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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-02728-01

Fecha
28 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2017-02728-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2017-02728-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

28 de agosto de 2026

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02728-01 (30430)
Demandante: Construcciones El Cóndor S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02728-01 (30430)
Demandante: Construcciones El Cóndor S.A.
Demandada: SENA

Tema: Contribución FIC. Base gravable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 16 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que resolvió2:

Primero: Declarar la nulidad de la Resolución 0349 del 8 de febrero de 2017, expedida por el director
regional del SENA de Antioquia, por medio de la cual se determinó un mayor tributo (contribución FIC)
más una sanción (intereses moratorios) a pagar por Construcciones El Cóndor S.A. por el periodo
septiembre – diciembre de 2009 y, la Resolución 003885 del 26 de mayo de 2017, acto administrativo
expedido por el director regional del SENA de Antioquia, por medio del cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución 0349, confirmándola.

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, declarar que la sociedad Construcciones El Cóndor
S.A. no adeuda suma alguna por concepto de contribuciones con destino al FIC por el periodo septiembre
– diciembre de 2009.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: Sin condena en costas.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Resolución 00349 del 8 de febrero de 20173, el SENA determinó a cargo de
Construcciones El Cóndor S.A. la contribución FIC4 del periodo septiembre a diciembre
del año 2009, en la suma de $363.476.2275. Contra este acto se interpuso recurso de
reposición, decidido por la Resolución 003885 de 26 de mayo de 20176, en el sentido de
confirmarlo.

Demanda

Frente a los actos administrativos demandados —Resoluciones 00349y 003885 de 2017,
expedidas por el SENA—, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
1
Samai Tribunal, índice 39.
2
Samai Tribunal, índice 34.
3
Pg. 163 a 175: anexos de la demanda.
4
Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción.
5
FIC ($157.539.121) e intereses ($205.937.106).
6
Pg. 206 a 226: Anexosde la demanda.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02728-01 (30430)
Demandante: Construcciones El Cóndor S.A.

derecho previsto en el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones:

I. Principales:

PRIMERA: Que se declare la excepción de inconstitucionalidad a partir de los argumentos expuestos en los
capítulos tercero y quinto de la presente demanda.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión, se declare la nulidad de los actos administrativos
demandados.

TERCERA: Concedida la segunda pretensión de las principales y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que El Cóndor no se encuentra obligada a pagar la contribución FIC determinada por el SENA ni la
sanción (intereses moratorios) conexa a la cuantía descrita.

CUARTA: Como consecuencia de las anteriores pretensiones, ordenar al SENA la expedición del paz y salvo
una vez se produzca sentencia definitiva.

II. Si las Principales no prosperan, de manera subsidiaria y conforme al orden que se detalla a continuación:

PRIMERA: que se declare la excepción de ilegalidad y se inapliquen las siguientes disposiciones, por las
razones expuestas en los capítulos tercero y quinto de la presente demanda:

a) Numeral segundo del artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012.

b) Último inciso del único parágrafo del artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012.

c) Artículo 6 del Decreto reglamentario 83 de 1976.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión, declarar la nulidad de las actuaciones
administrativas acusadas.

TERCERA: En el evento de no prosperar la primera pretensión de las subsidiarias, la defensa solicita que se
declare la nulidad de los actos administrativos acusados con fundamento en los cargos: primero y segundo
que hacen parte de las consideraciones de tipo legal clasificadas en el capítulo tercero de la presente acción
jurisdiccional.

CUARTA: concedida la tercera pretensión de las subsidiarias y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que El Cóndor no se encuentra obligada a pagar la contribución FIC determinada por el SENA ni la
sanción (intereses moratorios) conexa a la cuantía descrita.

QUINTA: Como consecuencia de las pretensiones tercera y cuarta de las subsidiarias, ordenar al SENA la
expedición de paz y salvo una vez se produzca sentencia definitiva.

SEXTA: En el evento de no prosperar la tercera pretensión de las subsidiarias, la defensa solicita que se
declare la nulidad de los actos administrativos acusados con fundamento en el cargo: quinto que hace parte
de las consideraciones de tipo legal clasificadas en el capítulo tercero de la presente acción jurisdiccional.

SÉPTIMA: concedida la sexta pretensión de las subsidiarias y a título de restablecimiento del derecho, se
declare que El Cóndor no se encuentra obligada a pagar la contribución FIC determinada por el SENA ni la
sanción (intereses moratorios) conexa a la cuantía descrita.

OCTAVA: Como consecuencia de las pretensiones sexta y séptima de las subsidiarias, ordenar al SENA la
expedición del paz y salvo una vez se produzca sentencia definitiva.

NOVENA: En el evento de no prosperar la sexta pretensión de las subsidiarias, la defensa solicita que se
declare la nulidad parcial de los actos administrativos acusados con fundamento en los cargos: tercero, cuarto,
sexto y séptimo que hacen parte de las consideraciones de tipo legal clasificadas en el capítulo tercero de la
presente acción jurisdiccional.

Invocó como vulnerados los artículos 4, 29, 95.9, 215 inc. 3 y 338 de la Constitución; 9 y
12 de la Ley 153 de 1887; 4 y 6 del Decreto Legislativo 2375 de 1974; 47 (parágrafo) de
la Ley 137 de 1994; 156 de la Ley 1151 de 2007; 3, 40 y 137 de la Ley 1437 de 2011;
178 y 180 de la Ley 1607 de 2012; 717 y 730.3 del ET (Estatuto Tributario); 34 del Código
Sustantivo del Trabajo; 6 y 8 del Decreto 83 de 1976; 3 del Decreto 1047 de 1983; 7 de

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la Resolución 1449 de 2012, y 1, 2 y 3 del Decreto 3033 de 2013, bajo el siguiente
concepto de violación7:

Los actos acusados adolecen de nulidad por la inconstitucionalidad sobreviniente de los
artículos 4 y 6 del Decreto Legislativo 2375 de 1974, los cuales perdieron validez ante las
nuevas exigencias de los artículos 215 (inc. 3) y 338 de la Constitución de 1991,
encaminadas a salvaguardar los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica, en
cuanto no fueron incorporados al ordenamiento jurídico actual a través de una ley que le
atribuyera el carácter de permanente a la contribución FIC, creada de manera transitoria
durante un estado de emergencia económica, como ocurrió con otras contribuciones a la
parafiscalidad que, al momento del tránsito constitucional, mantuvieron su validez jurídica
en cuanto nacieron a partir de una ley -contribuciones con destino al SENA, al régimen de subsidio
familiar y al ICBF: Leyes 21 de 1982 y 89 de 1988. Estos argumentos guardan congruencia con
el parágrafo del artículo 47 de la Ley 137 de 1994 —que prevé que, durante el estado de
emergencia, el Gobierno puede establecer nuevos tributos o modificar los existentes, y que tales medidas
dejan de regir al finalizar la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les
otorgue carácter permanente— y las tesis jurisprudenciales de la Corte Constitucional (C-155
de 2003) y el Consejo de Estado (expedientes 10029, 20328 y 20323).

Se debe inaplicar el artículo 7.2 de la Resolución 1449 de 2012 por violación al principio
de legalidad tributaria, toda vez que no existe disposición constitucional o legal que faculte
al director general del SENA para aplicar la tarifa del 0.25% sobre los ingresos derivados
de la actividad constructora que realiza la compañía, para calcular la contribución FIC.
Ante la inaplicación de la referida norma, deviene irregular la determinación del tributo,
por lo que procede la nulidad de los actos demandados, dado que se formaron aplicando
una tarifa que no está prevista en la ley.

Es inaplicable el artículo 6 del Decreto 83 de 1976, en virtud de la trasgresión al artículo
338 de la Constitución, porque con la expedición de esta norma el presidente excedió su
facultad de reglamentar la contribución al FIC, puesto que en ninguno de los artículos 4
y 6 ni en el restante articulado del Decreto 2375 de 1974, se previó como base gravable
en los contratos de construcción celebrados con entidades de derecho público el «valor
que aparezca en el contrato correspondiente».

Es inaplicable el último inciso del parágrafo del artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012,
por vulneración a los artículos 29 y 338 de la Constitución, en cuanto el SENA excedió
sus facultades al establecer una responsabilidad solidaria —que en materia tributaria debe estar
consagrada en una disposición legal o constitucional— entre el propietario de la obra y los
contratistas y subcontratistas independientes, que no fue prevista en los artículos 4 y 6
del Decreto 2375 de 1974, ni en el artículo 6 del Decreto 83 de 1976. La entidad determinó
contribuciones al FIC a cargo de la actora por actividades de la construcción realizadas
por contratistas y subcontratistas independientes que le suministraron bienes y servicios
por medio de contratos que no eran de administración delegada. Y no hay subsidiariedad,
en razón de que el SENA, pese a conocer quién realizó el acto gravado con ocasión de
la información entregada, no demostró haber adelantado el proceso de fiscalización
contra los 156 contratistas independientes, verdaderos sujetos pasivos del tributo.

Los actos acusados son nulos dado que, conforme al último inciso del artículo 8 del
Decreto 83 de 1976, cada sujeto descrito en la norma es responsable de su carga
tributaria según la modalidad contractual. Por ello, la sociedad no estaba obligada a
liquidar la contribución al FIC a partir de los costos pagados a cada contratista y

7
La demandante solicitó la suspensión provisional de los actos acusados, medida cautelar que, previo traslado a la demandada, fue
negada por auto del 31 de enero de 2018. Samai tribunal, índice 10.

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subcontratista con los que hubiere celebrado un negocio jurídico diferente a la
administración delegada por el año fiscal 2009.

Los actos acusados adolecen de nulidad porque la demandada no tenía competencia
para determinar la contribución al FIC a cargo de la actora para el periodo fiscal 2009.
Con la entrada en vigencia de los artículos 156 de la Ley 1151 de 2007, 178 y 179 de la
Ley 1607 de 2012, y 2 y 3 del Decreto 3033 de 2013, se configuró la derogatoria parcial
del artículo 3 del Decreto 1047 de 1983, por lo que desapareció la facultad que se le
había otorgado al SENA para liquidar la contribución al FIC, siendo la UGPP quien tiene
la potestad de adelantar las acciones de determinación de las «contribuciones de la
parafiscalidad». Por ello, la demandada debió remitir el resultado del proceso de
fiscalización a la UGPP para que esta profiriera y notificara los actos de determinación
de la contribución al FIC. Además, para la fecha en la que se notificó el acto de
determinación -Resolución 00349 de 2017-, había operado la caducidad consagrada en el
artículo 717 del ET respecto del periodo 2009.

Destacó que el SENA interpretó de manera errónea los artículos 4 del Decreto Legislativo
2375 de 1974 y 8 del Decreto Reglamentario 083 de 1976, al cuantificar la base gravable
a partir de los ingresos netos percibidos por la constructora, cuando lo ajustado a derecho
es calcular la base sobre el valor de cada obra —concepto que comprende la suma de todos los
pagos que con cargo a una obra determinada hacen el propietario o el contratista, menos los gastos de
financiación, impuestos e indemnizaciones a terceros y el valor del lote sobre el cual se erige la
construcción—. La entidad, a partir de la información contable aportada como prueba en la
vía administrativa, podía hallar los pagos por cada obra para calcular la base gravable,
por lo que no procedía integrarla a partir de los ingresos netos, situación que afectó la
tasación de la contribución a cargo de la sociedad.

Es inexistente la responsabilidad solidaria aplicada por el SENA a partir de la errada
interpretación del artículo 4 del Decreto Legislativo 2375 de 1974. El artículo 34 del CST
define que el contratista independiente es quien detenta la calidad de empleador; por lo
tanto, se entiende que el sujeto pasivo de la contribución al FIC es la persona que tenga
la connotación de empleador, siempre y cuando la contratación no se haga bajo la figura
de administración delegada. Los negocios jurídicos celebrados entre la actora y los
contratistas durante el año 2009 no atendían a dicha modalidad contractual, circunstancia
que no fue desvirtuada por la entidad. La base gravable de las contribuciones parafiscales
es la nómina del empleador, característica concomitante con la contribución al FIC, al
prever las normas aplicables que «los trabajadores en obra» y el «pago de los jornales y
subcontratos de servicios», son actos esenciales en la determinación del tributo discutido. Al
estar prevista la sujeción pasiva en función de «los empleados y su remuneración», la
constructora no es quien debe cumplir con la obligación tributaria, en atención a que no
ostenta la calidad de verdadero empleador de los trabajadores destinados a las labores
de construcción que se desarrollaron por medio de contratistas y subcontratistas
independientes, como lo ha conceptuado Camacol.

Los actos acusados adolecen de falta de motivación porque no se indicó, en atención a
lo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 2375 de 1974, a partir de qué
momento se computaba la exigibilidad del tributo determinado, y desde cuándo y hasta
qué fecha se tasaron los intereses moratorios.

Contestación de la demandada

La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones
que denominó «ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales» por no explicarse con

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suficiencia el concepto de la violación, «legalidad de los actos administrativos demandados:
aplicación del principio de presunción de legalidad», «inexistencia de los vicios de nulidad alegados» e
«inexistencia de causa jurídica», estas tres últimas sustentadas en la correcta aplicación de
las normas que regulan la contribución al FIC.

En cuanto al fondo del asunto, estimó que los reparos formulados contra los actos
acusados, que se pueden calificar como vicios de normas sustantivas, falsa motivación y
desviación de poder, no están llamados a prosperar, toda vez que el SENA actuó con
competencia —artículos 15 de la Constitución, 3 del Decreto 1047 de 1983, 4 del Decreto 562 de 1990
y 113 de la Ley 6 de 1992— y garantizó el debido proceso y el derecho de defensa al adelantar
el proceso de fiscalización, determinación y cobro de la contribución al FIC del año 2009
a cargo de la actora, proceso diferente al que adelantó la UGPP, en ejercicio de lo previsto
en el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, frente a las obligaciones de seguridad social y
parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación), que estaban en mora.

La entidad no determinó que existía solidaridad entre la demandante y sus
subcontratistas; lo que hizo fue, con fundamento en el artículo 7 de la Resolución 1449
de 2012, el cual prevé dos formas de liquidar la contribución al FIC 8, efectuar una
liquidación presuntiva a cargo de la constructora respecto de los aportes de los
subcontratistas de obra, dado que, durante el proceso de fiscalización, no aportó
información que permitiera comprobar el pago hecho por estos. En esta liquidación, el
«valor de las obras» comprende la suma de todos los pagos que, con cargo a una obra
determinada, hace el propietario o el contratista principal —descontando los gastos de
financiación, impuestos e indemnizaciones, y el valor del lote sobre el cual se levanta la construcción—,
de lo cual se desprende que es este el responsable de la contribución sobre el costo total
de la obra, en los casos en que no se demuestre que sus subcontratistas sufragaron los
aportes al FIC. Para la liquidación 052016-005 del 29 de febrero de 2016, que sirvió de
soporte al acto de determinación, se tomaron los ingresos de la cuenta 4130 menos las
devoluciones y descuentos de la cuenta 4175, y se les aplicó la tarifa presuntiva del
0.25%, y a ese resultado se le descontaron los pagos que la empresa efectuó durante el
periodo discutido, lo que dio como resultado la cifra de $363.476.227, que se mantuvo en
la resolución que resolvió el recurso de reposición para no hacer más gravosa la situación
de la actora, pese a que se estableció un valor superior.

Sostuvo que el proceso de fiscalización inició con el comunicado 2-2014-017161 del 22
de junio de 2014, en el que se informó que se revisarían las bases de liquidación de
aportes al SENA y la contribución al FIC, el cual interrumpió el término de la prescripción
extintiva (10 años), y el término de caducidad de la acción de cobro inició a correr a partir
del momento en que quedó en firme el acto de determinación.

Sentencia apelada

El tribunal accedió a las pretensiones principales de la demanda y no condenó en costas9.
Para resolver, acogió el criterio expuesto por el Consejo de Estado en la sentencia del 12
de agosto de 2021 (exp. 24616, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto), dictada en un proceso entre
las mismas partes con identidad fáctica y jurídica, por un periodo distinto.

8
1) Conforme al número de trabajadores: un salario mínimo legal mensual vigente por cada 40 y proporcionalmente por fracción de
40 y, 2) liquidación presuntiva, en caso de no poderse demostrar el número de trabajadores, que parte de la presunción legal de que
la industria de la construcción destina un 25% de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios, caso en
el cual la contribución se liquida a una tarifa del 0.25% del valor de las obras que se ejecuten directamente o por medio de
subcontratistas.
9
Samai Tribunal, índice 34. No condenó en costas por no estar acreditadas.

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Frente a la competencia de la demandada, indicó —como se señaló en la providencia que
reitera— que se probó que los actos acusados fueron expedidos por el SENA, entidad
legalmente facultada para administrar, recaudar y fiscalizar la contribución al FIC, que se
diferencia de las contribuciones parafiscales generales cuya competencia recae en la
UGPP. Además, no operó la caducidad de la facultad fiscalizadora, ya que el término
aplicable para la determinación de la contribución es el de la prescripción ordinaria de 10
años (artículo 2536 del Código Civil) y no el de 5 años del ET, con lo cual, los actos por el
periodo 2009 se expidieron dentro de dicho plazo.

Y en cuanto a la determinación de la base gravable de la contribución, acorde con el
precedente, advirtió que la demandada la calculó sobre los ingresos obtenidos por la
compañía durante el año 2009 -cuentas 413010, 413095, 417501-, sin atender, conforme a la
normativa aplicable, los pagos efectuados por el número de trabajadores contratados
para las obras, lo que implica considerar los gastos operacionales de personal, o bien,
los costos incurridos por la sociedad durante la ejecución de dichas obras. En el presente
caso, al no haberse comprobado el número de trabajadores empleados, procedía que la
demandada aplicara la forma de liquidación presuntiva, la cual debía calcular en función
de los costos pagados por la demandante, observando para ello la cuenta contable 6130
-costos de ventas por construcción-. Así, concluyó que la inadecuada fijación de un elemento
esencial del tributo vició de nulidad los actos acusados.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión del tribunal y solicitó condenar en costas a la
demandante. Estimó que no era viable, como lo interpretó el a quo, fijar la base gravable
de la contribución al FIC en función de los costos pagados por la compañía durante la
ejecución de las obras, observándose para tal efecto la cuenta contable 6130 -costos de
ventas por construcción-, toda vez que la misma se debía calcular con base en el «valor de las
obras». Que las obras ejecutadas por la actora no eran propias y, por ello, tomó como
base el total de las cuentas de los ingresos de las actividades de la construcción -cuentas
413010, 413095, 417501-, ya que, a su modo de ver, estos son los costos en que incurrió el
propietario principal o dueño de la obra, por lo que la base gravable se ajustaría a los
lineamientos legales. Reiteró que, como en el proceso de fiscalización la actora no
entregó la información solicitada, hizo una liquidación presuntiva -052016-005 del 29 de
febrero de 2016- en la cual se tomaron los ingresos de la cuenta 4130 menos las
devoluciones y descuentos en ventas de la cuenta 4175, y a esta base se le aplicó la
tarifa del 0.25%; al valor total liquidado se le descontaron los pagos hechos por la actora
durante la vigencia discutida, lo cual arrojó la suma de $363.476.227.

Pronunciamientos finales

Las partes y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo al cargo de apelación
planteado por la demandada -apelante única-, contra la sentencia de primera instancia
que accedió a las pretensiones principales de la demanda, sin condenar en costas. En
concreto, corresponde establecer si la base gravable determinada por el SENA para fijar
la contribución al FIC a cargo de la actora se ajustó a la normativa aplicable.

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Análisis del caso concreto

2- El tribunal, acogiendo el criterio expuesto en la sentencia del 12 de agosto de 2021
(exp. 24616, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto), dictada en un proceso entre las mismas partes
con identidad fáctica y jurídica al aquí discutido, pero por un periodo distinto, concluyó
que la base gravable determinada por la demandada fue inadecuada en cuanto se calculó
sobre los ingresos obtenidos por la compañía durante el año 2009 -cuentas 413010, 413095,
417501-, en lugar de calcularla en función de los costos pagados por la demandante,
observando para ello la cuenta contable 6130 -costos de ventas por construcción-, método
aplicable bajo la liquidación presuntiva al no haberse comprobado el número de
trabajadores.

La recurrente cuestiona la interpretación hecha por el a quo para fijar la base gravable de
la contribución al FIC en función de los costos pagados por la compañía durante la
ejecución de las obras, esto es, observándose la cuenta contable 6130 -costos de ventas
por construcción-, toda vez que se debería calcular con base en el «valor de las obras». Que
las obras ejecutadas por la actora no eran propias y, por ello, tomó como base el total de
las cuentas de los ingresos de las actividades de la construcción -cuentas 413010, 413095,
417501-, ya que, a su modo de ver, estos son los costos en que incurrió el propietario
principal o dueño de la obra, por lo que la base gravable se ajustó a los lineamientos
legales.

En orden a definir el debate y teniendo en cuenta que la Sección, en la sentencia proferida
en el expediente 24616, en un proceso entre las mismas partes con identidad fáctica y
jurídica al aquí discutido, por un periodo distinto, se refirió a la determinación de la base
gravable para calcular la contribución al FIC bajo el sistema de liquidación presuntiva,
reiterará, en lo pertinente, el criterio expuesto en dicha providencia10.

De conformidad con lo establecido en el artículo 411 del Decreto Ley 2375 de 1974, las
personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción de manera
ocasional o habitual están obligadas al pago de un aporte al SENA, equivalente al medio
por ciento (1/2%) del valor de las obras que ejecuten directamente o a través de
subcontratistas. La disposición normativa así descrita enmarca uno de los elementos
sustanciales del tributo, como lo es la base gravable, la que gira en torno a los pagos en
los que se incurre durante la ejecución de las labores destinadas estrictamente a la obra
o construcción, trátese de pagos realizados directamente por el contratante o por
intermedio de quienes obran como subcontratistas.

En ese contexto, la base gravable de la contribución al FIC está determinada por la
nómina de trabajadores empleados en cada obra, o el costo total de la respectiva mano
de obra, que se tomará en aquellos casos en los cuales no sea posible establecer el
número de trabajadores utilizados en la realización de las obras dirigidas por el sujeto
obligado al pago del tributo (liquidación presuntiva). Se trata entonces de una base
constituida específicamente por el medio por ciento (1/2%) de los pagos efectuados
durante la ejecución de las obras, lo que, naturalmente, implica la salida de recursos
destinados a la remuneración por mano de obra.

10
Sentencia del 12 de agosto de 2021 (exp. 24616, CP. Stella Jeannette Carvajal Basto, actor Construcciones El Cóndor SA).
11
Artículo 4 del Decreto Ley 2375 de 1974. Se presume que la industria de la construcción destina para la realización de los trabajos
que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios.
En consecuencia, las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción deberán pagar en cada año fiscal,
como aporte al Servicio Nacional de Aprendizaje, el medio por ciento (1/2%) del valor de las obras que ejecuten directamente o a
través de subcontratistas.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02728-01 (30430)
Demandante: Construcciones El Cóndor S.A.

Bajo la técnica contable, y cuando sea posible verificar el número mensual de
trabajadores que laboran en cada una de las obras, esos pagos se pueden reflejar en las
cuentas de gastos operacionales de personal (cuenta 510512), que muestran aquellos
emolumentos ocasionados por concepto de la relación laboral existente, de conformidad
con las disposiciones legales vigentes, o, inclusive, pueden llevarse como provisiones en
la cuenta del pasivo del ente económico, cuando los pagos laborales por mano de obra
se hallan pendientes de ser entregados o consignados a los trabajadores.

Entre tanto, cuando la determinación de la base gravable no pueda establecerse por el
número mensual de trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo la
responsabilidad del sujeto pasivo, lo procedente será aplicar la liquidación presuntiva en
función del costo que corresponde a la suma de todos los pagos que con cargo a una
obra determinada realice el propietario o contratista principal, descontando los gastos de
financiación, impuestos e indemnizaciones a terceros, al igual que el costo del lote sobre
el cual se levanta la construcción13.

En el sub examine, la demandada determinó la contribución al FIC a cargo de la actora por
medio de la Resolución 0349 del 8 de febrero de 2017, en la que, sobre la forma de
calcular la base gravable, expuso lo siguiente:

«Que en la liquidación número 052016-005 de febrero 29 del 2016, se tomó como base de las liquidaciones de
FIC, los ingresos de la cuenta 4130 menos las devoluciones y descuentos en ventas cuenta 4175 y a estas
bases se les aplicó la presuntiva del 0.25%. Al valor total liquidado se le descontó todos los pagos de FIC que
la empresa Construcciones El Cóndor había efectuado durante la vigencia objeto de revisión ya descrita.

BASES DE INGRESOS APLICADOS A LIQUIDACIÓN FIC 052016-005:

ANEXO A INFORME TÉCNICO SOBRE BASES DE LIQUIDACIONES DE FIC
CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.
[…]
BASES DE INGRESOS PARA LIQUIDACIÓN DE FIC POR PRESUNTIVA

CONCEPTO BASE AÑO
Cuenta 4130 - 4175 2009 (09-12)
Valores 69.294.879.495

Del total de los ingresos operacionales se excluyen las cuentas contables 4115 (explotación de minas y
canteras) y cuenta 4145 (transporte, almacenamiento y comunicación) y se toma como base la cuenta
contable 4130 (construcción) menos las devoluciones, rebajas y descuentos en ventas:

DATOS DE BALANCES DE PRUEBA:

AÑO SUBTOTALES TOTAL BASE
Año 2009 (09-12)
41 Operacionales (222.721.315.740)
4130 Construcción (69.322.662.758)
413010 Const. de edif. y obras de ing. (16.942.653.515)
413095 Actividades conexas (52.380.009.243) (69.322.662.758)
4175 Dev, rebajas, dctos y vtas 27.783.264
417501 Dev, rebajas, dctos y vtas 27.783.264 27.783.264 (69.294.879.495)»

De la anterior liquidación se advierte que el SENA determinó la contribución al FIC a
cargo de la demandante con base en los ingresos brutos operacionales obtenidos por
aquella, reflejados en las cuentas contables 413010 y 413095. Dichas cuentas contables
reflejan la actividad del ente económico por la cual obtuvo sus ingresos durante el periodo

12
Descripción: Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones
legales vigentes, el reglamento interno del ente económico, pacto laboral o laudo. Ver página web: https://puc.com.co/5105.
13
Artículo 7 de la Resolución 1449 de 2012.

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que, atendiendo a la descripción del Plan Único de Cuentas14, corresponden a devengos
(ingresos) por construcciones, edificaciones y obras de ingeniería.

En línea con el precedente, se advierte que tal determinación de la base gravable no
corresponde a la prevista por el legislador, que, como se expuso, atiende a los pagos
efectuados por el número de trabajadores contratados en la realización de las obras, lo
cual implica la observancia de los gastos operacionales de personal, o de los costos
incurridos por la demandante durante el periodo, destinados a la ejecución de las obras,
que según las normas que reglamentan la contabilidad comprende las «erogaciones y cargos
asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los
servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos»15.

En el subexamine, no se comprobó el número de trabajadores empleados para esos fines,
motivo por el cual, como lo consideró el tribunal y acorde con el precedente, lo que
correspondía era que la entidad demandada atendiera a la forma de liquidación
presuntiva en función de los costos pagados por la demandante durante la ejecución de
las obras, observándose para tal efecto la cuenta contable 6130, perteneciente a la clase
61 del grupo 6 – costos de ventas por construcción16. Significa entonces que la
determinación de la base gravable que hizo el SENA no se ajustó a los lineamientos
previstos en la norma, que delimitan su establecimiento en función de los costos, cuando
se aplique la forma de liquidación presuntiva. Por ende, como se concluyó en la referida
sentencia que se reitera, «la liquidación realizada por la entidad demandada resulta de
una inadecuada fijación de la base gravable, al tener en cuenta los ingresos obtenidos
por la demandante al cierre de cada ejercicio fiscal, cuando lo procedente era hallar la
contribución a cargo con fundamento en los costos registrados en cada periodo en las
cuentas contables destinadas a tales operaciones, respaldados con comprobantes
internos y externos».

Por lo anterior, el cargo de apelación formulado por la demandada no tiene vocación de
prosperidad y, en consecuencia, al no integrarse correctamente la base gravable, como
elemento esencial del tributo para calcular la contribución FIC, se imponía declarar la
nulidad de los actos acusados, como lo decidió el a quo, por lo que se confirmará la
sentencia apelada.

Conclusión

3- Por lo razonado en precedencia, se establece que en este caso la determinación de la
base gravable de la contribución al FIC, elemento esencial del tributo, no se ajustó a la
normativa aplicable, que delimita su establecimiento en función de los costos, cuando se
aplique la forma de liquidación presuntiva.

Costas

4- Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 y siguientes del CGP, se
condenará en costas (agencias en derecho) en esta instancia a la parte demandada, en
la medida en que se confirma la providencia apelada y hubo una parte vencida en el
proceso. Así, se fijarán como agencias en derecho en esta instancia el equivalente a un
smlmv al momento de la ejecutoria de la providencia, de conformidad con el Acuerdo
PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al tribunal

14
Descripción: Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades de construcción y enajenación de
bienes raíces durante el ejercicio. Ver página web: https://puc.com.co/4130
15
Decreto 2649 de 1993, artículo 39.
16
Descripción: Registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en las actividades de adquisición, construcción y venta
de bienes raíces que correspondan a unidades vendidas durante el ejercicio. Ver página web: https://puc.com.co/6130.

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tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en costas, conforme con las
reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar
al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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