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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-02878-02

Fecha
14 de julio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2017-02878-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la demandante, sin fijar agencias en derecho. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2017-02878-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

14 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y otros
Proceso: Medio de control de reparación directa

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA INVASIÓN DE INMUEBLES POR
PARTE DE TERCEROS-La invasión es, en principio, inimputable al Estado porque la causan terceros
particulares, ajenos a la Administración, y entraña un conflicto privado en torno a los derechos de propiedad,
posesión y tenencia. IMPUTACIÓN AL ESTADO-Surge cuando el particular solicita la protección de sus
derechos lesionados por la invasión ante las autoridades competentes y por las vías adecuadas, a pesar de lo
cual las entidades correctamente vinculadas no hacen cesar la perturbación. PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LA AUTORIDAD DE POLICÍA-No son juicios policivos para el amparo posesorio, ni
persiguen la defensa de los derechos de un propietario o poseedor particular.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 29 de noviembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme los argumentos
esgrimidos en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del
Proceso, se condena en costas de primera instancia a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación.

Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de
2016 del Consejo Superior de la Judicatura, según las consideraciones de esta
decisión.

TERCERO: En firme esta providencia archívese el expediente.”1.

1
Índice SAMAI 2. Expediente digital: 129ED_126SentenciaPrimeraI.

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la responsabilidad del Estado por los daños
que el demandante alega haber sufrido por la invasión a tres inmuebles de su
propiedad por parte de terceros, y que le endilga al municipio de Medellín por no
haber adelantado las medidas necesarias para liberar los predios de la perturbación,
al municipio de Bello, por la misma razón y por cuenta de la autorización que le
otorgó a EPM para la prestación del servicio público de energía a las viviendas
invasoras, y a la Policía y Ejército Nacional porque no fue posible desalojar a los
asentados por motivos de orden público, de seguridad, y a la presencia de grupos
al margen de la ley en la zona, situaciones que fueron permitidas por las entidades
de la fuerza pública.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 27 de octubre de 2017, Gilberto Alonso Zuluaga Quintero2 presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara
la responsabilidad extracontractual de la Nación-Ejército Nacional, la Nación-Policía
Nacional, el municipio de Bello y el municipio de Medellín por los perjuicios
causados por haber permitido la invasión de inmuebles de su propiedad, en los
siguientes términos:

“1. PRINCIPALES

1.1. PRIMERAS PRINCIPALES

PRIMERA. Que se declare que GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO sufrió
un daño antijurídico por la invasión de los inmuebles identificados con matrícula
inmobiliaria No. 01N-5254636, 01N-5366030 y 01N-5254667.

SEGUNDA. Que se declare que la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA
NACIONAL, el MUNICIPIO DE BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN fallaron en
la protección del derecho a la propiedad privada de GILBERTO ALONSO ZULUAGA
QUINTERO, al permitir la invasión de los inmuebles de su propiedad, no tomar
medidas para la cesasión de la invasión, cohonestar la invasión, permitir la alteración
del orden público en los inmuebles y no adoptar medidas tendientes al
restablecimiento del orden público en los mismos.

TERCERA. Que se declare que el daño antijurídico sufrido por GILBERTO ALONSO
ZULUAGA QUINTERO es imputable a la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA
NACIONAL, y el MUNICIPIO DE BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, como
consecuencia de su falla.

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Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 3 a 89.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

1.2. SUBSIDIARIAS

PRIMERA. Que se declare que GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO sufrió
un daño antijurídico por la invasión de los inmuebles identificados con matrícula
inmobiliaria No. 01N-5254636, 01N-5366030 y 01N-5254667.

SEGUNDA. Que se declare que la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA
NACIONAL, el MUNICIPIO DE BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN no
garantizaron la protección al derecho a la igualdad ante las cargas públicas de
GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO, al soportar una invasión de los
inmuebles de su propiedad y las alteraciones del orden público en dichos inmuebles.

TERCERA. Que se declare que el daño antijurídico sufrido por GILBERTO ALONSO
ZULUAGA QUINTERO es imputable a la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA
NACIONAL, el MUNICIPIO DE BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, como
consecuencia de su falla.

2. CONSECUENCIALES

2.1. PRINCIPALES

PRIMERA. Que se declare que GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO sufrió
un perjuicio que asciende a la suma de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
($33.850.072.200), como valor de reposición de los inmuebles invadidos.

SEGUNDA. Que como consecuencia de las declaraciones precedentes, se condene
a la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, el MUNICIPIO DE
BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN a reparar el perjuicio causado a GILBERTO
ALONSO ZULUAGA QUINTERO, como valor de reposición de los inmuebles
invadidos, recibiendo las convocadas, la tradición de dichos inmuebles.

2.2. PRIMERAS SUBSIDIARIAS

PRIMERA. Que se declare que GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO sufrió
un perjuicio a título de lucro cesante, por la ganancia o provecho dejado de percibir
por la invasión de los inmuebles de su propiedad.

SEGUNDA. Que como consecuencia de las declaraciones precedentes, se condene
a la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, el MUNICIPIO DE
BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN a reparar el perjuicio causado a GILBERTO
ALONSO ZULUAGA QUINTERO, a título de lucro cesante, por la ganancia o
provecho dejado de percibir por la invasión de los inmuebles de su propiedad.

2.3. SEGUNDAS SUBSIDIARIAS

PRIMERA. Que se declare que GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO sufrió
un perjuicio a título de pérdida de oportunidad, por la ganancia o provecho dejado de
percibir por la invasión de los inmuebles de su propiedad.

SEGUNDA. Que como consecuencia de las declaraciones precedentes, se condene
a la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, el MUNICIPIO DE
BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN a reparar el perjuicio causado a GILBERTO
ALONSO ZULUAGA QUINTERO, a título de pérdida de oportunidad, por la ganancia
o provecho dejado de percibir por la invasión de los inmuebles de su propiedad.

2.4. TERCERAS SUBSIDIARIAS

PRIMERA. Que se declare que GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO sufrió
un perjuicio a título de daño emergente, por la pérdida que en su patrimonio genera
la desvalorización de los inmuebles de su propiedad invadidos.

SEGUNDA. Que como consecuencia de las declaraciones precedentes, se condene
a la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, el MUNICIPIO DE
BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN a reparar el perjuicio causado a GILBERTO

3

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

ALONSO ZULUAGA QUINTERO, a título de daño emergente, por la pérdida que en
su patrimonio genera la desvalorización de los inmuebles de su propiedad invadidos.

2.5. CUARTAS SUBSIDIARIAS

PRIMERA. Que se declare que GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO sufrió
un perjuicio por la violación al bien constitucionalmente protegido de la propiedad
privada.

SEGUNDA. Que como consecuencia de las declaraciones precedentes, se condene
a la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, el MUNICIPIO DE
BELLO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN a reparar en equidad los perjuicios causados
a GILBERTO ALONSO ZULUAGA QUINTERO por la violación al bien
constitucionalmente protegido de la propiedad privada.

3. CONSECUENCIALES DE TODAS LAS PRETENSIONES

PRIMERA. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a
la NACIÓN-EJÉRCITO, la NACIÓN-POLICÍA NACIONAL, al MUNICIPIO DE BELLO
y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN a la actualización del dinero en el tiempo hasta el
momento en que se efectúe el pago.

SEGUNDA. Que se condene en costas y en agencias en derecho a las entidades
demandadas.”.

Como hechos de la demanda se expuso que el señor Gilberto Alonso Zuluaga
Quintero es propietario de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria
01N-5254636, ubicado en la jurisdicción de los municipios de Medellín y Bello, 01N-
5366030, situado en el municipio de Bello, y 01N-5254667, en el municipio de
Medellín.

Se relató que, al momento de la demanda, estos bienes estaban invadidos en las
siguientes proporciones: (i) el identificado con folio de matrícula 01N-5254636, que
tiene una extensión de 1’579.100 metros cuadrados, en su 100%, por los
asentamientos denominados El Pinar, Adolfo Paz u Oasis de Paz, El Regalo de
Dios, Portal de Oriente, El Siete, Altos de Oriente I y Altos de Oriente II; (ii) el 01N-
5366030, con una superficie de 383.720 metros cuadrados, está ocupado en un
30%, aproximadamente, por el asentamiento El Regalo de Dios y torres de energía
de propiedad de EPM; y (iii) el 01N-5254667, con una cabida de 1’136.882 metros
cuadrados, en un 90%, aproximadamente, por el asentamiento Altos de Oriente II.

Igualmente, se refirió que los predios del demandante estaban catalogados en los
Planes de Ordenamiento Territorial como «suelo forestal productor, suelo forestal
protector, área rural de categorías de zonas de recuperación para conservación
ambiental, zona de producción minera, y centro poblado Altos de Oriente y
asentamiento de hecho El Pinar».

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

Así, se advirtió que, en 1992, mediante el Acuerdo Metropolitano 08 de 1992, en el
que se definieron la Zona de Reserva Forestal Protectora y el Parque Ecológico
Piedras Blancas, se declaró como zona de amortiguamiento de dicho parque una
franja de terrenos que abarca parcialmente el inmueble 01N-5254636. Se señaló
que sobre los inmuebles también existen varias servidumbres legalmente
constituidas, entre otras, para la conducción de energía a favor de EPM y para el
poliducto Terpel José María Córdoba, sobre el inmueble 01N-5254667.

Se manifestó que los terrenos mencionados habían sido objeto de numerosas
irrupciones por parte de particulares y, con el tiempo, bandas criminales se habían
ido apropiando de los predios, “vendiendo” a terceros la posibilidad de asentarse en
ellos. De acuerdo con la narración, en 2002, el alcalde de Medellín realizó un
desalojo de los ocupantes; sin embargo, debido a la poca presencia de la fuerza
pública en la zona, los grupos delincuenciales tomaron nuevamente el control del
territorio y retomaron la referida venta sobre los mismos predios, pero en mayores
dimensiones. Se adujo que el municipio de Bello no había adelantado acciones para
desalojar a los invasores de los predios de su jurisdicción, ni para mejorar las
condiciones de orden público.

Se alegó que, desde 2005, la situación había empeorado, porque EPM había
empezado a suministrar el servicio de energía a los invasores, con lo cual se
aumentó la extensión de la ocupación, así como la confianza de éstos de estar
actuando de manera legítima, en desmedro de los derechos del propietario. Se
relató que, para la invasión de El Pinar, las respectivas instalaciones se habían
efectuado por virtud de la autorización emitida por el municipio de Bello para que se
ocupara provisionalmente el «espacio público» con los elementos de infraestructura
eléctrica.

Así, se informó que, a partir de 2006, el demandante y los anteriores propietarios de
los bienes han presentado denuncias penales, entre otras, por la invasión y
usurpación de tierras, perturbación de posesión sobre inmuebles, desplazamiento y
daño en bien ajeno, cuyas investigaciones no han concluido de manera efectiva.

Se puso de relieve que en 2007 se iniciaron dos procesos de restitución de bien de
uso público para el caso del inmueble 01N-5254667 ante la Corregiduría de Santa
Elena, que se identificaron con los radicados 02-19952-07 y 02-9252-06. Se indicó

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

que, debido a la negligencia de dicha corregiduría en los procesos, éstos nunca
concluyeron, lo que contribuyó a la decadencia de la situación de cara a la presencia
de los invasores y de grupos al margen de la ley.

Se señaló que, el 7 de octubre de 2009, el Corregidor de Santa Elena expidió la
Resolución 185, mediante la cual ordenó el desalojo de un predio con afectación de
uso público, a pesar de lo cual, el 13 de noviembre de ese año, la Corregiduría Local
de Policía de Santa Elena verificó que se había desalojado el área de Medellín, pero
no así la correspondiente a la de Bello, que estaba nuevamente poblada e invadida.

Se añadió que, en numerosas ocasiones, se solicitó un aumento en la presencia de
la fuerza pública para impedir el avance de las invasiones y garantizar el orden
público.

Se adujo que, ante la imposibilidad de las entidades demandadas de hacer cesar la
invasión de los inmuebles, el demandante sufrió el daño consistente en la pérdida
de la propiedad de éstos, por lo que debía reconocérsele su valor de reposición o,
en su defecto, el lucro cesante, la pérdida de oportunidad, el daño emergente o la
violación al bien constitucionalmente protegido de la propiedad privada, según lo
expuesto en las pretensiones.

Contestaciones de la demanda

1. Nación-Policía Nacional

De manera oportuna, esta entidad3 contestó la demanda proponiendo las
excepciones previas de (i) caducidad, según la cual argumentó que el extremo
activo confesó que había conocido de la responsabilidad del Estado desde 2002,
cuando se realizó un desalojo de los invasores, y, desde 2007, a raíz del inicio de
los procesos de restitución de bien de «uso público», sin que exista justificación
alguna que permita desplazar la caducidad hasta el presente.

Formuló la excepción de (ii) falta de legitimación en la causa material por pasiva, en
la medida en la que la demanda se limitaba a expresar un contexto general de
responsabilidad, sin que se advirtiera un hecho por el cual la invasión resultara

3
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 8ED_05ContestacionPolici.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

imputable a la entidad. Igualmente, la (iii) falta de legitimación en la causa por activa,
por cuanto —de acuerdo con los antecedentes que obran en la entidad— los predios
invadidos pertenecen al señor Armando Congote, y no al demandante.

En cuanto a las excepciones de mérito, presentó la de (i) hecho de un tercero,
puesto que la demanda no se refirió a una solicitud específica desatendida por esta
entidad, sumado a que no todos los invasores eran criminales, por lo cual la Policía
no podía desalojar a una comunidad sin que antecediera una orden de autoridad
administrativa, motivo por el cual no podía erigirse una falla en el servicio, ni por
acción ni por omisión, y, por el contrario, resaltó que la entidad siempre había
adelantado operativos para desarticular a los grupos al margen de la ley en la zona.

2. Municipio de Medellín

Este demandado4 excepcionó (i) caducidad, en cuya virtud manifestó que la
subsanación de la demanda5 era contradictoria con lo señalado en el escrito de
apelación6 en contra del auto que rechazó la demanda por este motivo7, en cuanto,
de acuerdo con el primer escrito, la invasión alegada había sido uniforme en el
tiempo, y se asociaba con la omisión imputada a la Administración, cuya última
actuación se remontaba a 2002; y, sin embargo, en la impugnación, se planteó que
el respectivo término de caducidad debía contarse desde el 30 de junio de 2017,
cuando el Corregidor de Santa Elena comunicó que la diligencia de visita
administrativa no había podido realizarse por cuestiones de seguridad.

No obstante, precisó que, en realidad, la última orden de desalojo proferida por la
Corregiduría de Santa Elena era de 2009, sin que en 2017 se hubiera emitido
decisión o iniciado proceso alguno, pues lo único que consta es que se solicitó una
visita administrativa, que se “programó con posterioridad”. Expuso que la caducidad
debía computarse desde 2002, cuando inició la perturbación y se dio aviso a las
autoridades.

Destacó que el auto del Consejo de Estado que revocaba el rechazo de la demanda8

4
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 016ED_12ContestacionMunici.
5
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 419 a 423.
6
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo 004ED_02Cuaderno2. Págs. 13 a 27.
7
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo 004ED_02Cuaderno2. Págs. 1 a 8.
8
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo 004ED_02Cuaderno2. Págs. 67 a 70.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

había considerado que, para dicho momento procesal, no se contaban con los
elementos necesarios para establecer con certeza el momento a partir del cual
correspondía realizar el cómputo, de modo que el asunto debía analizarse al emitir
una decisión de fondo.

Advirtió la (ii) ineficacia de la acción, por cuanto ningún perjuicio se había causado
a los demandantes, en la medida en la que la Corregiduría de Santa Elena había
protegido el inmueble, por medio de la orden y ejecución de dos desalojos y la
continua realización de actividades de control territorial, con el fin de prevenir el
asentamiento de nuevos moradores, a pesar de que el demandante no había
solicitado la protección del predio.

Expuso la (iii) buena fe, en virtud de la cual indicó que la Administración había
actuado en aras de la protección de los derechos del accionante, siguiendo a
cabalidad el procedimiento indicado y brindando solución oportuna a los
inconvenientes presentados por la irrupción.

Respecto de la (iv) falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que el
municipio de Medellín ha sido la única entidad que ha actuado de manera diligente
durante el trámite de desalojo, de manera que el daño irrogado al demandante no
es consecuencia de las acciones de este ente territorial, sino de la omisión del
propietario, quien no ha utilizado las herramientas pertinentes para evitar futuras
invasiones, como visitas periódicas o acompañamiento de la fuerza pública.

3. Municipio de Bello

La entidad territorial9 formuló, como excepción previa, la falta de legitimación en la
causa por pasiva con sustento en que no era la autoridad encargada de realizar
desalojos en predios privados, en tanto esta era una facultad exclusiva de la
«jurisdicción», además de que siempre actuó conforme a derecho.

En cuanto al mérito, propuso la excepción de (i) inexistencia de responsabilidad
extracontractual del Estado, porque no existe daño antijurídico ni nexo de
causalidad respecto del municipio, en la medida en la que el actor adquirió los
bienes inmuebles en 2014 y 2015, momento para el cual ya había ocurrido la

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Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

invasión —alrededor de 2000—, de manera que éste conocía las circunstancias
jurídicas y materiales de los terrenos, sin que resulte procedente que ahora reclame
la indemnización.

Añadió que esta entidad adelantó unas acciones tendientes a la recuperación de los
bienes ubicados en El Granizal, así como a recuperar el espacio público y los
predios privados allí ubicados, cuando se recibieron las respectivas querellas, sin
las cuales la Administración no podía intervenir. Igualmente, que, al advertir la
imposibilidad de recuperar los terrenos, les correspondía a los propietarios acudir a
la jurisdicción, a pesar de lo cual no se acreditó una gestión reivindicatoria o
posesoria para recuperar la propiedad, motivo por el cual no puede imputársele este
descuido a las demandadas.

Así, relató, entre otras, que el alcalde de Bello adelantó el proceso de restitución de
bien de uso público 001-2003, en el que se ordenó el desalojo de 113 invasores,
que a su vez se hizo parcialmente efectivo en diligencia de 1 de octubre de 2003.

Indicó que el actor ha sido pasivo en el manejo de sus propiedades, al punto que no
sólo no presentó querella alguna ante la Inspección de Policía asignada para
recuperar la tenencia, sino que, sobre los inmuebles objeto de esta controversia,
existe un proceso declarativo de pertenencia en curso ante el Juzgado 1 Civil del
Circuito de Bello iniciado por Martín Alonso Castro Arismendy.

Argumentó que la prestación de los servicios públicos a la vereda El Granizal, de
conformidad con el concepto 401 de 2016 de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, es un derecho básico del que gozan las personas que viven
en condiciones de invasión, sin que pueda negársele su acceso por cuenta de ello,
máxime, en consideración a que el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió una
sentencia de acción popular a favor de los residentes de esta vereda en la que se
ordenó a las entidades demandadas garantizar una efectiva prestación de los
servicios públicos.

Presentó la excepción de (ii) culpa exclusiva de la víctima, en virtud de que el actor
adquirió los bienes en 2014 y 2015, fecha para la cual ya estaban invadidos, de lo
cual se deriva que pudo conocer en ese momento las circunstancias de los
inmuebles, además de que no existe prueba alguna que acredite una gestión en

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

orden a la recuperación de los predios, pues no acudió a la justicia ordinaria.

En cuanto al (iii) hecho del tercero, arguyó que los invasores eran particulares
ajenos a la Administración, al paso que la entidad había adelantado acciones para
recuperar los predios, aun cuando el resultado no se hubiera logrado por cuenta del
actuar delictivo y agresivo de los moradores, lo que generó la necesidad de que se
vinculara a la fuerza pública.

(iv) Cobro de lo no debido, puesto que el demandante reclama la suma de
$33.000’000.000 por la compra de los inmuebles o, subsidiariamente, el
reconocimiento de presuntos perjuicios, desconociendo que esta entidad no puede
proceder a la adquisición de los predios, porque lo cierto es que el demandante
conocía de las circunstancias disruptivas al momento de su compra.

Sobre el (v) abuso del derecho, plantea que la misma demanda señala que el
extremo activo conocía de los inconvenientes de los bienes, sin que adelantara
gestión alguna ante la jurisdicción ordinaria o ante los inspectores de policía para
recuperar su posesión, de lo cual se deriva que abusa de su derecho al pretender
que su “error de inversión sea reparado por el municipio”.

Advirtió la (vi) ausencia de prueba de los hechos que sustentan la demanda; (vii)
una estimación desproporcionada del monto a compensar, además que no acreditó
de manera razonable un criterio para el cálculo del quantum; (viii) imposibilidad de
condenar en costas, con base en que las pruebas demuestran que la entidad actuó
conforme a derecho; y (ix) buena fe del municipio, en cuanto se atuvo a las normas
y no vulneró ningún derecho del actor.

Respecto de la excepción de (x) caducidad, señaló que las invasiones habían
ocurrido antes de 2000 y, además, había pruebas de que el municipio de Bello había
adelantado las primeras acciones en 2003.

4. Nación-Ejército Nacional

El Ejército Nacional10 se refirió a (i) la caducidad del medio de control, con
fundamento en que el demandante tuvo conocimiento de la invasión desde el

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Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 022ED_18ContestacionEjerci.

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Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

momento en el que adquirió el inmueble.

Igualmente, se pronunció sobre (ii) las obligaciones del Estado frente a los
residentes en Colombia, exponiendo que, si bien las autoridades tienen el deber de
proteger la vida e integridad de los residentes en un marco de igualdad, deben
conocer los hechos para poder actuar, pues resulta imposible la protección absoluta
de todos los habitantes.

Añadió la excepción de que (iii) la actuación de la fuerza pública era de medios y no
de resultados, por lo cual, en el sub examine, no era posible endilgar la
responsabilidad al Ejército, en cuanto no existía medio de prueba alguno que
permitiera concluir que esta entidad hubiera omitido desplegar su función preventiva
para evitar alteraciones al orden público, como lo fue la invasión masiva de los
predios en cuestión. Señala que, por el contrario, la demanda da cuenta de
situaciones generalizadas, sin concretar una solicitud específica a la entidad que
hubiera sido desatendida, aunado a la existencia de la Resolución 185 de 2009, que
ordenó el desalojo de la invasión sobre uno de los predios.

Enrostró (iv) el hecho de un tercero y la falta de legitimación en la causa por pasiva,
pues advirtió que no era el Ejército, por acción u omisión, el responsable de las
invasiones de los predios, debido a que no se había acreditado que el hecho dañoso
le resultara imputable jurídicamente.

Aunó la (v) inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad del Estado, toda
vez que no existía ninguna participación por parte de la entidad en el resultado
dañoso, sumado a que no se advertía un nexo de causalidad, teniendo en
consideración que la intervención de la fuerza pública en estos eventos debe tener
origen en una orden judicial o de autoridad local. Invocó la (vi) inexistencia de
medios probatorios, a la luz del artículo 167 CGP; así como la (vii) inexistencia de
la obligación de indemnizar.

Sentencia de primera instancia

El 29 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia11 en la que negó las pretensiones. Frente a la caducidad, advirtió que el

11
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 129ED_126SentenciaPrimeraI.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

daño que fundamentaba la demanda no se concretó en la simple invasión de sus
predios, sino en las actuaciones de las entidades accionadas “que reputa
incumplidas”, que podían tener fuentes distintas, de modo que el conteo de la
caducidad dependía de cada una de ellas; sin embargo, observó que no era posible
establecer con certeza el momento exacto en el que se produjo el hecho dañoso,
de manera que, ante la duda, debía favorecerse el derecho de acceso a la
administración de justicia.

Respecto del fondo del asunto, consideró que el hecho dañoso que se pretendía
imputar correspondía a la pérdida de los derechos que, como propietario, le
correspondían sobre los predios en cuestión, derivado de la falla del servicio
atribuida a las entidades demandadas por la ausencia de control al permitir su
ocupación masiva y su dominio por parte de los grupos al margen de la ley, así
como por haberse autorizado a EPM el suministro de servicios públicos a los
invasores ilegales.

Igualmente, señaló que, de acuerdo con el libelista, el daño endilgado al municipio
de Medellín se había configurado el 30 de junio de 2017, cuando la Corregiduría de
Santa Elena había informado la imposibilidad de garantizar los mecanismos de
protección de sus derechos por cuestiones de seguridad; para el caso del municipio
de Bello, el 21 de julio de 2016, cuando EPM informó que la instalación para el
suministro de servicios públicos en la zona había sido autorizada por ese ente
territorial.

En ese orden de ideas, resaltó que la responsabilidad predicable de las autoridades
militares se daba a título de falla en el servicio por omisión en la protección, y
respecto de las entidades municipales, por un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por la negligencia en el adelantamiento de los
mecanismos de protección necesaria; aunó que se invocaba un daño especial por
la imposibilidad de restituir los derechos de propiedad por la situación de orden
público en el sector.

No obstante, argumentó que, para que un daño fuera antijurídico, de acuerdo con
la jurisprudencia del Consejo de Estado y la sentencia SU-157 de 2022 de la Corte
Constitucional, el demandante debía acreditar el cumplimiento de una carga mínima
consistente en la presentación de los mecanismos dispuestos por el legislador para

12

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

la restitución de la propiedad en estos eventos. Expuso que no era suficiente
demostrar la pérdida de la posesión o de alguno de los atributos del dominio, pues
debía, en adición, probarse que se habían agotado e impulsado tales mecanismos,
como la interposición de querellas policivas o las acciones reivindicatorias o
posesorias.

En el asunto concreto, concluyó que no se evidenciaba que el demandante hubiera
acudido a alguno de esos mecanismos, pues los procedimientos administrativos de
policía que obraban en el expediente se habían adelantado sobre otros predios y
por querellas presentadas por personas ajenas al actor. Y si bien se hizo referencia
a unos procesos declarativos de pertenencia presentados en contra del extremo
activo, así como a procesos restitutorios iniciados ante la Corregiduría de Santa
Elena, lo cierto era que ni la existencia de estos trámites ni sus resultados fueron
acreditados.

En el mismo sentido, consideró que no se había demostrado que hubiera sido el
mismo demandante quien hubiera instaurado las denuncias penales ante la Fiscalía
General de la Nación, ni que las mismas versaran sobre los inmuebles de su
propiedad. De la misma manera, manifestó que las peticiones encaminadas a
obtener información sobre las autorizaciones concedidas a EPM para la instalación
de redes de servicios públicos, o respecto de las servidumbres impuestas en los
predios, en lugar de dirigirse a lograr la restitución del derecho real, se encaminaban
a establecer el “estado actual de cosas”.

Agregó que, desde que el demandante adquirió los bienes, conoció de la invasión y
aceptó expresamente esta situación, como se desprende de las escrituras públicas
de compraventa, de manera que no resultaba procedente que, habiendo celebrado
el negocio jurídico bajo esas circunstancias, pretendiera ahora reclamar la
responsabilidad de las entidades estatales.

Finalmente, condenó en costas a la parte vencida y fijó las agencias en derecho, de
acuerdo con el criterio objetivo adoptado por el CGP y el CPACA.

13

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

Recurso de apelación

El demandante12 reprochó la decisión del a quo porque, según explicó, la sentencia
desconoció que —en los términos de la sentencia SU-157 de 2022 de la Corte
Constitucional— la carga exigida al demandante, consistente en activar los
mecanismos administrativos y judiciales para defender su propiedad, debía
analizarse, en cada caso, con base en las herramientas al alcance del actor.

Así, adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia omitió que el demandante
había sido enfático en la manifestación y demostración de que el entorno social y
de seguridad que rodeaba los predios no le había permitido ejercer efectivamente
la defensa de sus derechos, en virtud de la presencia de las bandas criminales y
actores del conflicto armado en la zona, que, a pesar de haberse efectuado un
desalojo en 2002, regresaron y continuaron tomando control sobre el territorio,
incurriendo en la «venta» de los derechos de ocupar los predios, de manera que
esto, sumado a la enorme cantidad de invasores, había impedido que se ejercieran
efectivamente las acciones reales y posesorias, además de lo cual señaló que
aquellas instauradas por el demandante no habían sido garantizadas por la fuerza
pública.

Añadió que la ausencia de institucionalidad en la zona había permitido un
incremento de la presencia de las bandas criminales e, incluso, el establecimiento
de comandos urbanos del ELN y de grupos paramilitares. Recalcó que, tanto los
anteriores propietarios, como el demandante, habían solicitado permanentemente
el apoyo de las autoridades demandadas para solucionar el problema de orden
público, la perturbación del derecho de dominio y las afectaciones al medio
ambiente derivadas de las invasiones.

Advirtió que ninguna de las entidades había negado la situación de orden público y
desplazamiento forzado presentada en los predios, ni habían allegado pruebas
respecto de actuaciones en función de la protección de los derechos del

12
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 138ED_135RecursoApelacionD. Se advierte que este
memorial señaló que, el 11 de noviembre de 2024, se había presentado un recurso de apelación por
parte de un abogado que no fungía como el representante judicial del demandante, de modo que se
ratificaba el contenido de ese memorial y se presentaba nuevamente el escrito pertinente, por parte
del apoderado reconocido en el proceso. En ese orden de ideas, se observa que los escritos son
materialmente idénticos, de manera que, para los efectos de esta providencia, se hará referencia al
presentado en el archivo mencionado, que fue además el que se admitió por este Despacho, al
margen de que el auto que lo concedió se hubiera referido al primero de ellos.

14

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

demandante.

En este sentido, argumentó que exigir al demandante adelantar acciones
adicionales, a pesar del control absoluto por grupos al margen de la ley, resultaba
excesivo y desproporcionado. De esta manera, que debía observarse que en el
proceso se había acreditado que el actor era el propietario de los bienes invadidos,
que había perdido la posesión de los mismos y que había agotado los trámites
dispuestos para restablecer su derecho de dominio.

Manifestó que, si bien el extremo activo conocía de las invasiones al momento de
la compra de los inmuebles, no se había establecido que, a la fecha de adquisición
—en 2014 y 2016— o antes, hubiera conocido las omisiones de las autoridades.
Siendo así, indicó que, contrario a lo sostenido por el Tribunal, el actor no adquirió
las propiedades a sabiendas de que no podría ejercer sus derechos de posesión y
dominio, pues, aun cuando pudo advertir la irrupción, no podía saber que sería
imposible adelantar las acciones en calidad de señor y dueño, como consecuencia
de la negligencia e inactividad de las entidades.

Sostuvo que en el plenario se demostró que EPM suministraba el servicio de
energía eléctrica a las viviendas invasoras, con fundamento en la autorización
brindada por el municipio de Bello. En este orden, alegó que el a quo desconoció
que se había probado que el señor Gilberto Zuluaga no estaba obligado a soportar
el daño derivado de la invasión, que era imputable al municipio de Medellín, al
municipio de Bello, a la Policía Nacional y/o al Ejército Nacional, bien por falla en el
servicio, o bien por el rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas.

Censuró la condena en costas impuesta, sobre la base de que los demandados no
habían comprobado la causación de agencias en derecho, por lo que no resultaba
procedente su fijación.

Trámite en la segunda instancia

Mediante proveído de 24 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
concedió el recurso presentado13 y fue admitido por el Consejo de Estado en auto

13
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 141ED_138AutoConcedeApelac.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

del 17 de marzo de la misma anualidad14.

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202115.

El Ministerio Público16 rindió concepto en el que sostuvo que debía declararse la
caducidad del medio de control, pues el demandante conoció que el predio estaba
invadido en 2004, cuando adquirió el predio, momento a partir del cual debe
computarse el respectivo término, de manera que para cuando se presentó la
solicitud de conciliación extrajudicial —el 21 de junio de 2017—, ya había expirado
la oportunidad para presentar la demanda. Añadió que, si en gracia de discusión se
analizara el asunto de fondo, habría que concluirse que el daño no es antijurídico,
en la medida en la que el mismo demandante adquirió los predios a sabiendas de
la invasión. Igualmente, que no se acreditó que el actor hubiera presentado las
solicitudes y derechos de petición arrimados al proceso, ni que las mismas se
relacionaran con los inmuebles en cuestión.

III. CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 27 de octubre de 2017, el régimen aplicable es
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

14
Índice SAMAI 4.
15
“Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación
de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria
del auto que admite el recurso.” La Ley 2080 fue publicada el 25 de enero de 2021 y, de acuerdo
con su artículo 86, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prevalece sobre las
normas procedimentales anteriores en los procesos iniciados bajo el CPACA. En consideración a
que la impugnación fue presentada, concedida y admitida en el 2024 y 2025, cuando ya estaba en
vigencia la reforma de la Ley 2080 de 2021, ésta resulta aplicable al particular.
16
Índice SAMAI 10.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se atribuye la
responsabilidad al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, al municipio de Medellín
y al municipio de Bello.

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de
la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6
del CPACA, esto es, $368’858.50017.

2. Medio de control procedente

4. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya
legalidad no se cuestiona18.

En este caso, se reclama la pérdida del dominio de los inmuebles del demandante
por cuenta de la invasión de los mismos por parte de terceros, como consecuencia
de las conductas endilgadas (i) al municipio de Medellín, por omitir su función legal

17
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017 ($737.717) por 500. La pretensión
material mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $33.850’072.200, por concepto de
“valor de reposición de los inmuebles invadidos”.
18
Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por
daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.

17

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

de garantizar los mecanismos de protección al derecho de propiedad; (ii) al
municipio de Bello por la misma razón y por haber autorizado a EPM la instalación
de la infraestructura para la prestación del servicio público de energía en las
viviendas invasoras; y (iii) a la Policía y Ejército Nacional por su falta de presencia
en la zona y el inefectivo ejercicio de sus funciones, que redundó en el deterioro de
las condiciones de orden público que, a su turno, implicó que los entes territoriales
no pudieran adelantar las acciones de su competencia en estos predios, por motivos
de seguridad19.

En este orden de ideas, este es el medio de control procedente.

3. Demanda en tiempo

5. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA:

“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió
tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

Siendo así, debe determinarse el momento en el que ocurrieron los hechos que,
según la demanda, causaron el daño.

6. Se reitera que, en el sub judice, a las entidades demandadas se les atribuyen los
daños derivados de la invasión por parte de terceros, puesto que las entidades
territoriales no ejercieron las medidas solicitadas para la protección de la propiedad
privada; la fuerza pública no evitó la agravación de la situación de orden público en
la zona, lo que se tradujo en que los municipios no pudieran cumplir con la función
de proteger la propiedad del actor; y el municipio de Bello otorgó la autorización a
EPM para suministrar el servicio de energía en las viviendas invasoras, a pesar de
estar ubicadas en inmuebles ajenos, lo que redundó en un aumento de la invasión
y la sensación de legalidad y pertenencia entre los asentados.

7. Si bien, a lo largo del proceso, el actor indicó haber solicitado al municipio de

19
En el recurso de apelación en contra del auto que rechazó la demanda por caducidad, el extremo
activo precisa los fundamentos fácticos que motivaron la imputación a las entidades. Índice SAMAI
2. Expediente digital. Archivo: 004ED_02Cuaderno2. Págs. 13 a 27.

18

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

Medellín y al municipio de Bello la protección de sus derechos lesionados por la
invasión, debe ponerse de presente que en el expediente no obra prueba que
soporte tales afirmaciones, salvo en lo que atañe al predio identificado con matrícula
inmobiliaria 01N-5366030, como se pasará a explicar.

8. En relación con este último inmueble, al proceso se allegó un derecho de petición
presentado el 9 de septiembre de 2016 por Gilberto Alonso Zuluaga Quintero, a
través de apoderado, ante la alcaldía de Bello20 en el que se relató que, en octubre
de 2014, el demandante adquirió los bienes inmuebles registrados bajo las
matrículas inmobiliarias 01N-5254636 y 01N-5366030 que habían sido objeto de
invasión, y solicitó que “se adelant[aran] los procesos de restitución de los predios
invadidos con matrícula inmobiliaria 01N-5366030”. El municipio, en respuesta del
5 de octubre de 2016, señaló que “la Inspección de Control Urbano y la
Administración Municipal en particular, carece de competencia para realizar la
restitución de Inmuebles, para lo cual deberá acudir ante la Jurisdicción Civil”21.

La Sala advierte que —de conformidad con el acervo probatorio— esta es la única
actuación del municipio de Bello que, con certeza, se refiere a una solicitud del
propietario de los bienes en orden a proteger sus derechos lesionados con ocasión
de la invasión.

Así las cosas, en lo que respecta este inmueble 01N-5366030 —que fue sobre el
cual recayó la solicitud—, el hecho causante del daño atribuido al municipio de Bello
—en concordancia con lo solicitado en la demanda— ocurrió el 5 de octubre de
2016, con ocasión de dicha respuesta de la autoridad, pues fue únicamente en ese
momento que el municipio no ejerció las medidas de protección, a pesar de haber
sido solicitadas por el propietario.

Por esta virtud, el término de caducidad de dos años consagrados en el artículo
164.2.i del CPACA debería computarse desde que el demandante fue notificado de
la respuesta del municipio de Bello a su derecho de petición —que fue cuando pudo
conocer del hecho causante del daño, de lo cual, no obstante, no se allegó prueba

20
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
Información Catastro. Archivo: Anexo 37. Págs. 17 a 21.
21
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
Información Catastro. Archivo: Anexo 37. Págs. 23 a 25.

19

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

al expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, se observa que el oficio fue emitido el 5 de octubre de
2016 y la demanda se presentó el 27 de octubre de 2017 22, cuando aún no habían
transcurrido los dos años desde la referida notificación, por lo cual esta Sala
concluye que la pretensión consistente en la reparación de perjuicios causados por
la invasión al predio identificado con matrícula inmobiliaria 01N-5366030 por la
omisión atribuida al municipio de Bello fue formulada oportunamente.

9. Ahora, en lo referente a los inmuebles 01N-5254636 y 01N-5254667, si bien las
pruebas practicadas en el proceso dan cuenta de distintas actuaciones
desarrolladas por los entes territoriales en ejercicio de su función administrativa de
policía en orden a proteger bienes de uso público de unas contravenciones —
situación sobre la cual se profundizará en el análisis de mérito—, lo cierto es que no
se evidencia, con certeza, que el propietario hubiera impulsado juicios policivos con
el fin de solicitar el amparo posesorio.

Por lo anterior, debe concluirse que, al margen del conocimiento que estas
autoridades pudieran tener sobre las invasiones, no existen elementos de juicio que
permitan establecer que el municipio de Medellín o el municipio de Bello fueron
efectivamente vinculados para proteger los derechos lesionados del demandante
vulnerados por la perturbación, ni, eventualmente, el momento en el que las
entidades dejaron de adoptar las medidas correspondientes, por lo que, en atención
a los principios pro actione, pro homine y pro damato, se accederá al estudio de las
pretensiones23 relacionadas con la responsabilidad de estas entidades por —según
se argumenta en la demanda— no haber protegido los derechos de propiedad.

10. Las mismas consideraciones resultan extensibles a los pedimentos dirigidos en
contra de la Policía y Ejército Nacional, en la medida en la que —se itera— a estas
entidades se les imputa el daño por cuenta de no haber hecho presencia en la zona,
lo que derivó en el agravamiento de la alteración del orden público, redundando en
que las entidades territoriales no pudieran llevar a cabo el lanzamiento de los

23
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 4 de junio de 2024. Exp: 66.331; de 24 de abril del 2020, Exp: 51.315; del 24 de
septiembre del 2020, Exp: 56.283; del 3 de julio de 2020, Exp: 51.117; del 23 de agosto de 2024,
Exp: 64.834 y 55.392 y 23 de septiembre de 2024, Exp: 56.541.

20

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

invasores por razones de seguridad.

En este sentido, la atribución que se hace respecto de la fuerza pública se
materializa —en gracia de discusión— en el momento en el que las autoridades
policivas no pudieron hacer cesar la invasión por cuenta de razones de seguridad u
orden público.

Así, se observa que —independientemente de lo que al efecto se disponga en el
análisis de fondo—, en lo que corresponde al inmueble 01N-5366030, el municipio
de Bello negó la solicitud de protección el 5 de octubre de 2016, por lo que, al igual
que frente a la entidad territorial, la caducidad de las pretensiones en contra de las
autoridades de orden público debe computarse desde esa fecha, que fue cuando
se evidenció el hecho causante del daño. De esta manera, este pedimento fue
elevado oportunamente.

Y, en cuanto los predios 01N-5254667 y 01N-5254636, se advierte que, teniendo
en consideración que el hecho dañoso que se les atribuye a la Policía Nacional y al
Ejército Nacional solamente se materializa con la imposibilidad de liberar a los
inmuebles de la perturbación, y como no existe certeza sobre si las entidades
territoriales fueron llamadas a ejercer las medidas de protección de los derechos
conculcados por la invasión, ni el momento en el que eventualmente dejaron de
adoptar las respectivas medidas, la Sala considera que, en virtud de los principios
pro actione, pro homine y pro damato ya referidos, resulta procedente estudiar las
pretensiones de fondo en lo que respecta a estas entidades de la fuerza pública.

11. Se recuerda que, en lo concerniente al municipio de Bello, el actor también le
atribuyó el daño por haber autorizado a EPM el suministro del servicio de energía a
las viviendas invasoras.

Sobre este particular, de acuerdo con el acervo probatorio, el municipio de Bello
otorgó, en junio de 2005, una autorización a EPM para que instalara la
infraestructura eléctrica en el espacio público en los predios de la vereda El
Granizal, en donde se encontraban algunos asentamientos irregulares, como se
desprende del oficio suscrito por la Secretaría de Planeación y un asesor de la
alcaldía de Bello, dirigido al jefe del área de distribución eléctrica norte de EPM:

21

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

“(…) se autoriza a Empresas Públicas de Medellín para que ocupen, de manera
PROVISIONAL, el espacio público con elementos de infraestructura eléctrica
(postas, transformadoras, redes y contadores de energía) en los predios de la
Vereda Granizal donde se encuentran ubicados asentamientos irregulares en el
costado oriental de nuestro municipio (Regalo de Dios, Adolfo Paz y Altos de
Oriente)”24.

Igualmente, se aportó otra comunicación de la Secretaría de Planeación a EPM del
2 de diciembre de 2010, sobre “la solicitud de autorización para la legalización del
servicio de energía con medida en el nuevo asentamiento el Pinar”, en el que se
informó que:

“(…) los sectores de invasión o asentamientos humanos de hecho que hayan sido
tenidos en cuenta en la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bello para ser objeto de regularización urbanística, sí deben ser objeto de revisión
puntual, dado que muchos de ellos han venido creciendo sobre sectores que no son
susceptibles de ser regularizados”25.

Y, en los exactos términos que la autorización de junio de 2005, obra una carta del
1 de marzo de 201126, pero con respecto del barrio el Pinar.

De las piezas antedichas, sin embargo, no se puede concluir que las autorizaciones
en cuestión recayeran sobre las invasiones en los inmuebles que motivaron el
presente proceso. Aún más, las misivas de junio de 2005 y marzo de 2011 se
refieren a espacio público, sin que pueda determinarse que correspondan a los
bienes privados referidos en la demanda.

12. Ahora, el 2 de septiembre de 2015, el demandante radicó ante EPM un derecho
de petición27 en el que manifestó haber adquirido los bienes identificados con
matrícula inmobiliaria 01N-5254636, 01N-5366030 y 01N-5254667, que habían sido
invadidos por viviendas que cuentan con servicios de energía prestados por EPM,
a pesar de que nunca se le avisó sobre dichas actuaciones que han coadyuvado la
perturbación de la posesión. En estos términos, solicitó que se le informaran las
razones fácticas y jurídicas que condujeron a que EPM autorizara la conducción,
suscripción e instalación de dichas redes sin contar con la anuencia del propietario,
y se entregaran los actos administrativos u órdenes de servicio que fundamentaron
dichas instalaciones.

24
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. P. 125.
25
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. P. 215.
26
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. P. 225.
27
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 255 a 259.

22

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

El 14 de diciembre de 2015, EPM contestó la solicitud del demandante en el
siguiente sentido:

“Empresas Públicas de Medellín le informa que el Artículo 53 del Decreto 1469 de
2010 prohibió supeditar la conexión de servicios públicos domiciliarios ‘a la
obtención del permiso de ocupación y/o demás mecanismos de control urbano del
orden municipal o distrital…’, dicha conexión únicamente se sujetará al cumplimiento
de lo previsto en la Ley 194 de 1994 en su Artículo 134 y las normas que la
reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan.

Así mismo, la Sentencia C-1189 de 2008 de la Corte Constitucional se declara
inexequible el Art. 99 de la Ley 812 de 2003 que contenía una restricción que no
permitía que los prestadores de SPD suministraran los servicios a los inmuebles
ubicados en invasiones, loteos y edificaciones ilegales. (…)”

El Grupo EPM facilita la prestación del servicio público de energía conforme a la
normatividad vigente para tal fin, por lo cual la Entidad no emite actos administrativos
para iniciar la conducción del servicio, únicamente cumple con los requisitos legales
para la generación y comercialización del servicio, no obstante la prestación del
servicio en los predios mencionados, se efectuó conforme a los requisitos
presentados por cada suscriptor, los cuales si fueron de total cumplimiento, se
procedió con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (…)” 28.

Y el 16 de diciembre de 2015, EPM complementó la respuesta con el siguiente oficio
que fue notificado al peticionario el mismo día29.

“Desde el año 2005 El [sic] asentamiento en el sector el Pinar – Vereda Granizal del
municipio de Bello venía presentando problemáticas con el uso indebido del servicio
de energía, y para EPM este tipo de utilización no debida o fraudulenta acarrea una
enorme preocupación, no solo por los estándares de calidad exigidos en el tema de
perdidas [sic] sino por el alto riesgo de cortocircuito al cual se exponen las
comunidades.

Esta continua preocupación nos llevó al acercamiento con la administración del
municipio de Bello para concertar medidas que permitieran la desconexión del
servicio de energía eléctrica de ese sector, debido a que su regularización por parte
del Ente Territorial aun [sic] no era posible. En reunión con el municipio se determinó
que la desconexión era de alto riesgo por inconvenientes de orden público y en su
defecto autorizó la conexión provisional del servicio a través de nuestro
Programa de Habilitación Vivienda, donde el usuario es el dueño de las redes de
acometida (…) y su red eléctrica interna de la vivienda. (…).

Es de advertir que estos sectores, que tienen asentamientos humanos deben ser
objeto de revisión y regulación urbanística por parte del ente territorial en su Plan de
Ordenamiento, no siendo esa una competencia de esta entidad” 30.
(Negrillas fuera del texto original).

Se destaca que, en esa ocasión, EPM no negó que las viviendas invasoras a las

28
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 227 a 229.
29
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. P. 235.
30
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 231 a 233.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

que se les prestaban los servicios públicos domiciliarios se encontraran en los
predios de propiedad del demandante identificados con los números de matrícula
inmobiliaria 01N-5254636, 01N-5366030 y 01N-5254667, y confirmó que la
conexión para los efectos se había dado por virtud de la autorización del municipio
de Bello.

13. La Sala advierte que no existe ninguna prueba de la cual pueda concluirse que,
con anterioridad al 2 de septiembre de 2015, el demandante conociera de la
prestación de servicios públicos por EPM a las viviendas invasoras de sus predios,
ni que, antes del 16 de diciembre de esa anualidad, supiera que las conexiones
tenían fundamento en la autorización del municipio de Bello.

Como quiera que el demandante pretende endilgarle al municipio de Bello el daño
por cuenta de dicha autorización que, según aduce, cohonestó la invasión y otorgó
a los perturbadores una sensación de legitimidad y pertenencia, resulta entonces
admisible computar la caducidad desde cuando el demandante reparó en dicha
autorización como causante del daño atribuible a esta entidad.

Así, el término de dos años para presentar la pretensión resarcitoria en contra del
municipio de Bello por haber autorizado a EPM la prestación del servicio público de
energía eléctrica a los invasores debe computarse a partir del 17 de diciembre de
2015 —día siguiente a aquel en el que demandante advirtió de la acción de la
Administración— hasta el 17 de diciembre de 2017, de manera que la demanda se
presentó oportunamente el 27 de octubre de 201731.

4. Legitimación en la causa

14. El demandante está legitimado en la causa por activa, pues acreditó ser el
propietario de los inmuebles sobre los cuales —según alega— recae la invasión,
esto es, los identificados con matrículas inmobiliarias 01N-5366030, 01N-5254667
y 01N-525463632. Con todo, se advierte que el ahora demandante adquirió los
predios ya invadidos —como se desprende de las escrituras públicas de

31
Además de que el término de caducidad fue interrumpido con la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 21 de junio de 2017, hasta el 14 de agosto de 2017, con la expedición de
la respectiva constancia. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 295
a 297.
32
Según los certificados de libertad y tradición de dichos bienes. Índice SAMAI 2. Expediente digital.
Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 93 a 95, 97 a 99 y 101 a 104.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

compraventa33 y otros medios de prueba34—, y con fundamento en esa condición
de titular del derecho de dominio ejerció su derecho de acción, lo que, sin perjuicio
del análisis de fondo subsiguiente, permite tener por acreditado este presupuesto
procesal.

15. Las entidades demandadas están legitimadas en la causa por pasiva, por
cuanto, como se expuso con suficiencia en el acápite anterior, al municipio de
Medellín y de Bello se les atribuyen los daños derivados de la invasión por no haber
ejercido los mecanismos pertinentes para liberar los inmuebles de la perturbación,
y al de Bello, también, por haber autorizado a EPM la prestación del servicio público
de energía eléctrica a las viviendas invasoras; finalmente, a la Policía y Ejército
Nacional porque, por su ausencia en el territorio, se permitió el deterioro de las
condiciones de seguridad y orden público en la zona, lo que redundó en que los
entes territoriales no pudieran interrumpir la invasión.

II. Problemas Jurídicos

16. De acuerdo con los cargos de la apelación, a esta Sala le corresponde resolver
los siguientes problemas jurídicos:

i) Si se acreditaron los elementos de la responsabilidad atribuida a las
entidades demandadas por la invasión de terceros a los predios de
propiedad del demandante.
ii) Si la fijación de agencias en derecho como parte de la condena en costas
en la primera instancia era procedente.

33
Del inmueble con matrícula inmobiliaria 01N-5254636, la escritura pública 3287 (índice SAMAI 2.
Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con las pruebas
documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección. Archivo:
RADICADO 20151025088. Págs. 3 a 8); del 01N-5366030, la escritura pública 3189 (índice SAMAI
2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con las pruebas
documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección. Archivo:
RADICADO 20151025088. Págs. 9 a 14)
34
Con relación al inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 01N-5254667, como lo reconoce
el municipio de Medellín en el informe rendido. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo:
076ED_72InformeBajoJuramen.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
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Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

III. Análisis de la Sala

1. La responsabilidad del Estado por los daños derivados de la invasión
de inmuebles por parte de terceros

17. De antaño, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la
responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por la invasión de inmuebles
por parte de terceros35, conforme se pasará a exponer.

18. Sea lo primero resaltar que, en estos casos —a diferencia de lo que ocurre en
la ocupación por trabajos públicos— la afectación al dominio no es causada
directamente por el Estado, o mediante una persona en seguimiento de sus
instrucciones, o si quiera con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus
esse debet36; en estos eventos, el causante material del daño es el particular que
invade el predio del demandante, es decir, un verdadero tercero, completamente
ajeno a la Administración.

Así las cosas, en principio, la responsabilidad del Estado no surge con ocasión de
la invasión misma sino, eventualmente, por virtud de una acción u omisión suya de
la cual se derive la continuidad de la ocupación indeseada.

Lo anterior se sustenta en que, generalmente, —antes de que el interesado

35
Entre otros: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias de 12 de julio de 1984, Exp: 3755; 10 de abril de 1992, Exp: 6481; 1 de septiembre de
1993, Exp: 5851; y 28 de junio de 1994, Exp: 6806.
36
“[A]l respecto resulta ilustrativo señalar que la ley y la jurisprudencia han sido claras en señalar
que es procedente imputar al Estado el daño padecido por los ejecutores de la obra o por
terceros ajenos a ella, en consideración a su condición de dueña de la misma. Así lo explicó la
Sala, con fundamento en que ‘el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños
derivados de la ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi
emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable
de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez que cuando la administración
contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente.’ Se advierte
además que la entidad puede obtener de su contratista o asegurador el reembolso de lo pagado por
concepto de la indemnización a terceros, en consideración a que el primero asume esa obligación al
contratar con el Estado, como también la de garantizar las indemnizaciones por daños causados
al personal utilizado para la ejecución del contrato o a los terceros, conforme lo prevé la ley 80 de
1993, arts. 25 numeral 19 y 60 de la Ley 80 de 1993) [sic], en el entendido de que ‘dicha circunstancia,
por sí sola no exime de responsabilidad a la entidad propietaria de la obra pública, sin perjuicio de
que pueda obtener el reembolso de las sumas pagadas del contratista o de la compañía de seguros
(…)”. Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 14 de octubre del 2021. Exp: 53448. En cita de sentencias del 3 de mayo de 2007,
exp. 19420; del 11 de mayo de 2017, proceso No. 25000-23-26-000-2003-01208-01(39901); del 26
de febrero de 2015, proceso No. 44001-23-31-000-2001-00706-01(25640). Recientemente reiterado
en la sentencia de esta subsección de 11 de diciembre de 2024, exp: 69.715.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
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Asunto: Medio de control de reparación directa

presente, ante las entidades competentes, los mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico para proteger los derechos derivados de su dominio, posesión
o tenencia— la invasión representa un conflicto entre particulares, quienes, por lo
demás, pueden disponer de ellos, al punto que, incluso, se contempla la posibilidad
de que la titularidad de los inmuebles mute ante la verificación de la posesión
prolongada en el tiempo y la correspondiente inacción por parte del propietario en
el ejercicio de actos de señor y dueño37.

En efecto, con ocasión de la invasión en la que los asentados detenten la tenencia
con ánimo de señor y dueño38, la posesión del propietario puede alterarse, lo que,
a su vez, puede producir la pérdida del derecho de dominio por virtud de la
usucapión, figura para cuya configuración, además, se exige que la posesión se
haya ejercido durante el término legal previsto para la prescripción ordinaria o
extraordinaria, según el caso39, con la respectiva inacción por parte del propietario.

En este orden de ideas, —se insiste— la disputa desencadenada por la invasión es
meramente privada y dispositiva, pues el propietario puede no advertir el ejercicio
de la posesión ajena o, incluso, habiéndose percatado, puede optar por no reclamar
sus derechos, lo que resultará, en cualquiera de los dos casos, —por el paso del
tiempo—, en la pérdida de su titularidad sobre el bien a favor del poseedor, quien lo
habrá adquirido mediante prescripción adquisitiva.

La jurisprudencia, de antaño, ha definido acertadamente que la intervención del
Estado ante estos escenarios no es oficiosa y, por el contrario, exige la presentación
de la querella policiva para la restitución de la tenencia o posesión, o la demanda
ante la jurisdicción ordinaria para el reclamo del dominio:

“Frente a la posesión y al derecho de propiedad de un inmueble la ley contempla
regla [sic] protectoras, pero ellas obedecen regularmente a instancia de parte.
En este orden podrá protegerse ese derecho, en principio, mediante acciones
posesorias o de dominio de sello jurisdiccional.

Pero la autoridad, frente al mencionado derecho, no actúa oficiosamente ni
para iniciar el procedimiento policivo ni para ejecutarlo. La parte interesada no

37
Artículo 2518 del Código Civil: “Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales,
raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales.
Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados.”
38
Artículo 762 del Código Civil: “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de
señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona
que la tenga en lugar y a nombre de él.”
39
Artículos 2518 a 2534 del Código Civil.

27

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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puede asumir, como en el caso concreto, una actitud pasiva, así considere que el
derecho de propiedad merece una protección oficiosa.” 40.
(Negrillas fuera del texto original).

Se observa, entonces, que la invasión a inmuebles por parte de particulares ajenos
a la Administración produce daños que, en principio, no son atribuibles al Estado y
entrañan meras disputas de derecho privado, respecto de las cuales no procede
una resolución estatal oficiosa. Ahora, si el interesado ha ejercido las herramientas
puestas a su disposición por el ordenamiento jurídico ante las autoridades
competentes para la protección de sus derechos vulnerados y, no obstante, las
entidades no han liberado el bien de la perturbación acusada, el daño —en ese
evento— puede resultarle imputable al Estado, pues la invasión habrá continuado
porque la autoridad no llevó a cabo las medidas necesarias de acuerdo con la Ley,
para restablecer los derechos.

19. Debe ponerse de presente que —de conformidad con la jurisprudencia
contencioso administrativa— el interesado debe activar los mecanismos jurídicos a
través de los cuales las autoridades públicas puedan, efectivamente, proteger los
derechos lesionados, según las particularidades del caso:

“La obligación de respuesta del Estado, en estos eventos, solo surge cuando el
particular ejerce su derecho de petición en la forma en que la ley (que se
presume de derecho conocida por todos) lo ha reglamentado. La administración
no puede resultar condenada a pagar perjuicios por omisión, cuando en cierta forma
ni siquiera se le ha concedido la oportunidad legal o no se la ha colocado en la
situación de cumplir determinada obligación. (…)

La omisión, que evidentemente puede configurar falla del servicio, en casos
como el aquí estudiado, sólo constituye falla cuando se ha acudido a las vías
legales y ante las autoridades competentes a solicitar la acción del Estado y
ésta no se obtiene. Cuando la administración ha ‘omitido una actuación que le
correspondía y por lo cual se causó a los administrados un perjuicio que piden se
les reconozca y les pague’ (Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 1990,
Expediente No. 5945, actor Argemiro Vargas Medina, ponente: Dr. Gustavo De
Greiff Restrepo).

No cuando, como en este caso, se utiliza una acción inadecuada y se acude ante
una autoridad incompetente para lograr la protección de un derecho, que por esta

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de
abril de 1992. Exp: 6481. Este criterio fue reiterado recientemente por la Sala Plena de esta Sección
en sentencia de 23 de febrero de 2017, exp: 34121, en el que se refirió, expresamente, al juicio
policivo de lanzamiento regulado en el Decreto 0992 de 1930: “De otra parte, no resultaba
procedente para la Administración iniciar una actuación oficiosa, pues de conformidad con el artículo
1º del Decreto 0992 de 1930 , el juicio policivo de lanzamiento por ocupación de hecho procedía a
petición de parte, cuyo libelo debía reunir ciertas exigencias formales y probatorias, al punto que si
estas no estaba satisfechas, el funcionario competente contaba con la facultad de inadmitir la
querella o queja”.

28

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
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Asunto: Medio de control de reparación directa

vía indudablemente no puede conseguirse.”41.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

Se destaca que, en consecuencia, el trámite que le corresponde impulsar al
interesado debe ser el previsto por el ordenamiento jurídico para proteger el derecho
lesionado con ocasión de la invasión, pues de ello se desprende la competencia de
la que gozan las distintas entidades para actuar en defensa del solicitante. Hacerlo
por las vías incorrectas, ante las autoridades incompetentes o de manera
inoportuna, tanto como no hacerlo, redunda en la inimputabilidad del daño al Estado.

20. Así, como primera medida, el ordenamiento jurídico prevé el proceso policivo
de lanzamiento por ocupación de hecho, también llamado de restablecimiento de
statu quo, en cuanto tiene “por finalidad corregir la perturbación y restablecer las
cosas al estado en que se encontraban antes de que ella se presentara”42. Se
destaca que, de conformidad con lo señalado por esta Corporación, se trata de un
trámite adelantado ante la autoridad de policía, quien actúa en ejercicio de su
función judicial —pues lo hace como un tercero respecto de dos particulares con
intereses contrapuestos43— encaminado a proteger el uso y goce vinculados a la
propiedad, pero no el dominio mismo44.

Estos eran los términos del Decreto-Ley 1355 de 1970, antiguo Código Nacional de
Policía y vigente al tiempo de los hechos:

“ARTÍCULO 125.- La policía solo puede intervenir para evitar que se perturbe el
derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el
caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la
situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación.

ARTÍCULO 126.- En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de
dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo.

ARTÍCULO 127.- Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de
bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa.”
(Negrillas fuera del texto original).

De manera afín, esta Sección indicó que:

41
Supra, Exp: 6806.
42
Corte Constitucional. Sentencia C-241 de 2010.
43
Sobre la distinción entre el ejercicio de funciones judiciales y administrativas por parte de las
autoridades policivas ver, entre otros, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de 19 de mayo de 2025. Exp: 71774, en el que se presenta un recuento
jurisprudencial al respecto.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 2 de
mayo de 2013. Exp: 28.158.

29

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
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Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

“No queda duda alguna de lo anterior a la luz del artículo 126 del Código Nacional
de Policía, según el cual: ‘En los procesos de policía no se controvertirá el derecho
de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo’. Así, el
objeto de la protección consagrada en el Capítulo V del mencionado Código lo
constituyen el uso pacífico y la tenencia material de determinado bien, sin que
por ello se haga pronunciamiento alguno en torno al derecho de propiedad del
que pueda o no ser titular el querellante.

La anterior posición ha sido reconocido [sic] por la doctrina más calificada:

‘Si los medios empleados por el poseedor no son suficientes para hacer cesar la
perturbación o despojo, puede recurrir a las autoridades de policía para que
ejerzan las actuaciones orientadas a mantener las cosas en el estado en que
estaban antes de la perturbación o despojo. Las autoridades de policía no analizan
cuestiones sustanciales, como es la titularidad del dominio, que corresponde
definir a la justicia ordinaria’45”46.
(Negrillas fuera del texto original).

Asimismo, la Corte Constitucional señaló que:

“(…) En primer término, porque a la luz de su interpretación le confiere efectos
definitivos a la medida policiva, siendo que de manera expresa esta tiene meros
efectos provisionales, hasta tanto la autoridad judicial no decida otra cosa.

En segundo lugar, cuando el demandante afirma que se quebranta el debido
proceso, en tanto una misma circunstancia se juzga dos o más veces, desatiende
que las medidas policivas de protección de un bien están insertas en la instancia
administrativa, mientras que las acciones posesorias hacen parte de otra instancia,
la judicial. Cuestión esta [sic] que en nada riñe con la aplicación de un proceso
debido en ambas instancias e inobserva que las medidas policivas tendientes a la
protección de la posesión de un bien están endógenamente condicionadas en doble
vía. De una parte, porque la policía ‘solo puede intervenir para evitar que se perturbe
el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien’. Nótese
que la expresión ‘solo’ es indicativa de una restricción material, pues esta facultad
alude a que únicamente pueda ser utilizada para evitar la perturbación y, de
otra, está temporalmente condicionada al principio de legalidad en tanto ‘se
mantendrán mientras el juez no decida otra cosa’, lo que implica que de
ninguna manera pueda concurrir un doble juzgamiento, como erradamente lo
sostiene el actor.”47
(Negrillas fuera del texto original).

En el mismo sentido, la Ley 1801 de 2016 —Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, que derogó expresamente el Decreto-Ley 1355 de

45
Cita original: Luis Guillermo Velásquez Jaramillo, Bienes, 11ª edición, Comlibros, 2008, Medellín,
p. 544. Aun cuando para el autor los procesos policivos de la Ley 57 de 1905 y del Código Nacional
de Policía son sustancialmente distintos, por cuanto el primero constituye una acción por despojo
mientras que el segundo consagra una acción por perturbación.
46
Supra, Exp: 28.158.
47
Corte Constitucional. Sentencia C-813 de 2014.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
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197048— determina que “perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia
de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente” es un comportamiento contrario a la
posesión y mera tenencia de bienes inmuebles49, que puede ser objeto de querella
por parte del “titular de la posesión o mera tenencia de los inmuebles particulares”50,
y que resulta en la orden de “desalojo del ocupante de hecho” o de “que las cosas
vuelvan al estado que antes tenía”51. En cualquier caso, resalta que:

“El amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de
carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya única finalidad, es
mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide
definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las
indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar.”52.
(Negrillas fuera del texto original).

En esta línea, se observa que, tanto bajo la vigencia del Decreto-Ley 1355 de 1970,
como de la Ley 1801 de 2016, el procedimiento policivo en mención persigue el
restablecimiento del statu quo, y protege la tenencia pacífica en contra de quien se
acusa de ser ocupante ilegítimo del inmueble, con la consideración de que lo hace
de manera provisional, pues el juez ordinario mantiene la competencia para
pronunciarse de manera definitiva. Así, en este marco, las autoridades policivas no
pueden decidir lo atinente a la titularidad de los derechos reales, incluido el de
dominio, por ser esta competencia del juez ordinario, y, por el contrario, se limitan a
restablecer las cosas al estado en el que se hallaban antes de la perturbación.

Ahora, se precisa que, como lo ha definido esta Sección, las autoridades policivas
pierden competencia53 para continuar con este trámite cuando se alegue y se
demuestre que el invasor no es un mero ocupante perturbador, sino que detenta
posesión sobre el inmueble:

“De suerte que cuando quien se encuentra en el inmueble alega y demuestra
posesión enerva la actuación de las autoridades de policía, al tiempo que exige
la protección de su statu quo para que, sólo quien alegue un mejor derecho que él,
ante el juez civil, como corresponde, acceda efectiva y definitivamente a la

48
Este nuevo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana gobierna los asuntos policivos
desde el 29 de enero de 2017, esto es, 6 meses después de que fue promulgado el 29 de julio de
2016.
49
Artículo 77.1.
50
Artículo 79.1.
51
Parágrafo del artículo 79.
52
Artículo 80.
53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 23 de
febrero de 2017. Exp: 34121.

31

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
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tenencia material del bien, con ánimo de dueño y señor.”54.
(Negrillas fuera del original).

Por otra parte, los particulares tienen a su disposición las acciones posesorias
que, de conformidad con el artículo 972 del Código Civil “tienen por objeto conservar
o recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en
ellos”, y radican en cabeza de quienes han ejercido la posesión tranquila e
ininterrumpida, por lo menos, durante un año55, sin que en este trámite se decidan
las cuestiones relativas al dominio56. En este sentido, es diáfano que esta acción
judicial persigue la defensa del derecho real de posesión, en cabeza del poseedor,
que puede o no coincidir con quien funge como propietario57.

Finalmente, en los términos del artículo 946 del Código Civil “[l]a reivindicación o
acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está
en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla”, de lo cual
se desprende que este mecanismo judicial tiene como objetivo la defensa del
derecho de propiedad, en tanto es el titular58 el único legitimado para reclamarle al
poseedor59 la restitución del bien.

Conforme a lo señalado, esta Sección concluyó:

“De esta manera, el ordenamiento jurídico le otorga al propietario una protección
judicial plena de su derecho de propiedad; en primer lugar, le permite perseguir en
manos de quien esté mediante la acción reivindicatoria –expresión del poder de
exclusión–, pero también, en segundo lugar, diseñó medidas de protección de la
expresión física de la propiedad: las acciones posesorias. De esta manera, el

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 9 de
abril de 2012. Exp: 22248.
55
Artículo 974 del Código Civil.
56
Artículo 979 del Código Civil. “En los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por
una o por otra parte se alegue. // Podrán con todo, exhibirse títulos de dominio para comprobar la
posesión, pero sólo aquellos cuya existencia pueda probarse sumariamente; ni valdrá objetar contra
ellos otros vicios o defectos que los que puedan probarse de la misma manera.”
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 29 de
octubre de 2015. Exp. 33.266: “De acuerdo con la normatividad civil se entiende por dominio o
propiedad, el derecho real sobre una cosa corporal o incorporal, que otorga a su titular las máximas
facultades que se pueden predicar sobre un bien, sin que se confunda con el ejercicio de las
facultades. Esto es, el titular del derecho de dominio, como lo define el artículo 699 del Código Civil,
está facultado para ‘gozar y disponer’ una cosa corporal, mueble o inmueble; empero de ahí no se
sigue que por lo mismo usa, goza o dispone, como quiera que otro podría hacerlo y tener, a su favor,
la presunción de dominio (…). // (…) el propietario resume en sí un sin número de facultades, las que
el mismo puede limitar o gravar; empero no se identifica con el poseedor. Esto es con el detentador
del bien, aunque se encuentre en posibilidad de recuperar el señorío dentro del término
preestablecido y confrontando a quien además de gozar del bien ostenta a su favor la presunción de
dominio’.”.
58
Artículo 950 del Código Civil: “La acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la
propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa.”
59
Artículo 952 del Código Civil: “La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor.”

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Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

que es propietario contará, para proteger su bien, tanto con la acción reivindicatoria
como con las acciones posesorias, mientras que quien no lo es, pero tiene la calidad
de poseedor podrá iniciar éstas últimas para proteger, en la medida en que se lo
permita el ordenamiento jurídico, su situación frente al bien.”60.
(Negrillas fuera del texto original).

21. En consideración a este contexto, se observa que la atribución del daño al
Estado depende de que el demandante haya vinculado —por las vías adecuadas y
con las formalidades reguladas— a las entidades estatales que, por virtud de sus
funciones y competencias, puedan resolver los conflictos suscitados por la invasión.
De lo contrario, como lo concluyó esta Sección en providencia de 1994, —“cuando
se utiliza una acción inadecuada y se acude ante una autoridad incompetente”— no
nace la obligación de respuesta de la Administración.

22. En este punto debe precisarse que lo hasta ahora referido incumbe a la cuestión
de la imputabilidad —esto es, a los motivos por los cuales se puede comprometer
el patrimonio estatal, a pesar de que el daño lo causa materialmente un tercero61—
que es un elemento distinto al del fundamento de la responsabilidad, que, a su turno,
alude a la “justificación del porqué se debe reparar”62. Así lo ha aclarado la doctrina
especializada:

“Esta norma [el artículo 90 de la Constitución Política] incluye en su supuesto de
hecho, con claridad, los siguientes elementos estructurales de la responsabilidad:
un daño —que se califica de antijurídico—, una acción u omisión— que en este caso
debe ser de las autoridades públicas— y una relación de causalidad entre esta y
aquel; se exige, además, que dicho daño resulte imputable al Estado.

Es de advertir que la disposición alude a la causalidad, pero también a la
imputación, lo cual no puede llevar a equívocos. La jurisprudencia contencioso
administrativa ha adoptado en la mayor parte de los casos, como la jurisprudencia
civil, la teoría de la causalidad adecuada, lo que se explica, entre otras razones, por
la aceptación de la exoneración del demandado cuando prueba una causa extraña
(…). Así, la expresión ‘causados’ debe ser entendida en el sentido que a ella le
imprime la noción de causalidad jurídica, no material. En cuanto a la expresión
‘imputable’, en este caso, parece lógico concluir que se refiere al fundamento
de la responsabilidad, cuyo carácter subjetivo u objetivo no se define en la norma,

60
Supra, Exp: 28.158.
61
La imputación del daño responde a la pregunta de quién debe repararlo, más allá de su causación
naturalística. Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencias del 11 de diciembre de 2024. Exp: 69.461, 69.853, y 69.924. Igualmente: Juan
Carlos Henao. Responsabilidad del Estado colombiano por Daños al medio ambiente. En:
Responsabilidad por daños al medio ambiente. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000.
P. 160; Héctor Patiño. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y
cómo impiden la declaratoria de la responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo
de Estado. Revista de derecho Privado. 20 (jun. 2011), 371–398. Universidad Externado de
Colombia. P. 375; María Cecilia M’Causland. Equidad judicial y responsabilidad extracontractual.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2019. P. 337.
62
Juan Carlos Henao. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del
Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, 2007. P. 37.

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Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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en tanto no califica la acción u omisión de las autoridades públicas; se acoge, en
efecto, la terminología propia del derecho español —cuya marcada influencia en la
concepción del artículo 90 analizado es bien conocida—, que recurre a la expresión
‘títulos de imputación’ para referirse a los fundamentos de la responsabilidad,
subjetivos y objetivos, los cuales determinan, a su vez, los regímenes aplicables” 63.
(Negrillas fuera del texto original).

Así, una vez agotado, positivamente, el análisis sobre la imputación del daño al
Estado, puede indagarse acerca del fundamento del deber de reparar, —sede en la
cual deberá determinarse la obligación del demandante de soportar o no el daño—
sobre lo cual la jurisprudencia de esta Sección se ha referido en numerosos
pronunciamientos y, al respecto, la sentencia SU-157 de 2022 de la Corte
Constitucional reseñó que, en estos eventos, se ha reconocido la responsabilidad
por falla en el servicio64, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia65
y daño especial66, según las particularidades del caso y —en específico— las
razones por las cuales la Administración —habiendo sido vinculada a través de los
mecanismos adecuados y las formalidades exigidas— no libera al inmueble de la
perturbación.

23. En conclusión, la exigencia consistente en que se inicien los mecanismos
dispuestos en el ordenamiento jurídico para vincular a las autoridades públicas en
la defensa de los derechos lesionados por cuenta de la invasión responde a la
necesidad de atribuir el daño —materialmente causado por terceros— al Estado,
sin que pueda confundirse con el fundamento del deber de reparar, en cuyo análisis
se determinan los motivos por los cuales la entidad demandada no evacuó el trámite
solicitado, de lo cual se deriva la continuación de la invasión.

Por lo anterior, la satisfacción de la carga de iniciar los mecanismos ante la
Administración debe analizarse en cada evento, de cara a la protección que el
interesado persiga y a la competencia que, por las particularidades del caso, pueda
predicarse de cada entidad.

63
María Cecilia M’Causland. Equidad judicial y responsabilidad extracontractual. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 2019. Págs. 336 a 338.
64
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias del 12 de julio de 1984, Exp. 3755; del 1 de septiembre de 1993, Exp: 5851; y del 19 de
junio de 2020. Exp. 46035.
65
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias del 13 de septiembre de 2001, Exp: 12915; y del 9 de abril de 2012, Exp: 22248.
12 de julio de 1984, Exp. 3755
66
Entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencias de 23 de febrero de 2017, Exp. 34.121; y de 22 de octubre de 2015, Exp. 33.977.

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2. Caso concreto

24. En el asunto de marras, la Sala observa que en el proceso se probó la invasión
sobre los predios del demandante por parte de terceros. Se insiste en que se
encuentra probado que dicha perturbación existía al momento de la adquisición del
derecho de dominio y era plenamente conocida por el actor. En primer lugar, el
informe de avalúo comercial aportado con la demanda da cuenta de que los predios
presentan una «ocupación de asentamientos de hecho (…) [que] se pudo observar
durante la visita técnica»67.

El municipio de Medellín afirmó que en el inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria 01N-5254667 se encontraban unos asentamientos:

“(…) los barrios frente a los cuales se plantean los interrogantes se encuentran
ubicados en el municipio de Bello; sin embargo, debido al crecimiento del sector
denominado Altos de Oriente se generó un asentamiento en una zona de la Vereda
Piedras Blancas del Corregimiento de Santa Elena, perteneciente al municipio de
Medellín. Este asentamiento se encuentra ubicado en el inmueble identificado con
matrícula No. 01N-5254667”68.

Igualmente, el municipio de Bello señaló, en una respuesta a un derecho de petición
presentado por Luis Fernando Aristizábal Tabares, que:

“Primero: En cuanto a que se le informen las razones fácticas y jurídicas que han
llevado a la administración a tomar las decisiones anotadas en este escrito sobre
los bienes a su nombre, refiriéndose específicamente a la inscripción catastral de
mejoras existentes en los predios identificados con las matrículas inmobiliarias 01N-
5254636 y 01N-5366030, debemos informar lo siguiente:

Los inmuebles señalados se encuentran ubicados geográficamente en un sector
territorial del Municipio de Bello denominado Croacia y Granizal, zona geográfica
sobre la cual desde hace ya varios años viene presentándose un asentamiento
subnormal el cual se ha consolidado en cuanto a las construcciones que se realizan
en dichos predios (…)”69.

25. Sin embargo, se advierte que no se acreditó que se hubieran iniciado ante las
entidades demandadas los procedimientos pertinentes para liberar a los inmuebles
de las perturbaciones alegadas, como se pasará a explicar.

67
Elaborado por Sonia Díaz Alonso, ingeniera catastral y geodesta, avaluadora profesional. Índice
SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 003ED_01Cuaderno1pdf. Págs. 319, 361 y 397.
68
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 076ED_72InformeBajoJuramen.
69
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
CONSOLIDADO PQRS. Archivo: RADICADO 20152027179 RTA DEL RDO 20151025088.

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2.1. De la imputación al municipio de Medellín

26. Esta demandada presentó el informe de que trata el artículo 217 del CPACA 70
en el que indicó que, a través de la Corregiduría de Santa Elena, había tenido
conocimiento de los asentamientos en el predio identificado con la matrícula 01N-
5254667, en el que se habían ordenado dos desalojos71: el primero, en 2003, en el
marco de un operativo interinstitucional, y el segundo, por virtud de la Resolución
185 de 2009 en el proceso 2-40369-09. Igualmente, narró que dicha corregiduría ha
continuado con los controles, al punto que el último operativo de control territorial se
realizó el 29 de octubre de 2020, en el que se efectuaron dos procedimientos de
remoción de bienes construidos en material precario, dos intervenciones de retiro
de estacones y de una cinta demarcadora de lote para inicio de construcción, y
fueron emitidas 9 órdenes de policía frente a nuevas edificaciones en proceso de
construcción.

En cuanto el operativo de 2003, este ente territorial aportó —en su contestación—
la nota de prensa del diario El Tiempo72 en la que se refirió:

“El secretario de Gobierno, Jorge León Sánchez, ratificó que la orden sigue vigente
y explicó que aunque en las 33 hectáreas que tienen ocupadas unas 700 familias se
cuentan lotes privados, están afectados por un uso público, pues están en la reserva
ecológica de los parques Arvi [sic] y Piedras Blancas.

Añadió que es una zona en alto riesgo que ha sufrido daños no recuperables ni en
35 años por la deforestación y por eso el deber del Municipio es recuperarlos para
iniciar la reforestación”.

Asimismo, el demandante allegó un oficio de 3 de abril de 2003 suscrito por el
Departamento Administrativo de Planeación de Medellín dirigido a la Corregiduría
de Santa Elena73 en el que se señaló:

“El asentamiento Altos de Oriente se ubicó por fuera del perímetro Urbano en el
polígono SE-IAF-06 que corresponde a la Zona de Protección en el Corregimiento
de Santa Elena, que ocupó inicialmente parte de los predios de la finca del Señor
Armando Congote al cual la oficina le informó sobre el uso del suelo de estos predios
(…).

70
Prueba solicitada por la demanda y decretada en la audiencia inicial. Índice SAMAI 2. Expediente
digital. Archivo: 040ED_36ActaAudienciaIncia. Págs. 3 y 4.
71
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 076ED_72InformeBajoJuramen.
72
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 018ED_14Anexo2Contestacion. P. 1.
73
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 003ED_01Cuaderno1pdf. Págs. 113 a 115.

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Este Asentamiento en la actualidad está ocupando los terrenos que conforman el
suelo de protección SEI-AF-06, SE-PAPR-01 donde esta [sic] ubicado el parque
ARVI [sic] y EL PARQUE PIEDRAS BLANCAS (…).

El asentamiento Altos de Oriente no puede estar Ubicado [sic] en estos suelos (…)
porque corresponden a suelos de actividad forestal y suelos de preservación activa
con producción restringida en los cuales se establece como objetivos el valorar el
medio ambiente como elemento estructurante principal del Ordenamiento Territorial
y componente esencial del espacio público, cuya política es la de privilegiar la
función ecológica equilibrante, la productividad ambiental de la zona rural, limitar el
crecimiento de la ciudad sobre los bordes de características restrictiva [sic] al
desarrollo Urbano. (…)”.

En el mismo sentido, el Departamento Administrativo de Planeación envió una carta
al Secretario de Gobierno del municipio de Medellín, de la cual se destaca que la
invasión ocupaba terrenos destinados a la conservación permanente de bosques
naturales o artificiales, en los que prevalecía el efecto protector, según lo dispuesto
en el Plan de Ordenamiento Territorial, además de que estaban en la faja de retiro
sobre el poliducto Terpel José María Córdova, de influencia arqueológica y en
condiciones de inestabilidad74.

Se observa con claridad que esa actuación tuvo como fin la protección de la reserva
ecológica con la que estaban afectados los predios de esa zona, y no pretendió
desalojar a los invasores en defensa de los derechos de los propietarios de los
predios particulares.

En relación con el proceso 2-40369-09, el demandante allegó el expediente
administrativo, en cuya carátula75 explícitamente se indicó que se trataba de
“contravenciones comunes de policía”, “por información de la inspección de
permanencia se nos informa que están ocupando un predio que tiene afectación al
uso público en Altos de Oriente Las Flores”. Igualmente, se aportó la Resolución
185 del 7 de octubre de 2009 “por medio de la cual se imparte una Orden de Policía
ordenando el desalojo de un predio que tiene afectación al uso público” 76, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

“(…) existe una clara violación a las normas del Plan de Ordenamiento Territorial
(…). El anotado asentamiento del cual está siendo objeto la zona rural
correspondiente a Medellín ocupa un suelo que actualmente mantiene una
intervención rural, catalogado como suelo de Protección (GAF-96) (…), además la
zona del asentamiento tiene un carácter de afectación al uso público, al ser zona
forestal protectora (…).
74
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 003ED_01Cuaderno1pdf. Págs. 117 a 119.
75
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 003ED_01Cuaderno1pdf. P. 155.
76
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 003ED_01Cuaderno1. Págs. 183 a 186.

37

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Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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Conforme a lo anterior se hace necesario en aras de la prevención principio general
del Derecho de Policía, evitar un asentamiento en el lugar y proteger la zona por ser
esta [sic] catalogada como área rural con suelo tipo Protección (…) por lo que es
preciso emitir esta orden de Policía para recuperar la zona de amortiguamiento, ya
que los movimientos de tierra que se han venido realizando en el asentamiento
podrían comprometer la estabilidad de los terrenos (…), hay que tener en cuenta
además la manifestación expresa del órgano estatal, cuando se trata de un bien
destinado al uso público, toda vez que por su afectación se le dio tal carácter (…).”.

Véase que, también en esta ocasión, la Secretaría de Gobierno del municipio
Medellín estaba actuando en ejercicio de la función administrativa de policía, para
salvaguardar bienes que, por su afectación, habían adquirido la connotación de uso
público. No estaban definiendo, como un tercero imparcial, un conflicto entre dos
particulares en torno a la tenencia o posesión de un bien privado.

Finalmente, sobre las actuaciones desarrolladas en 2020, se precisa que —según
las actas aportadas por el municipio de Medellín en su contestación77— estuvieron
encaminadas a la preservación de las áreas de conservación y protegidas en las
que, de acuerdo con el POT, se prohíbe la construcción de viviendas.

27. Se recuerda que, según la jurisprudencia reiterada de esta Sección78, estos son
procesos típicamente administrativos conducidos por las autoridades de policía para
la protección del orden público, que no pueden confundirse con aquellos de
naturaleza judicial que surten las mismas autoridades, actuando como un tercero
imparcial respecto de particulares que acuden ante éstas para definir una
controversia:

“En términos generales, la función de policía, envuelve una naturaleza meramente
administrativa. El ordenamiento jurídico ha radicado en cabeza de las autoridades
administrativas, la conservación, el mantenimiento y el restablecimiento de las
diversas facetas del orden público. Sin duda, las actuaciones emprendidas por
la administración en ejercicio de este poder constituyen verdaderos actos
administrativos, sometidos a control jurisdiccional por parte del Contencioso
Administrativo. En efecto, si la Administración en ejercicio de la función de policía
que le fue conferida, va en contravía del orden legal, o infringe perjuicios a
particulares, dichas actuaciones podrán ser atacadas ante la jurisdicción
competente. Ello, porque la regla general, en materia de policía, es que las
determinaciones adoptadas son de carácter administrativo.

Sin embargo, no todas las actuaciones emprendidas por la Rama Ejecutiva en
ejercicio de la función de policía, tienen control ante la Jurisdicción de lo Contencioso

77
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 018ED_14Anexo2Contestacion. Págs. 11 a 78.
78
Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 28 de enero de 2015. Exp: 31612. Para un recuento jurisprudencial sobre este asunto,
ver la sentencia de esta Sección del 19 de mayo de 2025, Exp: 71774.

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Administrativo, en tanto las decisiones adoptadas en desarrollo de juicios de
policía de naturaleza civil, como cuando se interviene en asuntos destinados
a amparar provisionalmente la posesión, la tenencia o una servidumbre o los
asuntos de carácter penal, se encuentran expresamente excluidos de dicho
control en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso
Administrativo, según el cual tal Jurisdicción carece de competencia para juzgar
las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por la ley.
Lo anterior se justifica si se tiene en cuenta que, en estos casos, las medidas de
policía son de efecto inmediato en punto a evitar que se perturbe el orden y la
tranquilidad pública. Se trata de medidas de carácter precario y provisional, cuya
única finalidad es devolver el statu quo mientras el juez ordinario competente para
decidir sobre la titularidad de los derechos reales en controversia, decide
definitivamente sobre ellos. Por esta razón, la doctrina ha afirmado que estas
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada ‘formal’.” 79.
(Negrillas fuera del texto original).

Dado que, según lo expuesto, el municipio de Medellín adelantó procesos
administrativos policivos que perseguían la protección y conservación del orden
público al evitar que se invadieran zonas que, por su afectación forestal y ambiental,
habían adquirido la naturaleza de uso público —aun cuando se ubicaran en terrenos
de propiedad privada—, debe concluirse que no se surtieron por solicitud de los
propietarios de los inmuebles con el fin de proteger o restituir el statu quo, ni la
autoridad actuó como un tercero respecto de las partes en orden a definir la disputa
privada sobre los bienes.

28. Se destaca que, el 14 de septiembre de 201680, el municipio de Medellín, a
través de una corregiduría, le informó a Óscar Alberto Restrepo Acevedo —quien,
según otro oficio remisorio del municipio, actuaba en calidad de apoderado de los
señores Armando Congote Vargas y Gilberto Alonso Zuluaga Quintero81— que:

“Se recibió en este despacho derecho de petición en el cual solicita iniciar las
acciones necesarias de carácter administrativo y Policivo [sic] para salvaguardar el
predio correspondiente a Medellín 01N-525667 y se informen sus avances y
resultados.

Este despacho ha analizado su caso y se coordinara [sic] con los carabineros la
visita al lugar de los hechos y de esta visita se levantará un informe del cual se le
enviara [sic] copia a usted, estamos a la espera de fijar la fecha de la visita. (…)”

Y, posteriormente, el 30 de junio de 2017, la Corregiduría de Santa Elena del
municipio de Medellín dirigió a Óscar Alberto Restrepo82 otra misiva en la que

79
Corte Constitucional. Sentencia C-241 de 2010. Igualmente, Sentencias T-048 de 1995 y T-149
de 1998.
80
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 018ED_14Anexo2Contestacion. P. 6.
81
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 018ED_14Anexo2Contestacion. P. 7.
82
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. P. 307.

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manifestó que:

“Si bien es cierto se había dado respuesta a su derecho de petición, mediante oficio
radicado No [sic] 2016005482120 del 14 de septiembre de 2016, en el cual se le
informaba que:

Que una vez analizado su caso se coordinaría con el fuerte de carabineros una visita
al lugar de los hechos.

Por cuestiones de seguridad esta diligencia no se había podido realizar, pero en
coordinación con el fuerte de carabineros ya se tiene como fecha para realizar el
recorrido en el sector para el día 9 de agosto de 2017 a las 8:00 am.”

Sin embargo, se observa que los oficios remitidos por el municipio únicamente
denotan que el apoderado del actor pidió que se iniciaran las acciones necesarias
“de carácter administrativo y policivo para salvaguardar el predio”, de lo cual no se
deriva, necesariamente, que se tratara de una querella para la liberación de la
perturbación a la tenencia pacífica, puesto que podía consistir también en las
medidas policivas —de naturaleza administrativa— de protección y conservación
del orden público, en atención a la afectación ambiental del predio.

De este modo, en criterio de esta Sala, las comunicaciones que sobre este asunto
se cruzaron no permiten establecer, con certeza, que este derecho de petición se
hubiera dirigido a lograr el restablecimiento del statu quo en los términos del
entonces vigente Decreto-Ley 1355 de 1970.

En esta misma medida, la solicitud de apoyo ante las entidades para solucionar el
problema de orden público o a las afectaciones al medio ambiente derivadas de las
invasiones a las que hace referencia la apelación, no son las vías conducentes para
perseguir la defensa de los derechos de propiedad o posesión privados, y por el
contrario conducen a la apertura de procedimientos administrativos policivos
encaminados con la antedicha finalidad pública.

29. Siendo así, ninguna de las pruebas practicadas tiene la entidad suficiente para
demostrar que, en realidad, se hubiera vinculado al municipio de Medellín al
conflicto entre privados, situación que redunda en la falta de acreditación de la
imputación del daño a este ente territorial.

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2.2. De la imputación al municipio de Bello

2.2.1. Por la omisión en la protección en contra de la invasión

30. Esta entidad territorial allegó el informe previsto en el artículo 217 del CPACA 83
en el que señaló84 que: “[l]a parte alta de la vereda Granizal ha sido objeto desde el
mes de abril de 1996 de un proceso invasivo sistemático que para el año 2000 había
ya configurado un asentamiento humano de 345 viviendas denominado El Pinar”,
sobre el cual:

“(…) el Municipio [sic] de Bello efectuó un conjunto de acciones tendientes a la
recuperación de los bienes inmuebles ubicados en el sector Granizal, así como
acciones tendientes a recuperar el espacio público y los predios privados ubicados
en el sector Granizal una vez se reciben las quejas y/o querellas de los propietarios,
debiéndose dejar constancia que frente a los predios privados existía un
limitante, en razón que se requería una previa solicitud para intervención de la
administración [sic] y al ser desfavorables los resultados, los propietarios de los
bienes inmuebles invadidos debían acudir a la jurisdicción, ya que el ente territorial
no posee funciones jurisdiccionales.”85.
(Negrillas fuera del texto original).

Refirió, igualmente, que los asentamientos han venido consolidándose desde 2005
hasta 2021 en la vereda Granizal, en los sectores Manantiales, El Pinar, Altos de
Oriente, Regalo de Dios y Km 7.

Se narró que el Alcalde había adelantado directamente el proceso de restitución de
bien de uso público 001-2003, por conducto de la Inspección Segunda del municipio
de Bello, en el que en 2003 se ordenó el desalojo de 113 invasores. Igualmente,
que en septiembre de 2009 se habían intentado tres desalojos en un bien de
propiedad del municipio que estaba destinado para la reserva forestal, no apta para
urbanizarse. Se indicó que, ese mismo año, el Alcalde interpuso una denuncia ante
la Fiscalía General de la Nación por la situación en el sector.

Se alegó que el 7 de diciembre de 2010, el señor Claudio Segundo Titichoca radicó
una queja en contra del señor Givaniel Londoño Monsalve por la invasión de su
espacio, «que era de uso público y particular», lo que resultó en la expedición de la
Resolución 2656 de 2011 que ordenó la restitución del predio. Mencionó que con la

83
Prueba solicitada por la demanda y decretada en la audiencia inicial. Índice SAMAI 2. Expediente
digital. Archivo: 040ED_36ActaAudienciaIncia. Págs. 3 y 4.
84
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 095ED_91RepesutaOficio37In.
85
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 095ED_91RepesutaOficio37In. P. 9.

41

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

contestación de la demanda se allegaron múltiples querellas presentadas
relacionadas con la invasión en el Granizal.

Se puso de presente la existencia de un fallo de acción popular expedido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso con radicado 2015-02436, en el
que se declaró que varios derechos colectivos de los habitantes de los sectores El
Pinar y Manantiales de la vereda Granizal estaban siendo amenazados y
vulnerados, por lo cual ordenó, entre otras, una serie de medidas tendientes a la
prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

31. Sobre el procedimiento de 2003, se destaca que aun cuando se probó que el
entonces propietario del bien —Armando Congote86— presentó unas querellas que
condujeron a que el ente territorial surtiera unos juicios policivos para la respetiva
restitución, no existe claridad sobre la individualización de los inmuebles sobre los
cuales recayeron estas actuaciones, de manera que no puede determinarse que
coincidan con aquellos que sustentan las reclamaciones del sub judice.

Al respecto, se advierte que existen algunas piezas de lo que pareciera ser un juicio
policivo adelantado en 200387 en el que, según se desprende de dichos
documentos, el señor Armando Congote, en su calidad de “propietario del inmueble
objeto de restitución”88, fue informado de que la diligencia de desalojo se realizaría
el 1 de octubre de 2003, por virtud de la Resolución 880 del 13 de agosto de 2003
mediante la cual la alcaldía de Bello “ordenó realizar la diligencia de desalojo en la
invasión Altos de Oriente”89.

No obstante, esta documentación únicamente refleja que el inmueble en cuestión
estaba ubicado en el municipio de Bello90, en la “Vereda Granizal Invasión Altos de

86
De este hecho dan cuenta los certificados de libertad y tradición de los inmuebles identificados
con matrícula inmobiliaria 01N-5366030, 01N-5254667 y 01N-5254636. Índice SAMAI 2. Expediente
digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 93 a 95, 97 a 99 y 101 a 104.
87
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: continuación del proceso 001-2003.
88
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: continuación del proceso 001-2003. P. 2.
89
Ibídem. P. 1.
90
Ibídem.

42

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

Oriente”91, “Parque Arví”92, y que era propiedad del señor Armando Congote93, de
lo cual —se reitera— no puede inferirse que se trate de los mismos inmuebles que
aquí fundamentan las pretensiones. Debe además destacarse que, de conformidad
con el precitado informe presentado por el ente territorial en este proceso, se trataba
de un proceso de restitución de bien de uso público.

Igualmente, frente a los trámites de 2009, se observa que de la querella radicada el
8 de julio de ese año por Armando Congote94 ante el Inspector Uno de Policía
Urbana de la Secretaría de Gobierno del municipio de Medellín 95, no es posible
establecer, con certeza, que se trate de alguno de los bienes que sustentan las
pretensiones elevadas en esta oportunidad.

En efecto, en esa oportunidad, Armando Congote solicitó que se efectuara el
lanzamiento de Uriel Cuadros y otros por ocupación de hecho de un inmueble de su
propiedad, “lote No. 2, que hace referencia a la Escritura Pública No. 3062 de
Diciembre 30 de 2002 protocolizada en la Notaría Quinta (5ª.) del círculo de Medellín
y que reza ‘LOTE No. 2: Con un área de 7.391.25 mts2 y alinderado así (…)’”.

Sin embargo, esta identificación no es suficiente para determinar que se trate de
alguno de los bienes que soportan la acción impetrada en esta ocasión. Véase que
el certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 01N-536603096, aun cuando en su descripción menciona el
“Lote 2”, señala que este bien tiene un área de 383.729 M2, y no menciona la
escritura pública 3062 de 2002, razón por la cual no puede concluirse que se trate
del mismo inmueble, además de que no existen otros elementos de los cuales se
pueda deducir que corresponde a una porción de aquel que fue objeto de la querella.

Además, el informe del municipio refiere que se trató de tres diligencias de desalojo
de un bien de propiedad del mismo ente territorial, destinado a lograr la reserva
forestal, cuestión que revela que el trámite adelantado radicó en uno de naturaleza

91
Ibídem. Págs. 1, 4 a 8, 10 a 14 y 17.
92
Ibídem. Págs. 4 y 5.
93
Ibídem. Págs. 2 y 3.
94
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: 021-2008. Págs. 17 a 19.
95
Se pone de presente que, a pesar de ser un documento perteneciente a los archivos del municipio
de Bello, la querella se dirigió al municipio de Medellín.
96
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 3ED_01Cuaderno1. Págs. 97 a 99.

43

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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Nacional y otros
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administrativa para la recuperación de un bien fiscal, y no en uno de carácter judicial
iniciado por un querellante particular.

Bajo estas circunstancias, estos documentos no tienen la virtualidad de demostrar
que el municipio fue llamado para restablecer el statu quo de algún inmueble objeto
del presente proceso, en ejercicio de sus funciones judiciales, actuando como
tercero imparcial respecto de querellante y querellado.

32. Por otra parte, obra un informe técnico de visita al sector Manantiales en la
vereda Granizal por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
10 de agosto de 2010, en el que se puso de presente que existía un sitio de
disposición inadecuado de materiales, elementos, aguas residuales y basuras, que
generaba la contaminación de la quebrada y amenazaba el cauce por su
obstrucción y flujo normal97.

Asimismo, una queja formulada por Armando Congote el 20 de enero de 2011 por
la presencia de un botadero de escombros en tierras de su propiedad «Rancho
Grande» y una chatarrería que funcionaba de manera ilegal por estar ubicada en un
sitio destinado para la recolección de basuras 98, respecto de la cual la Inspección
Primera Municipal de Policía de Bello envió al secretario de Gobierno un informe de
la visita al lugar de los hechos, en el que se consignó:

“Al llegar al sector del botadero el despacho pudo constatar que allí se han realizado
labores de botadero de escombros, a lo cual nos manifestaron los agentes de policía
que esta situación la tenían controlada y no dejaban botar escombros (…)” 99.

De igual manera, se aportó una “relación de procesos contravencionales por
restitución de bienes de uso público, llevados en la Inspección Primera de Policía”
desde 2008 hasta 2012 en el que se describen los trámites administrativos
conducidos por dicha autoridad policiva para —como su nombre lo indica— la
restitución de los bienes de uso público.

97
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: 014270.
98
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: 001210. Págs. 1 y 2.
99
Ibídem. Págs. 3 y 4.

44

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

Posteriormente, con arreglo a lo demostrado, en 2014 se llevó a cabo un
procedimiento de control y regulación —radicado 0063100— por la contravención de
“escombrera en El Pinar”, en el que se puso de relieve un “daño ecológico en la
quebrada La Negra o La Seca, causado por la instalación de una escombrera”101,
supuesto que motivó la visita realizada el 30 de octubre de esa anualidad102,
definiéndose en ese marco que la actividad ilegal estaba activa, por lo que se le
sugería a varias secretarías y al comando de Policía ejercer el debido control en el
lugar103.

El ente territorial aportó el memorando de 12 de agosto de 2015104 del Secretario
de Planeación al Secretario de Gobierno en cuyo contenido se señaló que en el
inmueble denominado “Finca Rancho Grande en Granizal”, perteneciente a los
señores Luis Fernando Aristizábal Tabares y Gilberto Alonso Zuluaga Quintero se
evidenciaba una invasión en la que:

“(…) se está construyendo gran cantidad de viviendas casas unifamiliares de uno,
dos y tres plantas y la ocupación de zonas de retiros de esta via [sic] con botaderos
y escombreas [sic] sobre la margen derecha de esta via [sic] hacia Guarne, en una
extencion [sic] aproximadamente de 1500 metros y en la via [sic] de acesso [sic] a a
[sic] la vivienda de la finca (invacion [sic] por el lindero oriental y norte de estos dos
predios). Lo cual no puede estar permitido dentro del contexto de la
Normatividad Urbana, Nacional y Municipal, por estar ocupando Zonas
Inestables de taludes de protección de esta via [sic].

Lo más preocupante es que se están haciendo movimientos de tierra y llenos con
escombreras en estos taludes que son rellenos sin ninguna compatacion [sic]
técnica y que pueden causar movimientos en masa de estos terrenos y causando
tragedias por deslizamientos de tierra y perdida de estabilidad de las viviendas
contiguas a ellos; en estas zonas adyacentes a la vía a entre los limites [sic] de
Bello.”
(Negrillas fuera del texto original).

En la misma línea, allegaron la carta de 28 de septiembre de 2015 que la Inspectora

100
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: 00063.
101
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: 00063. P. 2.
102
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: 00063. P. 15.
103
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta: Inspección.
Archivo: 00063. Págs. 13 y 14.
104
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
Consolidado PQRS. Archivo: RADICADO 2015-017230.

45

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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Nacional y otros
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de Policía con funciones de control de medio ambiente del municipio de Bello le
dirigió al Teniente Coronel de la estación de Policía de ese lugar, en la que, a
propósito del citado memorando “(…) le solicito muy comedidamente se sirva
acompañarnos como Autoridad de la Policía Nacional para realizar una visita en el
sector en mención; y así poder tomar las acciones correspondientes. (…)”105.

Todas estas pruebas reflejan los procedimientos administrativos adelantados por el
municipio de Bello —como autoridad policiva— para el restablecimiento y
conservación del orden público, en lugar de actuar con el fin de resolver un litigio de
intereses particulares contrapuestos.

Con base en lo anteriormente explicado, de todos los elementos reseñados no
puede concluirse que se hubiera vinculado al municipio de Bello a la resolución de
un conflicto privado promovido por la invasión de los predios objeto del presente
proceso por parte de terceros.

33. Por otra parte, se acreditó que el 9 de septiembre de 2016, Gilberto Alonso
Zuluaga Quintero, a través de apoderado, presentó un derecho de petición ante la
alcaldía de Bello106 con la solicitud de que se adelantaran “los procesos de
restitución de los predios invadidos con matrícula inmobiliaria 01N-5366030”, a lo
cual el ente territorial contestó el 5 de octubre de 2016 que “la Inspección de Control
Urbano y la Administración Municipal en particular, carece de competencia para
realizar la restitución de Inmuebles, para lo cual deberá acudir ante la Jurisdicción
Civil”107.

34. Finalmente, el municipio adjuntó un oficio emitido por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Bello dirigido al Instituto Geográfico Agustín Codazzi con ocasión de
un proceso declarativo verbal de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio
iniciado por Martín Alonso Castro Arismendy en contra de Gilberto Alonso Zuluaga
Quintero y personas indeterminadas, sobre el inmueble identificado con la matrícula

105
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
Consolidado PQRS. Archivo: RADICADO 20152024704 RTA DEL RDO 2015-017230.
106
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
Información Catastro. Archivo: Anexo 37. Págs. 17 a 21.
107
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
Información Catastro. Archivo: Anexo 37. Págs. 23 a 25.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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Asunto: Medio de control de reparación directa

inmobiliaria 01N-5254636108.

35. De todo el acervo probatorio referido, debe concluirse que el único documento
mediante el cual puede establecerse, con certeza, la vinculación del municipio de
Bello al conflicto particular derivado de la invasión al predio con matrícula
inmobiliaria 01N-5366030 fue aquel radicado el 9 de septiembre de 2016. Todos los
demás elementos dan cuenta (i) de procedimientos policivos administrativos de
protección o conservación de orden público adelantados por el ente territorial, que
—como se ha explicado reiteradamente— no pueden confundirse con aquellos en
los que la autoridad de policía define conflictos posesorios entre particulares; o (ii)
de juicios policivos de amparo posesorio por cuenta de las invasiones en la zona,
iniciados por propietarios de otros predios, que —por virtud de la naturaleza
eminentemente privada y dispositiva de los derechos conculcados por los
asentamientos— no pueden servir de fundamento para el nacimiento de la
obligación del municipio de intervenir en la ocupación de los inmuebles objeto de
este proceso.

36. Ahora, en lo que respecta al inmueble 01N-5366030, la Sala no pasa por alto
que, según lo señalado en el informe rendido por el ente territorial y la misma
demanda, la invasión en la zona se dio desde el inicio de la década de los 2000.

En este orden de ideas, la respuesta del municipio de Bello de 5 de octubre de 2016
simplemente pone de manifiesto que la solicitud del peticionario —“se adelanten los
procesos de restitución de los predios invadidos con matrícula inmobiliaria 01N-
5366030”— no pudo ser acogida, en cuanto la entidad no tenía la competencia para
los efectos, puesto que, por virtud de la duración de los asentamientos, —de
alrededor de 15 años— el conflicto particular entre invasor e invadido no se ceñía
a una simple perturbación que pudiera ser desatada a través del trámite provisional
de restablecimiento del statu quo policivo, sino que involucraba una disputa sobre
la titularidad de derechos reales —de posesión e, incluso, por el tiempo transcurrido,
de dominio—.

Por lo anterior, y como se expuso en precedencia, el demandante —en aras de
proteger su derecho de dominio o de posesión— debía acudir a la jurisdicción

108
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 020ED_16ContestacionMunici. Link de OneDrive con
las pruebas documentales aportadas con la contestación del municipio de Bello. Carpeta:
Información catastro. Archivo: Anexo 18.

47

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

ordinaria, a través de las acciones posesorias, para su defensa “como expresión
física de la propiedad”, o de un reivindicatorio, en orden a lograr que el poseedor
del bien fuera condenado a restituirlo. Se insiste que era en sede de un proceso
judicial que correspondía, a esas alturas, debatir lo atinente a la titularidad de los
derechos reales.

Sin embargo, no está acreditado que el demandante hubiera presentado alguna de
las antedichas demandas con el fin de pretender —por las vías pertinentes y
procedentes— la protección de sus derechos reales lesionados con ocasión de la
invasión.

En este sentido, el demandante debía saber que, por esta vía, no procuraría la
protección de su derecho, por ser el municipio —en el caso particular— una entidad
incompetente para lograr el desalojo definitivo de los invasores, por lo cual se
impone la conclusión de que —en los términos de la antes referida jurisprudencia
de esta Sección109— el demandante realmente no vinculó a la Administración —
municipio de Bello— al resarcimiento del daño propiciado por la invasión por parte
de terceros, premisa que conduce igualmente a sostener que el daño no le resulta
imputable. En otras palabras, no existe, en cabeza del municipio, una omisión que
se derive de la vinculación a la Administración a la problemática entre particulares
por la invasión de los inmuebles.

37. Y en lo que atañe el inmueble 01N-5254636, cabe advertir que, además de que
no se aportó al expediente alguna prueba que evidencie que el municipio de Bello
fue llamado a proteger a los propietarios de la invasión, se observó, por el contrario,
la existencia de un proceso de pertenencia sobre este bien, con lo cual salta a la
vista que el debate había superado aquel referido a la mera tenencia pacífica, y
había mutado a uno relativo al derecho real de posesión e incluso de dominio, por
manera que —en cualquier caso— el municipio de Bello, según lo considerado por
la jurisprudencia de esta Sección, habría perdido la competencia para adelantar el
juicio policivo.

En este punto conviene destacarse que las entidades demandadas no allegaron
pruebas respecto de las actuaciones en función de la protección de los derechos
del demandante —como se señala en la impugnación—, precisamente, porque no

109
Particularmente, Supra, Exp: 6808.

48

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
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Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

fueron vinculadas a la problemática privada derivada de la invasión, conforme a lo
ya explicado.

38. En conclusión, no obra ninguna prueba de la cual pueda desprenderse que el
demandante —en sede administrativa— hubiera atribuido el daño al Estado, pues
la vinculación al municipio de Bello para la defensa de sus derechos vulnerados por
la invasión a los inmuebles objeto de este proceso era improcedente, en virtud de
su incompetencia derivada de que, por el tiempo transcurrido, los asentamientos no
representaban meras perturbaciones a la tenencia pacífica, sino disputas sobre la
titularidad de derechos reales.

2.2.2. Por la autorización a EPM de la prestación de servicios públicos a
las viviendas invasoras

39. Como se mencionó, se le atribuye, también, la continuidad de la invasión al
municipio de Bello, por cuenta de que autorizó a EPM la prestación del servicio de
energía a las viviendas invasoras, con lo cual se brindó a los asentados una
sensación de legitimidad y pertenencia.

40. Esta Sala considera que la referida autorización no es, en ningún caso, el hecho
generador del daño reclamado —continuación de la invasión—. Al efecto, se reitera
que los propietarios o poseedores de bienes que han sido objeto de invasión tienen
la opción de solicitar a la Administración la resolución de la disputa y la consecuente
protección de sus derechos, por medio de las alternativas anteriormente
mencionadas, que serán procedentes según las particularidades del caso, pero
también pueden decidir no adelantar ningún procedimiento, bien porque no ejercían
la posesión del inmueble y no conocieron de la ocupación, o porque, conociéndola,
la permitieron. En cualquier caso, hasta antes de la vinculación al Estado por las
vías correspondientes y con las formalidades exigidas, la controversia resultante de
la invasión no trasciende de la órbita privada y dispositiva.

En este sentido, concierne recalcarse que, si el interesado no acude a la
Administración —por las vías adecuadas— para la protección de sus derechos, las
entidades no están habilitadas para intervenir y detener la invasión o, incluso, para
negar el acceso a los servicios públicos de personas que —al no haber sido
desalojadas— actúan como señor y dueño sobre los inmuebles en los que se

49

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
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asientan y, por ende, gozan del derecho real provisional110 de posesión.

Por esta virtud, la autorización de la prestación del servicio público a EPM no
redundó en la continuación de la invasión, en consideración a que —según lo ya
expuesto y demostrado— el propietario de los bienes nunca inició los
procedimientos procedentes y ante las autoridades competentes —de conformidad
con sus particularidades— para liberar el inmueble de la ocupación.

2.3. De la imputación a la fuerza pública – Policía y Ejército Nacional

41. La atribución a las entidades de la fuerza pública se desprende de la
imposibilidad de haber efectuado el lanzamiento de los invasores, por cuenta de las
circunstancias de orden público que se presentaron en la zona y el acrecentamiento
de la presencia de grupos al margen de la ley que redundó en problemas de
seguridad.

Sin embargo, ante la ausencia de prueba respecto de la iniciación de los procesos
pertinentes para lograr la protección de los derechos conculcados con la invasión,
el daño tampoco puede resultarle imputable a la Policía o Ejército Nacional, por la
sencilla razón de que, asimismo, ellas no fueron llamadas a surtir las diligencias de
lanzamiento que, en gracia de discusión, se hubieran ordenado en el marco de un
juicio policivo de amparo posesorio o un proceso judicial de restitución o de acción
posesoria.

Por lo anterior, se destaca que no es de recibo el argumento esbozado por el censor
sobre que las acciones instauradas por el demandante no fueron garantizadas por
estas entidades, porque —se reitera— dichas acciones nunca se iniciaron.

Así lo confirma, además, la respuesta allegada por la Estación de Policía de Bello
de la Policía Nacional sobre los antecedentes relativos a la presente demanda111,
en la que se señala que:

“1. verificado el acervo documental de libros de población (65 tomos
aproximadamente de 300, 400 y 600 folios respectivamente) y anotaciones grosso
modo, no se hallaron registros relacionados con actividades de desalojos,

110
“(…) La posesión es un derecho real provisional y como tal es protegida de igual manera que los
demás derechos sobre las cosas. (…)”. Supra, Exp: 28158, citando a Valencia Zea y Ortíz Monsalve.
111
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 053ED_49RESPUESTAAOFGS2021.

50

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Asunto: Medio de control de reparación directa

acompañamientos a los asentamientos antes mencionados.

2. se verificaron los acervos documentales y no se halló registro de información que
ponga en conocimiento las afectaciones a los predios mencionados por la invasión
de los mismos. (…)”

Y, en el mismo sentido, la de la Subestación de Santa Elena112, que aduce:

“(…) hasta el momento no se han encontrado antecedentes que evidencien algún
tipo de intervención en los inmuebles de matrículas inmobiliarias de No. 01N-
5254636; No. 01-525667; y No. 01N-536630, respectivamente.

Asimismo, no ha sido posible encontrar registros en libros de anotaciones policiales
y demás antecedentes, donde se ponga en conocimiento las afectaciones a los
predios mencionados por la invasión a los mismos (…)”

Por su parte, el Batallón de Ingenieros No. 4 “General Pedro Nel Ospina” del Ejército
Nacional113 puso de presente que:

“(…) no se encontró información alguna que dé cuenta del conocimiento por parte
de la unidad de los predios señalados por el convocante, ni de combates u
operativos en dicho lugar, así como tampoco se encontró información alguna
respecto a medidas de protección que hayan podido ser solicitadas a ésta [sic]
unidad (…)”

Por lo demás, se resalta que el desalojo de 2003 —que la impugnación menciona
que ocurrió en 2002—, conforme se explicó anteriormente, correspondió a un
trámite policivo típicamente administrativo para la protección y conservación del
orden público, y no al juicio de amparo posesorio para liberar el inmueble particular
de la perturbación, por lo cual no puede pretenderse la vinculación de la fuerza
pública a partir de estas acciones.

42. Merece enfatizarse que, contrario a lo alegado en la apelación, el sólo
recrudecimiento de la violencia, la presencia de grupos armados al margen de la ley
o la problemática de seguridad en el territorio —que, en efecto, no se desconoció
en este proceso— no puede servir como título para imputar a estas entidades un
daño respecto del cual, se reitera, no fueron vinculadas.

43. En esta misma medida, la Sala no encuentra que se hubiera demostrado lo
expuesto por el recurrente en cuanto a que el referido entorno social y de seguridad,
la presencia de bandas criminales o actores del conflicto, le hubieran impedido al

112
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 108ED_105RespuestaExhorto1.
113
Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo: 024ED_20PruebasEjercitopdf.

51

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

propietario ejercer efectivamente la defensa de sus derechos, para lo cual, como se
ha reiterado en esta decisión, debía acudir ante las autoridades policivas o, cuando
ya existía el debate sobre la titularidad del derecho de posesión, ante las
autoridades judiciales. En otras palabras, no se probó que, por cuenta de la
situación de orden público, el demandante o, incluso, el antiguo propietario del
predio, no hubieran podido acceder a estas instituciones para iniciar los respectivos
procesos.

44. Finalmente, —y respecto de todos los demandados— el hecho de que el
demandante no pudiera advertir, al momento en el que adquirió los inmuebles, que
no iba a poder liberarlos de la perturbación, no desestructura la argumentación de
esta providencia, en la medida en la que lo cierto es que tampoco inició los
procedimientos pertinentes para intentarlo después de haberlos adquirido a título de
compraventa y, en cualquier caso, se recuerda que lo relativo al ejercicio de la
posesión y tenencia sobre éstos, corresponde a un asunto de cumplimiento de ese
negocio jurídico, de conformidad con los artículos 1880 y siguientes del Código Civil.

3. La condena en costas en la primera instancia

45. Sobre este punto, se trae a colación que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
al condenar en costas a la parte demandante, fijó las respectivas agencias en
derecho, respecto de lo cual, en la impugnación se argumentó que los demandados
no habían comprobado la causación de las mismas, por lo que su reconocimiento
no resultaba procedente. Se resalta que el cargo no se dirige a cuestionar la
condena en costas, pues en el recurso se admite que su reconocimiento en el
CPACA responde a un criterio objetivo114, sino a la ausencia de acreditación de las
agencias en derecho.

46. Sin embargo, esta Sala observa que, a diferencia de lo sostenido por el censor,
todos los demandados contestaron la demanda, asistieron a la audiencia inicial115,

114
Sobre este particular, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de 23 de septiembre de 2024. Exp: 67443.
115
Como se desprende del acta de la misma. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo:
040ED_36ActaAudienciaIncia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

presentaron alegatos de conclusión116, y acudieron a la audiencia de pruebas117,
con excepción de la Nación-Policía Nacional quien, no obstante, actuó a lo largo de
todo el proceso118.

Todo lo anterior, en criterio del juzgador de primera instancia, resultó suficiente para
acreditar la causación de las agencias en derecho a favor de los demandados y a
cargo del demandante, en su condición de parte vencida, sin que esta Sala advierta
algún yerro, de modo que se confirmará la respectiva condena.

IV. Conclusión

47. En atención a los problemas jurídicos esbozados, se concluye, en primer lugar,
que no se acreditó que el daño causado por la invasión a los inmuebles por parte
de terceros resultara imputable a alguna de las entidades demandadas, en atención
a que no se demostró que el extremo activo hubiera iniciado los procedimientos
procedentes y ante las autoridades competentes para liberar a los inmuebles de los
asentamientos.

En segundo lugar, que la fijación de agencias en derecho como parte de la condena
en costas en la primera instancia sí era procedente, por cuanto las mismas fueron
acreditadas a favor de las entidades demandadas.

En consecuencia, no prosperan los cargos planteados en el recurso de apelación y
se confirmará la sentencia de primera instancia.

V. Costas

48. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 1 de su artículo 365, establece que “[s]e

116
Nación-Policía Nacional (índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo:
114ED_111AlegatosPoliciaNa.); municipio de Bello (116ED_113AlegatosMpioBello); Nación-Ejército
Nacional (118ED_115AlegatosMinDefens.); y municipio de Medellín
(123ED_120AlegatosMpioMedel).
117
Como se desprende del acta de la misma. Índice SAMAI 2. Expediente digital. Archivo:
103ED_100ActaAudienciaPrue.
118
Entre otros, los oficios de la Estación de Bello y de la Subestación de Santa Elena. Índice SAMAI
2. Expediente digital. Archivo: 053ED_49RESPUESTAAOFGS2021; y archivo:
108ED_105RespuestaExhorto1.

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Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto”, y en su numeral 8 que sólo se reconocerán “cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

49. De acuerdo con el artículo 361 ibídem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Las expensas y agencias se liquidan de manera concentrada por el juez
de primera instancia, según el artículo 366.

Como en el presente asunto se resolverá desfavorablemente el recurso presentado
por la parte activa, se le condenará en costas; sin embargo, se observa que las
demandadas no ejercieron ninguna actuación en esta instancia, de modo que las
agencias en derecho no se causaron y, por tanto, no se fijarán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de noviembre de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva
de este proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la demandante, sin
fijar agencias en derecho.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

54

Radicación: 05001-23-33-000-2017-02878-02 (72.409)
Demandante: Gilberto Alonso Zuluaga Quintero
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y otros
Asunto: Medio de control de reparación directa

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE119
NICOLÁS YEPES CORRALES

119
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF

55

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