Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-02528-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-02528-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2017-02528-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
16 de julio de 2026
Radicado: 05001-23-33-000-2017-02528-01 (30155)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02528-01 (30155)
Demandante: Empresas Públicas de Medellín ESP
Demandado: Municipio de Itagüí
Temas: Costas procesales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia
del 21 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
decidió (índice 30):
Primero: Declarar la nulidad de las Resoluciones 27184, del abril 11 de 2016 y 18053, del 04 de mayo de 2017,
por medio de las cuales el demandado profirió la liquidación oficial de revisión del ICA y su complementario de
avisos y tableros del periodo gravable 2012 a cargo de la actora.
Segundo: Declarar en firme la declaración presentada el 22 de abril de 2013 por la actora, en materia del ICA y
su complementario de avisos y tableros, por el año gravable 2012. En consecuencia, la actora no está obligada
a pagar la sanción por inexactitud impuesta.
Tercero: Ordenar al municipio a título de restablecimiento del derecho, devolver toda suma que, adicional a la
declaración presentada el 22 de abril de 2013 por la actora, haya recibido por concepto del ICA y su
complementario de avisos y tableros por el año gravable 2012…, dichas sumas deberán ser indexadas.
Cuarto: Condenar en costas y agencias en derecho al municipio. Se fijan las agencias en derecho en la cuantía
del 3% de las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Con la Liquidación Oficial de Revisión 27184, del 11 de abril de 2016 (ff. 382 a 387 caa)1,
el demandado modificó la autoliquidación del ICA (impuesto de industria y comercio) del
año gravable 2012 presentada por la actora el 22 de abril de 2013 (f. 203 caa), para
determinar el impuesto por las actividades de generación, distribución y transmisión de
energía eléctrica con la tarifa del 10‰ y sancionar por inexactitud; decisión que confirmó
en la Resolución 18053, del 04 de mayo de 2017 (ff. 412 a 415 caa).
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones:
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Los antecedentes administrativos fueron aportados por el demandado en los documentos digitales contenidos en el CD del folio 258.
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1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Liquidación Oficial de Revisión 27184,
del 11 de abril de 2016, … a cargo de la actora como responsable del ICA y su complementario de avisos y
tableros … del año gravable 2012; y (ii) Resolución 18053, del 04 de mayo de 2017, … por medio de la cual se
resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la actora.
2. Que se declare en firme la declaración presentada el 22 de abril de 2013 por la actora por concepto del ICA
ante el municipio demandado por el año gravable 2012.
3. Que se declare que la actora no está obligada a pagar la sanción por inexactitud impuesta.
4. Que a título de restablecimiento del derecho, el municipio devuelva a la actora toda suma que por concepto
del ICA haya pagado, con intereses comerciales.
5. Que se condene en costas al demandado.
Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 338 y 363 constitucionales; 33 de
la Ley 14 de 1983; 196 del CRM (Código de Régimen Municipal, Decreto Ley 1333 de
1986); 574 del Acuerdo 06 de 2007; y 350 del Acuerdo 30 de 2012, alegando el concepto
de violación que a continuación se resume (ff. 11 a 26):
Sostuvo que su contraparte desconoció la regla de correspondencia entre el acto previo
y la liquidación acusada porque en el primero propuso una base gravable sustentada en
hechos que no estaban acreditados, que fue modificada sustancialmente en la segunda.
También, planteó que en los actos demandados se aplicó retroactivamente la tarifa del
impuesto prevista en el Acuerdo 30 de 2012, que aún no había iniciado su vigencia en el
periodo gravable 2012, en el cual regía el Acuerdo 06 de 2006, que preveía una tarifa
inferior. Por ende, se opuso igualmente a la sanción por inexactitud que se le impuso.
Contestación de la demanda
El demandado se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 240 a 257). Manifestó haber
respetado todas las garantías procesales de la demandante y que las tarifas del impuesto
establecidas en el Acuerdo 30 de 2012 eran aplicables al caso porque entraron en vigor
el 27 de diciembre, circunstancia por la cual consideró que debían tenerse en cuenta para
determinar el impuesto que se declaraba en 2013, independientemente del año de
causación de los ingresos gravados. Solicitó que se condenara en costas a la actora.
Sentencia apelada
El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas al municipio
(índice 30). Negó que este hubiera transgredido el debido proceso, pero juzgó que se
aplicaron retroactivamente al periodo 2012 las disposiciones del Acuerdo 30 de 2012. En
consecuencia, condenó en costas al demandado por haber sido vencido en el proceso y
fijó las agencias en derecho en el 3% de las pretensiones de la demanda.
Recurso de apelación
El demandado apeló la decisión del a quo únicamente en relación con la condena en
costas (índice 32), alegando que en el expediente no obraba prueba de su causación.
Sostuvo que esa decisión no podía fundarse en el hecho objetivo de haber resultado
vencido en el proceso, sino que exigía verificar que las costas efectivamente se hubieran
causado, circunstancia que estimó que no estaba acreditada en el proceso, por lo que su
imposición conllevaba una carga económica injustificada que afectaba los recursos
públicos. Añadió que, en todo caso, el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
excluía la condena en costas cuando quiera que la controversia dependiese de un cambio
normativo o jurisprudencial sobreviniente.
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Pronunciamientos sobre el recurso
La demandante guardó silencio (índice 24). El ministerio público pidió revocar la condena
en costas impuesta al demandado porque no habría prueba de su causación (índice 23).
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- De conformidad con el único cargo de apelación formulado contra la sentencia del a
quo, juzga la Sala la procedencia de la condena en costas impuesta al demandado, en la
medida en que este alega que no se encontraba probada la causación de las costas y
que la nulidad de los actos acusados obedeció a un tránsito normativo.
2- Al pronunciarse sobre las costas, el tribunal consideró que el artículo 188 del CPACA
consagró un criterio objetivo para su imposición, de acuerdo con el cual esa consecuencia
recae sobre la parte vencida en el juicio, siempre que su contraparte haya intervenido en
el proceso, salvo que en este se ventile un interés público. Por tanto, condenó en costas
al demandado y tasó las agencias en derecho en un monto equivalente al 3% de las
pretensiones de la demanda, atendiendo a lo previsto en el artículo 366 del CGP (Código
General del Proceso, Ley 1564 de 2012) y en el Acuerdo del Consejo Superior de la
Judicatura PSAA16-10554 de 2016.
El apelante controvierte esa decisión, para lo cual plantea que la condena en costas no
puede fundarse en el hecho objetivo de haber resultado vencido en el proceso, sino que
hace falta probar que efectivamente se causaron las costas, so pena de someterlo a una
carga económica injustificada que afectaría los recursos públicos que administra. En este
sentido, insiste en que en el caso no está demostrada la causación de las costas e invoca
en su favor el criterio que acogió la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia del 22 de febrero de 2018 (exp. 0372-2017, CP: Sandra Lisset
Ibarra Vélez), según el cual no cabría condenar en costas a la parte vencida cuando la
decisión del caso se funde en un cambio normativo o jurisprudencial, como estima que
ocurre en el presente asunto, en el cual el debate versó sobre la aplicación en el tiempo
de las normas que regulan la tarifa del ICA.
3- Frente a ese cargo de apelación, se debe poner de presente que en la sentencia del
23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón), esta Sección llevó a
cabo un detallado análisis normativo y jurisprudencial de los parámetros jurídicos que
rigen la imposición de la condena en costas, a partir del cual fijó el criterio de decisión
judicial que al respecto se emplea en los asuntos contencioso-administrativos bajo su
conocimiento. En esa medida, la apelación debe fallarse conforme a lo expresado en ese
precedente, en el cual se hicieron las siguientes consideraciones:
13.5- … teniendo en cuenta la remisión expresa que hace el artículo 188 del CPACA a las normas
procesales generales, la Sala considera que la decisión sobre la condena en costas en la sentencia
(y su posterior liquidación por secretaría para que la apruebe o rehaga el a quo mediante auto cuando
finalice el proceso) se rige por los preceptos que se encuentran en los artículos 361 a 366 del CGP.
Bajo la primera de esas normas, las costas procesales comprenden dos conceptos diferenciables:
en primer lugar, «las expensas y gastos que se han sufragado durante el proceso» y, en segundo
lugar, «las agencias en derecho».
Si bien ambos componentes deben tasarse «con criterios objetivos y verificables en el expediente»,
dichos criterios no son uniformes para uno y otro, porque la liquidación de lo correspondiente a las
expensas sufragadas en el proceso se rige por lo dispuesto en el ordinal 3.º del artículo 366 del
estatuto procesal; en cambio, «las agencias en derecho» se someten a lo que prescribe el ordinal
4.º del mismo artículo.
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13.6- Acerca de las expensas y gastos del proceso, aluden a la necesidad de que la parte vencida
resarza los gastos judiciales que tuvo que asumir su contraparte para obtener la declaración judicial
a su favor, al margen de cuál haya sido la conducta con que concurrió al proceso la parte vencida.
Pero de esta carga económica se excluyen las erogaciones incurridas para la contratación de
servicios de apoderamiento judicial, porque estas se rigen por una regla especial que es la del
reconocimiento de las agencias en derecho, en los términos previstos en el ordinal 4.º del artículo
366 del CGP, aun si se litigó en causa propia, sin apoderado (ordinal 3.º ibidem).
Así, los «gastos sufragados durante el curso del proceso» (artículo 361 del CGP), que habrá que
comprobar, se circunscriben a los honorarios de los auxiliares de la justicia, los gastos del proceso
que haya decretado el a quo al admitir la demanda, los gastos de transporte y alimentación
requeridos para realizar diligencias judiciales por fuera del despacho del juez y demás cuestiones de
ese orden. Conforme al ordinal 3.º del artículo 366 del CGP, la liquidación de estas expensas no solo
depende de la demostración de su realidad, sino de la valoración que sobre su utilidad haga el juez
y, en el caso de los peritos contratados directamente, habrá que tener en cuenta su razonabilidad y
que el valor no supere los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura para la
remuneración de los auxiliares de la justicia.
13.7- Respecto de la indemnidad económica de quien triunfó en el litigio, por los gastos de
apoderamiento judicial en que haya incurrido, el ordenamiento procesal se desliga de la
demostración de la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales y de la cuantía
de los honorarios pactados. El alcance de la condena en costas en este aspecto se restringe al monto
que proceda a reconocer a título de «agencias en derecho», de acuerdo con los artículos 361 y 366
del CGP.
En el precepto del ordinal 4.º de esta última norma, el juez debe reconocer las agencias en derecho
y liquidarlas aplicando las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en función del
tipo de proceso del que se trate y del mayor o menor despliegue procesal que se haya requerido por
parte de quien ganó el pleito. De suerte que, dentro del marco de decisión que fije el Consejo Superior
de la Judicatura mediante Acuerdo, habrán de graduarse las agencias en derecho procedentes en
cada caso, considerando aspectos propios del proceso que se haya adelantado, como su naturaleza,
duración y cuantía, pero, también, la calidad de la gestión realizada por el apoderado o por la parte
que litigó personalmente.
Atendiendo a esas prescripciones del CGP, esta Sala tiene claro que el reconocimiento del segmento
de la condena en costas correspondiente a las agencias en derecho no depende de que se pruebe
haber contratado la prestación de servicios de apoderamiento judicial; y que el monto de esas
agencias en derecho no guarda ninguna relación con la prestación económica a la que tenga derecho
el apoderado de la parte vencedora en el juicio. Por ese motivo, para adoptar en cada proceso una
decisión sobre la procedencia y cuantía de la condena en costas, carece de relevancia probatoria la
demostración sobre la contratación de servicios de procura judicial o de los honorarios pactados con
quien ejerció el apoderamiento, que era lo que antes se exigía por cuenta de los precedentes de la
Sección que existían sobre la materia. De este modo, con fundamento en el expreso mandato del
ordinal 4.º del artículo 366 del CGP, la Sala rectifica su posición sobre la necesidad de acreditar los
gastos de representación judicial para el reconocimiento de agencias en derecho, pues el
apoderamiento judicial oneroso no constituye un hecho que sea objeto de prueba al efecto. A cambio
de ese criterio instaurado desde las sentencias del 09 de marzo de 2017, exps. 21718 y 21753, CP:
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E), la Sala establece que, en lo que atañe al componente de las
agencias en derecho, siempre habrá lugar a esa parte de la condena en costas, sin que haga falta
prueba alguna, a condición de que exista una parte vencida en el juicio o a la que se le resuelva
desfavorablemente el recurso interpuesto (ordinal 1.º del artículo 365 del CGP).
En suma, en la condena en costas, el componente de gastos del proceso dependerá de
aquellos rubros pertinentes al juicio y razonables cuya causación se demuestre al a quo,
mientras que las agencias en derecho se supeditan a lo dispuesto mediante Acuerdo, por
el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que ese segmento de la condena en costas
no requiere que esté demostrada su causación.
Así, contrariamente a lo esgrimido por el recurrente, no cabe entender que la condena en
costas que le impuso el tribunal, en aquello que corresponda a las agencias en derecho,
constituye «una carga económica injustificada», pues cuenta con fundamento legal y
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tiene desarrollo en los preceptos proferidos por el órgano al que constitucionalmente se
le asignó la función de gobernar y administrar la Rama Judicial (artículos 257 Superior y
75 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia).
Por otra parte, con relación al argumento del recurrente en el sentido de que en su caso
la condena en costas impuesta afectaría los recursos públicos que administra, la Sala
tiene en consideración los análisis que sobre ese particular desplegó en su día la Corte
Constitucional en la sentencia C-539 de 1999 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz), al juzgar
que contrariaba la Carta la norma incorporada en el artículo 1.° del Decreto 2282 de 1989,
que eximía a la nación y a las entidades territoriales de que se les condenara a pagar
agencias en derecho. En esa ocasión, el máximo intérprete de la Constitución determinó
que, aunque podría alegarse que la finalidad de ese tipo de normas era «la de proteger
los recursos fiscales de las entidades públicas», en últimas se afectaba el derecho a la
igualdad de las partes que concurren al proceso, razón que hacía necesario ponderar la
legitimidad constitucional de ese privilegio público, pues para que constitucionalmente
pueda avalarse la disminución del principio de igualdad sobre la cual se erige, «se
requiere que la norma sea verdaderamente útil, necesaria y proporcionada», al margen
de la finalidad legítima que persiga. En el estudio que allí se hizo, se observó que la
exoneración que contemplaba la norma no era necesaria porque, para lograr el objetivo
de protección de los recursos públicos, existían otro tipo de medidas, menos costosas
para el principio de igualdad. Determinó en ese juicio que la exoneración a las entidades
públicas de tener que asumir las agencias en derecho «es absolutamente
desproporcionada» porque «crea un desequilibrio notorio en la distribución de las cargas
públicas», pues «el pago de las agencias en derecho está destinado a restablecer la
equidad perdida por causa del Estado y no constituye una dádiva o un privilegio a favor
de quien tuvo que acudir a un proceso para defender sus derechos o intereses»; doctrina
que no ha variado en la jurisprudencia de esa Alta Corte.
Así las cosas, acudir a la invocación de la naturaleza pública de los recursos con cargo a
los cuales se asumirá el pago de la condena en costas, para eximir de esa consecuencia
al demandado, no es constitucionalmente procedente.
Este juicio de la Sala tampoco se ve alterado por la jurisprudencia que cita en su favor el
apelante (i.e. la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado del 22 de febrero de 2018, exp. 0372-2017, CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez), ya
no solo porque el auténtico precedente jurisprudencial sobre la materia aplicable en los
casos que juzga esta Sección es otro (i.e. la mentada sentencia del 23 de septiembre de
2025, exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón), sino porque, según se observa, en el fallo
de la Sección Segunda no se adoptó la regla de exoneración de la condena en costas
que le atribuye el recurrente. Lo que consideró fue que este instituto se basa en un criterio
objetivo que prescinde del examen de la conducta procesal de las partes y en un criterio
valorativo, referido a la verificación de su causación; de suerte que, atendiendo al criterio
objetivo, para el caso serían indiferentes las razones por las cuales el tribunal anuló los
actos demandados –que estarían relacionadas con la normativa del impuesto aplicable
en el periodo revisado– y atendiendo al criterio valorativo, se debe verificar la causación
de cada uno de los componentes de las costas de manera diferenciada, en los términos
en los que ya se explicó.
No prosperan los cargos de apelación dirigidos a que se revoque la imposición de la
condena en costas de la primera instancia, que recaen sobre la parte vencida en el
proceso.
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6- Sin perjuicio de lo anterior, advierte la Sala que el a quo tasó las agencias en derecho
en un 3% de las pretensiones de la demanda, atendiendo a la redacción que para la
época en que profirió la sentencia tenía el artículo 5.º del Acuerdo PSAA16-10554 del
Consejo Superior de la Judicatura, del 05 de agosto de 2016, que rige la graduación de
dichas agencias; pero ocurrió que durante el trámite de esta segunda instancia se le
adicionó a dicho artículo un ordinal 11 (Acuerdo PCSJA25-12355, del 28 de noviembre
de 2025) que prescribe una regla específica para el caso de los procesos en los que se
discutan asuntos tributarios. Conforme a la disposición incorporada en la letra b) del
ordinal 11, de la actual redacción del artículo 5.º, en los juicios de los que sean
competentes en primera instancia los tribunales administrativos, las agencias en derecho
de la primera instancia se tasarán «entre el 3 % y el 7.5 % del valor de las pretensiones,
sin llegar a superar nunca el monto de seis (6) salarios mínimos mensuales legales
vigentes». En esa medida, si bien para la Sala el porcentaje determinado por el a quo es
acertado, con motivo del límite que fijó la nueva norma, corresponde modificar el ordinal
cuarto de la sentencia apelada para incluir la advertencia de que el monto resultante no
podrá superar seis (6) SMMLV.
Conclusión
7- Como contenido interpretativo de la presente providencia, la Sala reitera que, en los
procesos adelantados por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
procede la condena en costas a cargo de la parte vencida en el juicio. Al efecto, los gastos
sufragados durante el proceso requieren demostración y su liquidación corresponde al
juez de primera instancia una vez ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso;
mientras que las agencias en derecho proceden siempre a favor de la parte vencedora y
deben liquidarse conforme a las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Costas
8- De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP (Código General del
Proceso, Ley 1564 de 2012), se condenará en costas a la parte vencida en el proceso.
Como no prosperó el recurso de apelación interpuesto por el demandado vencido en el
proceso, se condenará en costas de esta instancia a esa parte. La Sala tasará las
agencias en derecho en un (1) SMMLV (artículo 5.° del Acuerdo PSAA16-10554, del 05
de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura) y le ordenará al tribunal tramitar
el incidente de liquidación, en los términos del artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia apelada. En su lugar:
Cuarto: Condenar en costas al demandado. Las agencias en derecho se fijan en el 3% de las
pretensiones de la demanda, sin exceder de seis (6) SMMLV.
2. Condenar en costas al demandado en esta instancia y fijar las agencias en derecho
en el equivalente a un (1) SMMLV. En consecuencia, se le ordena al tribunal que le dé
trámite al respectivo incidente, según lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
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3. Reconocer personería a Danilo Mazo Cano como apoderado de la parte demandada
conforme al poder conferido (índice 32).
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclaro voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
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