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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00412-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00412-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de diciembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala segunda de oralidad, que accedió 29 Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez. 19 Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01 No. Interno: 1262-2021 Demandante: UGPP Demandada: María Josefina Gallego Salazar parcialmente a las pretensiones de la demanda, A EXCEPCIÓN del numeral QUINTO que se REVOCA, en cuanto a la imposición de costas a la parte demandada, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. TERCERO: Una vez ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección segunda regresar el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-00412-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

10 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 10 de febrero de 2022.

Radicación: 05001-23-33-000-2018-00412-01
Nro. Interno: 1262-2021
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1
Demandada: María Josefina Gallego Salazar
Asunto: Reliquidación pensional con inclusión del 100% de la
bonificación por servicios prestados - actos susceptibles
de control judicial

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las garantías
de las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala2 el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 14 de diciembre de
2020, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala segunda de
oralidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. La UGPP demanda con la finalidad de obtener la nulidad de las siguientes
resoluciones:

• 2061 del 29 de enero de 2008, a través de la cual, en cumplimiento a un fallo
de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales el 22
de febrero de 2007, el gerente general del Caja Nacional de Previsión Social

1 En adelante UGPP.
2 El expediente ingresó al Despacho el 16 de noviembre de 2021, según informe secretarial visible a folio

452.

2
Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

(CAJANAL)3, hoy UGPP, ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la
accionada con la inclusión del 100% de lo devengado por concepto de
bonificación por servicios prestados.

• RDP 33875 del 25 de julio de 2013 y RDP 49641 del 25 de octubre de ese año,
por medio de las cuales la subdirectora y la asesora grado 16 de determinación
de derechos pensionales de la UGPP, respectivamente, modificaron el anterior
acto administrativo y, en consecuencia, ordenaron la reliquidación de la pensión
de jubilación de la accionada.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicita que se declare que la
accionada no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la
inclusión del 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios
prestados y que se ordene el reintegro de las sumas de dinero que se pagaron
en virtud de los actos administrativos que así lo dispusieron.

Hechos

3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica expuesta por el ente de previsión demandante.

4. Afirma que la accionada nació el 14 de marzo de 1949, adquiriendo el estatus
pensional el mismo mes y año de 1999, y que laboró al servicio de la Rama
Judicial del 15 de agosto de 1969 al 1º de octubre de 1971, del 2 de abril de
1972 al 31 de marzo de 1989 y del 1º de enero de 1994 al 30 de julio de 1997,
siendo su último cargo el de sustanciadora grado II.

5. Informa que, a través de la Resolución 19214 del 7 de septiembre de 2000, la
extinta CAJANAL le reconoció a la demandada la pensión de jubilación en
cuantía de $1.171.241,17, a partir del 1º de agosto de 1999, pero condicionada
al retiro definitivo del servicio para su disfrute, prestación que fue reliquidada,
conforme al Decreto 546 de 1971, por medio de la Resolución 16488 del 28 de
junio 2002, elevándose su valor a $1.343.289,75, desde dicha fecha y bajo la
misma condición.

3 En lo que sigue CAJANAL.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

6. Manifiesta que por medio de la Resolución 15900 del 9 de agosto de 2004, en
cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Manizales, la liquidada CAJANAL reliquidó la pensión de jubilación de la
accionada, elevando su monto a $1.902.070,01, desde el 1º de abril de 2002,
pero condicionada a la acreditación del retiro definitivo del servicio.

7. Sostiene que mediante la Resolución 2061 del 29 de enero de 2008, en
consideración a la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Séptimo Penal
del Circuito de Manizales el 22 de febrero de 2007, la extinta CAJANAL reliquidó
la pensión de jubilación de la demandada con la inclusión del 100% de lo
devengado por concepto de bonificación por servicios prestados, acto
administrativo que fue revocado a través de la resolución UGM 33439 del 16 de
febrero de 2012.

8. Indica que a través de las Resoluciones RDP 18787 del 24 de abril de 2013,
RDP 33875 del 25 de julio de 2013 y RDP 49641 del 25 de octubre de 2013,
acatando el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Manizales, se
revocó la Resolución UGM 33439 del 16 de febrero de 2012 y, en consecuencia,
se dispuso ingresar en nómina de pensionados nuevamente Resolución 2061 del
29 de enero de 2008.

Normas vulneradas y concepto de violación

9. El ente previsional demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 1º,
2º, 4º, 6º, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política; 6º del Decreto 546 de
1971; 12, 45, 47 y 48 del Decreto 1042 de 1978; 12 del Decreto 10 de 1989; 18
(parágrafo 3º) de la Ley 100 de 1993; 3º del Decreto 314 d 1994; y 1º del Decreto
247 de 1997.

10. Al respecto, considera que reliquidar la pensión de jubilación con inclusión
del 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios prestados,
en cumplimiento de un fallo de tutela, desconoce abiertamente el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado que sostiene que dicha liquidación debe
hacerse en una doceava parte, comoquiera que se trata de una prestación que
se causa mes a mes durante un año laborado.

11. A su vez, estima procedente ordenar el reintegro de las sumas canceladas a
la accionada en virtud de la reliquidación de su pensión de jubilación con la

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

inclusión del 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios
prestados, toda vez que no es posible predicar la buena fe de aquella al tener
conocimiento de la imposibilidad de ello.

Contestación de la demanda

12. La demandada se opone a la prosperidad de las pretensiones al estimar que
ni en el Decreto 247 de 1997, que creó la bonificación por servicios prestados
para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, ni en ninguna otra norma
anterior o posterior, se ha indicado que este emolumento deba reconocerse, al
momento de la respectiva pensión, en una doceava parte. Si hubiese estado
dirigida a establecer un tope a aquellos servidores públicos que fueron
favorecidos con la disposición, así lo habría previsto.

13. Recuerda que la bonificación por servicios se obtiene por un año de labores
prestadas ininterrumpidamente y en razón a ello se reconoce en un 50% del
último sueldo devengado, no en doceavas partes, como sucede, por ejemplo,
con la prima de mitad de año o de navidad, es decir, que este emolumento se
cancela en su totalidad a quien haya trabajado todo el año.

14. Asevera que fue el juez constitucional quien dispuso el reconocimiento y
pago del 100% de la bonificación por servicios como factor salarial y que este
medio de control no puede constituirse en una instancia en la cual la justicia
administrativa valore y revalúe los argumentos que ya tuvieron para proceder
como se hizo, puesto que el referido fallo de tutela tiene efectos de cosa juzgada.

15. Finalmente, indica que la discusión en torno a si debe pagarse un 100% de
la bonificación o una doceava es asunto que bien puede definirse, a falta de
norma expresa, atendiendo el criterio de la interpretación favorable.

La sentencia apelada

16. El a quo accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual
declara la nulidad de las Resoluciones 2061 del 29 de enero de 2008, suscrita
por el gerente general de la extinta CAJANAL, RDP 33875 del 25 de julio de
2013 y RDP 49641 del 25 de octubre de ese año, expedidas por la subdirectora y
la asesora grado 16 de determinación de derechos pensionales de la UGPP,
respectivamente y, en consecuencia, ordena a dicha entidad a realizar una

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

nueva liquidación de la pensión de jubilación de la accionada, en la que se
incluya la bonificación por servicios prestados en una doceava parte, desde el
momento en que adquirió el estatus pensional.

17. Lo anterior, en atención a que, según el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado, la liquidación de la bonificación por servicios debe hacerse
en una doceava parte y no sobre el 100% de la suma correspondiente, como lo
ordenó el juez constitucional, razón por la cual los actos administrativos
demandados se encuentran viciados de nulidad.

18. Respecto del reintegro de las sumas percibidas, manifiesta, que si bien es
cierto la accionada recibió los pagos de su mesada pensional de manera
periódica, ello no deriva que para lograrlo actuó de mala fe, pues dicha
reliquidación devino de una acción de tutela, por lo que se presume la buena fe,
pues no existe prueba que demuestre lo contrario y por lo tanto niega dicha
pretensión.

19. En cuanto a las costas, determina su procedencia dado que se causaron, en
consideración a lo dispuesto en los artículos 188 de la Ley 1437 de 2011 y 265 y
266 de la Ley 1564 de 2012, concordancia con los Acuerdos 1887 y 2222 del
2003 del Consejo Superior de la Judicatura.

Recurso de apelación

20. La demandada recurre la sentencia de primera instancia con el propósito que
sea revocada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones al considerar que las
resoluciones demandadas no son susceptibles de control, por tratarse de actos
de ejecución de un fallo de tutela, el que ya hizo tránsito a cosa juzgada e impide
reabrir un nuevo debate sobre este tema, y que no existe disposición normativa
que establezca la proporción de la bonificación por servicios que debe ser
computada para liquidar su pensión de jubilación, de tal manera que el juez
constitucional basó su orden de amparo en una visión jurisprudencial contraria a
la posterior del Consejo de Estado, que el a quo aplica de manera retroactiva.

Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público

21. El ente de previsión demandante presenta alegatos de cierre reiterando los
argumentos de la demanda.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

22. La accionada no se pronuncian en la etapa procesal.

23. El Ministerio Público solicita confirmar la sentencia de primera instancia,
pues al ordenarse la inclusión total de la bonificación por servicios prestados,
que había devengado la demandada en servicio activo como funcionaria de la
Rama Judicial, se desconocieron los fundamentos normativos y jurisprudenciales
que rigen la determinación del ingreso base de liquidación (IBL) de la pensión
reconocida a la accionada, con fundamento en el Decreto Ley 546 de 1973, en
cuanto al cómputo de factores que se causan de manera anual, los cuales deben
tomarse en una proporción de la doceava parte, lo que implicó en el sub lite una
liquidación pensional en exceso, en detrimento del patrimonio público.

24. Ahora, en lo referente al restablecimiento del derecho, estima que no habrá
lugar a la devolución de los dineros solicitados, por ser percibidos por la
demandada de buena fe.

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema Jurídico

25. Le corresponde a la Sala determinar, como primera medida, si: ¿las
resoluciones acusadas son actos administrativos enjuiciables ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo mediante el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, teniendo en cuenta
que se produjeron en cumplimiento de un fallo de tutela que hizo tránsito a cosa
juzgada?

26. Establecido lo anterior, en caso de que la respuesta sea afirmativa, como
problema jurídico asociado, determinar si ¿se debe mantener la inclusión del
100% de lo recibido por concepto de bonificación por servicios en el ingreso base
para liquidar la pensión de jubilación de la accionada?

27. Para resolver lo anterior, la Sala estudiará los actos administrativos y su
justiciabilidad, las normas que regulan lo relativo a la bonificación por servicios
prestados que reciben los servidores de la Rama Judicial y el caso concreto.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

De los actos administrativos y su justiciabilidad

28. Bien conocido es que los actos administrativos, según lo que en ellos se
disponga, se pueden catalogar en: i) actos de trámite o preparatorios; ii) actos
definitivos o principales, y iii) actos de ejecución.

29. Son actos de trámite o preparatorios, los actos preliminares que toma la
Administración para adoptar una decisión final o definitiva sobre el fondo de un
determinado asunto. Son actos definitivos o principales, los actos administrativos
que en términos del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, hoy 43 del
Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar con una
determinada actuación y son actos de ejecución, aquellos que se limitan a dar
cumplimiento a una decisión judicial o administrativa.

30. Al respecto, puntualizó esta sección en auto del 16 de marzo del 20174 que:
«(l)a teoría del acto administrativo ha venido decantando su clasificación, en aras
de excluirlos del control jurisdiccional, distinguiendo tres tipos de actos: i) los de
trámite, que son aquellos que no necesitan estar motivados y se expiden para dar
continuidad con el procedimiento administrativo, es decir, son los que impulsan la
actuación administrativa; ii) los definitivos o principales, que de acuerdo al artículo
43 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o
hacen imposible continuar con la actuación, ya que contienen la esencia del tema
a resolver y modifican la realidad con su contenido; y iii) los de ejecución, que son
aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o
administrativa».

31. Acorde con lo anterior, es claro que «los actos susceptibles de ser
demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son los
actos definitivos, entendidos como toda manifestación de voluntad 5 general o
eventualmente, concreta o específica, unilateral 6 de quienes ejercen funciones

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A auto de 16 de marzo de 2017 2017 radicación
número: 20001-23-33-000-2014-00121-01(4288-14) Magistrado Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas.
5 En palabras del Tratadista Luciano Parejo Alonso, «toda manifestación de juicio, de conocimiento o de

deseo realizada por una AP en ejercicio de una potestad administrativa»
6 El Tratadista Jaime Orlando Santofimio, señala que es unilateral porque proviene exclusivamente por una

sola vía, que para tal efecto es de la Administración. En el texto, Acto Administrativo publicado por la Escuela
Judicial Lara Bonilla, se dice que «el acto administrativo unilateral sometido al control jurisdiccional, es el
acto jurídico que al manifestar la voluntad de la Administración está destinado a producir efectos en derecho,
pues contiene una decisión de naturaleza administrativa».

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

administrativas, que crean, reconocen, transmiten, modifican o extinguen
derechos y obligaciones7 o situaciones jurídicas subjetivas8».

32. En suma, únicamente las decisiones de la administración que concluyen un
procedimiento administrativo o aquellos que afecten derechos o intereses, o
impongan cargas, sanciones y obligaciones que afectan o alteran situaciones
jurídicas determinadas, son susceptibles de control de legalidad por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de ahí que los que impulsan la
actuación, no procuran por solucionar de fondo las solicitudes de los
administrados o se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o
administrativa, no son cuestionables vía judicial.

33. En lo que interesa al asunto, es de señalarse que esta Corporación ha
reiterado que quedan exceptuados de control jurisdiccional los actos que se
limitan a dar cumplimiento a una decisión administrativa o judicial, en virtud de
que son expedidos únicamente con el propósito de materializar o ejecutar los
actos definitivos o el fallo judicial. Si bien el acto de ejecución también es
unilateral de la administración, no crea, modifica o extingue ninguna situación
jurídica, porque el efecto jurídico lo produce el acto administrativo objeto de
ejecución9.

34. También ha admitido que son demandables aquellos actos que al dar
cumplimiento a una decisión judicial se extralimitan y crean o modifican
situaciones jurídicas ajenas al contenido de la orden judicial: «(d)icho de otro modo,
“[t]odo acto que se limite a generar el cumplimiento de la sentencia es un acto de
ejecución. No obstante, si la administración al proferir el acto de ejecución se aparta del
alcance del fallo, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que en el
nuevo temperamento no puede predicarse que el acto sea de simple ejecución, pues
nace un nuevo acto administrativo, y por lo mismo, controvertible judicialmente.»10.

35. Igualmente, se ha señalado que cuando el acto de ejecución tuvo origen en
un fallo de tutela, es posible acudir en demanda de nulidad y restablecimiento del

7 Conclusión obtenida de la lectura que sobre la Teoría del Acto Jurídico trata diferentes autores como
Bonnecasse, Baudry Lacantinerie, Borja Soriano, Eduardo García De Enterría, Jaime Orlando Santofimio,
Jaime Vidal Perdomo.
8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A, consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez (E), auto de 6 de agosto de 2015, radicación número: 41001-23-33-000-
2012-00137-01(4594-13).
9 Sentencia de 14 de agosto de 2014, sección primera, CP Guillermo Vargas Ayala, radicado 25000-23-24-

000-2006-00988-0.
10Sentencia de 8 de febrero de 2012, sección tercera, CP Ruth Stella Correa Palacio, radicado 15001-23-31-

000-1997-17648-01(20689).

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

derecho para examinar su legalidad, en virtud del respeto al principio del juez
natural, en armonía con el artículo 238 de la Constitución Política11.

36. En la sentencia del 15 de septiembre de 2016 se estimó que la acción de
tutela tiene una naturaleza diferente a la ordinaria y que no es posible sustraer
una decisión de la administración del control de su juez natural, pues esta
restricción no tiene justificación constitucional, así 12:

«Se ha sostenido en algunos pronunciamientos judiciales que el acto
administrativo dictado en cumplimiento de un fallo de tutela no es de carácter
definitivo, sino de ejecución, y, por ende, no es susceptible de control
jurisdiccional, puesto que no crea o modifica una situación particular diferente a la
analizada por el juez de tutela; este solo se limita a cumplir las órdenes impartidas
en dicha decisión. Sin embargo, esta corporación ha afirmado de manera
categórica que ‘si bien la resolución en cuestión tiene la connotación de acto de
ejecución, al ser cumplimiento de una sentencia, lo cierto es que la orden fue
impartida dentro de una acción de tutela que es de naturaleza distinta a la de la
acción ordinaria, motivo por el cual es probable su estudio a través de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho’. 13

En efecto, la finalidad de la acción de tutela, como se infiere del artículo 86 de la
Carta Política y de lo que ha predicado la jurisprudencia constitucional, es
garantizar una protección efectiva, actual y expedita frente a la transgresión o
amenaza inminente de un derecho fundamental; mientras que el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho persigue, por medio de su declaración,
la protección de derechos de origen legal y la restauración del derecho o
reparación del daño, a través de una condena, cuando dicho derecho, amparado
por una norma jurídica, ha sido vulnerado; es decir, que son dos acciones
diferentes: la una constitucional y la otra legal.

Y en esa línea de pensamiento, cuando el juez de tutela, en su competencia
constitucional, ordena la expedición de un acto administrativo, dicho acto es
susceptible de control de legalidad, pues el argumento que se sustenta en que ‘el
acto administrativo que expresa la eficacia de una decisión judicial y que por
consiguiente no resulta susceptible de control ordinario, porque ello supondría de
forma indirecta, oficiar como criterio de corrección de la decisión judicial en firme,
representa un argumento cuya justificación es equívoca en razón a que tal
postura, además de sustraer una decisión de la administración del control de su
juez natural, por vía de interpretación, establece un criterio inconstitucional, es
decir, una restricción no prevista por el constituyente a las competencias de la
justicia de lo contencioso administrativo, lo cual acarrea evidente lesión al orden
jurídico, y supone desde luego, un error conceptual inaceptable dentro del marco
de la teoría general del acto administrativo’ (…) 14.».

11 Sentencia de 17 de noviembre de 2016, sección segunda, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado
05001233300020120081(37432015).
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00121-01 (4402-13)
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de

25 de octubre de 2011, radicación 11001-03-15-000-2011-01385-00 (AC), consejero ponente: Alfonso
Vargas Rincón.
14Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, auto de 17 de abril de 2013, medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación
contra Judith Giraldo González, radicado 25000 23 25 000 2010 01143 01, consejero ponente: Alfonso
Vargas Rincón.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

37. Por otra parte, en la sentencia del 27 de julio de 201715, la sección segunda,
subsección A, en el marco de una acción de lesividad, examinó la cosa juzgada
constitucional en materia de acciones de tutela frente a la demanda contra el acto
administrativo expedido para acatar lo decidido por el juez constitucional en sede
de amparo, providencia en la se explicó que la cosa juzgada constitucional se
configuró respecto al estudio de los derechos fundamentales protegidos la acción
constitucional, pero no en lo concerniente a la legalidad de las resoluciones
demandadas, de modo que son susceptibles de control jurisdiccional. Dijo la
sentencia en comento:

«Por tanto, toda vez que la acción constitucional está dirigida a proteger derechos
fundamentales y que los actos administrativos demandados no han sido objeto de
control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no se
configura la excepción denominada falta de legitimación por activa - cosa juzgada
constitucional.

Ello, toda vez que en los términos planteados en el recurso de apelación, la cosa
juzgada constitucional operó frente al estudio de los derechos fundamentales
que resultaron amparados por la acción constitucional y no frente a la legalidad
de las Resoluciones demandadas, por tanto, son susceptibles de control
jurisdiccional.

En conclusión: Es susceptible de control jurisdiccional el acto administrativo
demandado, expedido en cumplimiento de una sentencia proferida dentro de una
acción de tutela, por ser ésta de naturaleza distinta al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y en esa medida no se configura la excepción de
cosa juzgada constitucional.».

38. Ahora, es importante recordar que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, se crea como un
mecanismo en cabeza de la administración para solicitar ante el juez contencioso
administrativo que realice un control jurisdiccional sobre sus propios actos
administrativos, buscando dejarlos sin efecto alguno en aquellos eventos en los
cuales advierta que con su expedición se han vulnerado algunas de las
disposiciones previstas a nivel convencional, constitucional o legal y no ha sido
posible restarle su fuerza ejecutoria a través del mecanismo de revocatoria
directa en sede administrativa.

39. Es de precisar en este punto, que si bien al interior de nuestro ordenamiento
jurídico la figura de la lesividad se concibe como una acción de carácter
autónomo, cuando lo pretendido por la administración se contrae a que se
declare la nulidad de uno de sus actos administrativos con el objeto de proteger

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, proceso con
radicado 05001-23-33-000-2013-00626-01 (1209-15)

11
Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

el ordenamiento jurídico, en esta hipótesis su ejercicio se regirá por las
disposiciones que de forma particular regulan el medio de control de simple
nulidad, es decir, por los artículos 137, 164 y 189 de la Ley 1437 de 2011.

40. Por otro tanto, si lo pretendido por la administración en ejercicio de la acción
de lesividad es la declaratoria de nulidad de uno de sus actos administrativos,
con el consecuente restablecimiento de los derechos que le han sido vulnerados,
en esta hipótesis su ejercicio se regirá por las disposiciones que de manera
especial regulan el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, compartiendo sus características de, particularmente los artículos
138, 163 y 189 de la Ley 1437 de 2011.

41. Es de indicar, que a través de la jurisprudencia se ha señalado que este
medio de control y nulidad y restablecimiento de derecho, dentro del que se
encuentra la acción de lesividad, es procedente para examinar la legalidad de un
acto administrativo de ejecución, excepcionalmente, cuando tuvo origen en un
fallo de tutela, es decir, en cumplimiento de una orden del juez constitucional, en
virtud del respeto al principio del juez natural, en armonía con el artículo 238 de la
Constitución Política.

42. Al respecto, la Corte Constitucional reiteró 16 que «el juez de tutela no puede
limitar la facultad que tiene la Administración de demandar en cualquier tiempo sus
propios actos, mediante los cuales reconoció prestaciones periódicas a un particular, y la
ley lo habilita para presentar la respectiva acción de lesividad en defensa del patrimonio
común, con el fin de que sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que
resuelva si [esos pronunciamientos] se encuentran ajustados a la legalidad.».

Contexto normativo y jurisprudencial sobre la prima de servicios que
reciben los servidores de la Rama Judicial

43. Sea lo primero de señalar, que el artículo 6º del Decreto 546 de 197117,
establece:

«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho al
llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20
años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de
este Decreto, de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la

16 Corte Constitucional, sentencia T-121 de 8 de marzo de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de

la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.».

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
No. Interno: 1262-2021
Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades
citadas.».

44. En lo que respecta a la bonificación por servicios prestados, el Decreto 1042
de 197818 creó dicho emolumento para los empleados públicos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional, en los siguientes
términos:

«Artículo 45: A partir de la expedición de este Decreto, créase una bonificación
por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.

Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada vez que cumpla un
año continuo de labor en una misma entidad oficial.

Sin embargo, cuando un funcionario pase de un organismo a otro de los
enumerados en el artículo 1º de este decreto, el tiempo laborado en el primero se
tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación,
siempre que no haya solución de continuidad en el servicio.

Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la
nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

La bonificación de que trata el presente artículo es independiente de la asignación
básica y no será acumulativa.

Artículo 46: La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los
empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este
decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la
asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación
que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a
percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de
asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos
cincuenta pesos ($100.750).

Para los demás empleados la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres (3) factores de
salario señalados en el inciso anterior.

Tal derecho se causará cada vez que el empleado cumpla un año de servicio.».

45. De igual modo, el artículo 1.º del Decreto 247 de 1997 19, preceptuó:

«Créase la bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial (Tribunales, Juzgados, Fiscalía General de la Nación,
Direcciones Ejecutivas de la Administración Judicial, Consejos Seccionales de la
Judicatura y empleados de las altas Corporaciones) y la Justicia Penal Militar, en

18 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se
dictan otras disposiciones.».
19 «Por el cual se crea la Bonificación por servicios prestados para los funcionarios y empleados de la Rama

Judicial y de la Justicia Penal Militar.».

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
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los mismo términos establecidos en los artículos 45 y siguientes del Decreto-ley
1042 de 1978 y las demás normas que lo modifiquen o adicionen, la cual será
exigible a partir del 1º de enero de 1997.

La Bonificación por Servicios Prestados constituirá factor salarial para efectos de
determinar la prima de servicio, prima de navidad, vacaciones y prima de
vacaciones, auxilio de cesantía y pensiones.».

46. De lo anterior, se desprende que la bonificación por servicios prestados
fijada, en principio, para los empleados del orden nacional, fue creada para los
servidores de la Rama Judicial mediante el Decreto 247 de 1997, como un factor
salarial al que estos tendrían derecho cumplido un año continuo de labores y que
debía tenerse en cuenta para efectos pensionales.

47. Sobre este factor salarial, esta Corporación, en sentencia de 29 de junio de
200620, al resolver un recurso de apelación en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de una pensión de jubilación de un servidor de la
Rama Judicial contra la Extinta CAJANAL, dijo:

«El Decreto 247 de 1997, (en el art 1°), para los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial y Justicia Penal Militar, señala que esta bonificación es exigible a
partir del 1º de enero de 1997 […]. Esta prima es computable para efectos
pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora, como es una prima
anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para la liquidación pensional.

(…) Conforme al ordenamiento jurídico estas primas son anuales, pues se pagan
una vez por año, cuando se cumplen los requisitos; también se reconocen y pagan
‘proporcionalmente’ cuando el servidor no labora para la época normal de su pago.
Por ello, para efectos pensionales, se las ha tenido en cuenta en una doceava
parte de su valor21.».

48. Criterio reiterado en sentencia del 31 de julio de 202022, al establecer lo que:

«(…) la bonificación por servicios prestados constituye un factor salarial que se paga
siempre que el empleado cumpla un año de servicios en forma continua en la misma
entidad oficial, motivo por el cual para efectos de la inclusión del referido emolumento
en la liquidación de la pensión del accionado debe hacerse en una doceava parte, y
no sobre el 100%, tal como lo determinó el a quo, habida cuenta de que este se
recibe de manera anual, y en razón a ello, resulta contrario a derecho lo dispuesto en
la sentencia de tutela de 30 de mayo de 2008, emitida por el Juzgado Séptimo (7°)
Penal de Manizales, y por ende, es dable declarar la nulidad de las Resoluciones

20 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, sentencia del 29 de junio de

2006, expediente 15001-23-31-000-2000-02396-01(7559-05), C. P. Tarsicio Cáceres Toro.
21 «Derrotero jurisprudencial vigente al momento de la sentencia objeto de revisión y reiterado en sentencias

de: (i) 8 de febrero de 2007, consejero ponente Alberto Arango Mantilla, radicado 25000-23-25-000-2003-
06486-01 (1306-06); (ii) 6 de agosto de 2008, consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente
25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08); y (iii) 14 de agosto de 2009, consejero ponente Víctor Hernando
Alvarado Ardila, radicado 25000-23-25-000-2005-03346-01 (1508-08).».
22 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de

31 de julio de 2020. Radicación número: 05001-23-33-000-2013-00450-02(2641-17). C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
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46558 de 11 de septiembre de 2008 y UGM 38867 de 20 de marzo de 2012, que
fueron expedidas en cumplimiento de esa decisión.».

49. Por lo dicho, se tiene que para el cálculo de dicha bonificación, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, ha de entenderse que su
inclusión en la liquidación de la pensión de jubilación no puede ser por el monto
total de lo recibido en el año, el 100%, sino por lo que corresponde a una mesada, o
sea, una doceava parte, habida cuenta de que su pago se realiza anualmente.

Caso concreto

50. Ahora, visto lo anterior, es importante recordar que la sentencia apelada
accedió a la pretensión de nulidad de los actos acusados en atención a que,
según el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, la liquidación de la
bonificación por servicios debe hacerse en una doceava parte y no sobre el
100% de la suma correspondiente, como lo ordenó el juez constitucional, razón
por la cual los actos administrativos demandados se encuentran viciados de
nulidad.

51. La accionada discrepa de tal estimación, toda vez que las resoluciones
demandadas no son susceptibles de control, por tratarse de actos de ejecución
de un fallo de tutela, el que ya hizo tránsito a cosa juzgada e impide reabrir un
nuevo debate sobre este tema, y que no existe disposición normativa que
establezca la proporción de la bonificación por servicios que debe ser computada
para liquidar su pensión de jubilación, de tal manera que el juez constitucional
basó su orden de amparo en una visión jurisprudencial contraria a la posterior del
Consejo de Estado, que el a quo aplica de manera retroactiva.

52. Para resolver el punto relacionado con el control del acto administrativo
acusado, debe la Sala recordar que a través de la jurisprudencia, como ya se vio,
se ha señalado que el medio de control y nulidad y restablecimiento de derecho,
dentro del que se encuentra la acción de lesividad, es procedente para examinar
la legalidad de un acto administrativo de ejecución, excepcionalmente, cuando
tuvo origen en un fallo de tutela, es decir, en cumplimiento de una orden del juez
constitucional, en virtud del respeto al principio del juez natural, en armonía con el
artículo 238 de la Constitución Política.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
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53. Así las cosas, si bien es cierto que las resoluciones declaradas nulas por el a
quo devinieron del cumplimiento de un fallo de tutela, que ordenó reliquidar la
pensión de jubilación de la accionada con la inclusión del 100% de lo devengado
por concepto de bonificación por servicios prestados, también lo es que esta
acción se encuentra dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada
obste para que el juez competente conozca de las demandas en contra de los
actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no.

54. En este asunto, la cosa juzgada constitucional o inmutabilidad del fallo de
tutela se predica respecto de los derechos constitucionales fundamentales
amparados por la autoridad judicial que ordenó a CAJANAL el mencionado
reajuste.

55. En ese orden de ideas, en el sub lite la cosa juzgada constitucional no cobija
a los actos administrativos objeto de reproche en este asunto porque existe un
ordenamiento especial que otorga a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo la facultad de juzgar, a petición de cualquier persona, la legalidad
de los actos que expida la Administración.

56. En consecuencia, se tiene que los actos anulados por el a quo, contrario a la
afirmado por la accionante, sí son susceptibles de control ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, máxime cuando la controversia que aquí se
plantea y ahora ocupa la atención de la Sala, es diferente de la discusión primaria
que se efectuó en torno a la protección de los derechos fundamentales.

57. Ahora, en lo que tiene que ver con la proporción de la bonificación por
servicios que debe ser computada para liquidar la pensión de jubilación de la
accionada, la Sala encuentra acreditado que:

• Mediante la Resolución 19214 del 7 de septiembre de 200023, la subdirectora de
prestaciones económicas (e) de la entonces CAJANAL le reconoció la pensión de
jubilación a la demandada, a partir del 1° de agosto de 1999, pero condicionada a
demostrar el retiro del servicio para su disfrute, con el 75% del promedio de lo
devengado sobre el salario de 5 años y 4 meses, conforme al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 y la sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte

23 Visible a folios 76 y 77.

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Constitucional, en consideración a la asignación básica, la prima de antigüedad y
la bonificación por servicios prestados, resultando una cuantía de $1.171.421,17.

• A través de la Resolución 16488 del 28 de junio de 200224, expedida por la
subdirectora de prestaciones económicas (e) de la liquidada CAJANAL, en
cumplimiento a un fallo de tutela del Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Itagüí, se reliquidó la pensión de jubilación de la accionada con el 75% del salario
mensual más elevado devengado en el último año, teniendo en cuenta las primas
de navidad, servicios, vacaciones y antigüedad, la bonificación por servicios
prestados y el subsidio de alimentación, de acuerdo con lo previsto en el Decreto
546 de 1971, en concordancia con el artículo 36 (inciso 3º) de la Ley 100 de
1993, elevándose la cuantía de la prestación a $1.343.289,75, a partir del 1° de
agosto de 1999, pero condicionada a demostrar el retiro del servicio para su
disfrute.

• Por medio de la Resolución 15009 del 9 de agosto de 200425, la subgerente de
prestaciones económicas de la liquidada CAJANAL, acatando una sentencia de
tutela proferida por el Juzgado Penal Especializado de Manizales el 12 de mayo
de 2004, reliquidó la pensión de jubilación de la demandada, resultando una
suma de $1.902.070,01, desde el 1º de abril de 2002, no obstante, su disfrute
quedo condicionado a demostrar el retiro del servicio.

• A través de la Resolución 2061 del 29 de enero de 200826, expedida por el
gerente general de la liquidada CAJANAL, en cumplimiento de un fallo de tutela
proferido por Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales el 22 de febrero
de 2007, se ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la accionada con la
inclusión del 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios
prestados, resultando una suma de $2.273.722,25, desde el 1º de abril de 2002,
pero condicionada a demostrar el retiro del servicio para su disfrute.

• Por medio de la Resolución RDP 33875 del 25 de julio de 2013 27, la
subdirectora de determinación de derechos pensionales de la UGPP modificó el
anterior acto administrativo, toda vez que en este se aplicó una tasa de
reemplazo del 75% siendo lo procedente, en acatamiento del fallo referido, el
85% y, en consecuencia, se reliquidó la prestación, resultando una cuantía de

24 Visible a folios 94 y 95.
25 Visible a folios 115 a 117.
26 Visible a folios 143 a 146.
27 Visible a folios 201 a 203.

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$2.576.885, 21 desde el 1º de abril de 2002, sin embargo, su disfrute quedo
condicionado a demostrar el retiro del servicio.

• Mediante la Resolución RDP 49641 del 25 de octubre de 201328, expedida por
la asesora grado 16 encargada de subdirectora de determinación derechos
pensionales de la UGPP, se modificó y adicionó la Resolución 2061 del 29 de
marzo de 2008, toda vez que es procedente liquidar las diferencias que
resultaren de la pensión reliquidada.

58. La anterior documentación, da cuenta que a la accionada le fue reconocida la
pensión de jubilación mediante la Resolución 19214 del 7 de septiembre de 2000,
con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario de 5 años y 4 meses,
conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia 168 del 20 de abril
de 1995 de la Corte Constitucional, prestación que fue reliquidada, en
cumplimiento a unos fallos de tutela, a través de las Resoluciones 16488 del 28
de junio de 2002 y 15009 del 9 de agosto de 2004, expedidas por la subdirectora
(e) y la subgerente de prestaciones económicas de la liquidada CAJANAL,
respectivamente, conforme al artículo 6º del Decreto 546 de 1971, con el 75% de
la asignación básica mensual más elevada devengada durante el último año de
servicio.

59. Asimismo, que por medio de la Resolución 2061 del 29 de enero de 2008,
expedida por el gerente general de la liquidada CAJANAL, en cumplimiento de un
fallo de tutela proferido por Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales el
22 de febrero de 2007, se reliquidó la pensión de jubilación de la accionada con
la inclusión del 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios
prestados en el último año de labores. Posteriormente, esta entidad, a través de
las Resoluciones RDP 33875 del 25 de julio de 2013 y RDP 49641 del 25 de
octubre de ese año, dio cumplimiento total a la referida sentencia.

60. Ahora bien, en consideración a lo antes expuesto, la bonificación por servicios
prestados constituye un factor salarial que se paga siempre que el empleado
cumpla un año de servicios en forma continua en la misma entidad oficial, motivo
por el cual para efectos de la inclusión del referido emolumento en la liquidación de
la pensión de la accionada debe hacerse en una doceava parte, y no sobre el
100%, tal como lo determinó el a quo, habida cuenta de que este se recibe de

28 Visible a folios 210 y 211.

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manera anual y, en razón a ello, resulta contrario a derecho lo dispuesto en la
sentencia de tutela de 22 de febrero de 2007, proferida por el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Manizales y, en consecuencia, es posible declarar la nulidad
de las Resoluciones 2061 del 29 de enero de 2008, suscrita por el gerente
general de la extinta CAJANAL, RDP 33875 del 25 de julio de 2013 y RDP 49641
del 25 de octubre de ese año, que fueron expedidas en cumplimiento de la
mencionada decisión.

61. Consonantes con el análisis realizado a lo largo de esta providencia, la Sala
confirmará el fallo apelado sin consideración adicional sobre el fondo del asunto.

Condena en costas

62. La jurisprudencia de la Sala29 en dicha temática ha precisado que el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011 entrega al juez la facultad de disponer sobre su
condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la
actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente
aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del
artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.

63. Al realizar un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte
vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, no
se encuentra evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a
la demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho
a apelar, por ello, esta sentencia revocará la determinación de a quo de
imponerlas a esta.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de diciembre de 2020 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala segunda de oralidad, que accedió

29 Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez

Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset
Ibarra Vélez.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2018-00412-01
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Demandante: UGPP
Demandada: María Josefina Gallego Salazar

parcialmente a las pretensiones de la demanda, A EXCEPCIÓN del numeral
QUINTO que se REVOCA, en cuanto a la imposición de costas a la parte
demandada, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida, conforme lo
expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: Una vez ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección
segunda regresar el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión. Los Consejeros,

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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