Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00732-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00732-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-00732-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00732-01 (2254-2023)
Demandante: Álvaro Jairo Saldarriaga Liévano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: Sustitución de pensión gracia. Incumplimiento del requisito
de convivencia mínima del compañero permanente
supérstite. Condena en costas.
Decisión: Se confirma el fallo apelado que negó las pretensiones de la
demanda porque el libelista no acreditó haber convivido con
la causante durante los cinco años anteriores a su
fallecimiento.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 13 de febrero de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 030040 del 26 de julio
de 2017, RDP 039891 del 20 de octubre de 2017 y RDP 043724 del 21 de
noviembre de 2017, mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia de sobrevivientes, derivada del fallecimiento de su
compañera permanente Martha Lucía Estrada Cárdenas (q. e. p. d.).
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare la
responsabilidad de la entidad en el reconocimiento y pago de la referida
prestación periódica. Además, solicitó que se condene al pago de las mesadas
pensionales causadas desde el 6 de mayo de 2014, debidamente indexadas con
base en el índice de precios al consumidor, así como la condena en costas y
agencias en derecho.
1 Archivo «ED_C01_01 DEMANDA - Poder y anexos - CD1(.pdf)», obrante en el índice 4 de SAMAI del
Consejo de Estado.
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Demandante: Álvaro Jairo Saldarriaga Liévano
3. Como fundamento fáctico indicó que convivió en unión libre, de manera
continua y permanente con la señora Martha Lucía Estrada Cárdenas (q. e. p. d.)
desde el 2 de enero de 2009, compartiendo techo, lecho y mesa hasta el día de
su fallecimiento ocurrido el 6 de mayo de 2014, y que de dicha unión no
procrearon hijos.
4. Señaló que la causante, antes de iniciar la convivencia con la parte
demandante, estuvo casada con el señor Jorge Eliécer Peñata Suárez, de quien
se separó de hecho hace más de 20 años, habiéndose liquidado la sociedad
conyugal el 22 de julio de 2002.
5. Sostuvo que para la fecha de su fallecimiento la causante disfrutaba de
una pensión de gracia que le fue reconocida mediante las Resoluciones 60682
del 27 de diciembre de 2007 y 52117 del 20 de octubre de 2008 expedidas por la
extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE).
6. En tal sentido, precisó que el 11 de junio de 2014 radicó ante la entidad
toda la documentación tendiente al reconocimiento y pago de la sustitución
pensional en calidad de compañero permanente de la causante, pero esta le fue
negada mediante las Resoluciones RDP 026026 del 26 de agosto de 2014 y RDP
031975 del 22 de octubre de 2014, por no haberse acreditado más de 5 años de
convivencia con la causante.
7. Posteriormente, el 3 de mayo de 2017 presentó nueva solicitud de
reconocimiento, aportando nuevos elementos probatorios para acreditar la
convivencia por un lapso superior a 5 años. No obstante, esta se le negó a través
de los actos administrativos acusados con fundamento en que no se acreditó la
convivencia mínima exigida.
8. Finalmente, manifestó que contaba con más de 50 años de edad para la
fecha del fallecimiento de la causante, y que mantenía con ella una relación
monógama de público conocimiento. Señaló que ambos habían disuelto sus
respectivas sociedades conyugales anteriores y que él había formalizado su
divorcio, de modo que no podía predicarse convivencia simultánea con terceras
personas.
Contestación de la demanda2
9. La parte demandada se opuso a la totalidad de las pretensiones de la
demanda. Frente a los hechos, manifestó que no le constaba que la parte
demandante y la causante fueran compañeros permanentes, por tratarse de
hechos privados y personales de la pareja que las pruebas recaudadas en la
investigación administrativa no acreditaban. No obstante, aceptó que la entidad
reconoció pensión gracia a la causante mediante las Resoluciones 60682 de
2007 y 52117 de 2008.
2 Archivo «ED_C01_07 CONTESTACION DE LA DEMANDA - Con Poder Y Anexos - CD2 (.pdf)», ibidem.
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10. Como fundamento de defensa señaló que los actos administrativos
demandados conservaban incólume su presunción de validez por haber sido
expedidos por la autoridad competente con observancia de la ritualidad exigida
para su creación y ejecutoria, con motivación consistente y congruente con las
normas superiores que lo fundamentan.
11. Indicó además que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, modificatorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el compañero
permanente supérstite debe acreditar vida marital con la causante hasta su
muerte y convivencia no inferior a 5 años continuos con anterioridad a su
fallecimiento, requisito que no fue demostrado por la parte demandante.
12. Por lo anterior, propuso las excepciones de mérito que denominó
«ausencia de vicios en el acto administrativo demandado», «inexistencia de la
obligación» y «prescripción».
Sentencia apelada3
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de
febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte demandante.
14. Sobre el particular, consideró que de las pruebas recaudadas solo era
posible extraer que entre la causante y la parte demandante existió una relación
de pareja y que convivieron por algún lapso. Señaló que tales pruebas no
brindaban convicción alguna acerca de la duración de esa convivencia ni
permitían establecer que se hubiera prolongado por 5 años continuos anteriores
a la muerte de la causante.
15. Señaló que el testimonio de Amparo del Socorro Cifuentes Guisao
acreditaba la relación sentimental y la convivencia por varios años, pero que la
testigo desconocía el tiempo exacto de duración de esta, lo que impedía formar
convicción sobre ese elemento. Indicó igualmente que no se demostró el
elemento de dependencia económica exigido por la ley.
16. En consecuencia, concluyó que la parte demandante no cumplió con los
requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de la sustitución pensional pues no se
probó que hubiera hecho vida marital con la causante hasta su muerte ni
convivido con ella de manera efectiva durante los 5 años previos a su
fallecimiento.
Recurso de apelación
17. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, solicitó declarar las nulidades invocadas y
3 Índice 54 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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ordenar, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de la
pensión vitalicia de sobrevivientes a su favor y a cargo de la UGPP.
18. Al respecto, sostuvo que el a quo concluyó que no se demostró la
convivencia por un lapso superior a 5 años anteriores a la fecha de su
fallecimiento, sin haber valorado de manera integral todos los elementos
probatorios obrantes en el expediente.
19. Alegó que no se valoró el interrogatorio de parte, en el que indicó que la
convivencia con la causante inició el 2 de enero de 2009 y se mantuvo vigente
hasta el día de su fallecimiento, que compartieron techo, lecho y mesa, que nunca
se separaron y que sostenían una relación monógama reconocida en su círculo
social y familiar.
20. Señaló también que no se tuvieron en cuenta los registros civiles de
matrimonio de la causante con el señor Jorge Eliécer Peñata Suárez —con
constancia de liquidación de la sociedad conyugal— ni de la parte demandante
con la señora Carmen Elena Correa Carmona —con constancia de divorcio—,
documentos que demostraban que ambos habían disuelto sus anteriores
vínculos afectivos mediante actuaciones legales.
21. En cuanto al testimonio de Amparo del Socorro Cifuentes, sostuvo que fue
desestimado indebidamente puesto que la testigo relató con sinceridad y
espontaneidad haber conocido a la pareja en la intimidad de su hogar, haberlos
visitado con frecuencia y que le constaba que convivieron por un lapso superior
a 5 años, destacando la relación de complicidad y solidaridad entre ellos.
22. Indicó que en el expediente administrativo reposaban declaraciones
extraprocesales rendidas ante notario público por Sonia Patricia Londoño Osorio,
Javier Azarías Rivera Montoya, María Patricia Franco Marín, María Fatiniza
Estrada Cárdenas y Sergio Mira Estrada, quienes manifestaron bajo juramento
conocer a la pareja y constarles que convivieron como compañeros permanentes
por más de 5 años. Sostuvo que estas declaraciones, bajo el marco de la sana
crítica y la libertad probatoria, debían ser valoradas por el juzgador.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 3 de agosto de 20234 se admitió el recurso de apelación
de la referencia y se informó a la parte demandada que podía pronunciarse hasta
la ejecutoria de la misma providencia y que el Ministerio Público podía rendir
concepto hasta antes que el expediente ingresara al despacho para sentencia.
24. A su turno, la entidad demandada5 solicitó confirmar el fallo de primer
grado reiterando que en el proceso no se demostró que el actor convivió con la
causante durante 5 años continuos antes de su fallecimiento.
4 Índice 7 de SAMAI del Consejo de Estado.
5 Índice 12, ibidem.
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25. Por su parte, el Ministerio Público emitió concepto6 en el sentido de que
se confirme la sentencia aduciendo que no existe prueba alguna que demuestre
la validez de una verdadera unión entre el demandante y la señora Estrada
Cárdenas (q. e. p. d.), lo cual impide a todas luces el reconocimiento de la pensión
gracia de sobrevivientes reclamada.
26. Finalmente, por auto del 27 de junio de 20247, se resolvió no decretar las
pruebas testimoniales solicitadas en segunda instancia.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le
corresponde a la Sala establecer si en el expediente está debidamente
demostrado el cumplimiento del requisito de convivencia mínima de 5 años
continuos por parte del demandante, como presupuesto para acceder a la
sustitución de la pensión gracia que devengaba la señora Martha Lucía Estrada
Cárdenas (q. e. p. d.).
Análisis del problema jurídico
29. La Sala anticipa su decisión de confirmar la sentencia de primera instancia
al establecer que el demandante no acreditó el cumplimiento de haber convivido
con la causante durante 5 años continuos antes de su muerte, tal como se pasa
a explicar a continuación.
30. Como bien lo ha establecido esta Corporación8, la muerte constituye una
contingencia amparada por el sistema de seguridad social pues al desaparecer
en forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar se
corre el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para
poder subsistir. Por ello, se concibieron la sustitución pensional y la pensión de
sobrevivientes con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones
mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.
31. La primera de ellas, concedida con ocasión del fallecimiento de un
pensionado o de una persona que ya había adquirido legalmente el estatus, pero
6 Índice 13, ibidem.
7 Índice 16, ibidem.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2014, expediente
08001-23-31-000-2001-02315-01 (0964-12), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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que no se le había reconocido formalmente y, la segunda, otorgada en virtud de
un afiliado no pensionado cuyo deceso se presenta antes de cumplir las
condiciones para acceder a la pensión.
32. Ahora bien, aunque la normativa atinente a la pensión gracia no regula lo
relacionado con la sustitución pensional, esta Sección, en sentencia de
unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de 20229, al analizar los requisitos
que debe cumplir el compañero o compañera permanente o cónyuge supérstite
que pretende que se sustituya en él o ella la pensión gracia de su pareja, fijó la
siguiente regla:
«La norma aplicable sobre el requisito de convivencia para el cónyuge supérstite
o el compañero permanente en materia de sustitución de pensión gracia es
la vigente para la fecha del deceso del causante, en armonía con lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2005, que remite a las leyes del Sistema General de
Pensiones, sin perjuicio de los derechos adquiridos bajo normas anteriores. En
el caso de estar vigente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, se exige al cónyuge o al compañero acreditar
no menos de 5 años de convivencia con el docente o el pensionado.» (Negritas
fuera del texto original)
33. Lo anotado, al precisar, entre otros aspectos, que «[…] al ocurrir la muerte
del docente o del pensionado se habilita a los beneficiarios para reclamar la
sustitución de la pensión gracia, pues como ya se dijo, la pensión gracia es
sustituible conforme las normas generales en materia pensional, lo que obliga a
remitirse a los preceptos vigentes para la fecha del fallecimiento. Razonamiento
que excluye la aplicación de la Ley 71 de 1988 y el artículo 7 del Decreto 1160
de 1989, si el deceso acontece en vigencia de la Ley 100 de 1993.
34. Máxime cuando en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005 los
requisitos para adquirir la pensión de sobrevivencia serán los establecidos por el
Sistema General de Pensiones, normativa orientada a proteger a «[…] la pareja
que decide conformar con ánimo de permanencia un proyecto de vida en común
en términos económicos y afectivos para afrontar las dificultades de vida. Y, que
el requisito de convivencia pretende una finalidad legítima consistente en evitar
uniones de último minuto para defraudar al sistema. De igual manera es un
mecanismo de protección del núcleo familiar del fallecido para así evitar las
reclamaciones ilegítimas de personas ajenas, dadas las dificultades económicas
a las que puede verse avocado debido a su muerte».
35. Así pues, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la
Ley 797 de 2003, preceptuó como beneficiarios de primer orden de la pensión de
sobrevivientes al cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite y
los requerimientos que se deben acreditar para tener derecho al beneficio
prestacional:
«Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
9 Expediente 23001-23-33-000-2014-00444-01 (1655-2017), actora: Roby Rosy Ramos Reyes, accionada:
UGPP.
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a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con
el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos
de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En
este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión,
con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo,
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la
esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente
la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o
compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
[…].» (Resalta la Sala)
36. De la citada norma se concluye que el cónyuge supérstite interesado en la
pensión de sobrevivientes o sustitución pensional deberá acreditar que a la fecha
del fallecimiento del causante tenía 30 o más años e hizo vida marital hasta su
muerte, cuya convivencia no podrá ser inferior a 5 años continuos con
anterioridad al deceso.
37. Por lo demás, si el causante no tuvo convivencia simultánea con su
compañera permanente y su cónyuge y se mantiene vigente la unión conyugal,
pero con separación de hecho, la compañera permanente tendrá derecho a una
cuota parte de la pensión de sobreviviente en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido, con la condición de que la coexistencia haya sido superior a los
últimos cinco años anteriores a la muerte del causante.
38. Con base en lo expuesto, es menester señalar que al presente litigio le
son aplicables las disposiciones previstas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
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modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, pues era la norma aplicable al
momento del fallecimiento del causante, ocurrido el 6 de mayo de 201410, en
atención a la precitada regla de unificación establecida en la Sentencia SUJ-029-
CE-S2-2022.
39. Ahora bien, a la señora Martha Lucía Estrada Cárdenas (q. e. p. d.) se le
reconoció una pensión gracia a partir del 23 de diciembre de 2006 mediante la
Resolución 60682 del 27 de diciembre de 200711 proferida por la extinta
CAJANAL EICE. Dicha prestación se reliquidó mediante la Resolución 52117 del
20 de octubre de 200812, también proferida por dicha entidad.
40. Al revisar dichos actos administrativos, para la Sala no hay discusión sobre
el debido reconocimiento de la pensión gracia a la causante dado que la entidad
tuvo en cuenta que ella contaba con más de 50 años de edad, pues había nacido
el 23 de diciembre de 1956; que había laborado para el departamento de
Antioquia por más de 20 años, desde el 23 de septiembre de 1976 hasta el 31 de
enero de 2007; que se había desempeñado como docente con buena conducta
y honradez; y que no registraba sanciones disciplinarias, acreditando así la
totalidad de los requisitos legales para beneficiarse de esa prestación periódica.
41. Ahora bien, en cuanto a las pretensiones de reconocimiento de la
sustitución de la referida pensión gracia, concretamente con el fin de acreditar los
requisitos de convivencia y dependencia económica, el demandante indicó que
convivió con la señora Martha Lucía Estrada Cárdenas (q. e. p. d.) desde el 2 de
enero de 2009 hasta el 6 de mayo de 2014 —fecha del fallecimiento de esta
última—, para lo cual aportó como prueba la copia de la declaración suscrita el
24 de mayo de 201413.
42. Asimismo, obran en el expediente las actas de las declaraciones con fines
extraprocesales rendidas ante notario por Amparo del Socorro Cifuentes
Guisao14, Sergio Estrada Mira15, María Fatinisa Estrada Cárdenas16, Sonia
Patricia Londoño Osorio17, Javier Azarías Rivera Montoya18 y María Patricia
Franco Marín19, las cuales coinciden en afirmar que conocieron a la causante y
al demandante y que les consta que convivieron en unión libre durante más de 5
años hasta el día de su muerte.
43. No obstante, llama la atención de la Sala que las declaraciones extrajuicio
rendidas ante notario por Sonia Patricia Londoño Osorio20 y Javier Azarías Rivera
10 Cfr. Registro Civil de Defunción 06752255, visible en la página 52 del archivo «ED_C01_01 DEMANDA -
Poder y anexos - CD1(.pdf)», obrante en el índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
11 Páginas 10 al 13, ibidem.
12 Páginas 50 al 52 de los antecedentes administrativos que obran en el archivo «ED_C01_CD01_FOLIO
1_Poder y Anexos(.zip)», obrante en el índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
13 Página 67, ibidem.
14 Páginas 72 y 105, ibidem.
15 Ibidem.
16 Página 69, ibidem.
17 Página 84, ibidem.
18 Página 102, ibidem.
19 Página 106, ibidem.
20 Página 84, ibidem.
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Montoya21 coinciden en señalar que dos meses antes de esas diligencias habían
declarado ante un funcionario de la UGPP que conocían al demandante y a la
causante desde el 2009, pues vivían en el mismo edificio que ellos y que salían
mucho de paseo. Sin embargo, indicaron que dicho empleado interpretó mal sus
afirmaciones, pues en el informe que presentó este último dijo que ellos habían
manifestado que el señor Álvaro solo vivía con la señora Martha los fines de
semana. Por ello, reiteraron que eso no era así, ya que ellos eran compañeros
permanentes.
44. Por su parte, en la declaración de la señora Franco Marín se dice que ella
contestó de manera incorrecta las preguntas que le hizo el funcionario de la
UGPP porque se encontraba «muy alterada y nerviosa», por lo que procedía a
aclarar su declaración mediante el acta que se allegaba al proceso.
45. Entre tanto, en el trámite de primera instancia se recibió el testimonio de
la señora Amparo del Socorro Cifuentes Guisao, quien manifestó ser amiga de la
causante y haber rendido declaración a favor del demandante como testigo en
diversas oportunidades. Refirió que le consta que el actor y la causante
sostuvieron una relación de pareja durante aproximadamente 7 años, aunque no
recordó las fechas precisas. Indicó que la pareja residía inicialmente en el sector
de Salazar Herrera y posteriormente en la carrera 91, conviviendo únicamente
los dos.
46. Agregó que conoció al demandante en casa de la causante y que lo vio
por primera vez en Apartadó —aunque en un momento posterior de su
declaración señaló que fue en Chigorodó—. Finalmente, manifestó que la
causante no requirió asistencia al momento de su fallecimiento ya que este
ocurrió de manera repentina.
47. A su turno, el demandante rindió interrogatorio de parte en el que
manifestó que convivió con la señora Martha Lucía Estrada Cárdenas (q. e. p. d.)
desde el 2 de enero de 2009 hasta el 6 de mayo de 2014, fecha en que esta
última falleció. Indicó no recordar con precisión la dirección de su residencia,
señalando únicamente que habitaron inicialmente en inmediaciones del colegio
Salazar Herrera y que posteriormente la causante adquirió un apartamento cerca
al barrio La América, sin que recordara el nombre del edificio. Además, refirió que
convivían únicamente los dos.
48. En dicha diligencia, la parte actora agregó que la causante se desempeñó
durante largo tiempo como maestra y que al momento de su fallecimiento era
pensionada, mientras que él se dedicaba a la realización de montajes eléctricos
residenciales. Asimismo, señaló que ambos solían salir frecuentemente de
paseo.
49. En cuanto a las circunstancias del deceso, relató que la muerte de la
señora Martha ocurrió de manera repentina, afirmando que el día anterior ella se
21 Página 102, ibidem.
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encontraba indispuesta y a la mañana siguiente, mientras él se ausentó
brevemente para preparar el desayuno, ella falleció. Ante tal situación, comunicó
el hecho al número de emergencias de la Policía Nacional, cuyos agentes
hicieron presencia en el lugar aproximadamente 10 minutos después, cuando ya
nada podía hacerse.
50. Finalmente, informó que los gastos funerarios de la causante se
sufragaron mediante un seguro exequial que ella tenía contratado y que a él se
le reconoció un auxilio y una póliza con ocasión del fallecimiento. Precisó que no
figuraba como beneficiario de la causante en el sistema de salud.
51. Con base en lo expuesto, en el presente caso se observa que entre el
demandante y la señora Martha Lucía Estrada Cárdenas (q. e. p. d.) existió una
relación sentimental, lo cual se deduce de la declaración del mismo actor, la
testigo y los declarantes extraproceso. Sin embargo, de dichas declaraciones y
de los documentos obrantes en el proceso no se puede establecer la duración de
ese vínculo, puesto que, si bien puede establecerse que para el momento del
fallecimiento de la causante ella convivía con el demandante, lo cierto es que no
existe certeza del momento en que inició la relación.
52. Al respecto, vale decir que el demandante, tanto en el libelo introductorio
como en el interrogatorio de parte, fue enfático en señalar que su unión con la
causante transcurrió entre el 2 de enero de 2009 y el 6 de mayo de 2014, lo cierto
es que no reposan en el proceso otras pruebas que confirmen dicho hecho.
53. Por el contrario, en las consideraciones de la Resolución RDP 030040 del
26 de julio de 2017 —acto demandado—, la entidad estableció que su
convivencia efectiva inició a partir del mes de septiembre de 2010, tomando como
base la historia clínica de la causante, sin que se aportaran al presente litigio
nuevos elementos de prueba que permitieran establecer inequívocamente que
su relación había durado más de 5 años.
54. Además, la declaración de la testigo Amparo del Socorro Cifuentes Guisao
no es concluyente ya que si bien es cierto en su declaración manifestó que la
relación sentimental del demandante y la de cujus había durado más de 5 años,
también lo es que en varias oportunidades y de manera confusa señaló que no
recordaba la fecha en que inició la relación, ni el lugar en el que convivían.
Sumado a ello, a pesar de que indicó que los visitaba con frecuencia, no pudo
explicar si en el año 2009 la pareja ya estaba conformada y convivían bajo el
mismo techo.
55. Por último, vale decir que los registros civiles de matrimonio de la causante
con el señor Jorge Eliécer Peñata Suárez —con constancia de liquidación de la
sociedad conyugal—y de la parte demandante con la señora Carmen Elena
Correa Carmona —con constancia de divorcio—, no son pruebas a partir de las
cuales se pueda establecer la existencia de la convivencia por el tiempo exigido
para acceder a la sustitución de la pensión gracia reclamada, pues con estos solo
se demuestra que tanto el actor como la docente fallecida no tenían un vínculo
matrimonial activo para el momento de los hechos.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 05001-23-33-000-2018-00732-01 (2254-2023)
Demandante: Álvaro Jairo Saldarriaga Liévano
56. En consecuencia, en el plenario no obran pruebas que permitan establecer
el cumplimiento del tiempo mínimo de convivencia entre la causante y el
demandante, requisito indispensable para el reconocimiento de la sustitución de
la pensión gracia objeto de litigio. Por tal razón, se impone confirmar la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora en segunda
instancia por cuanto no prosperan las peticiones del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 13 de febrero de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Álvaro Jairo Saldarriaga Liévano contra la UGPP.
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Demandante: Álvaro Jairo Saldarriaga Liévano
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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