RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2017-03036-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-03036-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-03036-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en cuanto declaró la nulidad del Decreto No. 053 del 16 de junio de 2017 y negó el reconocimiento y pago de los perjuicios por afectación a la salud y la honra de la demandante. SEGUNDO: REVOCAR el numeral sexto el cual quedará así: «(…) SEXTO: sin condena en costas (…)». TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al tribunal de origen previas las anotaciones y constancias de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2017-03036-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 28 de julio de 2022.

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-03036-01 (0972-2022)
Actor: Angélica María Rendón Castañeda.
Demandado: Municipio de Segovia, E.S.E. Hospital San Juan de
Dios.
Referencia: Salarios y prestaciones sociales. Falsa motivación
del acto administrativo.
__________________________________________________________________

I. ASUNTO

La Sala1 decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 28 de septiembre de 2021 que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La demanda.

2. La señora Angélica María Rendón Castañeda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso demanda contra la E.S.E.
Hospital San Juan de Dios y el municipio de Segovia con el fin de que se declare
la nulidad del Decreto No. 053 del 16 de junio de 2017 el cual le aceptó la renuncia
al cargo de gerente de la E.S.E. precitada.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la parte
demandada al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir desde el 20 de junio de 2017 hasta el 31 de marzo de 2020.
Así mismo, al pago de daños extrapatrimoniales por concepto de perjuicios a la
salud y a la honra y/o buen nombre.

1 Del 14 de junio de 2022, folio 367.

4. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes
que se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta 2:

5. La demandante refiere haber ganado concurso de méritos por lo que fue
nombrada en el cargo de gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios mediante
Decreto 115 del 12 de octubre de 2016 y posesionada el mismo día. Así mismo,
afirma que en el desarrollo de su gestión modificó la forma de vinculación del
personal, la manera en que se remitían pacientes a otras IPS, la forma en que se
realizaba el mantenimiento de los vehículos y suscripción de acuerdos para suplir
la carencia de insumos.

6. Precisa que debido a su gestión y ante los cambios realizados, circularon
amenazas provenientes de grupos armados al margen de la ley en las que se le
constriñó para que renunciara a su cargo. Por consiguiente, el alcalde municipal
de Segovia mediante oficio del 04 de junio de 2017, que posteriormente fue
comunicado a la opinión pública le solicitó que dimitiera de su cargo, por lo que a
raíz de las presiones acató la petición y presentó renuncia la cual fue aceptada
mediante Decreto 053 del 16 de junio de 2017 y se hizo efectiva el 20 de junio de
la misma anualidad.

Concepto de violación.

7. La demandante indica que con la decisión enjuiciada las entidades demandadas
desconocieron los artículos 1, 2, 3, 13, 25, 29, 221 de la Constitución política,
artículo 192 de la Ley 100 de 1993 y 72 de la Ley 1438 de 2011 por cuanto el acto
administrativo demandado fue expedido con vulneración del debido proceso, falsa
motivación y desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, pues la
renuncia no fue espontanea ni libre.

Contestación de la demanda.

8. La parte accionada se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando
que en el presente caso la renuncia de la accionante fue libre y voluntaria, motivo
por el que fue aceptada y que no existen razones ocultas que hayan dado lugar a
una falsa motivación del acto administrativo.

2 Folios 1 a 6 del expediente.

Sentencia apelada. 3

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de fecha 28 de
septiembre de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
ordenando al municipio de Segovia reconocer y pagar los salarios y prestaciones
sociales dejadas de percibir desde el 20 de junio de 2017 hasta el 31 de marzo de
2020 en razón a que se presionó a la actora para que renunciara a su cargo, lo
que constituye un vicio de la voluntad. No obstante, le negó el reconocimiento y
pago del daño a la salud y la honra debido a que la demandante no demostró que
el estrés emocional y psicológico tuvo origen en el acto administrativo que aceptó
su renuncia y tampoco probó una afectación a su buen nombre. Así mismo,
condenó en costas a la parte demandada.

Recurso de apelación.

10. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en
razón a que el aquo debió acceder al reconocimiento del (i) daño a la salud por
considerar que la señora Angélica Rendón sufrió graves amenazas de muerte lo
que la llevó a gerenciar desde la ciudad de Medellín, así como también, a la (ii)
indemnización por afectación a la honra y/o buen nombre, ya que mediante el acto
objeto de reproche el cual le aceptó su renuncia fue motivado en presuntas
irregularidades en la E.S.E. y hallazgos en la Contraloría General de Antioquia,
afectando su vida profesional y reputación.

11. La parte accionada manifiesta su inconformidad con la sentencia de primera
instancia en que el acto demandado estuvo correctamente motivado, pues no
existió enemistad ni persecución con la accionante que alteraran su libre y
espontanea desvinculación de la E.S.E.; la motivación del acto atendió a las
atribuciones propias de los hallazgos administrativos que presentó la Contraloría
General del Antioquia.

Alegatos de conclusión y Concepto del Ministerio Público.

12. La parte demandante y demandada guardaron silencio. El Ministerio
Público no emitió concepto. (fl. 367)

3 Folios 418 a 448.

lll. CONSIDERACIONES

Análisis del asunto.

13. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por ambas partes sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran

el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a
plantear el siguiente:

Problema jurídico

14. Establecer si el acto demandado fue expedido con falsa motivación, caso en el
cual la Sala deberá examinar si la demandante tiene derecho al pago de los
perjuicios por afectación a la salud y la honra y/o buen nombre o si, por el
contrario, el acto administrativo acusado se encuentra debidamente motivado de
acuerdo a la situación fáctica que rodeó su expedición dando lugar ello a revocar
la decisión de primera instancia.

Con el ánimo de desarrollar y resolver el problema juicio, se abordará el estudio
referido a la causal de nulidad de los actos administrativo por falsa motivación y
con base en ello y en las pruebas obrantes en el proceso, desatar la alzada.

La falsa motivación cómo causal de nulidad de los actos administrativos

15. El vicio de falsa motivación se configura cuando las razones invocadas en la
fundamentación de un acto administrativo son contrarias a la realidad. Sobre el
particular la jurisprudencia de esta Subsección indicó4:

«[…] Los elementos indispensables para que se configure la falsa motivación son
los siguientes: (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o
parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; (b) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y
jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados cómo

4
11001-03-25-000-2014-01085-00, 3374-2014 Sentencia, Fecha: 29/07/2021, Seccion: Sección Segunda Subsección B,
Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.

Igualmente, sentencia del 27 de agosto de 2020, 66001-23-33-000-2013-00173-01, Seccion: Sección Segunda Subsección
B, Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.

fuente por la administración pública o la calificación de los hechos, y (c) la efectiva
demostración por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se
encuentra falsamente motivado …»

16. De lo anterior, se colige que el vicio de nulidad aparece demostrado cuando se
expresan los motivos de la decisión total o parcialmente, pero los argumentos
expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria, lo que puede
suceder en uno de tres eventos a saber: i) Cuando los motivos determinantes de
la decisión adoptada por la administración se basaron en hechos que no se
encontraban debidamente acreditados; ii) Cuando habiéndose probado unos
hechos, estos no son tenidos en consideración, los que habrían podido llevar a
que se tomara una decisión sustancialmente distinta y iii) por apreciación errónea
de los hechos, es decir, que los acontecimientos aducidos efectivamente
ocurrieron, pero no tienen los efectos o el alcance que les da el acto
administrativo.

17. Así mismo, los motivos que fundamentan el acto administrativo deben ser
ciertos y corresponder a las circunstancias de hecho y de derecho necesarias para
proferir la decisión, es decir, debe existir correspondencia entre la motivación del
acto administrativo y la realidad fáctica y jurídica del caso.

18. De igual manera, la falsa motivación está enunciada en el artículo 137 del
CPACA como una causal de nulidad autónoma que permite contrastar los
fundamentos de hecho y de derecho de los actos administrativos, así:

«[…] Artículo 137. Nulidad

Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la
nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió …»

Caso concreto

19. Como el recurso de apelación fue interpuesto por ambas partes, inicialmente
se resolverá el cargo planteado por la parte demandada, es decir, si el acto
enjuiciado fue expedido o no con falsa motivación, para luego determinar si la

actora tiene derecho al pago de los perjuicios por afectación a la salud y la honra,
puntualizando que en el recurso deprecado por la accionada no obra cargo alguno

encaminado al pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir a la
demandante desde el 20 de junio de 2017 hasta el 31 de marzo de 2020, sino que
se limitó a cuestionar únicamente lo atinente a la causal de falsa motivación
declarada por el aquo.

20. Es así como al examinar el acervo probatorio recaudado en el plenario, obra el
oficio del 04 de junio de 2017 por medio del cual el alcalde del municipio de
Segovia le solicita la renuncia a la señora Angélica María Rendón Castañeda por
las reiteradas amenazas recibidas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia
(AGC) y la Oficina de Cobro y sicariato «YEPES» (fl. 27 a 38) en los siguientes
términos (fl. 39):

«[…] Agradeciendo su apoyo a mi gestión como alcalde municipal; quiero
manifestarle que por su paso en la institución se han logrado acciones positivas que
servirán para la proyección a futuro y un mejoramiento institucional. Sin embargo,
hay dificultades en el momento infranqueables por lo cual le solicito muy
respetuosamente la renuncia inmediata a su cargo como gerente de la E.S.E.
Hospital San Juan de Dios. Entendiendo que existen situaciones adversas que no
obedecen a su voluntad. (…)”

21. Del mismo modo, mediante Decreto No. 053 del 16 de junio de 2017 el cual le
aceptó la renuncia a la señora Rendón Castañeda (fl. 42 a 46) en su parte
considerativa expresó lo siguiente:

«[…] Que en el mes de abril de 2017, la Contraloría General de Antioquia encontró
diferentes hallazgos e inconsistencias financieras en la E.S.E.

Que las irregularidades presentadas, por tratarse de una entidad que presta el
servicio público de salud, afecta directamente a los ciudadanos de Segovia –
Antioquia y todo aquel que pueda acudir a este lugar a solicitar dicho servicio.

Que frente a una necesidad evidente y ratificada por la comunidad en general, se
deben tomar las acciones pertinentes a fin de que no se vea afectado el derecho
fundamental a la salud. En mérito de lo anterior,

DECRETA

Artículo primero: Aceptar la renuncia a la doctora ANGÉLICA MARÍA RENDÓN
CASTAÑEDA al cargo de gerente en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios,
retirándose del cargo a partir del 20 de junio de 2017. (…)”

22. Una vez realizada la notificación del precitado decreto, el 20 de junio de 2017
la demandante interpuso memorial manifestando su inconformidad contra la
decisión del alcalde de Segovia, así: (fl. 47)

«[…] De la manera más atenta me permito informarle que el día 19 de junio de 2017
he recibido con sorpresa vía correo electrónico el Decreto No. 053 del 16 de junio de
2017, comunicación que no corresponde a la realidad por cuanto mi renuncia
obedece a la solicitud elevada por usted el día 04 de junio de 2017, en donde me la
solicitó por las múltiples amenazas contra mi vida e integridad física.

Este acto es injusto, ilegal, vulnera mi derecho al debido proceso, a la honra y al
buen nombre, pues argumenta que mi retiro obedece a sucesos diferentes a los
requeridos por usted …»

23. De las pruebas obrantes en el expediente se observa que mediante el oficio
del 04 de junio de 2017 el alcalde municipal de Segovia le requirió la renuncia a la
accionante por situaciones ajenas a su voluntad (amenazas por parte de grupos
ilegales al margen de la ley) así como también, resaltándole que su gestión como
gerente de la E.S.E. había tenido acciones positivas, y el Decreto No. 053 del 16
de junio de 2017 el cual le aceptó la renuncia a la actora se fundamentó en
presuntas irregularidades dentro del hospital y hallazgos realizados por la
Contraloría General de Antioquia.

24. De igual manera, la jurisprudencia antes referenciada aduce que se configura
la falsa motivación cuando (i) se constata la existencia de un acto administrativo
motivado total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una
causal de anulación distinta; (ii) la existencia de una evidente divergencia entre la
realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos
argüidos o tomados cómo fuente por la administración pública o la calificación de
los hechos, y (iii) la efectiva demostración por parte del demandante del hecho de
que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado.

25. En ese orden de ideas, la Sala colige que sí se configuró una falsa motivación
del Decreto No. 053 del 16 de junio de 2017, pues aunque la administración refirió
los motivos de la decisión tomada, los argumentos expuestos no estuvieron
acordes con la realidad fáctica y probatoria que dio origen a la aceptación de
renuncia de la actora los cuales fueron las diversas amenazas de muerte por parte
de las AGC y los YEPES. Ello se traduce en que no existió concordancia entre la

solicitud de renuncia realizada por el alcalde de Segovia y el sustento legal
establecido en el acto objeto de reproche en la medida en que el 04 de junio de
2017 éste le pidió la renuncia a la demandante por acontecimientos ajenos a su
voluntad (amenazas por parte de grupos ilegales al margen de la ley) y además,
elogiándole su gestión como gerente del hospital ya que había logrado
actuaciones y operaciones exitosas. No obstante, lo anterior no fue lo
argumentado en el acto que le aceptó la renuncia a la señora Rendón Castañeda,
pues lo plasmado se edificó en presuntas irregularidades dentro del hospital y
hallazgos realizados por la Contraloría General de Antioquia pese a que en la
solicitud de renuncia la exaltó por su labor en la entidad.

26. Ahora bien, la Sala pasa a examinar el cargo planteado por la demandante el
cual es el reconocimiento y pago de los perjuicios por la afectación a la salud y la
honra.

27. Con respecto a los perjuicios por afectación a la salud, se tiene que si bien es
cierto obran en el expediente certificados médicos en donde se diagnosticó a la
señora Rendón Castañeda con estrés agudo, se evidencia que ésta no demostró
que la tensión emocional y psicológica tuvieron origen en el acto administrativo
que aceptó su renuncia pues aquel fue proferido el 16 de junio de 2017 y los
informes médicos fueron expedidos el 29 de mayo de 2017. Por consiguiente, el
estrés agudo de la actora no provino del acto enjuiciado, sino que se causó por las
amenazas realizadas a ésta.

28. Referente a los perjuicios por afectación a la honra y/o buen nombre la
demandante en su escrito de apelación adujo que mediante el acto objeto de
reproche el cual le aceptó su renuncia fue motivado en presuntas irregularidades
en la E.S.E. y hallazgos en la Contraloría General de Antioquia, afectando su vida
profesional y reputación. Por consiguiente, se analizará la afectación del derecho a
la honra y buen nombre a la luz de la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta
Corporación y en esa medida constatar si la señora Rendón Castañeda demostró
la vulneración de sus derechos presuntamente conculcados.

29. Al respecto, la sentencia del 11 de octubre de 2021 emitida por la Sección
Tercera – Subsección B del Consejo de Estado5 expresó lo siguiente:

“(…) Siguiendo la jurisprudencia constitucional, el derecho “al buen nombre, hace
referencia a “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la
virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por
él”. Se trata entonces de un derecho que gira alrededor de la conducta que observe
la persona en su desempeño dentro de la sociedad, (…) Por su parte, la honra alude
a la reputación de la persona en un sentido de valoración intrínseca por cuanto “la
honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que
los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor.

Con fundamento en lo anterior, se vulneraría el derecho al buen nombre y/o a la
honra, cuando, sin fundamento alguno, se propagan entre el público -bien en forma
directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masas-
informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto público
que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la
confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en
cualquier forma se manipula la opinión general para desdibujar su imagen. (…)”

30. En ese sentido, es menester precisar que aunque no exista correspondencia
entre la solicitud de renuncia realizada por el alcalde de Segovia y el sustento
legal establecido en el acto objeto de reproche – Decreto No. 053 del 16 de junio
de 2017, ello no significa que los hechos establecidos en el prenotado decreto
sean ciertos pues la acreditación del buen manejo de los recursos del hospital
debió probarla la actora con informes detallados de la situación financiera antes y
después de su gerencia y así poder desvirtuar las irregularidades y hallazgos
encontrados por la Contraloría General de Antioquia, prueba que no se allegó al
expediente. En consecuencia, tampoco se reconocerá el pago de perjuicios por
afectación a la honra y/o buen nombre.

31. Por otra parte, en cuanto a la condena en costas a la parte demandada, la
jurisprudencia de la Sala6 en dicha temática ha precisado que el artículo 188 del
CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena lo cual debe
resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal tales como
la conducta de las partes y que principalmente aparezcan causadas y
comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP.

5 05001-23-31-000-2009-01020-01, sentencia de fecha 11/10/2021, Sección: Sección Tercera Subsección B,

Ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

6
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, consejera Ponente (e) SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ.

32. Al realizar un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte
vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, no
se encuentra evidencia de la causación de expensas que justifiquen su imposición
a la parte accionada, por ello, esta sentencia se abstendrá de condenarla en
costas.

33. Así las cosas, la Sala confirmará con modificación la sentencia del 28 de
septiembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo
referente a revocar el numeral sexto el cual condenó en costas a la parte
accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia proferida el 28 de
septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en cuanto declaró
la nulidad del Decreto No. 053 del 16 de junio de 2017 y negó el reconocimiento y
pago de los perjuicios por afectación a la salud y la honra de la demandante.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral sexto el cual quedará así:

«(…) SEXTO: sin condena en costas (…)».

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al
tribunal de origen previas las anotaciones y constancias de rigor en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.