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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00425-01

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00425-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 7 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda incoada por el señor Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de Rionegro (Antioquia), como sucesor procesal de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Gilberto Mejía Mejía, conforme a lo indicado en la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte actora, de acuerdo con las consideraciones del presente fallo. 3º. Reconócese personería a la abogada Diana Carolina Arias Aristizábal, con cédula de ciudadanía 1.036.936.424 y tarjeta profesional 245.632 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del municipio de Rionegro (Antioquia), en los términos del poder conferido. 4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-00425-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

23 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 05001-25-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Demandante : Guido Manuel Hernández Paternina
Demandada : Municipio de Rionegro (Antioquia), como sucesor
procesal de la Empresa Social del Estado (ESE)
Hospital Gilberto Mejía Mejía1
Tema : Retiro del servicio por supresión del cargo

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
contra la sentencia de 7 de febrero de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 2 a 4 vuelto y 98 a 101 vuelto). El señor Guido
Manuel Hernández Paternina, por intermedio de apoderada, ocurre ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la entonces Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Gilberto Mejía
Mejía (sucedida procesalmente por el municipio de Rionegro [Antioquia]), para
que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad parcial del «[…] Decreto 540 del 11 de
septiembre de 2017, artículo 5, emitido por el alcalde del municipio de
Rionegro, Antioquia, que suprimió el cargo de gerente de la Empresa Social
del Estado Hospital Gilberto Mejía Mejía, […] de período que venía
desempeñando el [demandante] […] desde el 21 de junio de 2016» (sic).

A título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al empleo que

1
Por medio de auto de 11 de noviembre de 2021 (f. 332), se aceptó al municipio de Rionegro (Antioquia) como
sucesor procesal de la Empresa Social del Estado Hospital Gilberto Mejía Mejía, toda vez que el procedimiento
liquidatorio de esta culminó el 11 de abril de 2018 y, en virtud del contrato de mandato 1 de 12 de los mismos mes
y año, suscrito entre el representante legal y el liquidador de la mencionada ESE y su posterior cesión al aludido
ente territorial, se dispuso que este respondería por todas las obligaciones inicialmente pactadas, dentro de las cuales
se encuentra la de «[…] continuar con la defensa jurídica de la entidad liquidada […]».

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

desempeñaba «[…] en iguales condiciones de trabajo a las que poseía al
momento de su desvinculación, o en otro de igual o superior categoría»; y el
pago de «[…] todos los salarios, prestaciones sociales, seguridad social,
reajuste de salarios y demás emolumentos que […] dej[ó] de percibir desde el
14 de septiembre de 2017 hasta la fecha efectiv[a] de su reintegro», sin solución
de continuidad. En forma subsidiaria, «[…] en caso de no ser procedente el
reintegro […]», se sufrague la suma de $329.201.875 correspondiente a salarios
y prestaciones sociales desde el 14 de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo
de 2020. Lo anterior con la respectiva indexación y las costas a que haya lugar.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que fue «[…] nombrado como
[g]erente de la E.S.E. HOSPITAL GILBERTO MEJÍA MEJÍA del
MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, a través del Decreto 349 del 17
de junio de 2016; aclarado por el […] 358 del 22 [siguiente] […] en cuanto a
que la fecha de terminación del período para el cual fue nombrado culmina el
31 de marzo de 2020» (sic); posesionado en el empleo el 21 de junio de 2016.

Que «[p]ara la selección de [ese] [c]argo […] para el período de abril 1 de
2016 al 31 de marzo de 2020, se utilizó la figura de [c]oncurso de [m]éritos
[…]», del que resultó vencedor. Sin embargo, por medio del acto acusado se
suprimió ese empleo, con ocasión del procedimiento de liquidación de dicha
institución de salud.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 6, 25 y 125 de la
Constitución Política; 192 y 195 de la Ley 100 de 1993; 28 de la Ley 1122 de
2007 (reglamentado con el Decreto 800 de 2008); 72 de la Ley 1438 de 2011;
138, 152 y 161 del CPACA; y 206 y 303 (numeral 7) del Código General del
Proceso (CGP). Asimismo, el Decreto 139 de 1996 y la Resolución 165 de 2008
del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Asevera que «[…] si bien, ha habido modificación en cuanto a la forma de
elección o nombramiento y al período institucional para el cual se nombran los
gerentes o representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, las
causales de remoción de estos funcionarios no han variado, pues se establece
que solo podrán ser removidos cuando se demuestre comisión de faltas graves,
falta a la ética o ineficiencia administrativa, incumplimiento de los indicadores
de evaluación o evaluación insatisfactoria de los planes de gestión»; que para
su caso «[…] no existe causal alguna de las enunciadas […]».

2

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

1.5 Contestaciones de la demanda.

1.5.1 Municipio de Rionegro (Antioquia) [ff. 225 a 229 vuelto]. A través de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda;
respecto de los hechos afirma que son ciertos; y su defensa se limita a la
formulación de las excepciones denominadas falta de legitimidad en la causa
por pasiva, inepta demanda por falta de los requisitos formales, caducidad e
inexistencia del derecho a reclamar.

1.5.2 Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Gilberto Mejía Mejía (ff.
124 a 140). Por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las
súplicas del libelo introductorio; frente a las situaciones fácticas dice que unas
son ciertas, otras parcialmente y las demás no le constan, por lo que deben
probase; y propone los medios exceptivos de (i) ineptitud de la demanda por
falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones, (ii)
improcedencia de la acción por no haber agotado el actor el requisito de
procedibilidad previo de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público
respecto del oficio ESEHGMME 351 de 11 de octubre de 2017, (iii) causa legal
de la supresión del empleo amparada en el inicio del procedimiento liquidatorio
de la entidad, (iv) inexistencia del derecho, (v) pago y cobro de lo no debido, y
(vii) incumplimiento por parte del acreedor (actor) de hacerse parte en el auto
de graduación y calificación de acreedores de la ESE hoy liquidada.

Arguye que «[…] de las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho impetrado por el [accionante] […] se infiere que
además de la nulidad del Decreto 540 del 11 de septiembre de 2017, solicita el
pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social, reajustes de
salarios, indemnización y demás emolumentos; prestaciones que fueron
negadas mediante oficio ESEHGMME No. 351 del 11 de octubre [siguiente]
[…] por lo que al recaer sus pretensiones sobre lo resuelto por este acto
administrativo, resulta necesario que a través del medio de control se hubiere
atacado la legalidad del mismo, sin que tal circunstancia se hubiese
presentado en el presente proceso, pues nos encontramos frente a un acto
administrativo complejo» (sic).

Que «[…] el empleo desempeñado por el [demandante] […] era de libre
nombramiento y remoción, […] que por su naturaleza genera una estabilidad
precaria, y que no lo hace inamovible, bajo la circunstancia especial del
proceso liquidatorio, pues a las luces de la jurisprudencia del [C]onsejo de
[E]stado, el ejercicio de este tipo de empleos puede ser interrumpido por
3

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

situaciones extraordinarias […], tal como ocurre en el presente caso, como lo
es la entrada en liquidación de la entidad» (sic).

1.6 La providencia apelada (ff. 289 a 296 vuelto). El Tribunal Administrativo
de Antioquia, en sentencia de 7 de febrero de 2019, negó las súplicas de la
demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] aunque en principio
los gerentes designados no pueden ser removidos antes de la finalización del
período, salvo situación extraordinaria, en el caso concreto, está justificado el
retiro del servicio del demandante, por la supresión de su cargo ordenada en
el artículo 5º del Decreto 540 del 11 de septiembre de 2017, expedido por el
[a]lcalde […] de Rionegro, a partir del 14 de septiembre de 2017, fecha en la
que se suscribió el [a]cta de inicio del contrato de prestación de servicios con
la empresa liquidadora de la ESE Hospital Gilberto Mejía Mejía, de
conformidad con el literal i) del canon 41 de la Ley 909 de 2004 […]» (sic).

Que «[…] al no estar consagrado en disposición alguna del ordenamiento
jurídico que los servidores de libre nombramiento y remoción, y los de período
fijo, tienen derecho a recibir indemnización, como consecuencia de la
supresión de una entidad en que se les eliminen los cargos de los cuales son
titulares, no puede ejercitarse la protección al principio de confianza legítima
(creen en la legalidad de la actuación administrativa), puesto que la
Administración en este caso no defraudó las expectativas que hubiera podido
tener el accionante […]. Y que, el retiro del servicio se produce por la
supresión del empleo, que es una de las causales estatuidas en la ley, motivado
por factores de interés general que prevalecen sobre el particular […]» (sic).

1.7 El recurso de apelación (ff. 300 a 302). El demandante, a través de
apoderada, interpuso recurso de apelación, al estimar que «[l]a facultad para
suprimir un cargo, no exonera al nominador de reconocer y respetar derechos
laborales adquiridos, y en este caso concreto, respaldado en un contrato de
período fijo emanado de un concurso de mérito[s], en el cual […] ocup[ó] el
primer puesto en la lista con un alto puntaje».

Que «[n]i el municipio, ni la entidad liquidadora contemplaron la posibilidad,
ni [su] derecho de reubicación […] desconociendo desde el principio la calidad
de funcionario de carrera administrativa respaldada en un contrato de período
fijo o institucional. Debieron estos haber tenido en cuenta […] para reubicarlo
en otro cargo de igual o superior categoría o incluirlo en la masa liquidatoria
de la E.S.E. […]» (sic).

4

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 25 de febrero de
2019 (f. 303) y admitido por esta Corporación a través de auto de 11 de
noviembre de 2021 (f. 332), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con
el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al
Ministerio Público, con auto de 7 de marzo de 2022 (f. 334), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por las
primeras para reiterar sus argumentos de demanda, alzada y defensa2.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si al accionante le asiste razón jurídica
para reclamar su reintegro a la planta de personal de la ESE Hospital Gilberto
Mejía Mejía (liquidada) y el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de
recibir, en su condición de gerente, nombrado para período fijo, previo concurso
de méritos; o si, por el contrario, su retiro del servicio estuvo justificado en que
el cargo fue suprimido dada la situación extraordinaria del procedimiento
liquidatorio de esa institución de salud, sumado a que era de libre nombramiento
y remoción, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

3.3.1 Naturaleza del cargo de gerente de las empresas sociales del Estado.
Con ocasión de la expedición de la Ley 100 de 19933 se creó, como una
categoría especial de entidad pública descentralizada, a las empresas sociales
del Estado (ESE), cuyo propósito es la prestación de servicios de salud en forma
directa por la Nación o por las entidades territoriales. Al respecto, el artículo
2
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
3
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
5

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

194 preceptúa:

Naturaleza. La prestación de servicios de salud en forma directa por la
Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas
Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad
pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o
concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este
capítulo.

El artículo 195 de la mencionada Ley 100 de 1993, que regula el régimen
jurídico de las ESE, establece en su numeral 4 que «[e]l director o representante
legal será designado según lo dispone el artículo 192 de la presente Ley», que
dispone:

Dirección de los Hospitales Públicos. Los directores de los hospitales
públicos de cualquier nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe
de la respectiva entidad territorial que haya asumido los servicios de
salud, conforme a lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y a la
reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional, de terna que
le presente la junta directiva, constituida según las disposiciones de la
Ley 10 de 1990, por períodos mínimos de tres (3) años prorrogables.
Sólo podrán ser removidos cuando se demuestre, ante las autoridades
competentes, la comisión de faltas graves conforme al régimen
disciplinario del sector oficial, faltas a la ética, según las disposiciones
vigentes o ineficiencia administrativa definidas mediante reglamento
del Gobierno Nacional.

Parágrafo 1º. Esta norma entrará en vigencia a partir del 31 de marzo de
1995.

Parágrafo 2º. Los directores de hospitales del sector público o de las
Empresas Sociales del Estado se regirán en materia salarial por un
régimen especial que reglamentará el Gobierno Nacional dentro de los
seis meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, teniendo en
cuenta el nivel de complejidad y el presupuesto del respectivo hospital.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 1892 de 19944, aplicable «a los
directores de hospitales públicos o gerentes de las empresas sociales de salud
del orden territorial que sean seleccionados conforme a lo establecido en el
presente Decreto»5, prevé:

4
«Por el cual se establece el Sistema de Selección, Nombramiento y el Régimen Especial de Salarios y Estímulos
de los cargos de Directores de Hospitales Públicos o Gerentes de Empresas Sociales de Salud del Nivel Territorial
y se adiciona el Decreto 1335 de 1990».
5
Artículo 1º. del Decreto 1892 de 1994.
6

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

Del nombramiento y posesión. El jefe de la respectiva entidad territorial
nombrará al Director de Hospital Pública o Gerente de Empresa Social
de Salud de la terna que la Junta Directiva le haya remitido. El aspirante
seleccionado tomará posesión ante el nominador o su delegado, en los
términos y condiciones de la normatividad vigente.

Parágrafo. En caso de ausencia definitiva del Director o Gerente
nombrado mediante este procedimiento, el Jefe de la entidad territorial
solicitará a la Junta Directiva completar la terna original para nombrar
con base en ella al nuevo director.

El artículo 2º del Decreto 139 de 19966, en lo atinente a la naturaleza del cargo
de gerente de las ESE o de director de las instituciones prestadores de salud
públicas, estatuye que «[…] son empleados públicos de período fijo, nombrados
por el jefe de la entidad territorial respectiva, para un período mínimo de tres
(3) años, prorrogables, de terna que presente la junta directiva del organismo
o entidad, de acuerdo con lo dispuesto sobre el particular por la Ley 10 de
1990, para ejercer funciones de dirección, planeación, evaluación y control en
la administración y gestión de una institución prestadora de servicios de salud,
de naturaleza jurídica pública y de las empresas sociales del Estado».

La Ley 1122 de 20077 hizo significativas modificaciones en esta materia, para
lo cual en su artículo 28 fijó las siguientes reglas:

Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por
períodos institucionales de cuatro (4) años, mediante concurso de
méritos que deberá realizarse dentro de los tres meses, contados desde
el inicio del período del Presidente de la República o del Jefe de la
Entidad Territorial respectiva, según el caso. Para lo anterior, la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual,
el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo
Gerente[8].

Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos
por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al
nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación

6
«Por el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y
Directores de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y se adiciona el Decreto número
1335 de 1990».
7
«Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan
otras disposiciones».
8
Texto subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-181 de 2010, en el
entendido de que la terna a la que se refiere deberá ser conformada por los concursantes que hayan obtenido las tres
mejores calificaciones en el respectivo concurso de méritos; de que el nominador de cada empresa social del Estado
deberá designar en el cargo de gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje; y de que el resto de la terna
operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no sea posible designar al candidato que obtuvo la mejor
calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero.
7

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos.

En caso de vacancia absoluta del gerente deberá adelantarse el mismo
proceso de selección y el período del gerente seleccionado culminará al
vencimiento del período institucional. Cuando la vacancia se produzca
a menos de doce meses de terminar el respectivo período, el Presidente
de la República o el jefe de la administración Territorial a la que
pertenece la ESE, designará gerente.

Parágrafo transitorio. Los Gerentes de las ESE de los niveles
Departamental, Distrital y Municipal cuyo período de tres años termina
el 31 de diciembre de 2006[9] durante el año 2007 continuarán
ejerciendo el cargo hasta el 31 de marzo de 2008.

Los gerentes de las ESE nacionales que sean elegidos por concurso de
méritos o reelegidos hasta el 31 de diciembre de 2007, culminarán su
período el 6 de noviembre de 2010. Cuando se produzcan cambios de
gerente durante este período, su nombramiento no podrá superar el 6 de
noviembre de 2010 y estarán sujetos al cumplimiento de los reglamentos
que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.

Para el caso de los gerentes de las ESE Departamentales, Distritales o
Municipales que a la vigencia de la presente ley hayan sido nombrados
por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo hasta
finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos, quienes
los reemplacen para la culminación del período de cuatro años
determinado en esta ley, serán nombrados por concurso de méritos por
un período que culminará el 31 de marzo de 2012. Todos los gerentes
de las ESE departamentales, distritales o municipales iniciarán períodos
iguales el 1° de abril de 2012 y todos los gerentes de las ESE nacionales
iniciarán períodos iguales el 7 de noviembre de 2010.

La anterior disposición fue reglamentada por el Decreto 800 de 2008 y objeto
de control constitucional por parte de la Corte Constitucional, que en sentencia
C-181 de 2010, precisó que la elección de los gerentes de las ESE tiene las
siguientes características:

Los literales a) y b) del numeral segundo del [artículo 5 de la Ley 909
de 2004] […] indican que son cargos de libre nombramiento y remoción
en la administración descentralizada a nivel nacional y territorial, los
cargos de gerente. De conformidad con esta norma y dada la naturaleza
de las funciones que desempeñan los gerentes de las empresas sociales
del estado, es claro que la naturaleza de estos empleos es de libre
nombramiento y remoción.

9
Texto subrayado declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-957 de 2007, M. P.
Jaime Córdoba Triviño.
8

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

Por regla general, los nominadores de los cargos de libre nombramiento
y remoción gozan de discrecionalidad para proveer las vacantes. No
obstante, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración y en
concordancia con el artículo 2 de la Ley 909 de 2004, resolvió en la Ley
1122 de 2007 (i) someter la provisión de los cargos de gerentes de las
empresas sociales del estado al sistema de concurso, y (ii) asignarles un
periodo institucional de cuatro años.
[…]
El sometimiento de la provisión de estos cargos al sistema de concurso
de méritos y la institucionalización de su periodo tienen dos
consecuencias principales. En primer lugar, el concurso que se lleve a
cabo debe respetar las reglas que han sido fijadas por la Constitución y
la jurisprudencia de esta Corporación, como se expuso en
consideraciones previas; en segundo lugar, la institucionalización del
periodo implica que los gerentes designados no pueden ser removidos
antes de la finalización del periodo, salvo que se presenten situaciones
extraordinarias.

Según el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1122 en concordancia
con el Decreto 800 de 2008, el concurso para la provisión de los cargos
de gerentes de las empresas sociales del estado se realiza de la siguiente
manera: las empresas deben organizar el respectivo concurso de méritos
dentro de los tres meses siguientes al inicio del período del Presidente
de la República o del jefe de la entidad territorial respectiva, según el
caso. Una vez concluido el proceso de selección, la institución
contratada para realizar el concurso debe elaborar un listado de elegibles
con al menos los 5 participantes mejor calificados. La junta directiva
debe conformar a continuación una terna con candidatos de este último
listado. Finalmente, el nominador señalado en los estatutos de cada
empresa debe designar discrecionalmente uno de los candidatos de la
terna como nuevo gerente. Se trata de un sistema dual que combina un
concurso de méritos destinado a la elaboración de una lista de elegibles,
con la conformación de una terna ofrecida al nominador para que haga
la designación correspondiente.

3.3.2 Retiro del servicio de un empleo de libre nombramiento y remoción
por supresión del cargo. La Ley 909 de 23 de septiembre de 200410, en el
artículo 41, en relación con las formas de retiro del servicio de los empleados
públicos, dispuso:

Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera
administrativa se produce en los siguientes casos:
[…]

10
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se
dictan otras disposiciones».
9

Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

l) Por supresión del empleo.
[…]

Como puede observarse, la anterior norma prevé que tal desvinculación puede
presentarse en forma indistinta si se trata de un cargo de libre nombramiento y
remoción o uno de carrera administrativa; sin embargo, dicha Ley solo
contempló la indemnización por esta razón en los casos en que se trate de los
segundos (carrera administrativa). Al respecto, el artículo 44 ibidem consagra:

Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión
del cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como
consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de
entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de
una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les
supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho
preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la
nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser
reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir
indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de
reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.

En relación con la supresión de cargos, esta Sala determinó11:

[…] la supresión de empleos se debe entender como una causa admisible
de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra
su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las
entidades públicas a los requerimientos del servicio. En efecto, la
supresión de cargos de carrera en la administración suele presentarse por
varias circunstancias, bien por fusión o liquidación de la entidad pública
respectiva, por reestructuración de la misma, por modificación de la
planta de personal, por reclasificación de los empleos o bien por
políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la
prestación del servicio público para el control del gasto público.

A guisa de corolario, el cargo de gerente de una empresa social del Estado, a
pesar de ser de período fijo, es de libre nombramiento y remoción, es decir,
aquella característica no muta a la de carrera administrativa por la aparente
estabilidad con que cuenta quien lo desempeña (se insiste, referente al lapso
para el cual fue designado). De igual modo, de acuerdo con las normas que
regulan la materia, una de las causales de retiro del servicio es la supresión del
cargo, en forma independiente si se trata de uno de libre nombramiento y
remoción o de carrera, pues el ordenamiento jurídico no distingue frente a este

11
Sentencia de 9 de octubre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2016-03082-01 (399-19).
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

aspecto, como sí lo hace en relación con los derechos que surgen para quien lo
ejerce en la segunda calidad, tales como preferencia en la reincorporación o el
eventual pago de indemnización.

3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Decreto 349 de 17 de junio de 2016 (ff. 5 y 6), expedido por el alcalde de
Rionegro (Antioquia), por el cual nombró al accionante como gerente de la ESE
Hospital Gilberto Mejía Mejía, aclarado con Decreto 358 de 22 siguiente (f. 7).
La anterior designación fue el resultado del concurso de méritos adelantado con
ocasión de la convocatoria 1 de 26 de enero anterior (ff. 10 a 16), en la que aquel
ocupó el primer lugar, según acta 9 de la junta directiva de dicha ESE de 4 de
junio de esa anualidad (f. 67).

b) Acta de posesión de 21 de junio de 2016 (f. 9), que da cuenta de que el actor
asumió el anterior empleo para el período institucional del 22 siguiente al 31 de
marzo de 2020.

c) Decreto 540 de 11 de septiembre de 2017 (ff. 68 a 79), proferido por el alcalde
de Rionegro (Antioquia), por medio del cual se suprimió la ESE Hospital
Gilberto Mejía Mejía, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones.
En su artículo 5 (acusado de nulidad en este proceso) se dispuso que «[e]l cargo
de gerente […] queda suprimido a partir de la fecha el acta de inicio del
contrato de prestación de servicios profesionales que para el efecto suscriba el
municipio de Rionegro con el liquidador». Con comunicación de 14 siguiente
esta decisión fue notificada al demandante (f. 80 y 81).

d) Escritos de 25 de septiembre y 12 de octubre de 2017 (ff. 82 y 83), mediante
los cuales el accionante pide de la ESE demandada el pago de indemnización
por su retiro del servicio, negada con oficio ESEHGMME 351 de 11 de octubre
de esa anualidad (ff. 85 y 86).

e) Acta de cierre del procedimiento liquidatorio de la ESE Hospital Gilberto
Mejía Mejía de 11 de abril de 2018 (ff. 193 a 203).

f) Resolución 124 de 13 de abril de 2018 (ff. 205 y 206), dictada por el

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Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

liquidador de la ESE Hospital Gilberto Mejía Mejía, con la cual declara la
finalización del procedimiento liquidatorio.

De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que, tras haber
obtenido el primer lugar en la convocatoria 1 de 2016, por medio de Decreto
349 de 17 de junio de 2016 del alcalde de Rionegro (aclarado con Decreto 358
de 22 siguiente), el actor fue nombrado como gerente de la ESE Hospital
Gilberto Mejía Mejía, cargo del que tomó posesión el 21 de los mismos mes y
año, para el período del 22 siguiente al 31 de marzo de 2020. Sin embargo, con
ocasión de la supresión de la entidad ordenada con Decreto 540 de 11 de
septiembre de 2017 (acusado), su empleo fue suprimido y él retirado del
servicio.

En virtud de la anterior decisión, el accionante acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, por lo que interpuso recurso de apelación,
en el que insistió en que debieron respetarse sus «[…] derechos laborales
adquiridos, y en este caso concreto, respaldado[s] en un contrato de período
fijo emanado de un concurso de mérito[s], en el cual […] ocup[ó] el primer
puesto en la lista con un alto puntaje». De igual modo, estimó que debió
reubicársele en otro empleo, pues se desconoció «[…] desde el principio la
calidad de funcionario de carrera administrativa respaldada en un contrato de
período fijo o institucional […]».

Para desatar la cuestión litigiosa, se retoma lo expuesto en el marco jurídico de
este fallo, atinente a que el cargo de gerente de una empresa social del Estado,
en este caso la ESE Hospital Gilberto Mejía Mejía (liquidada), según lo previsto
en la Ley 1122 de 2007 y sus normas concordantes, es de libre nombramiento
y remoción y de período fijo institucional de 4 años, el que vencía el 31 de
marzo de 2020, de conformidad con el Decreto 358 de 22 de junio de 2016.

Sobre este punto, la Sala advierte que no le asiste razón al actor en su afirmación
de que era un servidor de carrera administrativa dada la culminación de un
concurso de méritos en el que obtuvo el primer lugar y su derecho a acceder al
empleo por el período institucional que se ha hecho referencia, toda vez que,
conforme a las normas a que se ha hecho referencia y su desarrollo
jurisprudencial, la condición particular con que cuenta este tipo de empleos
(referente a la forma de acceder a él y su tiempo de servicio), no muta su
naturaleza de libre nombramiento y remoción a la de carrera administrativa,
como pretende hacerlo ver, pues lo que se buscó con la regulación de un
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Rionegro (Antioquia)

procedimiento para su selección fue blindar con transparencia esta clase de
designación, en la que se fijaron reglas claras para acceder a ese empleo, mas
no la modificación en su naturaleza.

De igual modo, cabe precisar que los gerentes designados en las ESE no pueden
ser removidos antes de la finalización de su período, salvo situación
extraordinaria, según lo sostuvo la Corte Constitucional en la mencionada
sentencia C-181 de 2010.

En tal sentido, el retiro del servicio del accionante por la supresión de su cargo
se encuentra justificada en el procedimiento liquidatorio que empezó con la
expedición del Decreto 540 de 11 de septiembre de 2017 (acusado parcialmente,
artículo 5º), expedido por el alcalde de Rionegro (Antioquia), desvinculación
que se hizo efectiva el 14 siguiente, cuando fue suscrita el acta de inicio del
contrato de prestación de servicios profesionales 6-181-2017 que para el efecto
firmó el ente territorial con el liquidador12.

Asimismo, resulta relevante aclarar que los motivos en que se fundó la decisión
de supresión de la referida ESE están consignados en el Decreto 540 de 2017,
acto administrativo que se presume legal en la medida en que no ha sido
declarado nulo por esta jurisdicción y, por tanto, son veraces y suficientes sus
motivos, pues en este proceso el accionante no ha llevado a un convencimiento
diferente, por cuanto si bien alegó la trasgresión de algunas normas del
ordenamiento jurídico, no desvirtuó dicha presunción. Además, para esta
subsección no hay duda acerca de que la supresión de un organismo estatal
comporta una situación extraordinaria en la que se respalda un eventual retiro
del servicio por supresión del cargo de gerente de una ESE.

Sumado a lo anterior, esta Corporación en un caso similar, precisó que «[…] no
es posible reconocer los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el 6
de noviembre de 2010, pues el servicio no se prestó y el retiro se produjo por
la supresión de su cargo realizado en forma legal por el Presidente de la
República. Tampoco se puede ordenar el reconocimiento de la indemnización
por la supresión de su cargo, pues como se dijo anteriormente la naturaleza del
cargo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado es de libre
nombramiento y remoción y no de carrera administrativa»13.

12
Información tomada de la comunicación de 14 de septiembre de 2017 (ff. 80 y 81).
13
Sentencia de 27 de abril de 2015, expediente 54001-23-31-000-200900046-01 (77-2014), C. P. Alfonso Vargas
Rincón.
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00425-01 (2001-2019)
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En consecuencia, para esta Sala la decisión adoptada por la Administración y
avalada por el Tribunal de instancia está ajustada a derecho, y no como se alega
en la alzada; por el contrario, ambas tuvieron como sustento los fines del Estado
y las normas que regulan este tipo de situaciones al interior de los organismos
estatales, como lo es la liquidación de entidades, junto con las supresiones de
cargos que ello conlleva; por tanto, la sentencia apelada será confirmada en
cuanto a ese punto respecta.

Por otro lado, en lo atañedero a la condena en costas, que incluye las agencias
en derecho, que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento
dentro del proceso, esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de
201614, se pronunció así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas
en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda
acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr.
Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no
presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del
CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio
de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por
las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio
judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de
la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida
esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso
14
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Rionegro (Antioquia)

normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo
sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda,
excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen
hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se
utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u
omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y
expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente
inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante,
se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del
derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en
el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la
materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder del
actor, se revocará la condena en costas.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas; y se revocará la condena
en costas.

En razón a que quien se halla habilitado legalmente para ello confirió poder en
nombre del municipio de Rionegro (Antioquia)15, se reconocerá personería a la
profesional del derecho destinataria de aquel.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

15
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia)

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 7 de febrero de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda
incoada por el señor Guido Manuel Hernández Paternina contra el municipio de
Rionegro (Antioquia), como sucesor procesal de la Empresa Social del Estado
(ESE) Hospital Gilberto Mejía Mejía, conforme a lo indicado en la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte actora, de acuerdo con las
consideraciones del presente fallo.

3º. Reconócese personería a la abogada Diana Carolina Arias Aristizábal, con
cédula de ciudadanía 1.036.936.424 y tarjeta profesional 245.632 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada del municipio de Rionegro
(Antioquia), en los términos del poder conferido.

4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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