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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02906-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02906-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones 30 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000- 2013-00065-01 (1908-2014). 19 Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024) Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga de la demanda en el proceso promovido por María Lucía Aristizábal Zuluaga contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 20

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-02906-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Bogotá D. C., veintitrés (23) abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones1

Temas: Reliquidación de la pensión de vejez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Lucía Aristizábal Zuluaga presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución VPB 7590 del 15 de
febrero de 2016, por medio de la cual Colpensiones «resuelve un recurso de
apelación y revoca la Resolución GNR 339497 del 29 de octubre de 20153», en particular,
reliquidó la pensión, pero mantuvo la aplicación de la Ley 797 de 2003 por ser más
favorable.

1 En lo que sigue Colpensiones
2 En adelante CPACA.
3 «Por la cual se declara la perdida de competencia».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) la reliquidación y el pago de la pensión de vejez con el 75% del promedio
mensual con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicio, esto es, del 1° de octubre de 2007 al 1° de octubre
de 2008, tales como: asignación básica; primas de navidad, de vacaciones y de
vida cara; incentivo de prima de antigüedad y horas extras diurnas, así como las 2
mesadas adicionales de mitad y final de año; ii) el pago de las diferencias causadas
de cada mesada pensional (retroactividad), con efectos fiscales a partir del 2 de
octubre de 2008, y del reajuste anual, conforme con el índice de precios al
consumidor (IPC); iii) «los intereses moratorios previstos en los artículos 141 de la Ley
100 de 1993 y 88 de la Ley 1328 de 2009, con efectos fiscales a partir de: 02 de enero de
2.016 [día siguiente al vencimiento del término legal previsto para haberse efectuado la
reliquidación]; o en subsidio, condénesele a indexar el total de las sumas adeudadas por
concepto de mesadas pensionales, desde el momento de la causación de cada una de
ellas (mes por mes), y hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo, teniendo en
cuenta el IPC» (sic); iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192
a 195 del CPACA; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. María Lucía Aristizábal Zuluaga prestó sus servicios al departamento de
Antioquia desde el 28 de marzo de 1978 hasta el 31 de diciembre de 2002, esto es
por 8.913 días, y al municipio de Medellín desde el 1° de enero de 2003 hasta el 30
de septiembre de 2008, por 2.070 días. En total acumuló 10.983 días.

3.2. Nació el 2 de diciembre de 1952, así que, en igual día y mes de 2007, cumplió
55 años. Al 1° de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, por
consiguiente, era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

3.3. El 27 de junio de 2008 mediante Resolución 18477, el ISS le reconoció una
pensión de vejez con fundamento en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. En esa
oportunidad se le fijó una tasa de reemplazo del 76,34% sobre un ingreso base de
liquidación (IBL) de $1.068.663, lo que resultó en una mesada en cuantía de
$815.817.

3.4. Por medio de la Resolución 8836 del 16 de septiembre de 2008, la Secretaría
de Educación del municipio de Medellín le aceptó la renuncia al cargo de auxiliar
administrativa en la Institución Educativa Jesús Rey, a partir del 1° de octubre de
2008.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

3.5. A través de la Resolución 28423 del 27 de octubre de 2008, el ISS ordenó el
pago de la pensión de jubilación en cuantía de $818.032 efectiva a partir del 1° de
octubre de 2008.

3.6. El 1° de septiembre de 2015, solicitó la reliquidación su pensión de conformidad
con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, es decir, con el 75% del promedio de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio, además de las
diferencias pensionales y los intereses moratorios correspondientes. Por medio de
la Resolución GNR 339497 del 29 de octubre de ese año, Colpensiones declaró su
falta de competencia para resolver el asunto.

3.7. Contra la decisión anterior interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto
mediante la Resolución VPB 7590 del 15 de febrero de 2016 en el sentido de revocar
la decisión inicial y reliquidar la pensión en cuantía de $980.673 a partir del 1° de
septiembre de 2012, con sustento en la Ley 100 de 1993, reformada por la Ley 797
de 2003, y los criterios establecidos por la Corte Constitucional en las sentencias C-
258 de 2013 y SU-230 de 2015.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4.Como tales, se señalaron los artículos 26 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 1, 2, 5, 6, 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; 1, 2 y 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 4, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58, 83, 85, 87,
93 y 209 de la Constitución Política; 11, 36, 141, 151, 272 y 288 de la Ley 100 de
1993; 1 de la Ley 33 de 1985; 9 de la Ley 71 de 1988; 45 del Decreto 1045 de 1978;
88 de la Ley 1328 de 2009; 2 y 10 de la Ley 4 de 1992 y, en general, la Ley 54 de
1962.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 4:

5.1. Se vulneró el principio de progresividad, toda vez que la liquidación de su
derecho pensional no se efectuó conforme con el régimen de transición que la
cobijaba. Además, se omitió incluir todos los factores salariales susceptibles de
integrar la base de liquidación pensional. En tal medida, no se adoptó la
interpretación amplia y no restrictiva de la noción de salario, lo que condujo al
desconocimiento de los criterios y objetivos previstos en la Ley 4 de 1992,
particularmente el que prohíbe que se desmejoren los salarios y prestaciones
sociales de los servidores públicos. Lo anterior, pese a que la pensión debió
entenderse en su doble connotación «como prestación social que paga la seguridad
social, y como salario diferido del trabajador» (sic).

4 Folios 1 a 27.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

5.2. Era beneficiaria del régimen de transición, puesto que al 30 de junio de 1995
(fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para los servidores públicos
del orden territorial) tenía 42 años y contaba con 887.58 semanas (17 años, 3 meses
y 3 días). Asimismo, conservó el régimen pues, a la entrada en vigor del Acto
Legislativo 01 de 2005 había acreditado 27 años, 4 meses y 2 días de tiempo de
servicio; por lo tanto, para el reconocimiento pensional y, por ende, para su
liquidación le era aplicable la Ley 33 de 1985 en su integridad. En otras palabras,
en virtud del principio de inescindibilidad, debía acogerse esta norma, incluso el
cálculo del monto de la prestación.

5.3. Los factores salariales para la liquidación pensional en aplicación de la Ley 33
de 1985 no son taxativos, razón por la que era procedente la inclusión de todos los
percibidos en la liquidación. En efecto, el Consejo de Estado, en la sentencia del 4
de agosto de 20105, unificó el criterio respecto del asunto y determinó que las
pensiones de los empleados públicos se deben liquidar con inclusión de todos los
factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de servicio.
Criterio que es acorde con las garantías internacionales de protección del salario.

5.4. La ley establece el procedimiento para el adecuado reconocimiento y pago de
las pensiones, su desconocimiento, en el caso concreto, implicó el derecho al
reconocimiento y pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993, pues, tal y como fue considerado en la sentencia C-601 de 2000,
tales intereses aplican para todo tipo de pensiones, incluso las previstas para los
regímenes exceptuados de la mencionada ley.

1.2. Contestación de la demanda

6. Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente6:

6.1. Los actos administrativos acusados no adolecen de vicios de nulidad, toda vez
que la liquidación pensional se ajustó plenamente a las normas y disposiciones
legales aplicables; pues, en efecto, la demandante era beneficiaria del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia para el
reconocimiento de la prestación le eran aplicables las condiciones relativas a la
edad, el tiempo y el monto de la pensión que señalan las disposiciones contenidas
en el régimen anterior, es decir, la Ley 33 de 1985; sin embargo, se aplicó la Ley
797 de 2003 por ser más favorable, en tanto, se le fijó una tasa de reemplazo del
76.37%, es decir, mayor al 75% establecido en la Ley 33.

5 Radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
6 Folios 76 a 112.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

6.2. «La parte actora inició y llevó hasta su terminación proceso ordinario laboral de única
instancia ante el JUZGADO DIEINUEVE LABORAL DEL CIRCUTO DE MEDELLIN, bajo el
radicado 05 001 31 05 019 2013 00050 00, en el que se pretendía la "reliquidación de la
pensión con el 85% del promedio del ingreso base de liquidación ...", proceso en el cual
mediante sentencia Nro.243 del 18 de abril de 2013 se absolvió a la entidad que represento
de las pretensiones de la demanda y que por sus facultades ultra y extrapetita asignadas a
los jueces laborales al estudiar la liquidación realizada a la actora se encontró que estaba
conforme a derecho y a las normas de orden público que regulan al Sistema General de
Pensiones» (sic).

6.3. De acuerdo con las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU 427 de
2016, el IBL no hace parte del régimen de transición, por lo que reconocer la
reliquidación de la pensión en los términos solicitados por la demandante sería
desconocer «el principio de favorabilidad con el que se le reconoció la pensión, además
de violar con el principio de inescindibilidad de la norma»(sic), pues se desmejoraría la
tasa de reemplazo y, en todo caso, el IBL se calcularía según lo establecido en la
Ley 100 de 1993.

6.4. Las normas aplicables establecen de forma taxativa los factores que integran la
base de cotización y, por ende, de liquidación pensional. En ese sentido, las
pensiones se liquidan únicamente con base en los factores cotizados y reportados
por el empleador, por lo que no era procedente incluir emolumentos que no
cumplieran con esto, ya que ello implicaría un enriquecimiento sin causa del afiliado
y afectaría la sostenibilidad del sistema.

6.5. Propuso las siguientes excepciones: i) cosa juzgada; ii) inexistencia de la
obligación de reliquidar la pensión de vejez con el IBL del promedio del último año
de servicio; iii) inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión con factores
salariales no reportados; iv) inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el
retroactivo pensional; v) cumplimiento de las obligaciones a cargo de Colpensiones;
vi) cobro de lo no debido; vii) pago y compensación; viii) prescripción; ix)
improcedencia de la indexación de las condenas; x) buena fe; e xi) imposibilidad de
condena en costas.

1.3. La sentencia apelada

7. En sentencia del 30 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Antioquia negó las pretensiones de la demanda, y no condenó en costas. Para tal
efecto se pronunció así7:

7.1. La demandante era beneficiaria del régimen de transición, toda vez que laboró

7 Índice 46 de Samai de Juzgados y Tribunales.

5

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

al servicio del departamento de Antioquia desde «28/03/1978» hasta «30/12/2002»
(sic) y del municipio de Medellín desde «01/01/2003» hasta «30/11/2005» (sic); para
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para empleados del orden territorial,
tenía más de 35 años de edad. Además, conservó el régimen en los términos del
Acto Legislativo 01 de 2005, porque tenía más de 750 semanas cotizadas. Por lo
que, tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez con los
requisitos previstos en la Ley 33 de 1985, esto es, 55 años, 20 años de servicio y
un monto de la pensión del 75%.

7.2. Sin embargo, Colpensiones le reconoció la prestación de acuerdo con los
parámetros del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, al ser la norma más favorable.

7.3. La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 fijó las reglas para
calcular el ingreso base de liquidación (IBL), de acuerdo con la cual «no se pueden
incluir factores salariales extralegales o factores salariales que no constituyan
ingreso base de liquidación, según los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995»
(sic).

7.4. Así, el IBL aplicable a los beneficiarios de la transición se determina según el
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores a considerar son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994, razón por la que la entidad demandada no
desconoció las normas en que debía fundarse para la liquidación de la pensión,
incluso tuvo en cuenta la norma más favorable.

7.5. «[S]obre la cosa juzgada, que se intentó acreditar con el traslado a este proceso de la
decisión del 18 de abril de 2013, se destaca que no será declarada, toda vez que la decisión
que se demanda –el acto administrativo–es posterior a esa fecha. De ese modo, la
Resolución No. VPB 7590 del 15 de febrero de 2016 alteró los presupuestos fácticos que
inicialmente dieron lugar a la demanda en el proceso ordinario. Afirmar lo contrario
supondría admitir que la decisión, proferida por Colpensiones, no produjo efectos jurídicos»
(sic).

1.4. El recurso de apelación

8.María Lucía Aristizábal Zuluaga interpuso recurso de apelación en el cual
manifestó lo siguiente8:

8.1. La sentencia del 28 de agosto de 2018 no debió acogerse para resolver el
asunto, toda vez que en ella se desconoció el principio de favorabilidad e
inescindibilidad de la norma laboral, al aplicar de forma fragmentada disposiciones
de distintos regímenes, esto es al aplicar el porcentaje de liquidación previsto en la

8 Índice 48 de Samai de Juzgados y Tribunales.

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Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

Ley 33 de 1985 con la base salarial dispuesta en la Ley 100 de 1993, lo que rompió
la unidad normativa que debió regir la liquidación pensional.

8.2. Además, la sentencia de unificación se apartó de la línea jurisprudencial de la
misma corporación en lo relativo al concepto o noción de salario, según la cual
correspondía a todas las sumas devengadas de manera habitual y periódica por el
trabajador, lo que implicaba una relación inescindible entre el ingreso base de
cotización y el de liquidación.

8.3. Tal sentencia interpretó de forma errada el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, al establecer que, a los beneficiarios del régimen de transición a quienes
les faltaban más de 10 años para adquirir la pensión, se les debía calcular el IBL
con base en el promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 años pues,
esa disposición permite promediar lo devengado por toda la vida laboral. incluso, de
acuerdo con el artículo 21 ejusdem, es posible optar por este último criterio cuando
resulte más favorable y se cumple con el mínimo de semanas cotizadas.

8.4. Con la decisión en cuestión se vulneró el bloque de constitucionalidad, el
principio de reserva legal y el principio de progresividad de los derechos, al
introducirse un cambio regresivo en la interpretación del régimen de transición
pensional y permitir que normas reglamentarias definieran aspectos esenciales del
IBL (decretos 1158 de 1994 o 1068 de 1995). Fue errada la interpretación de
taxatividad de los factores según la intención del legislador, ya que esta voluntad
simplemente no se manifestó. En cambio, la Ley 4 de 1992 sí constituye una
manifestación de voluntad del legislador y en ella si incluyó la prohibición de
«desmejora o detrimento salarial» (sic).

8.5. Igualmente, la segunda subregla de la sentencia de unificación acogió una tesis
contraria a que el IBL debía integrase con la totalidad de los factores salariales
devengados, y no únicamente con aquellos sobre los cuales se realizaron
cotizaciones, lo que desconoció que no era oponible al trabajador la omisión del
empleador de efectuar los aportes. Además, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley
100 de 1993, las entidades públicas ex empleadoras podían efectuar el descuento
por los valores no aportados y devengados para que se incluyeran en la
reliquidación pensional; por su parte, con sustento en el mismo artículo y con el
Estatuto Tributario Nacional, la entidad de previsión tenía la potestad de adelantar
las acciones de cobro en contra del empleador.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

8.6. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar 9.

1.6. El Ministerio Público

9. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio10.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

10. Se circunscribe a establecer ¿si María Lucía Aristizábal Zuluaga tiene derecho
a la reliquidación de una pensión de jubilación equivalente al 75 % del salario
promedio y con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicio, en atención a que era beneficiaria, por virtud de la transición
establecida en la Ley 100 de 1993, de la Ley 33 de 1985, sin que para ello le fuera
aplicable la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. En torno al reconocimiento de la pensión de los beneficiarios de la Ley
33 de 1985

11. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, el de los empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, estableció:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

(…)».

12. Así las cosas, quienes en esa condición acumularan 20 años de servicios y
contaran con 55 años de edad podrían acceder a la pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario promedio percibido en el último año de servicio.

9 De acuerdo con el auto del 20 de febrero de 2025, visible a índice 4 de Samai. Obra notificación a

índice 7 de Samai.
10 Según el acta secretarial del 25 de abril de 2025, visible a índice 8 de Samai. Obra notificación a

índice 7 de Samai.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

13. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».

2.2.2. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

14. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201811 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33
de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

15. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».

16. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y

11 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

17. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

18. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».

19. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para
quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del
artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas

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personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

20. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

21. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio12 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.3. Caso en concreto

22. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

22.1. María Lucía Aristizábal Zuluaga nació el 2 de diciembre de 195213 y cumplió
55 años de edad en igual día y mes del año 200714.

22.2. Prestó sus servicios al departamento de Antioquia desde el 28 de marzo de
1978 hasta el 31 de diciembre de 2002, durante esta vinculación cotizó a Pensiones
de Antioquia15; y al municipio de Medellín en el cargo de auxiliar administrativa de
la Institución Educativa Jesús Rey desde el 1° de enero de 2003 hasta el 30 de
septiembre de 200816, durante esta vinculación cotizó al ISS.

12 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
13 Folio 31, registro civil de nacimiento
14 Ibidem, Resolución 10619 del 26 de marzo de 2012
15 Folio 32.
16 Según se advierte de la certificación de salarios devengados expedida por la Secretaría de

Educación Municipal. Folio 34

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22.3. Con la Resolución 18477 del 27 de junio de 2008, el ISS le reconoció una
pensión de vejez según los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, en tanto que
por favorabilidad la normatividad aplicable era la contenida en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el cual permite
acumular tiempos laborados al servicio del Estado y no aportados a Caja de
Previsión alguna, tiempos públicos aportados a cualquier caja o fondo de previsión
social y periodos cotizados al ISS en calidad de trabajador vinculado a una empresa
privada o como independiente. Así pues, la liquidación de la prestación obedeció al
promedio de los salarios o rentas cotizados durante los últimos 10 años de servicio
actualizados de acuerdo con el IPC, lo que arrojó un IBL de $ 1.038.663 al cual se
le aplicó el 76.34 %, cuyo resultado inicial mensual de pensión fue de $ 815.817,
condicionado al retiro17.

22.4. Mediante Resolución 8836 del 16 de septiembre de 2008, la secretaria
(encargada) de educación de Medellín le aceptó la renuncia al cargo de auxiliar
administrativa a partir del 1° de octubre de 200818.

22.5. A través de la Resolución 28423 del 21 de octubre de 2008, el ISS modificó
la anterior resolución y procedió a liquidar la prestación teniendo en cuenta 17.14
semanas más de cotización, lo que arrojó una mesada pensional de $818.032,
efectiva a partir del 1° de octubre de 2008. Asimismo, reconoció como retroactivo
pensional del 1° de octubre al 31 de octubre de 2008 la suma de $818.03219.

22.6. El 1° de septiembre de 2015, solicitó la reliquidación de la pensión de
conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en armonía con la sentencia del
4 de agosto de 201020; es decir, con el 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicio anterior al retiro definitivo
de la entidad (del 1 de octubre de 2007 al 1 de octubre de 2008), con efectividad a
partir de 2 de octubre de 200821.

22.7. Por medio de la Resolución GNR 339497 del 29 de octubre de 2015,
Colpensiones declaró su pérdida de competencia para resolver el asunto, toda vez
que estaba en curso el grado jurisdiccional de consulta dentro del proceso ordinario
presentado ante el Juzgado 19 laboral del circuito de Medellín, con radicado
05001310501920130005000 instaurado por María Lucía Aristizábal Zuluaga contra
Colpensiones en el que solicitó la reliquidación de la pensión22.

17 Folios 37 a 39.
18 Folio 35.
19 Folio 40.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, radicación 25001-23-25-000-2006-07509-

01.
21 Folios 41 a 43.
22 Folios 44 y 45.

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22.8. Contra la decisión anterior interpuso el recurso de apelación con fundamento
en que el anterior proceso estaba archivado y en que la jurisdicción competente era
la Contenciosa Administrativa en la cual no cursaba trámite alguno23.

22.9. Con Resolución VPB 7590 del 15 de febrero de 2016, Colpensiones resolvió
el recurso y revocó la decisión inicial. En esta oportunidad, reliquidó la pensión a
partir del 1° de septiembre de 2012, en atención a que la solicitud se había
presentado el 1° de septiembre de 2015, y estableció el monto pensional así: 2012
en suma de $980.673; 2013: $1.004.601; 2014: $1.024.090; 2015: $1.061.572; y
2016: $1.133.440, así como un retroactivo de $886.641. Para tal efecto tuvo en
cuenta el siguiente cuadro24:

Nombre Fecha Fecha Valor Valor Mejo % Valor Aceptad
estatus efectivida IBL 1 IBL 2 r IBL IBL pensión a
d mensua
l
1050 2 de 1° de 1.284.10 1.226.85 1 76.3 1.133.44 sí
semanas diciembr septiembr 8 8 7 0
progresiva e de e de 2012
s, 55 o 60 2008
años/ Ley
797 de
2003 –
legal
20 años y 2 de 1° de 1.284.10 1.226.85 1 75 1.113.10 no
55 años / diciembr septiembr 8 8 8
Ley 33 de e de e de 2012
1985 (..) 2008

22.10.Por lo tanto, en virtud del principio de favorabilidad mantuvo la aplicación del
régimen pensional de la Ley 797 de 2003, y en esos términos resolvió:

«ARTICULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución
recurrida por el (la) señor(a) ARISTIZÁBAL ZULUAGA MARIA LUCIA, ya identificado(a),
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reliquidar la pensión de VEJEZ a favor del (a) señor(a)
términos y cuantías:
ARISTIZÁBAL ZULUAGA MARIA LUCIA, ya identificado(a), en los siguientes
El disfrute de la presente pensión será a partir de 1 de septiembre de 2012:
2012 980,673.00
2013 1,004,601.00
2014 1,024,090.00
2015 1,061,572.00
2016 1,133,440.00
Liquidación retroactivo (….)

23 Folios 47 a 55.
24 Folios 56 a 61

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Valor a pagar $886.641

ARTÍCULO TERCERO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello,
será ingresada en la nómina del periodo 201603 que se paga en el periodo 201604 en
la misma entidad bancaria donde se venía efectuando el pago.
ARTÍCULO CUARTO: Esta pensión estará a cargo de:

Entidad Días Valor cuota
ADMINISTRADORA 10,716 $980,673.00
COLOMBIANA DE
COLPENSIONES
PENSIONES

ARTÍCULO QUINTO: Esta prestación económica es incompatible con cualquier otra
asignación del Tesoro Público, conforme a lo establecido en el artículo 128 de la
Constitución Política de Colombia (…)» (sic).

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

23. Para resolver el problema jurídico planteado y, teniendo en cuenta los hechos
expuestos con anterioridad, que no se encuentran en discusión, es posible
establecer que la demandante se encontraba amparada por el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que, para el 30 de junio de
1995, fecha de entrada en vigencia de dicha norma para los empleados públicos
territoriales, tenía más de 35 años y contaba con un tiempo de servicios de más de
15 años.

24. Asimismo, que prestó sus servicios como empleada pública en el departamento
de Antioquia y en el municipio de Medellín entre el 28 de marzo de 1978 y el 30 de
septiembre de 2008, tiempos que sumados acreditan más de 30 años.

25. En esas condiciones, se tiene que a la demandante le asistía el derecho a
acceder a la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de
1985 por virtud del régimen de transición, o en la Ley 797 de 2003, como en efecto
lo reconoció Colpensiones. Ahora bien, en el acto acusado la aludida administradora
reliquidó la pensión, pero mantuvo su reconocimiento en los términos previstos en
la Ley 797 de 2003 como lo dispuso en las resoluciones 18477 del 27 de junio de
2008 y 28423 del 21 de octubre de 2008, porque en aplicación de esta norma el
porcentaje del IBL era superior al previsto por la Ley 33 de 1985.

26. Por su parte, el a quo señaló que de conformidad con la sentencia de unificación
proferida el 28 de agosto de 2018 por la Sala Plena del Consejo de Estado 25, a los
beneficiarios de las disposiciones de la mencionada Ley 33, le eran aplicables los

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso-administrativo, sentencia del 28 de agosto de

2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés

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requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo. No obstante, en cuanto
al IBL era el establecido en inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100, es decir, con
el promedio de los salarios devengados que sirvieron de base para los aportes
durante los últimos 10 años, o el promedio de lo devengado en el tiempo que le
hiciere falta para adquirir el derecho, cuando le faltare menos de 10 años.

27. Por ello, encontró ajustados a derecho los actos administrativos demandados, en
cuanto a que según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la parte demandante no
tenía derecho a la reliquidación del beneficio pensional, esto es, que le fuera
reconocido incluyendo todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicio.

28. Al respecto la Sala advierte que, en efecto a la demandante le asistía el derecho
a acceder a la pensión de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985, pero
ello implicaría que se acudiera a ese régimen en las condiciones de edad, tiempo
de servicio y tasa de reemplazo, y a las disposiciones de las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003 en torno al IBL, periodo y factores para tener en cuenta.

29. En otras palabras, la reliquidación pretendida por la demandante con el régimen
pensional de la Ley 33 de 1985, conllevaría a que el cómputo del IBL se deba
realizar teniendo en cuenta las reglas de unificación de la Sala Plena de esta
Corporación del 28 de agosto de 2018, lo que desmejoraría su prestación en
atención a que la liquidación de esta se realizó con el promedio de lo devengado en
los últimos 10 años de servicio y con una tasa de reemplazo del 76,37 %, y a que
se le aplicó las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 en su totalidad, por cuanto le
resultaba más favorable.

30. Dicho de otra manera, el régimen de la Ley 33 de 1985 conlleva a la aplicación
de una tasa de reemplazo del 75% del IBL, la que es inferior a la que resulta de
aplicar las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que para su caso arrojó una de 76,37%.
Aunado a lo anterior, ambas normativas permiten el reconocimiento de la pensión a
la edad de 55 años para mujeres [pues adquirió el derecho antes del año 2014 26],
lo que no hace diferencia alguna con la fecha a la cual se le permitía a la
demandante acceder a la prestación y recibir suma de dinero por concepto de
retroactivo. Así entonces, el retroactivo no le resultaba más o menos beneficioso
con una u otra normativa por lo que no resultaba ser un criterio diferenciador de

26 «Artículo 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. <Artículo modificado por

el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión
de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de
edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre». [Se resalta].

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favorabilidad, no obstante, la diferencia en el valor mensual de la mesada que hoy
por hoy percibe bajo lo previsto en la Ley 797 de 2003 sí resulta ser mejor.

31. Por otra parte, en el escrito de apelación la demandante argumentó que la
decisión adoptada por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 no debía
aplicarse a su caso, porque esta desconoció los principios de favorabilidad,
inescindibilidad y progresividad de la norma laboral, al fijar el IBL con base en
criterios errados y restrictivos (últimos 10 años y factores cotizados), es decir,
contrario a considerar la totalidad de los salarios devengados, según la noción
amplia de salario, incluso en el periodo de toda la vida laboral.

32. Sobre el particular esta Sala reitera que en la referida sentencia de unificación la
Sala Plena de esta Corporación señaló que:

«115. […] por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva,
método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales
que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica
y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta
sentencia.» [Se resalta].

33. De lo transcrito se observa que en los casos como el que ahora se analiza
pendiente de solución por vía judicial le son aplicables las reglas jurisprudenciales
que se fijaron en dicho pronunciamiento. Aunado a que fue la Ley 100 la que
determinó qué elementos de los regímenes anteriores se mantendrían incólumes y
cuáles no, así pues, si bien es cierto que al momento de abordarse el asunto en
sede administrativa estaba vigente el precedente del 4 de agosto de 201027 también
lo es que existía disparidad de criterios con lo considerado por la Corte
Constitucional [SU-230 de 2015], razón esta que conllevó a que se emitiera la
sentencia de unificación mencionada.

34. En todo caso, esta Corporación concluyó en la citada sentencia de unificación,
que se reitera, es de obligatorio cumplimiento, concluyó que el régimen de transición
extendió la vigencia de todos los regímenes pensionales existentes antes de la Ley
100 de 1993, otorgando efectos retroactivos a ciertos elementos de dichos
regímenes para las personas que ya estaban afiliadas y próximas a pensionarse;
estos fueron, la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión. No obstante,
para determinar el monto de la pensión, el legislador, a través de esta ley, estableció

27 Radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-2009), C.P. Víctor Hernando Alvarado

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Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
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que en el régimen de transición, el IBL para liquidar la prestación sería el previsto
en el inciso 3 artículo 36 ejusdem y que este [el IBL] constituiría un elemento que
no solo unificaría la base de cálculo para todos los próximos pensionados, sino que
también reflejaría los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad
financiera; es decir, en ejercicio de su libertad de configuración, el legislador previó
que dicho elemento se calcularía con base en esta ley y no en disposiciones
anteriores, con lo cual concilió la finalidad del sistema de seguridad social integral
con las expectativas de quienes estuvieran próximos a pensionarse.

35. Tampoco se desconoce el mandato constitucional contenido en el artículo 53 de
la Carta, según el cual, el operador judicial deberá aplicar la interpretación o la
norma más favorable al trabajador. En ese sentido la Corte Constitucional ha
señalado lo siguiente28:

«De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador,
se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de
favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino
también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es
más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En
nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los
siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe
incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla
regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva,
etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger
aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera,
entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o
entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que
admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad,
ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una
tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.»

36. De conformidad con lo expuesto en precedencia es posible afirmar que en la
actualidad no existe un conflicto entre dos normas y tampoco se admite que exista
diferentes interpretaciones sobre el IBL en el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985, pues la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 zanjó la diferencia de criterios y fijó las
reglas jurisprudenciales en torno al asunto, criterio que además coincide con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que tuvo en cuenta Colpensiones en sede
administrativa.

37. Igualmente, no se desconoció el principio de inescindibilidad. Tal y como lo ha
considerado la Corte Constitucional, la aplicación del inciso 3 del artículo 36 de la

28 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 1995

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Ley 100 de 1993, en asuntos como el que ahora se analiza, no implica per se su
vulneración. Si bien es cierto, este principio supone la aplicación integral de un
régimen normativo, no es de carácter absoluto, en tanto el legislador está facultado
para definir expresamente la aplicación de disposiciones normativas, como ocurrió
en el caso del régimen de transición29.

38. En ese orden de ideas, se concluye que la demandante tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación según la Ley 33 de 1985 por virtud del
régimen de transición o la Ley 797 de 2003, no obstante, en cuanto al IBL, en el
primero de los escenarios [el de la transición] este debía calcularse con el promedio
de salarios y factores que sirvieron de cotización en los últimos 10 años (leyes 100
de 1993 y 797 de 2003 y Decreto 1158 de 1994). Sin embargo, en virtud del principio
de favorabilidad le era aplicable la Ley 797 pues a diferencia de la Ley 33 que prevé
una tasa de reemplazo del 75 % de dicho promedio, con aquella se le determinó en
76,37 %, el que resulta superior y en tal sentido fue reconocido en los actos
expedidos por la administración.

39. Finalmente, frente al cargo según el cual, la sentencia de unificación al acoger
una tesis contraria a que el IBL debía integrarse con la totalidad de factores
salariales devengados y no únicamente en los cuales se realizaron cotizaciones,
desconoció que no era oponible al trabajador la omisión del empleador de efectuar
los aportes, la Sala precisa que si bien el demandante hace este reproche frente a
la sentencia de unificación, no hace ningún reparo concreto a que ello se presente
en su caso particular, así como tampoco se señaló cuáles factores en concreto
fueron los que hubiese percibido y sobre los cuales su empleador no hubiese
efectuado las cotizaciones, razón por la cual este cargo tampoco no está llamado a
prosperar.

40. Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

41. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

29 Sentencia SU 023 de 2018.

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42. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

43. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.

44. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

45. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

4. Conclusión

46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, aunque a María Lucía
Aristizábal Zuluaga le era aplicable la Ley 33 de 1985 por ser beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003 le resultaba más
favorable pues a diferencia de la primera que prevé una tasa de reemplazo del 75 %
del IBL, con esta se le determinó en 76,37 % que resulta superior. En esas
condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se negaron las pretensiones

30 En el igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

19

Radicado: 05001-23-33-000-2017-02906-01 (6715-2024)
Demandante: María Lucía Aristizábal Zuluaga

de la demanda en el proceso promovido por María Lucía Aristizábal Zuluaga contra
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

20

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