Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-02486-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-02486-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2017-02486-03
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército Nacional y otros
Proceso: Reparación directa
CADUCIDAD-Cómputo en desplazamiento forzado, desde que cesa la lesión por tratarse de un daño
continuado. No hay excepción al término en delitos de lesa humanidad y su conteo inicia desde el daño o desde
que se advirtieron los elementos a partir de los cuales imputar la responsabilidad al Estado, lo último que ocurra,
sin que corra mientras se evidencien circunstancias que impidan materialmente el acceso a la administración
de justicia. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN AL DEBER DE PROTECCIÓN-Su
inobservancia, cuando es determinante en la producción de un daño causado por terceros, previsible y resistible,
compromete la responsabilidad de las entidades, a título de falla en el servicio. IMPUTACIÓN POR HECHOS
VIOLENTOS DE TERCEROS-No convierte al Estado en asegurador universal, pues deben analizarse las
condiciones particulares de imprevisibilidad e irresistibilidad. FALLA RELATIVA DEL SERVICIO-La exigibilidad
en el cumplimiento de las obligaciones estatales tiene un carácter relativo, por lo que el análisis de
responsabilidad supone que se establezcan las posibilidades reales con las que contaban las entidades para
evitar la falla. PERJUICIOS-Su causación debe quedar fehacientemente acreditada en el proceso, so pena de
la improcedencia en su reconocimiento. CONDENA EN ABSTRACTO-Procede siempre que se demuestre la
causación del perjuicio, pero no así su quantum.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 28 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró probada la
excepción de caducidad del medio de control. La decisión fue la siguiente:
“Primero: Declarar probada la excepción de Caducidad [sic] propuesta por la Nación
• Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional,
dentro del medio de control adelantado por Huber Antonio Areiza y otros.
Segundo: Sin condena en costas”1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al desplazamiento forzado al que fueron
1 Índice Samai 92 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
sometidos los señores Huber Antonio Areiza, Teresa de Jesús Guzmán Puerta,
Bellanira Areiza Guzmán, Reinys Johana Guzmán Puerta, John Kenedy Guzmán
Puerta, Maribel Areiza Guzmán, Davinson Areiza Guzmán y María del Carmen
Puerta de la vereda La Unión, en el corregimiento de San José de Apartadó, en el
Urabá antioqueño, por virtud de la problemática de seguridad y de orden público
que se presentaba a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000 en la región,
debido a la presencia de múltiples actores del conflicto armado, respecto de lo cual
reclaman la responsabilidad del Estado por cuenta de que tanto el Ministerio del
Interior como el Ejército y la Policía Nacional pretermitieron ejercer sus funciones
de protección y mantenimiento del orden público.
Además, endilgan la responsabilidad a estas entidades por el asesinato de Bellanira
Areiza cometido el 21 de febrero de 2005 en la vereda Mulatos, en el Urabá
antioqueño, a manos de grupos paramilitares en connivencia con el Ejército
Nacional, mientras que —según aducen— la Policía Nacional y el Ministerio del
Interior no evitaron el daño, a pesar de que les correspondía el mantenimiento de la
seguridad en la región.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 11 de octubre de 20172, Huber Antonio Areiza, Teresa de Jesús Guzmán Puerta,
la sucesión de Bellanira Areiza Guzmán, Reinys Johana Guzmán Puerta, John
Kenedy Guzmán Puerta, Maribel Areiza Guzmán, Davinson Areiza Guzmán y María
del Carmen Puerta3 presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa
de la Nación-Ministerio del Interior, Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
y Policía Nacional4 por los perjuicios derivados del desplazamiento forzado, por los
tratos crueles y degradantes, y por la muerte de Bellanira Areiza Guzmán, en los
siguientes términos:
2 Acta individual de reparto. Folio 639. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital.
3 Reforma a la demanda. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10-1.
4 La demanda original se había presentado, igualmente, en contra de la Nación-Presidencia de la
República, pero las pretensiones en su contra fueron desistidas mediante memorial del 13 de mayo
de 2021 (índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 4) aceptado mediante
auto del 5 de septiembre de 2021 (índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo
7). Igualmente, la reforma a la demanda, presentada el 10 de noviembre de 2021 (índice Samai 2
del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10-1), se dirigió únicamente en contra de los
demandados acá mencionados.
2
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
“1. Declaraciones
DECLÁRESE que a LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR-;-MINISTERIO DE
DEFENSA-EJÉRCITO y POLICÍA NACIONAL, administrativamente responsable de
la totalidad de perjuicios irrogados a HUBER ANTONIO AREIZA y TERESA DE
JESÚS GUZMÁN PUERTA, la sucesión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN; REINYS
JOHANA GUZMÁN PUERTA, JHON KENEDY GUZMÁN PUERTA, MARIBEL
AREIZA GUZMÁN, DAVINSON AREIZA GUZMÁN, MARÍA DEL CARMEN PUERTA,
a raíz del desplazamiento forzado sufrido el 18 de junio de 1997 y los tratos crueles
y degradantes y la muerte de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN estando en completo
estado de indefensión, al que fueron sometidos los demandantes.
2. Condenas
CONDÉNESE a LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - MINISTERIO DE
DEFENSA - EJÉRCITO y POLICÍA NACIONAL, a indemnizar a los demandantes los
siguientes perjuicios:
2.1. POR EL ASESINATO DE BELLANIRA AREIZA GUZMÁN
2.1.1. Perjuicios Inmateriales
Causados por el asesinato de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN el 21 de febrero de
2005 en la vereda Mulatos del corregimiento de San José de Apartadó a manos de
miembros de las Autodefensas ACCU-AUC- en coautoría con miembros del ejército
nacional [sic], quien había decidido retornar a su tierra y en un hecho desafortunado
encontró la muerte.
2.1.1.1. Daños morales
• HUBER ANTONIO AREIZA, padre de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• TERESA DE JESÚS GUZMÁN PUERTA, madre de Bellanira Areiza Guzmán,
el equivalente a 300 SMLMV
• REINYS JOHANA GUZMÁN PUERTA, hermana de Bellanira Areiza
Guzmán, el equivalente a 300 SMLMV
• JHON KENEDY GUZMÁN PUERTA, hermano de Bellanira Areiza Guzmán,
el equivalente a 300 SMLMV
• MARIBEL AREIZA GUZMÁN, hermana de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• DAVINSON AREIZA GUZMÁN, hermano de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• Para la sucesión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, víctima directa de tratos
crueles y degradantes y de la muerte, el equivalente a 300 SMLMV
• MARÍA DEL CARMEN PUERTA, abuela de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV
Causados por el dolor, la angustia, la tristeza y la pena que sufren a raíz de la tortura
psicológica y muerte en estado de indefensión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN en
hechos ocurridos en la vereda mulatos del corregimiento de San José de Apartado-
municipio de Apartadó- el 21 de febrero de 2005, a manos de miembros de las
Autodefensas ACCU-Bloque Bananero.
2.1.1.2. Daños en la vida de relación, Daños a las condiciones de existencia y
Daños a la salud:
• HUBER ANTONIO AREIZA, padre de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• TERESA DE JESÚS GUZMÁN PUERTA, madre de Bellanira Areiza Guzmán,
el equivalente a 300 SMLMV.
• REINYS JOHANA GUZMÁN PUERTA, hermana de Bellanira Areiza
Guzmán, el equivalente a 300 SMLMV.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
• JHON KENEDY GUZMÁN PUERTA, hermano de Bellanira Areiza Guzmán,
el equivalente a 300 SMLMV.
• MARIBEL AREIZA GUZMÁN, hermana de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• DAVINSON AREIZA GUZMÁN, hermano de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• Para la sucesión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, víctima directa de tratos
crueles y degradantes y de la muerte, el equivalente a 300 SMLMV
• MARÍA DEL CARMEN PUERTA, abuela de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
Causados por el dolor, la angustia, la tristeza y la pena que sufren a raíz de la tortura
psicológica y muerte en estado de indefensión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN en
hechos ocurridos en la vereda mulatos del corregimiento de San José de Apartado-
municipio de Apartadó- el 21 de febrero de 2005, a manos de miembros de las
Autodefensas ACCU-Bloque Bananero-, por este hecho, se generaron perjuicios a la
vida de relación social:
Perjuicios a la salud;
Perjuicios a la salud psíquica;
Daños por el aislamiento que se genera,
Perjuicios a la vida de relación familiar;
Perjuicios a la vida de relación sexual y de pareja;
Perjuicios a la oportunidad laboral;
Perjuicios al proyecto de vida personal;
Perjuicios al proyecto de vida familiar;
Perjuicios al proyecto de vida social;
Perjuicios al proyecto de vida laboral;
Daño a la autoestima;
Daños por falta de una respuesta clara y precisa de las autoridades al legítimo
derecho de protección para la vida.
Causados por los cambios en su entorno, a su estabilidad emocional, a su estabilidad
laboral, su estabilidad familiar, su estilo de vida, sus condiciones económicas, su
psiquis, la manera de ver y valorar la vida, la manera de percibir la seguridad, se
genera o aumenta la desconfianza en los demás y en las autoridades, se han
generado sentimientos de desamparo.
2.1.1.3. Daños a Bienes o Derechos Convencional y Constitucionalmente
amparados
• HUBER ANTONIO AREIZA, padre de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• TERESA DE JESÚS GUZMÁN PUERTA, madre de Bellanira Areiza Guzmán,
el equivalente a 300 SMLMV.
• REINYS JOHANA GUZMÁN PUERTA, hermana de Bellanira Areiza
Guzmán, el equivalente a 300 SMLMV.
• JHON KENEDY GUZMÁN PUERTA, hermano de Bellanira Areiza Guzmán,
el equivalente a 300 SMLMV.
• MARIBEL AREIZA GUZMÁN, hermana de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• DAVINSON AREIZA GUZMÁN, hermano de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
• Para la sucesión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, víctima directa de tratos
crueles y degradantes y de la muerte, el equivalente a 300 SMLMV
• MARÍA DEL CARMEN PUERTA, abuela de Bellanira Areiza Guzmán, el
equivalente a 300 SMLMV.
Generados por la vulneración a los derechos constitucionales y legales que se han
impetrado por la falta de cumplir las entidades demandadas con su condición de
garante y debido a ello se produjo la tortura psicológica, el ajusticiamiento y demás
delitos en contra de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, que lesionó su derecho a la
protección a la familia como institución básica y elemento natural de la sociedad y del
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 constitucional y 17 convencional – ley
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
16 de 1972-. Así como por la afectación del derecho humano convencional a la
protección judicial que requerían los señores la tortura psicológica y muerte en estado
de indefensión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, acorde con la condición de riesgo
al que se encontraban expuestos para la fecha de los hechos los habitantes del
corregimiento de San José de Apartadó por la amenaza que existía sobre ellos en
medio del conflicto armado que ha vivido el país a ser señalados como auxiliadores
de la guerrilla, por lo que se habían constituido como comunidad de paz adquiriendo
el Gobierno Nacional obligaciones especiales de vigilancia y control con dicha
comunidad; derecho consagrado en el artículo 25 de la ley 16 de 1972 a través del
cual se incorporó la convención americana sobre derechos humanos y por el
incumplimiento de la obligación general de protección y garantía contenida en el
artículo 1.1 de la misma norma Convencional.
Medidas de Satisfacción:
• Para garantizar la verdad y la justicia respecto de lo sucedido, se solicita que
desde la jurisdicción contenciosa se exhorte a las autoridades judiciales
competentes de impulso a las investigaciones penales para que se sancioné
a los victimarios y se restablezcan sus derechos.
• Se solicita realizar como acciones para el restablecimiento de la dignidad de
la víctima y su familia, acto público en el municipio de Apartado en el que se
reconozca el carácter de víctima de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN y se
ofrezcan disculpas públicas a los demandantes por la omisión en la
protección de sus derechos y se difunda el reconocimiento realizado y las
disculpas ofrecidas a través de los medios de comunicación.
• Se adquiera el compromiso por las demandadas evitar que su personal o
terceros en presencia de su personal, incurran en conductas violatorias de
los derechos humanos, como tortura o tratos crueles y degradantes.
• Se ordene a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
de la Presidencia de la República, la inclusión de los demandantes en los
programas sociales de asistencia y atención en salud, educación, vivienda e
inclusión laboral, para que puedan los demandantes retomar su vida y
regresar a las condiciones previas a su desplazamiento. De esta forma, se
propenderá por la reparación integral del daño ocasionado.
• Perjuicio que se solicita con ocasión de la afectación directa de sus derechos
constitucionales a la libertad, al libre desarrollo de su personalidad y a la libre
circulación, y sus derechos convencionales de circulación y residencia,
afectados con el desplazamiento forzado al que fueron sometidos, de
conformidad con lo expuesto en los hechos de la demanda.
• A su vez, con el propósito de reparar el daño ocasionado por el derecho a la
honra, la Nación–Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Policía y
Ejército Nacional; deberán asumir el tratamiento psicológico y psiquiátrico de
las víctimas relacionadas en esta demanda; durante el tiempo necesario para
su rehabilitación.
2.2. POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO SUFRIDO POR LOS
DEMANDANTES
2.2.1. Perjuicios Inmateriales
Causados por el desplazamiento forzado y pérdida de bienes, que sufrieron todos los
demandantes de la vereda la Unión del corregimiento de San José de Apartadó,
municipio de Apartadó el 18 de marzo de 1997.
2.2.1.1. Perjuicios morales
• HUBER ANTONIO AREIZA, victima directa de desplazamiento forzado, el
equivalente a 150 SMLMV.
• TERESA DE JESÚS GUZMÁN PUERTA, victima directa de desplazamiento
forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
• REINYS JOHANA GUZMÁN PUERTA, victima directa de desplazamiento
forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
• JHON KENEDY GUZMÁN PUERTA, victima directa de desplazamiento
forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
• MARIBEL AREIZA GUZMÁN, victima directa de desplazamiento forzado, el
equivalente a 150 SMLMV.
• DAVINSON AREIZA GUZMÁN, victima directa de desplazamiento forzado, el
equivalente a 150 SMLMV.
• Para la sucesión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, victima directa de
desplazamiento forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
• MARÍA DEL CARMEN PUERTA, victima directa de desplazamiento forzado,
el equivalente a 150 SMLMV.
Causados por el dolor, la angustia, la tristeza y la pena que sufrieron a raíz del
desplazamiento forzado del que fueron víctimas los demandantes el 18 de marzo de
1997 como consecuencia del actuar paramilitar y guerrillero en los alrededores de la
Comunidad de Paz de San José de Apartado.
2.2.1.2. Daños a Bienes o Derechos Convencional y Constitucionalmente
amparados
• HUBER ANTONIO AREIZA, victima directa de desplazamiento forzado, el
equivalente a 150 SMLMV.
• TERESA DE JESÚS GUZMÁN PUERTA, victima directa de desplazamiento
forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
• REINYS JOHANA GUZMÁN PUERTA, victima directa de desplazamiento
forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
• JHON KENEDY GUZMÁN PUERTA, victima directa de desplazamiento
forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
• MARIBEL AREIZA GUZMÁN, victima directa de desplazamiento forzado, el
equivalente a 150 SMLMV.
• DAVINSON AREIZA GUZMÁN, victima directa de desplazamiento forzado, el
equivalente a 150 SMLMV.
• Para la sucesión de BELLANIRA AREIZA GUZMÁN, victima directa de
desplazamiento forzado, el equivalente a 150 SMLMV.
• MARÍA DEL CARMEN PUERTA, victima directa de desplazamiento forzado,
el equivalente a 150 SMLMV.
Generados por la vulneración a los derechos constitucionales y legales que se han
impetrado a los demandantes por la falta de cumplir con su condición de garante y
debido a ello se produjo el Desplazamiento Forzado y pérdida de bienes.
2.2.2. Perjuicios Materiales
A; HUBER ANTONIO AREIZA, por el valor del capital representativo del dinero dejado
de recibir a raíz de su Desplazamiento Forzado y el de su familia, de la vereda La
Uniòn [sic] del corregimiento de San José de Apartadó, municipio de Apartadó-
Antioquia-, como consecuencias de los enfrentamientos armados que se presentaban
en la zona por los diferentes actores armados en el conflicto interno que ha vivido el
País, y las amenazas de los grupos de Autodefensas para que abandonaran sus
tierras, pues esto hace que se pierdan oportunidades laborales, que según el artículo
1615 del C. C. se debe desde la fecha de su exigibilidad sustancial, esto es desde el
18 de marzo de 1997.
HUBER ANTONIO AREIZA y TERESA DE JESÚS GUZMÁN PUERTA en su finca
tenía sembrado cacao, maíz, tenían 50 gallinas que le producían 35 huevos diarios
en promedio, que le generaban ingresos de $10.500.oo diarios; 6 vacas que le
proporcionaba la leche para el consumo y para la venta que le generaba ingresos por
$15.500.oo., diarios, 20 cabezas de ganado de engorde, 2 marranas de cría, que
sacaban 40 lechones aproximadamente al año, dos caballos y una yegua; todo le
generaba unos ingresos de $450.000.oo., mensuales como promedio, a lo que se le
debe agregar un 30% de prestaciones legales $135.000.oo., lo que nos da
$585.000.oo., lo que destinaban para sostenerse y sostener a su familia, ingresos
que se deben actualizar de la siguiente manera: (…)
Para el señor HUBER ANTONIO AREIZA:
Indemnización vencida o consolidada:…………………………………$470.901.851.oo.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Para la señora TERESA DE JESUS [sic] GUZMÁN PUERTA:
Indemnización vencida o consolidada:…………………………………$470.901.851.oo.
Indemnización futura o anticipada que va desde la fecha de la presentación de la
demanda, hasta la fecha de la supervivencia o vida probable de la señora TERESA
DE JESÚS GUZMÁN PUERTA y el señor HUBER ANTONIO AREIZA. Con la
advertencia que una vez cese la obligación para con uno, su cuota parte debe acrecer
en favor del otro, entonces tenemos que:
Para el señor HUBER ANTONIO AREIZA:
Indemnización futura o anticipada:……………………………………$127.214.371.oo.
Para la señora TERESA DE JESUS GUZMÁN PUERTA:
Indemnización futura o anticipada:……………………………………$225.307.381.oo.
El total del lucro cesante (vencido + futuro), que reclaman:
HUBER ANTONIO AREIZA:……………..……………………………$598.116.222.oo.
TERESA DE JESUS GUZMÁN PUERTA:………………..……………$696.209.232.oo.
3. Costas.
Que se condene en costas a las entidades de conformidad con el artículo 193 del C.
del P. A. y de lo C. A.
4. Intereses:
Todo pago, así lo ordenará expresamente en la sentencia, se imputará primero a
intereses. Las cifras dinerarias que se reconozcan deberán ser actualizadas al
momento de la ejecutoria de la providencia, y se reconocerán los intereses legales
hasta cuando se dé cabal cumplimiento a la providencia.
5. Ordénese, dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y
siguientes la Ley 1437 de 2011 (CPACA); e imputar primero a intereses todo pago
que se haga en virtud de este fallo de conformidad con el artículo 1653 del C. C.”5.
Como hechos de la demanda se expuso que, el 18 de junio de 1997, el señor
Huber Antonio Areiza y su familia, conformada por su compañera, Teresa de Jesús
Guzmán Puerta, sus hijos, Reinys Johana Guzmán Puerta, Jhon Kenedy Guzmán
Puerta, Maribel Areiza Guzmán, Davinson Areiza Guzmán y Bellanira Areiza
Guzmán, y su suegra, María del Carmen Puerta, abandonaron su hogar en la vereda
La Unión del corregimiento de Apartadó, y se dirigieron a Medellín como
consecuencia del conflicto armado interno y los continuos enfrentamientos que se
presentaban entre los actores armados en la zona.
Se alegó que, al llegar a la ciudad de Medellín y, durante unos meses, se alojaron
en la vivienda de una familia que también había sido desplazada del municipio de
San José de Apartadó, hasta que el señor Huber y la señora Teresa consiguieron
trabajos temporales y alquilaron una vivienda en el barrio Santo Domingo.
5 Reforma a la demanda. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10-1. Se
pone de presente que las pretensiones originales fueron reformadas. La demanda original obra a
folios 1 a 75. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Se indicó que, posteriormente, en noviembre de 2004, Bellanira Areiza Puerta
decidió regresar al corregimiento de San José de Apartadó —comunidad de paz—
con su pareja, Luis Eduardo Guerra Guerra. Se manifestó que, en caso de que las
condiciones de orden público lo permitieran, los demás familiares también
retornarían al territorio.
Según la narración, el 21 de febrero de 2005, Bellanira Areiza Puerta, su pareja y el
hijo de este último fueron asesinados en su vivienda con armas blancas por
integrantes del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), por ser acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. Se expuso que los
hechos quedaron plasmados en la sentencia SP1039-2019 de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia del 27 de marzo de 2019, en la que se
condenó a Orlando Espinosa Beltrán, José Fernando Castaño López, Henry
Agudelo Cuasmayán Ortega, Ricardo Bastidas Candia, Ángel María Padilla Petro y
Sabaraín Cruz Reina. Igualmente, se adujo que dicha providencia daba cuenta de
que los miembros del Ejército Nacional, a pesar de haber tenido conocimiento de
los hechos, —toda vez que marcharon combinados con los miembros de las AUC—
no los reportaron a las autoridades.
Se manifestó que, inicialmente, los medios de comunicación reportaron estos
hechos como perpetrados por miembros de las FARC, pues así lo divulgó la XVII
Brigada del Ejército en sus declaraciones y versiones. Sin embargo, tiempo
después, alias “Melaza”, desmovilizado del Bloque Héroes de Tolová de las AUC,
confesó que la masacre en cuestión había sido cometida por esa facción y
miembros del Ejército Nacional, como también lo reconoció el capitán del Ejército
de apellido Gordillo, quien se acogió a sentencia anticipada por estos eventos y
manifestó que los militares, en efecto, realizaban patrullajes de manera conjunta
con los paramilitares.
Respecto de los perjuicios materiales, se reveló que el señor Huber y la señora
Teresa, en su finca, tenían sembrado cacao y maíz; tenían 50 gallinas que
producían 35 huevos diarios, en promedio, y generaban ingresos de $10.500 pesos
diarios; 6 vacas que proporcionaban leche para el consumo y venta, cuyos ingresos
eran aproximadamente de $15.500 pesos diarios; 20 cabezas de ganado de
engorde; 2 marranas de cría, que sacaban 40 lechones aproximadamente al año;
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
dos caballos y una yegua, todo lo cual generaba ingresos promedios mensuales de
$450.000 pesos, en adición al 30% de prestaciones legales, equivalentes a
$135.000, lo que —en promedio— ascendía a $585.000 que servía para el
sostenimiento de la familia.
Sobre los perjuicios inmateriales, se expresó que los demandantes habían padecido
lesiones psicológicas, así como en su vida de relación derivadas de la muerte de su
familiar, Bellanira y del desplazamiento.
En cuanto a la responsabilidad del Ejército Nacional en la muerte de Bellanira
Areiza, se resaltaron los apartes de la sentencia de la Sala Penal mencionada que
daban cuenta del patrullaje conjunto que solían hacer los miembros del Ejército con
los paramilitares y del obrar unitario entre éstos, en cuyo marco, además, el Ejército
no impedía a los soldados irregulares portar o usar armas, al punto que algunos
miembros de la institución castrense fueron condenados como coautores
responsables de los delitos contra la vida de las personas protegidas por el DIH y
lesivos de la seguridad pública.
Frente al Ministerio del Interior, se adujo que la zona en la que sucedió el homicidio
había sido declarada comunidad de paz mediante una resolución de 24 de
noviembre de 2000, y esa cartera ministerial había realizado un seguimiento a la
misma, por lo que tenía a su cargo la política pública relacionada con los derechos
y libertades fundamentales, el orden público, la paz y la convivencia ciudadana, por
manera que debió haber coordinado la adopción de medidas efectivas para los
miembros de la comunidad.
Igualmente, porque, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 199 de 1995, “[e]n
relación con los derechos y las libertades fundamentales, el orden público, la paz,
la convivencia ciudadana y la protección del derecho de libertad de religión y cultos”
la entidad tenía la obligación de “[v]elar por la conservación del orden público de
conformidad con la Constitución Política y la ley. En tal carácter el Ministerio del
Interior dirigirá, coordinará y apoyará las actividades de los gobernadores y alcaldes
en el mantenimiento del orden público y fijará las políticas, planes operativos y
demás acciones necesarias para dicho fin (…)”, por lo cual los hechos acaecidos se
debieron a la ausencia de políticas claras y efectivas que conjuraran el actuar de los
grupos paramilitares.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Sobre la Policía Nacional, advirtió que esta institución comprometía su
responsabilidad con la falta de mantenimiento del orden público, al no disponer o
reglamentar las medidas de seguridad necesarias, eficientes y eficaces para
garantizar la vida y seguridad la comunidad de paz de San José de Apartadó,
quienes eran víctimas de los grupos al margen de la ley y, especialmente, de las
ACCU-AUC6.
Finalmente, respecto de la Policía y el Ejército, enfatizó en que los hechos se
presentaron por la falta de políticas claras que garantizaran la vida y la seguridad
de los asociados, y de acciones que tendieran a desmantelar los grupos
paramilitares, al punto que estos grupos delincuenciales actuaron de manera libre,
sin ninguna oposición de la fuerza pública, a pesar de que, para la época, la
situación de orden pública en la zona era un hecho notorio.
Contestación de la demanda
1. Nación-Ministerio del Interior
De manera oportuna7 contestó la reforma a la demanda, en la que ratificó la
contestación presentada a la demanda original8, en la que había manifestado que
no le constaban los hechos, además de que, para esa época, los programas del
Ministerio estaban dirigidos a brindar medidas físicas de seguridad a personas en
situación de riesgo, pertenecientes a unas poblaciones específicas —no de manera
general— y no sólo por el hecho de pertenecer a la comunidad de paz de San José
de Apartadó. Añadió que no había ningún elemento que permitiera atribuir la
responsabilidad a esa entidad, por acción u omisión.
Formuló la excepción de (i) caducidad, toda vez que —según la demanda— el
desplazamiento se dio el 18 de junio de 1998, por lo que el término de dos años
había fenecido para el momento de la presentación de la demanda, incluso,
teniendo en consideración el plazo brindado por la Corte Constitucional en sentencia
6 Este es un resumen de los hechos de la reforma a la demanda. Según este documento: “presento
a su señoría la reforma de la demanda integrando los cambios realizados en los acápites de
pretensiones, hechos, fundamentos de derecho, pruebas y anexos como sigue (…)”, por manera que
debe entenderse que, mediante la reforma, el demandante presentó un libelo introductorio que
reemplazó aquel presentado en la primera oportunidad.
7 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 15.
8 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 9.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
SU-254 de 2013, según el cual la oportunidad para presentar la demanda se
extendía hasta el 20 de mayo de 2015. Igualmente, porque el homicidio ocurrió el
21 de febrero de 2005, momento para el cual ya se le endilgaba al Estado la
connivencia con los grupos de autodefensas, por manera que, desde ese mismo
momento, los demandantes conocían las circunstancias en las que operaban los
paramilitares, sin que hubieran demostrado alguna situación que les impidiera
acceder a la administración de justicia.
Sobre la (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que la función de
salvaguardar el orden público le resultaba ajena. En cuanto a la (iii) inexistencia de
falla del servicio, observó que no había ningún criterio de atribución del daño
consistente en la muerte de la señora Bellanira, sobre lo cual expuso que, en caso
de que el demandante acreditara que se trataba de una reconocida líder que tuviera
algún vínculo con la comunidad de paz de San José de Apartadó, tendría que
tenerse en cuenta que, desde el 2011, las funciones en materia de protección a
ciertas poblaciones fueron radicadas en cabeza de la Unidad Nacional de
Protección.
Excepcionó que (iv) no se encontraba acreditado el perjuicio, en la medida en la que
la sola enunciación de la muerte de la señora Bellanira o el desplazamiento no
constituye «de por sí su notoriedad», por lo que se requería de las respectivas
pruebas, así como de la destrucción y despojo de los bienes, de la «desaparición
forzada», tanto como de los perjuicios que dicen haber padecido. (v) Hecho del
tercero, en virtud del cual menciona que el daño le es única y exclusivamente
atribuible a las AUC. (vi) Valoración exagerada de los perjuicios morales y daño a
la vida de relación, de acuerdo con los parámetros definidos por las sentencias de
unificación del Consejo de Estado.
Refirió la (vii) falta de existencia del “servicio cierto”, con fundamento en que no se
acreditaron los trabajos ni los respectivos emolumentos en orden a reconocer el
lucro cesante pretendido. (viii) Falta de legitimación en la causa por activa, en tanto
los demandantes no probaron ser los propietarios de la finca en la que alegan que
tenían los sembrados, ni demostraron quiénes hacían parte de la masa sucesoral
de Bellanira Areiza.
2. Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
11
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Dentro de la oportunidad9 contestó la reforma a la demanda. Adujo que no había
prueba de que el señor Huber o su núcleo familiar hubieran solicitado protección a
alguna entidad, ni se evidenciaba que estas personas estuvieran amenazadas y,
como consecuencia, se hubieran desplazado. Señaló que a la fuerza pública no
podía exigírsele conductas absolutas en materia de protección y vigilancia, pues
sería imposible, además de que no existen elementos que permitan acreditar el
nexo causal entre la endilgada omisión y el daño sufrido, en la medida en la que,
por el contrario, está demostrado que la lesión fue causada exclusivamente por un
tercero.
Anotó la falta de prueba sobre el cambio de domicilio de los demandantes por causa
de la violencia y sobre el abandono de su finca, enseres y semovientes; igualmente,
que no se había acreditado la actividad económica a la que se dedicaban para la
fecha del desplazamiento, ni se aportaron las constancias respecto de la propiedad
del inmueble que supuestamente abandonaron. Indicó que la Policía no tenía
conocimiento de alguna amenaza en contra de los demandantes y no obra denuncia
por muerte o desplazamiento, ni medidas de protección para evitar los daños; lo
ocurrido fue un acto sorpresivo en el tiempo y el espacio y, por lo mismo, imposible
de detectar por la Policía de Apartadó. Agregó que no se había demostrado una
falla en el servicio de la entidad por acción u omisión.
Refirió que la calidad de desplazado era una situación fáctica, y no una calidad
jurídica que se adquiriera por la inscripción en una lista oficial, por manera su
consolidación requería prueba de que la persona había residido en el lugar del que
fue forzado a migrar y ejercía allí su actividad económica habitual. Explicó que, en
el caso no se había acreditado la afectación económica causada por el
desplazamiento, en cuanto no se allegaron títulos de propiedad, ingreso, ni el
despojo de los bienes poseídos por las víctimas, por lo cual no se deducía la calidad
de desplazado de los demandantes.
Presentó la excepción de (i) caducidad, por cuenta de que el término para presentar
la demanda corrió del 20 de enero de 2018 al 20 de enero de 2020, a pesar de lo
cual se radicó la solicitud de conciliación prejudicial «el 14 de agosto de 2020».
Alegó que los demandantes no demostraron tener un impedimento material para
9 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
acudir a la jurisdicción durante el tiempo del desplazamiento. Respecto de la (ii) falta
de integración de litisconsorte necesario de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas, alegó que era esa entidad —y no la Policía Nacional— la
llamada a indemnizar los perjuicios. (iii) Causal de exoneración de responsabilidad:
hecho de un tercero, en virtud de la cual se expuso que la Policía Nacional no
contribuyó con la acción de los grupos al margen de la ley en estos hechos.
Igualmente, argumentó la (iv) falta de configuración y estructuración de los
elementos de responsabilidad extracontractual del Estado; (v) la existencia de
políticas gubernamentales frente a la reparación por desplazamiento forzado, por
cuyo mérito adujo que la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011 les permitía a las
víctimas obtener reparación por los daños; y (vi) la inexistencia de configuración de
la imputación.
3. Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
Esta entidad contestó la reforma a la demanda oportunamente 10. Formuló la
excepción de (i) falta de legitimación por pasiva, por cuanto los hechos de la
demanda señalan que las muertes fueron ocasionadas por actores al margen de la
ley y que nunca presentaron denuncia o solicitud de medida de protección ante el
Ejército. (ii) Caducidad del medio de control puesto que, de conformidad con la
confesión de la demanda, se imputa el daño consistente en la muerte por la omisión
en su protección, por lo que desde el 21 de febrero de 2005 se conocía de este
criterio de atribución y, así, desde este momento corrió el término preclusivo,
sumado a que no se advierten obstáculos que imposibilitaran materialmente el
ejercicio del derecho de acción. (iii) Inexistencia de obligación de responder y (iv) la
inexistencia de medios probatorios que endilguen la responsabilidad a la entidad,
sobre la base del incumplimiento de la carga de la prueba que le corresponde al
demandante.
En cuanto a la (iv) inexistencia de posición de garante, refirió que el Ejército no tenía
por qué conocer de la ocurrencia de los hechos, toda vez que no fueron puestos en
su conocimiento, no fue cometido por miembros del Ejército y no fue como
consecuencia de un combate, por manera que no debe responder, en la medida en
la que la obligación a cargo de la fuerza pública es de medio y no de resultado. Aunó
el (v) hecho de un tercero —grupos armados ilegales—, en tanto el daño no se
10 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 17.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
originó en la prestación inadecuada del servicio.
Sentencia de primera instancia
El 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia11
en la que declaró la caducidad del medio de control, con fundamento en que, según
la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, para los
casos de desplazamiento forzado, el cómputo del plazo puede tener tres hitos
iniciales: “[d]esde cuando estén dadas las condiciones de seguridad para que se
produzca el retorno; [c]uando se logre el restablecimiento al lugar de origen,
independientemente de que los afectados procedan o no de conformidad, y [a] partir
de reasentamiento o arraigo en otro lugar”. Como quiera que, en el caso en
concreto, los demandantes afirmaron haberse asentado en Medellín
inmediatamente después de haber sido desplazados, el 18 de junio de 1997,
entonces desde allí empezó el conteo de la caducidad.
Igualmente, sostuvo que los demandantes supieron de la muerte de Bellanira Areiza
el mismo día en que ocurrió, el 21 de febrero de 2005, y tuvieron elementos ciertos
de la participación del Estado el 9 de junio de 2010, con ocasión de la entrevista
que rindió alias “Pirulo” en la que detalló la participación de los agentes estatales en
estos hechos, al paso que los señores Huber Antonio Areiza, Teresa Guzmán y
Maribel Areiza ya hacían parte del respectivo proceso de justicia y paz en calidad
de víctimas indirectas. De esta manera, sobre la base de que la solicitud de
conciliación se presentó el 15 de junio de 2017, concluyó que ya había operado la
caducidad.
Añadió que igual resultado se obtenía si se aplicaba la regla señalada en la
sentencia SU-254 de 2013, según la cual los términos para la población desplazada
sólo podrían computarse a partir del 23 de mayo de 2013. Se expuso que no se
había acreditado la existencia de circunstancias que obstaculizaran materialmente
el ejercicio de acción y, por el contrario, los demandantes acudieron a la Fiscalía
General de la Nación entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 para solicitar
su reconocimiento como víctimas indirectas de los hechos.
Recurso de apelación
11 Índice Samai 92 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Los demandantes12 reprocharon la decisión con sustento en que se había dejado
de lado la postura establecida por la CIDH sobre la caducidad de las acciones
indemnizatorias en tratándose de la reparación de daños causados con actos de
lesa humanidad. Se indicó que el acceso a los recursos internos debía garantizarse
con la eliminación de impedimentos, lo cual resultaba especialmente relevante en
el particular, debido a que se había acreditado la situación de violencia y alteración
de orden público constitutiva de una limitante para el ejercicio de los derechos de
los demandantes, quienes no podían retornar a su lugar de origen, retomar sus
actividades productivas y lograr la estabilidad con la que contaban antes del
desplazamiento.
Añadieron que el a quo había omitido analizar que el asentamiento en un lugar no
supone, per se, el arraigo ni el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
Manifestaron que el Tribunal había pretermitido valorar el origen campesino de los
demandantes, quienes —antes de ser desplazados— habitaban y dependían para
su subsistencia en una finca ubicada en la vereda de La Unión del corregimiento de
San José de Apartadó, en el municipio de Apartadó, y que no habían logrado volver
ni habían conseguido el restablecimiento de sus derechos, sumado a que, durante
el desplazamiento, se habían enfocado en sobrevivir. Refirieron que el testimonio
de Liria María Sánchez daba cuenta de que las condiciones de vida que tenían en
Medellín no eran las mismas de las que gozaban en la vereda. Adujeron que la
calidad de desplazados se había demostrado con los testimonios.
Censuraron la interpretación restrictiva que el Tribunal hizo de la sentencia SU-254
de 2013, puesto que, en concordancia con los artículos 1 y 18 de la Ley 87 de 1997,
la condición de desplazado finiquita cuando estén dadas las condiciones de
seguridad para que se produzca el retorno o cuando se logra el restablecimiento al
lugar de origen, independientemente de que los afectados procedan o no de
conformidad, estudio que se desconoció en este caso.
Advirtieron que la información acerca de la posibilidad de demandar al Estado no
era de pública divulgación ni gratuita, pues se requería de orientación profesional,
por lo cual no era cierto que —de acuerdo con la realidad de los demandantes— no
se hubieran probado circunstancias que obstaculizaran materialmente el ejercicio
12 Índice Samai 95 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
del derecho de acción. Finalmente, advirtieron que, mientras mantuvieran la
condición de desplazados, tenían el derecho de acceder a la administración de
justicia, no sólo para reclamar los perjuicios por el desplazamiento, sino, además,
para demandar lo relativo al homicidio de su familiar, por virtud de la implementación
de acciones afirmativas en su favor y la aplicación de la excepción de
convencionalidad.
Trámite en la segunda instancia
Mediante proveído de 25 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concedió el recurso presentado13 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto
del 19 de enero de 202614.
Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202115.
El Ministerio Público emitió concepto16 en el que consideró que debía confirmarse
la sentencia de primera instancia, por virtud de la configuración de la caducidad, sin
que existiera prueba de circunstancia alguna que hubiera impedido a los
demandantes ejercer oportunamente su derecho de acción y, por el contrario, se
había evidenciado que éstos habían iniciado trámites para ser incluidos en el listado
de víctimas del Estado y ejercido actos ante la justicia penal. Agregó que no había
una excepción normativa en Colombia que consagrara la extensión ilimitada de la
caducidad en las demandas de reparación directa, ni aun tratándose de delitos de
lesa humanidad.
Sobre la flexibilización del conteo del término, afirmó que ésta no había
desaparecido la regla normativa de 2 años, sino que implicaba que el antedicho
13 Índice Samai 97 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
14 Índice Samai 8 del Consejo de Estado.
15 “Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación
de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria
del auto que admite el recurso.” La Ley 2080 fue publicada el 25 de enero de 2021 y, de acuerdo
con su artículo 86, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prevalece sobre las
normas procedimentales anteriores en los procesos iniciados bajo el CPACA. En consideración a
que la impugnación fue presentada, concedida y admitida en el 2025 y 2026, cuando ya estaba en
vigencia la reforma de la Ley 2080 de 2021, ésta resulta aplicable al particular.
16 Índice Samai 14 del Consejo de Estado.
16
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
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Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
plazo se contara desde cuando se dieran las condiciones de seguridad para que las
personas regresaran a sus territorios, incluso si la víctima decidía no hacerlo, o
cuando los afectados lograran la consolidación y estabilización socioeconómica,
aun en el lugar de reasentamiento, conforme al artículo 18 de la Ley 387 de 1997.
Sostuvo que el extremo activo no había demostrado la imposibilidad de regresar al
territorio, ni que no hubieran logrado la estabilización socioeconómica en el nuevo
lugar, carga probatoria que le correspondía.
III. CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 11 de octubre de 2017, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
1. Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se atribuye
responsabilidad a la Nación-Ministerio del Interior, Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional. El Consejo de
Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de
conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP,
según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA,
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
esto es, $368’858.50017.
2. Medio de control procedente
3. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya
legalidad no se cuestiona18.
Como en este caso se reclaman los perjuicios derivados del desplazamiento
forzado, endilgado a la omisión de las entidades estatales, así como del homicidio
de Bellanira Areiza, que se atribuye al Ejército Nacional por virtud de su actuar
conjunto con las AUC, y a la Policía Nacional y al Ministerio de Interior a título de
omisión, este es el medio de control procedente.
3. Demanda en tiempo
4. La oportunidad en la que la demanda fue presentada, además de ser un
presupuesto procesal que el juez debe estudiar de oficio, constituye, en este caso,
el motivo de la impugnación, en cuanto el fallo de primera instancia declaró probada
la excepción. Toda vez que su comprobación, como materia de orden público, se
opone al análisis de fondo del asunto, le corresponde a la Sala estudiar el problema
jurídico relativo a si la demanda se presentó dentro de la oportunidad legal.
5. El Tribunal Administrativo de Antioquia advirtió que los demandantes habían
confesado haberse asentado en Medellín inmediatamente después de haber sido
desplazados, por lo cual habían logrado reasentarse o arraigarse en otro lugar, de
manera que esta lesión había cesado desde entonces, además de que — a la luz
de la sentencia de unificación del 2020— pudieron advertir de la imputación al
Estado desde el mismo hecho del desplazamiento, motivo por el cual la demanda
17 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017 ($737.717) por 500. La pretensión
material mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $696’209.232, por concepto de
lucro cesante.
18 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por
daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Asunto: Reparación directa
había sido inoportuna. En cuanto al daño consistente en la muerte de Bellanira
Areiza, refirió que los demandantes habían conocido de esta situación el mismo día
que ocurrió, el 21 de febrero de 2005, y contaron con los elementos de atribución
del daño al Estado desde el 9 de junio de 2010, en el marco del proceso de Justicia
y Paz del cual hacían parte como víctimas indirectas. Asimismo, que no habían
acreditado una imposibilidad material de acceder a la administración de justicia.
6. Por su parte, la censura reprochó tal conclusión por cuenta de que (i) desconocía
la postura sostenida por la CIDH en materia de caducidad de acciones resarcitorias
derivadas de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad; (ii) el asentamiento
en Medellín no suponía, per se, la cesación del desplazamiento; (iii) sí había existido
un impedimento material para acceder a la administración de justicia, por cuenta de
la ignorancia generalizada respecto de la posibilidad de reclamar la indemnización
de perjuicios al Estado y por virtud de la situación de violencia y alteración de orden
público; y (iv) mientras mantuvieran las condiciones de desplazados, las víctimas
podían ejercer su derecho de acción no sólo por el desplazamiento sino también por
el homicidio de su familiar, con fundamento en la implementación de acciones
afirmativas y la excepción de convencionalidad.
7. La Sala observa que la demanda se sustenta, de un lado, en el desplazamiento
forzado que sufrieron los actores y, de otro, en el homicidio de su familiar, Bellanira
Areiza, por manera que dividirá el estudio de la oportunidad de la demanda para
cada caso, puesto que en realidad se trata de dos daños distintos.
Para los efectos, debe resaltarse, de antemano, que, al tenor del artículo 40 de la
Ley 153 de 188719, los términos que hubieren empezado a correr se rigen por la ley
vigente en el momento en el que empezó su conteo. En este sentido, debe
esclarecerse el momento en el que ocurrieron los hechos para determinar la norma
aplicable.
3.1. Por el desplazamiento forzado
19 “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. // Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.
19
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Asunto: Reparación directa
8. Se recuerda que, según lo dicho por esta Corporación20, el desplazamiento
forzado representa un daño continuado, que, en palabras de la Corte Suprema de
Justicia, es aquel que “(…) se materializa a través del tiempo, es decir, el que no se
configura en un solo momento, sino que se exterioriza durante cierto lapso de
tiempo, independientemente de que la causa que lo provoca sea instantánea o
igualmente continuada (…). El criterio tipificante [sic], es la demora en su
consolidación”21. Éste se caracteriza porque se produce de manera extendida en el
tiempo, es decir, la lesión se causa cada día, de manera permanente, sin “solución
de continuidad” y manteniendo la identidad de las condiciones que lo identifican de
principio a fin22.
Recientemente, esta Subsección, con base en los criterios de la Ley 378 de 1997,
la jurisprudencia contencioso-administrativa23 y constitucional24 y documentos
técnicos elaborados por las entidades de la rama ejecutiva encargadas de este
fenómeno25, definió que:
“El desplazamiento, en virtud de lo transcrito, consiste en el abandono involuntario
de la persona de su lugar de residencia y actividades económicas habituales, debido
a circunstancias de riesgo o vulneración de su vida, amenaza a su integridad física,
seguridad o libertad personal acaecidas en el marco del contexto de la alteración
drástica del orden público interno. Este suceso, en sí mismo, implica el desarraigo
obligado de la víctima de su comunidad, de su territorio y de su tejido social que
apareja una violación a múltiples derechos fundamentales, entre ellos, a escoger
libremente su domicilio y a la libre circulación por el territorio nacional.
Se deriva de lo anterior que el desplazamiento forzado es un hecho, y a la vez
un daño, según la definición ya expuesta, que se extiende durante el tiempo
en el que la víctima no reasuma la posibilidad de regresar a su lugar de origen,
puesto que, durante ese lapso, el desplazado realmente no goza del derecho de
vivir en su territorio, que repercute, a su turno, en el desarraigo, la desconexión con
20 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C. Auto del 26 de julio de 2011. Exp: 41037. M.P. Enrique Gil Botero. El Consejero Jaime
Orlando Santofimio salvó voto, pero respecto de la condición de desplazados de los demandantes;
Subsección A. Sentencia del 9 de septiembre de 2015. Exp: 35574; y auto del 10 de febrero de 2016.
Exp: 05001-23-33-000-2015-00934-01(AG). M.P. Hernán Andrade Rincón. Subsección B. Auto del
12 de diciembre de 2024. Exp: 50187. M.P. Danilo Rojas Betancourth. La Subsección adoptó este
criterio en sentencia del 8 de junio de 2017, Exp: 41307, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de enero de 2018. Exp: 11001-
31-03-010-2011-00675-01.
22 Expresión utilizada en la sentencia con expediente 41037, citando a: González Pérez, Jesús.
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Primera Edición. editorial Civitas.
Madrid 1996. Págs. 381 y 382.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de
agosto de 2007. Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG). M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
24 Corte Constitucional. Sentencia SU-1150 del 2000.
25 Segundo informe de 1998, entregado por Consejería Presidencial para la Atención a la Población
Desplazada por la Violencia y la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del
Interior al Congreso de la República.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
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Nacional y otros
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el tejido social y su comunidad, entre otras.
De esta manera, se observa que esta lesión no se agota o extingue con el mero
hecho del desplazamiento, sino que se consuma día a día mientras esta situación
perdure, lo que significa que, además de tratarse de un hecho dañino
continuado —que consiste en el mantenimiento de la situación de orden
público que impide el retorno de las víctimas—, constituye un daño de
naturaleza continuada.”26.
(Negrillas fuera del texto original).
En este orden de ideas, la caducidad sólo puede empezar su cómputo cuando la
lesión cesa27, situación que ocurre únicamente cuando los demandantes regresan
a sus lugares de origen, o desde cuando existen las condiciones de seguridad
necesarias para su retorno —al margen de que decidan no retornar—, en la medida
en la que sólo ahí las víctimas recobran su derecho de libre locomoción y de escoger
libremente su domicilio.
Merece destacarse que el daño cesa una vez se den las condiciones de seguridad
que garanticen el retorno de las víctimas, aun cuando no se produzca el regreso al
territorio por parte de los desplazados, porque, en ese caso, el no retorno obedece
a una decisión voluntaria de las personas, de la cual no puede depender el inicio
del cómputo de la caducidad, según el criterio reiterado de esta Sección28. Tal
circunstancia, sin embargo, deberá estar plenamente probada en el proceso, pues,
de lo contrario, de acuerdo con los principios pro actione, pro damato y pro homine,
deberá accederse al estudio de fondo de las pretensiones29.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C.
Sentencia del 9 de diciembre de 2025. Exp: 69128.
27 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019. Exp: 44091. M.P. María Adriana Marín (E);
Subsección A, sentencia del 24 de abril del 2020, Exp: 51315, M.P. Marta Nubia Velásquez;
Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2020, Exp: 48261, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas;
Subsección C, auto del 2 de octubre del 2020; exp: 63263, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas;
Subsección A, sentencia del 20 de noviembre del 2020, Exp: 54443, M.P. Marta Nubia Velásquez;
Subsección A, sentencia del 5 de marzo del 2021, Exp: 64563, M.P. Marta Nubia Velásquez;
Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2021, Exp: 41268, M.P. Alberto Montaña Plata; Subsección
A, sentencia del 13 de agosto del 2021, Exp: 64893, M.P. Marta Nubia Velásquez; Subsección B,
sentencia del 2 de marzo del 2022, Exp: 64094(AG), M.P. Alberto Montaña Plata; y sentencia del 7
de septiembre de 2020, Exp: 54496, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. En esta última providencia, la
Sala consideró que había caducidad porque, a pesar de que los demandantes no habían retornado
a su lugar de origen, se había probado que no estaban en período de emergencia vital y residían en
Villavicencio, respecto de lo cual el Consejero Alberto Montaña presentó salvamento de voto en el
que expuso que el daño del desplazamiento forzado era continuado y, en esa medida, la caducidad
únicamente podía computarse desde cuando se den las condiciones de seguridad para el retorno
del lugar de origen. Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024. Exp: 68154.
28 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección
Tercera. Auto del 9 de febrero de 2011. Exp: 38271; y de la Sección Tercera, sentencia del 24 de
abril de 2008. Exp: 16.699.
29 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 4 de junio de 2024. Exp: 66.331; de 24 de abril del 2020, Exp: 51.315; del 24 de
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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También debe precisarse que la naturaleza continuada que se depreca del
desplazamiento forzado se refiere a la lesión en sí misma y no a la extensión o
magnitud de sus efectos. Así, más allá de que del desplazamiento se desprendan
unas consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales que pueden mantenerse en
el tiempo e incluso agravarse, el daño del desplazamiento —entendido como “el
desarraigo obligado de la víctima de su comunidad, de su territorio y de su tejido
social que apareja una violación a múltiples derechos fundamentales, entre ellos, a
escoger libremente su domicilio y a la libre circulación por el territorio nacional”— es
el que se prolonga en el tiempo, con lo cual se impone la conclusión de que el inicio
del conteo del término se sujeta a la cesación de la lesión y no se trastoca por la
advertencia de sus secuelas o efectos derivados30.
Esta posición, lejos de representar una flexibilización de las normas procesales o
de la forma de computar el término preclusivo, constituye una aplicación de la ley al
tenor de la sentencia de unificación del 29 de enero de 202031, según la cual el
ejercicio de la acción resarcitoria en eventos de lesa humanidad sí está sujeto al
límite temporal, que se contabiliza de acuerdo con el tenor de lo consagrado por el
legislador —es decir, desde la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño32—, pero teniendo en cuenta el momento en el que “los afectados conocieron
o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial”, sin que transcurra mientras se
acredite la ocurrencia de “situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción”, de modo que, “una vez superadas, empezará a
septiembre del 2020, Exp: 56.283; del 3 de julio de 2020, Exp: 51.117; del 23 de agosto de 2024,
Exp: 64.834 y 55.392 y 23 de septiembre de 2024, Exp: 56.541.
30 En reiterada jurisprudencia, esta Sección ha reconocido que la caducidad se cuenta desde el
conocimiento del daño, sin que éste pueda confundirse con la advertencia de las secuelas o efectos
de la lesión. Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 14 de abril de 2010. Exp: 19154; reiterado recientemente por esta Subsección en
sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp: 68.791.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencia del 29 de enero de 2020. Exp: 61033.
32 Este hito fue el previsto tanto en el artículo 136.8 del CCA como en el artículo 164.2.i del CPACA,
al margen de las diferencias en su redacción, y de que el CPACA previó explícitamente que, si el
daño se revelaba de manera posterior al hecho causante, la caducidad se contaría desde ese
momento, siempre que se demostrara la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de la
ocurrencia, que, en cualquier caso, había sido reconocido por la jurisprudencia durante la vigencia
del CCA, con fundamento en que la acción de reparación directa era meramente resarcitoria, por
manera que, sin la materialización de un daño, no nacería obligación indemnizatoria y, por tanto, la
vía procesal perdería sentido, al margen de la demostración de una conducta ilícita o irregular.
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correr el plazo de ley”33. Debe destacarse, por lo demás, que la interpretación
acogida por la Sala Plena de la Sección Tercera en 2020 fue avalada por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación SU-312 de 2020:
“En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte
considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se
predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la
caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los
derechos de las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas
con características y lógicas diferentes, el término legal establecido para acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que
lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar
los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.”34.
(Negrillas fuera del texto original).
En otras palabras, con fundamento en lo explicado en la sentencia de unificación de
2020, el desplazamiento forzado —que no está especialmente regulado por la ley,
como es el caso de la desaparición forzada— sí está sometido al término de
caducidad normativo, aun cuando se erija como un delito de lesa humanidad.
Siendo así, el cómputo inicia desde la causación del daño —que, por tratarse de un
daño continuado, se causa de manera permanente, todos los días, sin solución de
continuidad, y únicamente cesa cuando se dan las condiciones para el retorno
seguro de las víctimas a su lugar de origen— o desde cuando los demandantes
cuenten con elementos que les permitan imputarle la responsabilidad al Estado, si
esto ocurre de manera posterior al daño. Adicionalmente, el plazo no corre cuando
se demuestren eventos que impidan materialmente el acceso a la justicia. Al
respecto, esta Subsección concluyó:
“Lo anterior debe interpretarse al tenor de la sentencia de unificación del 2020 de
esta Sección, según la cual, en cualquier caso, el término corre desde que se
cuenten con elementos de convicción que permitan atribuir el daño al Estado,
no exista imposibilidad material de acceder a la administración de justicia, y
el daño concretado en el desplazamiento forzado hubiera cesado.”35.
(Negrillas fuera del texto original).
33 Se pone de presente que esta postura fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia SU-
312 de 2020.
34 Corte Constitucional. Sentencia SU-312 de 2020.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C.
Sentencia del 9 de diciembre de 2025. Exp: 69128.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Con este panorama, se concluye que el medio de control de reparación directa por
el daño del desplazamiento forzado —entendido como daño continuado— sí está
sometido al término de caducidad previsto en las normas aplicables, incluso cuando
los hechos generadores del daño pudieran ser catalogados, eventualmente, como
de delitos de lesa humanidad.
9. En el proceso está plenamente acreditado que los demandantes fueron
desplazados por la violencia. En primer lugar, Teresa de Jesús Guzmán Puerta,
Huber Antonio Areiza, John Kenedy Guzmán Puerta, Davinson Areiza Guzmán y
María del Carmen Puerta están incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV)
bajo el marco normativo de la Ley 387 de 1997 por el hecho victimizante del
desplazamiento forzado36, mientras que Maribel Areiza lo está en virtud de la Ley
1448 de 201137. Y aun cuando Reinys Johana Guzmán no aparece en el RUV como
víctima de desplazamiento —sino únicamente de desaparición forzada38— los
testimonios practicados refirieron que el grupo familiar de los demandantes, en su
totalidad, fue desplazado por la violencia, como se pasará a exponer.
En efecto, todas las declaraciones39 coinciden en que los demandantes vivían en la
vereda La Unión, en el corregimiento de San José Apartadó, y de allí fueron
desplazados por virtud de la violencia que se presentaba a raíz de la presencia de
los distintos actores del conflicto armado. El señor Luis Aníbal Usuga refirió que:
“Apoderada demandantes: Buenos días. Usted es tan amable y nos informa, usted
dice que ellos fueron desplazados y después que la niña volvió y la asesinaron.
Cuando usted refiere que ellos fueron desplazados, puede por favor explicarnos ¿de
dónde fueron desplazados, cuándo y por qué?
Luis Aníbal Usuga: Desplazados… fueron desplazados de la unión, de San José.
Apoderada demandantes: De San José, ¿de dónde? ¿y cuándo fueron
desplazados?
Luis Aníbal Usuga: Eso fue como en el año 1997.
36 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 57.
37 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 58.
38 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 60.
39 Todos los testimonios fueron solicitados por la parte demandante en la demanda original e
insistidos en la reforma. Fueron decretados en la audiencia inicial del 2 de febrero de 2023 (Índice
Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 30). Y practicados en la audiencia del
16 de mayo de 2023 (Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 50). Todos
refirieron ser conocidos del grupo familiar demandante desde hace años. A pesar de la relación de
amistad, ninguna de las partes tachó los testimonios en los términos del artículo 211 del CGP, por lo
que serán plenamente valorados, de acuerdo con la sana crítica y en conjunto con las demás
pruebas.
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Apoderada demandantes: ¿Y por qué fueron desplazados?
Luis Aníbal Usuga: Pues la violencia, demasiado, en esa zona fueron terribles,
fueron terribles. De todas maneras, tenía que salir uno por uno, por otro, por
amenazas o porque las balas cruzadas al lado, de un lado, tenía una persona
que salía de todas maneras [sic]. (…)”40.
(Negrillas propias).
En los mismos términos, la señora Liria María Sánchez manifestó que:
“Apoderada demandantes: (…) ¿usted nos ha informado que ellos tuvieron un
desplazamiento en el año 97?… El señor Huber y su familia… ¿Usted puede
informarnos para ese año ellos de dónde se desplazaron? ¿Dónde era que vivían?
Liria María Sánchez: Vivían en la vereda La Unión. Eso es una vereda que
corresponde al corregimiento de San José de Apartadó, donde era la comunidad
de paz. (…)
(…) el desplazamiento fue en el 97. Y la comunidad de paz la formaron después de
que hubieron [sic] muchas masacres y desplazaron muchos campesinos.
Apoderada demandantes: Bueno, le pregunto si puede informarnos las razones por
las que ellos se desplazaron de la vereda La Unión.
Liria María Sánchez: Por presencia de grupos armados, de muchas matanzas
que estaban [sic] habiendo en la vereda.
Apoderada demandantes: Usted señala que había presencia de grupos armados,
¿en la zona también había presencia de la fuerza pública?
Liria María Sánchez: Sí, señora. Pues sí, señora, había presencia de todas las
clases de grupos armados que uno quiera pensar.”41.
(Negrillas propias)
Y Ana Clariza Duarte —quien adujo ser la esposa del señor Usuga— depuso que:
“Apoderada demandantes: ¿Ellos dónde vivían? [los demandantes].
Ana Clariza Duarte: Ellos vivían en la Unión.
Apoderada demandantes: Desde los 30 años que usted hace que los conoce,
¿vivían allá?
Ana Clariza Duarte: Sí, porque nosotros éramos vecinos.
Apoderada demandantes: Ah, bueno. Usted puede informarnos si ellos toda la vida
vivieron allá o no.
Ana Clariza Duarte: Sí, ellos vivieron allá hasta que nos desplazaron a todos,
porque todos fuimos desplazados.
40 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 15:53 a 16:58.
41 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 46:21 a 48:24.
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Apoderada demandantes: Usted refiere que todos fueron desplazados. ¿Cuándo se
desplazaron?
Ana Clariza Duarte: Yo me desplacé en el 2001.
Apoderada demandantes: ¿Y don Úber, doña Teresa y los hijos?
Ana Clariza Duarte: Pues yo no tengo bien en cuenta en qué año se desplazaron,
porque cuando nosotros nos desplazamos al poquito tiempo se desplazaron ellos
también.”42.
(Negrillas propias)
Si bien las declaraciones no concuerdan respecto del año en el que la familia se
desplazó definitivamente —en cuanto el señor Usuga manifiesta que fue en 1997,
mientras que, su esposa, la señora Duarte, alega que fue al poco tiempo después
de que ella y su familia se desplazaran en 2001, y la señora Sánchez expone que
en un primer momento se desplazaron en 1997 hacia Boyacá, luego retornaron, y
después, en 2000, volvieron a desplazarse hacia Medellín— lo cierto es que todos
dan cuenta del contexto de orden público de la zona y de la consecuente necesidad
de los demandantes —como grupo familiar— de abandonar el territorio.
La situación de seguridad se apoya, además, en los distintos documentos aportados
por la demandante que permiten evidenciar que, en la zona del Urabá antioqueño,
había presencia de distintos grupos al margen de la ley que redundaban en una
problemática de orden público que, a su vez, resultó en el desplazamiento de los
habitantes. Entre otros, se destaca un oficio del 14 de diciembre de 1993 de la
Policía Nacional en el que se expresa que:
“(…) teniendo en cuenta la problemática de desorden público que vive la región
de Urabá, y a sabiendas que (…) [ilegible] zona bananera está habitada en su mayor
parte por lo rural, en donde se nos han presentado muchos hechos de violencia
con muertes masivas de personas (…)”43.
(Negrillas fuera del texto original).
En la misma línea, el oficio del Ejército Nacional del 26 de agosto de 2014 expone
que, entre 1993 y 2002, en la zona había subversivos de las FARC, EPL, ELN, así
como “grupos de justicia privada”44, y en misiva del 31 de mayo de 2014 reconocen
que las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en 1996, tenían “sus principales
asentamientos en los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbó”, todos
42 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 1:14:10 a 1:15:00.
43 Folio 340. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
44 Folios 217 a 219. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo
1.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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pertenecientes a la región de Urabá45. De la misma manera, el documento
denominado “En las entrañas del Genocidio. El Estado colombiano en plan de
exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, (Antioquia
Colombia)”46 del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del
CINEP, señala que este contexto de violencia condujo a muchas personas a
desplazarse de sus tierras.
Lo anterior permite establecer que todos los demandantes tenían su domicilio en la
vereda La Unión, del corregimiento de San José de Apartadó, en el Urabá
Antioqueño y que, producto del contexto de orden público prevalente en la zona, se
vieron forzados a desplazarse.
Aún más, del acervo probatorio no es posible determinar que alguno de los
demandantes —con excepción de Bellanira Areiza— hubiera regresado a La Unión
o, en gracia de discusión, a alguna vereda de San José de Apartadó. Por el
contrario, los testimonios demuestran que los actores continuaban viviendo en
Medellín al momento de rendir sus declaraciones, o en otros lugares. Así lo testificó
Liria María Sánchez:
“Apoderada demandantes: ¿Usted sabe si fue a Medellín o regresó a Urabá?
Liria María Sánchez: No, ellos por el momento todavía están en Medellín.
Apoderada demandantes: ¿Sabe si algún miembro de la familia regresó?
Liria María Sánchez: Lo que es Don Huber y la esposa continúan acá. Davinson
y John, ellos continúan en Medellín.
Apoderada demandantes: Algunos otros sí están por allá, en otros lugares.”47.
(Negrillas propias).
Por su parte, la señora Duarte manifestó:
“Apoderada demandantes: Usted sabe si algún otro miembro diferente, pues a
Bellanira y a John Kennedy… Mejor dicho, le pregunto, usted dice que ella [Bellanira]
volvió con el hermano John. ¿Él se fue viviendo por allá o se regresó después de la
muerte de Bellanira?
Ana Clariza Duarte: Él se regresó.
45 Folio 332. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
46 Folios 33 a 182. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10.
47Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 51:35 a 52:30.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Apoderada demandantes:¿Y usted sabe si ya, pasado el tiempo después de que
ocurrió la muerte de ella, la familia volvió allá a la vereda La Unión?
Ana Clariza Duarte: No, ellos no volvieron jamás más por allá.” 48.
(Negrillas propias).
Se pone de relieve que, aun cuando la testigo Sánchez manifestó que solamente
Huber, la esposa, Davinson y John continuaban viviendo en Medellín, al paso que
los otros familiares “estaban en otros lugares”, de esta afirmación no puede
derivarse que éstos hayan regresado a su lugar de origen (vereda La Unión). Véase
que la señora Duarte fue contundente en su deposición respecto de que los
demandantes nunca volvieron a la vereda, por lo cual para la Sala es imposible
determinar el domicilio de los demás miembros de la familia.
Se destaca, además, que no se acreditó que en la zona del Urabá antioqueño —ni
siquiera al momento de la presente providencia— se hubiera restablecido la
seguridad al punto que los demandantes hubieran podido regresar, y que no haberlo
hecho dependiera de una decisión libre y voluntaria. A contrario sensu, los
testimonios evidencian que, en el momento en el que quisieron retornar —porque
Bellanira Areiza regresó a la zona con su pareja, Luis Eduardo Guerra Guerra—
fueron disuadidos a partir del asesinato de Bellanira. Así lo testimonió la señora
Sánchez:
“[ellos] permanecen alejados, porque cuando sucedieron los hechos de la hija, ellos
tenían como ganas de volver, por lo que aquí la vida es muy difícil, pero al suceder
eso, el señor se alejó y no quiso volver a pensar ni en eso por allá”49.
(Negrillas propias).
En esta línea, si bien varios testigos50 manifestaron que John Guzmán había
regresado con su hermana Bellanira a la zona del Urabá antioqueño en 2004, la
señora Duarte aseveró que, después del asesinato de su hermana, él se fue de la
vereda nuevamente y, según el testimonio de la señora Sánchez, reside en
Medellín.
48 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 1:19:34 a 1:20:02.
49 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 58:20 a 58:50.
50 Al respecto, ver la declaración del señor Usuga (minutos 18:18 a 19:09) y de la señora Duarte
(minutos 1:19:07 a 1:19:34). Por su parte, la señora Sánchez insistió en que Bellanira regresó a la
zona (vereda Mulatos) con su pareja Luis Eduardo Guerra Guerra, sin que supiera si había ido
acompañada de algún otro miembro de su familia (minutos 54:49 a 56:12).
28
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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En estos términos, la Sala advierte que, independientemente de que su ocurrencia
se diera en 1997 o 2001 (como lo informan los testigos)51, lo cierto es que resulta
acreditado que el desplazamiento del grupo familiar demandante se dio de la vereda
La Unión, en el corregimiento de San José de Apartadó, por cuenta del contexto de
violencia que se vivía en la zona alrededor de esa época y, hasta el presente
momento, los actores —con excepción de Bellanira Areiza— no han regresado a su
lugar de origen, sin que se haya demostrado que esta decisión obedece a la mera
liberalidad de permanecer en los nuevos lugares de residencia.
Por consiguiente, no puede establecerse que el desplazamiento haya cesado y, por
tanto —en virtud de los principios pro actione, pro damato y pro homine— el término
de la caducidad no ha siquiera iniciado su conteo, con relación de todos los
demandantes, salvo Bellanira Areiza, respecto de quien se harán las precisiones
pertinentes más adelante.
10. Sobre este asunto, debe resaltarse que, en efecto, —como lo alega el
apelante— el mero asentamiento en otra ciudad o el hecho de que las víctimas
hayan logrado conseguir allí una vivienda y un trabajo para proveerse su
mantenimiento, de ninguna manera significa la cesación del daño del
desplazamiento —como se explicó en precedencia—, por cuanto esto únicamente
ocurre cuando se dan las condiciones de seguridad necesarias para que los
afectados regresen a su lugar de origen, pues es en ese momento en el que se les
restablece su derecho de escoger su domicilio y de libre locomoción, entre otros.
El reasentamiento en otra ciudad —como constitutivo de la superación de la lesión—
debe obedecer a una decisión libre y voluntaria que, por esencia, responda a la
posibilidad de escoger entre quedarse en la nueva ubicación o regresar a su
territorio de origen, sin que de manera alguna se informe de situaciones de orden
público o seguridad en el domicilio original, toda vez que, de ser así, no se habría
superado verdaderamente el daño.
Admitir una posición contraria, según la cual el desplazamiento cesa siempre que
51 Aun cuando no sea claro si después de 1997 regresaron y volvieron a desplazarse alrededor de
2001 o si fue un solo desplazamiento en 1997 o en 2001. Al margen de la fecha exacta, el
desplazamiento está acreditado, así como que se debió a la violencia que se presentó en la zona
durante toda esa época. La inexactitud acerca de la fecha en la que se concretó definitivamente el
desplazamiento tendrá efectos, de ser el caso, en el reconocimiento del lucro cesante.
29
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
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Asunto: Reparación directa
las personas logren conseguir una vivienda o procurarse medios de subsistencia en
lugares distintos a aquellos de los cuales provienen, implica desconocer la real
extensión de la lesión que se genera cuando las personas son desplazadas,
desalojadas de sus territorios, separadas de sus tejidos sociales, desarraigadas de
sus culturas y apartadas de sus hogares de manera forzada, asimilándolo así a un
daño que únicamente repercute en el derecho a tener un lugar donde residir (donde
quiera que sea) y a un lucro cesante.
En la medida en la que la caducidad no se ha configurado porque, habiéndose
demostrado que el desplazamiento ocurrió, no se acreditó la cesación de la lesión
respecto de todos los demandantes —con excepción de Bellanira— la Sala revocará
la sentencia de primera instancia en lo referente a esta decisión y abordará las
pretensiones de fondo.
Con todo, cabe precisar que, si bien este cómputo obedece a una de las alternativas
interpretativas vigentes que ha perfilado el Consejo de Estado, hay que aclarar que
no constituye una postura unánime y consolidada sobre su conteo.
11. Ahora, lo cierto es que Bellanira Areiza sí regresó al territorio a finales de 2004,
como lo refirió la misma demanda y quedó probado en el proceso a través de los
testimonios del señor Usuga, la señora Sánchez y la señora Duarte:
“Estando en la ciudad de Medellín, a principios del año 2004 la joven BELLANIRA
AREIZA PUERTA conoció y se enamoró del señor LUIS EDUARDO GUERRA
GUERRA quien también se encontraba en la ciudad de Medellín desplazado por la
violencia surgida del conflicto armado interno del corregimiento de San José de
Apartadó, quienes ante las dificultades de todo tipo que padecían en la ciudad de
Medellín y la supuesta mejoría en las condiciones del orden público en la región del
Urabá antioqueño, en el mes de noviembre del año 2004, decidieron retornar al
corregimiento de San José de Apartadó, y luego si la situación del orden
público lo permitía retornarían sus demás familiares.”52.
(Negrillas fuera del texto original).
El daño consistente en el desplazamiento que sufrió Bellanira Areiza cesó en 2004,
cuando ella decidió regresar al territorio del cual fue forzada a migrar. Por lo tanto,
en los términos expuestos, esta es la fecha que debe tomarse para el respectivo
cómputo de la caducidad, de manera que la norma aplicable era el artículo 136.8
del CCA, que establecía que “la [acción] de reparación directa caducará al
52 Hecho 3 de la reforma a la demanda. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital.
Archivo 10-1
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
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vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa”.
Con base en lo anterior, la caducidad corrió desde noviembre de 2004 hasta
noviembre de 2006, de manera que, al momento de la presentación de solicitud de
conciliación prejudicial, radicada el 15 de junio de 201753, esta pretensión ya era
extemporánea.
Al efecto, véase que —en lo que respecta la oportunidad de las pretensiones
formuladas para el resarcimiento de los daños sufridos por los demás
demandantes— el fundamento de que no haya iniciado el respectivo cómputo es
que la lesión, hasta el momento de la presentación de la demanda, continuaba
causándose, toda vez que el desplazamiento seguía ocurriendo. No ocurre lo mismo
en lo referente a Bellanira Areiza, debido a que se demostró que ella sí regresó y,
con ello, cesó su daño, por manera que el término para presentar la pretensión
indemnizatoria de los perjuicios sufridos por esta víctima venció en noviembre de
2006.
Además, no existe ningún elemento en el plenario que permita inferir que, en efecto,
los demandantes tenían alguna imposibilidad material de acceder a la
administración de justicia desde el momento en el que cesó la causación de este
daño, o que, de alguna manera, su propia condición de desplazados hubiera
impedido la presentación de la demanda indemnizatoria de los daños derivados del
desplazamiento de Bellanira Areiza. Se recuerda que, según la sentencia de
unificación de 2020, estas circunstancias que impiden el ejercicio del derecho de
acción “no tiene como finalidad que la caducidad se compute desde una fecha
distinta a la ocurrencia del hecho dañoso y a su conocimiento por parte de los
afectados, sino que está orientado a verificar si dentro del plazo pertinente se
presentaron situaciones que obstaculizaron el ejercicio del derecho de acción”,
situación que debe acreditarse plenamente.
En consecuencia, si bien se revocará la decisión de la primera instancia de declarar
la caducidad de la pretensión reparatoria por el desplazamiento de los
53 Folio 83 a 86. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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demandantes, ésta se mantendrá en lo relativo al desplazamiento de Bellanira
Areiza.
3.2. Por el homicidio de Bellanira Areiza
12. El otro daño reclamado consiste en el asesinato de Bellanira Areiza que, según
se aduce, fue cometido por miembros de las AUC, con anuencia de miembros del
Ejército Nacional.
13. En primer término, debe reiterarse que, de acuerdo con la sentencia de
unificación de esta Sala de 2020, las demandas de reparación directa están
sometidas al término legal para su presentación oportuna, incluso aquellas en las
que se reclamen los daños derivados de delitos de lesa humanidad o violaciones al
DIH. Para su cómputo, según esta providencia, deberá tenerse en cuenta la fecha
en que el daño se causó y el momento en el que los demandantes pudieron contar
con elementos a partir de los cuales imputar la responsabilidad al Estado, sin que
el término corra mientras se evidencien circunstancias que impidan materialmente
el acceso a la administración de justicia.
14. El expediente da cuenta que Bellanira Areiza murió en la denominada “Masacre
de San José de Apartadó”54 del 21 de febrero de 2005, perpetrada por el Bloque
Héroes de Tolová de las AUC. Si bien no obra el respectivo registro de defunción ni
el informe de necropsia, los distintos testimonios rendidos evidencian su asesinato
e, igualmente, la sentencia SP1039-2019 del 27 de marzo de 2019 de la Corte
Suprema de Justicia55 y la sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Medellín del 7 de julio de 201656 exponen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en el que ocurrieron estos hechos, de los cuales resultó la muerte de
Bellanira Areiza; en el mismo sentido, la decisión de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de
la Nación del 1 de junio de 200757 expone que:
“Posteriormente, el 26 de febrero, es informada la comisión judicial por parte del
54 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 40. P. 4.
55 Folios 478 a 551. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10.
56 Radicado. 110016000253 2008 83825. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital.
Carpeta 36. Archivo: 07.07.2016-sentencia-bloque-heroes-de-tolova-uber-dario-yanez-cavadias. P.
71.
57 Radicado 2138 UDH-DIH. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Carpeta 39.
02 proceso 050003107001200800050. Archivo: 2008-00050 1. P. 346.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Defensor del Pueblo de Uraba [sic] y miembros de la comunidad de Paz de San
José de Apartado [sic], sobre la existencia de tres cuerpos sin vida en la Vereda
Mulatos del corregimiento de San José de Apartado [sic]. Lugar a donde se
desplazó la comisión, encontrándose efectivamente en estado de descomposición,
desmembrados y reducción esquelética los cuerpos de (…) BEYANIRA [sic]
AREIZA GUUZMAN [sic]”.
(Negrillas fuera del texto original).
15. Los demandantes le imputan este daño al Ejército Nacional porque, según
alegan, los soldados regulares patrullaban juntos y actuaban como una unidad con
los paramilitares de las AUC —connivencia que, de conformidad con lo aducido, no
era atípica en la zona durante esos años—, al punto que les permitían cargar y usar
armas, conocían que el propósito del patrullaje era el de perseguir a quienes habían
sido tildados de guerrilleros y, a pesar de que supieron de los asesinatos
materialmente cometidos por el bloque de las autodefensas en esta masacre, no los
reportaron a las autoridades. De acuerdo con la narración de la reforma de la
demanda, se conoció de la participación del Estado a raíz de las confesiones de
miembros de las AUC y del Ejército Nacional.
Como lo determinó el a quo, las entrevistas rendidas por los postulados a los
procesos de Justicia y Paz, en las que se revelaron los detalles sobre la operación
conjunta entre el Ejército y los paramilitares, datan de los años 2008 a 2010. En
primer lugar, alias “Pirulo” (Joel Vargas Flórez) depuso el 9 de junio de 2010, sobre
los hechos relacionados con la Masacre de San José de Apartadó de 21 de febrero
de 2005, que:
“Pregunta: diga el entrevistado, cuando llegan al primer sitio de los hechos en
el río Mulatos el día 21 de febrero de 2005, donde se encontraba el capitán
Gordillo y quien toma la decisión de asesinar a las tres personas en ese sitio.
Contestó: el capitán Gordillo se encontraba a pocos metros de la parte de atrás, ahí
le informa por radio ‘44’, ‘Fubra’ y ‘Orejas’ de esos civiles que habían capturados;
ahí entre ellos, estuvieron hablando ‘44’, ‘Fudra’, ‘JR’ y ‘Orejas’ y Gordillo, que qué
hacían con esos civiles, y él respondió que llevaran en cuenta que si los soltaban se
podían ir a buscar a la guerrilla, y cargar con ellos tampoco podían, y ahí es donde
sacaron la conclusión, ‘44’ se expresó: que si esos señores no podían largarlos,
ni llevárselos, entonces había que asesinarlos (…).
Pregunta: ¿cuando [sic] salen el 19 de febrero del 2005 del río Mulatos, que personal
del Ejército los acompaña a la operación y que dispositivo toma el ejército en la
marcha?
Contestó: ‘el personal del ejército que nos acompaña era un pelotón de la Compañía
del capitán Gordillo y el resto del personal estaba atrás, ese día con nosotros
cambucha solamente un pelotón, que es el pelotón del capitán Gordillo, el resto del
personal se quedó atrás con un guía que era alias ‘Ratón’ hermano de alias ‘Pirulo’.
El ejército en la marcha iba detrás de nosotros, primero iban todos los de las
33
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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autodefensas y luego como a 20 minutos iba el ejército.
Pregunta: ¿diga el entrevistado si en algún momento durante la marcha el ejército
se intercaló un paramilitar o un soldado?
Contestó: no, el ejército siempre iba como un todo y las autodefensas siempre fueron
adelante.”58.
(Negrillas fuera del texto original).
En segundo lugar, la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia59 pone de presente que el Capitán del Ejército, Gordillo, declaró el 12 de
mayo de 2008, 29 de julio de 2008, 22 de enero de 2009 y el 4 de febrero de 2010
(esta última en sesión de audiencia pública) sobre “los detalles inherentes a la
ejecución de la Misión Táctica Feroz”, de lo cual se extrajo que:
“(ii) Llegó [a la región de Urabá] el 16 de febrero de 2005 a las 10:30 p.m., a la citada
guarnición. Allí el TC. ESPINOSA BELTRÁN lo informó de la operación militar, los
objetivos a consolidar, que eran el Cerro Bogotá y Cerro La Cooperativa, y que el
MY. CASTAÑO LÓPEZ estaba en Nueva Antioquia, con dos guías civiles
suministrados por la Brigada XVII, explicando la misión a los comandantes de
Anzoátegui 1, 2 y 3 y Bolívar 1; además, que el ST. García Estupiñán y el Ss. Brango
Agámez, militares con más antigüedad en la zona, ya habían hecho
coordinaciones con personal del bloque “Héroes de Tolová” de las AUC para
poder desarrollar el operativo, puesto que el lugar donde ese grupo hacía
presencia era paso obligado para acceder a los objetivos ordenados; (…)
(iv) Al recibir el mando de los cuatro batallones [Anzoátegui 1, 2 y 3 y Bolívar 1] de
parte del ST. García Estupiñán, éste le corroboró las anteriores indicaciones, y le
comunicó que él y Ss. Brango Agámez ya habían coordinado en horas de la
mañana con personal del bloque “Héroes de Tolová” que se hallaba allí en
Nueva Antioquia, el ascenso al “Cerro Castañeda”, donde se encontraba un
campamento de las AUC; además, que la tropa militar estaba enterada de cómo
se adelantaría el operativo; (…)
(vi) Las tropas del Ejército Nacional iniciaron la misión desde Nueva Antioquia hacia
los objetivos indicados en horas de la mañana del 18 de febrero de 2005, y arribaron
cerca del anochecer de ese día al “Cerro Castañeda”, donde en efecto se
encontraron con aproximadamente cincuenta miembros del bloque “Héroes
de Tolová” de las AUC; allí pernoctaron con aquéllas personas y al día
siguiente —19 de febrero— marcharon en un solo grupo [compactados con
los integrantes de las AUC] hasta llegar a otro sitio —al parecer “Cerro de la
Hoz” o “Cerro Cruz de Hueso”—, en donde se hallaba instalado otro campamento
de las AUC, lugar en el cual también acamparon con éstos;
(vii) Refirió que algunos de los integrantes del citado grupo ilegal respondían a los
alias “Cuatro -Cuatro”, “Fernando” o “Pico”, “Fudra”, “Veintiuno”, “Pirulo”, “Vicky”,
“Chola” y “La Negra”, quienes en las dos oportunidades atrás referidas hablaron
con él y los comandantes de batallón y escuadra de las fuerzas que él lideraba,
a saber, el ST. Alejandro Jaramillo Giraldo; ST. Jorge Humberto Milanés Vega; ST.
Édgar García Estupiñán; Ss. Darío José Brango Agámez; Ss. HENRY AGUDELO
CUASMAYAN ORTEGA; Ct. RICARDO BASTIDAS CANDIA; Ss. ÁNGEL MARÍA
PADILLA PETRO; y Cs. SABARAÍN CRUZ REINA, entre otros, para comentarles
58 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 37. Págs. 3 y 4.
59 Folios 478 a 551. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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que ese operativo ya venía coordinado desde días atrás con “mandos
superiores” del Ejército Nacional y que su objetivo era atacar campamentos
de las FARC-EP;
(viii) Luego del segundo encuentro o reunión con los aludidos integrantes de las
AUC, se dividieron en dos grupos, siguiendo instrucciones del TC. ESPINOSA
BELTRÁN, quien ordenó que Anzoátegui 2 y 3 debían ir hacia el “Cerro Bogotá”, y
Anzoátegui 1 y Bolívar 1, junto con el personal de las AUC, hacia el “Cerro La
Cooperativa”;
ix) El 20 de febrero de 2005, fue testigo de una comunicación por radio entre el
paramilitar alias “Cuatro–Cuatro”, que iba con ellos, y alias “Melaza”, quien
acompañaba como guía a las tropas de la Compañía ALACRÁN del Batallón 33
Cacique Lutaima del Ejército Nacional que se movilizaban por la margen contraía
del Rio Mulatos, a raíz de la cual el Capitán Gordillo habló con el Capitán Omaña
García, comandante de este último grupo de militares también convocados a la
Operación FENIX, y éste le confirmó que él ya estaba al tanto de que con aquél
patrullaban miembros de las AUC;
(x) Finalmente, el Capitán Gordillo refirió que el 21 de febrero de 2005 se enteró
por radio de las muertes cometidas en “un personal civil” —Luis Eduardo
Guerra, Beyanira [sic] Areiza Guzmán y Deiner Andrés Guerra Tuberquia— por
parte de integrantes de las AUC cerca del Rio Mulatos, y que luego, sobre el
medio día de esa fecha, por los lados de la vereda La Resbalosa escucharon unas
detonaciones y ráfagas de disparos (…)”.”60.
(Negrillas fuera del texto original).
Por su parte, la Fiscalía, en respuesta al exhorto solicitado por la parte demandante,
sostuvo que, en el proceso de Justicia y Paz (en cuyo marco se emitió la antedicha
sentencia de Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín del 7 de julio
de 2016), los aquí demandantes se constituyeron como víctimas desde que
diligenciaron el formato de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la
ley, esto es, Huber Antonio Areiza, el 14 de mayo del año 2009, Teresa Guzmán
Puerta, el 13 de noviembre de 2008, y Maribel Areiza Guzmán, el 4 de noviembre
de 2009.
De todo lo anterior se deduce que el grupo familiar demandante conoció de los
elementos a partir de los cuales imputar el daño al Ejército Nacional —o debió
haberlo conocido—, en el peor de los casos, el 4 de febrero de 2010, fecha de la
audiencia pública en la que el señor Gordillo narró los detalles de la participación de
la institución militar en los hechos del 21 de febrero de 2005, toda vez que, para
este momento, los mencionados demandantes ya se habían constituido como
víctimas dentro del respectivo proceso y, por tanto, debían estar al tanto de las
actuaciones.
60 Folios 522 a 525. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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16. Ahora, se recuerda que la imputación respecto del Ministerio del Interior y de la
Policía Nacional se estructuró a título de omisión. Frente al primero, porque no
coordinó las medidas efectivas para mantener el orden público, la paz y la
convivencia ciudadana que tenía en su cabeza por ser el encargado de la política
pública relacionada con los derechos y libertades fundamentales en la comunidad
de paz y, frente a la Policía, en virtud de que no reglamentó las medidas de
seguridad necesarias, eficientes y eficaces para garantizar la vida y seguridad la
comunidad de paz de San José de Apartadó.
Así las cosas, desde la fecha de la ocurrencia del daño —21 de febrero de 2005—
los demandantes contaban con los elementos suficientes para atribuir la
responsabilidad al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional, tal y como fue
dispuesto en la demanda, por manera que no existe justificación para que, respecto
de éstas, se desplace el inicio del término de caducidad un momento posterior.
17. En consecuencia, es desde el 4 de febrero de 2010 que corresponde contar la
caducidad respecto del Ejército Nacional, y desde el 21 de febrero de 2005, respecto
de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, momentos para los cuales estaba
vigente el artículo 136.8 del CCA, que disponía que “la [acción] de reparación directa
caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por
causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
En este sentido, el término de caducidad corrió desde el 5 de febrero de 2010 hasta
el 5 de febrero de 2012, para el Ejército, mientras que para el caso del Ministerio
del Interior y de la Policía corrió desde el 22 de febrero de 2005 hasta el 22 de
febrero de 2007, al paso que la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el
15 de junio de 201761, cuando ya se había configurado el fenómeno preclusivo
respecto de todos los demandados.
18. Igualmente, no existe ningún elemento en el plenario que permita inferir que, en
efecto, los demandantes tenían alguna imposibilidad material de acceder a la
administración de justicia durante los años que transcurrieron desde que venció la
oportunidad y hasta cuando presentaron la demanda.
61 Folio 83 a 86. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital.
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La ignorancia sobre la posibilidad de reclamar la responsabilidad del Estado no es,
en criterio de esta Sala, un obstáculo material para ejercer el derecho de acción62.
Tampoco lo es el hecho de que los demandantes mantuvieran la condición de
desplazados, lo que, si bien les permite acceder a la administración de justicia para
reclamar los daños que cada uno sufrió por cuenta del desplazamiento, no los
habilita para que las pretensiones indemnizatorias derivadas de otros hechos
dañosos nunca caduquen.
Por el contrario, en el proceso está demostrado que los demandantes actuaron ante
el proceso de Justicia y Paz, en cuyo marco se constituyeron como víctimas, y se
inscribieron en el RUV63 como víctimas de los delitos de desaparición forzada,
desplazamiento forzado y homicidio, a partir de lo cual accedieron al aparato estatal
de ayuda asistencial, de lo cual es posible inferir que los demandantes tenían las
posibilidades para impetrar el medio de control de reparación directa en contra del
Estado, desde que se enteraron de la participación del Ejército en la muerte de
Bellanira. Sumado a todo lo anterior, no existe evidencia de que, para el momento
de la presentación de la demanda (o, si se quiere, de la solicitud de conciliación
prejudicial), hubiera habido algún cambio en las circunstancias de los demandantes
que hubiera removido el supuesto obstáculo.
En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en lo
que tiene que ver con la caducidad de la reparación directa respecto de la muerte
de Bellanira Areiza.
4. Legitimación en la causa
19. Habiendo determinado que las pretensiones de reparación por la muerte y el
desplazamiento de Bellanira se interpusieron cuando ya habían caducado, la Sala
abordará el análisis subsiguiente únicamente respecto del desplazamiento de los
demás demandantes.
62 Sobre las circunstancias impeditivas de acceso a la justicia por cuenta de la pobreza y el
analfabetismo se comparte lo argumentado en el salvamento de voto del Consejero de Estado José
Roberto Sáchica a la sentencia del 3 de diciembre de 2025, Exp: 67779, en el que se analiza el
alcance de estos argumentos, especialmente cuando los demandantes han accedido al aparato
estatal a través de otros mecanismos y ejercido otros cauces institucionales respecto del hecho
causante del daño.
63 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 60.
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20. En este orden, se evidencia que los miembros de la parte actora están
legitimados en la causa por activa por cuenta de que, como se explicó en el acápite
precedente, todos los miembros del grupo familiar fueron desplazados por la
violencia de la vereda La Unión en el corregimiento de San José de Apartadó.
21. La Sala observa que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional están legitimados en la causa por
pasiva, en la medida en la que se les atribuye el desplazamiento por no haber
adoptado acciones claras de cara al desmantelamiento de los grupos al margen de
la ley, al punto que los paramilitares actuaron libremente, sin hallar ninguna
oposición por parte de la fuerza pública.
Por su parte, a la Nación-Ministerio del Interior se le imputa el daño del
desplazamiento por virtud del incumplimiento de la función prevista en la Ley 199
de 1995, según la cual esta cartera debía dirigir, coordinar y apoyar a los
gobernadores y alcaldes en el mantenimiento del orden público y fijar las políticas,
planes operativos y demás acciones necesarias para tal fin, por lo que, en estos
términos, esta entidad está legitimada en la causa por pasiva.
II. Problema Jurídico
22. Le corresponde a la Sala resolver si el desplazamiento forzado al que fueron
sometidos los demandantes resulta imputable a las entidades demandadas.
III. Análisis de la Sala
1. Sobre la responsabilidad del Estado por omisión al deber de protección
23. En primer lugar, se recuerda que en el presente proceso se le endilga la
responsabilidad al Estado por la omisión en sus deberes de protección, al no haber
evitado el desplazamiento forzado por parte del grupo al margen de la ley.
24. El Estado, a través de sus fuerzas públicas, integradas por el Ejército y la Policía
Nacional64, tiene el deber y la finalidad primordial de defender la soberanía, la
64 Artículo 216 de la Constitución Política.
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independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional65, así
como de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas66-67.
De esta manera, el incumplimiento de estos deberes que redunde en la producción
de un daño puede comprometer la responsabilidad del Estado por falla en el
servicio68, sin que ello se traduzca en que la Administración asume la calidad de
asegurador universal que responde automáticamente por cualquier daño causado
por terceros a las personas en sus vidas, libertades, bienes y honra dentro del
territorio nacional69. Así lo ha determinado esta Corporación:
“(…) la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge de manera
espontánea ni a título de una garantía absoluta de los derechos de los
asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión
frente al incumplimiento de competencias precisas y preexistentes en materia de
protección y seguridad de riesgos extraordinarios que atentan contra la integridad
física y la seguridad personal, que sólo puede predicarse en la medida en que se
acredite que el riesgo extraordinario era conocido y existían posibilidades
razonables de impedir su materialización, atendidas la posibilidad de preverlo
y evitarlo.”70.
(Negrillas y subrayas fuera del texto original).
Se destaca de lo anterior que al Estado únicamente le resulta imputable el daño si
éste era previsible y resistible, así como que la omisión en el cumplimiento de sus
deberes fue determinante en su producción71, por lo cual esta Sección ha delimitado
los eventos que se presentan estas condiciones:
“(…) cuando (i) se solicita protección especial, por las particulares condiciones de
riesgo en que se encuentra la persona; (ii) no se solicita expresamente, pero es
evidente que la persona necesitaba la protección, porque existían pruebas o
indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba
amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus bienes y (iii) se
65 Artículo 217 de la Constitución Política.
66 Artículo 218 de la Constitución Política.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de
octubre de 2024. Exp: 68154.
68 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 8 de marzo de 2007. Exp: 27.434; sentencia del 15 de agosto del 2007, Exp: 19001-
23-31-000-2003-00385-01(AG).
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 29 de
octubre de 1998. Exp: 10.747. Reiterado recientemente en la sentencia de esta Subsección del 9 de
abril de 2025, Exp: 65972.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 5 de
febrero de 2021. Exp: 61803. Debe ponerse de presente que la expresión riesgo, en este contexto,
no se refiere a la aplicación de la teoría del riesgo excepcional, sino en su sentido natural, en el
peligro en el que se sitúa una persona o un grupo poblacional.
71 Por lo demás, se resalta que esta ha sido la posición de antaño, como lo evidencia la sentencia
del 11 de octubre de 1990 de la Sección Tercera, Exp: 5737.
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deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección
alguna, cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esta población
vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley”72.
(Negrillas fuera del texto original).
Debe, además, ponerse de presente que esta posición no es contraria a la
interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha
manifestado:
“[P]ara la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier
violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su
jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales
de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de
los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes
de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones
entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de
riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado
y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir,
aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica
la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es
automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las
circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones
de garantía.”73.
(Negrillas fuera del texto original).
En suma, en estos casos, la imputación al Estado se configura por no haber
interrumpido la cadena causal del daño producido por un tercero, a pesar de que lo
conocía —era previsible—, contaba con los medios para evitarlo —era resistible—
y era su obligación legal. Se trata de un régimen de falla en el servicio, toda vez que
la responsabilidad del daño se deriva del incumplimiento del contenido obligacional
concreto y preciso74.
25. De otro lado, esta Corporación ha reconocido que la exigibilidad en el
cumplimiento de las obligaciones estatales tiene un carácter relativo 75, de modo que
el juicio de responsabilidad debe agotar el análisis sobre las posibilidades reales
con las que contaba el Estado en orden a evitar la falla, en la medida en la que
«nadie está obligado a lo imposible»76.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 31 de
agosto de 2022. Exp: 60246.
73 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia,
sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123. Citado por Supra, exp: 61803.
74 Supra, sentencia del 15 de agosto del 2007, Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG).
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
agosto del 2000. Exp: 11.585. Reiterado en la sentencia del 28 de mayo del 2012, Exp: 20762.
76 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 11 de octubre de 1990. Exp: 5737; sentencia del 7 de diciembre de 1977, Exp: 1564,
y sentencia de 15 de marzo de 1996, Exp: 9034.
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Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
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Asunto: Reparación directa
No obstante, la Administración no puede, de manera genérica, excusar su
incumplimiento en la relatividad de sus obligaciones, ni en la indisponibilidad
presupuestal, sino que le corresponde al juzgador determinar si en cada caso la
prestación del servicio resultaba efectivamente imposible. Así se ha sostenido:
“(…) si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del
Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por
todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en
multitud de casos ‘pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que
vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos
políticos o jurídicos’, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los
daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de
peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual.
En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional
contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de
cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa,
libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es
aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos,
estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de
exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia
presupuestal.”77.
(Negrillas fuera del texto original).
En este sentido, esta figura “jamás debería utilizarse para justificar una indefensión
de la administración [sic] al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor
fundamental de un Estado de Derecho”78.
2. Caso concreto
2.1. El daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado
26. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En
ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 14 de
mayo de 1998. Exp: 12175.
78 Supra, Exp: 5737.
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Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
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Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño, sin
cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
De esta manera, el daño, entendido como la afectación, vulneración o lesión a un
interés legítimo y lícito79-80, es el primer elemento que debe quedar certera y
suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya existencia
y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la doctrina
nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”81.
El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto82, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación, además de que
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
80 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los
intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se
encuentran reunidos”. En: Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle
de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad extracontractual del Estado.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015,
p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-
080 de 2020.
81 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan
Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio
eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual
o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente,
debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por
la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp:
11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad
del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral
reclamado porque no se probó su existencia.”
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debe recaer sobre un interés o derecho lícito y legítimo83. Y también debe ser
determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan afirmaciones
sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere
sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”84.
27. En cuanto al desplazamiento forzado, debe recordarse que, de conformidad con
el artículo 1 de la Ley 387 de 1997:
“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.”
(Negrillas fuera del texto original).
En estos términos, como lo ha definido de manera reiterada esta Sección, el
desplazamiento se materializa cuando una persona es obligada a abandonar su
domicilio, entendido éste como la “residencia acompañada, real o presuntivamente
del ánimo de permanecer en ella” (art. 76 del C.C.) o, en otras palabras, el “lugar
donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u
oficio”85, por la vulneración o amenaza a su vida, integridad, libertad u otras, lo que,
a su vez, apareja una violación múltiple a los derechos de las personas, entre otros,
a escoger su domicilio y al libre desarrollo de su personalidad86.
83 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y
104.
84 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Exp. 50802
[fundamento jurídico 4.3].
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, Exp. 25000-23-26-000-
2001-00213-01(AG)B.
86 Ver, Supra, Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG).
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Se deriva de lo anterior que el desplazamiento forzado es un hecho, y a la vez un
daño, según la definición ya expuesta, que se extiende durante el tiempo en el que
la víctima no reasuma la posibilidad de regresar a su lugar de origen, puesto que,
durante ese lapso, el desplazado realmente no goza del derecho de vivir en su
territorio, que repercute, a su turno, en el desarraigo, la desconexión con el tejido
social y su comunidad, entre otras87.
Visto así, la condición de desplazado —y, correspondientemente, el padecimiento
del daño— se adquiere con ocasión de la migración forzada dentro del territorio
nacional, sin que sea necesaria la inscripción en registro alguno ni una declaración
adicional de ningún tipo. Por lo mismo, la prueba del desplazamiento no se limita a
los registros que para efectos de asistencia y ayuda humanitaria ha dispuesto el
Estado (por ejemplo, los Registros Únicos de Víctimas), en tanto “ser desplazado
es una situación fáctica y no una calidad jurídica”, de modo que la causación de esta
lesión puede ser acreditada con cualquier medio de prueba.
28. La Policía Nacional, en su contestación, allegó la respuesta de la Unidad para
la Atención de Reparación Integral a las Víctimas en la que se relaciona la inclusión
en el RUV bajo el marco de la Ley 387 de 1997, como víctimas del desplazamiento
forzado, de Teresa de Jesús Guzmán Puerta, Huber Antonio Areiza, John Kenedy
Guzmán Puerta, Davinson Areiza Guzmán y María del Carmen Puerta 88, mientras
que Maribel Areiza lo está en virtud de la Ley 1448 de 201189.
Y si bien Reinys Johana Guzmán no aparece en el RUV como víctima de
desplazamiento —sino únicamente de desaparición forzada90— los testimonios
practicados —expuestos en el acápite de demanda en tiempo [numeral 9]—
refirieron que el grupo familiar de los demandantes, en su totalidad, tenía su
domicilio en la vereda La Unión, que hace parte del corregimiento de San José de
Apartadó, en el Urabá antioqueño y que, como consecuencia de la violencia
permanente que se presentaba en la zona, tuvieron que abandonar su hogar y
migrar hacia Medellín.
87 Supra, Exp: 69128.
88 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 57.
89 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 58.
90 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16
. P. 60.
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Nacional y otros
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Se destaca, para los efectos, la declaración de la señora Duarte, sobre la situación
que conllevó el desplazamiento de la familia:
“Apoderada demandantes: ¿Y usted puede informarnos por qué concretamente se
vinieron ellos [los demandantes] para Medellín?
Ana Clariza Duarte: Porque es que en ese tiempo la cosa por allá era aterradora.
Uno por allá, mejor dicho, está viviendo es porque Dios lo tiene para vivir en
este mundo. Pero eso por allá no era tan fácil.
Apoderada demandantes: ¿Usted cuenta qué era aterradora? ¿Qué era lo que
pasaba por allá?
Ana Clariza Duarte: Ay, Dios mío. No me pregunten esas cosas.
Apoderada demandantes: No, pero necesitamos saber. Pero cuéntenos a la familia
de Don Úber y Doña Teresa…
Ana Clariza Duarte: Uno que lleguen y lo amenacen en la casa y le digan que se
tiene que ir de una, que no lo quieren ver más. Es una cosa aterradora.
Apoderada demandantes: ¿A ellos [demandantes] los amenazaron?
Ana Clariza Duarte: Sí, y a mí también. A mí también me amenazaron. Eso no fue
tan fácil.
Apoderada demandantes: Pero ¿a Doña Teresa, a Don Huber y a la familia los
amenazaron?
Ana Clariza Duarte: Pues no sé si a ellos los amenazaron, no sé. Porque yo, pues,
en esas preguntas a ellos no se las he hecho.” 91.
(Negrillas propias)
En la misma línea, la señora Sánchez manifestó:
“Apoderada demandantes: Bueno, le pregunto si puede informarnos las razones por
las que ellos [los demandantes] se desplazaron de la vereda La Unión.
Liria María Sánchez: Por presencia de grupos armados, de muchas matanzas que
estaban habiendo [sic] en la vereda. (…)
Apoderada demandantes: Usted puede informarnos concretamente, si lo sabe, las
razones… Porque además usted nos dice de manera muy general, porque había
enfrentamientos y grupos armados… Pero de manera concreta, ¿por qué la familia
de Don Huber y Don Huber se desplazaron en el año 97?
Liria María Sánchez: En el año 97… por las violencias [sic] que había. Porque
había mucha violencia y porque todo el campesino le tocó salirse y desplazarse de
esos lugares.”92.
(Negrillas propias)
91 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 1:16:20 a 1:17:15.
92 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 47:35 a 48:15 y de 49:00 a
49:42.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
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Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Por lo anterior, para la Sala es evidente que los demandantes probaron haber
sufrido el daño del desplazamiento derivado del contexto de violencia interna, cuyos
efectos serán analizados en el acápite de reconocimiento y liquidación de perjuicios,
en caso de que se establezca la imputabilidad al Estado.
2.2. Sobre la imputación del daño al Estado
29. La imputación es “la atribución jurídica de un daño a una o a varias personas
que en principio tienen la obligación de responder”93. De acuerdo con la doctrina,
este elemento “se estructura luego de haberse descubierto el nexo”94, pues, ab
initio, la persona que ha causado materialmente el hecho generador del daño es a
quien le resulta imputable95, salvo que se acredite que, por razones jurídicas, no le
corresponde la obligación resarcitoria. Así, esta Sección se ha ocupado de la
distinción entre imputación y causalidad de la siguiente manera:
“[l]a causalidad –y sus diferentes teorías naturalísticas– puede ser empleada para
determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo
exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A
contrario sensu [sic], la imputación surge de la atribución de un resultado en
cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el
incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser”96.
(Negrillas fuera del texto original).
En este sentido, se ha reconocido que el juicio de responsabilidad exige que se
evacúe un análisis causal naturalístico y un juicio valorativo respecto de la atribución
normativa:
“(…) resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que,
desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere
conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la
posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir
el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión
judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del
Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del
93 Juan Carlos Henao. Responsabilidad del Estado colombiano por Daños al medio ambiente. En:
Responsabilidad por daños al medio ambiente. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000.
P. 160.
94 Héctor Patiño. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo
impiden la declaratoria de la responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de
Estado. Revista de derecho Privado. 20 (jun. 2011), 371–398. Universidad Externado de Colombia.
P. 375.
95 Ibidem.
96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
marzo de 2009. Exp: 17994.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un
juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la
imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.
En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor,
en el plano jurídico del Derecho de Daños, el concepto filosófico de causa, toda vez
que en esta parte del universo del Derecho dicha noción ‘no se trata para nada de
causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una
determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico
suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación
de fundamento a consecuencia’. De hecho, uno de los tantos notables aportes de
Hans Kelsen a la ciencia jurídica consistió en explicitar la distinción, no sólo
terminológica sino —especialmente— conceptual entre la causalidad —entendida
como conexión entre diversos elementos dentro del sistema de la naturaleza— y la
imputación —referida al enlace formal que existe entre antecedente y
consecuente y se expresa a través de reglas jurídicas—.”97.
(Negrillas fuera del texto original)
En esta línea, para establecer la imputación, debe determinarse, primero, la causa
material del daño98 que, según lo ha dispuesto esta Corporación, no se presume en
ningún régimen de la responsabilidad:
“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre
el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba
directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal
ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el
legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez
sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad
eficiente y determinante. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los
medios probatorios que lo representan por si [sic] mismo y/o b) indirecta, mediante
indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de
unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado”99.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
Se destaca que la tesis actualmente aceptada por esta Corporación100 es la de la
causalidad adecuada, de acuerdo con la cual, según la doctrina, se admite que:
“(…) el curso causal se compone de condiciones que, a diferencia de la tesis
anterior, no son todas equivalentes. En efecto, desde la órbita de la equivalencia de
las condiciones, una conducta es o no condición del daño, nunca la interrogante se
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de
febrero de 2009. Exp: 17145.
98 La causalidad material es, también, un elemento autónomo e indispensable en la estructuración
de la responsabilidad que no admite presunciones y que, como se ha dicho, se presupone al del
análisis de la imputación. Héctor Patiño. Supra. P. 372.
99 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de
mayo de 2002. Exp: 13477.
100 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 21 de
febrero de 2002. Exp: 12789. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia: “(…) la causalidad adecuada
que ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la
conducta de un agente, debe ser entendida en términos de ‘causa jurídica’ o imputación, y no
simplemente como un nexo de causalidad natural”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil. Sentencia del 30 de septiembre de 2016. Rad: SC13925.
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Asunto: Reparación directa
plantea en una mayor o menor incidencia causal. Para la causalidad adecuada,
una conducta podrá ser entendida como la causa del daño en la medida que
así permita ser calificada luego de verificarse un juicio retrospectivo o ex ante
de previsibilidad, probabilidad, o de experiencia de vida, que denominaremos
juicio de adecuación y que es conocido comúnmente como de prognosis
póstuma. En otros términos, la inteligencia de la teoría se concentra en que habrá
condiciones que más o menos probablemente habrán estado en posición de generar
el daño”101.
(Negrillas fuera del texto original).
Al respecto, esta Sección ha discurrido:
“Tal concepción [de equivalencia de condiciones] debe entonces complementarse
en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que
normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente
pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la
teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, ‘sólo son
jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y
normalmente producirlo’.”102.
(Negrillas fuera del texto original).
30. Por su parte, la comprobación de una causa extraña —fuerza mayor, hecho del
tercero o hecho de la víctima103— infirma la imputabilidad, por cuanto desestructura
el nexo de causalidad planteado, o acredita que, si bien causó materialmente el
daño, lo hizo por cuenta de un hecho externo, imprevisto e irresistible104.
Respecto del hecho del tercero, se ha definido que, para que exonere de
responsabilidad, debe ser exclusivo, puesto que, de ser concurrente, se da
aplicación al artículo 2344 del Código Civil105 que consagra la solidaridad de las
personas a quienes les es atribuible el daño:
“La conducta del tercero fue eficiente, más no única o exclusiva en la producción
del daño (fue coparticipada o sumada a la omisiva de la Administración. ales [sic]
situaciones merecen explicaciones jurídicas:
101 Cristián Aedo Barrena y Renzo Munita Marambio. Algunos problemas que plantean las teorías de
la equivalencia de las condiciones y de la causalidad adecuada en la responsabilidad civil. Latin
American Legal Studies, Vol. 11 N. 1, pp. 297-352, 2023.
102 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 11 de
septiembre de 1997. Exp: 11764.
103 El caso fortuito no es considerado por esta Corporación como una causa extraña, en cuanto la
causa del daño no es exterior a la actividad o servicio: “Se ha dicho que la fuerza mayor es causa
extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible,
que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario,
proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y
en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para
suprimir la imputabilidad del daño. (…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 19 de julio de 2000. Exp: 11842.
104 Héctor Patiño. Supra. Págs. 376 y 377.
105 “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será
solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las
excepciones de los artículos 2350 y 2355. (…)”.
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Asunto: Reparación directa
El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de
personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto,
el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las
personas que participaron en la producción del daño (arts. 2.344 y 1568 Código
Civil).
Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino
coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado
puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores
solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del
tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la
conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que
fuera determinante en la producción del daño. (...)”106.
(Negrillas fuera del texto original).
Asimismo, esta Corporación ha señalado que el hecho del tercero “se configura
siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente
ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con
la actuación de aquél”107.
En este sentido, y como se previno en el acápite de la responsabilidad del Estado
por omisión al deber de protección [numerales 23 a 25], un daño causado
materialmente por un tercero puede resultarle imputable a la Administración siempre
que se demuestre que la entidad —en virtud de las funciones asignadas— podía
prever la lesión y, además, que contaba con la posibilidad de adoptar mecanismos
para resistirla, así como que la omisión fue determinante en la producción del daño.
31. Habiendo determinado que los demandantes fueron desplazados por la
presencia constante de actores del conflicto interno que creaban un contexto de
violencia permanente en la región, debe analizarse si el daño le resulta atribuible a
las demandadas por haber omitido el deber de protección, (pues tal fue el título de
imputación traído a colación para reclamar la reparación de las entidades) para lo
cual —en atención a lo ya explicado— concierne establecer si el desplazamiento
era previsible y resistible para éstas.
En el plenario obran múltiples elementos probatorios que evidencian el contexto de
violencia que se presentaba en la zona del Urabá antioqueño (sobre lo cual ya se
106 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 22 de
junio de 2001. Exp: 13233. Este es también el criterio de la Corte Suprema de Justicia, como se
evidencia en sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de septiembre del 2021, exp: SC4204-
2021.
107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
marzo de 2008. Exp: 16530.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
han hecho las respectivas anotaciones), así como del conocimiento que las
entidades de la fuerza pública tenían de la problemática. En efecto, se observa un
oficio de la XVII Brigada del Ejército Nacional del 26 de agosto de 2014, en el que
se señala:
“1.1. SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DEL URABÁ
ANTIOQUEÑO PARA LOS AÑOS 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002
La Jurisdicción [sic] de la Décima Séptima Brigada para la época se distinguía por
varias zonas determinadas:
a. Zona Bananera: Conformada por los municipios de Chigorodó, Carepa y
Apartadó municipios que constituyen el centro de desarrollo económico de
la región, su importancia ha ocasionado la ambición principal de los grupos
subversivos de las FARC, EPL y ELN que delinquen en la jurisdicción, en
esta zona se encuentran ubicados el 90% de los reinsertados pertenecientes
al movimiento político esperanza, paz y libertad.
b. Zona Norte: Conformada por los municipios de Turbo, Necocli [sic], Arboletes
y San Pedro de Urabá región ganadera donde ha predominado la influencia
de grupos de justicia privada.
c. Zona suroeste: Conformada por los municipios de Chigorodo [sic] y Mutatá
con sus corregimientos y caseríos que constituye al pie de monte de la
serranía de avive [sic] centro de las actividades delictivas de la cuadrilla
XXXIV de las FARC.
d. Zona Noroeste: Conformada por los municipios de Acandi [sic] y Unguia [sic],
región montañosa al norte, plana y extendida al sur, apta para la ganadería,
su principal medio de comunicación lo constituye la vía fluvial.
e. Zona sureste: Conformada por el municipio Chocoano de Río sucio [sic] y
los caseríos de Buena vista [sic], la honda [sic], yarumai [sic], la unión [sic],
las marías [sic] sector totalmente llano irrigado por numerosos ríos que
alimentan el cauce del río Atrato.
1.2. GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE OPERABAN EN LA
REGIÓN, ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESTA UNIDAD PARA
CONTRARRESTARLOS.
a. FARC, EPL, ELN, Grupos de Justicia Privada (…).
b. Las acciones desarrolladas por esta Unidad Operativa Menor se plasmaron en
direccionamientos determinados en oficios (…).
1.4. MEDIDAS ENCAMINADAS A PROTEGER LA POBLACIÓN CIVIL
Al respecto, atendiendo la situación de orden público que se estaba presentando en
el municipio de Chigorodó para el periodo de 1993 a 2002, de acuerdo a lo informado
por el archivo central de la BR 17 se les ordeno [sic] a las unidades tácticas:
• Evitar cualquier vínculo con individuos cuya reputación sea contraria a los
principios morales de la fuerza
• No aceptar apoyos económicos o de otra índole de personas u
organizaciones que estén al margen de la ley
• No proporcionar apoyo de tipo personal, material o logístico a individuos o
[sic] organizaciones al margen de la ley
• Incrementar el esfuerzo de búsqueda y control del personal, con el fin de
evitar posibles penetraciones, vinculación o comprometimiento del de
personal de la institución con organizaciones al margen de la ley
50
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Asunto: Reparación directa
• Incrementar las operaciones contra todos los grupos generadores de
violencia que delinquen en la jurisdicción”108.
(Subrayados fuera del texto original).
La misma Brigada del Ejército, en oficios del 20 de octubre de 2013109 y 31 de mayo
de 2014110, informó que, para 1996, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá
mantuvieron presencia delictiva y sus principales asentamientos en los municipios
de San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo, en los corregimientos de El Tigre, El Dos,
Nueva Antioquia, Nueva Colonia, Palos Blancos, Los Guaros, La Suerte y San
Jorge, con mayores asentamientos en Carepa y Chigorodó. En esta última
comunicación, sostuvo que también había presencia en la zona de la “Orden de
Batalla Milicias Bolivarianas”.
Si bien estos fueron oficios elaborados por el Ejército en 2014, mucho después de
la época de los hechos, lo cierto es que en ellos la entidad da cuenta que —desde
ese tiempo— conocía de la violencia y alega haber actuado en orden a proteger a
la población civil, a través de las órdenes a las unidades tácticas para que se evitara
la vinculación con los grupos al margen de la ley.
Por su parte, el departamento de Policía de Urabá, desde diciembre de 1993, había
alertado de la situación con el fin de solicitar personal al Director General de la
Policía Nacional:
“(…) teniendo en cuenta la problemática de desorden público que vive la región
de Urabá, y a sabiendas que (…) [ilegible] zona bananera está habitada en su mayor
parte por lo rural, en donde se nos han presentado muchos hechos de violencia
con muertes masivas de personas (…)
Mi General, como bien es de su conocimiento, el control operacional nos impone
condiciones las cuales no podremos lograr si no contamos con disponibilidad de
personal; además, el creciente índice delincuencial exige el aumento de la acción
de la fuerza pública para lograr contrarrestar este flagelo, y en los momentos
actuales solo estamos en condiciones de ayudar a [ilegible] los muertos que se
presentan.”111.
(Negrillas fuera del texto original).
El testimonio de la señora Sánchez —quien refirió ser oriunda de Apartadó e
igualmente desplazada112— señaló la presencia de múltiples actores armados,
108 Folios 217 a 219. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital.
109 Folios 335 a 336. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital.
110 Folios 332 a 334. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital.
111 Folio 340. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
112Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 1:16:20 a 1:17:15.
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incluido el Ejército Nacional:
“Apoderada demandantes: Usted señala que había presencia de grupos armados,
¿en la zona también había presencia de la fuerza pública?
Liria María Sánchez: Sí, señora. Pues sí, señora, había presencia de todas las
clases de grupos armados que uno quiera pensar. Unos porque hacen daño y
otros porque tratan de proteger, entonces de todas maneras ellos están en las
veredas.
Apoderada demandantes: ¿Puede informarnos si son miembros de la fuerza pública
o qué fuerzas habían [sic] allá? Cuando le hablo de fuerza pública le estoy hablando
de policía, ejército, armada.
Liria María Sánchez: No… el Ejército. Siempre se miraba al Ejército.”113.
(Negrillas fuera del texto original).
La preocupación sobre la seguridad de la zona fue tan grave que llegó a las
instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, el 17 de
diciembre de 1997 informó a la Ministra de Relaciones Exteriores la adopción de
medidas cautelares “para preservar la vida e integridad personal de los miembros
de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, con base en que:
“(…) los miembros de dicha comunidad han sido objeto de hostigamiento y
violencia desde el momento en que declararon su neutralidad en marzo del
presente año. Según la información recibida en la Comisión, 43 miembros de la
comunidad fueron asesinados durante este período. Más recientemente, el 12
de diciembre del presente año, fueron desaparecidos dos miembros de la
comunidad (…). La información en poder de la Comisión indica que los dos
campesinos fueron obligados a subir en una camioneta blanca en la que se
encontraban varios hombres armados. Los hechos ocurrieron a poca distancia
de la base militar que tiene instalada la Brigada XVII en el camino que conduce
del municipio de Apartadó al corregimiento de San José de Apartadó. (…)”114.
(Negrillas fuera del texto original).
De la anterior transcripción se destaca que los hechos delictivos cometidos por los
grupos al margen de la ley ocurrían, incluso, en cercanías a las bases militares del
Ejército, de manera que resulta poco probable que esta institución fuera ignorante
respecto de la situación de seguridad presentada en la zona durante esos años.
Ante el panorama fáctico que se deja plasmado, resulta evidente que la fuerza
pública —entiéndase, Policía y Ejército Nacional— sabía de la presencia de los
grupos al margen de la ley en la zona del Urabá antioqueño y de la consecuente
113 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 48:00 a 48:50.
114 Folio 360. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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alteración al orden público, contexto en el cual se estaban cometiendo
desapariciones forzadas, enfrentamientos y asesinatos masivos de personas.
En esta misma línea, para la Sala es diáfano que, dadas las particulares condiciones
de alteración al orden público del Urabá antioqueño que han quedado demostradas
—en particular, por la multiplicidad de actores irregulares que tenían presencia en
la zona y los numerosos eventos criminales que ocurrían de manera habitual
respecto de la sociedad civil— el desplazamiento de los habitantes de la región era
previsible para las entidades de la fuerza pública. En otras palabras, no era un
asunto ni sorpresivo ni esporádico para la Policía o el Ejército que las personas
abandonaran sus hogares y migraran a otro territorio con el fin de huir de la violencia
que se presentaba de manera cotidiana y, en últimas, para proteger su vida, libertad,
integridad, entre otros derechos fundamentales.
Por lo expuesto, —y contrario a lo alegado por las entidades en sus
contestaciones— debido al contexto, no era necesario que las víctimas presentaran
denuncias acerca de amenazas específicas de desplazamiento para que las
entidades conocieran de la problemática en la zona y el consecuente riesgo de
migración forzada.
32. Este conocimiento previo supone, en consecuencia, que dichas entidades
tenían la posibilidad —y la obligación legal— de tomar las medidas
correspondientes para evitar que se materializaran las amenazas de
desplazamiento, a través de la adopción de una política de hostigamiento en contra
de todos los grupos al margen de la ley, con lo cual habrían podido reducir la
presencia de los actores armados y mermado los efectos adversos del conflicto y,
por ende, —en relación de probabilidad— la familia demandante no se habría visto
abocada a desplazarse y abandonar su tierra.
33. La imputación del desplazamiento al Ministerio del Interior, de acuerdo la
demanda, se estructuró por virtud de la obligación prevista en el artículo 5.3.b de la
Ley 199 de 1995, según la cual esta cartera “dirigirá, coordinará y apoyará las
actividades de gobernadores y alcaldes en el mantenimiento del orden público y
fijará las políticas planes operativos y demás acciones necesarias para dicho fin”,
con lo relacionado con los derechos y las libertades fundamentales, el orden público,
la paz, la convivencia ciudadana y la protección del derecho de libertad de religión
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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y cultos. Además, porque, después de que el corregimiento de San José de
Apartadó se declaró “comunidad de paz”, el Ministerio le hizo seguimiento.
La Sala advierte que el Ministerio del Interior es la cabeza del sector de política
interior del Gobierno Nacional (art. 3 de la Ley 199 de 1995), en cuya virtud tiene
las funciones previstas en el artículo 2 de dicha ley, que se refieren a la formulación
y adopción de políticas públicas en el mantenimiento de las relaciones entre la
Nación y las entidades territoriales —en observancia de la autonomía territorial—,
los derechos fundamentales, el orden público, la paz, la convivencia ciudadana, los
derechos de los grupos étnicos, el normal desarrollo de los procesos electorales,
entre otros.
Se destaca, en consecuencia, que su labor en estos precisos temas es la de
formular las políticas públicas, sin que de esta entidad dependa el efectivo ejercicio
de los programas gubernamentales elaborados para los efectos. Lo anterior
repercute, entre otras, en que al Ministerio del Interior no le corresponde actuar en
calidad de fuerza pública, pues ni su naturaleza, objeto o funciones de cabeza del
sector tienen tales alcances, además de que, según los artículos 216 y 217 de la
Constitución Política, esta prerrogativa (del monopolio de la fuerza) recae de
manera exclusiva en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sin que el Ministerio
del Interior esté incluido en alguna de estas instituciones115.
En este sentido, si bien es cierto que —de la manera en la que se estructuró la
responsabilidad de la entidad en la demanda— el Ministerio del Interior cuenta con
legitimación por pasiva para actuar en el proceso, lo cierto es que, en el caso
concreto, no se probó —ni siquiera a través de indicios— que esta cartera conociera
de la verdadera dimensión del contexto de violencia del Urabá antioqueño alrededor
de 1997 y, más aún, que hubiera omitido adoptar medidas de políticas públicas que,
además —en una relación de causalidad adecuada—, de haberlas adoptado,
hubiera efectivamente evitado el desplazamiento de la familia demandante.
Ni siquiera el hecho de que el corregimiento de San José de Apartadó se hubiera
declarado “comunidad de paz” —hecho que está probado116—, ni que, en gracia de
115 Sobre el particular, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2020. Exp: 51315
116 Se destaca, al efecto, la “declaración relativa a las comunidades de paz en la región de Urabá –
corregimiento de San José de Apartadó”, firmada por la comunidad el 23 de marzo de 1997, a partir
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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discusión, el Ministerio hubiera “realizado un seguimiento” a ésta —sobre lo cual,
en cambio, no hay evidencia— permiten imputar el daño del desplazamiento de la
familia a esta entidad, en la medida en la que, se reitera, no existe evidencia de la
cual pueda derivarse que, de haber actuado de determinada manera en ejercicio de
sus funciones, la cartera hubiera evitado la concreción del daño.
En otras palabras, no se demostró que este daño en particular —concretado en el
desplazamiento de los demandantes— fuera de manera alguna resistible a partir de
una adopción genérica de políticas públicas por parte del Ministerio en materia de
orden público, en especial, teniendo en consideración la especial gravedad de la
problemática de seguridad que se presentaba en la zona del Urabá antioqueño.
Se recuerda que, en cualquier caso, al extremo activo le corresponde la carga de la
prueba de todos los elementos de la responsabilidad, al tenor del artículo 167 del
CGP, por manera que la relación de causalidad adecuada y la imputación no pueden
presumirse, y su falta de acreditación redunda en la imposibilidad de despachar
favorablemente las pretensiones.
2.3. Sobre la falla en el servicio de las entidades de la fuerza pública
determinante en la causación del daño
34. Teniendo en cuenta que el daño irrogado a los demandantes resultaba previsible
y resistible para las entidades de la fuerza pública (Ejército Nacional y Policía
Nacional), debe determinarse si éstas omitieron cumplir con su deber de protección
(tal y como fue definido en el respectivo acápite [número 1]), y si tal falencia dio
origen al desplazamiento comprobado.
Sobre este particular, la Sala halla abundante material probatorio que pone de
relieve el actuar irregular de las entidades de la fuerza pública en este contexto
espacio-temporal, en cuanto la Policía y el Ejército, no sólo no emprendieron
acciones eficaces para diezmar la presencia de los grupos al margen de la ley o
reducir los hechos violentos que éstos perpetraban en la región —que, a la postre,
de un proceso de consulta interna, en virtud de la cual se declaran actores neutrales en el conflicto
armado, que no tendrán relación directa o indirecta con las operaciones militares de ninguno de los
bandos del conflicto ni contará con el apoyo táctico o estratégico de éstos. (Folios 362 a 365. Índice
Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital). Igualmente, el documento elaborado por el
CINEP da cuenta de los pormenores históricos de la creación de esta comunidad de paz. (Folios 33
a 182. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital).
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Asunto: Reparación directa
hubieran mejorado la sensación de seguridad de los habitantes y evitado que se
desplazaran— sino que, por el contrario, actuaron en connivencia con los
paramilitares y cohonestaron activamente su presencia y actividad ilícita.
A este propósito, en el expediente obra la versión rendida por Hebert Veloza García,
comandante general del Frente Turbo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá (ACCU) ante la Fiscalía 17 Delegada (en su momento, la Unidad Nacional
para la Justicia y la Paz), el 29 de octubre de 2007, en la que sostuvo que:
“Con el EJÉRCITO realizamos también Patrullajes, Combates, [ilegible]
combates con la GUERRILLA, había coordinación para cualquier movimiento en
el área rural (…) yo directamente coordine [sic] muchas de esas acciones con el
Capitán Carvajal, había un Cabo que era GOYONECHE o GOYENECHE (…) que
era de ese mismo PELOTÓN y un Sargento que murió en un combate que no
recuerdo el nombre en este momento. Quienes coordinaban y había [sic] incursiones
con nosotros, en toda la zona de Influencia del BLOQUE. (…) Desde que llegamos
a Urabá contamos con el apoyo de la Fuerza Pública en el momento en el que
llegamos se coordinó tanto con la Policía como con Ejército. (…) Fueron
muchas [incursiones] (…) [por] Currulao, por los lados de Currulao o la Arenera, por
el Limón, por el Alto de Mulatos, por El YOQUI, por la vereda los Indios, todo ese
sector se patrulló en conjunto con tropas al mando del Capitán Carvajal y de sus
subalternos.”117.
(Negrillas fuera del texto original).
Más adelante complementó que, en el año 1995, en la zona comprendida entre
Arenera y el Alto —que corresponden a veredas cercanas al municipio de
Apartadó118—:
“Coordinamos siguió yendo a LA GUERRILLA, siguió entrando a donde
“MANTECO” con él hicimos una operación con EL EJÉRCITO, donde se
recuperaron gran cantidad de material de intendencia y unos videos. (…)”119.
(Negrillas fuera del texto original).
En otro aparte, sobre hechos acaecidos en 1995, manifestó que:
“Pero este HECHO señora FISCAL yo estoy seguro de que tuvo que haber sido
cometido por hombres bajo mi mando en Compañía con el EJÉRCITO y dejando
claro señora FISCAL que mi CORONEL MORANTES señora FISCAL tenía total
117 Folios 409 y 410. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo
1.
118 Según se evidencia en el mapa del aplicativo Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/Arenera/@7.9446462,-
76.7085556,11.18z/data=!4m6!3m5!1s0x8e507300566f0f41:0x9694ab407c7d9882!8m2!3d7.99608
57!4d-
76.6368288!16s%2Fg%2F11wwr0n_tj?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDIyMi4wIKXMDSoASAFQAw
%3D%3D
119 Folios 416 y 417. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo
1.
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Asunto: Reparación directa
conocimiento de que las TROPAS andaban con nosotros autorizados con
permiso de ellos”120.
(Negrillas fuera del texto original).
En esta misma declaración, confesó que:
“También señora FISCAL ACEPTO RESPONSABILIDAD por los
DESPLAZAMIENTOS, porque eso si [sic] es totalmente cierto de que para esa
época para el año 95, ese sector de, de, RURAL del Municipio de Turbo todo
fue deshabilitado por el CONFLICTO, porque como lo dijo ROBERT, quien NO era
al fin al EPL [sic] y cuando comenzó el conflicto fue casi toda la mayoría de la gente
que ando [sic] la zona”121.
(Negrillas fuera del texto original).
Se observa que, de acuerdo con las manifestaciones de este líder paramilitar, las
operaciones de las autodefensas en la región del Urabá antioqueño estaban
acompañadas y apoyadas por el Ejército y la Policía Nacional, además de que los
hechos delictivos implicaron que los habitantes de la región se desplazaran.
Elkin Casarrubia Posada, alias “El Cura”, según lo explicado por la Fiscalía, “narra
sobre una coordinación con el EJÉRCITO NACIONAL, en la que salen para una
operación conjunta al sector conocido como FILO DE RATÓN zona rural del
Municipio de Turbo Antioquia se tiene una confrontación con la GUERRILLA; hay
que precisar que estamos hablando de los años 1996-1997”. Al respecto, el
postulado mencionó, entre otras, que:
“Como a las seis de la tarde, como la tropa de OTONIEL del grupo de
AUTODEFENSAS que estaba para los lados de SAN JOSÉ, llegó de apoyo, con
un Pelotón del Batallón 33 de ahí nos balamos ese otro día por Nueva
Antioquia, esta tropa del EJÉRCITO, el grupo de OTONIEL que era de las
AUTODEFENSAS, y el BATALLÓN 33 ya es la tropa del Batallón 33 cogió la vía de
MULATOS, de MULATO ALTO y nosotros nos vinos para NUEVA ANTIOQUIA con
el EJÉRCITO. (…). Si ya los SUPERIORES sabían no tengo conocimiento. Tenían
que saber, de que los Helicópteros llegaron, nos dieron munición también a
nosotros, porque había gente esa [sic] tropa había gente con fusiles distintos a la
del Ejército.”122.
(Negrillas fuera del texto original).
Refiriéndose a la zona del Urabá antioqueño, el señor Casarrubia —después de
haber sido recordado que estaba declarando bajo la gravedad de juramento—
dispuso que:
120 Folios 422. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
121 Folios 422. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
122 Folios 410 a 416. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo
1.
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Asunto: Reparación directa
“Fiscal 17: Era consciente el general RITO ALEJO DEL RIO que sus tropas
patrullaban, hacían operaciones conjuntas y de la presencia de hombres armados
ilegales en la zona de la jurisdicción de la brigada al mando de él.
Postulado Raúl Emilio Hasbún: Sí señora fiscal, no solamente el General como
lo he venido diciendo, sino muchos otros miembros de la Brigada [XVII] y
también no solamente el General comandante de la brigada en esa época, yo me
atrevería a decir Doctora sin tener el listado de los generales desde el 96 hasta el
2004, fecha o época de mi pertenencia a la organización, que esa coordinación
fue, repito, no solamente con mi General Del Río, si no con todos los generales
de la Brigada o comandantes de la Brigada 17. (…) siempre existió
coordinación con los comandantes de la Brigada de todas esas épocas (…)”123.
(Negrillas fuera del texto original).
Es decir, según estas declaraciones, los altos mandos del Ejército tenían pleno
conocimiento de este actuar conjunto con las ACCU. Después refirió que la
comunicación y connivencia existía en todos los niveles de la organización:
“También a niveles bajos como los comandantes, las personas encargadas
directamente, por poner un ejemplo Nueva Colonia, Zungo donde habían [sic]
inspecciones de policía a niveles más bajo también coordinaban con los
Urbanos. Los vínculos entre las AUTODEFENSAS [sic] no era solamente
miembros del estado o algo, sino en el caso de Urabá o en el área donde yo
operaba era con absolutamente todo el mundo, con toda la clase Política,
Militar, policial, todo el mundo.”124.
(Negrillas fuera del texto original).
En otro apartado, la Fiscalía explicó, a partir de la versión de John Jairo Rentería
Zúñiga, alias “Betún”, que los paramilitares y el Ejército actuaban como una sola
fuerza militar:
“en el momento de que las AUTODEFENSAS iban a realizar una operación en zona
rural contra la GUERRILLA, y estos se reunían con el Ejército, actuaban como
una sola FUERZA MILITAR, es más, hasta llegaban al punto de decidir si el
EJÉRCITO acompañaba las tropas del AUTODEFDENSAS a realizar operaciones
conjuntas o NO. (…)”125.
(Negrillas fuera del texto original).
Igualmente, frente a la Policía, la Fiscalía advirtió que esta institución conocía del
actuar ilícito de los grupos que tenían presencia en la zona y les permitían incurrir
en sus actividades ilegales, siempre que removieran a los muertos de los centros
urbanos y se deshicieran de ellos, con el fin de no incrementar las tasas de
homicidios bajo su jurisdicción.
123 Folios 427 a 428. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo
1.
124 Folio 430. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
125 Folio 437. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
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Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
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Asunto: Reparación directa
“Es importante y teniendo en cuenta la Priorización frente al Postulado HERBERT
VELOZA GARCÍA dentro del PATRÓN DE MACROCRIMINALIDAD –
DESAPARICIÓN FORZADA, señalar cómo la Policía Nacional -APOYABAN a las
Autodefensas cuando estas ejecutaban sus acciones, es el caso, de los
homicidios que se cometían en zona Urbana de la municipalidad de Turbo, esto
llevaba a que se incrementaran los INDICES DE CRIMINALIDAD en los casos
Urbanos, lo que a solicitud de mandos de la Policía Nacional a los comandantes
de las Autodefensas, les pedían que los cadáveres fueran sacados de
perímetro Urbano y/o DESAPARECIDOS, y como contraprestación. La Policía
no intervenían [sic] y daba vía libre a estos integrantes criminales al momento
de cometer dicha conducta ilícita”126.
(Negrillas fuera del texto original).
Después de esta breve explicación, la Fiscalía copió la versión del postulado, quien
detalló que:
“Hay una gran responsabilidad de la fuerza pública que son los indirectos
responsables de esta modalidad de Las Fosas, porqué en Urabá comienzan a
haber una serie de homicidios todos los días entonces a los Comandantes se
les suben los índices de homicidios (…) a los Comandantes de la Policía y del
Ejército de la zona donde hacíamos presencia, se le empiezan a subir los índices
de homicidios y comienzan a ser presionados por sus jefes más altos o por los
medios o por diferentes entes tanto Gubernamentales como o [sic] ONG porque
están sucediendo estos hechos, entonces ellos comienzas [sic] a solicitarnos que
por favor no dejemos muertos en los Municipios, que no dejemos los muertos
tirados, si no que los desaparezcamos, y que los enterramos [sic], para que ese
índice no se suba tanto ahí es donde comienza a operar y a implementarse ese
modo de las FOSAS COMUNES y se va creciendo, porque ello muchas veces
permiten cometer el hecho pero con el compromiso de no dejarlos tirados por
ahí. (…) Eso yo creo cuando estuvo el furor de la GUERRA en Urabá en el 95
comienza esa práctica (…)”127.
(Negrillas fuera del texto original).
Si bien los anteriores no son testimonios rendidos en este proceso, y por lo tanto no
son susceptibles de valorarse como tales, se destaca que fueron declaraciones que
esas personas rindieron ante el proceso de Justicia y Paz, bajo la gravedad de
juramento128, que quedaron consignados en el informe de investigador de campo
elaborado por la Fiscalía Especializada en Justicia Transicional129, que se realizó
con el fin de “efectuar la relación de las versiones y de los minutos en los que los
Postulados hayan mencionado a integrantes de la Policía Nacional y del Ejército
Nacional como autores, partícipes, colaboradores o enlaces (…) en los hechos que
126 Folio 448. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
127 Folio 449. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
128 A diferencia de lo que ocurre con las entrevistas que no se rinden con esta formalidad, por lo que,
según lo explicado por esta Subsección, únicamente dan fe de que la persona rindió esa versión
ante una autoridad, sin que ello dé cuenta, necesariamente, de la veracidad de la información.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 11 de diciembre de 2024. Exp: 69.461.
129 Folio 408. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 1.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
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Asunto: Reparación directa
han sido confesados por estos Postulados”. Por lo expuesto, la Sala les dará el valor
de prueba documental, que acreditan que esas personas confesaron —bajo la
gravedad de juramento— ante una autoridad la comisión de estos hechos delictivos,
que además hacen parte de un documento sistematizado y comentado por la
Fiscalía General de la Nación.
En este orden de ideas, se advierte que tanto las declaraciones de dichos actores
del conflicto, como los comentarios que sobre ellos hizo la Fiscalía General de la
Nación, son coincidentes entre ellos, guardan relación y dan cuenta de las
condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se perpetraron estos hechos
delictivos, además de la aquiescencia de la fuerza pública, de modo que le permiten
al juzgador la certeza necesaria para acreditar que, como se anticipó al inicio de
este acápite, la Policía y el Ejército Nacional —contrario a cumplir con sus mandatos
constitucionales— se aliaron con los actores paramilitares, les brindaron apoyo, les
permitieron desarrollar las actividades ilícitas y, en múltiples casos, actuaron como
una sola unidad militar.
La Sala debe destacar que, de conformidad con las reglas de la experiencia del
conflicto colombiano, la presencia de los grupos al margen de la ley no se limita a
un municipio determinado, ni siquiera a un solo departamento, sino que se disemina
por las zonas —sin consideración a las fronteras geográficas—, de manera que su
actividad afecta regiones enteras. Esto fue lo que ocurrió en el Urabá antioqueño —
del cual hace parte el municipio de Apartadó y, a su turno, el corregimiento de San
José de Apartadó, junto con sus veredas—, primero, con las ACCU y, después, con
las AUC, como se soporta, por lo demás, con el informe de investigación de la
Fiscalía General de la Nación del 12 de junio de 2013 que se efectuó con el objeto
de investigar “los grupos ilegales armados que delinquen en jurisdicción del
Municipio de Apartado [sic]-Antioquia, para el año 1997 en el mes de abril de 1997,
que alteraran el orden público (homicidios, enfrentamientos armados, entre
otros”130.
Por esta virtud, las pruebas que se refieren a hechos delictivos en municipios
distintos a San José de Apartadó son, de cualquier manera, pertinentes en orden a
demostrar el contexto de violencia que vivían los habitantes de tal corregimiento y
130 Folios 469 a 486. Cuaderno 1. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo
1.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
sus veredas aledañas, en la medida en la que la problemática de orden público —
según lo demostrado— afectó toda la región del Urabá antioqueño.
35. Siendo así, no queda duda de que las entidades de la fuerza pública incurrieron
en una falla en el servicio que, además, fue determinante en la producción del daño
reclamado, en tanto la connivencia con la que actuaron —ciertamente— permitió a
los grupos de autodefensas extenderse por todo el territorio del Urabá antioqueño,
perpetrar masacres, desapariciones forzadas y otros crímenes, a partir de lo cual
infundieron el miedo y la zozobra entre los pobladores, quienes —además— no
tenían una autoridad militar o policial a la que recurrir, en virtud del mismo contexto
de vinculación.
En consecuencia, en criterio de la Sala, de haber cumplido sus deberes normativos,
la acción efectiva de despliegue de ofensiva militar por parte de la fuerza pública en
contra de todos los actores del conflicto —sin conformar alianzas ilícitas con ninguno
de ellos— habría interrumpido la cadena causal que condujo a que se perpetraran
los desplazamientos reclamados, de lo que se desprende que la falla en el servicio
fue determinante y resultó adecuada para la producción del daño.
36. No sobra traer a colación un oficio elaborado por la Brigada XVII del Ejército
Nacional del 28 de junio de 1999 en el que pone de presente la necesidad de
proteger a la comunidad de paz de San José de Apartadó131 y el del 28 de octubre
de 2000, que refiere la “temeraria acusación en los diferentes casos denunciados”
sobre su participación en hechos de violencia contra dicho corregimiento132, los
cuales, sin embargo, no tienen la virtualidad de desvirtuar las confesiones que al
respecto emitieron los actores paramilitares sobre la relación que tenían con esta
brigada en particular.
Es lógico que, en comunicaciones oficiales, el Ejército no manifestara su
involucramiento o relacionamiento con grupos al margen de la ley y, por el contrario,
se mantuviera en la posición de defender su inocencia y probidad; no obstante, el
valor probatorio del que gozan las confesiones de los miembros de los grupos de
autodefensas —según lo ya expuesto— permiten evidenciar que estos oficios no
recogen la realidad contextual de la región, por lo cual no se le dará credibilidad a
131 Folios 368 y 369. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10.
132 Folios 427 y 428. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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su contenido.
37. La Sala reconoce que el conflicto colombiano es complejo y multicausal y, por
ende, la argumentación que sustenta la decisión no pretende simplificar el contexto
en el que la guerra se ha engendrado y extendido, pero, de ninguna manera, puede
la justicia justificar el actuar ilegítimo de connivencia con el que la fuerza pública
abiertamente cohonestó y confabuló con los actores paramilitares en la región del
Urabá antioqueño y que resultó en la afectación de la población civil.
Por los mismos fundamentos —se reitera— se considera que la omisión de estas
entidades fue determinante en el desplazamiento sufrido por el extremo activo y, en
consecuencia, declarará la responsabilidad de la Policía y Ejército Nacional a título
de falla en el servicio.
38. Ahora, la Sala no desconoce que en la producción del daño del desplazamiento
el actuar ilícito del Ejército Nacional tuvo una mayor repercusión, en la medida en la
que los demandantes residían en una zona rural —la vereda La Unión—, que
corresponde al ámbito espacial en el que el Ejército actúa, puesto que la Policía,
por su parte, se estaciona en las zonas urbanas o las cabeceras municipales. De
esta manera, le correspondía en mayor medida al Ejército el hostigamiento a los
grupos armados en esa particular zona y, en consecuencia, la protección de la
población civil.
Además, en el proceso está demostrado que en el corregimiento de San José de
Apartadó únicamente se creó la estación de policía en abril de 2005133, pero no por
una pretermisión de la Policía, sino precisamente por decisión de la comunidad de
paz de San José de Apartadó, que durante muchos años se negó a permitir el
ingreso de la Policía, con el argumento de que no querían tener contacto con ningún
grupo armado, incluso legal, sumado a que la Policía se convertía en un objetivo de
las tomas guerrilleras134. Por esta virtud, esta institución tenía una menor capacidad
para resistir el daño efectivamente causado.
133 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 37.
134 Ver, entre otras, el acta de reunión de la Procuraduría General de la Nación (folio 441s y 442.
Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10), el acta 398 del Ejército
Nacional que da cuenta de una reunión sostenida con miembros de la comunidad el 21 de febrero
de 2000 (folio 454. Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10) y el oficio
del 24 de mayo de 2000 de la secretaría de Gobierno del municipio de Apartadó (folio 468. Índice
Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 10).
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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En estos términos, se declarará la responsabilidad solidaria de la Policía Nacional y
el Ejército Nacional, quienes, en consecuencia, deberán indemnizar los perjuicios
que se hayan reclamado y probado en este proceso.
3. Conclusión
39. En atención al problema jurídico esbozado, se concluye que el daño del
desplazamiento forzado que sufrieron los demandantes resulta imputable al Ejército
Nacional y a la Policía Nacional, sin que la responsabilidad del Ministerio del Interior
resulte comprometida. Por lo anterior, se modificará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se condenará solidariamente a las entidades de la fuerza
pública a indemnizar los perjuicios que, a continuación, se reconozcan.
4. Reconocimiento y liquidación de los perjuicios
40. Sea lo primero recordar que las pretensiones condenatorias derivadas de la
muerte y desplazamiento de Bellanira Areiza no serán estudiadas, en cuanto estas
pretensiones fueron elevadas inoportunamente.
41. Respecto del desplazamiento, se reclamaron perjuicios morales a favor de todos
los demandantes, en calidad de víctimas directas, por un total de 150 salarios
mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. Por los daños a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados, solicitaron la misma
suma a su favor. En cuanto a los perjuicios materiales, suplicaron el reconocimiento
del lucro cesante a favor de Huber Antonio Areiza y Teresa de Jesús Guzmán,
porque alegaron que, en su finca, tenían unos sembrados, equinos y ganado, todo
lo cual les proporcionaba unos ingresos de $450.000 pesos mensuales, sumado al
30% de prestaciones legales, ascendía a $585.000 pesos mensuales para estos
dos demandantes.
4.1. Lucro cesante
42. De acuerdo con el artículo 1614 del Código Civil, “por lucro cesante, la ganancia
o provecho que deja de reportarse (…)”. Respecto de la indemnización de este
perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección unificó su criterio en sentencia del
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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2019135, en el siguiente sentido:
“2.1 Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante
2.1.1 Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la
demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento oficioso por
parte del juez de la reparación directa; así, lo que no se pida en la demanda no
puede ser objeto de reconocimiento alguno.
2.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por
concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o,
de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos 177 del C. de P. C.
y 167 del C.G.P.). (…).
2.2. Parámetros para liquidar el lucro cesante (…)
2.2.2 Ingreso base de liquidación
El ingreso base de liquidación deber ser lo que se pruebe fehacientemente que
devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente del ejercicio de la
actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos.
Para que la prueba del ingreso sea suficiente, debe tenerse en cuenta que, si se
trata de un empleado, se debe acreditar de manera idónea el valor del salario que
recibía con ocasión del vínculo laboral vigente al tiempo de la detención; al respecto,
debe recordarse que los artículos 232 (inciso segundo) del Código de Procedimiento
Civil y 225 del Código General del Proceso señalan que: ‘Cuando se trate de probar
obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta
de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las
circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la
calidad de las partes justifiquen tal omisión’ (negrillas de la Sala).
El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente acreditado y
para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros contables que
debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos percibidos
por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a
expedirlas , las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que
satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado
cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso.
2.2.3 Aplicación del salario mínimo legal mensual
Cuando se acredite suficientemente que la persona privada injustamente de la
libertad desempeñaba al tiempo de su detención una actividad productiva lícita que
le proporcionaba ingresos y que no pudo continuar desempeñando por causa de la
detención, pero se carezca de la prueba suficiente del monto del ingreso devengado
producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una
ama de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro
cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación
directa, lo cual se aplica teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en
la ley 100 de 1993, ese es el ingreso mínimo o el salario base de cotización al
135 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencia del 18 de julio de 2019. Exp: 44.572. M.P. Carlos Alberto Zambrano. Si bien la unificación
se refiere a un asunto de privación injusta de la libertad, lo cierto es que los parámetros para el
reconocimiento del perjuicio son extensibles a todos los eventos de reparación de daños.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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sistema general de seguridad social (artículos 15 y 204) y, además, que el artículo
53 constitucional ordena tener en cuenta el principio de la ‘remuneración mínima
vital y móvil’ y que, según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, ‘… el
salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a las
necesidades normales y a las de su familia’. (…)
2.2.4 Incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales
Se puede reconocer un incremento del 25% al ingreso base de liquidación, por
concepto de prestaciones sociales, siempre que: i) así se pida en la demanda y ii)
se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado
al tiempo de la detención, pues las pretensiones sociales son beneficios que
operaran con ocasión de una relación laboral subordinada.
Así, se debe acreditar la existencia de una relación laboral subordinada, de manera
que no se reconoce el incremento en mención cuando el afectado directo con la
medida de aseguramiento sea un trabajador independiente, por cuanto, se insiste,
las prestaciones sociales constituyen una prerrogativa en favor de quienes tienen
una relación laboral subordinada, al paso que los no asalariados carecen por
completo de ellas.”.
(Subrayados fuera del texto original).
Esta postura fue ulteriormente reiterada por la Subsección C en la sentencia del 3
de noviembre de 2022 (Rad. 52160)136, en la cual se resolvió un caso con
características fácticas análogas a la del caso examinado.
Respecto a la existencia y monto de los perjuicios materiales, la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2019 (Rad. 44572) estableció la necesidad de
determinar criterios uniformes para el reconocimiento y liquidación del perjuicio
material de las personas privadas de la libertad y de sus familias. No obstante, dicha
providencia concluyó que los criterios allí adoptados serían aplicables “a todos los
eventos en los que le corresponde al juzgador determinar la existencia y el monto
de perjuicios materiales de la misma clase”.
Aunque el caso objeto de unificación versaba sobre privación injusta de la libertad,
la Sala Plena extendió expresamente las reglas relativas a la existencia y cuantía
de los perjuicios patrimoniales a todos los supuestos fácticos, inclusive el
desplazamiento forzado.
136 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado: 52160, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
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Asimismo, la providencia redefinió los parámetros para el reconocimiento del lucro
cesante y eliminó las presunciones jurisprudenciales137, para exigir la prueba del
perjuicio. En ese sentido la Sala determinó que:
“La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la
carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe
conducir, necesariamente, a denegar su decreto.
Los perjuicios materiales solo pueden decretarse previo estudio motivado y razonado
que tenga en cuenta las pretensiones y las pruebas aportadas por la parte; así, solo
se puede conceder al demandante el perjuicio reclamado, a partir de la apreciación
razonada y específica que el juzgador realice de los medios probatorios obrantes en
el expediente”.
Con fundamento en dicha jurisprudencia de unificación y en aplicación del artículo
167 del CGP138, todo perjuicio patrimonial —incluido el lucro cesante en casos de
desplazamiento forzado— debe ser acreditado de manera obligatoria, so pena de
ser denegado.
En consonancia con lo anterior, esta Subsección en sentencia del 3 de noviembre
de 2022, acogió los criterios unificados y negó el reconocimiento del lucro cesante
en favor de las víctimas de desplazamiento forzado, al concluir que no se
demostraron los perjuicios reclamados “dado que no se allegaron al proceso los
soportes contables del negocio en el que participaban ni existe prueba que acredite
que la siembra de cultivos y cría de animales constituía una actividad productiva
generadora de ingresos económicos a favor del causante José Evelio Gallo y de
los demandantes Heriberto de Jesús Londoño (…).
De igual forma, la sentencia mencionada determinó que:
“En punto al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante,
resulta oportuno reiterar la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección
Tercera139, que eliminó ‘las presunciones que han llevado a considerar que la
indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su
existencia’ y, en consecuencia, determinó que solo habrá lugar a reconocer tal
perjuicio: 1) a partir de la demostración de la ruptura de una relación laboral anterior o
137 “La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a
considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su
existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior
o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la
privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no
derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.”
138 ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
139 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 44572.”
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada o ii) a
partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una
relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.”
En ese mismo sentido, la doctrina respecto a la prueba del perjuicio ha establecido
que: “[L]a existencia del perjuicio cuya reparación se reclama debe ser demostrada
por el demandante. Solo en este evento puede recurrir a la equidad para establecer
su extensión y, con base en ella, la cuantía de la reparación, si su prueba resulta
imposible.”140
43. En el proceso quedó acreditado —a través de los testimonios— que el señor
Huber Areiza proveía los ingresos de la casa a través de la actividad agricultora y
agraria. Al respecto, el señor Usuga manifestó:
“Apoderada demandante: Usted puede informarnos, por favor, ¿qué hacía o de
dónde obtenía asistencia el señor Huber y su familia en La Unión?
Luis Aníbal Usuga: Sí, eso sí me doy cuenta, porque él era riero [sic], sembraba
maíz, sembraba frijol, tenía cacahueteras, aguacates, mejor dicho, él era un
trabajador bastante fuerte para trabajar.
Apoderada demandante: Cuando él vivía en la vereda de La Unión ¿Dónde vivían?
¿En casa propia? ¿En casa arrendada?
Luis Aníbal Usuga: Tenía una finca.
Apoderada demandante: ¿Tenía una finca? ¿Y en la finca vivía él con quiénes?
Luis Aníbal Usuga: Con la familia.
Apoderada demandante: ¿Cuándo usted dice la familia, a quién se refiere?
Luis Aníbal Usuga: Con los hijos y la muchacha, y todos ellos vivían allá. Pero sí
que trabajaba, claro que sí, bastante.”141.
(Negrillas propias).
De manera coincidente, la señora Sánchez refirió:
“Apoderada demandante: Cuando don Huber [inaudible] ¿ellos vivían en casa
arrendada?
Liria María Sánchez: En casa propia… Ellos vivían en casas de madera y de zinc.
Porque como vivían en la finca y ellos vivían era de pancoger [sic]. Como lo que se
cultiva el campesino. Siempre es plátano, yuca, todo lo que se llame pancoger [sic].
140 M’Causland Sánchez. María Cecilia. Equidad Judicial y responsabilidad extracontractual. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia. 2019. Pág. 502.
141 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 22:42 a 24:20
67
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Apoderada demandante: ¿Pero lo sacaban para otras personas?
Liria María Sánchez: No, ellos de eso vivían. Él producía las cosechas de maíz
para vender, para comprar los alimentos. Y también engordaban cerdos y todo
eso. Entonces, de eso vivían.”142.
(Negrillas propias).
E, igualmente, la testigo Duarte:
“Apoderada demandante: ¿Y usted puede contarnos si cuando ellos vivían allá en
la unión vivían en casa propia o en casa arrendada?
Ana Clariza Duarte: Vivían en casita propia.
Apoderada demandante: ¿Y esa casita era sola la casita o tenían terreno?
Ana Clariza Duarte: Tenía el terrenito donde estaba la casa y también la finca donde
trabajaban. Porque ellos cosechaban. (…) ah y bestias.
Apoderada demandante: ¿De qué vivían ellos? Cuéntenos.
Ana Clariza Duarte: Ellos vivían del cacaíto que tenían en la finca. Sembraban
frijoles, sembraban maíz, sembraban yuca. Ellos sembraban de todo.”143.
(Negrillas propias).
En criterio de la Sala, los tres testimonios no dan cuenta de que esa actividad le
generaran un rendimiento económico o constituyera una fuente productiva de
ingresos en favor de Huber Areiza, pues no hay elementos de juicio adicionales que
así lo demuestren.
Como consecuencia de lo anterior, en aplicación de la sentencia de unificación y
de la providencia de la Subsección C antes citadas, la Sala negará el
reconocimiento del lucro cesante, en la medida en que el perjuicio no fue de
mostrado, conforme lo exige el artículo 167 del CGP.
4.2. Perjuicios morales
44. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección144, el desplazamiento forzado,
por antonomasia, causa perjuicios morales:
142 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 52:32 a 53:14.
143 Audiencia de testimonios del 16 de mayo de 2023. Índice Samai 2 del Consejo de Estado.
Expediente digital. Archivo 50. Grabación: aproximadamente minutos 1:17:31 a 1:18:26.
144 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
enero de 2006. Exp: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B. Reiterado en sentencia del 15 de
agosto de 2007. Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG).
68
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
“(…) constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño
moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la
desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido
como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto
poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física
o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de
ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes
se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran
sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos
fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional145”.
(Negrillas fuera del texto original).
En oportunidades más recientes, se ha reconocido que:
“(…) las reglas de la experiencia permiten inferir que las víctimas de graves
violaciones a los derechos a la vida, la integridad física y la dignidad humana, como
las que se han acreditado en este proceso [relativos al desplazamiento forzado
masivo], padecen perjuicios morales individuales146. En el mismo sentido, la Corte
IDH ha reconocido que es natural de la condición humana que toda persona
sometida a tratos contrarios a la integridad personal y al derecho a una vida digna
experimente un profundo sufrimiento, angustia, miedo e inseguridad, por lo que este
perjuicio no requiere más prueba de la que sirvió para acreditar el daño mismo147.”148.
45. En este sentido, se accederá al reconocimiento de los perjuicios morales a favor
145 Cita original: “Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, sentencia T-1635 de 2000. En
sentencia T-1215 de 1997 ha dicho esa Corporación: ‘No existe duda sobre la violación continua de
los derechos de las personas obligadas a migrar de su lugar de origen y cuya circunstancia de
vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos efectos materiales de
quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su vida e
integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que
conlleva el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera,
impide que los afectados reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica
y económica’. Criterio que más recientemente esa Corte reiteró en sentencia T-721 de 2003 al
señalar: ‘También la Corte ha destacado que las heridas físicas y afectivas generadas por el
desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil recuperación, los que se agravan al
tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida digna, que les ofrecen
las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo, habrá de
señalarse que el desplazamiento –de acuerdo con los estudios realizados al respecto- conlleva
abruptos cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a éstas a menudo les
corresponde asumir solas la reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los
hombres enfermos e incapacitados, no pocas veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar
al desplazamiento, como también de niños y ancianos, atemorizados e inermes’.”
146 Cita original: “Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sala doce Especial de Decisión,
Sentencia de 1 de octubre de 2019 expediente 2003-03502-02 (AG).”
147 Cita original: “Entre otras, ver, Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, Corte IDH. Caso ‘Instituto de Reeducación
del Menor’ Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. Como se explicó al principio de esta providencia, todos
estos derechos nombrados en clave individual tienen un correlato más o menos equivalente en el
estatuto constitucional de los pueblos indígenas. En este caso se acreditó que el pueblo de Mondó
Mondocito fue víctima de graves violaciones a sus derechos a la pervivencia física y cultural y
aumentó exponencialmente su riesgo de extinción por su desterritorialización y las condiciones en
que debieron sobrevivir durante el desplazamiento.”
148 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de
marzo de 2022. Exp: 64094 (AG). También citado en la sentencia del 2 de junio de 2021. Exp: 27001-
23-33-003-2014-00046-01(AG).
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
de Huber Antonio Areiza, Teresa de Jesús Guzmán Puerta, Reinys Johana Guzmán
Puerta, John Kenedy Guzmán Puerta, Maribel Areiza Guzmán, Davinson Areiza
Guzmán y María del Carmen Puerta.
Conforme lo anterior, la Sala condenará por los perjuicios morales sufridos por todos
los demandantes —tasados conforme al arbitrio iuris149—, por un equivalente de 50
salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno.
4.3. Daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados
46. Esta Sección tiene dicho que este daño se caracteriza por:
“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos
contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones
o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo
tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un
efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y
convencionales.
iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está
condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los
perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento
previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos
de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica
particular.
iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos
del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la
afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar
y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y
convencionales.”150.
(Negrillas fuera del texto original).
Su procedencia se justifica en la necesidad de restablecer plenamente a la víctima
en el ejercicio de sus derechos, de manera individual y colectiva, en las condiciones
existentes antes de la ocurrencia del daño y propende por establecer garantías de
149 Esta Corporación no ha establecido topes indemnizatorios para daños morales causados por
eventos de desplazamiento forzado, por lo que la tasación corresponde al arbitrio iuris. Entre otras,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
enero de 2006. Exp: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B; 15 de agosto de 2007, Exp; 19001-23-
31-000-2003-00385-01(AG); 3 de mayo de 2013, Exp. 32274; 1° de agosto de 2016, Exp. 36080; 30
de noviembre de 2017, Exp. 47370; 31 de agosto de 2017, Exp. 41187; 1° de junio de 2017, Exp.
34707; 23 de marzo de 2017, Exp. 50941; 12 de julio de 2017, Exp. 43637.
150 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencia del 28 de agosto de 2014. Exp. 32988.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
no repetición y la realización efectiva de la igualdad sustancial151. Asimismo:
“Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no
pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no
indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación
integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas
o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la
víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta
100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido
reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse
por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o
derecho afectado.
(…) se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas
y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las
medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la
dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos
humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no
repetición y las demás definidas por el derecho internacional.”152.
(Negrillas fuera del texto original).
La Sala considera que la reparación del daño que acá se debate se entiende
satisfecha con los reconocimientos que anteceden, sin que se evidencie la
necesidad de emitir medidas no pecuniarias y pecuniarias adicionales, máxime
cuando no surgen elementos de juicio que hagan imperativa su prosperidad, por lo
cual no se reconocerá esta tipología.
5. Costas
47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 1 de su artículo 365, establece que “se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto”, sumado a que el numeral 5 determina que “[e]n caso
de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar
en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su
decisión”. De acuerdo con el numeral 8, éstas sólo se reconocerán “cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
151 Ibidem.
152 Ibidem.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
De acuerdo con el artículo 361 ibidem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia, según las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, que, para este asunto, se rigen por el Acuerdo 10554 de 2016.
En el presente asunto se modificará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia en el sentido de confirmar lo relativo con la declaratoria de caducidad de
la pretensión relacionada con la muerte y desplazamiento de Bellanira Areiza, y se
accederá a los cargos de los demandantes respecto de la revocatoria de la decisión
de caducidad del desplazamiento forzado de los demás demandantes para, en su
lugar, declarar la responsabilidad de la Policía y Ejército Nacional. En estos
términos, se advierte que la demanda prosperó parcialmente, así como el recurso
de apelación presentado por la parte activa, de manera que la Policía y el Ejército
Nacional resultaron vencidos en el proceso.
En estos términos, se se le condenará en costas a estas entidades, por la segunda
instancia, al prosperar parcialmente el recurso de apelación impetrado por la parte
actora.
En la fijación de las agencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere, con apego a lo dispuesto en el Acuerdo 10554 de 2016 153,
que dispone:
“(…) Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho
se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes
relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la
sentencia.
(…) Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS
DECLARATIVOS EN GENERAL. (…).
En primera Instancia
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
(Negrillas fuera del texto original).
153 La demanda se presentó el 11 de octubre de 2017. El Acuerdo 10554 fue expedido y publicado
el 5 de agosto de 2016 y entró a regir para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia
de acuerdo con las tarifas establecidas por el Acuerdo del Consejo Superior de la
Judicatura, que estarán a cargo de las entidades demandadas, teniendo en
consideración la suma de las pretensiones económicas, las conductas desplegadas
por las partes y que las pretensiones prosperaron sólo parcialmente.
En estos términos, fija las agencias en 1 SMLMV a favor de la demandante, en la
medida en la que presentó el recurso de apelación, que resultó parcialmente
exitoso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, disponer:
“1°.- DECLARAR probada la excepción de caducidad de las pretensiones
relacionadas con el desplazamiento y la muerte de Bellanira Areiza, por los
motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
2°.- DECLARAR la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional,
por el desplazamiento sufrido por Huber Antonio Areiza, Teresa de Jesús
Guzmán Puerta, Reinys Johana Guzmán Puerta, John Kenedy Guzmán
Puerta, Maribel Areiza Guzmán, Davinson Areiza Guzmán y María del
Carmen Puerta de su domicilio en la vereda La Unión, en la región del Urabá
antioqueño, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
3°.- CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional solidariamente a reparar los
perjuicios sufridos por Huber Antonio Areiza, Teresa de Jesús Guzmán
Puerta, Reinys Johana Guzmán Puerta, John Kenedy Guzmán Puerta,
Maribel Areiza Guzmán, Davinson Areiza Guzmán y María del Carmen
Puerta con ocasión del desplazamiento.
4°.- CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por los perjuicios
morales, un equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
a cada uno de los siguientes demandantes, Huber Antonio Areiza, Teresa de
Jesús Guzmán Puerta, Reinys Johana Guzmán Puerta, John Kenedy
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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02486-03 (72812)
Demandante: Teresa de Jesús Guzmán y otros
Demandado: Nación–Ministerio de Defensa–Ejército
Nacional y otros
Asunto: Reparación directa
Guzmán Puerta, Maribel Areiza Guzmán, Davinson Areiza Guzmán y María
del Carmen Puerta.
5°.- CONDENAR en costas a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a favor de los
demandantes, Huber Antonio Areiza, Teresa de Jesús Guzmán Puerta,
Reinys Johana Guzmán Puerta, John Kenedy Guzmán Puerta, Maribel
Areiza Guzmán, Davinson Areiza Guzmán y María del Carmen Puerta, que
se liquidarán de manera concentrada por el juez de primera instancia,
teniendo en cuenta que las agencias fueron fijadas para la segunda instancia
en 1 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las costas, incluyendo
las agencias, deberán ser pagadas en partes iguales por el extremo pasivo,
a favor de los miembros del extremo activo señalados anteriormente, en
iguales proporciones.
7°.- NEGAR las demás pretensiones.”
SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Con Aclaración de Voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE154
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Con Aclaración de Voto
154Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
74
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