, entre otras, las de
atender consulta externa, urgencias, promoción y prevención, hospitalización y
apoyo médico en farmacovigilancia.
Ahora bien, se encuentra demostrado con la copia de dichos contratos de
prestación de servicios, los demás documentos y el testimonio recaudado, la
existencia de dos de los elementos de la relación laboral, por un lado, (i) la
prestación personal del servicio, por cuanto efectivamente el demandante fue
contratado por la ESE Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes para
desempeñarse como médico general, según el objeto contractual ya relatado, lo
que implica que fue quien prestó el servicio; por otro, (ii) la remuneración por
el trabajo cumplido, comoquiera que en esos contratos de prestación de
servicios se estipuló un «Valor y forma de pago» con cargo a los recursos
presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a
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Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
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recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración
pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su
denominación (honorarios o salario), que le era sufragada de manera mensual,
según el monto acordado, de conformidad con la certificación de pago allegada
al proceso.
En lo concerniente a (iii) la subordinación, como último elemento de la
relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones
desempeñadas por el actor en el ente demandado y su verdadero alcance, con el
fin de establecer si existió o no.
Lo primero que ha de precisarse es que la entidad demandada comporta «[…]
una empresa social del estado prestadora de servicios de salud que contribuye
a mejorar la calidad de vida de la comunidad, con criterios de equidad social
[…]»5, por lo que las funciones ejercidas por el actor están directamente
relacionadas con su misión.
Pese a lo anterior, fue atendido en audiencia de pruebas el testimonio del señor
Sergio Raúl Upegui Sierra, quien en calidad de coordinador médico de la ESE
accionada, aseguró que (i) el demandante laboraba como médico general de
consulta externa, urgencias y hospitalización, atendía a los pacientes en
similares condiciones de tiempo, modo y lugar que los médicos de planta; (ii)
cumplía horarios según los turnos fijados de común acuerdo entre el
coordinador y los médicos contratistas, pero como trabajaba por valor hora
contratada, el hecho de no laborar la totalidad de horas asignadas, solo le
significaba una disminución en sus honorarios, mas no era objeto de potestad
disciplinaria; (iii) la cantidad de trabajo se determinaba por voluntad del
médico contratista, quien daba su disponibilidad de tiempo para programarle
los respectivos turnos; (iv) solo recibía indicaciones de coordinación sobre
registros y uso del software, no órdenes; y (v) tenía libertad de contratar con
otras entidades de salud, si así lo quería.
Así las cosas, los medios de prueba permiten evidenciar la concurrencia de dos
de los elementos propios de una relación de trabajo, prestación personal y
remuneración, pero no el de subordinación, puesto que el actor prestó la labor
contratada en forma independiente respecto del empleador, lo cual conduce a
concluir que solo existía una relación de coordinación en el desarrollo del objeto
contractual.
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http://www.esehpncarboletes-antioquia.gov.co/entidad/mision-y-vision
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Cardona de Arboletes (Antioquia)
Resulta oportuno recordar que, según el marco jurídico que antecede, la
previsión normativa del artículo 32 (inciso 3º) de la Ley 80 de 1993 se trata de
una presunción que debe ser desvirtuada y, por ende, analizado el material
probatorio conforme a las reglas de la sana crítica, esta Corporación colige que
no le asiste razón al actor en reclamar la existencia de una relación laboral con
la ESE Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes, toda vez que no se probó la
configuración del elemento de la subordinación, por ausencia de la potestad de
imponer cantidad de trabajo y de órdenes en el desarrollo directo de sus
actividades, circunstancias estas connaturales a dicho elemento6, sino que, por
el contrario, cumplió el objeto contractual pactado.
Se aclara que el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación
de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución
eficiente y eficaz, por lo que es indispensable que exista una concertación
contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, sin embargo,
en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte,
respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto
suscrito.
Diferente es la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento
con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las
condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o
instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista
ningún tipo de independencia.
Por consiguiente, en el presente caso puede hablarse de coordinación, habida
cuenta de que el desempeño de las funciones por parte del actor no estaba sujeto
a la imposición de medidas y/o órdenes del demandado (sin tener la posibilidad
de disponer del trabajo de aquel), lo que demuestra, se insiste, la ausencia del
elemento de la subordinación.
Así las cosas, actividades como presentar informes mensuales respecto de la
ejecución del contrato dentro de la organización de una dependencia no pueden
considerarse, per se, circunstancias que comportan el elemento de la
6
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 11 de mayo de 2020, expediente 20001-23-31-
000-2011-00341-01 (2001-13).
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Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carlos Alberto Jiménez Ramos contra la ESE Hospital Pedro Nel
Cardona de Arboletes (Antioquia)
subordinación, en la medida en que hacen parte de la ejecución y de las
relaciones de coordinación propias de los contratos de prestación de servicios,
a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, norma que
también prevé una presunción iuris tantum, tal como lo ha determinado esta
Corporación7:
Dicha normatividad contempló una presunción iuris tantum, al establecer
que en ningún caso estos contratos- entiéndase contratos de prestación de
servicios- generan relación laboral ni reconocimiento de prestaciones
sociales.
Las presunciones generan una de dos situaciones: quien alega la
presunción para fundar su derecho desplaza la carga de la prueba en cabeza
de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su
adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre
la no existencia del hecho decisivo.
De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos
a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se
apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo
presumido por la ley. En ese orden, el artículo 166 del Código General del
Proceso aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011,
regula las presunciones establecidas por ley señalando que “… el hecho
legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en
contrario cuando la ley lo autorice.”
Así las cosas, la presunción contenida en el artículo transcrito al no tener
el carácter de ser iuris et de iure, es decir, de pleno derecho, puede ser
controvertida y desvirtuada, de tal manera que, en asuntos como el
presente, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación
laboral que subyace de la ejecución de contratos de prestación de servicio,
con base en el principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Superior
de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber de acreditar
los elementos configurativos de la relación laboral en especial, la
subordinación a fin de poder quebrantar la presunción que sobre esta
modalidad de contrato estatal recae.
A guisa de corolario de lo que se deja consignado, se tiene que el accionante,
en su condición de contratista, no logró acreditar las condiciones para la
existencia del denominado «contrato realidad» que invoca, pues no demostró
que a través de los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos se
desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, para convertirse
en una relación laboral distinguida por la permanencia y continuidad en su
7 Sección segunda, subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2017, expediente 66001-23-33-000-2013-00468-
01 (2093-15).
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Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
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ejecución y la correspondiente subordinación.
Por último, dado que el demandante en el recurso de apelación solicita se
revoque en su integridad el fallo de primera instancia, incluida la condena en
costas, la Sala estima al respecto que el a quo aplicó de manera restrictiva lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no
estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino
que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención
preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena. En este sentido,
se pronunció esta Corporación, en sentencia de 1.º de diciembre de 20168, así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción
es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar,
determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de
costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de
lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
paso a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios
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Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
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a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso,
incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos
o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas;
se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el
ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.
Por consiguiente, esta Sala considera que la referida normativa deja a
disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que
para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar
su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron
desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala
fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse
tal proceder de la parte accionante, se revocará la condena en costas.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados
en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones
sobre el particular, se confirmará parcialmente el fallo de primera instancia, que
negó las pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas impuesta
al actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase parcialmente la sentencia de 9 de diciembre de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión oral), que
negó las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Carlos Alberto
Jiménez Ramos contra la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Pedro Nel
Cardona de Arboletes (Antioquia), conforme a lo indicado en la parte motiva.
2°. Revócase el ordinal segundo de la parte decisoria del fallo de primera
instancia, que condenó en costas al accionante, de acuerdo con la motivación.
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Expediente 05001-23-33-000-2017-02330-01 (948-2021)
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3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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