Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00212-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2018-00212-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
17 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho y Reparación Directa
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00212-01 (72385)
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
Demandados: Superintendencia Nacional de Salud, Fiduciaria Colombiana de
Comercio La Exterior S.A. y la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 30 de julio de 2024 por la Sala Sexta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó pretensiones de la demanda. La
Sala es competente para proferir esta providencia1, de acuerdo con el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en adelante “CPACA”, por tratarse de un recurso de apelación
presentado por la parte demandante contra una sentencia dictada por un tribunal
administrativo, el cual conoció el proceso en primera instancia en razón a la
naturaleza del asunto y a la cuantía estimada en la demanda, con base en el numeral
3 del artículo 152 del CPACA2.
SÍNTESIS
La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, entidad que prestaba servicios de
salud en el régimen subsidiado, demandó la nulidad de las Resoluciones No. 000170
de 2017 y No. 001672 de 2017, mediante las cuales la Superintendencia Nacional
de Salud ordenó y confirmó, respectivamente, el pago de intereses moratorios; así
como de los Oficios del administrador fiduciario del FOSYGA (hoy ADRES) que
sirvieron de fundamento a esas decisiones. De manera subsidiaria, solicitó que, en
caso de que las decisiones emitidas por el administrador fiduciario no se
consideraran actos administrativos, se estudiará la procedencia de la reparación
directa por la configuración de una vía de hecho en el procedimiento de reintegro,
por el presunto desconocimiento del debido proceso, la indebida valoración de las
1 Se advierte que, conforme a las reglas de competencia funcional, el conocimiento del presente asunto
corresponde a la Sección Primera del Consejo de Estado y no a esta Sección. No obstante, en atención a que
se elevaron pretensiones de reparación directa y el proceso fue repartido a la Sección Tercera, se asumirá su
estudio de manera excepcional, en garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia y de
celeridad procesal.
2 Según el numeral 2 y 6 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, los Tribunales Administrativos conocen en
primera instancia las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y reparación directa cuya cuantía
exceda los 500 SMLMV lo que ascendía a trescientos noventa y seiscientos veintiún pesos ($390.621.000) al
momento de presentación de la demanda. En este caso, las pretensiones de la demanda excedían dicho monto.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
pruebas, la omisión del principio de buena fe y el cobro de intereses moratorios sin
la acreditación de los supuestos fácticos y jurídicos previstos en el artículo 3 del
Decreto Ley 1281 de 2002. La Sala modificará parcialmente la decisión de primera
instancia, revocará lo decidido sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva
de Fiduprevisora y Fiducoldex, integrantes del Consorcio SAYP 2011, y confirmará
la decisión que negó las pretensiones, al ajustarse las resoluciones de la
Superintendencia Nacional de Salud al ordenamiento jurídico.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. La Caja de Compensación Familiar de Antioquia (en adelante, COMFAMA)
presentó demanda el 14 de diciembre de 2017 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa en contra de la
Superintendencia Nacional de Salud, Fiduciaria La Previsora S.A. (en adelante,
Fiduprevisora S.A.), Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (en adelante,
Fiducoldex) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (en adelante, ADRES), de acuerdo con las siguientes pretensiones:
PRIMERA. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos por
el CONSORCIO SAYP 2011 y la SUPERINTENDENCIA en el marco del
Procedimiento de Reintegro adelantado en contra de COMFAMA.
1.1. Oficio SLD 22037-15 del CONSORCIO SAYP 2011, por medio del cual
ordenó a CONFAMA (sic) presentar aclaraciones sobre valores involucrados en la
Auditoria del pago de la UPC del régimen subsidiado del Sistema General de
Seguridad Social en Salud por posible apropiación o reconocimiento sin justa causa.
1.2. Oficio SLD-38599-15 del CONSORCIO SAYP 2011, por medio del cual rindió
el Informe de Cierre de la Auditoria y se establecieron las sumas presuntamente
adeudadas por COMFAMA, tanto por los valores involucrados en dicha auditoria como
por concepto de intereses moratorios con corte al 31 de diciembre de 2015.
1.3. Oficio SLD-13747-16 del CONSORCIO SAYP 2011, por medio del cual
ratificó la decisión de cobro de intereses moratorios a COMFAMA.
1.4. Resolución No. 000170 del 27 de enero de 2017 expedida por la
SUPERINTENDENCIA, por medio de la cual ordenó a COMFAMA reintegrar al
FOSYGA la suma de $1.911.903.649,93 por concepto de intereses moratorios.
1.5. Resolución No. 001672 del 1 de junio de 2017 expedida por la
SUPERINTENDENCIA, por medio de la cual resolvió el recurso de reposición
interpuesto por COMFAMA en contra de la Resolución No. 000170 del 27 de enero de
2017, confirmándola íntegramente.
PRIMERA SUBSIDIARIA. En el evento en que se considere que los Oficios SLD-
22037-15. SLD-38599-15 y SLD-13747-16 del CONSORCIO SAYP 2011 no
constituyen actos administrativos, solicito se declare que el CONSORCIO SAYP 2011
incurrió en vía de hecho, controlable mediante el medio de control de reparación
directa, en el trámite del Procedimiento de Reintegro adelantado en contra de
COMFAMA.
SEGUNDA. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho y reparación del daño causado por los actos
demandados, se declare que COMFAMA no está obligada a restituir al FOSYGA las
sumas de dinero establecidas en la Resolución No. 000170 del 27 de enero de 2017,
confirmada íntegramente mediante Resolución No. 001672 del 1 de junio de 2017.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
TERCERA. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de
restablecimiento del derecho y reparación del daño causado por los actos
demandados, se ordene a la ADRES, o cualquiera fuese la entidad que para la fecha
de la sentencia administrare los recursos del FOSYGA, restituir a COMFAMA la suma
de $1.911.903.649,93 pagada por ésta en virtud de los actos demandados.
TERCERA SUBSIDIARIA. En el evento en que se considere improcedente como
medida de restablecimiento del derecho y reparación del daño causado por los actos
demandados la restitución de la suma $1.911.903.649,93 con cargo a los recursos del
FOSYGA, solicito se condene solidariamente a las sociedades integrantes del
CONSORCIO SAYP 2011 y a la SUPERINTENDENCIA, como artífices de los actos
demandados, al pago de esta suma de dinero, con cargo a su propio patrimonio, a
favor de COMFAMA.
CUARTA. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene
solidariamente a título de perjuicios a la SUPERINTENDENCIA y a las sociedades
integrantes del CONSORCIO SAYP 2011, con cargo a su propio patrimonio y como
artífices de los actos demandados, al pago de intereses comerciales a la tasa máxima
permitida por la ley, liquidados desde el momento en que COMFAMA pagó la suma
señalada en la pretensión TERCERA, hasta la fecha en que se haga efectivo el pago
a mi representada.
CUARTA SUBSIDIARIA. En el evento en que se considere improcedente el pago de
intereses comerciales a la tasa máxima permitida por la ley, solicito se condene a la
SUPERINTENDENCIA y a las sociedades integrantes del CONSORCIO SAYP 2011
al pago de la corrección o indexación monetaria más los intereses legales
correspondientes, sobre la suma señalada en la pretensión TERCERA, liquidados
desde el momento en que COMFAMA pagó dicho valor, hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago a mi representada.
QUINTA. Para el cumplimiento de la sentencia se tenga en cuenta lo establecido en
los artículos 192 y 195 del CPACA.
SEXTA. Se condene en costas a la SUPERINTENDENCIA y a las sociedades
integrantes del CONSORCIO SAYP 2011 (…)3 (negrillas del original).
2. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:
2.1. El Fondo de Solidaridad y Garantía (en adelante, FOSYGA), creado por la Ley
100 de 1993, fue una cuenta especial adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social sin personería jurídica y administrada por encargo fiduciario, destinada a la
administración de recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en particular los correspondientes al régimen subsidiado.
2.2. En desarrollo de esa función, el FOSYGA reconocía y giraba la Unidad de Pago
por Capitación del régimen subsidiado (en adelante, UPC-S) con base en la
información de afiliados reportada a la Base de Datos Única de Afiliados (en adelante,
BDUA).
2.3. Mediante Resolución No. 223 de 1993, la Superintendencia Nacional de Salud
autorizó a COMFAMA para operar como entidad administradora del régimen
subsidiado, función que desempeñó directamente y, posteriormente, a través de
Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S., aprobada en 2013.
3 Folios 22 a 24 del cuaderno 1.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
2.4. En ejercicio de sus funciones, COMFAMA administró recursos del régimen
subsidiado y reportó la información de los afiliados a BDUA, la cual constituía el
insumo para el reconocimiento y giro de la UPC-S.
2.5. En el año 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social celebró con el
CONSORCIO SAYP 2011 un contrato de encargo fiduciario para la administración
de los recursos del FOSYGA, así como para llevar a cabo auditorías y procesos de
verificación sobre el uso de dichos recursos.
2.6. Mediante comunicación SLD-22037-15 del 14 de agosto de 2015, el Consorcio
SAYP 2011 remitió a COMFAMA los hallazgos de la auditoría ARS001, en los que
advirtió una posible apropiación o reconocimiento sin justa causa de recursos de la
UPC-S, correspondientes al período de abril de 2011–abril de 2013, por valor de
$2.135.761.295,45, e indicó que debían liquidarse los intereses moratorios hasta la
fecha del reintegro.
2.7. El 17 de diciembre de 2015, COMFAMA controvirtió los hallazgos formulados,
indicando que actuó con la debida diligencia y que las inconsistencias advertidas
obedecían a deficiencias estructurales del sistema de información y a circunstancias
ajenas a su control.
2.8. El 1 de febrero de 2016, COMFAMA consignó a órdenes del Consorcio SAYP
2011 la suma de dos mil ciento treinta y cuatro millones setecientos noventa y ocho
mil cuatro pesos ($2.134.798.004), correspondiente al capital de los recursos
cuestionados, manifestando su desacuerdo por el cobro de intereses moratorios.
2.9. Mediante Oficio SLD-38599-15 del 1 de marzo de 2016, el Consorcio SAYP 2011
remitió a COMFAMA el informe de cierre de la auditoria ARS001, en el cual se
confirmó el reintegro de los recursos y se concluyó que procedía el cobro de intereses
moratorios por reconocimiento sin justa causa.
2.10. En el Oficio SLD-13747-16, el Consorcio SAYP 2011 ratificó a COMFAMA la
decisión de cobrar intereses moratorios, calculados conforme a la tasa aplicable a
los tributos administrados por la DIAN.
2.11. Con fundamento en el informe de cierre, la Superintendencia Nacional de Salud
expidió la Resolución No. 000170 del 27 de enero de 2017, mediante la cual ordenó
a COMFAMA reintegrar mil novecientos once millones novecientos tres mil
seiscientos cuarenta y nueve pesos ($1.911.903.649) por concepto de intereses
moratorios. Esa decisión fue confirmada mediante la Resolución No. 001672 del 1.º
de junio de 2017.
2.12. El 20 de junio de 2017, COMFAMA efectuó el pago ordenado por concepto de
intereses moratorios, dejando expresa constancia de su inconformidad.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
2.13. La demandante sostiene que los actos administrativos demandados son nulos
por cuanto: (i) vulneraron el derecho fundamental al debido proceso; (ii)
transgredieron las normas que regulan el procedimiento administrativo previstas en
el CPACA; (iii) interpretaron de manera errónea la naturaleza y finalidad de los
intereses moratorios; (iv) inaplicaron el último enunciado normativo del inciso final
del artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002 y (v) falta de motivación.
B. Posición de la parte demandada
3. La Fiduprevisora S.A. y Fiducoldex4, en su condición de integrantes del Consorcio
SAYP 2011, presentaron de manera conjunta la contestación de demanda y se
opusieron a las pretensiones formuladas. Como argumentos indicaron que:
3.1. No existe falla del servicio, daño antijurídico ni nexo causal imputable a su
conducta, toda vez que obraron conforme a las instrucciones legales y contractuales
impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y dentro del marco normativo
que regula la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
3.2. Las actuaciones realizadas se encuentran amparadas por la presunción de
legalidad, no configuran desviación de poder ni falsa motivación y se soportan en
auditorías y procedimientos técnicamente estructurados.
3.3. Propusieron como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto su actuación se limitó a la ejecución del contrato de encargo fiduciario
celebrado para la administración de los recursos del FOSYGA, sin ostentar
competencias decisorias en materia de inspección, vigilancia, control o definición de
reintegros, funciones que corresponden exclusivamente a la autoridad administrativa
competente.
4.La Superintendencia Nacional de Salud5 se opuso a las pretensiones de la
demanda, con fundamento en lo siguiente:
4.1. Los actos administrativos acusados se encuentran amparados por la presunción
de legalidad y fueron expedidos con plena observancia del marco normativo
aplicable. No se configura ninguna de las causales de nulidad, pues no existió
violación de normas superiores, falsa motivación, desviación de poder ni vulneración
del derecho de defensa, dado que la demandante participó en el trámite
administrativo y ejerció los recursos procedentes.
4.2. Actuó dentro de sus competencias constitucionales y legales de inspección,
vigilancia y control sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en
4 Folios 271 a 296 del cuaderno 2.
5 Folios 370 a 378 del cuaderno 2.
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Salud, en particular frente al reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa
causa, conforme al Decreto 1281 de 2002.
4.3. Las resoluciones demandadas se encuentran debidamente motivadas, se apoyan
en hallazgos técnicos y auditorías válidamente practicadas.
4.4. Propuso como excepción la indebida acumulación de pretensiones, por cuanto la
parte actora pretende la reparación de los mismos perjuicios tanto por la vía de la
nulidad y restablecimiento del derecho como mediante la reparación directa, lo cual
evidencia confusión en la causa petendi.
5. La ADRES6 se opuso a las pretensiones y manifestó que actuó dentro de sus
competencias y en aplicación de la normativa que regula la liquidación de afiliados,
la auditoría y el reconocimiento de la UPC-S, por lo que los actos administrativos
demandados se encuentran amparados por la presunción de legalidad. De igual
forma, indicó que cualquier afectación económica alegada por la parte actora tiene
su origen en las inconsistencias de la información reportada por la propia EPS, a
quien el ordenamiento jurídico le impone la carga de suministrar datos veraces y
debidamente depurados, circunstancia que configura la excepción de culpa exclusiva
de la víctima.
C. Sentencia recurrida
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, en sentencia del
30 de julio de 2024, adoptó las siguientes decisiones7:
6.1. Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de Fiduprevisora y
Fiducoldex, integrantes del Consorcio SAYP 2011, porque no expidieron ni
intervinieron en los actos administrativos, mediante los cuales se ordenó a
COMFAMA reintegrar la suma de mil novecientos once millones novecientos tres mil
seiscientos cuarenta y nueve pesos ($1.911.903.649) por concepto de intereses
moratorios.
6.2. Se inhibió de pronunciarse respecto de los oficios SLD-22037-15, SLD-38599-15
y SLD-13747-16, expedidos por el Consorcio SAYP 2011, por tratarse de actos de
trámite no susceptibles de control judicial, razón por la cual declaró probada la
excepción de inepta demanda frente a estos.
6.3. Negó las pretensiones de la demanda, por cuanto el trámite adelantado por la
Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos de la auditoria del
Régimen Subsidiado ARS001 se ajustó a lo dispuesto en el Decreto Ley 1281 de
2002 y en la Resolución No. 3361 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección
Social, normas aplicables a los eventos de apropiación de recursos del Sistema
6 Folios 384 a 401 del cuaderno 2.
7 Índice 108 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
General de Seguridad Social en Salud sin justa causa, y garantizó el debido proceso
de la EPS.
6.4. De igual manera, el tribunal concluyó que la Resolución No. 000170 del 27 de
enero de 2017, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y la Resolución
No. 001672 del 1 de junio de 2017, que la confirmó, se ajustaron a las normas
constitucionales y legales, y estuvieron debidamente motivadas, con fundamento en
los resultados técnicos de la auditoría, en la información reportada a la BDUA, así
como en el análisis de los argumentos y pruebas aportados por COMFAMA.
6.5. Finalmente, precisó que la liquidación de los intereses moratorios se efectuó
conforme al marco normativo vigente, sin que la invocada buena fe del administrado
excluyera su causación, máxime cuando la EPS aceptó las inconsistencias
advertidas y procedió al reintegro del capital correspondiente.
D. Recurso de apelación
7. La parte demandante solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia
con fundamento en los siguientes reparos8:
7.1. La decisión de primera instancia incurrió en error al calificar los oficios expedidos
por el Consorcio SAYP 2011 como meros actos de trámite, pues estos adoptaron
decisiones definitivas dentro del procedimiento de reintegro, lo que los hacía
susceptibles de control judicial. Esta inhibición impidió el examen integral de la
legalidad del procedimiento y trasladó sin control los vicios de tales actuaciones a las
resoluciones de la Superintendencia Nacional de Salud.
7.2. No se realizó una adecuada valoración de las pruebas que acreditaba la diligencia
de COMFAMA en el manejo de la información de afiliados y en la prevención de
reconocimientos indebidos.
7.3. Se desconoció que los intereses moratorios previstos en el Decreto Ley 1281 de
2002 tienen naturaleza sancionatoria y exigen la acreditación de una conducta
negligente por parte del administrado, carga que corresponde a la Administración y
que no fue satisfecha en el caso concreto.
II. CONSIDERACIONES
E. Aspectos procesales
8. En la demanda se solicita la nulidad de las de las Resoluciones No. 000170 de
2017 y No. 001672 de 2017, mediante las cuales la Superintendencia Nacional de
Salud ordenó y confirmó respectivamente, el pago de intereses moratorios por la
apropiación sin justa casa de recursos del sector salud; así como de los Oficios SLD-
8 Índice 110 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
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22037-15, SLD-38599-15 y SLD-13747-16 proferidos por el Consorcio SAYP 2011
que sirvieron de fundamento a esas decisiones.
8.1. Conforme al Decreto Ley 1281 de 2002 y a la Resolución 3361 de 2013 del
Ministerio de Salud y Protección Social, normativa a la que se hará referencia más
adelante, el procedimiento de reintegro de recursos apropiados sin justa causa se
estructura en dos etapas: (i) una primera, a cargo del administrador fiduciario del
FOSYGA, quien debe requerir las aclaraciones o el reintegro de los recursos y, de
no atenderse el requerimiento, informar a la Superintendencia Nacional de Salud; y
(ii) una segunda, a cargo de esta última autoridad, que ordena el reintegro inmediato
de los recursos.
8.2. La Sala considera que los Oficios SLD-22037-15, SLD-38599-15 y SLD-13747-
16, proferidos por el Consorcio SAYP 2011, no constituyen actos administrativos
susceptibles de control judicial, toda vez que, en el caso concreto, la decisión
definitiva relativa al cobro de intereses moratorios fue adoptada por la
Superintendencia Nacional de Salud y no por el administrador fiduciario. En
consecuencia, estos oficios no resolvieron el fondo del asunto ni pusieron fin a la
actuación administrativa de reintegro de los intereses moratorios causados.
8.3. En efecto, la EPS no aceptó la liquidación efectuada por el administrador
fiduciario, lo que condujo a que este informara de manera inmediata, y con las
pruebas correspondientes, a la Superintendencia Nacional de Salud, autoridad que,
en ejercicio de sus competencias legales, adoptó la decisión final y ordenó el
reintegro inmediato de esos recursos, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1281 de
2002 y en la Resolución 3361 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.
8.4. En este sentido, si bien los oficios del Consorcio contenían valoraciones técnicas
y liquidaron los valores a reintegrar, tales actuaciones no pusieron fin al
procedimiento ni definieron la situación jurídica de la demandante respecto de los
intereses moratorios causados, cuya restitución se pretende en este proceso.
8.5.En consecuencia, la Sala precisa que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho únicamente procede contra actos administrativos
definitivos, los cuales, de conformidad con el artículo 43 del CPACA, son aquellos
que deciden de manera directa o indirecta el fondo del asunto o que hacen imposible
la continuación de la actuación administrativa.
8.6. Un acto administrativo definitivo de carácter particular es la manifestación de
voluntad de la administración que produce efectos jurídicos, en tanto crea, reconoce,
modifica o extingue situaciones jurídicas. Por el contrario, los actos de trámite no
deciden el fondo del asunto ni ponen fin a la actuación administrativa, sino que sirven
como instrumentos preparatorios para la adopción de la decisión definitiva9.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 15 de octubre de 2019, radicado 25000-23-
42-000-2017-01441-01, CP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
8.7. Así las cosas, la Sala concluye que al tratarse de actos de trámite y no definitivos,
los Oficios proferidos por Consorcio SAYP 2011 no son susceptibles de control
judicial. Distinta naturaleza jurídica tiene la Resolución No. 000170 del 27 de enero
de 2017, mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el reintegro
y el pago de los intereses moratorios, y la Resolución No. 001672 del 1 de junio de
2017, que la confirmó, en la medida en que constituyen actos administrativos
definitivos que determinaron la situación jurídica de la EPS demandante, razón por
la cual sí son susceptibles de control de legalidad.
9. La demandante formuló, como pretensión subsidiaria, que, en el evento de
considerarse que los Oficios SLD-22037-15, SLD-38599-15 y SLD-13747-16
expedidos por el CONSORCIO SAYP 2011 no constituyen actos administrativos, se
declare que tales actuaciones del administrador fiduciario configuraron una vía de
hecho, por cuanto se ordenó el cobro y pago de intereses moratorios sin que se
configuraran los supuestos fácticos y jurídicos exigidos en el artículo 3 del Decreto-
ley 1281 de 2002.
9.1. Al respecto, la Sala precisa que, si bien las acciones de reparación directa y de
nulidad y restablecimiento del derecho comparten una naturaleza indemnizatoria,
difieren en cuanto a la fuente que genera el daño. Por lo tanto, si lo que se pretende
controvertir es la legalidad de un acto administrativo y que se le restituya las sumas
pagadas en virtud de este, la acción procedente es la nulidad y el restablecimiento
del derecho y no la reparación directa, que tiene lugar cuando la fuente del daño es
un hecho, omisión u operación administrativa.
9.2. En ese orden de ideas, dado que la controversia planteada se dirige a cuestionar
la legalidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia Nacional
de Salud, no resulta procedente acudir al medio de control de reparación directa para
obtener la indemnización de perjuicios que se derivan de tales actos, mientras estos
no hayan sido anulados por la jurisdicción.
10. La Sala se pronunciará de fondo, porque la demanda se presentó dentro del
término de cuatro (4) meses establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164
del CPACA10.
10.1. Comoquiera que lo pretendido a título de restablecimiento del derecho fue
definido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución No.
001672 del 1 de junio de 2017, que confirmó la Resolución 000170 del 27 de enero
de 2017, la Sala considera que el término de caducidad debe contarse a partir de la
notificación de aquella decisión, en cuanto puso fin a la actuación administrativa.
10 “Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del
término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones
legales”.
9
Radicado: 05001-23-33-000-2018-00212-01 (72385)
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
La Resolución No. 001672 del 1 de junio de 2017, expedida por la
10.2.
Superintendencia Nacional de Salud, fue notificada el 12 de junio de 2017 11.
10.3. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 21 de septiembre de 2017 12,
esto es, faltando veintidós (22) días para que operara la caducidad de la acción, y se
declaró fallida el 28 de noviembre de 201713.
10.4. Como la demanda fue radicada el 14 de diciembre de 2017, la Sala concluye que
fue presentada dentro del término de cuatro (4) meses establecidos en la ley.
F. Sentido de la decisión
11. La Sala modificará parcialmente la decisión de primera instancia. Si bien
confirmará la decisión que negó las pretensiones, revocará lo decidido en relación
con la falta de legitimación en la causa por pasiva de Fiduprevisora y Fiducoldex,
integrantes del Consorcio SAYP 2011, con fundamento en lo siguiente:
11.1.Contrario a lo concluido por el Tribunal, la Fiduprevisora y Fiducoldex,
integrantes del Consorcio SAYP 2011, se encuentran legitimadas en la causa por
pasiva, en tanto intervinieron en el procedimiento administrativo cuestionado, en
desarrollo de las funciones asumidas en virtud del contrato de encargo fiduciario, lo
que evidencia su vinculación material con los hechos objeto de controversia. El hecho
de que los oficios SLD-22037-15, SLD-38599-15 y SLD-13747-16 no constituyan
actos administrativos susceptibles de control judicial no desvirtúa dicha legitimación,
pues su actuación hizo parte de las actuaciones previas que sirvieron de fundamento
para la expedición de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia
Nacional de Salud.
11.2. Se niegan las pretensiones de la demanda porque las Resoluciones No. 000170
del 27 de enero de 2017 y No. 001672 del 1 de junio de 2017, expedidas por la
Superintendencia Nacional de Salud, se ajustan al ordenamiento jurídico, en la
medida en que el procedimiento de reintegro tramitado con ocasión de la auditoria
del Régimen Subsidiado ARS001 garantizó el debido proceso y se sustentó en
hallazgos que habilitaban el cobro de intereses moratorios conforme al Decreto Ley
1281 de 2002. Lo anterior habida cuenta de que el reconocimiento que se hizo en
favor de COMFAMA de recursos del Sistema General de Seguridad Social no tuvo
justa causa. En consecuencia, se niegan las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y se declara improcedente la pretensión de reparación
directa porque la controversia planteada se dirige a cuestionar la legalidad de los
actos administrativos expedidos por la Superintendencia Nacional de Salud.
11 CD que obra en el folio 383 del cuaderno 2.
12 Folios 78 a 80 del cuaderno 1.
13 Folio 80 del cuaderno 1.
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G. Plan de exposición
12. Lecorresponde a la Sala estudiar la legalidad de los actos administrativos
demandados, que fueron expedidos por la Superintendencia Nacional de Salud, y la
procedencia de la pretensión subsidiaria de reparación directa.
13. En la primera parte, la Sala expondrá el fundamento normativo y jurisprudencial
que rige el procedimiento de reintegro de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud apropiados o reconocidos sin justa causa en favor de una
EPS. En la segunda parte, se identificarán y valorarán las pruebas del caso concreto,
con el fin de examinar la legalidad de los actos administrativos demandados.
H. Fundamento normativo y jurisprudencial del procedimiento de reintegro de
recursos apropiados o reconocidos sin justa causa a favor de una EPS
14. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el
objeto de “regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso
en toda la población al servicio en todos los niveles de atención”14.
15. El FOSYGA integró el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en
condición de organismo de administración y financiación15. Conforme a la Ley 100
de 1993, el FOSYGA era una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección
Social que se administraba “por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta
de personal propia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto General de la
Contratación de la Administración Pública de que trata el artículo 150 de la
Constitución Política”16.
16. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, los recursos del FOSYGA, administrados por
las entidades fiduciarias, provenían de contribuciones parafiscales y de subsidios
financiados con recursos fiscales o de solidaridad, lo cual determinó su naturaleza
de públicos.
17. En relación con el reintegro de los recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud apropiados o reconocidos sin justa causa, el Decreto Ley 1281 de
200217 estableció un procedimiento orientado a garantizar la viabilidad financiera del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y, en consecuencia, la prestación
efectiva de los servicios a su cargo, así como a regular los eventos de apropiación o
retención indebida de sus recursos.
18. En particular, el artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002, vigente para la época
de expedición de los actos acusados, dispuso que, cuando se detecte la apropiación
de recursos del sistema sin justa causa, el administrador fiduciario debe requerir la
14 Artículo 152 de la Ley 100 de 1993.
15 Artículo 155, numeral 2 de la Ley 100 de 1993.
16 Artículo 218 de la Ley 100 de 1993.
17 “Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los
recursos del sector salud y su utilización en la prestación”.
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aclaración del hallazgo, remitir la información pertinente, analizar la respuesta
presentada y, de confirmarse la irregularidad, ordenar el reintegro de los recursos.
Además, la norma previó, que cuando la apropiación ocurra a pesar de la existencia
de herramientas de información o mecanismos de control, el reintegro debe
efectuarse con intereses liquidados a la tasa de interés moratorio aplicable a los
tributos administrados por la DIAN; y que, cuando la apropiación tenga lugar pese a
la diligencia del actor, o por circunstancias ajenas a su control, el reintegro procede
con la actualización correspondiente al índice de precios al consumidor.
El artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 200218, dispone que:
Artículo 3°. Reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa. Cuando
el administrador fiduciario del Fosyga o cualquier entidad o autoridad pública, en el
ejercicio de sus competencias o actividades como participante o actor en el flujo de
caja, detecte que se presentó apropiación sin justa causa de recursos del sector salud,
en los eventos que señale el reglamento, solicitará en forma inmediata las aclaraciones
respectivas o su reintegro, el cual procederá a más tardar dentro de los veinte días
hábiles siguientes a la comunicación del hecho. Cuando la situación no sea subsanada
o aclarada en el plazo señalado se informará de manera inmediata y con las pruebas
correspondientes a la Superintendencia Nacional de Salud quien ordenará el reintegro
inmediato de los recursos y adelantará las acciones que considere pertinentes.
Cuando la apropiación o reconocimiento a que alude este artículo sea evidenciada por
el actor que maneja los recursos, éste deberá reintegrarlos en el momento en que
detecte el hecho.
En el evento en que la apropiación o reconocimiento sin justa causa se haya producido
a pesar de contarse con las herramientas, información o instrumentos para evitarlo, los
recursos deberán reintegrarse junto con los respectivos intereses liquidados a la tasa
de interés moratorio establecida para los impuestos administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Cuando la apropiación se presente pese a la
diligencia del respectivo actor o por circunstancias que escaparon a su control, los
recursos deberán reintegrarse debidamente actualizados por el Índice de Precios al
Consumidor, IPC.
19. La Corte Constitucional, en la sentencia C – 607 de 2012, al examinar el alcance
del artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 2002, precisó que la ausencia de un
procedimiento detallado en dicha disposición sobre la etapa que se surte ante la
Superintendencia Nacional de Salud no implicaba la vulneración del debido proceso,
puesto que el ordenamiento jurídico debía interpretarse de manera sistemática. En
ese mismo sentido, la Corte resaltó que la norma garantiza el derecho de defensa,
al establecer que el administrador fiduciario del FOSYGA, o la autoridad competente,
debe conceder a la parte requerida un término de veinte (20) días para rendir
explicaciones y aportar las pruebas.
20. Adicionalmente, la Corte Constitucional indicó que dicho procedimiento resulta
aplicable no solo a las actuaciones realizadas ante la Superintendencia Nacional de
Salud, sino también a aquellas que se inician con el requerimiento formulado por el
administrador fiduciario del FOSYGA. En esa línea, reiteró que las actuaciones
desarrolladas en ejercicio del encargo fiduciario se encuentran sujetas al derecho
18 Este artículo fue modificado por el artículo 7 de la Ley 1949 de 2019.
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público, en la medida en que comportan el ejercicio de funciones administrativas
relacionadas con la gestión de recursos públicos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
21. Asílas cosas, el artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002 estableció un
procedimiento específico para el reintegro de recursos apropiados sin justa causa, el
cual se rige por las garantías del debido proceso. Esta regulación especial, sin
embargo, no excluye la aplicación de las disposiciones generales del CPACA.
22. De igual manera, en los artículos 119, 320 y 421 de la Resolución 1344 de 2012 del
Ministerio de Salud y Protección Social se estableció que las entidades promotoras
de salud de los regímenes contributivo y subsidiado se encuentran obligadas a
reportar la información de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En cumplimiento de esta obligación, deben garantizar la actualización de los datos
de los usuarios, asegurar su plena identificación mediante documento de identidad y
remitir la información correspondiente al administrador fiduciario de los recursos del
FOSYGA, para su incorporación en la BDUA.
23. En desarrollo del Decreto Ley 1281 de 2002, el Ministerio de Salud y Protección
Social expidió la Resolución 3361 de 2013, vigente para la época de los hechos,
mediante la cual fijó el procedimiento administrativo para el reintegro de los recursos
del FOSYGA apropiados o reconocidos sin justa causa, con el propósito de proteger
19 Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución tienen por
objeto establecer los datos mínimos de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, fijar
lineamientos de control aplicables al Régimen Contributivo, al Régimen Subsidiado, a los Regímenes Especiales
y de Excepción, a las entidades de Medicina Prepagada y Planes Adicionales de Salud, efectuando en lo
pertinente, modificaciones a la Base de Datos Única de Afiliados, BDUA.
Serán disposiciones de obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades Promotoras de Salud de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado, las Entidades Obligadas a Compensar (EOC), al Distrito Capital de Bogotá,
D. C., a los municipios, a los departamentos que tengan a su cargo corregimientos departamentales, a quienes
administren los regímenes especiales y de excepción del Sector Salud, a las Entidades de Medicina Prepagada
y a quienes administren pólizas o seguros de salud.
20
Artículo 3o. disposición de la información. Las entidades que administran las afiliaciones en los distintos
regímenes dispondrán en sus correspondientes bases de datos toda la información concerniente a la afiliación,
garantizando su disposición tanto a los titulares de la información como a las autoridades que en el marco de sus
competencias la requieran.
El administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, dispondrá copia de los
resultados de cada proceso de actualización en la Base de Datos Única de Afiliados, BDUA, a las entidades que
administran las afiliaciones de los distintos regímenes.
Parágrafo 1o. Para efectos del Régimen Subsidiado, el administrador fiduciario de los recursos del Fondo de
Solidaridad y Garantía, Fosyga, dispondrá copia de los resultados de cada proceso de actualización en la Base
de Datos Única de Afiliados, BDUA, a los departamentos, al Distrito Capital, a los municipios, al Inpec y a las
entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y elaborará de forma mensual, un archivo consolidado
de Régimen Subsidiado, en el que se incluirán las novedades actualizadas en la Base de Datos Única de
Afiliados, BDUA, y el cual deberá ser proporcionado por el mencionado administrador a cada entidad.
Adicionalmente, el administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga,
entregará mensualmente a este Ministerio las estadísticas con los resultados finales de la actualización de la
Base de Datos Única de Datos, BDUA (…).
21 Artículo 4o. entrega de novedades de actualización y/o corrección de información. Las entidades que
administran las afiliaciones en los distintos regímenes entregarán al administrador fiduciario de los recursos del
Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, las novedades de ingresos, y/o un archivo de novedades de
actualización y/o corrección de información y/o los archivos relacionados con el proceso de actualización de
novedades de traslados o movilidad por cada entidad obligada a reportar, en las estructuras definidas en el Anexo
Técnico que hace parte integral de la presente resolución (…).
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los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y asegurar su flujo
oportuno, sin afectar la prestación del servicio.
24. De acuerdo con los artículos 422 a 723 de la Resolución 3361 de 2013 del Ministerio
de Salud y Protección Social, el procedimiento inicia con la solicitud de aclaración
formulada por el administrador fiduciario dentro de los treinta (30) días siguientes a
la identificación del hecho. Frente a dicha solicitud, la persona natural o jurídica
requerida debe dar respuesta dentro del término otorgado o del plazo de ampliación
concedido. Una vez recibida la respuesta, la autoridad competente debe efectuar el
análisis correspondiente y, dentro de los dos (2) meses siguientes, determinar si
existió o no apropiación de recursos sin justa causa. De encontrarse configurada,
debe elaborar el informe que sustente el resultado del análisis y comunicarlo al
interesado.
25. En el marco del procedimiento de reintegro, la persona que acepte devolver los
recursos del sector salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la
recepción de la comunicación debe: (i) consignar al FOSYGA el valor
correspondiente, junto con los intereses moratorios o la actualización por IPC, según
el caso; (ii) autorizar los descuentos por otros conceptos a que haya lugar; y (iii)
solicitar o suscribir el respectivo acuerdo de pago.
22 Artículo 4. Solicitud de aclaración. El administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad y
Garantía - FOSYGA, o cualquier entidad o autoridad que en el ejercicio de sus competencias, obligaciones
contractuales o actividades, participe en el flujo de caja de los recursos del sector salud y establezca la posible
apropiación o el reconocimiento sin justa causa de los mismos, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
identificación del hecho, deberá:
1. Recopilar la información que soporte el hallazgo de la apropiación o el reconocimiento sin justa causa de los
recursos, para lo cual tendrá en cuenta los análisis técnicos y la normatividad vigente.
2. Remitir comunicación, en medio físico y magnético, a la persona natural o jurídica que presuntamente se
apropió o a quien se le haya reconocido sin justa causa recursos del sector salud, para que aclare la situación
evidenciada, la cual deberá contener:
2.1 Descripción de los hallazgos que configuran la presunta apropiación o el reconocimiento sin justa causa de
los recursos.
2.2 Copia de la información que soporta los hallazgos.
2.3 Especificación de la Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA y los conceptos que se
presumen resultaron afectados por la apropiación o el reconocimiento sin justa causa de los recursos.
2.4 El monto de los recursos involucrados.
2.5 Plazo otorgado para la respuesta, el cual no podrá exceder de dos (2) meses siguientes a la recepción de la
solicitud de aclaración, teniendo en cuenta el alcance, contenido y volumen de la información objeto de revisión.
23 Artículo 7. Elaboración de informe y comunicación del resultado. Durante el término de que trata el artículo 6
de la presente resolución, quien esté adelantando el procedimiento para determinar la apropiación o el
reconocimiento sin justa causa de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, elaborará un
informe en el que se plasmen las razones que sustentan el resultado del análisis, y finalizado el mismo, lo
comunicará a la entidad requerida en medio físico y magnético y al administrador fiduciario de los recursos del
FOSYGA, en caso de que éste no sea quien conozca el procedimiento.
Cuando se determine que existió apropiación o reconocimiento sin justa causa de recursos, la comunicación
contendrá como mínimo:
1. La solicitud de reintegrar los recursos junto con la liquidación de intereses de mora, dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, mencionando las opciones relacionadas en el artículo 9 de
la presente resolución.
2. El valor a reintegrar por concepto de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa.
3. La determinación de si las sumas adeudadas deben ser devueltas junto con los intereses de mora calculados
con base en la tasa de interés moratorio establecida para los impuestos administrados por la DIAN, o con la
actualización mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor-IPC.
4. La identificación de las Subcuentas del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA, a las cuales se deben
reintegrar los recursos.
Parágrafo. Si quien elabora el informe tiene la calidad de contratista del Ministerio de Salud y Protección Social,
el resultado del análisis deberá contar con el concepto previo de su respectivo interventor.
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26. El incumplimiento de los términos y condiciones previstos para la presentación de
aclaraciones o para el reintegro de los recursos, así como la falta de aceptación
expresa de las alternativas previstas en el artículo 924 de la Resolución 3361 de 2013
del Ministerio de Salud y Protección Social, da lugar al trámite señalado en el capítulo
IV de dicha normativa. Este procedimiento dispone que, cuando no se atiende al
requerimiento, las aclaraciones resultan insuficientes o se incumplen las
modalidades o los plazos de reintegro, la autoridad competente debe remitir a la
Superintendencia Nacional de Salud la documentación que soporta el hallazgo y que
está relacionada en el artículo 16 de esta Resolución, para que lleve a cabo las
actuaciones orientadas al reintegro de los recursos del FOSYGA.
I. Legalidad de los actos administrativos expedidos en el procedimiento de
reintegro de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
27. En primer término, la Sala advierte que, de conformidad con las normas que
regulan la materia, la fuente del daño cuya indemnización se reclama se origina en
los actos administrativos que ordenaron y confirmaron el “reintegro” de los intereses
moratorios calculados con base en la tasa establecida para los impuestos
administrados por la DIAN, con corte al 31 de marzo de 2016, los cuales pusieron fin
al procedimiento administrativo regulado en el Decreto Ley 1281 de 2002 y en la
Resolución No. 3361 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. En
consecuencia, se procederá a examinar tales decisiones, conforme al marco
normativo aplicable y a las pruebas recaudadas en el proceso.
28. De conformidad con el Decreto Ley 1281 de 2002 y desarrollado por la Resolución
No. 3361 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social, la Sala advierte que el
procedimiento de reintegro de recursos reconocidos sin justa causa se surte en dos
etapas: (i) una preparatoria a cargo del administrador fiduciario de los recursos del
FOSYGA y, (ii) otra decisoria, atribuida de manera exclusiva a la Superintendencia
Nacional de Salud.
24 Artículo 9. Reintegro de los recursos apropiados o reconocidos sin justa causa al Fondo de Solidaridad y
Garantía - FOSYGA. La persona natural o jurídica requerida que acepte reintegrar los recursos del sector salud
apropiados o reconocidos sin justa causa, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación de que trata el artículo 7 de la presente resolución, deberá adoptar alguna de las siguientes
opciones:
1. Consignar en la Subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA, que corresponda, el o los montos
a reintegrar, junto con la liquidación de intereses de mora calculados con base en la tasa de interés moratorio
establecida para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, o con
la actualización de los mismos mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor - IPC, según
corresponda, desde el momento en que existió la apropiación sin justa causa o el giro indebido de recursos, hasta
el día en el que realizó el reintegro de los recursos. 2. Autorizar el descuento de las sumas a reintegrar, de los
dineros que se le llegaren a reconocer por: a. El proceso de giro y compensación
b. El pago de solicitudes de recobro por tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios
c. La liquidación mensual de afiliados, o
d. Cualquier otro título.
3. Solicitar y suscribir un acuerdo de pago en los términos señalados en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la presente
resolución, cuando éste proceda. Parágrafo. En el evento en que se autorice el descuento de los conceptos
mencionados en el numeral 2 del presente artículo, se causarán los intereses de mora de conformidad con lo
previsto en el artículo 4 del Decreto - Ley 1281 de 2002.
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29. En este sentido, se advierte que las actuaciones llevadas a cabo por el Consorcio
SAYP 2011, incluidos los Oficios SLD – 22037-15, SLD-38599-15 y SLD-13747-16,
corresponden a la fase inicial del procedimiento según lo contemplado en la
Resolución No. 3361 de 2013, cuyo objeto era identificar hallazgos, solicitar
aclaraciones, valorar la información aportada por COMFAMA y consolidar un informe
técnico que, en caso de no lograrse la correspondiente aclaración o el reintegro
voluntario, debía remitirse a la autoridad competente para que adoptara la decisión
definitiva, lo cual ocurrió en el presente caso respecto del pago de intereses
moratorios.
30.Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus
competencias legales, expidió las Resoluciones No. 000170 del 27 de enero de 2017
y No. 001672 del 1 de junio de 2017, mediante las cuales ordenó y confirmó,
respectivamente, el pago de intereses moratorios.
31.En relación con el procedimiento de reintegro de recursos del Sistema de
Seguridad Social en Salud llevado a cabo contra COMFAMA, la Sala encuentra
acreditado lo siguiente:
31.1. ElMinisterio de Salud y Protección Social y el Consorcio SAYP de 2011
suscribieron un contrato de Encargo Fiduciario No. 467 de 23 de septiembre de
201125, cuyo objeto26 consistió en la administración y operación de determinados
procesos asociados a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en especial aquellos relacionados con la BDUA y con los procedimientos de
auditoría del régimen subsidiado.
31.2. Mediante el Oficio No. 201533200849391 del 14 de junio de 2015, el Ministerio
de Salud y Protección Social ordenó al Consorcio SAYP 2011 iniciar las auditorías a
los pagos de la UPC efectuados en el proceso de Liquidación Mensual de Afiliados
(LMA) del régimen subsidiado, correspondientes a los períodos comprendidos a
partir del mes de abril de 2011 y el mes de junio de 201527.
31.3. El Consorcio SAYP 2011 emitió el Oficio SLD-22037-15 del 14 de agosto de
201428, en el que informó a COMFAMA los hallazgos de la auditoría, la identificación
de afiliados no válidos y los valores de la UPC reconocidos sin justa causa, así como
el monto del capital sujeto a reintegro al FOSYGA, con fundamento en cruces de
información efectuados con la BDUA, el Registro Único de Afiliados (RUAF), la
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y demás bases oficiales.
25 Folios 81 a 98 del cuaderno 1.
26 “CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. – EL CONSORCIO se compromete a realizar el recaudo, administración y
pago de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA- del Sistema General de Seguridad Social
en Salud en los términos establecidos en las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011, en especial en
los artículos 167, 205 y 218 a 224 de la Ley 100 de 1993, los Decretos 1283 de 1996, 1281 de 2002, 050 de
2003, 2280 de 2004, 3990 de 2007, lo señalado por la Comisión de Regulación en Salud y el Ministerio de
Protección Social o quien haga sus veces, y demás normas y reglamentos que las complementen, adicionen,
modifiquen o sustituyan, que cumpla con las exigencias técnicas, jurídicas y económicas definidas en el Pliego
de Condiciones y en la propuesta presentada por el contratista” (folio 83 del cuaderno 1).
27 Folio 156 del cuaderno 1.
28 Folio 54 a 62 del cuaderno 1.
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31.4. En la anterior comunicación, el Consorcio indicó que los hallazgos identificados
en el proceso de auditoría correspondían a 61.712 registros, por un valor total de dos
mil ciento treinta y cinco millones setecientos sesenta y un mil doscientos noventa y
cinco pesos con cuarenta y cinco centavos ($2.135.761.295,45), y concedió a la EPS
auditada un término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la recepción
del oficio, para que presentara las aclaraciones y explicaciones pertinentes.
31.5 La EPS COMFAMA mediante comunicación 15805000 – 221208 del 17 de
diciembre de 201529, atendió el requerimiento formulado por el Consorcio SAYP 2011
e informó que, tras efectuar la validación de la totalidad de los registros auditados,
los hallazgos no se reflejaban en su base de datos ni en la consolidada y
administrada por el administrador fiduciario del FOSYGA durante el período auditado.
Indicó que el hallazgo inicial ascendía a la suma de dos mil ciento treinta y cinco
millones setecientos sesenta y un mil doscientos noventa y cinco pesos con cuarenta
y cinco centavos ($2.135.761.295,45), de los cuales un millón ciento sesenta y tres
mil doscientos noventa y un pesos con trece centavos ($1.163.291,13) fueron
aclarados como restituciones aplicadas en las Liquidaciones Mensuales de Afiliados
(LMA) de julio a noviembre de 2015, quedando un valor a restituir de dos mil ciento
treinta y cuatro millones quinientos noventa y ocho mil cuatro pesos con treinta y dos
centavos ($2.134.598.004,32).
31.6. Asimismo, solicitó el reconocimiento de la buena fe en sus actuaciones de
reporte y cruce de información de afiliados en la BDUA y que se dispusiera la
devolución de los recursos establecidos en la Auditoría ARS001, únicamente con
actualización monetaria conforme al IPC, en los términos del artículo 9 de la
Resolución 3361 de 2013, a las subcuentas del FOSYGA correspondientes.
31.7. Mediante el Oficio SLD-38599-15, el Consorcio SAYP 201130 le comunicó a la
COMFAMA los resultados definitivos de la auditoría ARS001 y los valores de UPC,
determinados como reconocidos sin justa causa, que debían ser objeto de reintegro
al FOSYGA, incluyendo los intereses moratorios calculados con base a la tasa de
interés moratorio establecida por la DIAN, correspondiente al período comprendido
entre el 1 de abril de 2011 y el 30 de abril de 2013.
31.8. En este informe se confirmaron para restitución 61.676 registros, por un valor de
dos mil ciento treinta y cuatro millones seiscientos diecinueve mil veintinueve pesos
con veinte centavos ($2.134.619.029,20), y se calcularon intereses moratorios, con
corte al 31 de diciembre de 2015, por la suma de dos mil doscientos once millones
ciento setenta y tres mil setecientos noventa y tres pesos con ocho centavos
($2.211.173.793,08). También se indicó a la entidad auditada que disponía de un
plazo de veinte (20) días hábiles para seleccionar una de las opciones de reintegro
previstas en el artículo 9 de la Resolución 3361 de 2013.
29 Folios 108 a 111 del cuaderno 1.
30 Folios 73 a 86 del cuaderno 1.
17
Radicado: 05001-23-33-000-2018-00212-01 (72385)
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
31.9. En el Oficio SLD-13747-16, el Consorcio SAYP 201131 le contestó a COMFAMA
que la exclusión de intereses moratorios no era procedente, dado que la Auditoría
ARS001 se encontraba sustentada en la información oficial de los procesos de
Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) y de la BDUA, a la cual la EPS tenía acceso
permanente. De igual manera, dispuso que la consignación efectuada por trescientos
diecisiete millones noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con
ochenta centavos ($317.096.455,80), correspondiente a la actualización monetaria
(IPC), sería imputada como abono al valor exigido en el informe de cierre SLD-38599-
15. Textualmente, se cita lo pertinente de la comunicación:
(…) En atención a su comunicación radicada en el Consorcio SAYP 2011 el 04 de abril
de 2016 mediante No. 370899, en la cual presenta los argumentos por los cuales
realizó la consignación del reconocimiento de la actualización monetaria por (IPC)
sobre los valores involucrados en la auditoria ARS001 y no de los intereses moratorios
(DIAN) solicitados en el informe de cierre SLD-38599- 15 recibido en la EPS el 01 de
marzo de 2016, me permito realizar las siguientes aclaraciones:
Respecto a que la EPS no cuenta con la información consolidada de la LMA, es preciso
señalar que los registros enviados en la auditoria corresponden a información que
reposa en las tablas de referencia autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección
Social, así como de los afiliados que se encuentran pagos en los procesos de LMA
pertenecientes al Régimen Subsidiado (HAPS), es decir información precisa, segura y
confiable para el tema de auditorias, resultado que previamente fue conocido por la
EPS por cuanto mensualmente ha sido publicada en el SFTP los registros glosados y
los archivos de la liquidación de cada proceso de LMA, información a la cual puede
acceder la EPS con el usuario y clave asignados.
Las EPS han tenido conocimiento de la información generada en cada uno de los
procesos de LMA hasta un año hacia atrás, la cual es publicada en el SFTP después
del pago de la Liquidación Mensual de Afiliados de cada uno de los procesos, así
mismo ha tenido disponible el SFTP de BDUA, los diferentes archivos generados
semanal o mensualmente en los procesos de BDUA; por lo tanto, la EPS ha contado
con las herramientas suficientes para efectuar el análisis de los resultados obtenidos
en la Auditoria del Régimen Subsidiado (…).
31.10. Mediante la Resolución No. 000170 del 27 de enero de 2017 32, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó a COMFAMA reintegrar al FOSYGA los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, reconocidos y pagados
sin justa causa, en el marco de los procesos de Liquidación Mensual de Afiliados
(LMA) del régimen subsidiado, por un valor total de un mil novecientos once millones
novecientos tres mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con noventa y tres centavos
($1.911.905.649,93), correspondiente a intereses moratorios liquidados hasta el 31
de marzo de 2016. Esta decisión se fundamenta en que:
(…) Los hallazgos de las auditorias fueron identificados como resultado de los cruces
de los registros de los afiliados que se encuentran pagos en los procesos LMA
pertenecientes al Régimen Subsidiado (HAPS), contra las tablas de referencia
autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, como son: Fallecidos –
RNEC, Duplicados BDUA, Afiliados ELM, Pensionados RUAF, Pensionados PILA, no
cruzan con RNEC, RUAF_ND. Casos especiales y Compensados HAC-Unificada 2280
y 4023, identificados cuales registros presentan un presunto pago sin justa causa de
UPC.
31 Folios 104 a 108 del cuaderno 1.
32 Folios 110 a 115 del cuaderno 1.
18
Radicado: 05001-23-33-000-2018-00212-01 (72385)
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
(…)
IV. CONSIDERACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
De conformidad con la verificación realizada por la Dirección de Inspección y Vigilancia
para Entidades del Orden Nacional de la Superintendencia Delegada para la
Supervisión Institucional de la información allegada por el Administrador Fiduciario –
Consorcio SAYP 2011, se evidencia que en el proceso de restitución de recursos del
FOSYGA adelantado por el Administrador Fiduciario, se cumplieron las etapas
establecidas en la Resolución 3361 de 2013.
En tal sentido, de acuerdo con la información remitida a esta Superintendencia y
radicada con NURC 1-2016-050583 el 15 de abril de 2016, por el Administrador
Fiduciario – Consorcio SAYP 2011 mediante comunicación JRD-1285-16 del 11 de
abril de 2016, se observa que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
ANTIOQUIA – CONFAMA (sic) adeuda al FOSYGA la suma de $1.894.077.337,28,
como resultado del proceso de auditoria ARS001, que comprende los períodos de abril
de 2011 a junio de 2015 (…).
No obstante, con ocasión de la expedición de la Ley 1797 del 13 de julio de 2016, de
acuerdo con las comunicaciones JRD-5152-16 y JRD-5380-16, el Consorcio SAYP
2011, en su calidad de Administrador Fiduciario del FOSYGA, informa que el valor que
debe ser objeto de orden de reintegro es la suma de UN MIL NOVECIENTOS ONCE
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUAREMNTA Y NUEVE
PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. ($1.911.903.649,93),
correspondientes al saldo por concepto de los intereses moratorios calculados por el
Consorcio SAYP con base en la tasa establecida para los impuestos administrados por
la DIAN, con corte al 31 de marzo de 2016.
En merito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
ANTIOQUIA -COMFAMA-, identificada con NIT 890.900.841-9, reintegrar al Fondo de
Solidaridad y Garantía – FOSYGA, la suma de UN MIL NOVECIENTOS ONCE
MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENA
Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($1.911.903.649,93), por las razones expuestas en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los recursos de que trata el artículo anterior, deberán ser
consignados a favor del Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA, en la cuenta (…),
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
(…).
31.11. Contra la anterior decisión, COMFAMA interpuso recurso de reposición33 en el
que sostuvo que: (i) los intereses moratorios solo debían liquidarse sobre el capital
efectivamente pendiente de reintegro; (ii) el trámite de reintegro no tiene naturaleza
sancionatoria, sino que corresponde a un procedimiento especial regulado por el
Decreto Ley 1281 de 2002, razón por la cual no resultaban aplicables las reglas
propias del derecho administrativo sancionador; y (iii) la actuación debía interpretarse
conforme al principio de buena fe. Adicionalmente, alegó la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso por la indebida valoración de las pruebas y
por la falta de respuesta a las solicitudes formuladas en el curso del trámite ante el
FOSYGA.
33 Folios 116 a 138 del cuaderno 1.
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31.12. Mediante Resolución No. 001672 del 1 de junio de 201734, la Superintendencia
Nacional de Salud confirmó la decisión de ordenar a COMFAMA el reintegro de los
recursos apropiados o reconocidos sin justa causa, al considerar que el trámite se
ajustó a la normatividad aplicable y que las actuaciones y decisiones adoptadas se
limitaron a la competencia que le fue legalmente atribuida. Así mismo, precisó que la
decisión recurrida se fundamentó en los hallazgos determinados en la Auditoria
ARS001 efectuada por el Consorcio SAYP 2011 y que, al tratarse de recursos
públicos, los intereses moratorios debían liquidarse conforme a la tasa fijada por la
DIAN. Puntualmente, indicó que:
(…) En este escenario es importante anotar que la solicitud de aclaraciones a las EPS
que remite el Administrador Fiduciario del FOSYGA o quien haga sus veces no se
formula en abstracto, sino que se hace adjuntando las evidencias (pruebas) que tiene
dicha entidad o autoridad y según las cuales se detectó una apropiación sin justa causa
de recursos del sector salud, precisamente con el propósito de que la referida las
conozca y pueda aportar elementos para desvirtuarlas si es el caso o reintegrar, si
considera que revisada la información remitida efectivamente los recursos fueron
apropiados o reconocidos sin justa causa.
Así, como es de conocimiento de la parte recurrente, la detección de la apropiación o
reconocimiento sin justa causa de los recursos del sector salud se hace a partir de las
auditorias periódicas que se efectúan remitiendo a la EPS adjunto con la solicitud de
aclaraciones, un archivo con la siguiente estructura, por cada uno de los registros que
se hayan identificado, especificando además la metodología empleada, los conceptos,
las causales de auditoria involucradas, el número de registros y el valor detallado de
los registros identificados; en dicho archivo también se le asigna a la EPS unos campos
editables que debe diligenciar, a efectos de dar respuesta a la solicitud de aclaraciones,
de manera que en ese mismo archivo una vez revisado cada registro, la entidad
requerida aclare o reintegre, según corresponda y además se le remite al instructivo
“Auditorias régimen subsidiado – Decreto 251 de 2015” y, una clave y usuario para que
acceda al SFTP.
(…)
Por tanto, una vez que el Administrador Fiduciario del FOSYGA o cualquier entidad o
autoridad pública que detectó la apropiación sin justa causa de recursos del sector
salud culmine la primera etapa y ante la renuencia del actor en reintegrar, aquel
“informará de manera inmediata y con las pruebas correspondientes a la
Superintendencia Nacional de Salud quien ordenará el reintegro inmediato de los
recursos y adelantará las acciones que considere pertinentes.
En consecuencia, la etapa probatoria tendiente a determinar la obligación (capital e
intereses) se surte por competencia, experticia, disponibilidad de la información y
porque así lo ordena el Legislador, ante el Administrador Fiduciario del FOSYGA o
quien haga sus veces. Si bien es posible en el trámite de los recursos adelantar cierta
actividad probatoria, en el presente caso, por tratarse de una orden de reintegro, tal
potestad no puede traducirse en una repetición los actos relacionados con la
determinación de la obligación que ya se estableció en la primera etapa y que esta
Superintendencia ordena cumplir, disponiendo el reintegro de una suma de dinero.
Efectuadas las anteriores precisiones, entra el Despacho a analizar las pruebas que
obran en el expediente y, además, las solicitadas por la parte recurrente, como se
sigue.
3.6. Respecto a las cuestiones establecidas en la primera etapa
Revisados los antecedentes del acto bajo revisión y con fundamento en las
actuaciones surtidas en la primera etapa de este Despacho encontró que: i)
CONFAMA (sic) incurrió en apropiación sin justa causa según se determinó en la
34 Folios 164 a 179 del cuaderno 1.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
Auditoria ARS001 por concepto de 61.676 registros cuya deuda cierta ascendió
a la suma de $2.134.619.029,20 correspondientes a capital $2.211.173.793,08
correspondientes a intereses con corte a 31 diciembre de 2015, para un total de
$4.345.792.822,28; ii) luego el informe de cierre, COMFAMA aceptó la apropiación
sin justa causa y procedió a reintegrar el capital (2.211.173.793,08) y una parte
de los intereses ($317.096.455,80) (fls. 214, 215 y 246, 247 y 250); iii) COMFAMA
dejó pendiente el reintegro de la suma de $1.911.903.6549,9 por concepto de
intereses con corte a 31 de marzo de 2016, causados por el capital apropiado o
reconocido sin justa causa.
Así las cosas, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Ley 1281 de 2002, el acto
expedido ordenó entonces el reintegro de los intereses causados por una suma
de dinero que, al haber sido percibida por el actor sin justa causa -tal como el
mismo actor lo aceptó y por tanto procedió a reintegrar el capital luego de
recibido el informe Final-, generó los correspondientes intereses liquidados a la
tasa de interés moratorio establecida para los impuestos administrados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, teniendo en cuenta
además que la detección de la apropiación sin justa causa se dio por la autoridad
o entidad competente.
En este sentido, el Consorcio SAYP 2011 señaló a COMFAMA con fundamento
en la reglamentación vigente, que debía restituir el capital junto con los intereses
liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los impuestos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa, al tratarse de recursos del Estado.
(…) (negrillas por fuera del texto original).
31.13. El 20 de junio de 2017, COMFAMA consignó a órdenes del CONSORCIO SAYP
2011 la suma de un mil novecientos once millones novecientos tres mil seiscientos
cincuenta pesos ($1.911.903.650) por concepto de intereses moratorios35, conforme
a lo dispuesto en la Resolución No. 000170 de 2017, expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud.
32. El 7 de febrero de 202236, se rindió el dictamen pericial decretado a solicitud de la
parte demandante, elaborado por un ingeniero de sistemas especialista en redes de
alta velocidad y un médico cirujano especialista en gerencia y auditoría de la calidad
en salud, integrantes y representantes de la firma Aciel Colombia Soluciones
Integrales S.A.S. En esa experticia, los peritos establecieron que el 96 % de los
valores involucrados, equivalentes a dos mil cincuenta y cinco millones cincuenta y
seis mil trescientos setenta y un pesos ($2.055.056.371), no eran procedentes para
restitución a COMFAMA, debido a que la EPS no contaba con información oportuna
que permitiera suspender el aseguramiento de los usuarios, por lo que debía
continuar garantizando la prestación de los servicios de salud y las gestiones
administrativas asociadas, conforme al marco normativo vigente.
Sobre el particular, la prueba pericial concluyó:
El 96% de los valores involucrados, esto es $2.055.056.371 (Dos mil cincuenta y cinco
millones, cincuenta y seis mil trescientos setenta y un pesos) no son procedentes para
restitución a COMFAMA. En estos casos se evidenció que COMFAMA no contaba con
la información suficiente para suspender en forma oportuna el aseguramiento de la
35 Folios 180 a 181 del cuaderno 1.
36 Archivo que obra en el índice 82 de Samai del tribunal.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
población y debió seguir garantizando los procesos de atención al usuario, prestación
de servicios y seguimiento de pacientes; así como las gestiones administrativas previas
a los procesos de atención asistencial, a los cuales estaba obligado como
administradora de planes de beneficios por la normatividad vigente, hasta tanto el
usuario le fuera notificado como no objeto de aseguramiento.
(…)
Según se pudo determinar durante los análisis realizados con la información entregada
para elaboración del experticio, en el 96.3% de los casos con hallazgo de auditoría en
la base ARS001 para restitución, no se disponía en forma oportuna de la información
de duplicidades, Compensados HAC, entre otros; que permitieran la actualización de
las novedades por parte de COMFAMA , la suspensión de su responsabilidad en el
aseguramiento de la población y el no cobro de la UPC; por lo que la EPS continuó su
aseguramiento y garantía de atención de conformidad con la normatividad aplicable.
En este cálculo no se consideraron los hallazgos exclusivos para ELM y Fallecidos.
(…)
Se pudo determinar al evaluar los casos con valores involucrados por duplicidad en el
periodo que el 83.4% de los 9.117 casos con hallazgo único o combinado de
duplicidad, fueron notificados a COMFAMA; sin embargo, únicamente el 9.9% esto es
904 casos con un valor de $30.273.856, fueron notificados con duplicidad o novedad
de retiro, con anterioridad al periodo de liquidación.
El 100% de los usuarios con registro de fallecimiento, presentan fecha de fallecimiento
en RNEC previa al periodo de liquidación, o durante el periodo de liquidación; los
valores a restituir registrados en la base de auditoría se encuentran soportados, a
excepción de un caso en donde se restituyeron días previos a la fecha de fallecimiento.
Al evaluar los casos que presentan el hallazgo de compensados HAC en el periodo se
pudo determinar que el 94.9% de los casos aparecen con registro en Compensados
HAC en forma posterior al periodo de liquidación, por lo que COMFAMA tenía la
obligación de continuar garantizando la atención, el aseguramiento, gastos de
capitación y administrativos; no existió registro de notificación de duplicidad a
COMFAMA, que le permitiera gestionar sus procesos de atención y administración
para la suspensión del aseguramiento de estos usuarios .
33. El 26 de julio de 202337 se llevó a cabo la audiencia de contradicción del dictamen
pericial, oportunidad en la cual el perito aceptó que sus conclusiones sobre la
presunta vulneración del debido proceso en el procedimiento de reintegro de
recursos del sistema de salud no se fundamentaron en un análisis normativo ni en
aplicación de las disposiciones que regulan dicho procedimiento administrativo, sino
en apreciaciones metodológicas relacionadas con el cruce de base de datos y la
oportunidad en la notificación de las novedades de aseguramiento.
34. Durante la audiencia, los apoderados del Consorcio SAYP 2011 y de la ADRES
formularon varias preguntas orientadas a establecer la normativa en la cual se
apoyaba el dictamen y a precisar las obligaciones que el ordenamiento jurídico
impone a los actores del sistema en materia de reporte, actualización y calidad de la
información en las bases de datos del sistema de salud. En particular, pusieron de
presente que la normativa aplicable era, entre otras normas, la Resolución 1344 del
2012 del Ministerio de Salud y Protección Social que establece deberes específicos
para las EPS en relación con el reporte y la actualización permanente de la
información en la BDUA.
37 El link de la audiencia consta en el acta de audiencia del 26 de julio de 2023 que obra en el índice 95 de Samai
del tribunal.
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35. No obstante, el perito indicó de manera reiterada que no entraría en la discusión
jurídica relativa a la normativa aplicable ni sobre el alcance de tales obligaciones, por
considerar que ese análisis excedía el objeto de la experticia. En esa diligencia se
indicó:
Preguntó el apoderado del Consorcio SAYP 2011 (minuto 40:00): Con base en que
normatividad afirma que no se evidenció un debido proceso de auditoria y seguimiento
por parte del ente territorial y que ente territorial es, y el FOSYGA, que permitiera que
COMFAMA conociera la información oportuna de sus afiliados para aplicar las
novedades pertinentes. Contestó el Perito (minuto 41:50): Los principios de la Ley
100 y el modelo de aseguramiento que se puede ver en el Decreto único, la
responsabilidad era de los entes territoriales en esa época, quien asignaban población
y la administración del sistema de salud (…) ellos tienen que hacer sus cruce de base
de datos para evitar que no haya duplicidades y mirar que un afiliado no tenga doble
vinculación (…) la filosofía es que eso escapa del alcance de la EPS, entonces la EPS
no tiene como establecer si un afiliado esta duplicado por ejemplo con pensionados, o
con fuerzas militares, o con educadores porque eso está en cabeza del Estado a nivel
Nacional o de nivel Departamental o Municipal. (…) Normalmente en los procesos de
auditoría, usted debería reportarle las bases de datos de forma anticipada y mensual,
pues esto se presentó con mucha posterioridad, lo que hace es que no adelantar las
gestiones por parte del Estado de manera oportuna se haya incurrido en un proceso
de aseguramiento y de incurrir en costos. Por lo tanto, lo que ocurre es que la EPS
cumple con su prestación, pero lo que ocurre es que luego no se le reconoce la UPC
(…). El tema jurídico sobre lo demás escapa del alcance. Preguntó el apoderado del
Consorcio SAYP 2011 (minuto 44:15): Debería estar al alcance esta información
porque la EPS es la que debe actualizar la base de datos eso. Contestó el Perito
(minuto 44:40): La EPS no tuvo información a tiempo pues como se nutre de la
información de la ADRES y está no estaba actualizada, además no tiene acceso a otra
base de datos como las Fuerzas Militares y la Registraduría Nacional del Estado Civil
porque es de carácter reservado, no podía evidenciar que había duplicidad. (…)
Preguntó el apoderado del Consorcio SAYP 2011 (minuto 48:10): Conocen
Ustedes cuál fue la normatividad aplicada por el Consorcio SAYP 2011 para la
realización de la auditoria ARS001 y cuál fue el procedimiento aplicado y utilizado
previamente, porque como indican que no hubo un debido proceso, quisiera saber
dónde no se dio el debido proceso de acuerdo con la normatividad aplicable. Contestó
el Perito (minuto 48:42): Nosotros partimos del hecho como se planteó
metodológicamente la oportunidad es la notificación dentro del periodo de
aseguramiento, hecho que no se vio. (…) La falla del proceso es clara porque los
parámetros definidos del periodo de aseguramiento donde Usted tiene que garantizar
la atención de los usuarios nunca fue notificada la novedad para suspenderla, sino que
fue con posterioridad. No voy a entrar en la discusión jurídica en cuál es la normatividad
en la que nos amparamos para esto porque no es parte del objeto de la experticia
porque solo estamos definiendo si la EPS para los periodos de aseguramiento conocía
o no con la información para hacer el ajuste, lo cual se evidenció que no, lo otro
normativo debe ser objeto de discusión y prueba dentro del proceso (…). Preguntó el
apoderado del Consorcio SAYP 2011 (minuto 51:00): Quisiera saber si conoce la
Resolución 1344 en la cual se indica cuáles son las obligaciones de reportar y
mantener actualizada la base de datos y la calidad de la información que debe reportar
la EPS al sistema, teniendo que la BDUA debe ser alimentada por todos los
prestadores del sistema general de salud. Contestó el Perito (minuto 51:38): Si la
conocemos, pero no vamos a entrar en discusión jurídica. Debe ser alimentada por los
actores del sistema en cabeza de quien recoge la información que debe ser el
Consorcio SAYP o ADRES antes FOSYGA.
Entonces aclaro cuando hay duplicidad en
la misma EPS es claro que es responsabilidad de la EPS, pero cuando le llega
información de SAYP O de ADRES, pero es a partir de ese momento que puede
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
actualizar su base de datos (…). Preguntó el apoderado de ADRES (minuto 59:51):
Que normativa tuvo Usted en cuenta a la elaboración de la experticia o simplemente
fue los elementos que suministraron las entidades para determinar que no se llevó a
cabo un debido proceso de auditoría. Contestó el Perito (minuto 1:00:23): La circular
única, el decreto único del Ministerio donde establece la responsabilidad de cada uno
de los actos, pero debido a que el objeto del dictamen trasciende un poco más allá,
esa pretensión jurídica debe ser objeto de discusión en el proceso y no voy a hablar
sobre ese punto de la controversia (…)
36. También obra la declaración de Nelson Javier Londoño Larrea38, quien es
ingeniero de sistemas y profesional asesor en el área de tecnologías de COMFAMA
y administrador de la base de datos de la entidad, manifestó que entre 2011 y 2013,
la BDUA presentó inconsistencias derivadas de la transición hacia el esquema de
liquidación mensual de afiliados (LMA) y de deficiencias en los mecanismos de
validación, que permitieron registros duplicados, divergencias en los datos de
identificación, multiafiliaciones, homónimos y la permanencia de personas fallecidas
en la base de datos. Puntualmente, indicó:
(…) PREGUNTADO entre abril de 2011 y abril de 2013 ¿La base de datos única
afiliados presentaba algún tipo de inconsistencias? RESPONDÍO (minuto18:02) Hay
una transición muy importante entre lo que pasó entre el 2010 y el 2011, hasta el año
2010 no teníamos un proceso tan reglamentado y tan oportuno de carga en línea de
información en la BDUA, sino que hasta el 2010 la información se maneja directamente
con los entes territoriales y eran los entes quienes reportaba la información al
departamento y el departamento a su vez lo reportaba al FOSYGA entonces allí se
presentaban todas las inconsistencias que podían pasar cuando tantos actores están
entrando a información; en el 2011 arrancamos con una base de datos de BDUA, ya
con un reconocimiento de la UPC, no desde lo que decía el municipio, sino desde lo
que decía la LMA, que es la liquidación mensual de afiliados, y esa liquidación mensual
de afiliados era producto de lo que estuviera cargado en la BDUA, pero empezó a
ocurrir que cuando empezaron a generarse los resultados de BDUA, se empezó a
encontrar que no había garantía en la BDUA para cargar un afiliado cuando algún dato
personal iba diferente, lo primero que se esperaría es que la BDUA no permitiera entrar
ninguna persona con el mismo número de documento de entidad pero con diferente
tipo y lo permitió, entonces una persona podía estar con tipo de documento CC y el
otro lo presentaba con TI y tenía algún dato en la fecha de nacimiento o en algún dato
y cuando hacíamos la consulta para afiliación, pues no nos estaba dando el resultado
esperado, entonces el FOSYGA no tuvo en su momento para el 2011 consultas por
nombres y apellidos, solo era por números de identidad, entonces en el transcurso del
2010, 2011, 2012 y 2013, la BDUA presentó los posibles multi afiliados, pero sí tuvo o
tiene muchas inconsistencias, porque todavía tiene fallecidos, tiene posibilidades del
homónimo y para la época era más marcado todavía. (… ) PREGUNTADO ¿Usted
podría por favor describir los motivos por los cuales pese a la implementación de todas
esas herramientas, se presentaron las apropiaciones de recursos sobre los que verso
el procedimiento de reintegro de recursos.? RESPONDÍO (minuto 33:15) tuvimos una
situación muy particular, COMFAMA recibió 1.100.000 personas asignadas
forzosamente porque para el año 2011 y 2012 unas EPS salieron de operación en
Antioquia y esa población debía ser redistribuida, pero como la única EPS que podía
recibirlas era COMFAMA, entonces se realizó un traslado masivo, con un primer
proceso de alrededor de 400 y un 1.000 de personas, el cambio se hizo directamente
en la BDUA (…), pero los procesos que yo les explique ahora, para esa población no
se hizo, entonces ya en los procesos de depuración mensual que fuimos haciendo fue
38 CD que obra en el folio 540 y 593.
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Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
donde empezaron a salir las multiafiliaciones, los repetidos (…) también hay que tener
en cuenta poblaciones especiales, en Colombia se empezaron a dar los procesos de
afiliación de población desmovilizados, desplazados, población del ICBF, esas
poblaciones se afiliaban con unos documentos de identidad que estaban en norma
pero que no eran los de la Registraduría, eso no permitía que un proceso normal
detectara que estaba repetida. La auditoría en el 2015, cuando el consorcio adquirió
tecnología nueva, herramienta nueva y organismos nuevos, fue donde empezó a
detectar todos estos usuarios, que tenían esas inconsistencias (…) Nosotros nunca
tuvimos acceso a cruzar información masiva con ninguna EPS, menos con los
regímenes especiales, el argumento principal fue tema de ley de habeas data de
protección de información (…).
37. A partir del análisis de las actuaciones surtidas y de las decisiones adoptadas en
el procedimiento administrativo, así como de la declaración rendida por el testigo
Lodoño Correa, la Sala encuentra acreditado que la Resolución No. 000170 del 27
de enero de 2017 y la Resolución No. 001672 del 1 de junio de 2017, expedidas por
la Superintendencia Nacional de Salud, se sustentaron en la información y en las
pruebas remitidas por el administrador fiduciario, derivadas de la Auditoría ARS001
iniciada y desarrollada por el Consorcio SAYP 2011 conforme a la normatividad
aplicable.
38. Contrario a lo sostenido en el dictamen pericial, el cual carece de rigor técnico y
normativo, en la medida en que se fundamenta en apreciaciones subjetivas y omite
considerar las obligaciones legales de la EPS de reportar y mantener actualizada la
base de datos de afiliados, así como el procedimiento previsto para el reintegro de
recursos del sector salud apropiados sin justa causa, la Sala concluye que el proceso
de auditoría ARS001 garantizó a la EPS auditada el debido proceso y permitió
identificar afiliaciones irregulares y pagos de la UPS reconocidos sin justa causa
durante los años 2011 a 2013, a partir de cruces de información con bases de datos
oficiales, tales como la BDUA, el Registro Único de Afiliados (RUAF), la Planilla
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
39. En efecto, la información y los soportes allegados en el procedimiento permitieron
establecer la existencia de registros que acreditaban la apropiación o reconocimiento
sin justa causa de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los
cuales fueron identificados mediante los procedimientos de auditoría llevados a cabo
por el administrador fiduciario del FOSYGA. Asimismo, está demostrado que la
documentación remitida por este último a la Superintendencia Nacional de Salud
basó sus resultados en fuentes oficiales, tales como las tablas de referencia del
Ministerio de Salud y Protección Social, los procesos de Liquidación Mensual de
Afiliados (LMA) y los archivos de la BDUA, los cuales eran publicados periódicamente
en los repositorios institucionales SFTP. La EPS COMFAMA tenía acceso a la
información referida mediante usuario y contraseña asignados, como se demostró
en la audiencia de contradicción del dictamen pericial, lo que le permitía conocer,
verificar y depurar oportunamente la información de afiliación y aseguramiento,
cuestión que no hizo en debida forma.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00212-01 (72385)
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
40. De igual forma, la declaración del testigo Londoño Larrea da cuenta de que
durante el periodo analizado, la BDUA presentaba inconsistencias como registros
duplicados, divergencias en los datos de identificación y casos de multiafiliación.
Estas situaciones evidencian irregularidades en la información reportada al sistema
que debían ser verificadas, depuradas y actualizadas por la entidad conforme a la
normativa aplicable. Además, coinciden con los hallazgos identificados en la
auditoría ARS001 y permiten concluir que la parte demandante no actuó con la
diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias.
41. Además, el procedimiento de reintegro de recurso del Sistema General de
Seguridad Social en Salud se surtió conforme a la normatividad aplicable, en tanto
COMFAMA tuvo la oportunidad de conocer los hallazgos formulados, presentar
aclaraciones y ejercer su derecho de contradicción. En esta etapa, la EPS aceptó la
apropiación sin justa causa del capital y procedió a su reintegro total, pero se negó a
pagar la suma por intereses moratorios causados, circunstancia que habilitó a la
Superintendencia Nacional de Salud para emitir una decisión definitiva respecto de
este concepto.
42. Por lo tanto, aun cuando las irregularidades detectadas a la EPS COMFAMA
pudieron tener origen en los cambios normativos, asignaciones forzosas de afiliados
y limitaciones tecnológicas, tales circunstancias no eran ajenas a su control, ni
desvirtúan la existencia objetiva de pagos de la UPC sin justa causa y tampoco
excluyen la obligación legal de pagar los intereses moratorios a la tasa establecida
para los impuestos administrados por la DIAN.
43. En ese orden de ideas, no le asiste razón al recurrente en relación con los
intereses moratorios, toda vez que, conforme al artículo 3 del Decreto-Ley 1281 de
2002, cuando la apropiación sin justa causa de los recursos se presenta aun
contando con las herramientas, información o instrumentos para evitarla, los recursos
deben reintegrarse junto con los respectivos intereses moratorios, liquidados a la
tasa establecida para los impuestos administrados por la DIAN. En consecuencia,
las resoluciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud se profirieron
de conformidad con la normatividad aplicable y con fundamento en los hallazgos que
acreditaban la indebida apropiación de recursos del sistema general de seguridad
social en salud.
J. Costas
44. Como el recurso de apelación no prospera, la parte apelante debe ser condenada
en costas y agencias en derecho de segunda instancia de conformidad con lo
ordenado en el artículo 188 del CPACA39. Las costas serán tasadas y liquidadas de
39 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00212-01 (72385)
Demandante: Caja de Compensación Familiar de Antioquia
forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con el artículo 366
del CGP40.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada el 30 de julio de 2024 por la Sala Sexta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, la que quedará así:
PRIMERO: DECLARAR inhibida la Sala para pronunciarse respecto de las
pretensiones relacionadas con los oficios SLD-22037-15, SLD-38599-15 y SLD-
13747-16 expedidos por el CONSORCIO SAYP 2011, conforme a lo expuesto
en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR no probada la falta de legitimación en la causa por
pasiva de Fiduprevisora y Fiducoldex, en su condición de integrantes del
Consorcio SAYP 2011.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDENAR en costas segunda instancia a la parte demandante en
favor de la parte demandada, las cuales serán tasadas de manera concentrada por
el tribunal de primera instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
40 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior
(…)”.
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