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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-02802-01

Fecha
1 de junio de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-02802-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.: 63533. 77 “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código […]”. 78 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”. 27 Radicado: 05001233300020170280201 (63750) Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia SEGUNDO: CONDENAR en costas por la primera instancia a la parte demandante, de conformidad con lo previsto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del CGP. Sin reconocimiento alguno por agencias en derecho. CUARTO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2017-02802-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

1 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02802-01 (63750)
Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia
Demandado: Municipio de La Pintada (Antioquia)
Referencia: Reparación directa - CPACA

TEMAS: MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN DAÑOS
DERIVADOS DE LA FALTA DE RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MARCO DE
UNA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA – No existe una regla absoluta según la cual toda falta
de respuesta de la administración deba reconducirse automáticamente al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho por la sola mora en resolver. Sin embargo, tampoco es
admisible que, una vez configurado y hecho valer un acto administrativo ficto, el demandante
presente la controversia como si se tratara de una simple omisión material, cuando en realidad
los perjuicios reclamados se derivan de los efectos de una negativa presunta. CONTEO DEL
TÉRMINO PRECLUSIVO - Cuando la controversia recae sobre un acto administrativo particular
expreso, el término ordinario para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es de cuatro meses. Cuando el acto que debe controvertirse es producto del silencio
administrativo, opera la regla especial prevista para los actos presuntos, conforme a la cual la
demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Si se hacen derivar los perjuicios de una
omisión administrativa autónoma, el término de caducidad es el de dos años previsto para la
reparación directa, contados desde el día siguiente a la ocurrencia de la omisión causante del
daño o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, si ello ocurrió
con posterioridad. DAÑO RESARCIBLE - Para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto,
esto es, no puede tratarse de un daño hipotético o eventual. FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO –
La prueba del daño recae en quien alega su causación. No se probó la afectación patrimonial
reclamada por la demandante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia del 28 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El municipio de La Pintada (Antioquia) concedió a la Sociedad Transportadora
Individual y Colectiva Taxis La Provincia S.A.S (en adelante “Taxis La Provincia”)
un permiso para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor mixto
de vehículos “tipo motocarro” en dicha municipalidad. Posteriormente, la referida
sociedad solicitó a la entidad territorial emitir un concepto favorable para el ingreso
de nuevas unidades al parque automotor, así como expedir las respectivas tarjetas
de operación para la puesta en funcionamiento de algunos vehículos ya existentes.
Sin embargo, la administración municipal nunca le notificó a la sociedad una
respuesta eficaz sobre el particular.

La sociedad demandante afirma que la omisión del municipio en dar respuesta a
sus solicitudes le causó un menoscabo patrimonial derivado de la imposibilidad de
desarrollar la actividad económica – servicio público de transporte terrestre

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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

automotor mixto de vehículos “tipo motocarro”– que previamente le había sido
autorizada. En sustento, refirió que “[…] ante la actitud de la nueva administración
de guardar silencio frente a múltiples solicitudes […] no fue posible por ningún medio
que la Administración acogiera las múltiples invitaciones para poder empezar
operaciones en dicha municipalidad”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al
constatar que el daño reclamado no era imputable a la autoridad municipal. Dicha
decisión fue apelada por la parte demandante.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 4 de septiembre de 20171-2, Taxis La Provincia mediante apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda contra el
municipio de La Pintada para que fuera declarado patrimonialmente responsable
por la afectación patrimonial que le fue irrogada por la imposibilidad de desarrollar
la operación para prestar el servicio de transporte terrestre automotor mixto en
vehículos “tipo motocarro”, hecho que, según alega, se debió a una omisión en dar
respuesta a sus solicitudes para iniciar operaciones en dicha municipalidad.

En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena (transcritas textualmente, incluso con posibles errores):

“1. Se declare responsable administrativa y patrimonialmente al municipio de La
Pintada, Antioquia, por haberse sustraído de manera reiterada a dar aplicación y no
permitir que la empresa Sociedad Transportadora Individual y Colectiva Tax La
Provincia, entre en operaciones en dicha jurisdicción, tal y como lo señala el proceso
licitatorio y adjudicatario LP-SG-OOl del 2015, que mediante Resolución No. 236 del
21 de julio de 2015 así lo ordena.

2. En consecuencia de la anterior declaración, se condene a la entidad demandada
al pago de los perjuicios materiales que con ocasión de la (acción, omisión,
defectuoso funcionamiento de la administración municipal se están ocasionando a mi
poderdante).

3. Los demás que se llegaren a establecer por parte del despacho dentro del proceso
que ahora se impetra.

1 Fl. 1 a 270, C.1.
2 Mediante auto del 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la

demanda para que, entre otras cosas, la parte actora precisara si lo pretendido era la reparación de
los perjuicios causados por una omisión de la administración o si, por el contrario, se trataba de una
controversia contractual con pretensión indemnizatoria. (Fl. 280 a 281, C. 1.). El libelo introductorio
fue oportunamente subsanado por la parte actora el 28 de noviembre de esa anualidad, oportunidad
en la cual indicó que lo que buscaba “a través de la presente acción y su libelo demandatorio” era la
reparación de los perjuicios derivados de la omisión de la administración municipal de La Pintada,
“[…] con ocasión a permitir a la sociedad que represento el operar la actividad para la cual fue
autorizada […] pues con dicha omisión ante una obligación de hacer y con fundamentos en
argumentos poco o nada legales se nos ha causado una serie de perjuicios” (Fl. 285 a 288, C. 1.),
tras lo cual, por auto del 4 de diciembre de 2017, el mismo Tribunal dispuso su admisión (Fl. 307 a
308, C.1.)
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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

➢ Daño emergente; la suma de setenta y dos millones pesos M/cte.
($72.000.000)

➢ Lucro cesante; la suma de quinientos noventa y un millón de pesos

Para un total de seiscientos sesenta y tres millones de pesos M/cte. ($663.000.000)

4. Que en todo caso se repare integralmente los perjuicios sufridos conforme lo indica
el artículo 16 de la ley 446 de 1.998, así como bajo los cánones de la reciente
jurisprudencia contenciosa administrativa.

5. Que el valor de las condenas aquí señaladas, sean actualizadas e indexadas al
ejecutoriarse la sentencia con base en la variación porcentual del I.P.C. para efectos
de compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (art. 192 del CPACA.).

6. Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda, se le dé
cumplimiento en los términos del artículo 192 del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo”

En sustento de sus pretensiones, la sociedad demandante señaló que, mediante
Resolución No. 212 del 16 de junio de 2015, expedida por la Alcaldía de La Pintada
se dio apertura a la Licitación Pública No. LP SG 001 de esa anualidad, cuyo objeto
fue “[o]torgar permiso de operación para la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto, clase ‘motocarros’ en el municipio de La
Pintada, conforme a las normas vigentes del Ministerio de Transporte”.

Indicó que el 23 de junio siguiente, los alcaldes de los municipios antioqueños de
La Pintada y la Ceja del Tambo, suscribieron un “convenio interadministrativo y de
cooperación”, cuyo objeto consistió en aunar esfuerzos para ejercer las funciones
de tránsito y transporte en el primero de ellos.

Agregó que, en desarrollo del referido proceso licitatorio, el 26 de junio de 2015
Taxis La Provincia presentó su propuesta, acompañada de la totalidad de los
documentos exigidos en la convocatoria pública.

Refirió que, mediante la Resolución No. 236 del 21 de julio de 2015, el alcalde de
La Pintada adjudicó la Licitación Pública No. LP-SG-001 de 2015 y otorgó a Taxis
La Provincia el permiso de operación para la prestación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto en vehículos “tipo motocarro” dentro del
territorio municipal. Posteriormente, mediante la Resolución No. 358 del 10 de
diciembre de 2015, la misma autoridad concedió la habilitación para la prestación
de dicho servicio.

Indicó que, el 10 de marzo de 2016, Taxis La Provincia solicitó a la administración
municipal emitir un concepto favorable para el ingreso de diez (10) vehículos nuevos
“tipo motocarro” al parque automotor, así como expedir las respectivas tarjetas de
operación de los motocarros ya existentes, con el fin de “cumplir con el compromiso
adquirido dentro del proceso licitatorio”.

Consta que el 30 de junio de 2016, el alcalde de La Pintada negó dicha solicitud,
toda vez que la empresa no acreditó el cumplimiento de la capacidad mínima
transportadora exigida ni la titularidad del equipo automotor requerido para la

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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

prestación del servicio. Sin embargo, dicha decisión nunca fue notificada al
peticionario.

Señaló que, en fecha indeterminada, la administración municipal decidió posponer
la entrada en operación del servicio de motocarros, hasta que Taxis La Provincia
“presentara una nueva propuesta” que integrara la operación de motocarros con los
transportadores locales.

Manifestó que, posteriormente, la sociedad presentó diversas peticiones – 15 de
julio de 2016, 7 de febrero de 2017 y 4 de abril de 2017 – ante el municipio y “otras
autoridades” para que se adoptaran las medidas necesarias para la puesta en
operación del servicio público terrestre adjudicado y habilitado. No obstante lo
anterior, estas nunca fueron resueltas.

La sociedad accionante sostiene que la omisión del municipio le causó un
menoscabo patrimonial derivado de la imposibilidad de desarrollar la actividad
económica – servicio público de transporte terrestre automotor mixto de vehículos
“tipo motocarro”– que previamente le había sido autorizada. Al efecto, subrayó que
“[…] ante la actitud de la nueva administración de guardar silencio frente a múltiples
solicitudes […] no fue posible por ningún medio que la Administración acogiera las
múltiples invitaciones para poder empezar operaciones en dicha municipalidad”.

2. Contestación

2.1. El municipio de La Pintada3 se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó
que no ocasionó el daño “antijurídico” reclamado por la demandante, puesto que la
empresa no cumplió con los requisitos exigidos por el municipio para la operación
del servicio público de transporte terrestre automotor mixto en vehículos tipo
motocarro dentro de su jurisdicción. Por otra parte, destacó que no incurrió en una
falla del servicio, en tanto sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de las
prerrogativas que le han sido conferidas.

Como excepciones propuso las de: (i) ausencia de daño antijurídico; (ii) ausencia
de falla del servicio; (iii) ausencia de nexo causal; (iv) nulidad absoluta del acto
administrativo que se aduce como soporte del medio de control; (v) aplicación de
las causales de nulidad absoluta en materia de contratación estatal; y (vi)
incumplimiento de las obligaciones a cargo del actor para operar la actividad de
transporte.

3. Audiencia inicial

El 9 de octubre de 20184 se llevó a cabo la audiencia inicial ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en la cual se adelantó el saneamiento del proceso, se
resolvieron las excepciones previas, se decidió sobre el decreto de pruebas5 y se
fijó el objeto del litigio.

3 Fl. 331 a 501, C.1. y 502 a 674, C.2.
4 Fl. 680 a 684, C.2.
5 En la misma diligencia, el Tribunal decretó los siguientes medios probatorios: (i) parte demandante:
(a) pruebas documentales aportadas con la demanda; (ii) parte demandada: (a) pruebas
documentales aportadas con la contestación; (b) testimonios de Alejandro de Jesús Bedoya
Guzmán, Alonso de Jesús Bedoya Escobar y Ricaurte de Jesús Quebrada Rojas; (c) interrogatorio
de parte de Federman Alonso Barrera Tangarife.
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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

En relación con la fijación del litigio, el tribunal señaló que se circunscribiría a
“establecer si se acreditan o no los supuestos fácticos bajo los cuales se estructuró
la pretensión de la declaratoria de responsabilidad del municipio de La Pintada, por
no permitir que la Sociedad Transportadora Individual y Colectiva Taxi La Provincia
Ltda., entre en operaciones en dicha jurisdicción, tal como lo señala el proceso
licitatorio LP-SG-001 del 2015, que mediante Resolución No. 236 del 21 de julio de
2015 se ordena. Una vez acreditado lo anterior y como consecuencia de ello, se
analizará si procede o no condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar los
perjuicios materiales que se detallan en el libelo introductor y el escrito de
subsanación de requisitos, además de los que se lleguen a establecer por parte del
despacho según se pide en la demanda, sumas que deberán ser actualizadas e
indexadas con base en la variación porcentual del IPC”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

4.1. La parte demandante6 y el municipio de La Pintada7 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de febrero de 20198, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda, al constatar que “los perjuicios
alegados por la parte actora se derivaron de su propia conducta”, toda vez que la
empresa no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad
municipal para iniciar la operación del servicio público de transporte en vehículos
tipo motocarro, específicamente el relacionado con la capacidad mínima
transportadora. En la parte resolutiva el a quo condenó en costas a la sociedad
accionante.

6. Apelación

6.1. La parte actora9 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda. Afirmó, en primer lugar, que lo probado
en el proceso permitió constatar los “perjuicios reclamados”, toda vez que la omisión
de la Administración en dar respuesta a sus solicitudes para iniciar operaciones en
el municipio de La Pintada le impidió llevar a cabo la operación del servicio público
de transporte terrestre automotor mixto de vehículos tipo motocarro, pese a haber
cumplido con la documentación y los requisitos exigidos en la Licitación Pública No.
LP-SG-001 del 2015.

Por otra parte, sostuvo que, contrario a lo considerado por el a quo, la empresa
cumplió con la “regulación jurídica correspondiente, como lo es el Decreto 4190 del
29 de octubre de 2007; el Decreto 4125 de 2008, del Ministerio de Transporte; la
Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015; la Resolución 000478 del 22 de febrero
de 2010, del Ministerio de Transporte; memorando 20130000 del 28 de febrero de
2013”.

6 Fl. 705 a 713, C.2.
7 Fl. 700 a 704, C.2.
8 Fl. 715 a 725, C. Ppal.
9 Fl. 728 a 733, C. Ppal.

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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

En tercer lugar, advirtió que el acto de adjudicación era irrevocable y que, una vez
obtuvo el permiso para la operación, este produjo efectos jurídicos a su favor, de
manera que la omisión del municipio en adoptar oportunamente las medidas para
la puesta en operación del servicio de transporte adjudicado y habilitado comportó
la causación del detrimento patrimonial reclamado.

Finalmente, cuestionó la condena en costas impuesta en la sentencia apelada, al
considerar que su tasación debía atender su comportamiento en el curso del
proceso.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

7.1. La parte demandante10 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. Añadió, además, que para el proceso licitatorio “se han invertido dineros
del erario público en estudios de oferta y demanda”, lo que generó que la
“Contraloría Departamental de Antioquia reportara en una auditoría del 22 de enero
de 2020 un pasivo estimado” a su favor, “siendo este un hecho nuevo, dentro de
este proceso”.

7.2. El municipio de La Pintada y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

La Sala anticipa que confirmará la sentencia del 28 de febrero de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda, al constatar que lo probado en el proceso no permitió establecer que la
sociedad demandante hubiera sufrido una merma patrimonial derivada de la
imposibilidad de ejercer la actividad económica para la cual había sido previamente
autorizada y habilitada.

Para el análisis, la Sala abordará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y
competencia, (2) medio de control procedente, (2.1) recuento jurisprudencial sobre
el medio de control procedente cuando el daño se atribuye a la falta de respuesta
de la Administración en el marco de una actuación administrativa, (2.2) precisión
sobre el medio de control procedente cuando se reclaman daños derivados de la
falta de respuesta de la Administración en el marco de una actuación administrativa,
(2.3.) procedencia del medio de control ejercido por la parte actora, (3) análisis
frente a la oportunidad para presentar el medio de control, (4) legitimación para la
causa, (5) problema jurídico, (6) hechos probados, (7) caso concreto, (8) conclusión,
(9) condena en costas en primera instancia, y (10) condena en costas en segunda
instancia.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
presente asunto, según lo previsto en el artículo 10411 del Código de Procedimiento

10 Índices 19 a 21, Samai.
11 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), estatuto vigente a la
fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable, porque se
demanda la responsabilidad del municipio de La Pintada12.

Igualmente, se observa que el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 28 de febrero de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dada la vocación de doble
instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió los 500 13 SMLMV, en
concordancia con los artículos 15014 y 15215 del CPACA.

2. Medio de control procedente

2.1. Recuento jurisprudencial sobre el medio de control procedente cuando el
daño se atribuye a la falta de respuesta de la Administración en el marco de
una actuación administrativa

A efectos de analizar la procedencia del medio de control de reparación directa
ejercido por la actora, la Sala considera necesario comenzar por efectuar un
recuento jurisprudencial sobre la forma en que la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha definido el medio de control procedente cuando se reclama
indemnización de perjuicios derivados de la falta de respuesta de la Administración
frente a solicitudes formuladas en el marco de una actuación administrativa. La
precisión es relevante porque no se trata de cualquier omisión estatal, sino de
aquellos eventos en los que la autoridad tenía el deber jurídico de pronunciarse y
su silencio plantea la necesidad de establecer si la fuente del daño corresponde a
una decisión presunta de contenido negativo, susceptible de control a través de la
nulidad y restablecimiento del derecho, o si, por el contrario, la conducta omisiva
conserva autonomía suficiente para ser analizada mediante el medio de control de
reparación directa.

Esta divergencia tiene consecuencias procesales relevantes, pues incide tanto en
la determinación del medio de control procedente como en la regla de caducidad
aplicable. Desde la primera perspectiva, si la inactividad de la administración se
traduce en una decisión presunta de contenido negativo —por ejemplo, la negativa
ficta de una solicitud o de un recurso— y el daño se hace derivar de esa decisión,

omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a
la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen
aplicable […]”.
12 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución Política, los municipios son

entidades territoriales que, según el artículo 287 ejusdem, “gozan de autonomía para la gestión de
sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”.
13 La pretensión mayor de la demanda se estima en $591.000.000. por concepto de lucro cesante,

lo que es superior a 500 SMLMV de la fecha en que esta fue presentada, esto es, del año 2017, en
el que el salario mínimo correspondía a la suma de $737.717.
14 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
15 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]”.
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la controversia se ubica, en principio, en el ámbito de la nulidad y restablecimiento
del derecho, porque la reparación pretendida presupone controvertir la legalidad del
acto administrativo particular ficto, amparado por presunción de legalidad. Desde la
segunda, si el reproche no recae sobre el contenido de una negativa ficta, sino sobre
la tardanza injustificada, la abstención de actuar o la falta de ejecución de una
actuación debida, la omisión puede conservar autonomía como fuente directa del
daño, evento en el cual el medio de control procedente sería la reparación directa.

Así pues, se tiene que, en un primer momento, la jurisprudencia de esta Corporación
sostuvo una tesis marcadamente formal, según la cual el silencio administrativo
negativo transformaba la inactividad de la administración en un acto ficto
demandable. Así, en sentencia del 11 de abril de 199416, la Sección Tercera precisó
que, cuando la administración guardaba silencio frente a una petición concreta del
administrado, no se estaba ante una simple omisión indemnizable, sino frente a un
acto denegatorio presunto que debía ser controvertido mediante la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Bajo esa misma lógica, en sentencia del 4 de septiembre de 1997 17, la Sala
distinguió entre los daños causados por hechos u omisiones administrativas —
reclamables por la vía de la reparación directa— y aquellos derivados de una
respuesta expresa o ficta a una petición, caso en el cual la controversia se
desplazaba al terreno de la legalidad del acto administrativo. En esa oportunidad se
advirtió, además, que la reparación directa no podía desnaturalizarse mediante la
formulación de solicitudes indemnizatorias dirigidas a provocar un acto presunto,
pues cuando el daño provenía realmente de un hecho o de una omisión, la vía
procedente para demandar era la de reparación directa.

Posteriormente, esa comprensión se extendió al silencio producido frente a los
recursos interpuestos en sede administrativa. En sentencia del 14 de octubre de
199918, la Sección Tercera, en el marco de una acción de cumplimiento, indicó que
el silencio frente al recurso de reposición daba lugar al silencio administrativo
negativo y habilitaba al juez contencioso para resolver de fondo la controversia. A
su turno, en providencia del 23 de noviembre de 200019, la Sala precisó que,
tratándose del silencio negativo, la Administración conservaba el deber de decidir
mientras el interesado no acudiera ante la jurisdicción contenciosa.

Desde entonces empezó a advertirse una precisión relevante: aunque el silencio
administrativo negativo constituye una ficción legal que permite acudir al juez, dicha
figura fue concebida en beneficio del administrado y no como un mecanismo para
premiar la inactividad de la Administración. Por ello, la falta de respuesta no extingue
automáticamente el deber de decidir ni convierte, en todos los casos, la omisión en
la fuente jurídica del daño.

Esta idea fue desarrollada con mayor claridad en el auto del 27 de mayo de 200420.
En esa providencia, la Sección Tercera reiteró que, cuando los perjuicios
reclamados provenían de un acto ficto originado en el silencio administrativo, la

16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de abril de 1994, Rad.: 8540.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997, Rad.: 10239.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de octubre de 1999, Rad.: 13076.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de noviembre de 2000, Rad.: 1723.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 27 de mayo de 2004, Rad.: 26508.

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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo,
al mismo tiempo precisó que el silencio negativo frente a una petición inicial dejaba
al interesado tres alternativas: esperar a que la administración resolviera, interponer
recursos contra el acto presunto o acudir a la jurisdicción para controvertirlo. La
elección entre esas posibilidades correspondía al administrado, justamente porque
el silencio administrativo fue instituido a su favor y no en beneficio de la
administración morosa.

Esta orientación fue profundizada en la sentencia del 14 de junio de 2009 21, en la
cual la Sala explicó que el silencio administrativo opera por ministerio de la ley, pero
su configuración efectiva no puede entenderse de manera automática y rígida con
el solo vencimiento del plazo legal, pues su eficacia depende de la conducta que
decida asumir el interesado. De ahí que, mientras este no active la ficción mediante
los recursos procedentes o mediante la demanda judicial correspondiente, la
Administración conserva competencia para resolver de manera expresa.

No obstante esa precisión, en varias providencias posteriores se consolidó una línea
según la cual, cuando el daño reclamado se asociaba a la falta de respuesta a una
petición o a la negativa presunta derivada del silencio, el litigio debía tramitarse por
nulidad y restablecimiento del derecho. Así ocurrió, entre otras, en las sentencias
del 21 de marzo de 201222, 13 de febrero de 201323 y 15 de abril de 201424, en las
que la Sección Tercera entendió que el silencio administrativo negativo daba lugar
a un acto ficto o presunto, amparado por presunción de legalidad, cuya validez debía
discutirse como presupuesto de cualquier restablecimiento o reparación.

Esa misma lógica fue reiterada en decisiones posteriores, como las sentencias del
2 de agosto de 201825, 27 de mayo de 202026 y 10 de marzo de 202127. En ellas se
sostuvo que, si el daño alegado tenía como fuente la negativa expresa o presunta
de la administración frente a una solicitud, la reparación de los perjuicios exigía
formular una pretensión anulatoria, pues no era posible obtener la indemnización
sin controvertir previamente el acto administrativo que resolvió, expresa o
fictamente, la situación particular del interesado.

En contraste con esa línea, la jurisprudencia también ha reconocido supuestos en
los que la omisión de la administración conserva autonomía suficiente para ser
analizada como fuente directa del daño. En sentencia del 29 de agosto de 2012 28,
la Subsección B de la Sección Tercera precisó que el silencio administrativo
negativo procesal no se configuraba automáticamente, sino a voluntad del

21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de junio de 2009, Rad.: 27843.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 21 de marzo de 2012, Rad.:

22862.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de febrero de 2013, Rad.:

25166.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 15 de abril de 2014, Rad.:

30280.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de agosto de 2018, Rad.:

57079A.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 27 de mayo de 2020, Rad.:

48943.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de marzo de 2021, Rad.:

46732.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de agosto de 2012, Rad.:

23683.
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recurrente, de modo que, si la administración resolvía expresamente el recurso, no
podía afirmarse sin más la existencia de un acto ficto. En ese caso, la Sala estimó
que la fuente del daño no se encontraba en la firmeza o ejecutoria del acto
administrativo, sino en la conducta tardía de la administración al resolver
extemporáneamente el recurso y mantener durante un tiempo injustificado una
situación lesiva.

Una formulación más clara de esta postura se encuentra en la sentencia del 11 de
noviembre de 201629. Allí se sostuvo que el silencio administrativo negativo no podía
entenderse sino como una prerrogativa en beneficio del administrado, quien podía
optar por demandar el acto presunto, exigir una decisión expresa o reclamar la
reparación del daño derivado de la inactividad estatal y sus efectos. La Sala destacó
que no era admisible imponer al interesado la ficción del silencio cuando este había
optado por reclamar la realidad del daño producido por la indolencia administrativa.

En esa misma línea, en sentencia del 7 de septiembre de 201830, la Sección Tercera
consideró procedente la reparación directa porque la parte actora no cuestionaba la
legalidad del acto administrativo que adjudicó una ruta de transporte, sino la omisión
en darle cumplimiento una vez aquel había quedado en firme. En ese supuesto, la
fuente del daño no era el acto administrativo, sino la falta de ejecución de sus
efectos, razón por la cual la pretensión indemnizatoria podía tramitarse mediante
reparación directa.

Este recorrido permite advertir que la jurisprudencia de la Sección Tercera ha
oscilado entre dos aproximaciones. Una primera, de carácter formal, entiende que
el silencio administrativo negativo da lugar a un acto ficto cuya legalidad debe
controvertirse mediante nulidad y restablecimiento del derecho, cuando el daño se
atribuye al contenido negativo de esa decisión presunta. Una segunda, de carácter
material, reconoce que el silencio administrativo negativo es una garantía del
administrado y que no toda falta de respuesta desplaza automáticamente la realidad
de una conducta omisiva, especialmente cuando el interesado no pretende discutir
la legalidad de una decisión presunta, sino reclamar los perjuicios derivados de la
inactividad, tardanza o falta de ejecución de una actuación administrativa debida.

En suma, el recuento jurisprudencial expuesto permite advertir que la cuestión no
ha sido resuelta de manera uniforme por la Sección Tercera. Por el contrario,
coexisten dos aproximaciones frente a los efectos procesales de la inactividad
administrativa.

2.2. Precisión sobre el medio de control procedente cuando se reclaman
daños derivados de la falta de respuesta de la Administración en el marco de
una actuación administrativa

De conformidad con el recuento jurisprudencial expuesto, la Sala estima necesario
precisar cuál es la regla aplicable cuando se reclama la reparación de daños
atribuidos a la falta de respuesta de la Administración frente a solicitudes formuladas
en el marco de una actuación administrativa. Esta precisión resulta indispensable

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 11 de noviembre de 2016,

Rad.: 33688.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad.:

37570.
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para ofrecer una respuesta judicial clara y uniforme, acorde con los principios de
transparencia, igualdad y seguridad jurídica, pues permite definir, a partir de la
fuente del daño alegado, cuál es el cauce procesal idóneo para ventilar la
controversia. Para ello, debe partirse de la estructura normativa prevista en el
CPACA. El artículo 13831 regula el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho frente a actos administrativos particulares, expresos o presuntos,
cuando el interesado se considera lesionado en un derecho subjetivo. Por su parte,
el artículo 14032 prevé la reparación directa para reclamar el daño antijurídico
producido, entre otros supuestos, por la acción u omisión de los agentes del Estado.

A su vez, los artículos 8333 y 8634 del CPACA regulan el silencio administrativo
negativo frente a peticiones y recursos. En ambos eventos, la ley le atribuye a la
falta de respuesta un efecto desestimatorio, pero expresamente conserva el deber
de la Administración de decidir y advierte que la ocurrencia del silencio no la exime
de responsabilidad. Esta previsión confirma que el silencio negativo no puede ser
entendido como una autorización para que la administración permanezca
indefinidamente inactiva, ni como una regla que absorba toda omisión estatal en la
ficción de un acto administrativo presunto.

Ahora bien, que el silencio administrativo negativo opere por ministerio de la ley no
significa que la sola falta de respuesta transforme automáticamente toda omisión
administrativa en un acto administrativo ficto con entidad suficiente para constituirse,
en todos los casos, en la fuente jurídica del daño. La figura del silencio negativo
tiene una finalidad esencialmente garantista: impedir que la inactividad de la
Administración paralice indefinidamente al administrado y habilitarlo para acudir a
los recursos o al control judicial correspondiente. Por ello, la expiración del término

31 “Artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una

norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”
32 “Artículo 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada

podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. […]”.
33 “Artículo 83. Silencio negativo. Transcurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación

de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es
negativa. En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la
petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1)
mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión. La ocurrencia del silencio
administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del
deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos
contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
se haya notificado auto admisorio de la demanda.”
34 “Artículo 86. Silencio administrativo en recursos. Salvo lo dispuesto en el artículo 52 de este

Código, transcurrido un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la interposición de los recursos
de reposición o apelación sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que
la decisión es negativa. El plazo mencionado se suspenderá mientras dure la práctica de pruebas.
La ocurrencia del silencio negativo previsto en este artículo no exime a la autoridad de
responsabilidad, ni le impide resolver siempre que no se hubiere notificado auto admisorio de la
demanda cuando el interesado haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
La no resolución oportuna de los recursos constituye falta disciplinaria gravísima.”
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legal produce un efecto desestimatorio previsto por el ordenamiento, pero no
equivale a una decisión materialmente adoptada por la Administración, ni absorbe
necesariamente la conducta omisiva que puede conservar autonomía como fuente
del daño. En consecuencia, la relevancia procesal del acto presunto dependerá de
que el interesado haga valer esa ficción legal y de que los perjuicios reclamados se
atribuyan a los efectos de esa negativa presunta.

A partir de lo anterior, la Sala estima necesario, entonces, distinguir tres escenarios.
El primero se presenta cuando el daño reclamado se atribuye al contenido de un
acto administrativo expreso. En tal supuesto, si el interesado pretende obtener el
restablecimiento del derecho o la reparación de los perjuicios derivados de esa
decisión, debe acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues la presunción de legalidad del acto impide obtener una condena indemnizatoria
sin solicitar previamente su anulación.

El segundo escenario ocurre cuando, configurados los presupuestos legales del
silencio administrativo negativo, el interesado hace valer la ficción legal —por
ejemplo, mediante la interposición de recursos contra la decisión presunta o
mediante su impugnación judicial—, y atribuye el daño a los efectos de la decisión
presunta. En este supuesto, la falta de respuesta deja de ser analizada únicamente
como una situación fáctica u omisiva y adquiere relevancia procesal como una
negativa presunta susceptible de control judicial. Por tanto, cuando los perjuicios
reclamados se hacen derivar de los efectos de esa negativa, la controversia debe
tramitarse por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No
basta, entonces, con denominar el reproche como una omisión para desplazar el
cauce procesal previsto para controvertir actos administrativos, pues corresponde
al juez atender a la verdadera fuente jurídica del daño y dar al asunto el trámite que
legalmente corresponda.

El tercer escenario se configura cuando, pese a la falta de respuesta de la
Administración y a que el ordenamiento atribuya a esa inactividad un efecto
desestimatorio por ministerio de la ley, del contenido de la demanda, de la actuación
procesal desplegada y de lo probado en el expediente no se advierte que el
interesado se hubiera valido de la ficción legal del silencio administrativo negativo
mediante recursos contra la decisión presunta o mediante demanda dirigida a
obtener su control judicial. En tal supuesto, aunque la inactividad produzca un efecto
desestimatorio, la controversia no se desplaza automáticamente al control de
legalidad del acto ficto, pues el daño reclamado no aparece asociado a los efectos
jurídicos de una negativa presunta, sino a una omisión administrativa que se invoca
y se examina como fuente autónoma del perjuicio. Esto ocurre, por ejemplo, cuando
lo cuestionado es la abstención material de actuar, la tardanza injustificada o la falta
de ejecución de un deber administrativo concreto. En estos eventos, siempre que
así resulte de la causa petendi y del material probatorio, la omisión conserva
autonomía como fuente directa del daño y el medio de control procedente es el de
reparación directa.

Esta distinción también incide en la caducidad. A voces del artículo 164 35 del
CPACA, cuando la controversia recae sobre un acto administrativo particular

35 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En

cualquier tiempo, cuando: […] d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo […] 2.

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expreso, el término ordinario para ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es de cuatro meses, contados desde su comunicación,
notificación, ejecución o publicación, según el caso. En cambio, cuando el acto que
debe controvertirse es producto del silencio administrativo, opera la regla especial
prevista para los actos presuntos en el artículo 164 del CPACA36, conforme a la cual
la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Por ello, si la inactividad
administrativa dio lugar a un acto ficto que el interesado hizo valer y los perjuicios
reclamados se derivan de los efectos de esa decisión presunta, la controversia debe
conducirse —o reconducirse— al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin que resulte admisible acudir a la reparación directa para eludir el juicio
de legalidad propio del acto administrativo ficto.

Distinto es el caso en el que no se controvierte el contenido de una decisión expresa
o presunta, ni se hacen derivar los perjuicios de una negativa ficta activada por el
interesado como decisión relevante para estructurar la controversia, sino de una
omisión administrativa autónoma. En ese supuesto, el término de caducidad es el
de dos años previsto para la reparación directa, contado desde el día siguiente a la
ocurrencia de la omisión causante del daño o desde cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento de este, si ello ocurrió con posterioridad. De ahí que el
término de tres meses previsto en el artículo 83 del CPACA no pueda utilizarse
automáticamente como punto de partida para contabilizar la caducidad de la
reparación directa, pues dicha norma regula una figura jurídica distinta: la
configuración del silencio administrativo negativo.

En los eventos en que la omisión alegada consista en la falta de respuesta a una
petición, el referente inicial del cómputo debe ubicarse, por regla general, en el
vencimiento del término legal que tenía la administración para resolverla. Conforme
al artículo 1437 del CPACA, toda petición debe resolverse dentro de los quince días
siguientes a su recepción, salvo las peticiones de documentos e información, que
deben resolverse en diez días; las consultas, que deben resolverse en treinta días;
o los casos en que una norma especial establezca un término diferente. Por tanto,
si vencido ese plazo la administración no resuelve y de esa abstención surge el
daño cuya reparación se reclama, será desde ese momento —y no desde el

En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: [...] d) Cuando se pretenda la nulidad
y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales […] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en
fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia […]”
36 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: 1. En

cualquier tiempo, cuando: […] d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo […]”
37 “Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal

especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario,
y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo
deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.”
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vencimiento de los tres meses del silencio administrativo negativo— que deberá
analizarse, en principio, la oportunidad de la reparación directa.

La Sala resalta, en suma, que el análisis del medio de control procedente debe
efectuarse en el marco de las particularidades del caso concreto, de acuerdo con la
fuente del daño y la causa petendi. Por tanto, no es de recibo concluir,
automáticamente, que toda falta de respuesta de la administración deba
reconducirse al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por la
sola mora en resolver. Tampoco es admisible que, una vez configurado y hecho
valer un acto administrativo ficto, el demandante pueda presentar la controversia
como si se tratara de una simple omisión material, cuando en realidad los perjuicios
reclamados se derivan de los efectos de una negativa presunta. En ese caso la vía
procedente, en principio, será la nulidad y restablecimiento del derecho, de modo
que, solo cuando el daño se atribuya a una omisión autónoma —y no al contenido
de una decisión expresa o ficta—, procederá su examen a través de la reparación
directa.

2.3. Procedencia del medio de control ejercido por la parte actora

En el caso concreto, el medio de control procedente es el de reparación directa,
porque la sociedad demandante no hizo derivar el daño del contenido de una
decisión administrativa expresa o ficta, ni pretendió cuestionar la legalidad de una
negativa presunta. Por el contrario, desde la demanda atribuyó el daño a la omisión
del municipio de La Pintada consistente en no adoptar las actuaciones necesarias
para permitir la puesta en operación del servicio público de transporte terrestre
automotor mixto en vehículos tipo motocarro, pese a que, según afirmó, esa
actividad había sido previamente autorizada. Además, no se advierte que la actora
hubiera hecho valer la ficción del silencio administrativo negativo mediante recursos
contra un acto presunto o a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

En esas condiciones, la controversia no recae sobre los efectos de un acto
administrativo ficto, sino sobre una conducta omisiva que, conforme a lo alegado,
conservó autonomía como posible fuente del daño. Por tanto, el cauce procesal
adecuado para examinar las pretensiones es el medio de control de reparación
directa.

3. Análisis frente a la oportunidad para presentar el medio de control

Definido que el medio de control procedente es el de reparación directa,
corresponde establecer si la demanda fue presentada dentro del término previsto
para este tipo de pretensiones. Al respecto, el literal i) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA dispone que la demanda deberá presentarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
de este, si ello ocurrió en fecha posterior y siempre que acredite la imposibilidad de
haberlo conocido en el momento de su ocurrencia.

En este asunto, la Sala advierte que el derecho de acción fue ejercido
oportunamente. En efecto, como se precisó en el acápite anterior, la sociedad
demandante no hizo derivar el daño del contenido de una decisión administrativa
expresa o presunta, ni hizo valer un acto ficto derivado del silencio administrativo
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negativo. Por el contrario, atribuyó la afectación patrimonial reclamada a la omisión
del municipio de La Pintada de adoptar las actuaciones necesarias para permitirle
desarrollar la actividad económica para la cual, según afirmó, había obtenido
permiso de operación y habilitación.

En esa medida, el punto de partida para contabilizar la caducidad no corresponde
al vencimiento del término de tres meses previsto en el artículo 83 del CPACA para
la configuración del silencio administrativo negativo, pues dicha disposición regula
una institución distinta: el nacimiento de una decisión administrativa presunta. Como
en este caso la controversia no se dirige contra los efectos de una negativa ficta,
sino contra una omisión administrativa autónoma, el referente temporal debe
ubicarse en el momento en que la Administración dejó vencer el término legal que
tenía para responder la solicitud y, con ello, se hizo cognoscible la inactividad que
la demandante reprocha como fuente del daño.

Así, se encuentra acreditado que el 10 de marzo de 2016 Taxis La Provincia solicitó
a la administración municipal de La Pintada emitir concepto favorable para el ingreso
de diez vehículos nuevos tipo motocarro al parque automotor, así como expedir las
respectivas tarjetas de operación de los motocarros ya existentes, con el fin de
cumplir el compromiso adquirido dentro del proceso licitatorio. Frente a esa petición,
y sin que en el expediente se hubiera acreditado una norma especial que fijara un
plazo distinto para resolver una solicitud de esa naturaleza, el término ordinario para
resolver era el previsto en el artículo 14 del CPACA, esto es, quince días hábiles
siguientes a su recepción.

En consecuencia, el término para que la Administración diera respuesta efectiva a
la solicitud venció el 5 de abril de 2016. A partir del día siguiente —6 de abril de
2016— debe contabilizarse, en principio, el término de dos años para ejercer el
medio de control de reparación directa, pues desde ese momento la parte actora
pudo conocer la inactividad administrativa que reprocha y advertir la eventual
afectación patrimonial cuya indemnización reclama, sin que obre prueba de que se
encontrara en imposibilidad de conocer el daño en esa oportunidad.

De esta manera, el término inicial de caducidad vencía el 6 de abril de 2018. Sin
embargo, antes de esa fecha, el 21 de julio de 2017, la parte demandante presentó
solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público, trámite
que suspendió el término de caducidad hasta el 1º de septiembre de 2017, fecha en
la que se declaró fallida la diligencia. La demanda fue presentada el 4 de septiembre
de 2017, esto es, dentro del término de dos años previsto para el medio de control
de reparación directa.

La misma suerte corre el análisis de caducidad respecto de la omisión en dar
respuesta a la solicitud que la sociedad demandante radicó ante el municipio de La
Pintada el 7 ° de febrero de 2017 (hecho probado 6.12.), pues el término de quince
días hábiles siguientes a su recepción vencía el 28 de febrero siguiente. De ahí que,
como la solicitud de conciliación fue presentada ante el Ministerio Público el 21 de
julio de 2017 y la demanda lo fue el 4 de septiembre siguiente, se observa que el
derecho de acción se ejerció dentro del término previsto por el legislador.

Por consiguiente, la Sala concluye que la demanda fue presentada oportunamente,
pues la caducidad debía contabilizarse desde el día siguiente al vencimiento del
término legal para responder la petición que dio lugar a la omisión alegada, y no
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Radicado: 05001233300020170280201 (63750)
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desde el término de tres meses previsto para la configuración del silencio
administrativo negativo, figura que no constituye la fuente del daño en este caso.

4. Legitimación para la causa

Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es, de un
lado, Taxis La Provincia, y de otro, el municipio de La Pintada se advierte lo
siguiente:

(i) Taxis La Provincia es la persona jurídica sobre quien recae el interés jurídico que
se debate en este proceso y está legitimada en la causa por activa, pues acreditó
ser la empresa a la cual el municipio de La Pintada le otorgó el permiso y la
habilitación para operar el servicio público de transporte terrestre automotor mixto
en vehículos tipo motocarro (hechos probados 6.4. y 6.5.), y que, según se expone
en la demanda, sufrió un detrimento patrimonial como consecuencia de la
imposibilidad de ejercer dicha actividad económica.

(ii) El municipio de La Pintada se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda
vez que el artículo 315 de la Constitución Política dispone que “son atribuciones del
alcalde […] dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento
de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo […]”. A su turno, el
artículo 2.2.1.5.2.1. del Decreto 1079 de 201538 señala que los alcaldes municipales
o distritales son autoridades competentes en materia de transporte y el artículo
2.2.1.5.9.2. de dicha normatividad, por su parte, prevé que “[l]a autoridad
competente expedirá la tarjeta de operación únicamente a los vehículos legalmente
vinculados a las empresas de transporte público debidamente habilitadas, de
acuerdo con la capacidad transportadora fijada a cada una de ellas”. Además, en la
demanda se le atribuye el haber impedido a Taxis La Provincia ejercer la actividad
económica para la cual había sido previamente autorizada y habilitada,
circunstancia de la cual se hace derivar el daño cuya reparación se pretende.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en efecto, la sociedad demandante sufrió una
aminoración patrimonial derivada de la imposibilidad de ejercer la actividad
económica para la cual había sido previamente autorizada y habilitada.

6. Hechos probados

Antes de relacionar los hechos probados, conviene realizar algunas precisiones
sobre la valoración de los medios de prueba allegados al proceso.

En primer lugar, la Sala pone de presente que no valorará las peticiones
presentadas por los representantes legales de las cooperativas “Cootranspin” y
“Coopintada” ante el municipio de La Pintada y la Personería de ese ente territorial39,
ni las elevadas por los ciudadanos Daniel Marín Cano40 y Daniel García Useche41
ante dicha entidad, así como tampoco las respuestas dadas por esta última frente

38 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”.
39 Fl. 357, 350 a 363, C.1.y 575 a 577, 581 a 582, C.2.
40 Fl. 495 a 501, C.1.
41 Fl. 454 a 456, C.1. y 556 a 566, C.2.

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a tales solicitudes42. Ello, por cuanto fueron promovidas por personas ajenas a la
sociedad demandante y versan sobre asuntos ajenos al objeto de la controversia
que ahora ocupa la atención de la Sala43.

Por otra parte, tampoco serán objeto de valoración las decisiones mediante las
cuales el municipio de La Pintada habilitó a dichas cooperativas para prestar el
servicio público de transporte en la modalidad de motocarro44, en la medida en que
tales actuaciones definieron situaciones jurídicas particulares de terceros ajenos al
presente litigio.

De igual forma, no se valorarán las actas de las reuniones realizadas por la entidad
demandada que no precisan el objeto o finalidad para la cual fueron convocadas ni
denotan la participación de Taxis La Provincia45, pues tales deficiencias impiden
determinar su relación con los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones
de la demanda.

Finalmente, es pertinente resaltar que al expediente se aportaron las actuaciones
procesales correspondientes al proceso de nulidad promovido contra los actos
administrativos mediante los cuales se dispuso la apertura de la Licitación Pública
No. LP-SG-001 y se adjudicó el permiso para la prestación del servicio de transporte
terrestre automotor mixto en vehículo tipo motocarro en el marco de esta
convocatoria46. Tales documentos serán apreciados de conformidad con las reglas
de la sana crítica y se valorarán únicamente en caso de que resulten conducentes
para demostrar los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Examinado el acervo probatorio que reposa en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al problema
jurídico planteado en el presente asunto:

6.1. Mediante escritura pública 257 del 5 de febrero de 1998 otorgada en la Notaría
Tercera de Medellín, se constituyó la sociedad comercial de responsabilidad
limitada denominada Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia, con
el objeto de prestar el servicio público de transporte de personas, encomiendas y
paquetes. Esta empresa posteriormente se transformó en una sociedad por
acciones simplificada y adquirió la denominación de Sociedad Transportadora
Individual y Colectiva, Taxis La Provincia S.A.S47.

6.2. Por Resolución No. 212 del 16 de junio de 2015, el alcalde de La Pintada
dispuso la apertura de la Licitación Pública No. LP-SG-001, cuyo objeto consistió en
“otorgar permiso de operación para la prestación del servicio público de transporte
terrestre automotor mixto en vehículos clase motocarros” dentro del territorio
municipal. En dicho acto se definieron las rutas y los horarios de prestación del
servicio y se dio a conocer el pliego de condiciones que regiría la convocatoria, en
el cual se estableció, como requisito para acceder a la autorización, el cumplimiento

42 Fl. 206 a 210, 490 a 494, C.1. y 571 a 574, 578 a 580, C.2.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de diciembre de 2022, Rad.:

60708.
44 Fl. 583 a 584, C.2.
45 Fl. 211, C.1.; 505 a 507 y 519 a 522, C.2.
46 Fl. 215 a 223, 224 a 225, 232, 239, 242, 246, 247, 250 a 252, 253 a 254 y 255 a 264, C.1.
47 Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Medellín

para Antioquia. Fl. 326 a 328, C.1.
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de una capacidad mínima transportadora equivalente a cuarenta y ocho (48)
vehículos48.

6.3. El 23 de junio de 2015, los alcaldes de los municipios de La Pintada y La Ceja
del Tambo suscribieron un “convenio interadministrativo y de cooperación”, cuyo
objeto consistió en aunar esfuerzos para ejercer las funciones de tránsito y
transporte en el municipio de La Pintada49.

6.4. El 26 de junio de 2015 Taxis La Provincia presentó una propuesta dentro del
referido proceso licitatorio, en la que manifestó conocer las reglas del procedimiento
de selección y afirmó cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones50.

6.5. Mediante la Resolución No. 236 del 21 de julio de 2015, el alcalde de La Pintada
adjudicó la Licitación Pública No. LP-SG-001 a la empresa Taxis La Provincia y, en
consecuencia, le otorgó el permiso para la operación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto en vehículos “tipo motocarro” dentro del
territorio municipal. En dicho acto se fijó de manera expresa la capacidad
transportadora autorizada para la prestación del servicio, al establecer que esta no
podría ser inferior a cuarenta y ocho (48) ni superior a sesenta (60) vehículos51.

6.6. A través de la Resolución No. 358 del 10 de diciembre de 2015, el mismo
funcionario otorgó a la empresa Taxis La Provincia la habilitación para prestar el
servicio público ya aludido. En este acto se dispuso que el permiso tendría una
vigencia de tres (3) años, condicionada a la acreditación de la existencia de los
vehículos en la cantidad ofrecida y al cumplimiento de las demás condiciones
contenidas en la propuesta y en el pliego de condiciones52.

6.7. El 10 de marzo de 2016, Taxis La Provincia solicitó a la administración municipal
emitir concepto favorable para el ingreso de diez (10) vehículos nuevos “tipo
motocarro” al parque automotor, así como expedir las respectivas tarjetas de
operación de los motocarros ya existentes, con el fin de “cumplir con el compromiso
adquirido dentro del proceso licitatorio”53.

6.8. El 22 de abril de 2016 se llevó a cabo una reunión entre Taxis La Provincia y la
administración de La Pintada, en la que se acordó aplazar el inicio de la operación
del servicio público de transporte hasta que la empresa presentara por escrito una
nueva propuesta que acogiera los intereses de los mototaxistas del municipio54.

6.9. El 30 de junio de 2016, el alcalde de La Pintada expidió el Oficio No. 129,
mediante el cual negó a la sociedad actora la autorización para vincular diez (10)
vehículos nuevos “tipo motocarro” al parque automotor municipal, así como la

48 Copia de la Resolución No. 212 del 16 de junio de 2015. Fl. 371 a 374, C.1.
49 Copia del convenio interadministrativo y de cooperación suscrito el 23 de junio de 2015 por los

alcaldes de los municipios de La Pintada y La Ceja del Tambo. Fl. 667 a 670, C.2.
50 Copia de la propuesta presentada por Taxis La Provincia en el marco del proceso licitatorio. Fl.

395 a 426, C.1.
51 Copia de la Resolución No. 236 del 21 de julio de 2015. Fl. 482 a 487, C.1.
52 Copia de la Resolución No. 358 del 10 de diciembre de 2015. Fl. 658 a 660, C.2.
53 Copia de la solicitud de fecha 10 de marzo de 2016 presentada por Taxis La Provincia a la

administración municipal de La Pintada. Fl. 226 a 228, C.1.
54 Copia del acta de la reunión celebrada el 22 de abril de 2016. Fl. 229 a 231, C.1.

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expedición de las correspondientes tarjetas de operación respecto de los vehículos
ya existentes. La decisión se fundamentó en que la solicitante no acreditaba el
cumplimiento de la capacidad mínima transportadora exigida ni la titularidad del
equipo automotor requerido para la prestación del servicio55. Según el contenido del
documento, no se observa que haya sido notificado al interesado. Tampoco obra
prueba que permita acreditar o inferir que la sociedad demandante fue notificada de
dicho oficio por conducta concluyente.

6.10. El 15 de julio de 2016, Taxis La Provincia remitió a la Policía de Carreteras de
Antioquia copia de la petición elevada a la alcaldía de La Pintada, mediante la cual
solicitó la expedición de las tarjetas de operación. Asimismo, requirió a esa
autoridad adelantar operativos dirigidos a erradicar la informalidad “en este tipo de
transporte en el Municipio de la Pintada”56.

6.11. En la misma fecha antes referida, Taxis La Provincia puso en conocimiento
de la Dirección Territorial Antioquia–Chocó del Ministerio de Transporte la solicitud
presentada ante la administración municipal de La Pintada para que emitiera
concepto favorable para el ingreso de nuevos vehículos al parque automotor del
municipio y expidiera las respectivas tarjetas de operación para los motocarros ya
existentes57.

6.12. El 7 de febrero de 2017, Taxis La Provincia radicó en la alcaldía de La Pintada
una nueva propuesta para la operación del servicio público de transporte terrestre
automotor mixto en vehículos tipo motocarro. En dicha comunicación planteó como
cuota de vinculación por cada vehículo la suma de $9.850.000, pagadera mediante
cuotas diarias de $5.000 durante un término de cinco (5) años y seis (6) meses. De
igual manera, solicitó se le “permitiera la entrada en operación del servicio” y advirtió
que la imposibilidad de ponerlo en funcionamiento le estaba ocasionando perjuicios
económicos58.

6.13. El 4 de abril de 2017, Taxis La Provincia informó a la Policía de Carreteras
que en “diferentes ocasiones” había solicitado a la alcaldía de La Pintada el
cumplimiento del proceso licitatorio y de la resolución que le había otorgado la
habilitación para la prestación del servicio autorizado. Indicó que, hasta esa fecha,
la administración municipal no había adoptado ninguna decisión al respecto,
guardando silencio “administrativo” frente a sus solicitudes59.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 28 de febrero
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de
la demanda, la sociedad actora afirmó, en primer lugar, que lo probado en el proceso

55 Copia del oficio No. 129 expedido el 30 de junio de 2016 por el alcalde municipal de La Pintada.

Fl. 672, C.2.
56 Copia de la solicitud presentada el 15 de julio de 2016 por Taxis La Provincia ante la Policía de

Carreteras de Antioquia. Fl. 240, C.1.
57 Copia del oficio de fecha 15 de julio de 2016 presentado por Taxis la Provincia a la Dirección

Territorial Antioquia – Chocó del Ministerio de Transporte. Fl. 241, C.1.
58 Copia del oficio del 1° de febrero de 2017 presentado por Taxis La Provincia ante el alcalde del

municipio de La Pintada. Fl. 243 a 245, C.1.
59 Copia del oficio del 4 de abril de 2017 presentado por Taxis La Provincia ante la Policía de

Carreteras del municipio de La Pintada. Fl. 248 a 249, C.1.
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permitió constatar los “perjuicios reclamados”, toda vez que la omisión de la
Administración en dar respuesta a sus solicitudes para iniciar operaciones en el
municipio de La Pintada le impidió llevar a cabo la operación del servicio público de
transporte terrestre automotor mixto de vehículos tipo motocarro, pese a haber
cumplido con la documentación y los requisitos exigidos en la Licitación Pública No.
LP-SG-001 del 2015.

Por otra parte, sostuvo que, contrario a lo considerado por el a quo, cumplió con la
“regulación jurídica correspondiente, como lo es el Decreto 4190 del 29 de octubre
de 2007; el Decreto 4125 de 2008, del Ministerio de Transporte; la Ley 80 de 1993,
el Decreto 1082 de 2015; la Resolución 000478 del 22 de febrero de 2010, del
Ministerio de Transporte; memorando 20130000 del 28 de febrero de 2013”.

En tercer lugar, advirtió que el acto de adjudicación era irrevocable y que, una vez
obtuvo el permiso para la operación, este produjo efectos jurídicos a su favor, de
manera que la omisión del municipio en adoptar oportunamente las medidas para
la puesta en operación del servicio de transporte adjudicado y habilitado comportó
la causación del detrimento patrimonial reclamado.

Así pues, teniendo en cuenta que en el presente asunto solo apeló la sociedad
demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del CGP60,
exclusivamente habrá lugar a resolver el asunto en aquello que se reprocha como
desfavorable en el recurso61. Por ello, a continuación, se examinará si la sociedad
demandante sufrió una aminoración patrimonial derivada de la imposibilidad de
ejercer la actividad económica para la cual había obtenido permiso de operación y
habilitación.

No se analizará el cargo elevado por la recurrente frente a la irrevocabilidad del acto
de adjudicación, porque se trata de un argumento que no fue expuesto en el escrito
de la demanda, frente al cual la entidad demandada no tuvo la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa y contradicción en la etapa procesal correspondiente.
En consecuencia, emitir un pronunciamiento de fondo sobre ese aspecto
desconocería el principio de congruencia que debe guardarse entre lo pedido en la
demanda, lo resuelto en la sentencia y lo alegado en el recurso de apelación62. Por
las mismas razones, la Sala se abstendrá de analizar lo expuesto por la parte actora
en los alegatos de conclusión de segunda instancia, en relación con la auditoría
realizada el 22 de enero de 2020 por la Contraloría Departamental de Antioquia, por
tratarse de un hecho nuevo que no fue planteado en la oportunidad procesal
correspon diente.

60 “Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,

únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior
revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable
la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo”.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.:

21060.
62 “(…) debe recordarse que el juez de segunda instancia debe tomar la decisión de forma congruente

con la demanda, la sentencia y el recurso; en tal sentido, no puede abordar materias que se señalan
en la apelación, que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados al inicio del
proceso o sobre los cuales no se haya cumplido la carga procesal de sustentación que permita
cuestionar la sentencia impugnada, pues se vulneraría la garantía del derecho fundamental al debido
proceso a las partes en el proceso judicial”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 12
de diciembre de 2022, Rad.: 05001-23-33-000-2012-00576-01.
20

Radicado: 05001233300020170280201 (63750)
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7.1. No se acreditó la aminoración patrimonial reclamada derivada de la
imposibilidad de ejercer la actividad económica para la cual la sociedad
demandante obtuvo permiso de operación y habilitación

7.1.1. En el presente asunto, la accionante hace consistir el daño reclamado en la
aminoración patrimonial que dice haber sufrido porque el municipio de La Pintada
(Antioquia) le impidió desarrollar la actividad económica para la cual había obtenido
permiso de operación y habilitación.

Para comenzar, debe señalarse que el daño ha de ser entendido como la lesión,
aminoración o alteración negativa e injustificada a un derecho o a un interés
jurídicamente tutelado de una persona63.

Debe advertirse, entonces, que la existencia del daño requiere que este reúna
determinadas características, entre las cuales se destacan su certeza, su carácter
personal y su antijuridicidad. De modo que sólo cuando estas exigencias se
encuentren verificadas es posible afirmar que se está frente a un daño y, por ende,
apto para generar una obligación resarcitoria. De lo contrario, la afectación – aunque
materialmente existente – carece de relevancia jurídica en el ámbito de la
responsabilidad.

En definitiva, el daño es el primer elemento que debe observarse en el análisis de la
responsabilidad patrimonial del Estado, dado que constituye el eje central de la
obligación resarcitoria y en presupuesto necesario del juicio de imputación, al que solo
se avanza si aquel se encuentra debidamente acreditado64.

Esa es la razón por la cual, para el estudio de la responsabilidad patrimonial del
Estado, esta Corporación – por regla general - ha asumido una metodología que
encuentra punto de partida en la verificación de la existencia del daño65, el cual,
además, debe reunir las características de ser cierto, personal y antijurídico.

El carácter cierto del daño implica que su existencia debe ser real y estar
suficientemente acreditada. Esa certeza se predica tanto de su ocurrencia como de su
alcance, de modo que la afectación aparezca de manera clara y verificable. Por
consiguiente, cuando lo alegado corresponde a una mera posibilidad o una hipótesis,
no se configura un daño cierto66.

63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de septiembre de 2025,

Rad.: 70851.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de junio de 2025, Rad.:

65459.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, Rad.:.

46932. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de 2018,
Rad.:. 46328.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2021, Rad.:

65510: “[…] la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano ha señalado la necesidad de que el
daño, para aspirar a ser indemnizado, tiene que estar revestido de certeza. No puede por tanto
tratarse de un daño genérico o hipotético sino un daño específico […] la certeza del perjuicio hace
relación a la evidencia y seguridad de su existencia […] es incierto el daño ‘cuando hipotéticamente
puede existir, pero depende de circunstancias de remota realización que pueden suceder o no’ y,
por lo tanto, no puede considerarse a los efectos de la responsabilidad patrimonial […]”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2025, Rad.: 65826: “[…]

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7.1.2. Pues bien, además de los medios probatorios arrimados al proceso, que
vienen de describirse en el acápite de hechos probados, en el presente asunto se
recepcionó el testimonio de Alonso de Jesús Bedoya Escobar.

(i) El señor Bedoya Escobar manifestó ser el representante legal de la Cooperativa
de Transporte de Motocarros de La Pintada “Cootranspin” e indicó que dicha
organización no participó en la convocatoria pública adelantada por el municipio de
La Pintada en el año 2015 para la “habilitación” de empresas de motocarro, “porque
no había garantías”.

Explicó que, “después de que se habilitó” a Taxis La Provincia, “como a los 15 días
bajó” su representante legal y “me dijo que nosotros teníamos que pagarle ocho
millones de pesos cada uno por el servicio público y quince millones por el de
particular y pagarle unos aportes mensuales”.

Añadió que esta persona le envió un documento para que lo firmara, con el fin de
que los vehículos de “Cootranspin” quedaran inscritos en Taxis La Provincia, pero
que no accedió a firmarlo porque esa empresa no tenía ningún motocarro.

7.1.3. La Sala precisa que dicho testimonio se rindió con observancia de las formas
previstas en el CGP67, norma aplicable por remisión del artículo 30668 del CPACA,
y, por tanto, constituye un medio de prueba válidamente incorporado al expediente.
Así las cosas, la Sala valorará esta declaración en conjunto con los demás medios
de prueba obrantes en el expediente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica
previstas en el artículo 17669 del CGP.

7.1.4. Ahora bien, aunque el testimonio de Alonso de Jesús Bedoya Escobar dio
cuenta de las circunstancias por las cuales la cooperativa que representa se abstuvo
de participar en la convocatoria pública adelantada por el municipio de La Pintada
en el año 2015 para la "habilitación" de empresas de "motocarros", así como de las
sumas que, según indicó, exigía el representante legal de Taxis La Provincia por
concepto de aportes y vinculación de vehículos, lo cierto es que su dicho no permite
acreditar el daño reclamado, pues no expone hechos o circunstancias concretas
que permitan siquiera inferir una aminoración patrimonial cierta en cabeza de la
demandante derivada de los hechos que aquí se debaten.

Por el contrario, de su declaración se desprende que la solicitud económica
realizada a “Cootranspin” no pasó de ser una exigencia sin fundamento alguno,
pues el propio testigo manifestó que se negó a firmar el documento enviado por este

un menoscabo con carácter eventual y/o hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas no es
susceptible de ser reparado, pues, los conceptos de eventualidad y certeza son opuestos y el daño,
se insiste, debe ser cierto para que satisfaga los requisitos para ser indemnizable […]. En este
sentido, también se puede consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 18 de junio de 2025, Rad.: 64133.
67 Concretamente, las disposiciones del capítulo V “Declaración de terceros”, artículos 208 a 225.
68 CPACA. “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código

se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
69 CGP. “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto,

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba”.
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porque "esa empresa no tenía ningún motocarro"; y aunque afirmó que se exigían
determinadas sumas por concepto de vinculación de vehículos y aportes
mensuales, su relato no permite establecer que hubiese existido, en efecto, una
relación consolidada para la prestación del servicio, circunstancia que impide tener
por demostrada la existencia de una actividad económica efectivamente
estructurada cuya frustración hubiera podido generar el menoscabo alegado por la
compañía demandante.

7.1.5. En consecuencia, una vez valorados los medios de convicción que reposan
en el expediente, se advierte que lo probado en el proceso no permite acreditar la
afectación patrimonial reclamada, por las razones que pasan a exponerse:

7.1.6. Al expediente se aportó el oficio con el que Taxis La Provincia solicitó a la
administración municipal de La Pintada emitir un concepto favorable para el ingreso
de diez (10) vehículos nuevos tipo motocarro al parque automotor del municipio y
expedir las respectivas tarjetas de operación de los motocarros ya existentes (hecho
probado 6.7.). Aunque con dicho oficio se allegó una relación de veintinueve (29)
matrículas, tal información no permite establecer si estas correspondían a unos
vehículos efectivamente destinados a la explotación del servicio adjudicado. En
efecto, la relación aportada no identifica la clase de vehículo a la que correspondían
dichas matrículas, ni estuvo acompañada de licencias de tránsito, contratos de
vinculación u otros documentos que permitieran verificar la existencia de
operaciones asociadas a la prestación del servicio autorizado. Así, el referido
documento no permite corroborar los hechos en los que se fundamentó el daño
reclamado, esto es, que la sociedad contara con vehículos efectivamente
destinados a la explotación del servicio cuya paralización hubiera podido generar
una afectación patrimonial susceptible de ser reparada.

7.1.7. Lo mismo ocurre con el oficio mediante el cual Taxis La Provincia puso en
conocimiento de la Dirección Territorial Antioquia - Chocó del Ministerio de
Transporte la petición referida anteriormente (hecho probado 6.11.). Más allá de
informar a esa entidad la solicitud elevada, el documento no da cuenta de
circunstancias objetivas que permitan inferir la existencia de un detrimento
patrimonial cierto. En efecto, la comunicación se limitó a reiterar algunos de los
requerimientos formulados por la empresa, sin aportar los soportes que acrediten la
efectiva destinación de vehículos a la operación del servicio.

7.1.8. En cuanto al oficio mediante el cual Taxis La Provincia remitió a la Policía de
Carreteras de Antioquia copia de la solicitud elevada ante la alcaldía de La Pintada
para la expedición de las tarjetas de operación y requirió, adicionalmente, la
realización de operativos dirigidos a contrarrestar la informalidad en la prestación
del servicio de transporte en motocarro en ese municipio (hecho probado 6.10.), la
Sala observa que dicho documento únicamente da cuenta de gestiones
administrativas orientadas a hacer efectiva la habilitación otorgada, pero no aporta
elemento alguno que permita acreditar la existencia de una afectación patrimonial
en cabeza de la actora.

7.1.9. De otro lado, el oficio con el que Taxis La Provincia radicó en la alcaldía de
La Pintada una nueva propuesta para la operación del servicio (hecho probado
6.12.), tampoco acredita la existencia de vehículos en su parque automotor. Su
contenido se limita a proponer una cuota de admisión por cada vehículo e indicar la
forma y el plazo en que esta sería pagadera y no refleja que dicha propuesta hubiera
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sido aceptada, que existieran vehículos efectivamente vinculados bajo esas
condiciones o que, con ocasión de esa iniciativa, se hubieran consolidado
situaciones económicas concretas susceptibles de afectación.

Si bien en dicho documento la demandante afirmó que la “inactividad” de la
administración le generaba “grandes perjuicios económicos”, esa manifestación no
estuvo acompañada de soportes contables, técnicos, financieros o negociales que
permitieran identificar o verificar la existencia cierta y concreta de tales afectaciones
patrimoniales, falencia que tampoco fue superada con ninguno de los medios
probatorios, cualquiera que sea su naturaleza, y/o con los que cuentan las partes
en todo trámite judicial.

7.1.10. La misma suerte corre el documento mediante el cual la empresa
demandante informó a la Policía de Carretera que la administración municipal no
había dado cumplimiento al proceso licitatorio ni a la resolución que le otorgó la
habilitación para prestar el servicio autorizado y que, además, había guardado
silencio frente a las solicitudes elevadas (hecho probado 6.13.). Dicha comunicación
únicamente da cuenta de las gestiones adelantadas por la sociedad actora para
reclamar una respuesta de las autoridades, pero no aporta algún elemento que
permite determinar o establecer que, para ese momento, existiera una actividad
económica en funcionamiento, contratos frustrados u operaciones suspendidas de
las que pudiera inferirse una afectación patrimonial.

Al punto, debe subrayarse que el solo hecho de invocar el incumplimiento de la
administración no comporta, por sí solo, la existencia del daño alegado pues, una
cosa es que la sociedad demandante haya reclamado ante las autoridades la falta
de respuesta de la administración municipal y otra, muy distinta, que esa inactividad
le hubiera generado una afectación patrimonial. Es que para demostrar la existencia
de tal menoscabo no basta con acreditar el incumplimiento a un deber funcional por
parte de la Administración; es necesario y determinante acreditar que se sufrió una
merma patrimonial real, exigencia que, como se ha expuesto, no fue satisfecha por
la parte demandante.

7.1.11. Por otra parte, resulta importante señalar que, aunque la sociedad
demandante refirió que la omisión en dar respuesta a sus solicitudes para iniciar
operaciones en el municipio de La Pintada imposibilitó desarrollar la operación para
prestar el servicio de transporte terrestre automotor mixto en vehículos tipo
motocarro, lo cierto es que, al participar en la convocatoria pública abierta por dicha
autoridad municipal, aceptó cumplir con todos los requisitos exigidos en el pliego de
condiciones70, entre ellos, la acreditación de la capacidad mínima transportadora
exigida como condición para la operación del servicio.

Así las cosas, debe subrayarse que la circunstancia de que la sociedad demandante
no hubiera podido empezar operaciones, pese a haber sido autorizada y habilitada
para prestar el servicio público de transporte, no comporta, por sí misma, la
existencia de un daño cierto o de una afectación económica concreta. Para arribar

70 En la resolución por medio de la cual el municipio de La Pintada dispuso la apertura de la Licitación

Pública No. LP-SG-001, la administración definió las rutas y los horarios de prestación del servicio y
dio a conocer el pliego de condiciones que regiría la convocatoria, en el cual se estableció, como
requisito para acceder a la autorización, el cumplimiento de una capacidad mínima transportadora
equivalente a cuarenta y ocho (48) vehículos (hecho probado 6.2.).
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a esa conclusión, era necesario acreditar con alguno de los medios de prueba
arrimados al plenario71, que la empresa había demostrado ante la autoridad
competente la disponibilidad de los vehículos en la cantidad y condiciones ofrecidas
en la propuesta y que, pese a ello, la administración municipal le impidió iniciar la
prestación del servicio autorizado72.

Con todo, debe señalarse que el hecho de que Taxis La Provincia hubiera solicitado
a la administración municipal de La Pintada la habilitación de vehículos tipo
motocarro y la expedición de tarjetas de operación no permite inferir, por sí mismo,
la existencia de una afectación cierta. Lo acreditado da cuenta, a lo sumo, de
gestiones y solicitudes encaminadas a materializar la operación del servicio
adjudicado, pero no de una flota de vehículos efectivamente destinada a su
prestación, de una estructura operativa real en funcionamiento ni de una actividad
económica consolidada cuya frustración permita tener por acreditada una afectación
patrimonial concreta.

7.1.12. Así pues, que la demandante afirme que la omisión del municipio le causó
un menoscabo por la imposibilidad de desarrollar la actividad económica que
previamente le había sido autorizada, constituye una simple alegación de parte, que
en ningún momento fue respaldada con elemento probatorio alguno. Al respecto,

71 Además de los enunciados en el acápite de hechos probados, al expediente se allegaron también

otros documentos correspondientes al proceso de selección para la adjudicación del permiso de
transporte, tales como: (i) detalle del proceso número LP-SG-001 registrado en el SECOP (Fl. 9 a
10, C.1.); (ii) estudios previos (Fl. 366 a 370, C.1.); (iii) adenda aclaratoria y modificatoria No. 01 al
pliego de condiciones (Fl. 394, C.1.); (iv) acta de cierre de presentación de propuestas (Fl. 427 C.1.);
(v) evaluación jurídica y técnica de la propuesta presentada a la licitación pública No. LP-SG-001 de
2015 (Fl. 428 a 437, C.1.); (vi) aclaración evaluación jurídica y técnica de la propuesta (Fl. 440, C.1.);
(vii) subsanaciones a las observaciones de evaluación de la propuesta (Fl. 441 a 450, C.1.); (viii)
acta de recepción de subsanación a las observaciones de evaluación de la propuesta (Fl. 451 a 452,
C.1.); (ix) acta de recepción de observaciones (Fl. 81, C.1.); (x) solicitud de habilitación de empresa
de transporte público terrestre automotor en vehículo clase motocarro presentada a la administración
de La Pintada por Taxis La Provincia (Fl. 139 a 183, C.1.); (xi) Decreto No. 092 de 2014, mediante el
cual el municipio de La Pintada aprueba estudio técnico de oferta y demanda para el servicio de
transporte terrestre automotor mixto en motocarro (Fl. 346 a 351, C.1.); (xii) acta de verificación de
cumplimiento de requisitos para habilitación presentada al municipio de La Pintada por Taxis La
Provincia (Fl. 643 a 645, C.2.); (xiii) manifestaciones de interés para participar en proceso de
selección presentadas al municipio de La Pintada por Taxis La Provincia y Cootranspin (Fl. 364 a
365, C.1.); (xiv) acta de reunión presentación estudio de oferta y demanda para establecer la
necesidad del servicio público de transporte terrestre automotor mixto en motocarro (Fl. 508 a 509,
C.2.); (xv) acta reunión con transportadores municipio de La Pintada (Fl. 515 a 518, C.2.); (xvi)
memorandos 20111340307651 y 20124030160753 de la oficina jurídica del Ministerio de Transporte
(Fl. 460 a 471, C.1); (xvii) concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
Rad.: 1.927, (Fl. 471 a 481, C.1.), estos últimos relacionados con la póliza de cumplimiento de la
oferta en la licitación pública.
72 Decreto 1079 de 2015. “2.2.1.5.10.1.10. Las empresas adjudicatarias que cuenten con habilitación

vigente dentro de un plazo no superior a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de expedición
del permiso, deberán iniciar la prestación del servicio por el término de tres (3) años, previa
acreditación ante la autoridad competente de la existencia de los vehículos en la cantidad y las
demás condiciones de la propuesta. Las empresas adjudicatarias que no cuenten con habilitación,
tendrán un plazo máximo de cuatro (4) meses para obtener habilitación e iniciar la prestación del
servicio, contados a partir de la ejecutoria del acto de autorización del permiso. Si el adjudicatario no
entra a prestar el servicio dentro del plazo señalado en el presente artículo, se hará efectivo el valor
de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta. […]”.
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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

vale reiterar que, conforme lo ha señalado en reiteradas oportunidades esta
Subsección, no puede la propia parte acreditar un hecho con su simple dicho73.

En conclusión, el daño reclamado por la imposibilidad de desarrollar la actividad
económica para la cual la sociedad actora había sido autorizada reposa
exclusivamente en afirmaciones de parte que permanecen en el plano de la
conjetura y la suposición, de modo que, por carecer de respaldo probatorio y estar
desprovista de la certeza que se exige en el juicio de responsabilidad, no es posible
su indemnización.

7.1.13. Así las cosas, de conformidad con el análisis expuesto, se impone confirmar
la sentencia del 28 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, por cuanto
el material probatorio allegado al proceso, valorado en su conjunto, no permite
establecer que el daño reclamado satisfaga los requisitos para su resarcibilidad. De
ahí que, ante la ausencia de dicho presupuesto de la responsabilidad patrimonial
pública resulta inane avanzar al juicio de atribución de dicho menoscabo74.

8. Conclusión

La Sala confirmará la sentencia del 28 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, toda vez
que, conforme a lo aquí expuesto, lo probado en el proceso no permitió tener por
acreditada la afectación patrimonial reclamada derivada de la imposibilidad de
ejercer la actividad económica para la cual la sociedad demandante había obtenido
permiso de operación y habilitación.

9. Condena en costas en primera instancia

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia
condenó en costas a la sociedad demandante, en su condición de parte vencida.
Esta decisión fue apelada por dicho extremo procesal, bajo el argumento de que la
imposición de costas debía atender a su comportamiento durante el trámite del
proceso.

En relación con este punto, el artículo 18875 del CPACA dispone que, salvo en los
procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia debe pronunciarse
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por las normas
del Código General del Proceso. A diferencia del régimen previsto en el derogado
CCA, el CPACA acogió un criterio eminentemente objetivo para su imposición, de
modo que la condena recae sobre la parte vencida, sin que resulte relevante valorar
su conducta procesal76. La única excepción a esta regla se presenta cuando en el

73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024, Rad.:

65651.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de junio de 2025, Rad.:

65459.
75 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil. […]”.
76 “Precisado lo anterior, al tenor del CPACA y en armonía con el CGP, debe concluirse que procede

la condena en costas a la parte vencida sin que sea relevante analizar un elemento subjetivo”.

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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

proceso se debate un interés público, hipótesis que no se configura en el asunto
bajo examen, pues se trata de un litigio en el que se ventila una situación jurídica
particular y se formulan pretensiones de carácter patrimonial en favor de la parte
accionante.

En ese contexto, no le asiste razón a la recurrente, pues, conforme al marco
normativo aplicable y en armonía con lo dispuesto en el artículo 365 77 del CGP,
procede la condena en costas a la parte vencida, con prescindencia de
consideraciones subjetivas relativas a su comportamiento procesal. En
consecuencia, la decisión adoptada por el Tribunal en primera instancia en este
punto se ajustó a derecho y deberá confirmarse.

10. Condena en costas en segunda instancia

El numeral 1º del artículo 365 del CGP establece que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, siempre que se encuentren causadas y debidamente acreditadas. En
aplicación de dicha disposición, se impondrá condena en costas en esta instancia a
Taxis La Provincia, por haber sido la parte que resultó vencida en el proceso.

De otro lado, en lo atinente a las agencias en derecho, en virtud del numeral 4° del
artículo 36678 del CGP, se advierte que estas se fijan con observancia de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual debe atenderse
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
En el sub-lite, teniendo en cuenta que la entidad demandada no desplegó actuación
alguna en segunda instancia, se advierte que no habrá lugar a impartir una orden
para que proceda el pago de agencias en derecho, en la medida que no existe una
causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda, por
las consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 11 de agosto de 2025, Rad.:
63533.
77 “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código […]”.
78 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las

tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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Demandante: Transportadora Individual y Colectiva, Taxis La Provincia

SEGUNDO: CONDENAR en costas por la primera instancia a la parte demandante,
de conformidad con lo previsto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del CGP. Sin reconocimiento
alguno por agencias en derecho.

CUARTO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto
EJRC

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