República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-00518-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00518-01 (0568-2023)
Demandante: Mario Antonio Restrepo Posada
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tema: reconocimiento de tres meses de alta después de novedad de retiro.
Subtema 1: Excepción al reconocimiento de tres meses de alta cuando el retiro
deriva de la sanción de destitución (Decreto 1212 de 1990, art. 123).
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida por la Sala Primera de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de octubre de 2022, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
Mario Antonio Restrepo Posada presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo
por medio del cual dicha entidad le negó el reconocimiento y pago de los tres
meses de alta que le permiten devengar las partidas percibidas en actividad a
partir de la fecha de la novedad de retiro, con derecho a asignación o pensión,
bajo el argumento de que tal beneficio no procede cuando la desvinculación
ocurre por «separación absoluta» derivada de sanción de destitución.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Mario Antonio Restrepo Posada, mediante apoderado judicial,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se declare la nulidad
del Oficio S-2017-047574/DITAH-APROP del 7 de noviembre de 2017, mediante
el cual dicha entidad le negó el pago de los tres meses de alta causados a partir
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00518-01 (0568-2023)
Demandante: Mario Antonio Restrepo Posada
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
de la novedad de retiro, que habilitan el pago de los emolumentos devengados
en actividad1.
2. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, al
reconocimiento y pago de los tres meses de alta causados a partir de la novedad
de retiro, con la inclusión de dicho lapso como tiempo de servicio activo. Pidió
cumplir la condena en los términos de los artículos 187, 192, 193 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA) e imponer el pago de costas a la entidad demandada.
2.1.1. Hechos
3. El señor Mario Antonio Restrepo Posada ingresó a la Policía Nacional como
alumno del nivel ejecutivo el 28 de agosto de 1995 y egresó como patrullero el
27 de agosto de 1996.
4. La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía Metropolitana del
Valle de Aburrá, mediante decisión de primera instancia dictada el 7 de marzo de
2016, impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al señor
Mario Antonio Restrepo Posada. El acto sancionatorio fue confirmado por el
inspector delegado de la Regional de Policía.
5. La Dirección General de la Policía Nacional, mediante la Resolución 02183
del 6 de mayo de 2016, retiró del servicio al demandante por causa de la sanción
disciplinaria de destitución.
6. El señor Restrepo Posada solicitó el reconocimiento y pago de los tres
meses de alta previstos en el Decreto 1212 de 1990, a partir de la novedad de
retiro por destitución. La petición fue resuelta de manera negativa mediante Oficio
S-2017-047574/DITAH-APROP del 7 de noviembre de 2017.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
7. El actor consideró que los actos administrativos demandados
desconocieron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 53, 58, 90, 95, 218, 338 y 150-19 de
la Constitución Política; las Leyes 4 de 1992, 180 de 1995, 1437 de 2011, 1564
de 2012 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990, 4433 de 2004, 1791 de 2000, 1852
de 2012 y 1157 de 2014.
8. En el concepto de violación señaló que los tres meses de alta «se entienden
como de servicio activo», tal y como lo ha considerado la jurisprudencia del
Consejo de Estado en sentencias sobre casos similares, en los que se acreditó
15 años de labores para acceder a la asignación de retiro.
9. Afirmó que el acto que negó el reconocimiento y pago de los tres meses de
alta, a partir de la novedad de desvinculación, fue expedido con desviación de
1 Expediente físico, folios 10 a 54.
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Demandante: Mario Antonio Restrepo Posada
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
poder, dado que las normas superiores establecen dicho beneficio a favor de los
uniformados que acreditan quince años o más de servicios para acceder a la
asignación de retiro.
2.2. Contestación de la demanda
10. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda con base
en los siguientes argumentos:
11. Al pertenecer el actor al nivel ejecutivo, la norma aplicable al caso es el
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 que fijó el régimen de asignación de retiro
para el personal incorporado en forma directa a dicho nivel, en el sentido de
establecer que la mencionada prestación procede cuando se acredita un mínimo
de 25 años de servicio en los eventos de desvinculación por destitución, requisito
que no se cumplió en el presente caso, pues el uniformado solo cuenta con 20
años de labores.
12. Por lo expuesto, afirmó que el acto que negó el pago de los tres meses de
alta se encuentra ajustado a la legalidad, porque tal beneficio procede solo a
favor de los oficiales y suboficiales con derecho a asignación de retiro, no para el
personal del nivel ejecutivo que debe acreditar 25 años de servicio para percibir
la prestación cuando la desvinculación tiene como causa la imposición de la
sanción de destitución.
13. Aclaró que, conforme al Decreto 041 de 1994, existen dos maneras de
ingresar al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, como son: i) directamente a
través del curso de formación y ii) por solicitud de homologación presentada por
los suboficiales y agentes. El demandante ingresó a dicho nivel de manera
directa, por tal motivo, no le resultan aplicables los Decretos 1212 y 1213 de 1990
que regulan la asignación de retiro con 15 años de servicio y el pago de tres
meses de alta para los oficiales y suboficiales.
14. Concluyó que el acto demandado se ajusta a lo previsto en el Decreto 1858
de 2012, por lo que la presunción de legalidad permanece incólume, más cuando
no existe una interpretación diferente de la norma que genere inseguridad
jurídica.
2.3. Audiencia inicial
15. El Tribunal Administrativo de Antioquia realizó audiencia inicial el 21 de
marzo de 2019, a la que fue convocada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional como parte demandada. Dicha entidad propuso fórmula conciliatoria
frente al reconocimiento de la asignación de retiro en los términos del Decreto
1212 de 1990, esto es, con 15 años de servicio, la cual fue aceptada por el señor
Restrepo Posada.
16. Mediante auto del 1 de abril de 2019, el tribunal aprobó el acuerdo
conciliatorio, declaró terminado el proceso frente a la Caja de Sueldos de Retiro
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de la Policía Nacional y lo continuó contra la Nación, Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, porque la propuesta se circunscribió al reconocimiento de la
asignación desde el 20 de agosto de 2016, «teniendo en cuenta que el retiro se
produjo el 20 de mayo de 2016, ya que los 3 meses de alta los debe reconocer
la Policía Nacional»2.
2.4. Sentencia de primera instancia
17. El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la
demanda mediante sentencia dictada el 20 de octubre de 2022, al considerar que
el acto acusado se fundó en una norma que no era aplicable a la situación del
demandado. Se abstuvo de condenar en costas3.
18. Precisó que la Policía Nacional negó el pago de los tres meses de alta con
base en lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, que fijaba el
régimen de asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo con un mínimo
de 25 años de servicios, requisito que el actor no cumplía, pues solo contaba con
20 años, 10 meses y 9 días de actividad. Al no tener derecho a asignación no
procedía el reconocimiento de los tres meses de alta que le permiten al personal
permanecer en la nómina de pagaduría.
19. Señaló que el Decreto 1858 de 2012 fue declarado nulo por el Consejo de
Estado mediante sentencia del 3 de septiembre de 2018, lo que implica que el
caso del señor Restrepo Posada debía resolverse conforme a lo dispuesto en los
artículos 144 y 145 del Decreto 1212 de 1990, aplicables en atención al régimen
de transición establecido en la Ley 923 de 2004.
20. Concluyó que el demandante tiene derecho al pago de los tres meses de
alta «para la formación del expediente de prestaciones sociales», motivo por el
cual declaró la nulidad del Oficio S-2017-047574/DITAH-APROP del 7 de
noviembre de 2017. En consecuencia, ordenó a la Policía Nacional reconocer y
pagar los tres meses de alta causados desde el 20 de mayo hasta el 19 de agosto
de 2016, con efectos para el servicio activo solo en lo atinente a prestaciones
sociales.
2.5. Recurso de apelación
21. La Policía Nacional interpuso recurso de apelación contra la sentencia que
accedió a las pretensiones con el argumento de que el acto demandado que negó
el pago de los tres meses de alta fue expedido por la autoridad competente,
conforme con la ley aplicable al personal del nivel ejecutivo que descarta la
aplicación del Decreto 1212 de 1990, dirigido a los oficiales y suboficiales4.
22. Insistió en que el demandante no tiene derecho a la asignación de retiro por
ingresar de manera directa al nivel ejecutivo que exigía 25 años para acceder a
dicha prestación. Por tal motivo, tampoco resulta procedente el pago de los tres
2 Expediente físico, folios 114 a 118.
3 Samai del Tribunal, índice 28.
4 Expediente físico, folios 147 y 148.
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meses de alta previsto solo para el personal «con derecho a asignación de
retiro», tal como lo prevé el Decreto 1858 de 2012.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
23. El despacho, mediante auto del 13 de julio de 2023, admitió el recurso de
apelación y prescindió del traslado a las partes para alegar de conclusión por no
existir peticiones probatorias por decretar5.
2.7. Ministerio Público
24. La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
26. En atención a los argumentos expuestos por la entidad apelante, a la Sala
le corresponde resolver el siguiente interrogante:
27. ¿El demandante tiene derecho al pago de los tres meses de alta que le
permiten devengar las partidas que percibía en actividad después de que se
presentó la novedad por destitución, con beneficio a la asignación de retiro?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
28. El presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1212 de 1990 por medio
del cual reglamentó el reconocimiento de la asignación de retiro, como una
prestación económica, asimilable a la pensión de vejez6, para los oficiales y
suboficiales de la Policía Nacional que fueran retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por las siguientes causales (art. 144):
i) llamamiento a calificar servicios;
ii) mala conducta;
iii) no asistir al servicio por más de cinco días sin causa justificada;
iv) voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional;
v) sobrepasar la edad máxima de edad correspondiente al grado;
5 Samai, índice 3.
6 Corte Constitucional, sentencia C-432 de 2004.
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vi) disminución de la capacidad psicofísica;
vii) incapacidad profesional;
viii) conducta deficiente.
29. En el evento de retiro por solicitud propia, la norma citada previó que el
tiempo exigido para el reconocimiento de la asignación sería de 20 años de
servicios.
30. En lo atinente al monto de la prestación, el Decreto 1212 de 1990 establece
que surge a partir de la terminación de los 3 meses de alta, en cuantía equivalente
al 50 % de las partidas establecidas en el artículo 140, por los primeros 15 años
de servicios, y 4 % adicional por cada año que exceda del mínimo, sin que
sobrepase el 85 %.
31. En desarrollo de la Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional dictó el Decreto
1091 de 1995, en el que previó que los miembros del nivel ejecutivo —sin hacer
distinción entre el personal incorporado directamente y el homologado— tendría
derecho a la asignación de retiro al cumplir veinte (20) años de labores, por las
siguientes causas: llamamiento a calificar servicio, voluntad de la dirección
general de la Policía Nacional, disminución de la capacidad psicofísica, haber
cumplido 65 años de edad los hombres y 60 las mujeres. Con veinticinco (25)
años de servicio por ser retirado o separado en atención a solicitud propia o por
incapacidad profesional, inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin
causa justificada, conducta deficiente, destitución, detención preventiva que
exceda de 180 días o por separación absoluta.
32. La norma citada fue anulada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia del 14 de febrero de 2007, al estimar que violaba la
Constitución Política y la ley, pues «el Gobierno Nacional no podía variar ni
modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto
[…] era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una
clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel
ejecutivo»7.
33. La Ley 797 de 2003 otorgó nuevamente facultades extraordinarias al
presidente de la República, dirigidas, entre otras, a «expedir normas con fuerza
de ley para reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas Militares
y de Policía». En virtud de dicha facultad, expidió el Decreto Ley 2070 de 2003,
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-432
de 2004, porque el régimen salarial y prestacional de la fuerza pública está
reservado a las leyes marco.
34. Con posterioridad, la Ley 923 de 2004, que establece los criterios que debe
seguir el Gobierno nacional para fijar el régimen pensional y de asignación de
retiro del personal de los miembros de la Fuerza Pública, estableció que el tiempo
válido para acceder al derecho es el prestado durante la «formación, el de
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 14 de febrero de 2007, radicado 11001-03-25 000-2004-
00109-01 (1240-04), M.P. Alberto Arango Mantilla.
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servicio y/o el aportado», por lo menos durante 18 años, sin que en ningún caso
se exija «un tiempo superior a 25 años» (art. 3.1.) 8.
35. El inciso 2 del artículo 3 de dicha ley previó el régimen de transición
normativa, en el sentido de señalar que los miembros de la fuerza pública que se
encontraban activos a la fecha de entrada en vigor de la Ley 923 de 2004
accederían a la asignación de retiro en los términos descritos en el régimen
anterior, esto es, con un mínimo de 15 años en los casos dispuestos en el Decreto
1212 de 1990, o 20 años en el evento de solicitud propia o separación absoluta9.
36. El Gobierno nacional reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto
4433 de 2004, según el cual el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional
en servicio activo tendría derecho a la asignación de retiro cuando contaran con
20 años o más de labores, por las causales determinadas en dicha normativa o
con 25 años en los casos de solicitud propia o separación (parágrafo 2 del artículo
25).
37. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de
abril de 201210, declaró la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433
de 2004 por exceder la potestad reglamentaria y vulnerar la reserva de ley, bajo
la consideración de que el Gobierno nacional no podía exigir un requisito de
tiempo superior a quienes estaban activos al entrar en vigor la Ley 923 de 2004.
En este orden, concluyó que la exigencia de 20 años de servicio prevista en el
Decreto 4433 de 2004 para acceder a la asignación de retiro, que el régimen
anterior preveía con 15 años para los uniformados en ejercicio, quebrantó la ley
marco y, con ello, el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
38. En síntesis, consideró que el legislador podía hacer más exigente el
requisito de tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro, pero la Ley
923 de 2004 dispuso, de manera expresa, que tal cambio normativo no resultaba
aplicable a quienes se encontraban en ejercicio activo cuando entró a regir dicha
norma. Por tanto, el parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, que
extendió el cambio normativo al personal activo, incurrió en exceso de la facultad
reglamentaria al inobservar el régimen de transición con desconocimiento de las
expectativas legítimas de los servidores en actividad.
39. Por lo expuesto, esta Subsección ha considerado en casos similares al
presente, lo siguiente11:
Ahora bien, en armonía con el análisis normativo y jurisprudencial consignado en
líneas anteriores, las condiciones para obtener la asignación de retiro por los
miembros de la fuerza pública deben verificarse a partir de lo establecido en la Ley
marco 923 de 2004, que prevé que la norma reglamentaria no podía contener para
8 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para
la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
9 Entró en vigor el 30 de diciembre de 2004.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de abril de 2012, radicado 11001-03-25 000-2006-
00016-00 (0290-06), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 25000-23-
42-000-2019-01142-01 (4668-2021), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00518-01 (0568-2023)
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quienes estuvieran en servicio activo requisitos mayores a los fijados en las
disposiciones anteriores en cuanto al tiempo de servicio; y, además, debía incluir
un régimen de transición que respetara las expectativas legítimas de quienes se
encontraran próximos a consolidar su estatus de retirado.
La única condición, que la citada Ley 923 de 2004 impuso para ser beneficiario de
la transición consignada en su artículo 3, es que al momento de su entrada en vigor
el uniformado se hallara en servicio activo, toda vez que se respetó el período de
labores contemplado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el reconocimiento
de la asignación de retiro, al margen de la causal de desvinculación y de la clase
de ingreso al nivel ejecutivo (homologación o incorporación directa).
40. Ahora, el Decreto 1858 de 2012 reguló la asignación de retiro para el
personal que ingresó por incorporación directa al nivel ejecutivo de la Policía
Nacional hasta el 31 de diciembre de 2004, en el sentido de establecer que
tendrían derecho a la mencionada prestación cuando fueran retirados del servicio
activo después de 25 años por solicitud propia, separación absoluta o destitución,
según el caso, en cuantía equivalente al 75 % del monto de las partidas de que
trata el artículo 3 de dicho decreto por los primeros 20 años y 2 % más por cada
año que exceda, sin que sobrepase el 100 %.
41. La norma citada también fue declarada nula por la Sección Segunda de esta
corporación, bajo la consideración de que desconoció las previsiones de la Ley
923 de 2004 que reglamentaba, porque impuso al personal vinculado al nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, incorporado directamente y en servicio activo al
31 de diciembre de 2004, condiciones más exigentes para acceder al derecho de
asignación de retiro, esto es, tiempos mínimos y máximos de servicio entre veinte
(20) y veinticinco (25) años, cuando estaba restringido a quince (15) y veinte (20)
años.
42. En conclusión, el personal en actividad vinculado antes de la entrada en
vigor de la Ley 923 de 2004 goza de un régimen de transición que le confiere el
beneficio de acceder a la asignación de retiro en los términos previstos en el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
3.4. Caso concreto
43. La sentencia apelada consideró que el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de tres meses de alta, porque encontró acreditado el
derecho a la asignación de retiro con 15 años de servicio, conforme al Decreto
1212 de 1990, aplicable al caso con motivo de la nulidad del Decreto 1858 de
2012.
44. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión
anterior con el argumento de que el actor no tenía derecho a la asignación de
retiro con 15 años sino con 25 años, como lo preveía el Decreto 1858 de 2012 y,
por tanto, tampoco podía acceder al reconocimiento de tres meses de alta.
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45. En el caso bajo estudio se encuentran acreditados los siguientes hechos
atinentes al tiempo de servicio activo:
(i) El actor ingresó a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo el 28
de agosto de 1995 y culminó su formación el 27 de agosto de 199612.
(ii) Fue dado de alta en el nivel ejecutivo y prestó sus servicios como
intendente desde el 28 de agosto de 1996 hasta el 20 de mayo de 201613.
(iii) Fue sancionado con destitución e inhabilidad general de 10 años mediante
decisión proferida por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá, el 7 de marzo de 201614.
(iv) Fue retirado de la Policía Nacional bajo la causal de destitución, mediante
Resolución 02183 del 6 de mayo de 2016, notificada el día 20 de mayo de 201615.
(v) Le fue negado el reconocimiento y pago de los tres meses de alta mediante
Oficio S-2017-047574/DITAH-APROP del 7 de noviembre de 2017, proferido por
el jefe de Reubicación Laboral, Retiros y Reintegros de la Policía Nacional.
46. En este orden, se encuentra demostrado que el señor Restrepo Posada
ingresó al servicio el 28 de agosto de 1995 y prestó labores como intendente
hasta el 20 de mayo de 2016, por lo que se encontraba en servicio activo a la
entrada en vigor de la Ley 923 de 2004. Esta circunstancia lo hace beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 3.1. de dicha normativa, según el
cual, «no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un
tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento
de la expedición de esta Ley» (30 de diciembre de 2004)16.
47. Por lo anterior, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reconoció
la asignación de retiro al señor Restrepo Posada, conforme con el Decreto 1212
de 1990, esto es, con 15 años de servicio, asunto que, si bien no es objeto de
discusión, resulta determinante para el reconocimiento de los tres meses de alta
reclamados, al estar condicionado a la demostración de la procedencia de la
asignación de retiro, en los siguientes términos (art. 145):
Tres (3) meses de alta. Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que pasen
a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro o
pensión, continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a
partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del
12 Hoja de servicios, expediente folio 4.
13 Ibidem.
14 Expediente físico, folio 91.
15 Expediente físico, folio 92.
16 Ley 923 de 2004, artículo 3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se
fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de
servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso
se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. A los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al
momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00518-01 (0568-2023)
Demandante: Mario Antonio Restrepo Posada
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el
artículo 175 de este Decreto continuarán recibiendo la totalidad de los haberes
devengados en actividad correspondientes a su grado. El lapso de los tres (3) meses
de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de
prestaciones sociales.
48. En cuanto a la excepción prevista en la norma citada, el artículo 175 del
Decreto 1212 de 1990 prevé que el personal separado en forma absoluta del
servicio tiene derecho a las prestaciones causadas, «pero no tendrá derecho a
ser dado de alta por tres (3) meses para la formación del respectivo expediente
de prestaciones».
49. En armonía con lo anterior, el artículo 123 de dicho decreto dispone que la
separación absoluta procede cuando el uniformado es «condenado a la pena
principal de prisión por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria» y «cuando así
lo determine el Reglamento de Disciplina para la Policía Nacional» que define la
destitución del servicio como «la terminación de la relación del servidor público
con la Institución Policial»17.
50. Al encontrarse acreditado que el señor Restrepo Posada fue retirado del
servicio por la destitución impuesta en la decisión sancionatoria expedida por la
Oficina de Control interno Disciplinario de la Policía Metropolitana del Valle de
Aburrá el 7 de marzo de 2016, ejecutada mediante la Resolución 02183 del 6 de
mayo de 2016 y notificada el día 20 de mayo de 2016, cuando contaba con más
de 20 años de labores, no tiene derecho a los tres meses de alta previstos en el
artículo 145 del Decreto 1212 de 1990, por encajar su situación en la excepción
prevista en dicha normativa para continuar percibiendo los emolumentos que
recibía en actividad.
51. En punto a la aplicación de la excepción referida, que excluye al personal
retirado por separación absoluta del servicio del derecho a tres meses de alta, y
en atención a lo previsto en el artículo 123 del Decreto 1212 de 1990 sobre los
eventos que configuran dicha causal, esto es, la condena a la pena de prisión y
la prevista en el reglamento disciplinario, esta Subsección ha considerado que
ambas son equiparables, por lo que encuadran en la causal de mala conducta
prevista en el artículo 143 del Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de
la asignación de retiro, porque «debe comprenderse como un tipo en blanco, en
el cual se incluyen aquellos eventos cuestionados a nivel disciplinario, penal o
fiscal que conllevan a la separación de la institución policial»18.
52. En este orden, el señor Restrepo Posada no tiene derecho al
reconocimiento de los 3 meses de alta, porque el retiro del servicio se produjo
por la separación absoluta derivada de la sanción de destitución impuesta en su
contra, la cual motivó la «exclusión del escalafón o carrera» de la Policía
Nacional19. De esta manera, la respuesta al problema jurídico es negativa.
17 Ley 1015 de 2006, artículo 38.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de julio de 2024, radicado 47001-23-
33-000-2020-00006-01 (1638-2023), M.P., Juan Enrique Bedoya Escobar.
19 Se extrae de la Resolución núm. 02183 del 6 de mayo de 2016 «Por la cual se ejecuta una sanción disciplinaria
impuesta a un intendente de la Policía Nacional», visible en el folio 91 del expediente físico.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00518-01 (0568-2023)
Demandante: Mario Antonio Restrepo Posada
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
53. Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que
declaró la nulidad del Oficio S-2017-047574/DITAH-APROP del 7 de noviembre
de 2017 y ordenó el reconocimiento y pago de los tres meses de alta al señor
Restrepo Posada, dado que en el presente caso se encontraba exceptuado del
pago de dicha prestación.
3.5. Conclusión
54. El señor Mario Antonio Restrepo Posada no tiene derecho al pago de los
tres meses de alta a partir de la novedad de retiro, porque la sanción disciplinaria
que le fue impuesta configura la excepción al pago de dicha prestación conforme
al artículo 123 del Decreto 1212 de 1990.
3.6. Costas
55. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 20 de
la Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, consistente en que para decretar
la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, en el presente caso no hay lugar a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en
las anteriores conductas.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 20 de octubre de 2022, que accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en
esta sentencia.
20 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-00518-01 (0568-2023)
Demandante: Mario Antonio Restrepo Posada
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Tercero. Sin condena en costas en segunda instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Magistrada
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Magistrado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial
Samai. En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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