Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-00125-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-00125-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2018-00125-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
6 de junio de 2024
Radicado: 05001-23-33-000-2018-00125-01 (27693)
Demandante: Expofaro SAS
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00125-01 (27693)
Demandante: EXPOFARO SAS
Demandado: DIAN
Temas: Impuesto sobre la renta 2010. Liquidación oficial de revisión. Abuso
de las formas jurídicas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia
del 24 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la
demandante (ordinales primero y segundo de la parte resolutiva, respectivamente).
ANTECEDENTES
Mediante Liquidación Oficial de Revisión 11240012014000042, de 7 de abril 2014, la
DIAN modificó a EXPOFARO SAS la declaración de corrección del impuesto de renta
del año gravable 2010, para, en aplicación de la figura del abuso de las formas
jurídicas, reclasificar en la sección del patrimonio, $22.741.701.538 del renglón
acciones al renglón cuentas por cobrar. Tras la interposición del recurso de
reconsideración, el acto fue confirmado por Resolución 112362014000032, de 25 de
noviembre de 2014.
DEMANDA
EXPOFARO SAS, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
formuló las siguientes pretensiones1:
“La nulidad de la decisión contenida en la Liquidación Oficial de Revisión nro.
11240012014000042 del 7 de abril 2014 proferida por la. División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.
La nulidad de la Resolución 112362014000032 del 25 de noviembre de 2014 proferida
por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín,
mediante la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto y que confirma la
Liquidación Oficial de Revisión nro. 11240012014000042.
Declarada la nulidad de la actuación administrativa descrita, solicito que se restablezca
el derecho de la sociedad Expofaro SAS declarando la firmeza de la declaración de
corrección presentada el 16 de noviembre de 2012 formulario nro. 11016032252446 y
sticker nro. 91000157765850.
1 Índice 2, Samai.
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Demandante: Expofaro SAS
FALLO
Declarada la nulidad de la actuación administrativa escrita, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso solicito condenar en costas
a la entidad demandada en virtud de su actuación.”
La demandante indicó como normas violadas, las siguientes:
• Artículos 688, 704 y 712 del Estatuto Tributario (ET).
• Artículo 122 de la Ley 1607 de 2012 (que adicionó el artículo 869 al ET).
El concepto de la violación se sintetiza así2:
1. No procede liquidación oficial de revisión por no haber arrojado un mayor
impuesto. En diciembre de 2010, Expofaro se sometió a un proceso de
reestructuración económica por lo cual ningún banco le concedía créditos. Por ello, y
debido al incumplimiento de pagos por parte de sociedades venezolanas, cuya deuda
ascendía a $22.741.701.538, Expofaro sufrió falta de liquidez para atender el giro
ordinario de los negocios y los gastos operacionales de administración. Como
alternativa, el 17 del mismo mes se creó la sociedad Podolia S.A. con un capital
suscrito y pagado de $100.000 (100 acciones a razón de $1.000 c/u) a la cual un día
después, Expofaro aportó las cuentas por cobrar a las sociedades venezolanas,
recibiendo a cambio nueve acciones por el valor del aporte (a razón de $2.526.855,73
cada acción, esto es, valor nominal de $1.000 más una prima en colocación de
acciones de $2.525, 855,73). Lo anterior, para que esta gestionara para Expofaro la
obtención de un crédito bancario y se encargara del cobro de dichas acreencias. No
obstante, ninguna de estas dos finalidades se logró, por lo que la nueva sociedad
finalmente fue liquidada, reasumiendo Expofaro las cuentas por cobrar.
Con ocasión de esta operación, la DIAN profirió liquidación oficial de revisión y, en
aplicación de la figura del abuso de las formas jurídicas, desconoció el negocio jurídico
llevado a cabo por las partes, reclasificando el valor declarado en el renglón acciones
al renglón cuentas por cobrar. Sin embargo, tal reclasificación no significó la
determinación de un mayor impuesto al declarado ni la imposición de sanción alguna,
con lo cual se vulneraron los artículos 688, 704 y 712 de ET, que supedita la
liquidación oficial de revisión a la determinación de mayores tributos.
2. Vulneración al debido proceso y a los principios de legalidad e irretroactividad
de la ley tributaria. Con anterioridad a la Ley 1607 de 2012, la figura del abuso de
las formas jurídicas no estaba establecida en la legislación nacional. Como los actos
demandados se sustentaron en esta figura se presentó una aplicación retroactiva de
dicha ley, proscrita en el ordenamiento jurídico colombiano y se desconoció el principio
de legalidad en materia tributaria. Por esta razón, los actos son nulos.
3. No es procedente la reclasificación de las acciones a cuentas por cobrar.
Además de que no procedía la liquidación oficial de revisión por lo expuesto en el
punto anterior, la expedición de este acto tampoco resultaba procedente por lo
siguiente:
La fiscalización adelantada por la DIAN no tuvo en cuenta la difícil situación económica
que atravesaba Expofaro en el año 2010, que la llevó a realizar la operación
económica que desconoció la administración, con el ánimo de que Podolia gestionara
la obtención de un crédito para transferirlo a Expofaro y realizara el cobro de los
créditos a las sociedades venezolanas.
2 Índice 2, Samai.
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Demandante: Expofaro SAS
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De otra parte, la DIAN centró su atención en el supuesto valor exagerado de la prima
en colocación de acciones. Sin embargo, el aporte efectuado producía los mismos
efectos si se emitían 9 o 22.741.701 acciones, ya que se trataba de un solo socio.
Para éste es indiferente si la totalidad del aporte se imputa al valor nominal de las
acciones o también a la prima en colocación de acciones.
Adicionalmente, aun cuando Podolia entró en causal de disolución por reducirse el
mínimo de socios que debe tener una sociedad anónima, la ley comercial permite
continuar con la sociedad si así lo deciden los socios, y ello no implica ninguna
consecuencia negativa, menos en materia fiscal.
Así, en términos generales, la DIAN no desvirtuó la operación económica llevada a
cabo entre Expofaro y Podolia.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera3:
1. La liquidación oficial de revisión es ajustada a derecho. En uso de las facultades
que le concede la ley tributaria, la administración puede investigar, determinar y
modificar las declaraciones privadas en cualquier renglón sin que necesariamente ello
implique el aumento del impuesto a cargo, la disminución del saldo a favor declarado
o la imposición de sanción alguna.
De otra parte, la DIAN no discute el negocio jurídico entre Expofaro y Podolia, ya que
la ley comercial lo permite. Lo que cuestiona es la realidad de la operación, pues se
abusa de las formas jurídicas para disminuir la base gravable del impuesto al
patrimonio en el periodo 2011, registrando en el renglón de la declaración de renta,
en la sección patrimonio, acciones que debieron declararse como cuentas por cobrar.
Lo anterior, teniendo en cuenta que para efectos del impuesto al patrimonio se toma
el patrimonio declarado en renta. Esta recalificación económica de los hechos no fue
desvirtuada por la demandante.
No es cierto que se haya aplicado retroactivamente la Ley 1607 de 2012, ya que la
figura del abuso de las formas jurídicas es aplicable desde antes de dicha ley, como
lo avaló la Corte Constitucional en sentencia C-015 de 1993, donde expresamente se
señaló que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas,
consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política, no puede ser ajeno al
sistema tributario, máxime cuando éste se funda en los principios de equidad,
eficiencia y progresividad.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas a la
demandante, por lo siguiente4:
1. La legalidad de la liquidación oficial de revisión no está supeditada a la
determinación de un mayor impuesto. La administración se encuentra facultada
para iniciar oficiosamente las actuaciones administrativas sin condición alguna, por lo
que no le asiste la razón a la demandante cuando considera que se presenta un
3 Índice 2, Samai del Consejo de Estado.
4 Índice 11, Samai del Tribunal.
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indebido proceso al no establecerse un mayor impuesto a cargo o sanción en el acto
de liquidación oficial del tributo. Aunque la reclasificación de acciones a cuentas por
cobrar no tiene efectos tributarios en el periodo fiscalizado en renta (2010), sí los tiene
en el impuesto al patrimonio del año 2011, toda vez que, según el artículo 295-1 del
ET, de la base del impuesto al patrimonio, se excluye el valor patrimonial neto de las
acciones poseídas en sociedades nacionales, lo que eventualmente daría lugar a
disminuir el impuesto a cargo.
La recomposición patrimonial efectuada por la DIAN tiene justificación en el hecho de
que la creación de Podolia y el posterior aporte a ésta de las cuentas por cobrar
correspondió a una práctica abusiva del derecho por lo siguiente:
Podolia S.A. fue constituida el 17 de diciembre de 2010, con un capital suscrito de
$100.000, representado en 100 acciones, a razón de $1.000 c/u, íntegramente pagado
por los cinco accionistas constituyentes, siendo su objeto social «la ejecución de
cualquier acto y operación lícita de naturaleza comercial». Al día siguiente, el 18 del
mismo mes, Expofaro adquiere la totalidad de estas acciones y el 20 de diciembre de
2010 aumenta el capital de Podolia, aportando las cuentas por cobrar a las sociedades
venezolanas ($22.741.692.538,25), a cambio de 9 acciones. Por ello, $9.000 se llevan
a la cuenta de capital y su diferencia, es decir, $22.741.692.538, a la cuenta «superávit
por prima en colocación de acciones», lo cual, no corresponde al equilibrio económico
que deben tener los negocios jurídicos, de conformidad con el artículo 872 del Código
de Comercio, que señala que cuando la prestación de una de las partes sea irrisoria,
no habrá contrato conmutativo.
Por otro lado, no se puede considerar que hubo aporte de los créditos conforme al
artículo 129 del Código de Comercio, dado que éste solo lo será cuando haya
ingresado efectivamente a la caja de la sociedad. En este caso, ni siquiera hubo
tiempo para que Podolia recibiera las cuentas por cobrar ya que el 27 de diciembre de
2010 entró en proceso de liquidación. Además, no hubo prueba de la entrega de las
facturas a Podolia.
Finalmente, lo que se presentó en la práctica fue una fusión que nunca se formalizó.
Todo lo anterior es indicativo del abuso de las formas jurídicas para reducir la base
gravable del impuesto al patrimonio.
2. Sin condena en costas. Conforme al artículo 188 del CPACA, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no se condena en costas porque no están
probadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló la sentencia de primera instancia de la siguiente manera5:
1. Nulidad de los actos demandados por no adicionar un mayor impuesto o una
sanción a cargo del contribuyente. Se reitera que la liquidación oficial de revisión
solo es procedente para determinar un mayor impuesto e imponer sanción. En este
caso nada de ello ocurrió, por lo que los actos demandados son violatorios de los
artículos 688, 704 y 712 del ET.
2. Vulneración al debido proceso y a los principios de legalidad e irretroactividad
de la ley tributaria. Como se anotó en la demanda, el abuso de las formas jurídicas
5 Índice 43, Samai del Tribunal.
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en materia tributaria quedó tipificado en el Ley 1607 de 2012, lo que significa que, con
anterioridad, la DIAN no tenía facultades para reclasificar, recaracterizar o recalificar
operaciones o actos jurídicos válidos con base en esta figura. No obstante, el tribunal
validó su aplicación, lo que comporta, en la práctica, la aplicación retroactiva de la ley
y una vulneración al principio de legalidad, lo que, a su vez, configura violación al
debido proceso.
3. Improcedencia de la reclasificación de acciones a cuentas por cobrar. Además
de que esta reclasificación no es procedente a la luz de lo expuesto en el punto
anterior, el Tribunal hace una errónea aplicación de la ley comercial. Al respecto,
desconoce que el aporte en especie tiene regulación especial en materia tributaria, y
al ser Expofaro la única accionista de Podolia, aun cuando solo suscribiera 9 acciones,
todo el valor del aporte en especie constituía el costo de adquisición de esas acciones.
Por tanto, no se trata de una prestación irrisoria para la aportante, toda vez que ella
recibe sus 9 acciones por el mismo valor patrimonial y fiscal del aporte.
La intención con el aporte en especie era que Podolia recibiera las cuentas por cobrar,
para, además de realizar las gestiones de cobro inherentes a su condición de titular
de las mismas, se obligara a adquirir un préstamo garantizado con dichos activos,
para luego trasladarlo a Expofaro para que ésta pudiera continuar desarrollando la
actividad comercial y cumplir la totalidad de las obligaciones laborales, fiscales y
comerciales. Este negocio no fue desvirtuado por la DIAN, por lo que deben
reconocérsele plenos efectos.
Adicionalmente, el tribunal confunde el aporte en especie con la fusión y la prueba de
la entrega de la factura no fue un aspecto cuestionado por la DIAN. Por tanto, el
tribunal no podía exigir dicha prueba pues no hizo parte del debate planteado.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La DIAN pidió desestimar la apelación por lo siguiente6:
La sentencia de primera instancia concluyó que los actos demandados no se
sustentaron en la Ley 1607 de 2012. Por consiguiente, no hay aplicación retroactiva
de la ley. Además, en las sentencias C-015 de 1993 y C-491 de 2006, la Corte
Constitucional destacó la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas en el
derecho tributario y de las medidas contra la evasión y elusión fiscales. Igualmente, el
Concepto DIAN 051977 de 2005, que sirvió de fundamento de los actos demandados,
se apoyó en las sentencias C-015 de 1993 y SU 1122 de 2001 de la Corte
Constitucional.
La decisión del Tribunal se basó en hechos demostrados en el procedimiento
administrativo, mediante pruebas idóneas, indicios, inspección tributaria y prueba
trasladada, que permitieron definir la conducta de abuso de las formas jurídicas con el
propósito de defraudar los intereses del Estado, en este caso, la creación formal de la
sociedad Podolia con los activos de la sociedad controlante y la instantánea disolución
y liquidación, antes de finalizar el año 2010, para regresar el patrimonio a la
demandante y con esa operación afectar la base gravable del impuesto al patrimonio
del año 2011. De otra parte, la apelante en realidad no expuso razones jurídicas por
las cuales se debía revocar la sentencia de primera instancia.
6 Índice 11, Samai del Consejo de Estado.
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El Ministerio Público rindió concepto y pidió confirmar la sentencia apelada, porque7:
No existe coherencia entre lo alegado por la demandante sobre la supuesta finalidad
de la creación de Podolia y lo que realmente sucedió. En efecto, por su corta
existencia, es imposible que esta sociedad cumpliera la finalidad por la cual fue creada,
lo cual se ve reforzado por el hecho de que no existe evidencia de que la nueva
sociedad haya perseguido el cobro de las cuentas por cobrar o tramitado la obtención
de un crédito, lo que es aún más ilógico.
Para evaluar la realidad de esta operación, la administración tenía libertad probatoria
y su facultad de fiscalización le permite valerse de las demás normas existentes y la
jurisprudencia sobre la materia, para constatar prácticas abusivas o simuladas por
parte de los contribuyentes, a efectos de hacer prevalecer la sustancia sobre la forma.
Por tanto, no se presentó vulneración de los principios de legalidad e de irretroactividad
de la ley, pues, para decidir el caso, la DIAN no aplicó el artículo 122 de la ley 1607 de
2012.
Aunque la operación cuestionada no tuvo consecuencia fiscal en la declaración de
renta del año gravable 2010 en la medida que no implicó la determinación de un mayor
impuesto ni la imposición de sanción alguna, sí afectó la base gravable del impuesto
al patrimonio del año gravable 2011.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala
decide: (i) si la validez de la liquidación oficial de revisión depende de la determinación
de un mayor impuesto y/o imposición de sanción; (ii) si la reclasificación del renglón
de acciones a cuentas por cobrar implicó vulneración al debido proceso y a los
principios de legalidad de la sanción e irretroactividad de la ley tributaria.
Antes de abordar los anteriores cuestionamientos, la Sala pone de presente que, si
bien los actos demandados no determinaron un mayor impuesto de renta a cargo del
demandante, en auto de 13 de octubre de 20178, esta Sección determinó que, en este
caso «la demanda no carece de cuantía, sino que, por el contrario, existe un interés
económico determinable, por la suma de $307.430.000, que corresponde al menor
impuesto al patrimonio del año 2011 dejado de liquidar por la sociedad actora», por lo
cual declaró la falta de competencia en única instancia y remitió el proceso al tribunal
de primera instancia.
Hecha la anterior precisión, la Sala confirma la sentencia apelada, según el siguiente
análisis:
1. La validez de la liquidación oficial de revisión no depende de la determinación
de un mayor impuesto al declarado. Según la actora, los actos demandados
contravienen los artículos 688, 704 y 712 del ET, porque en la liquidación oficial de
revisión no hubo un mayor impuesto a cargo ni sanción alguna, de manera que dicho
acto no es procedente a la luz de las referidas normas.
De acuerdo con el artículo 683 del ET, la aplicación recta de las leyes tributarias
deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia, ya que el Estado no aspira
a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido
7 Índice 12, Samai del Consejo de Estado.
8 Exp. 22382, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
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que coadyuve a las cargas públicas de la Nación. Para asegurar este mandato, el
artículo 684 del mismo estatuto otorga «amplias facultades de fiscalización e
investigación» a la administración tributaria, dentro de las cuales podrá, entre otros,
verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes; adelantar las
investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos
generadores de obligaciones tributarias, no declarados y, en general, «efectuar todas
las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos,
facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una
correcta determinación».
Por su parte, el artículo 702 del ET dispone que «la Administración de impuestos podrá
modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes,
responsables o agentes retenedores, mediante liquidación de revisión», acto que
según el artículo 712 del ET deberá contener, entre otros, el «monto de los tributos y
sanciones a cargo del contribuyente» y una «explicación sumaria de las
modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración».
Ahora bien, la exigencia de que la liquidación oficial del tributo contenga el «monto de
los tributos y sanciones» a cargo del sujeto pasivo, no significa que la validez de este
acto esté atada a la determinación de un mayor impuesto frente al liquidado por el
contribuyente, pues, aunque, por lo general, este tipo de actos se expiden con esa
finalidad, la competencia de revisión de la administración recae sobre toda la
declaración tributaria y no exclusivamente sobre los renglones depurativos de la
obligación tributaria (ingresos, costos, deducciones, descuentos, retenciones, etc.), ya
que, como lo ha señalado esta Sección, su propósito «es revisar [toda] la declaración
privada y modificarla si no se ha presentado de conformidad con las disposiciones
legales o si no refleja la situación económica del contribuyente, responsable o agente
retenedor»9.
Es así porque la función de la declaración tributaria no es solo recaudatoria, dado que
también cumple una finalidad informativa, pues a través de ella se dan a conocer al
fisco otros datos con relevancia tributaria, que no solo tienen relación con el impuesto
declarado, sino, también, con otras obligaciones tributarias, tanto del propio declarante
como de otros contribuyentes.
Tal interrelación se comprueba, por ejemplo, cuando de los datos informados, la
administración tributaria deriva o confirma la sujeción pasiva al impuesto al patrimonio
de un contribuyente de renta. Téngase en cuenta que, a partir de lo normado sobre el
impuesto al patrimonio para la época de los hechos (artículos 292 y siguientes del ET),
la Sección precisó que la base gravable del referido impuesto es el valor del patrimonio
líquido incluido en la declaración de renta de la vigencia fiscal anterior a la que
corresponda el gravamen al patrimonio10.
Ello se debe, justamente, a que las normas tributarias dispusieron que la base
gravable del impuesto al patrimonio es el patrimonio líquido poseído el 1 de enero de
cada año, determinado con base en las mismas reglas que establece el Título II del
Libro I del ET para fijar el patrimonio líquido en el impuesto de renta. Por consiguiente,
es clara la identidad en la noción de patrimonio líquido para estos dos impuestos. De
ahí que sea válido que la administración tributaria considere el patrimonio líquido y su
composición patrimonial declarado en renta para efectos del impuesto al patrimonio.
9 Sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 18405, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
10 Ver entre otras, las sentencias del 4 de marzo de 2010, exp. 16839, del 10 de mayo de 2012, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia y del 20 de septiembre de 2018, exp. 22662, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Siendo así, en el caso analizado es claro el interés y legítima la facultad que tiene la
administración tributaria para modificar los renglones del patrimonio de la declaración
de renta, aunque el efecto tributario en este gravamen sea neutro. En consecuencia,
no prospera el cargo de apelación.
2. La recomposición del patrimonio declarado no vulneró el debido proceso ni
los principios de legalidad e irretroactividad tributaria. A juicio de la actora, la
DIAN no podía desconocer el negocio jurídico llevado a cabo con Podolia S.A, en
aplicación de la teoría del abuso de las formas jurídicas, ya que para la época de los
hechos esta figura no estaba vigente en la legislación colombiana, pues solo lo vino a
estar a partir de la Ley 1607 de 2012.
El abuso de las formas jurídicas queda enmarcado en el concepto general de abuso
del derecho consagrado expresamente en materia tributaria desde el año 2012
(artículo 869 de ET que corresponde al artículo 122 de la Ley 1607 de 2012). No
obstante, contrario a lo señalado por la demandante, ello no significa que con
anterioridad esta figura no fuera aplicable fiscalmente, pues la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han avalado su aplicabilidad, como medida antievasiva o
antielusiva, a partir de lo estatuido en el artículo 228 de la Constitución Política, que
privilegia la sustancia sobre la forma, y del mismo principio general del abuso del
derecho.
En la sentencia C-015 de 1993, en la que se amparó la DIAN para dar aplicación a la
figura del abuso de las formas jurídicas, la Corte Constitucional enfatizó que el
contribuyente puede hacer uso del derecho y de sus formas «con el objeto de
encauzar sus asuntos de la manera más apropiada a su naturaleza e intereses y de
modo tal que le signifique la menor responsabilidad fiscal», pero que, en todo caso, la
libertad para la utilización de estas formas jurídicas tiene límites «cuando a ellas se
apela con el propósito prevalente de evitar los impuestos o su pago», pues, en estos
casos «la transacción respectiva no podrá ser considerada por la legislación tributaria,
de acuerdo con los efectos que produce de conformidad con el derecho privado, sin
tomar en consideración su resultado económico». Lo anterior, por cuanto «el principio
de equidad que inspira el sistema tributario (CP art. 363), en últimas, expresión de
igualdad sustancial (CP art. 13), no se concilia con la reverente servidumbre a la forma
jurídica privada puramente artificiosa y con un móvil predominante fiscal, pues ella
puede conducir a otorgar a una misma transacción diferente trato fiscal».
De este modo, la Corte fue enfática en señalar que, cuando es patente el abuso de
las formas jurídicas con fines netamente evasivos o elusivos, el Estado queda obligado
«a desestimar sus efectos, [pues, en tal caso] la intentio juris deberá ser desplazada
por la intentio facti». Es decir, «los hechos fiscalmente relevantes deben examinarse
de acuerdo con su sustancia económica; si su resultado material, así comprenda
varios actos conexos, independientemente de su forma jurídica, es equivalente en su
resultado económico a las circunstancias y presupuestos que según la ley generan la
obligación tributaria, las personas a las cuales se imputan, no pueden evadir o eludir,
el pago de los impuestos».
Por su parte, apelando a la doctrina y a lo reseñado en la referida sentencia, esta
Sección ha precisado que para establecer si se está ante un abuso del derecho es
necesario tener en cuenta que cada derecho tiene una finalidad y que le corresponde
al intérprete descubrirla y determinar si el ejercicio o no de un derecho resultó abusivo
con base en los principios y valores axiológicos extraídos de la Constitución, esto es,
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la prevalencia del derecho sustancial, la equidad, justicia, eficiencia y progresividad
tributaria, la solidaridad y el deber contribuir a los gastos e inversiones del Estado11.
Es por ello por lo que esta Corporación ha validado la recaracterización que ha hecho
DIAN de ciertos negocios jurídicos, señalando que «las autoridades tributarias tienen
como obligación de carácter constitucional el cumplimiento de los principios de
equidad, eficiencia y progresividad, que se concretan con el principio de prevalencia
de la sustancia sobre la forma» y reconociendo que en tales casos se «procedió de
acuerdo con los mencionados principios constitucionales al determinar que la realidad
de las transacciones en discusión fueron en su realidad económica la venta de bienes
corporales muebles gravados con IVA y no el cumplimiento de un contrato de
usufructo»12. Esta potestad, inclusive, había sido reconocida por esta Sección desde
la sentencia del 2 de marzo de 1990, en la que se señaló que13:
“Es función intrínseca de la Administración Tributaria vigilar por la recta aplicación de
las normas reguladoras de los impuestos administrados por ella y en uso de tal deber le
corresponde estar atenta a que los sujetos pasivos de la obligación no la infrinjan
directamente ni a través de operaciones que, aunque virtual o aparentemente legales,
tengan como objeto menguar los intereses del fisco que la doctrina conoce como elusión
tributaria.
La interpretación de la ley tributaria no puede atenerse a la verdad formal, debe buscar
siempre la verdad real en la determinación de la carga impositiva que corresponde pagar
a sus administrados (…)”
De acuerdo con lo anterior, la Sala recalca que, si bien el derecho confiere a los
particulares una potestad autonormativa en virtud de la cual pueden obligarse
mutuamente14, dicha prerrogativa no puede emplearse para frustrar definitivamente la
recaudación tributaria. Esta defraudación, configurativa de abuso de las formas
jurídicas, será evidente cuando, valorados en su conjunto los elementos integradores
del negocio jurídico, se advierte que éste se halla desprovisto de su causa o propósito
económico que le es típico o propio, obteniéndose, en su lugar, una clara ventaja
fiscal, sin que sea necesario, en la confirmación de dicho abuso, la comprobación de
circunstancias subjetivas, como la intencionalidad y/o voluntad de las partes de
defraudar el fisco, puesto que el hecho económico es real y objetivo, y sobre éste - y
no sobre la conducta del contribuyente, que sí puede incumbir al derecho punitivo –
es que recae el hecho generador del tributo.
Es por ello por lo que, en la constatación de figuras evasivas o elusivas de la
tributación, esta Sección ha señalado que, «se requiere adelantar un análisis de la
operación desplegada en su completitud, no en sus aspectos parciales», del que debe
surgir, más allá de una anomalía en el ejercicio de autonomía de la voluntad «una
tributación inferior a la que correspondería», pues en ausencia de ese ahorro fiscal
nada habría que reprochar, desde el punto de vista tributario a la operación negocial15.
Por ese motivo, el criterio de decisión judicial de la Sección es el de que la autoridad
de impuestos «no se debe limitar al cuestionamiento sobre la forma jurídica o las
11 Sentencia de 13 de noviembre de 2014, exp. 17107, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
12 Sentencias del 30 de julio de 2020, exp. 23545, C.P. Milton Chaves García; del 11 de marzo de 2021, exp. 25203,
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 11 de abril de 2024, exp. 27135, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
entre otras.
13 Exp. 1957, C.P. Jaime Abella Zárate.
14 El artículo 1602 del Código Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
15 Sentencias del 12 de junio de 2019, exp. 23053 y del 27 de octubre de 2022, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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circunstancias en que se cumplió el negocio, pues es indispensable que los contratos,
hechos o circunstancias afecten indebidamente la determinación de la carga fiscal»16.
Hechas estas precisiones, en el caso sometido a consideración la Sala halla probado
lo siguiente:
A 17 de diciembre de 2010, el patrimonio de Expofaro estaba compuesto, entre otros
activos, por los siguientes: acciones por $4.944.591.000 y cuentas por cobrar a
clientes por $27.686.293.000, de los cuales $22.741.701.538 correspondían a deudas
de sociedades venezolanas (Top And Bottoms International C.A. y Comercializadora
El Faro 12385 C.A.).
El 17 de diciembre de 2010 se constituyó con cinco accionistas, la sociedad Podolia
S.A., con un capital suscrito y pagado de $100.000 (100 acciones a razón de $1.000
c/u y una participación del 20% para cada uno de los accionistas constituyentes). Se
pactó como objeto social «la ejecución de cualquier acto y operación lícita de
naturaleza comercial»17. Según la demandante, el fin perseguido con la constitución
de esta sociedad se concretaba en tramitar un crédito ante los bancos nacionales para
luego ser transferido o prestado a Expofaro, ya que esta sociedad, por estar en
reestructuración económica, no podía obtener créditos bancarios y adelantar la
gestión de cobro de las deudas ante las sociedades venezolanas.
Un día después de la creación de Podolia, esto es, el 18 de diciembre de 2010, los
accionistas cedieron sus acciones a Expofaro, quedando la demandante como única
accionista de la sociedad. Por tanto, Podolia quedó incursa en la causal de disolución
prevista en el numeral tercero del artículo 218 del Código de Comercio, según el cual,
la sociedad comercial se disolverá «por reducción del número de asociados [5 en las
sociedades anónimas] a menos del requerido en la ley para su formación o
funcionamiento».
En calidad de única accionista, en reunión extraordinaria de 20 de diciembre de 2010,
Expofaro decide el aumento del capital suscrito y pagado de Podolia S.A, en los
siguientes términos:
“4. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD. El
presidente de la asamblea somete a consideración de los accionistas el incremento
del capital suscrito y pagado en nueve mil ($9.000) pesos m/cte de manera tal que
este corresponda a ciento nueve mil pesos ($109.000) mcte.
Así mismo, propone que para el pago de este incremento de capital la sociedad
C.I. EXPOFARO SAS, poseedora del cien por ciento de las acciones en que se
encuentra dividido el capital social, razón por la cual, no hay lugar al ejercicio del
derecho de preferencia, aporta la cartera que tiene a su favor y cuyo deudor es la
sociedad TOPS& BOTTONS INTERNATIONAL C.A. – TBI DE Venezuela, en
cuantía de once millones trescientos ochenta y un mil setecientos tres
dólares con ochenta y cuatro centavos de dólar (US$11.381.703.84), de
acuerdo con la relación adjunta en dólares de los Estados Unidos de América, que
se transfieren a la TRM del día del aporte, es decir a $1.923,13, para un total de
veintiún mil ochocientos ochenta y ocho millones cuatrocientos noventa y
seis mil ciento seis pesos ($21.888.496.106) MCTE., y la cartera que tiene a su
favor y cuyo deudor es la sociedad COMERCIALIZADORA EL FARO 12385 C.A.
16 Sentencias del 12 de junio de 2019, exp. 23053; del 27 de octubre de 2022, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y
del 24 de febrero de 2022, exp. 24278, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
17 Folio 242 c.a.2. Índice 2, Samai del Consejo de Estado
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de Venezuela, en cuantía de cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos
cincuenta y cuatro dólares con cincuenta y ocho centavos de dólar
(US$443.654,58), que se reciben a la TRM del día del aporte, es decir a $1923,13
para un total de $853.205.432.43, de los cuales $9000 se llevan a la cuenta de
capital y su diferencia, es decir, la suma de $22.741.692.538,25 M/CTE, a la cuenta
superávit por prima en colocación de acciones. (folio 246 c.2 antecedentes).”
Dos días después (22 de diciembre de 2010) se reúne de nuevo la «junta de socios»
y decide que «teniendo en cuenta la causal establecida en el numeral 3 del artículo
218 del Código de Comercio es voluntad de la asamblea reconocer dicha causal y en
consecuencia disolver la sociedad e iniciar el proceso liquidatorio»18. Según
constancia de la Cámara de Comercio de Medellín, para el 27 de diciembre de 2010,
es decir, trece días después de su constitución, ya se había iniciado el proceso de
liquidación de Podolia19.
El 11 de enero de 2011, se reunió de nuevo la junta de socios y se decidió por
unanimidad lo siguiente20:
3.5 LIQUIDACIÓN Y ADJUDICACIÓN PARCIAL PERO DEFINITIVA DE
REMANENTES. Toda vez que la sociedad carece de pasivo externo, dándose
aplicación del artículo 241 del código de comercio, se propone a la asamblea de
accionistas la liquidación parcial mediante el reembolso parcial pero definitivo de
remanentes a los accionistas contra el patrimonio de la compañía (no como anticipo, y
por lo tanto se genera una cuenta por cobrar a favor de las sociedades y a cargo de los
asociados), afectándose la cuenta de activos en cuentas por cobrar por valor de
$21.994.812.000, imputable a la cuenta patrimonial de revalorización del patrimonio en
$21.994.812.000. El reembolso será pagado con las cuentas por cobrar a las compañías
venezolanas Top And Bottoms International C.A. y Comercializadora El Faro 12385 C.A.
Es decir, en esa fecha se aprobó el reembolso o retorno de las cuentas por cobrar al
patrimonio de la sociedad Expofaro, en cuantía de $21.994.812.000.
En acta nro. 5 del 31 de marzo de 2011, la «asamblea general de accionistas», en
reunión ordinaria dejó constancia de que «la compañía no pudo iniciar su operación
debido a diferentes situaciones coyunturales de índole económico y administrativo que
no hicieron óptima su puesta en marcha». A continuación, se indicó que «dado que la
sociedad entró en causal de disolución en concordancia con el numeral 3 del artículo
218 del Código de Comercio, el 22 de diciembre se reconoció la misma, y se inició la
liquidación de la sociedad por la cual se transfirieron el grueso de los activos sociales
a la única accionista en el mes de enero de 2011».
En acta nro. 6 del 24 de diciembre de 2012, la «asamblea general de accionistas» de
Podolia aprobó la cuenta final de liquidación y encargó «al liquidador principal para
adelantar todos los trámites de acuerdo con las normas legales tendientes a la
formalización de la liquidación de la sociedad».
En la declaración de renta del año gravable 2010, la demandante declaró en el renglón
34, cuentas por cobrar por $4.944.591.000 y en el renglón 35, acciones y aportes por
$45.268.403.000.
Finalmente, por efecto del aporte a Podolia, se materializó una disminución del
impuesto al patrimonio del año 2011, por valor de $307.430.000, ya que, a
18 Folio 250 c.a.2. Índice 2, Samai del Consejo de Estado
19 Folio 244 c.a.2. Índice 2, Samai del Consejo de Estado
20 Folio 250 c.a.2. Índice 2, Samai del Consejo de Estado
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consecuencia de esa operación, $22.741.701.538 dejaron de figurar en el renglón
cuentas por cobrar y pasaron a estarlo en el renglón de acciones. Lo anterior, porque
de conformidad con el artículo 295-1 del ET, el valor patrimonial neto de las acciones
poseídas en sociedades nacionales se excluye de la base gravable de este tributo.
A partir de los hechos en mención, la Sala concluye que el negocio jurídico llevado a
cabo por las partes se dio en un plano puramente formal carente de sustancia
económica, por las siguientes razones:
(i) La constitución de la sociedad Podolia no tuvo ninguna relevancia comercial, ya
que no hubo ningún resultado económico para el contribuyente ni para los accionistas,
distinto del tributario enunciado con anterioridad.
(ii) Desde el punto de vista comercial, no es razonable la prima en colocación de
acciones, a través de la cual se igualó el precio de las nueve acciones ($9.000)
obtenidas al valor de las cuentas por cobrar aportadas ($22.741.701.538). Es así
porque, como lo ha precisado esta Sección, dicho sobreprecio constituye «una
ganancia social, representativa de la valorización de la compañía en el mercado en
una cifra superior al monto del capital suscrito»21, que difícilmente pudo constituirse
en el caso debatido, pues, de un lado, el desarrollo del objeto social de Podolia fue
nulo y, de otro, no es coherente que en solo tres días se haya generado una prima de
tal magnitud.
Cabe precisar que la prima en colocación de acciones es propia de aquellas
sociedades que en su marcha obtienen un crecimiento económico que conduce a que
el valor patrimonial sea superior al capital social que en su momento suscribieron y
pagaron los socios constituyentes. Este sobreprecio se justifica en dos razones: (ii)
equilibra la situación de los nuevos socios con la de los socios fundadores, ya que,
como lo ha señalado la Superintendencia de Sociedades, con su pago, los primeros
reconocen a los segundos «su esfuerzo y permanencia en el mercado, por mantener
un negocio en marcha, por enfrentar el día a día de los negocios, en fin, por haber
llevado la empresa al punto que se hizo atractiva para que en ellas estos nuevos
inversionistas coloquen su capital»22; y (ii) evita que la suscripción de acciones por el
valor nominal reduzca proporcionalmente la diferencia entre capital social y
patrimonio, desvalorizando las acciones antiguas.
(iii) Podolia no llevó a cabo ningún acto en desarrollo del objeto social establecido.
Aunque la demandante sostiene que esta sociedad se constituyó con la finalidad de
obtener un crédito de los bancos nacionales para luego prestar o transferir ese dinero
a Expofaro, así como para llevar a cabo la gestión de cobro de las cuentas por cobrar
ante las sociedades venezolanas, ninguno de estos encargos se realizó. Es tan
patente el desinterés por adelantar estas gestiones, que cinco días después de ser
constituida Podolia, la «junta de socios» de la actora, única accionista, aprobó su
disolución y liquidación, sin dar un margen temporal de adelantar este cometido o
cualquier otro, ya que estaba dentro de su objeto social «la ejecución de cualquier
acto y operación lícita de naturaleza comercial».
(iv) El negocio jurídico llevado a cabo entre Expofaro y Podolia tuvo como única
consecuencia económica un ahorro para Expofaro del impuesto al patrimonio del año
2011, por valor de $307.430.000.
21 Sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 22908, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22 Concepto 115-061490, del 15 de agosto de 2015.
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(v) Ese ahorro tributario no pudo ser asumido por Podolia, dado que, antes de que se
causara el impuesto al patrimonio, esta sociedad ya estaba en proceso de liquidación
y, según el artículo 297-1 del ET, no «están sujetas al pago del impuesto [al
patrimonio] las entidades que se encuentren en liquidación». En efecto, mediante acta
nro. 3 de la «asamblea general de accionistas» de 22 de diciembre de 2010, Expofaro
aprobó reconocer la causal establecida en el numeral 3 del artículo 218 del Código de
Comercio y, en consecuencia, disolver la sociedad e iniciar el proceso de liquidación.
Sin embargo, Expofaro fue cuidadosa de no liquidar la sociedad antes del 1 de enero
de 2011, fecha de causación del impuesto al patrimonio.
(vi) En las actas las juntas de socios consta que Expofaro, como único accionista de
Podolia, reconoce que esta sociedad no inició operaciones y que su puesta en marcha
no era óptima «debido a diferentes situaciones coyunturales de índole económico y
administrativo», coyunturas provocadas por ella misma, debido a su falta de finalidad
comercial y al aporte en especie que realizó (de las cuentas por cobrar) que la dejó
incursa en la causal de disolución prevista en el numeral tercero del artículo 218 del
Código de Comercio.
En definitiva, analizado en su conjunto el acto negocial, es evidente que la sociedad
Podolia sirvió a la actora de vehículo para eludir el pago del impuesto al patrimonio
por el año gravable 2011, en una cuantía de $307.430.000. En efecto, la adquisición
del 100% de las acciones de Podolia y el sucesivo aumento de capital a través de la
emisión de las nueve acciones justificó formalmente una recomposición patrimonial
consistente en reclasificar $22.741.701.538 de cuentas por cobrar a acciones, con las
consecuencias fiscales ya anotadas. De ahí sea ajustado a derecho que la DIAN haya
desconocido dicha operación para reconocer su verdadera esencia y sustancia
económica. No prospera el cargo de apelación.
Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.
2. Condena en costas. No se condena en costas en esta instancia a la parte
demandante, que incluyen las agencias en derecho, pues, de conformidad con los
artículos 188 del CPACA y 365 numeral 8 del CGP, «solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»,
aspecto que no se encuentra acreditado en este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
3. RECONOCER personería a la abogada Ana Margarita Rosa De Fex Toro como
apodera de la DIAN, en los términos del poder conferido.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
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Demandante: Expofaro SAS
FALLO
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Ausente en comisión) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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