Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00322-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00322-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-00322-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00322-01 (0210-2026)
Demandante: María Elena Barrera Restrepo
Demandado: Municipio de Medellín
Vinculada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reliquidación de pensión ordinaria de jubilación de docente.
Improcedencia de incluir todos los factores salariales
devengados. Procede computar la bonificación mensual
docente. Aplicación de la sentencia de Unificación de 25 de abril
de 2019. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Elena Barrera Restrepo instauró demanda1 en contra del
municipio de Medellín, con vinculación de la Nación - Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) parcialmente
de la Resolución 6937 del 3 de junio de 2014, por medio de la cual el municipio de
Medellín en nombre y representación del Ministerio de Educación – FOMAG le
reconoció una pensión ordinaria de jubilación con base en la Ley 33 de 1985; y (ii)
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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Resolución 2017-50008136 del 19 de septiembre de 2017 con la que se negó la
petición de reajuste pensional con inclusión de nuevos factores.
3. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar dicha prestación
con el fin de que esta sea calculada con base en el 75% del promedio de la totalidad
de los emolumentos devengados en el último año de servicios, al igual que el pago
de las diferencias resultantes, debidamente indexadas, junto con la condena en
costas y gastos del proceso a la parte demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
4. Que a través de la Resolución 6937 del 3 de junio de 2014 le fue reconocida una
pensión de jubilación por parte del municipio de Medellín en representación del
FOMAG por su actividad como docente oficial desde el 10 de febrero de 1994 hasta
el 9 de febrero de 2014. Dicha prestación se concedió con efectividad a partir del 10
de febrero de 2014 en cuantía de $1.812.705. Sin embargo, al momento de calcular
el IBL no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales percibidos durante el
último año de labor oficial como: la prima de navidad, prima de servicios, la
bonificación mensual, entre otros. El único haber computado además de la
asignación fue la prima de vacaciones.
5. El 30 de mayo de 2017 solicitó la reliquidación de su pensión con base en todos
los emolumentos devengados durante el último año de servicio, pero la entidad
demandada negó lo reclamado mediante la Resolución 2017-50008136 del 19 de
septiembre de 2017 al indicar que, debido al régimen aplicable, no era posible
agregar haberes salariales al IBL previamente determinado en el acto de
reconocimiento.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
6. Consideró vulnerados: los artículos 1, 2, 6, 23, 25, 29, 53 y 229 de la Constitución
Política; 1, 2 y 3 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; 15 de la Ley 91 de
1989; así como los Decretos 1045 de 1978 y 1042 de 1978.
7. Expresó que al ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
le es aplicable la Ley 33 de 1985, la cual establece que la pensión debe ser
equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicio, incluyendo todos
los factores salariales que retribuyen directamente la prestación del servicio,
independientemente de la denominación que se les haya dado, lo que hace que
deban tenerse en cuenta todos los pagos habituales que recibió en el mencionado
período por la labor desarrollada como educadora oficial.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
8. El 12 de febrero de 2018 fue admitida la demanda y se ordenó vincular a la
Nación – Ministerio de Educación – FOMAG.2
9. El municipio de Medellín3 manifestó que la respectiva Secretaría de Educación
no tiene la representación legal del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
ni tampoco hace parte de la estructura administrativa de la Fiduprevisora S.A. que
es la encargada de la administración y manejo de los recursos del mencionado
fondo de conformidad con los artículos 3.° y 5.° numeral 1.° de la Ley 91 de 1989.
En todo caso, aseguró que la liquidación pensional reconocida mediante la
resolución demandada se encuentra debidamente calculada, ya que, en el acta de
liquidación de los docentes municipales cofinanciados, quienes se asemejan en
materia prestacional a los maestros nacionales, la prima de navidad no podía ser
incluida.
10. Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, falta
de causa para pedir, inexistencia de la obligación, buena fe, y caducidad y/o
prescripción del derecho.
11. La Nación – Ministerio de Educación – FOMAG4 precisó que la pensión en
litigio fue liquidada de conformidad con la normativa aplicable, en especial la Ley 33
de 1985 y su modificación por la Ley 62 de 1985, pues estas establecen un listado
taxativo de los factores salariales que constituyen la base para calcular los aportes,
dentro del cual no se encuentra la prima de navidad ni los otros emolumentos
reclamados por la demandante.
12. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido,
falta de legitimidad en la causa por pasiva, compensación y la genérica.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 20 de noviembre
de 2025 accedió parcialmente a las pretensiones, en el sentido de declarar la
nulidad parcial de la Resolución 2017-50008136 del 19 de septiembre de 2017, con
el fin de ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión del actor con inclusión
en el IBL de la bonificación mensual docente percibida durante el último año de labor
oficial comprendido entre el 4 de enero de 2014 y el 4 de enero de 2015. Por lo
demás, negó las pretensiones restantes y se abstuvo de condenar en costas.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ver índice 54 de SAMAI – Tribunales.
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14. Expresó que la parte demandante fundó su reclamación en una interpretación
amplia del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, al considerar que la expresión "salario
promedio" abarca todos los pagos que retribuyen el servicio. No obstante, esta tesis
desconoce las normas especiales que la desarrollan y la jurisprudencia unificada
que la interpreta.
15. Manifestó que la inclusión de factores salariales en el IBL pensional bajo el
régimen de la Ley 33 de 1985 está condicionada a su consagración en el listado
taxativo del artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Indicó que, al revisar dicha lista, es claro
que ni la prima de navidad ni la prima de servicios se encuentran allí, pues su
exclusión fue ratificada de manera definitiva y con carácter vinculante por la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del Consejo de Estado, lo que hace
ajustada a derecho la actuación de la entidad demandada al no tener en cuenta
tales emolumentos.
16. Argumentó que la reclamante también solicitó el cómputo de la bonificación
mensual, la cual el Consejo de Estado en jurisprudencia reciente ha aclarado que a
pesar de no estar en la lista de la Ley 62 de 1985, sí constituye factor salarial para
liquidar la pensión, dado que el Decreto 1566 de 2014 que la creó así lo dispuso
expresamente.
17. Planteó que, en ese contexto, si bien la accionante consolidó su derecho a la
pensión el 10 de febrero de 2014, su retiro definitivo del servicio ocurrió el 4 de enero
de 2015, de manera que su IBL se calcula con los factores devengados entre el 4
de enero de 2014 y el 4 de enero de 2015, y como la bonificación mensual es un
factor salarial legalmente computable para la pensión, el cual devengó durante una
parte del mencionado período, tiene pleno derecho a que el promedio de lo recibido
por este concepto sea computado para determinar el valor de su mesada.
18. Añadió que no hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 6937 del 3 de
junio de 2014 mediante la cual se le reconoció una pensión de jubilación a la actora,
por cuanto esta no se había retirado del servicio, de manera que la prestación fue
liquidada en su momento con base en los factores devengados en el año anterior a
la adquisición del estatus pensional (10 de febrero de 2014), mientras que la
bonificación mensual se empezó a pagar a partir del 1 de junio de 2014, es decir,
con posterioridad al período computable para la liquidación pensional.
RECURSO DE APELACIÓN6
19. La parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que revoque
la sentencia y se nieguen las pretensiones, bajo el argumento de que los factores
salariales que se deben incluir en el IBL para las pensiones de vejez de los
6 Ver índice 57 de SAMAI – Tribunales.
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servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los
que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, lo cual
opera en el mismo sentido respecto de los docentes, tal como se planteó en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado en la que se
fijaron las reglas aplicables similares al presente caso, ajustadas a lo desarrollado
en la sentencia del 28 de agosto de 2018.
20. Recordó que la primera regla de interpretación prevé que, en la liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia
de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62
de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados
en el mencionado artículo.
21. Expuso que el IBL se debe calcular incluyendo aquellos factores salariales
sobre los cuales se efectuó el correspondiente aporte al Sistema de Pensiones,
siempre que a su vez estén determinados con carácter de factor salarial, previstos
bien sea en la Ley 62 de 1985 para quienes se vincularon con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, o bien en el Decreto 1158 de 1994 para
quienes se vincularon después de esa fecha. Por esa razón concluyó que no le
asiste el derecho a la actora, teniendo en cuenta que se estarían reconociendo
emolumentos que no han sido cotizados, lo que vulnera el principio de sostenibilidad
financiera establecido constitucionalmente y ratificado a través del Acto Legislativo
001 de 2005.
22. Por lo anterior solicitó que, en el remoto evento de una condena, se autorice el
descuento de los aportes para pensión que debieron realizarse por la actora y su
empleadora, incluyendo como factores salariales únicamente aquellos
periódicamente reconocidos, de manera continua como contraprestación directa del
servicio, si es que se omitió la consideración de alguno.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
23. El 10 de marzo de 20267 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Se decidirá previas las siguientes,
7 Ver índice 5 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES
24. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si era procedente
ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante con inclusión
de la bonificación mensual docente como factor salarial percibido durante el año
anterior al retiro definitivo del servicio.
Marco normativo y jurisprudencial
25. En atención a que el presente asunto se centra en el debate sobre el ingreso
base de liquidación pensional, y por consiguiente en la determinación del valor final
de la pensión de los docentes oficiales, resulta necesario poner de presente la
sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 proferida el 25 de abril de 2019 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado con ponencia del consejero César
Palomino Cortés, dictada dentro del expediente 68001233300020150056901, a
través de la cual se procedió a sentar jurisprudencia frente al IBL en el régimen
pensional de los educadores vinculados al servicio público educativo oficial, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
26. En la providencia se fijaron las siguientes reglas de unificación sobre el tema
en cuestión:
«[…] i.v. Reglas de unificación sobre el IBL en pensión de jubilación y vejez de los
docentes
71. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia en materia de régimen pensional de los docentes:
72. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez
para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de
cada docente, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
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régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.
v. Efectos de la presente decisión
73. Como se dijo en la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de 28 de agosto de 2018, “La Corte Constitucional, en sentencia C-816
de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de
cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como
guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos
diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de
igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la
Constitución Política8. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que
exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio”.
74. En esta oportunidad y retomando lo indicado la Sala Plena de la Corporación,
se acudirá al método de aplicación en forma retrospectiva del precedente,
disponiendo para ello, que las reglas jurisprudenciales que se han fijado en este
pronunciamiento se acojan de manera obligatoria en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables. […]» (Subrayado y negrilla del
texto original).
27. En conclusión, la citada sentencia fijó como regla jurisprudencial para el tema
que interesa en este proceso, que en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003
(quienes gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los
servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985), los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por
tanto, no se puede incluir ningún concepto diferente a estos.
28. Ahora bien, sin perjuicio del acatamiento el criterio unificador de la sentencia
antes mencionada, lo cierto es que de la lectura del mencionado precepto normativo
al que esta hace referencia, se extrae que: […] En todo caso, las pensiones de los
8 La Corte Constitucional ha reconocido la gran responsabilidad que tienen los órganos situados en el vértice
de las respectivas especialidades de la rama judicial, puesto que la labor de unificación de la jurisprudencia
nacional implica una forma de realización del principio de igualdad. Sentencia T-123/95 citada en la Sentencia
T-321/98.
En la sentencia C-179 de 2016 reafirmó dicha tesis al exponer lo siguiente: «[…] la función de unificación
jurisprudencial la cumplen en sus diferentes especialidades y en su condición de órganos de cierre, según el
Texto Superior, (i) la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales y de examen de validez
constitucional de las reformas a la Carta como de las normas con fuerza de ley (CP arts. 86 y 241); (ii) el Consejo
de Estado en relación con su rol de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativos (CP arts. 236 y 237);
y (iii) la Corte Suprema de Justicia en su calidad de tribunal de casación y máxima autoridad de la jurisdicción
ordinaria (CP art. 235). […]»
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empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores
que hayan servido de base para calcular los aportes. […].
29. Lo anterior permite inferir que tanto la línea jurisprudencial en cita como la
norma aplicable a casos como el presente, conlleva la inclusión en el cálculo del
IBL, no solo de los enlistados en dicho precepto, sino también todos aquellos
conceptos sobre los cuales se hubiese establecido el carácter de factor salarial
computable para efectuar aportes.
30. En el caso particular de los docentes oficiales, se encuentra que los Decretos
633 y 634 de 2007 crearon un emolumento denominado asignación adicional,
también concebido como un sobresueldo, al cual accederían los directivos docentes
regidos por los Decretos 2277 de 1979 y el 1278 de 2002, como por ejemplo los
rectores.
31. De igual forma, el Decreto 1566 de 2014 creó una bonificación mensual efectiva
a partir 1.° de junio de 2014, la cual ha sido fijada con posterioridad cada año bajo
el mismo criterio, esto es, el relativo a que la naturaleza de dicho emolumento es el
de un factor salarial con efectos legales para el cálculo de los aportes, respecto del
cual deben efectuarse los respectivos descuentos.
32. Por otro lado, el Decreto 2354 de 2018 creó la denominada bonificación
pedagógica efectiva para los docentes y directivos docentes de las plantas de
personal de las entidades territoriales certificadas en educación, la cual, además,
también fue concebida como un factor salarial para efectos de cotizaciones, tal
como lo previó el artículo 3.°, numeral 4.° de la norma en mención.
33. En tal sentido, esta Sala acogerá la posición del Consejo de Estado establecida
en la sentencia de unificación y la normativa analizada previamente.
Resolución del caso concreto
34. Para definir el presente asunto se observa que, la Secretaría de Educación
Municipal de Medellín, actuando en representación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional – FOMAG, a través de la Resolución 06937 del 3 de junio de
20149 concedió la pensión vitalicia de jubilación a la accionante en cuantía mensual
de $1.812.705 con efectividad desde el 10 de febrero de 2014. En dicha resolución
quedó establecido lo siguiente:
• Que la pensión vitalicia de jubilación debía ser reconocida con fundamento en
los requisitos de la Ley 33 de 1985.
9 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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• Que el valor de la pensión vitalicia de jubilación sería el equivalente al 75% del
salario promedio mensual devengado durante el último año anterior a la fecha
de adquisición del estatus jurídico pensional de la demandante.
• Que los factores salariales tenidos en cuenta en el IBL pensional fueron: la
asignación básica mensual y la doceava de la prima de vacaciones.
35. Como se precisó anteriormente, a la sala le corresponde dar aplicación a la
regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación del 25 de abril de
2019, en primer lugar, porque la tesis del 4 de agosto de 2010 fue replanteada por
la Sala Plena del Consejo de Estado en la primera providencia en mención, esto
para el caso puntual de los docentes oficiales.
36. En segundo lugar, porque tal como allí se estableció, aquella constituye un
precedente vinculante y obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica y
que se encuentran pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial,
siempre que no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada10, tal como
sucede en el presente asunto, dado que la providencia apelada no ha quedado
ejecutoriada.
37. Bajo este entendido, sin que exista discusión en esta instancia sobre el régimen
pensional que rige la situación particular de la actora, esto es, el de la Ley 33 de
1985 por haber sido vinculada como docente oficial (10 de febrero de 1994),11 antes
del 27 de junio de 2003 cuando entró en vigencia de la Ley 812 de 2003, resulta
evidente que para definir el litigio bajo estudio se debe acudir a la primera regla
jurisprudencial esbozada anteriormente.
38. Al respecto, dicho postulado jurisprudencial en materia de liquidación del
derecho reconocido a la reclamante indica que el ingreso base de liquidación de la
pensión comprende:
i) el período correspondiente al año anterior a la consolidación del estatus pensional
o a la terminación del vínculo legal y reglamentario, y
ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la
Ley 62 de 1985, o en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de
2018, los cuales, se repite, son: asignación básica, gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; trabajo suplementario o
10 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de abril de 2019, Expediente:
680012333000201500569-01 (0935-2017), Demandante: Abadía Reynel Toloza, acápite «Efectos de la
decisión».
11 Según certificado de historia laboral emitido el 28 de agosto de 2024, visible en el expediente digital del índice
2 de SAMAI.
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realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio; asignación adicional
para personal directivo docente, bonificación mensual y bonificación pedagógica.
39. Contrastados los factores enlistados en la anterior disposición con los
devengados por la interesada durante el último año de servicios12, comprendido
entre el 4 de enero de 2014 y el 3 de enero de 2015, se observa lo siguiente:
Factores de la Ley 62 de 1985 y demás normas en
Factores devengados
materia salarial docente
Asignación básica / Sueldo Asignación básica
Gastos de representación
Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación
Dominicales y feriados
Horas extras
Bonificación por servicios
Trabajo suplementario
Asignación adicional (sobresueldo)
Bonificación mensual DC 1566 1/junio14-
Bonificación mensual docente
31/diciembre/15
Bonificación pedagógica
Prima de navidad
Prima de servicios
Prima de vacaciones
40. Se concluye entonces que, en principio, el único factor salarial que coincide para
el caso de la actora es la asignación básica, razón por la cual, este sería el
emolumento a incluir en la base de liquidación de conformidad con la sentencia de
unificación, toda vez que el pago de este haber fue debidamente demostrado con
las pruebas practicadas en el proceso y se encuentra enlistado en el artículo 1.° de
la Ley 62 de 1985.
41. Sin embargo, advierte la sala que la bonificación mensual que devengó la
demandante durante el año anterior a la terminación de su vínculo legal y
reglamentario, pese a no estar señalada de manera expresa en la referida norma,
sí debe ser incluida por disposición del respectivo acto que las consagró como factor
salarial, tal como lo indicó el artículo 1.º del Decreto 1566 de 2014.
42. Ahora, aunque en el expediente no se encuentra prueba relativa a que sobre la
bonificación mensual se hayan efectuado aportes, toda vez que el documento en
cuestión no contiene dicha información, tal circunstancia no obsta para ordenar su
contabilización en la liquidación de la pensión de la reclamante, por cuanto
constituye un concepto salarial respecto del cual se debieron efectuar cotizaciones
a pensión, lo cual en todo caso era responsabilidad de la entidad empleadora.
12 Acreditados en el formato único para la expedición de certificado de salarios obrante en el expediente digital
del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00322-01 (0210-2026)
43. Como se observa, este emolumento al que se ha hecho referencia
individualmente fue establecido con naturaleza salarial computable en lo que
respecta al IBC con posterioridad a la expedición de la Ley 62 de 1985 y del Decreto
1158 de 1994. Por esa razón, es claro que en su momento no estaba contemplado
como factor a incluir en el cálculo del IBL pensional, situación que en la actualidad
no impide que sea tenido en cuenta en la liquidación de la prestación por cumplir
con las condiciones exigidas para lo propio, tal como lo determinó el juez de origen
en el fallo apelado.
44. Es de señalar que la presente discusión en cuanto a la bonificación mensual no
ha sido ajena a esta subsección, pues en sentencia proferida el 17 de septiembre
de 202013 se llegó a la misma conclusión: «[…] En cuanto a la bonificación mensual,
también ordenada en la sentencia, si bien no se encuentra enlistada en el artículo 1 de la
Ley 62 de 1985, por haberse creado posteriormente –Decreto 1566 del 19 de agosto de
2014- sí constituye factor salarial para la liquidación de su pensión, […]».
45. Lo anterior sin perjuicio de las diligencias administrativas que eventualmente
deba adelantar el Ministerio de Educación – FOMAG para gestionar el cobro de los
aportes sobre dicho haber salarial, solo en caso de que estos no se hayan hecho,
sin que sea necesario emitir una orden al respecto, pues esto es una facultad
reglamentaria propia de la entidad, tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del
Decreto 1833 de 2016.14
46. Respecto del fenómeno jurídico de la prescripción que no fue abordado por el
tribunal de primera instancia, pero que en todo caso es un elemento que puede ser
analizado de oficio, la sala advierte que este no se configuró, pues la exigibilidad
del derecho se concretó el 4 de enero de 2015 cuando se retiró del servicio, y se
observa que la reclamación administrativa de reliquidación pensional se formuló el
30 de mayo de 2017,15 y la demanda se radicó el 1.º de febrero de 2018,16 es decir,
13 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, radicado: 47001-23-33-000-2017-
00415-01(4592-18). En igual sentido, se pronunció la Subsección B, cuando en sentencia del 21 de octubre de
2021, emitida en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-04527-01(3284-20).
14 Decreto Único Reglamentario del Sector Sistema de Seguridad Social en Pensiones. «[…] ARTÍCULO
2.2.3.3.3. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes
entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como
de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos
que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto
656 de 1994.
Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer
efectivos sus créditos de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.
PARÁGRAFO. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de
Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima
pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso. […]»
15 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
16 Ver la hoja de reparto en el mismo índice.
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dentro de los 3 años siguientes a la primera fecha en mención y a la de su
interrupción.
47. Estos argumentos son suficientes para confirmar el fallo apelado.
Condena en costas de segunda instancia
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos
mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones.
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-00322-01 (0210-2026)
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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