Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00505-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00505-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2018-00505-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de julio de 2026
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00505-01 (72380)
Demandante: Nueva California S.A.S.
Demandados: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: medios de control de controversias contractuales y de
reparación directa
Temas: controversias contractuales – reparación directa – contrato de concesión minera –
fuente del daño – medio de control procedente
Síntesis del caso: se demanda porque, a raíz de la declaratoria de inexequibilidad del
parágrafo 1 del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, la parte actora no pudo concluir la
etapa de exploración de dos contratos de concesión minera.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 6 de marzo de 2018, Nueva California S.A.S. presentó una demanda1, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales y del medio
de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de
Minas y Energía (el Ministerio), el departamento de Antioquia (el
Departamento) y la Nación – Rama Judicial (la Rama Judicial), con el fin de
que se estudiaran un grupo de pretensiones contractuales y un grupo de
pretensiones extracontractuales (se trascribe):
1 Folios 224-277 del cuaderno 2. Expediente híbrido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00505-01 (72380)
Demandante: Nueva California S.A.S.
Demandados: Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: controversias contractuales y reparación
directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
“PRETENSIONES BAJO EL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES:
[Pretensiones comunes]
PRIMERA: Que se DECLARE que entre la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA Y/O EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS y la
señora MARCELA RAMÍREZ VARÓN se celebraron los Contratos de Concesión
Minera Nos. 6323/07 y 6754/09.
SEGUNDA: Que se DECLARE que la sociedad NUEVA CALIFORNIA S.A.S. es
cesionaria del 80% de los títulos mineros No. 6323/07 y 6754/09.
[Primer grupo de pretensiones contractuales]
TERCERA: Que se DECLARE que la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Y/O EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS incumplieron
los Contratos de Concesión Minera Nos. 6323/07 y 6754/09.
CUARTA: Que como consecuencia de la anterior declaración se CONDENE a
la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y/O EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS a resarcir los perjuicios de orden
patrimonial que sufriere la sociedad NUEVA CALIFORNIA S.A.S., como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a cargo de las primeras,
surgidas de los Contratos de Concesión Minera Nos. 6323/07 y 6754/09.
[Segundo grupo de pretensiones de contractuales – primera subsidiaria]
TERCERA: Que se DECLARE que los Contratos de Concesión Minera No.
6323/07 y 6754/09 sufrieron un desequilibrio económico como consecuencia
de la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo primero del artículo 173
de la Ley 1753 de 2015.
CUARTA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE a
la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y/O EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS al pago de la suma procedente para
equilibrar financieramente los referidos contratos, hasta el punto de no
pérdida a cargo del concesionario sociedad NUEVA CALIFORNIA S.A.S.
[Tercer grupo de pretensiones de contractuales – segunda subsidiaria]
TERCERA: Que se DECLARE que los Contratos de Concesión Minera No.
6323/07 y 6754/09 fueron afectados por circunstancias extraordinarias,
imprevistas o imprevisibles, posteriores a su celebración y que hicieron
imposible su ejecución.
CUARTA: Que como consecuencia de la anterior declaración se CONDENE a
la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y/O EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS al pago de la suma procedente para
llevar al concesionario NUEVA CALIFORNIA S.A.S. al punto de no pérdida.
[Pretensiones comunes]
QUINTA: Que se declare la terminación de los Contratos de Concesión Minera
Nos. 6323/07 y 6754/09.
SEXTA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la NACIÓN –
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y/O EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –
SECRETARÍA DE MINAS.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00505-01 (72380)
Demandante: Nueva California S.A.S.
Demandados: Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: controversias contractuales y reparación
directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
PRETENSIONES BAJO EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA:
[Primer grupo de pretensiones de reparación directa - tercera subsidiaria]
PRIMERA. Que se DECLARE que la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Y/O EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS Y/O LA
NACIÓN – RAMA JUDICIAL son extracontractual y patrimonialmente
responsables de los daños que sufrió la sociedad NUEVA CALIFORNA S.A.S.
como consecuencia de la imposibilidad de ejecutar los Contratos de
Concesión Minera Nos. 6323/07 y 6754/09.
SEGUNDA. Que como consecuencia de esa declaración, se CONDENE a la
NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y/O EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS Y/O A LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a
indemnizar la totalidad de los perjuicios de orden patrimonial que sufrió la
sociedad NUEVA CALIFORNIA S.A.S., como consecuencia de la imposibilidad
de ejecutar los Contratos de Concesión Minera Nos. 6323/07 y 6754/09.
[Segundo grupo de pretensiones de reparación directa – cuarta subsidiaria]
PRIMERA. Que se DECLARE que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CORTE
CONSTITUCIONAL es extracontractual y patrimonialmente responsable bajo el
título de imputación de daño especial, con ocasión de los daños que bajo el
mismo título sufrió la sociedad NUEVA CALIFORNIA S.A.S.
SEGUNDA. Que como consecuencia de esa declaración, se CONDENE a la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CORTE CONSTITUCIONAL a indemnizar la
totalidad de los perjuicios de orden patrimonial que sufrió la sociedad NUEVA
CALIFORNIA S.A.S., con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del
parágrafo primero del artículo 173 de la Ley 1573 de 2015, a través de la
Sentencia C-035 de 2016, al haber producido dicha declaración legítima el
quebrantamiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas
respecto de NUEVA CALIFORNIA S.A.S.
[Tercer grupo de pretensiones de reparación directa – quinta subsidiaria]
PRIMERA. Que se DECLARE que la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
– Y/O EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS Y/O LA
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CORTE CONSTITUCIONAL son extracontractual y
patrimonialmente responsables de los daños que sufrió la sociedad NUEVA
CALIFORNIA S.A.S. como consecuencia de la violación al principio de
confianza legítima a cuyo amparo ejecutó los Contratos de Concesión Minera
Nos. 6323/07 y 6754/09.
SEGUNDA. Que como consecuencia de esa declaración se CONDENE a la
NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y/O EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS Y/O LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CORTE
CONSTITUCIONAL a indemnizar la totalidad de los perjuicios de orden
patrimonial que sufrió la sociedad NUEVA CALIFORNIA S.A.S., como
consecuencia de la violación al principio de confianza legítima a cuyo
amparo ejecutó los Contratos de Concesión Minera Nos. 6323/07 y 6754/09.
[Cuarto grupo de pretensiones de reparación directa – sexta subsidiaria]
PRIMERA. Que se DECLARE que la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA,
Y/O EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE MINAS, se
enriquecieron sin justa causa a expensas de la sociedad NUEVA CALIFORNIA
S.A.S. al haber percibido los cánones superficiarios cancelados por ésta en
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00505-01 (72380)
Demandante: Nueva California S.A.S.
Demandados: Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: controversias contractuales y reparación
directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
ejecución de los Contratos de Concesión Minera Nos. 6323/07 y 6754/09 y los
que a la fecha está legalmente impedida de ejecutar.
SEGUNDA. Que como consecuencia de esa declaración se CONDENE a la
NACIÓN MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y/O LA AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA – ANM Y/O EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE
MINAS.
[En todos los grupos de pretensiones de reparación directa se solicitó, como
pretensión tercera, que se condenara en costas y agencias en derecho a las
entidades demandadas]”.
2. Los perjuicios reclamados ascienden a $5.535.447.041, correspondientes
al daño emergente por los gastos en que incurrió la demandante en la
etapa de exploración de las áreas concesionadas, y a los perjuicios sufridos
por “haberse visto en imposibilidad de ejecutar los Contratos de Concesión
Minera”.
3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
4. Marcela Ramírez Varón y el Departamento suscribieron dos contratos de
concesión minera. El primero, el 6323 de 28 de diciembre de 2007; el
segundo, el 6754 de 9 de diciembre de 2009. En virtud de estos, la
concesionaria fue autorizada para la “exploración técnica y explotación
económica de una mina de oro, plata y sus concentrados, en áreas
debidamente identificadas, de 4.896 hectáreas y de 1.948 hectáreas,
respectivamente”, en los municipios de Entrerríos y Belmira, Antioquia.
5. Los contratos se perfeccionaron con la inscripción en el Registro Minero
Nacional. Posterior a ello, la señora Ramírez Varón cedió a Nueva California
el 80% de los títulos mineros, actos que fueron inscritos en el Registro Minero
Nacional el 27 de abril de 2009 y el 23 de julio de 2012.
6. Durante la ejecución contractual, Nueva California invirtió recursos
considerables. Sin embargo, los contratos fueron suspendidos por “un evento
de fuerza mayor”, a través de actos administrativos y, a la fecha de
presentación de la demanda, estaba pendiente un pronunciamiento de la
Administración porque Nueva California “est[aba] en imposibilidad jurídica
de ejecutarlos al encontrarse en la zona de influencia del Páramo de Santa
Inés”, del municipio de Belmira.
7. Durante las suspensiones, el Congreso de la República promulgó la Ley
1753 de 2015 —Plan Nacional de Desarrollo—. El artículo 173 ordenó la
protección y delimitación de los páramos, y prohibió la exploración y
explotación de recursos naturales no renovables en esas áreas, salvo para
aquellas personas que tuvieran un contrato y la licencia ambiental (o el
instrumento de control y manejo ambiental equivalente) con anterioridad al
9 de febrero de 2010. Por tanto, la sociedad demandante cumplía con los
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Demandante: Nueva California S.A.S.
Demandados: Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: controversias contractuales y reparación
directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
requisitos de la salvedad mencionada. Sin embargo, el 8 de febrero de 2016,
la Corte Constitucional, en la Sentencia C-035, declaró inexequible el
parágrafo primero del artículo referido. La decisión implicó la prohibición de
cualquier actividad minera en los páramos, sin excepción alguna, en
contravía de los derechos adquiridos de los particulares.
8. En cumplimiento de la decisión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expidió la Resolución 497 de 22 de marzo de 2016, mediante la
cual delimitó el páramo de Santa Inés, ubicado en el municipio de Belmira,
en superposición con los títulos mineros de la sociedad demandante. En
consecuencia, Nueva California “vio frustrados los derechos adquiridos en
virtud de la suscripción de los contratos de concesión minera”, que
actualmente “afrontan una imposibilidad jurídica y material de ejecución”.
9. Nueva California precisó que con la demanda no pretendía “cuestionar
la decisión tomada por la Corte Constitucional (…) ni la legalidad de ningún
acto administrativo”. Sin embargo, dado que la decisión de inexequibilidad
implicó que no pudiera seguir ejerciendo un derecho adquirido, se
presentaban los siguientes supuestos de responsabilidad contractual o
extracontractual: 1) daño especial: porque una actuación legítima del
Estado le impuso una carga mayor a la que debía soportar; 2) violación al
principio de confianza legítima: porque había realizado inversiones
amparada en el término de 30 años de la concesión otorgada; 3)
enriquecimiento sin causa: porque Nueva California pagó el canon
superficiario al Departamento y al Ministerio; 4) incumplimiento del contrato:
porque se vulneraron las cláusulas relativas a las áreas susceptibles de
explotación y las cláusulas sobre suspensión de los contratos, formadas con
base en las normas vigentes al momento de suscribir los negocios jurídicos; y
5) rompimiento del equilibrio financiero del contrato: por la pérdida de las
inversiones realizadas.
10. Por último, aclaró que lo solicitado no consistía en “la cantidad y calidad
de los minerales” que hubiera podido obtener en la fase de explotación,
pues ello era aleatorio; consistía en el reconocimiento de lo invertido durante
la fase de exploración, erogación que resultó inútil debido a la decisión de
la Corte Constitucional.
1.2. Posición de la parte demandada
11. El Ministerio contestó la demanda2. Sostuvo que no le constaban los
hechos, porque no intervino en las situaciones narradas por la parte actora.
Agregó que, como lo reconocía la parte demandante, los contratos
2 Folios 394-401 del cuaderno 2.
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Referencia: controversias contractuales y reparación
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Decisión: modificar la sentencia recurrida
estaban en la fase de exploración, la cual, según los artículos 71 y 78 de la
Ley 685 de 2001, solo generaba “una mera expectativa”.
12. Indicó que a la demandante no le asistía “derecho de reclamación de
la suma de dinero” porque, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 685 de
2001, el contrato de concesión minera se celebraba “por cuenta y riesgo
del concesionario”. Añadió que, de acuerdo con el Concepto de 11 de
diciembre de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, respecto de la
aplicación en el tiempo del artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 que había
prohibido realizar exploración y explotación de minería en los páramos, los
contratos en la primera etapa solo generaban una expectativa y, por lo
tanto, la prohibición aplicaba de inmediato. Que solo existían derechos
adquiridos cuando, obtenida la licencia ambiental y aprobado el plan de
trabajos y obras, había iniciado la explotación. De este modo, la sociedad
demandante no se encontraba en ninguno de los supuestos que,
eventualmente, permitirían que prosperara su reclamación.
13. Propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa,
porque la imposibilidad sobreviniente fue consecuencia de la Sentencia C-
035 de 2016 de la Corte Constitucional. Además, porque las imputaciones
contractuales recaían exclusivamente sobre el Departamento, como
entidad delegataria del otorgamiento de los títulos mineros en su jurisdicción.
En similar sentido, dado que no intervino en los hechos, propuso la excepción
de inexistencia de nexo causal.
14. Propuso la excepción de indebida escogencia del medio de control. Si
bien la parte actora indicó que no cuestionaba el acto administrativo que
delimitó el páramo de Santa Inés, la demanda identificó como hecho
generador del daño la Sentencia C-035 de 2016. Así, en su concepto, la
parte actora debió ejercer la acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la resolución que hizo la delimitación.
15. La Rama Judicial contestó la demanda3. Propuso la excepción de falta
de legitimación pasiva en la causa, porque, en su criterio, lo reclamado
correspondía a la responsabilidad por el hecho del legislador. En todo caso,
sostuvo que no se demostraron los elementos para declarar la
responsabilidad. Agregó que la Corte Constitucional no incurrió en un error
judicial, pues su decisión no fue arbitraria ni ilegal.
16. El Departamento contestó la demanda4. Sostuvo que el contrato de
concesión minera se ejecutaba “por cuenta y riesgo del contratista”, con
observancia del principio de “autonomía empresarial” para un uso
3 Folios 407-417 del cuaderno 2.
4 Páginas 1-24 del documento “009ContestacionDemanda” del expediente digital.
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directa
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razonable de los recursos. En su criterio, no resultaba “sensato que [en] la
etapa de exploración (…) el concesionario inviert[iera] sumas
significativamente onerosas sin saber si habr[ía] lugar o no a un retorno o a
una autorización de explotación”. Añadió que, solo en esta última fase, tras
la aprobación de la licencia ambiental y del plan de trabajos y obras, surgía
un derecho adquirido.
17. Afirmó que la actividad contractual de ambos títulos quedó suspendida
a partir de la Sentencia de acción popular de 22 de julio de 2015, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia. La decisión ordenó a Nueva
California “suspender toda actividad minera y tal determinación tuvo
efectos vinculantes para los títulos mineros”, tanto así que a partir de esa
fecha la sociedad no pagó más el canon superficiario. Así, no era aceptable
que la actora alegara un estado de “indefinición jurídica”, cuando las
concesiones habían sido “afectad[a]s con suspensión por disposición
judicial”. Agregó que los títulos también fueron afectados por la declaratoria
de inexequibilidad realizada por la Corte Constitucional y por la delimitación
que Corantioquia había hecho en 2007. Añadió que las decisiones judiciales
debían acatarse o impugnarse cuando fuera posible, que Nueva California
no recurrió la decisión del juez popular, y que en contra de la Sentencia C-
035 no procedía ningún recurso. Ambas providencias dieron prevalencia al
interés general y, por tratarse de decisiones judiciales, la acción contractual
contra el Departamento “carecía de causa”, pues no existía ninguna
diferencia contractual.
18. Sostuvo que no toda el área concesionada fue afectada por la decisión
de la Corte, por lo que debía asumirse que Nueva California no tenía interés
en el área restante para continuar con la exploración y una eventual
explotación. De acuerdo con el artículo 108 de la Ley 685 de 2001, los
titulares podían renunciar al área afectada, para lo que no era necesario
ejercer una acción judicial. Para dicha renuncia debía estar a paz y salvo
con las obligaciones contractuales, entre ellas, el pago del canon
superficiario previsto en la cláusula 15.
19. Destacó que los perjuicios reclamados eran desproporcionados. En la
propuesta económica, Marcela Ramírez proyectó una inversión por
$56.500.000 para los dos títulos y el artículo 81 de la Ley 685 de 2001
determinaba que los actos contractuales debían ejecutarse conforme con
“las partidas económicas relacionadas en los términos de referencia”.
20. Propuso, entre otras, la excepción de falta de legitimación pasiva en
relación con las pretensiones de reparación directa, porque la entidad no
profirió los actos jurídicos legislativos y judiciales que prohibieron la actividad
minera en los páramos, y la que denominó “ausencia de causa para
demandar”, porque como autoridad delegada actuó “en debida forma”
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Demandados: Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: controversias contractuales y reparación
directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
en el impulso y desarrollo de los contratos suscritos. Además, porque “el área
inicialmente otorgada” poseía una superficie suficiente para “ser explorada
y eventualmente explotada”, aun cuando deba ser recortada.
1.3. Sentencia de primera instancia
21. Mediante la Sentencia de 28 de noviembre de 20245, el Tribunal
Administrativo de Antioquia decidió (se trascribe):
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de controversias
contractuales, promovida por NUEVA CALIFORNIA S.A.S. con Nit. 811.007.250
contra la NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA con Nit 899.999.022, el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA con Nit. 890.900.286 y la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL con Nit.
800.165.789, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: Contra la presente decisión procede APELACIÓN ante el Consejo
de Estado”.
22. De acuerdo con el tribunal, en el proceso se demostró la suscripción de
los contratos de concesión, así como la posterior cesión del 80% de cada
título minero a la sociedad Nueva California. Asimismo, que en ninguno de
los dos se superó “la etapa de exploración técnica” y menos aún se
aprobaron el programa de trabajos y obras para la explotación y la licencia
ambiental para ello, de acuerdo con las cláusulas contractuales y el Código
de Minas.
23. Respecto de la pretensión de incumplimiento, el tribunal indicó que, de
acuerdo con los contratos, el concedente no estaba obligado al
saneamiento por evicción o vicios redhibitorios “sobre el área contratada en
la que esté prohibida o restringida la actividad de conformidad con los
artículos 34-35 del Código de Minas”; además, que estaban excluidas, de
pleno derecho, las áreas en que estaba prohibida la minería. Por tanto, la
entidad concedente no respondía por la ausencia de minerales
comercialmente aprovechables, ni por la privación del derecho a explorar
o explotar. Así, “no se observa[ba] la inejecución o ejecución imperfecta o
tardía de una obligación a cargo del concedente, por lo que no se
configura[ba] ningún presupuesto para declarar el incumplimiento de
aquellas”. Añadió que, según la Corte Constitucional, las zonas de exclusión
no se limitaban a las mencionadas en el artículo 34 del Código de Minas, ya
que la autoridad ambiental podía declarar otras a futuro.
24. En relación con las pretensiones de desequilibrio económico y las
alusiones a la teoría de la imprevisión, el tribunal refirió que los contratos de
5 Documento “45_Sentencia_F6101630201CO0500123_0_20241129132155715” del
expediente digital.
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Demandados: Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: controversias contractuales y reparación
directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
concesión minera eran de cuantía indeterminada y que se gestionaban por
cuenta y riesgo del concesionario, por lo que no era “posible hablar de una
equivalencia financiera de las prestaciones”. En todo caso, al no haber
superado la fase de exploración, “Nueva California no consolidó derecho
alguno para adelantar la etapa de explotación económica”.
25. Sobre las pretensiones de reparación directa, el tribunal sostuvo que la
parte demandante fundó su reclamo en la declaratoria de inexequibilidad
del parágrafo primero del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, realizada por
la Corte Constitucional en la Sentencia C-035 de 2016. No obstante, precisó,
la imposibilidad de ejecutar el contrato de concesión minera 6323 de 2007
se originó en la Sentencia 211 de 22 de julio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en una acción popular, en la que se ordenó a
Corantioquia que de manera inmediata restringiera y limitara la actividad
minera sobre los ecosistemas de páramo del área concedida, y a Marcela
Ramírez Varón y a Nueva California que suspendieran “de manera
inmediata la actividad minera sobre los ecosistemas de páramo”. Así,
respecto de este contrato, operó la caducidad de la acción, toda vez que
pasaron más de dos años desde la notificación de la sentencia —el edicto
fue desfijado el 24 de agosto de 2015— y la presentación de la demanda.
26. En relación con el contrato 6754 de 2009, afirmó que “todos los
habitantes del territorio nacional” debían “soportar la prohibición de
ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación minera en zonas de
exclusión”, con mayor razón cuando en este caso solo había una
expectativa de explotación y no un derecho adquirido. Así, la decisión de
la Corte Constitucional no era “constitutiva per se de un daño especial”, al
no ser una carga excepcional o singular “frente a las cargas que deben
asumir los particulares que adelantan una concesión minera”.
27. Tampoco podía considerarse que se vulneró el principio de confianza
legítima, porque la exploración solo generaba una expectativa que
dependía, posteriormente, de la aprobación del plan de trabajos y obras —
que contendría, entre otros aspectos, la delimitación definitiva del área a
explotar, y el cálculo y las características de las posibles reservas, así como
el montaje y desmonte de las obras de infraestructura— y la obtención de
la licencia ambiental.
28. Por último, señaló que no podía considerarse que hubo un
enriquecimiento sin causa por parte de la entidad concedente, porque lo
pagado por concepto de canon superficiario tenía su fuente jurídica en el
contrato.
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Referencia: controversias contractuales y reparación
directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
1.4. Recurso de apelación
29. La parte demandante interpuso un recurso de apelación6. Insistió en los
argumentos relativos al incumplimiento contractual. En su concepto, el
tribunal no tuvo en cuenta “el punto esencial planteado en la demanda”,
consistente en que, al momento de suscribirse y perfeccionarse los contratos
la actividad minera “era perfectamente lícita en las áreas concedidas, pero
por cuenta de los cambios regulatorios y las decisiones de la Corte
Constitucional, la actividad minera se tornó en ilícita”.
30. Con la demanda no se pedía el lucro cesante por no haber podido
explotar las áreas, sino únicamente lo invertido en la exploración, etapa que
fue interrumpida por decisiones legítimas, pero que “sometieron a la
demandante a una carga mayor y excepcional en relación con el resto de
ciudadanos que, beneficiándose de las medidas de protección del
ambiente, no habían realizado previamente cuantiosas inversiones”. El
rompimiento de las cargas públicas era evidente si se tenía en cuenta que
se trataba de la aplicación retroactiva de una prohibición. Con similares
argumentos, debía concluirse que ocurrió la vulneración del principio de
confianza legítima.
31. En este punto, reiteró que el parágrafo 1 del artículo 173 de la Ley 1753
de 2015 previó un régimen de transición, pues el Gobierno Nacional era
“consciente de la existencia de concesiones mineras otorgadas antes de la
expedición de las normas de protección de” páramos. No obstante, la
Sentencia C-035 de 2016 trajo consigo la imposibilidad jurídica de continuar
con la ejecución. Así, si el contrato adolecía de nulidad, el juez debía
declararlo y ordenar las compensaciones a que hubiera lugar. Lo contrario
sería aceptar que el Estado asumió “una posición regulatoria contradictoria
y en últimas expropiatoria”.
32. Cuestionó la decisión de declarar la caducidad del medio de control
respecto del contrato 6323 porque, a su juicio, “el origen del perjuicio no
[fue] la sentencia de acción popular”. Cuando se profirió esa sentencia, los
contratos ya estaban suspendidos y, por tanto, la decisión resultaba
intrascendente. En todo caso, reiteró que “el origen del daño reclamado a
título extracontractual (…) [fue] la decisión de la Corte Constitucional”,
momento a partir del cual la demanda era oportuna.
33. Agregó que, aun cuando en jurisprudencia reciente el Consejo de
Estado había determinado que los contratos de concesión minera en zonas
previamente delimitadas como Distritos de Manejo Integrado eran nulos, lo
6 Documento “46_050012333000201800505002MemorialWeb20241212215049” del
expediente digital.
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Demandante: Nueva California S.A.S.
Demandados: Ministerio de Minas y Energía y otros
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cierto es que en este caso “la situación [era] diferente, porque fue la misma
Ley 1753 de 2015” la que estableció un régimen de transición siempre que
los títulos mineros cumplieran tres requisitos: “(i) hubieran sido otorgados
antes del 9 de febrero de 2010, (ii) se encontraran en la etapa de
exploración o explotación y (iii) contaran con licencia ambiental o con el
instrumento de manejo y control equivalente”.
34. En línea con lo anterior, pidió que, de desestimarse los argumentos
planteados en la demanda y el recurso, y de llegar a considerar que los
contratos de concesión minera 6323 de 2007 y 6754 eran nulos por haberse
suscrito, 95,8% y 97,2%, respectivamente, “sobre zonas que habían sido
previamente incluidas dentro de un Distrito de Manejo Integrado”, según el
Acuerdo 282 de 14 de diciembre de 2007, debía aplicarse el artículo 1746
del Código Civil en relación con las restituciones mutuas, con base en los
dictámenes periciales y los documentos allegados al proceso.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Medio de control procedente – 2.3. Caducidad del
medio de control – 2.4. Análisis sustantivo – 2.5. Condena en costas
2.1. Síntesis de la controversia
35. La Sentencia de primera instancia será modificada. En primer lugar, la
Sala precisará que, aun cuando en la demanda se formularon pretensiones
contractuales y extracontractuales, como ha sostenido esta Subsección, lo
relevante para la determinación del medio de control procedente es la
fuente del daño. De este modo, en el mismo sentido en que el principio de
relatividad de los contratos implica que su contenido obligacional solo
produce efectos entre las partes, los daños que se estiman causados por
terceros a la relación negocial no resultan imputables al cocontratante. Por
ello, se declarará la indebida escogencia de la acción respecto de las
pretensiones contractuales.
36. En el presente asunto, la imposibilidad de continuar con la ejecución del
contrato de concesión minera 6323 se originó en la Sentencia de 22 de junio
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en una acción
popular. Así, como concluyó el tribunal y se incluirá en la parte resolutiva, la
acción de reparación directa en relación con este daño es extemporánea.
37. En segundo lugar, en relación con el contrato de concesión minera 6754,
la Sala negará las pretensiones de la demanda porque no se encuentra
dentro de la delimitación del páramo de Belmira realizada por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y, en relación con la referencia al
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Acuerdo 282 de 14 de diciembre de 2007 formulada en el recurso de
apelación, que supuestamente causaría la nulidad del contrato al
encontrarse el área en un Distrito de Manejo Integrado, no se pronunciará
por tratarse de una modificación de la causa petendi, situación claramente
improcedente en esta etapa procesal.
2.2. Medio de control procedente
38. El ordenamiento procesal en materia de lo contencioso administrativo
ha previsto diferentes medios de control según la fuente del daño. Así, la
identificación de la causa dañina resulta indispensable en aquellos asuntos
en los que, como el presente, hay relaciones jurídicas complejas que
pueden verse afectadas contractual y extracontractualmente. Al respecto,
esta Sección ha referido (se trascribe):
“La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica en señalar ‘que la fuente
del daño determina la acción procedente para analizar los supuestos que
fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la
formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo
para hacerlas valer por la vía jurisdiccional’. En este sentido, las normas que
regulan las condiciones para el ejercicio de cada tipo de acción no están al
arbitrio de la escogencia del interesado, pues se trata de normas de orden
público y de imperativo cumplimiento”7.
39. En línea con lo anterior, aunque en la demanda se hicieron diferentes
imputaciones de tipo contractual a la entidad concedente, para la Sala es
claro que la fuente del daño presentada es propia de un escenario de
responsabilidad extracontractual, pues se atribuye a una decisión judicial de
inexequibilidad. Tanto así, que solo a partir de ese momento la parte actora
considera que tuvo certeza del daño. En consecuencia, el medio de control
procedente en este asunto es el de reparación directa.
40. Conviene precisar que, en relación con el contrato 6323, también fue
una orden judicial, aunque previa, la que imposibilitó la continuación del
contrato, como lo destacó el departamento de Antioquia en la
contestación de la demanda.
2.3. Caducidad de la acción – Contrato 6323
41. Está acreditado que Marcela Ramírez Varón y el Departamento
suscribieron el contrato de concesión minera 6323 el 28 de diciembre de
20078. Que el contrato fue inscrito en el Registro Nacional Minero el 28 de
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia de 19 de noviembre de 2021, exp. 25000-23-26-000-2010-00255-01(45728).
8 Folios 8-17 del cuaderno principal.
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febrero de 2008, en el que se anotó la cesión del 80% de los derechos que
la concesionaria inicial hizo en favor de la sociedad Nueva California9.
42. Está probado que las obligaciones contractuales fueron suspendidas
durante la fase de exploración, entre el 10 de octubre de 2012 y el 7 de
marzo de 2016, toda vez que el área presentaba una superposición con el
ecosistema de Páramo de Santa Inés, en el área de Distrito de Manejo
Integrado, alinderado por el Acuerdo 408 de 14 de febrero 2012. Para poder
continuar con la ejecución contractual, el concesionario debía realizar el
trámite de sustracción de las áreas superpuestas10.
43. Sin embargo, previo a que venciera la suspensión mencionada,
mediante la Sentencia de 22 de julio de 201511, en el marco de una acción
popular presentada en defensa del derecho colectivo a un medio
ambiente sano, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró y resolvió
(se trascribe):
“Se adopta tal decisión, pese a que en el actual Plan Nacional de Desarrollo,
Ley 1753 de 2015, se establezcan directrices frente a la exploración y
explotación de recursos naturales no renovables, tal y como se citó en el
marco jurídico de esta providencia, pues a consideración de esta
Corporación, se hace necesario proteger los ecosistemas de páramos, más
específicamente en el caso concreto, en el que desde antes de concederse
el contrato minero 6323 al particular, existía una norma que delimitaba una
parte de la zona concedida como Distrito de Manejo Integrado, cuyo objetivo
principal, tal y como se expuso, es precisamente otorgar un tratamiento
especial al Páramo Santa Inés del Municipio de Belmira (Ant.), que luego se
materializó en el Plan de Manejo Integral, que excluyó tal área de la actividad
minera.
(…)
FALLA:
PRIMERO. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el departamento de Antioquia.
SEGUNDO. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por CORANTIOQUIA.
TERCERO. CONCEDER el amparo del derecho colectivo al goce de un
ambiente sano invocado por la parte demandante, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO. ORDENAR a Corantioquia que de manera inmediata restrinja, limite
y evite la continuidad de la actividad minera que se desprenda del contrato
de concesión minera 6323 de 28 de diciembre de 2007 inscrito el 28 de febrero
de 2008, sobre los ecosistemas de páramos que se encuentren incluidos en el
área concedida, incluyendo el Páramo de Santa Inés del Municipio de Belmira
(Antioquia), como parte del DMI (Distrito de Manejo Integrado) allí delimitado.
QUINTO. ORDENAR a las demandadas MARCELA RAMÍREZ VARÓN y NUEVA
CALIFORNIA S.A. como titulares del contrato concedido que SUSPENDAN de
9 Folios 52-53 del cuaderno principal.
10 De conformidad con la Resolución 6758 de 17 de febrero de 2014 y su prórroga de 16 de
mayo de 2015. Folios 181-189 del cuaderno principal.
11 Páginas 52-96 del documento “05Folios615a711” contenido en la carpeta “01EXPEDIENTE
6323” del expediente digital.
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manera inmediata la actividad minera sobre los ecosistemas de páramos que
se encuentran incluidos en el área concedida, incluyendo el Páramo Santa
Inés del Municipio de Belmira (Antioquia), como parte del DMI (Distrito de
Manejo Integrado) allí delimitado.
(…)”.
44. La anterior decisión fue notificada por edicto el 12 de agosto de 2015, el
cual fue desfijado el 14 de agosto de 2015. Para la Sala es claro que el
pronunciamiento constituyó, respecto de este contrato, la imposibilidad de
continuar con su ejecución, esto es, se trató de una causa anterior a la
declaratoria de inexequibilidad. Por tanto, el plazo para ejercer
oportunamente la acción de reparación directa vencía el 15 de agosto de
2017. En consecuencia, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada
el 29 de enero de 201812 no suspendió el término en relación con el contrato
6323 y cualquier reclamación extracontractual en relación con este negocio
jurídico, contenido en la demanda presentada el 6 de marzo de 2018, resulta
extemporánea.
2.4. Análisis sustantivo – Contrato 6754
45. Está acreditado que Marcela Ramírez Varón13 y el Departamento
suscribieron el contrato de concesión minera 6754 el 9 de diciembre de
200914. Que el contrato fue inscrito en el Registro Nacional Minero el 31 de
marzo de 2011, en el que se anotó la cesión del 80% de los derechos que la
concesionaria inicial hizo a la sociedad Nueva California15.
46. Está probado que las obligaciones contractuales fueron suspendidas
durante la fase de exploración, entre el 10 de octubre de 2012 y el 17 de
febrero de 2016, toda vez que el área presentaba una superposición con el
ecosistema de Páramo de Santa Inés en el área de Distrito de Manejo
Integrado, según el Acuerdo 408 de 14 de febrero 2012. Para poder
continuar con la ejecución contractual, el concesionario debía realizar el
trámite de sustracción de las áreas superpuestas16.
12 Folios 221-222 del cuaderno 2.
13 El Departamento propuso la excepción de falta de integración del litisconsorcio
necesario, pues en su concepto debía vincularse al proceso a la señora Marcela Ramírez
Varón. La excepción fue desestimada por el tribunal en la audiencia inicial, por considerar
que se trataba de un litisconsorcio facultativo y que, además, no era claro que esta persona
hubiera sido afectada por las mismas situaciones narradas en la demanda. Las partes
manifestaron su conformidad con esta decisión.
14 Folios 18-37 del cuaderno principal.
15 Folios 54-55 del cuaderno principal.
De acuerdo con el Código de Minas, Ley 685 de 2001, los títulos mineros deben inscribirse
en el Registro Minero Nacional, requisito indispensable para el perfeccionamiento de los
contratos de concesión (artículos 14 y 50). De este modo, el Contrato 6754 se perfeccionó
el 31 de marzo de 2011 y, por tanto, se encontraba fuera del régimen de transición (que
posteriormente fue declarado inexequible), cuya fecha límite era el 9 de febrero de 2010.
16 De conformidad con la Resolución 34338 de 11 de abril de 2014 y su prórroga de 10 de
septiembre de 2015. Folios 190-197 del cuaderno principal.
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47. En los hechos de la demanda, Nueva California expresamente refirió
que, “en cumplimiento de la sentencia C-035 de 2016 y de las disposiciones
que quedaron vigentes del artículo 173 de la Ley 173 de 2017, el Ministerio
de Ambiente expidió la Resolución No. 497 de 2016 (22 de marzo),
delimitando el páramo de Santa Inés ubicado en el Municipio de Belmira,
superponiéndose al área de influencia de los títulos mineros de propiedad”.
Además, afirmó que, como consecuencia de la decisión de la Corte
Constitucional “la sociedad vio frustrados los derechos adquiridos” y quedó
en “imposibilidad jurídica y material” de ejecutar los contratos. Como
sustento probatorio, indicó que aportaba “un mapa donde se m[ostraba] el
área de influencia de la delimitación respecto del título, mostrando que se
limita el derecho del concesionario a explorar la totalidad del área de
acuerdo con el plan de trabajo”.
48. En efecto, la Resolución 497 de 22 de marzo de 201617 delimitó el Páramo
de Belmira – Santa Inés, y dispuso, de conformidad con la decisión de la
Corte Constitucional, que estaba prohibida la exploración y explotación
minera en la zona. No obstante, en el mapa aportado por la parte
demandante se observa que el título minero B6754005, correspondiente al
contrato 6754, está fuera del área delimitada por el acto administrativo del
Ministerio18. Así, en relación con este título minero la parte actora no
demostró la imputación que formuló en su demanda, consistente en que la
decisión de inexequibilidad sumada a la delimitación realizada por el
Ministerio se constituyó en la causa que la imposibilitó jurídicamente a
continuar con los trabajos de exploración.
49. Confirma lo anterior el oficio de 17 de mayo de 2018 19, en el que
Corantioquia destacó un traslape del título minero correspondiente al
contrato 6323, pero no respecto del 6754 con la delimitación prevista en la
Resolución 497. Sin embargo, sobre este último refirió que “el área del
polígono B6754005” tenía un “traslape del 97,2% con el área protegida
Distrito de Manejo Integrado – DMI del Sistema de Páramos y Bosques
Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño”, por lo que en esa
proporción presentaba una “incompatibilidad absoluta con métodos
productivos de esta naturaleza”. Según el documento, el alinderamiento fue
realizado mediante el Acuerdo 282 de 2007.
50. De este modo, para la Sala es claro que el daño alegado, esto es, la
imposibilidad de continuar con la exploración del contrato de concesión
minera no devino de la causa propuesta en la demanda, esto es, de la
Sentencia C-035 de 2016 y la delimitación contenida en la Resolución 497
17 Folios 208-219 del cuaderno 2.
18 Documento “002Prueba” en la carpeta C02 del expediente digital.
19 Documento “004RespuestaCotantioquia” del expediente digital.
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de 2016. Por tanto, en manera alguna podría considerarse que la actuación
de la Rama Judicial configuró un daño especial para Nueva California, ya
que la limitación, como viene de exponerse, no se origina en esa
providencia. Con todo, conviene precisar que, si respecto del área en
mención existían restricciones en virtud de actos administrativos —anteriores
a la decisión de inexequibilidad— proferidos por las autoridades
ambientales, dicha situación no fue propuesta como causa petendi, por lo
que no es posible en esta instancia realizar un análisis del contenido de los
Acuerdos que Corantioquia hubiera expedido sobre la geografía y los
ecosistemas del municipio de Belmira, así como de las reglas que rigen la
exclusión de áreas “de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables o del ambiente” de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 685 de
2001.
51. La parte recurrente solicitó que se declarara la nulidad del contrato con
base en que las áreas formaban parte del Distrito de Manejo Integrado del
Acuerdo 282 de 2007; sin embargo, esta alegación constituye un hecho
nuevo, no planteado en la demanda. Y, de cualquier modo, para declarar
de oficio la nulidad de un negocio jurídico el motivo debe aparecer de
forma manifiesta en el contrato, lo que no se cumple en este caso.
52. Por las razones expuestas, la Sala declarará la caducidad de la acción
respecto del contrato 6323, negará lo solicitado respecto del contrato 6754
y declarará la indebida escogencia de la acción en relación con las
pretensiones contractuales.
2.5. Condena en costas
53. En la Sentencia de primera instancia el tribunal se abstuvo de condenar
en costas a la parte demandante. Dado que el recurso de apelación le fue
resuelto desfavorablemente, la Sala la condenará en costas de esta
instancia de acuerdo con lo ordenado por el numeral 1 del artículo 365 del
CGP.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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directa
Decisión: modificar la sentencia recurrida
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 28 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR la indebida escogencia de la acción respecto de las
pretensiones contractuales formuladas por NUEVA CALIFORNIA S.A.S. en
contra del departamento de Antioquia.
SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de las pretensiones de reparación
directa respecto del contrato de concesión minera 6323 el 28 de diciembre
de 2007.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin costas.
QUINTO: Contra la presente decisión procede APELACIÓN ante el Consejo de
Estado”.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante.
Liquídense de manera concentrada en el tribunal.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
17 de 17
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