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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00841-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00841-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión y, en su lugar, disponer: “1°.- DECLARAR probada la excepción de caducidad de las pretensiones relacionadas con la muerte de Diofanor de Jesús Correa Borja y con el desplazamiento reclamado a nombre de la sucesión de Ángela Diosa Correa Borja, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 2°.- DECLARAR la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por el desplazamiento sufrido por Gloria de Jesús Borja Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja, María Eugenia Correa Borja, María Camila Correa Borja, Cristian Camilo Jaimes Correa, Nora Soledad Correa Borja, Cristian Marimon Correa, Jhordan Marimon Correa, Germán Alonso Correa Borja, Stivinson Aricapa Correa y Bárbara Vanessa Correa Borja de su domicilio en inmediaciones del corregimiento de San José de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 3°.- CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Nación- Ministerio de Defensa-Ejército Nacional solidariamente a reparar los perjuicios inmateriales sufridos, en los siguientes términos: 3.1.- Por concepto de perjuicios morales la suma equivalente 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes en favor de cada uno de los demandantes: Gloria de Jesús Borja Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja, María Eugenia Correa Borja, María Camila Correa Borja, Cristian Camilo Jaimes Correa, Nora Soledad Correa Borja, Cristian Marimon Correa, Jhordan Marimon Correa, Germán Alonso Correa Borja, Stivinson Aricapa Correa y Bárbara Vanessa Correa Borja. 4°.- CONDENAR en costas por la segunda instancia a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a favor de la parte actora. Las agencias, se fijan en cuantía 1 SMLMV a favor de la demandante. Deberán ser pagadas en partes iguales por el extremo pasivo, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2018-00841-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Policía Nacional
Proceso: Medio de control de Reparación Directa

Cómputo en desplazamiento forzado, desde que cesa la lesión por tratarse de un daño continuado. No hay
excepción al término en delitos de lesa humanidad y su conteo inicia desde el daño o desde que se advirtieron
los elementos a partir de los cuales imputar la responsabilidad al Estado, lo último que ocurra, sin que corra
mientras se evidencien circunstancias que impidan materialmente el acceso a la administración de justicia.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN AL DEBER DE PROTECCIÓN-Su inobservancia, cuando
es determinante en la producción de un daño causado por terceros, previsible y resistible, compromete la
responsabilidad de las entidades, a título de falla en el servicio. IMPUTACIÓN POR HECHOS VIOLENTOS DE
TERCEROS-No convierte al Estado en asegurador universal, pues deben analizarse las condiciones
particulares de imprevisibilidad e irresistibilidad. FALLA RELATIVA DEL SERVICIO-La exigibilidad en el
cumplimiento de las obligaciones estatales tiene un carácter relativo, por lo que el análisis de responsabilidad
supone que se establezcan las posibilidades reales con las que contaban las entidades para evitar la falla.
PERJUICIOS-Su causación debe quedar fehacientemente acreditada en el proceso, so pena de la
improcedencia en su reconocimiento. CONDENA EN ABSTRACTO-Procede siempre que se demuestre la
causación del perjuicio, pero no así su quantum.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, mediante la cual se resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad y desestimar las
pretensiones de la demanda promovida por GLORIA DE JESÚS BORJA
QUINTERO identificada con cédula de ciudadanía No. 39.410.121 quien actúa
en su propio nombre y en representación de los niños BARBARA VANESSA
CORREA BORJA NUIP A9T0264525 y STIVENSON ARICAPA CORREA NUIP
99090210587 en representación de la sucesión de Diofanor de Jesús Correa
Borja y en representación de la sucesión de Ángela Diosa Correa Borja,
LILIANA CORREA BORJA identificada con cédula de ciudadanía No.
1.027.998.323, GLORIA INÉS CORREA BORJA identificada con cédula de
ciudadanía No. 39.416.191, GERMAN ALONSO CORREA BORJA identificado
con cédula de ciudadanía No. 71.943.333, NORA SOLEDAD CORREA BORJA
identificada con cédula de ciudadanía No. 39.412.696 quien actúa en nombre
propio y en representación de los niños JHORDAN MARIMON CORREA NUIP
10010200939* y CRISTIAN MARIMON CORREA NUIP A8X0250822 y
GERMAN ALONSO CORREA BORJA Serial 18264704; MARÍA EUGENIA

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

CORREA BORJA identificada con cédula de ciudadanía No. 39.413.744 quien
actúa en nombre propio y en representación de los niños CRISTIAN CAMILO
JAIMES CORREA NUIP C2D0300331 y MARÍA CAMILA CORREA BORJA
NUIP 1.045.423.383 contra la NACIÓN -MINISTERIO DEL INTERIOR con Nit.
830.114.475-6, MINISTERIO DE DEFENSA –EJÉRCITO NACIONAL con Nit.
899.999.003-1 y la POLICÍA NACIONAL con Nit. 800.141.397-5.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: RECURSOS. Contra la presente decisión procede recurso de
apelación ante el Consejo de Estado.

CUARTO: En firme el presente proveído, por Secretaría procédase a archivar
el expediente híbrido, previa desanotación en los Sistemas de registro.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la responsabilidad derivada del
desplazamiento forzado al que fueron sometidos los demandantes, quienes
residían en inmediaciones del corregimiento de San José de Apartadó, en el
Urabá antioqueño, por virtud de la problemática de seguridad y de orden público
que se presentaba a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000 en la
región, debido a la presencia de múltiples actores del conflicto armado,
respecto de lo cual reclaman la responsabilidad del Estado por cuenta de que,
tanto el Ministerio del Interior como el Ejército y la Policía Nacional, eludieron
el ejercicio de sus funciones de protección y mantenimiento del orden público.

Además, endilgan la responsabilidad a estas entidades por el asesinato de
Diofanor de Jesús Correa Borja cometido el 8 de julio de 2000, en la vereda La
Unión ubicada en el Urabá antioqueño, a manos de grupos paramilitares en
connivencia con el Ejército Nacional, mientras que —según aducen— la Policía
Nacional y el Ministerio del Interior no evitaron el daño, a pesar de que les
correspondía el mantenimiento de la seguridad en la región.

II. ANTECEDENTES

La demanda

El 19 de abril de 2018, los señores Gloria de Jesús Borja Quintero, actuando en
nombre propio y en el de sus nietos, los menores Bárbara Vanessa Correa Borja y
Stivenson Aricapa Correa, y en nombre de la sucesión de Diofanor de Jesús Correa
Borja y de Ángela Diosa Correa Borja; Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja,

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

María Eugenia Correa Borja, actuando en nombre propio y de sus menores hijos
Cristian Camilo Jaimes Correa y María Camila Correa Borja; Nora Soledad Correa
Borja actuando en nombre propio y de sus hijos menores Jhordan Marimon Correa
y Cristian Marimon Correa y Germán Alonso Correa Borja presentaron demanda --
reformada en escrito del 19 de diciembre de 2018 -, en ejercicio del medio de control
de reparación directa, contra1 la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional , para que se hicieran las siguientes
declaraciones:

DECLARESE que a la NACIÓN-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-MINISTERIO
DEL INTERIOR- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO y POLlCÍA NACIONAL,
son administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de perjuicios
irrogados a los demandantes por las amenazas, persecución, el secuestro, tortura
y la muerte en completo estado de indefensión del señor DIOFANOR DE JESÚS
CORREA BORJA y el desplazamiento forzado y pérdida de bienes que les tocó
soportar a los demandantes, en hechos ocurridos entre el 8 de julio de 2000.

CONDÉNESE a La NACIÓN-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-MINISTERIO
DEL INTERIOR- MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO y POLICÍA NACIONAL,
a indemnizar a los demandantes los siguientes perjuicios:

1.- Perjuicios Inmateriales:
Causados por el secuestro, la tortura psicológica, tratos crueles y degradantes y el
asesinato en completo estado de indefensión del señor DIOFANOR DE JESÚS
CORREA BORJA y el desplazamiento forzado subsiguiente que les ha tocado
soportar.

1.1.- Daños morales subjetivos:

.- Por el secuestro, la tortura psicológica, tratos crueles y degradantes y el
asesinato en completo estado de indefensión del señor DIOFANOR DE JESÚS
CORREA BORJA, delito confesado y reconocido en Justicia y Paz por el postulado
ADRIANO JOSÉ CANO ARTEAGA alias "MELAZA", los demandantes reclaman:

.- GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, madre de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 400 SMLMV.

.- Para la sucesión de DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA, víctima directa,
el equivalente a 400 SMLMV.

.- BÁRBARA VANESSA CORREA BORJA, sobrina de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 200 SMLMV.

.- STIVENSON ARICAPA CORREA, sobrino de
Diofanor de Jesús Correa Borja, el equivalente a 200 SMLMV.

.- Para la sucesión de ÁNGELA DIOSA CORREA BORJA, hermana de Diofanor
de Jesús Correa Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

1 La parte actora también presentó demanda en contra de la Nación - Departamento Administrativo

de la Presidencia de la República. Sin embargo, en escrito posterior desistió de las pretensiones
elevadas en su contra, desistimiento que fue aceptado por el Tribunal de primera instancia en auto
del 13 de enero de 2021.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

.- LILIANA CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa Borja, el
equivalente a 300 SMLMV.

-. GLORIA INÉS CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa Borja,
el equivalente a 300 SMLMV.

-. MARÍA EUGENIA CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

-. CRISTIAN CAMILO JAIMES CORREA, sobrino de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 200 SMLMV.

.- MARÍA CAMILA CORREA BORJA, sobrina de Diofanor de Jesús Correa Borja,
el
equivalente a 200 SMLMV.

.- GERMÁN ALONSO CORREA BORJA, hermano de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

-. NORA SOLEDAD CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

.- JHORDAN MARIMON CORREA, sobrino de Diofanor de Jesús Correa Borja, el
equivalente a 200 SMLMV.

.- CRISTIAN MARIMON CORREA, sobrino de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el
equivalente a 200 SMLMV.

1.2.- Daños en la vida de relación y Daños a las condiciones de existencia, hoy
denominados Daños a la Salud:

-. GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, madre de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 400 SMLMV.

.- Para la sucesión de DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA, víctima directa,
el equivalente a 400 SMLMV.

.- BÁRBARA VANESSA CORREA BORJA, sobrina de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 200 SMLMV.

.- STIVENSON ARICAPA CORREA, sobrino de Jesús Correa Borja, el equivalente
a 200 SMLMV.

.- Para la sucesión de ÁNGELA DIOSA CORREA BORJA, hermana de Diofanor
de Jesús Correa Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

-. LILIANA CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa Borja, el
equivalente a 300 SMLMV.

-. GLORIA INÉS CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa Borja,
el equivalente a 300 SMLMV.

.- MARÍA EUGENIA CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

.- CRISTIAN CAMILO JAIMES CORREA, sobrino de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 200 SMLMV.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

.- MARÍA CAMILA CORREA BORJA, sobrina de Diofanor de Jesús Correa Borja,
el equivalente a 200 SMLMV.

.- GERMÁN ALONSO CORREA BORJA, hermano de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

.- NORA SOLEDAD CORREA BORJA, hermana de Diofanor de Jesús Correa
Borja, el equivalente a 300 SMLMV.

.- JHORDAN MARIMON CORREA, sobrino de Diofanor de Jesús Correa Borja, el
equivalente a 200 SMLMV.

.- CRISTIAN MARIMON CORREA, sobrino de Diofanor de Jesús Correa Borja, el
equivalente a 200 SMLMV.

3.- Daños a Bienes o Derechos Convencional y Constitucionalmente amparados

Perjuicio redamado con ocasión del secuestro, tortura psicológica, la muerte del
señor DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA….

a.1. Indemnización

a.1.1. Para GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, la sucesión de DUOFANOS
DE JESÚS CORREA BORJA, BARBARA VANESSA CORREA BORJA,
STIVENSON ARICAPA CORREA, la sucesión de ÁNGELA DIOSA CORREA
BORJA, LILIANA CORREA BORJA, GLORIA INÉS CORREA BORJA, MARÍA
EUGENIA CORREA BORJA, CRlSTlAN CAMILO JAIMES CORREA, MARÍA
CAMILA CORREA BORJA, NORA SOLEDAD CORREA BORJA, JHORDAN
MARIMON CORREA, CRISTIAN MARIMON CORREA y GERMÁN ALONSO
CORREA BORJA, el equivalente a 400 SMLMV.

a.2.- Medidas de Satisfacción

A; GLORIA DE JESUS BORJA QUINTERO, BARBARA VANESSA CORREA
BORJA, STIVENSON ARICAPA CORREA, LILIANA CORREA BORJA, GLORIA
INÉS CORREA BORJA, MARÍA EUGENIA CORREA BORJA, CRISTIAN CAMILO
JAIMES CORREA, MARÍA CAMILA CORREA BORJA, NORA SOLEDAD
CORREA BORJA, JHORDAN MARIMON CORREA, CRISTIAN MARIMON
CORREA y GERMÁN ALONSO CORREA BORJA.

Para garantizar la verdad y la justicia respecto de lo sucedido, se solicita que desde
la jurisdicción contenciosa se exhorte a las autoridades judiciales competentes de
impulso a las investigaciones penales para que se sancione a los victimarios y se
restablezcan sus derechos.

> Se solicita realizar como acciones para el restablecimiento de la dignidad de la
víctima y su familia, acto público en el municipio de Apartado en el que se
reconozca el carácter de el reconocimiento realizado y las disculpas ofrecidas a
través de los medios de comunicación.

> Se adquiera el compromiso por las demandadas evitar que su personal o terceros
en presencia de su personal, incurran en conductas violatorias de los derechos
humanos, como tortura o tratos crueles y degradantes víctima del señor
DIOFANOR DE JESUS CORREA BORJA y se ofrezcan disculpas públicas a los
demandantes por la omisión en la protección de sus derechos y se defienda

1.1.1.- Daños morales subjetivos:

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

.- Por el Desplazamiento Forzado y pérdida de bienes, subsiguientes al secuestro,
la tortura psicológica, tratos crueles y degradantes y el asesinato en completo
estado de indefensión del señor DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA, los
demandantes reclaman:

.- GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

.- Para la sucesión de DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA, víctima directa,
el equivalente a 400 SMLMV.

-. BARBARA VANESSA CORREA BORJA, víctima indirecta de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 200 SMLMV.

-. STIVENSON ARICAPA CORREA, víctima directa de Desplazamiento Forzado,
el equivalente a 400 SMLMV.

Para la sucesión de ÁNGELA DIOSA CORREA BORJA, víctima indirecta de
Desplazamiento Forzado, el equivalente a 200 SMLMV.

.- LILIANA CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento Forzado, el
equivalente a 400 SMLMV.

.- GLORIA INÉS CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento Forzado, el
equivalente a 400 SMLMV.

.- MARÍA EUGENIA CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

.- CRISTIAN CAMILO JAIMES CORREA, víctima indirecta de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 200 SMLMV.

.- MARÍA CAMILA CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento Forzado,
el equivalente a 400 SMLMV.

.- GERMÁN ALONSO CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

.- NORA SOLEDAD CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

.- JHORDAN MARIMON CORREA, víctima directa de Desplazamiento Forzado, el
equivalente a 400 SMLMV.

.- CRISTIAN MARIMON CORREA, víctima indirecta de Desplazamiento Forzado,
el equivalente a 200 SMLMV.

Causados por el dolor, la angustia, la tristeza y la pena que sufren a raíz del
Desplazamiento Forzado y pérdida de bienes, subsiguiente al secuestro, la tortura
psicológica de la víctima directa y de su familia, mientras esperaban el desarrollo
de la incursión armada de los miembros de las ACCU-AUC- Bloque Bananero.

1.1.2.- Daños en la vida de relación y Daños a las condiciones de existencia, hoy
denominados Daños a la Salud:

GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

Para la sucesión de DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA, víctima directa, el
equivalente a 400 SMLMV.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

-. BARBARA VANESSA CORREA BORJA, víctima indirecta de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 200 SMLMV

-. STIVENSON ARICAPA CORREA, víctima directa de Desplazamiento Forzado,
el equivalente a 400 SMLMV.

.- Para la sucesión de ÁNGELA DIOSA CORREA BORJA, víctima indirecta de
Desplazamiento Forzado, el equivalente a 200 SMLMV.

.- LILIANA CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento Forzado, el
equivalente a 400 SMLMV.

.- GLORIA INÉS CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento Forzado, el
equivalente a 400 SMLMV.

.- MARÍA EUGENIA CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

.- CRISTIAN CAMILO JAIMES CORREA, víctima indirecta de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 200 SMLMV.

.- MARÍA CAMILA CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento Forzado,
el equivalente a 400 SMLMV.

.- GERMÁN ALONSO CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

.- NORA SOLEDAD CORREA BORJA, víctima directa de Desplazamiento
Forzado, el equivalente a 400 SMLMV.

.- JHORDAN MARIMON CORREA, víctima directa de Desplazamiento Forzado, el
equivalente a 400 SMLMV.

.- CRISTIAN MARIMON CORREA, víctima indirecta de Desplazamiento Forzado,
el equivalente a 200 SMLMV.

Causados por la alteración que en el entorno social, personal, emocional, laboral
y familiar ha producido el Desplazamiento Forzado y pérdida de bienes.

1.1.3. Daños a Bienes o Derechos Convencional y Constitucionalmente
amparados.

a.l. Indemnización:

a.1.1. Para GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, la sucesión de DIOFANOR
DE JESÚS CORREA BORJA, BARBARA VANESSA CORREA BORJA,
STIVENSON ARICAPA CORREA, la sucesión de ÁNGELA DIOSA CORREA
BORJA, LILIANA CORREA BORJA, GLORIA INÉS CORREA BORJA, MARÍA
EUGENIA CORREA BORJA, CRISTIAN CAMILO JAIMES CORREA, MARÍA
CAMILA CORREA BORJA, NORA SOLEDAD CORREA BORJA, JHORDAN
MARIMON CORREA, CRISTIAN MARIMON CORREA y GERMÁN ALONSO
CORREA BORJA, el equivalente a 400 SMLMV para cada uno.

Perjuicio reclamado con ocasión del Desplazamiento Forzado y pérdida de bienes
subsiguiente al secuestro, tortura psicológica, la muerte del señor DIOFANOR DE
JESÚS CORREA BORJA.

a.2.- Medidas de Satisfacción:

7

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

A.- GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, BARBARA VANESSA CORREA
BORJA, STIVENSON ARICAPA CORREA, LILIANA CORREA BORJA, GLORIA
INÉS CORREA BORJA, MARÍA EUGENIA CORREA BORJA, CRISTIAN CAMILO
JAIMES CORREA, MARÍA CAMILA CORREA BORJA, NORA SOLEDAD
CORREA BORJA, JHORDAN MARIMON CORREA, CRISTIAN MARIMON
CORREA y GERMÁN ALONSO CORREA BORJA.

> Para garantizar la verdad y la justicia respecto de lo sucedido, se solicita que
desde la jurisdicción contenciosa se exhorte a las autoridades judiciales
competentes de impulso a las investigaciones penales para que se sandon6 a los
victimarios y se restablezcan sus derechos.

> Se solicita realizar como acciones para el restablecimiento de la dignidad de los
demandantes, acto público en el municipio de Apartado en el que se reconozca el
carácter de víctimas de Desplazamiento Forzado y perdida de bienes,
subsiguientes al secuestro, tortura y asesinato en complete estado de indefensión
del señor DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA y se ofrezcan disculpas
públicas a los demandantes por la omisión en la protección de sus derechos y se
difunda el reconocimiento realizado y las disculpas ofrecidas a través de los medios
de comunicación.

> Se adquiera el compromiso por las demandadas evitar que su personal o terceros
en presencia de su personal, incurran en conductas violatorias de los derechos
humanos, como tortura o tratos crueles y degradantes

2.- Daños Materiales:

2.1.- Lucro cesante.
.- Por la muerte de DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA reclama su madre la
señora GLORIA BORJA QUINTERO, a quien su hijo le brindaba la ayuda
económica, por el valor del capital representativo del dinero dejado de recibir a raíz
de la muerte de su hijo, por las condiciones de desplazamiento de toda su familia
pues esto hace que se pierdan oportunidades laborales, que según el artículo 1615
del C. C. se debe desde la fecha de su exigibilidad sustancial, esto es desde el 8
de Julio de 2000

Indemnización vencida, aplicando las fórmulas nos da: $327,713,871.00

Para la señora GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO:

Indemnización futura o anticipada: .................................. ,$90,020,957.00.

El total del lucro cesante (vencido + futuro), que reclama GLORIA DE JESÚS
BORJA QUINTERO: $343,225,825.00

2.2.- Lucro cesante.
.- Por el Desplazamiento Forzado que sufrió la señora GLORIA DE JESÚS BORJA
QUINTERO con su esposo y su familia, quienes tenían una finca llamada El Halcón
de 16 hectáreas, con casa de habitación, donde tenían 5 hectáreas sembradas de
cacao, sembrados de maíz, aguacate y yuca; tenían 50 gallinas ponedoras, 4
marranas de cría, que producían un promedio de 40 lechones al año; potreros para
ganado con 8 vacas con

sus crías, ubicada en la vereda o paraje Las Nieves de la vereda La Unión del
corregimiento de San José de Apartado, municipio de Apartado-Antioquia-, lo que
le representaba unos ingresos promedio de $700.000.oo., cifra a la que se le debe
agregar un 30% de prestaciones legales $210.000.oo., lo que suma $910.000.oo.,
que se debe desde la fecha de su exigibilidad sustancial, esto es desde el 8 de
Julio de 2000.

8

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

“(…).

Ra = $2,105,691.00.

Indemnización vencida, aplicando las fórmulas nos da: $682,436,427.00.

Para la señora GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO:

Indemnización futura o anticipada: .................................. ,$264,781,897.00.

El total del lucro cesante (vencido + futuro), que reclame GLORIA DE JESUS
BORJA
QUINTERO por el Desplazamiento Forzado: $947,218,324.00.

RESUMEN:

Para la señora GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO:
.$ 327.713.871.00.
.$ 682.436.427.00.
,$1,010,150,298.00.

Indemnización vencida, por la muerte del hijo:

Indemnización vencida, por el Desplazamiento:
Total indemnización vencida: ...................................
,$ 90.020.957.oo.
..$ 264.781.897.00.
..$354,802,854.00.
Indemnización futura por la muerte del hijo:
Indemnización futura por el Desplazamiento:
Total, indemnización futura: ...................................
Total lucro cesante vencido + futuro: ,$1,364,953,152.00

2.2.- Daño emergente:

Para la señora GLORIA DE JESÚS BORJA QUINTERO, que está representado
por todo lo que perdieron y gastos realizados al tener que salir desplazados de la
finca El Halcón ubicada en la vereda o paraje Las Nieves de la vereda La Unión,
del corregimiento de San José de Apartado y abandonar sus bienes: finca de 16
hectáreas, con casa de habitación,
donde tenían 5 hectáreas sembradas de cacao, sembrados de maíz, aguacate y
3mca; tenían 50 gallinas ponedoras, 4 marranas de cria, que producían un
promedio de 40 lechones al año; potreros para ganado con 8 vacas con sus crias,
lo que se estima en $95.000. 000.oo., suma que actualizamos de la siguiente
manera:
(…)

Ra = $219,824,877.00.

3.- Costas

Que se condene en costas a las entidades de conformidad con el artículo 193 del
C. de P. A. y de lo C. A.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

Hechos
Los sucesos relevantes expuestos como base del litigio se concretan a
continuación:

Entre 1990 y 2004 el Urabá Antioqueño atravesó una fuerte oleada de violencia,
debido a la presencia de grupos subversivos armados en conflicto que procuraban
extender su dominio sobre ese territorio.

El 8 de julio de 2000, entre 20 y 25 hombres de las autodefensas que se hallaban
armados, irrumpieron en la casa de habitación del joven Diofanor de Jesús Correa
Borja, quien se desempeñaba como agricultor de cacao en su parcela, ubicada en
la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó, lo tomaron a la
fuerza y lo llevaron a la cancha de fútbol de la localidad. Una vez llegaron a ese
lugar, lo hicieron arrodillar, junto con otras cinco personas, lo ajusticiaron, tras lo
cual le dispararon causándole la muerte y amenazaron a los demás habitantes,
ordenándoles que abandonaran sus parcelas.

Las autoridades encargadas de realizar el levantamiento de los cadáveres no se
presentaron sino tres días después de la masacre, hicieron la necropsia ahí mismo
y, por el estado de descomposición en que se hallaban, procedieron a enterrarlos
en una fosa común.

Tras el homicidio, se informó a la opinión pública que la muerte de los cinco
campesinos se produjo porque eran guerrilleros a quien se les dio de baja en un
enfrentamiento con tropas del Ejército Nacional, situación que, para la parte actora,
dejaba serias dudas sobre la autoría de la masacre, máxime cuando durante
investigaciones llevadas por las autoridades públicas, miembros de las
autodefensas confesaron que el acto se produjo con apoyo del Ejército Nacional.

Después del suceso, los familiares de Diofanor de Jesús Correa Borja pidieron
ayuda a la Fiscalía y demás entidades que fueron al lugar, para que los protegieran
y no fuera necesario abandonar su hogar y sus tierras, a lo cual respondieron que
no estaba en sus manos brindarles seguridad y que la mejor opción era desplazarse
a la población más cercana en donde les pudieran brindar apoyo y protección.

Ante esa respuesta, la familia del joven Correa Borja decidió tomar sus pertenencias
y abandonar su casa de habitación, desplazándose en un inicio hacia el

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

corregimiento San José de Apartadó y luego para otros municipios donde sus
familiares y amigos los acogieron ante el abandono del Estado.

Se indicó en la demanda que la masacre en la vereda La Unión acaeció en medio
del conflicto armado, en cuya virtud los campesinos eran señalados de ser
guerrilleros por parte de los paramilitares.

Adujeron que, en agosto de 2002, la familia del fallecido regresó a su finca con la
intención de recuperarla y sacarla adelante; no obstante, a finales de ese año, un
grupo paramilitar irrumpió una vez más en ese lugar llevándose a Diofanor Correa
Usuga padre del fallecido, causando su desaparición - hasta la fecha de
presentación de la demanda, momento en que aún se desconocía su paradero-,
hecho por cuenta del cual se produjo un nuevo desplazamiento de la familia.

Señalaron que la hermana de la víctima, Ángela Diosa Correa Borja, también fue
asesinada cuando estaba en condición de desplazamiento, época para lo cual ya
había sufrido el daño que se reclama para su sucesión.

Igualmente, se señaló de forma textual que:

Es importante señalar que en la masacre en la que perdió la vida el joven
DIOFANOR DE JESÚS CORREA BORJA ocurrió en la Comunidad de paz de San
José de Apartadó y por ello el Gobierno central debía especial protección, así lo
había asumido con autoridades internacionales, por lo que no es lógico que ocurran
este tipo de delitos ya que quienes incursionaron en la vereda La Unión fue un grupo
entre 20 y 25 uniformados con camuflados, fuertemente armados y quienes
manifestaron ser miembros de las Autodefensas ACCU-AUC, en una zona donde
como se dijo se debía especial protección y por ello existía la presencia de un
Batallón que controlaba la vía que daba acceso al corregimiento de San José de
Apartadó.

La responsabilidad del Estado en este caso es clara ya por acción u omisión en el
deber de velar por la vida, honra y bienes de los asociados de las autoridades
legalmente constituidas que permitieron que se presentaran los hechos por los
cuales se demanda, pues de diferentes estudios nacionales e internacionales del
fenómeno del paramilitarismo en Colombia y de las mismas declaraciones de los
paramilitares que se encuentran detenidos y están confesando sus delitos, se ha
establecido la connivencia de miembros de las fuerzas armadas del Estado con los
paramilitares, e incluso llegar a afirmar que sin la ayuda directa o indirecta de
diferentes autoridades del Estado no hubieran logrado crecer y consolidar su
organización.

Contestaciones de la demanda

Nación – Ministerio del Interior

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

Contestó la demanda oportunamente manifestando que se oponía a las
pretensiones, debido a que el ente ministerial no participó directa o indirectamente
en los hechos controvertidos.

Como fundamento de su defensa, adujo que en el contenido de la demanda no se
determinaban las posibles conductas que a título de acción u omisión eran
predicables del Ministerio del Interior como causa eficiente en la producción de los
hechos dañosos.

En adición, formuló las excepciones de caducidad, falta de legitimación en la causa
por pasiva, inexistencia de falla del servicio a cargo del Ministerio del Interior y
valoración exagerada de los perjuicios morales y daños a la vida de relación.

Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Allegó escrito de defensa en el cual afirmó que no le constaban los hechos apoyo
de la reclamación, por lo que se debía probar que los funcionarios de la fuerza
pública condujeron al desplazamiento forzado de los demandantes.

Explicó que las obligaciones consagradas en el marco jurídico expuesto por el
extremo activo eran de medio y no de resultado, de modo que no podía exigírsele a
esa institución adoptar medidas fuera de su alcance presupuestal para repeler la
acción criminal, advirtiendo que la responsabilidad por prestar seguridad se
concretaba cuando se incumplía una labor específica de protección de carácter
particular y no general.

Manifestó que en el caso se vislumbraba el hecho exclusivo de un tercero, dado que
el Estado no causó la muerte ni el desplazamiento alegados, sino grupos armados
al margen de la ley.

Igualmente, presentó los medios exceptivos de caducidad, inexistencia de la
obligación, inexistencia de medios probatorios que endilguen responsabilidad a la
entidad, hecho de un tercero, diligencia y cuidado por parte de las fuerzas militares,
no se encuentra acreditado el perjuicio, descuento de lo pagado a los actores por la
indemnización administrativa del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, inexistencia

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

de posición de garante y falta de legitimación en la causa por pasiva el Ministerio de
Defensa – Fuerzas Militares.

Nación – Policía Nacional

Presentó su oposición frente a las manifestaciones “tendenciosas” de la demanda,
dado que no se aportaron pruebas que revelaran la existencia de solicitudes de
protección, ni demostrativas de amenazas que motivaran el desplazamiento, al paso
que las allegadas no tenían valor por tratarse de notas periodísticas.

Replicó que la muerte del familiar de los demandantes fue causada por la acción
delictiva de un grupo subversivo y, por tanto, inimputable a la Policía.

Así mismo excepcionó falta de legitimación en la causa por activa de los
accionantes, falta de legitimación en la causa por pasiva de la Policía Nacional,
caducidad, hecho del tercero, falta de configuración de los elementos de la
responsabilidad, existencia de políticas gubernamentales frente a la reparación por
desplazamientos.

Sentencia de primera instancia

El 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de
Decisión declaró probada la excepción de caducidad.

Al referirse a ese presupuesto procesal, partió de precisar que el artículo 164 del
CPACA debía armonizarse con la sentencia de unificación proferida por el Consejo
de Estado el 29 de enero de 2020 y con las sentencias SU312 de 2020 y SU 416
de 2016, al cabo de lo cual advirtió que en el caso no se cumplían los requisitos que
permitieran una aplicación excepcional en el tiempo del cambio de precedente
judicial, pues, tal como se precisaba en las sentencias del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional citadas, la motivación que llevó a ambas Corporaciones a
unificar su jurisprudencia fue la divergencia que existía al interior de las mismas en
la forma de abordar la imprescriptibilidad de la acción de reparación directa en los
casos de crímenes de guerra o graves violaciones a derechos humanos,
desencadenando la adopción de decisiones dispares.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

Así, para el tribunal no resultaba posible afirmar que los demandantes contaran con
un precedente jurisprudencial que soportara su interpretación respecto al término
de caducidad de la acción de reparación directa, ni que la aplicación de las
sentencias de unificación expedidas en 2020 vulnerara el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia.

Por contera, discurrió que, en el caso concreto, como en cualquier demanda en que
se pretendiera la declaratoria de responsabilidad del Estado, independientemente
de que versara sobre crímenes de lesa humanidad o violaciones al derecho
internacional humanitario, se aplicaba el término establecido por el legislador, esto
es, dos años.

Siguiendo ese derrotero, argumentó que, aun tratándose de delitos de lesa
humanidad como el desplazamiento forzado que comportaba la configuración de un
daño de carácter continuado y que atentaba de manera grave contra los derechos
humanos, operaba la caducidad del medio de control y su cómputo para demandar
el resarcimiento de los derechos vulnerados empezaba a contabilizarse una vez se
lograra la estabilización de la persona, bien fuera en su lugar de origen o en la zona
de reasentamiento.

Sobre la muerte de Diofanor de Jesús Correa Borja, el a quo encontró acreditado
que ocurrió el 8 de julio de 2000, seguido de lo cual era preciso determinar, según
la jurisprudencia del Consejo de Estado, el momento desde el cual los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, a efectos de fijar
el inicio del plazo de dos años para ejercer el derecho de acción.

Estimó que del hecho 6º de la demanda y del acápite de fundamento de
responsabilidad, numeral 10, se derivaba que los demandantes tuvieron
conocimiento de los hechos el mismo día, mientras que, respecto de la posibilidad
de atribuirle responsabilidad al Estado por su presunta omisión, igualmente se halló
demostrado que, desde entonces, había conciencia sobre el contexto de violencia
en el que se encontraba esa población, por cuenta de los grupos armados al margen
de la ley que hacían presencia en el territorio, así como echaban de menos la
presencia y el despliegue de actividades por parte de la fuerza pública.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

Bajo esas circunstancias, el término de caducidad comenzó el 9 de julio de 2000,
un día después del homicidio del señor Diofanor de Jesús Correa Borja y, como la
demanda fue presentada el 19 de abril de 2018, coligió que fue instaurada fuera de
la oportunidad legal.

Sobre el desplazamiento forzado, vio que la demanda afirmaba que, con
posterioridad a la muerte del señor Diofanor de Jesús Correa Borja, su núcleo
familiar se vio sometido a desplazamiento forzado, debiendo trasladarse
inicialmente al corregimiento de San José de Apartadó y luego para otros municipios
de la región.

Consideró que, de los testimonios e interrogatorios recaudados en el proceso, no
fue posible dar por acreditado quienes del núcleo familiar efectivamente padecieron
el desplazamiento, ni en qué fecha se produjo, aunque sí retornaron y otros se
reasentaron en condiciones de seguridad y dignidad, en los términos del artículo 74
del Decreto 4300 de 2011 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así, al realizar un análisis conjunto de los hechos y del material probatorio
recaudado en el proceso, aunque algunas versiones difieren en precisar el momento
en que el desplazamiento tuvo lugar o se produjo el retorno de quienes lo
padecieron, lo cierto es que el transcurso de los años en las circunstancias descritas
por los testigos y demandantes, era un periodo razonable para alcanzar la
consolidación y estabilización socioeconómica en términos constitucionalmente
admisibles, máxime cuando tampoco se demostró un obstáculo para acceder a la
administración de justicia y demandar los hechos oportunamente.

Observó que la parte actora no alegó ni acreditó la existencia de circunstancias
excepcionales para inaplicar el conteo del término de caducidad.

Concluyó que, por las circunstancias fácticas y probatorias que registraba el
plenario, no cabía considerar que en el presente caso el término de caducidad no
resultaba exigible, como tampoco sería posible admitir que dependiera
exclusivamente de la liberalidad de los demandantes, por tanto, acogiendo la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, declaró probada la
excepción de caducidad.

Recurso de apelación

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la anterior
decisión.

Centró su discrepancia en que el tribunal dejó de lado la postura sobre la caducidad
de las acciones indemnizatorias o civiles, relacionadas con la reparación de daños
causados con actos de lesa humanidad, establecida por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en sus decisiones, de acuerdo con las cuales la caducidad no
debía representar un obstáculo para la investigación de los hechos, retomando una
de las posturas del Consejo de Estado existentes para cuando se radicó la
demanda.

Al efecto, aludió a varias sentencias en las que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha advertido que la vigencia de la caducidad en casos de lesa humanidad,
es fuente de denegación de justicia y contraria a la convención, providencias que,
en criterio de la recurrente, fueron desconocidas por el fallo impugnado conduciendo
a una desprotección de derechos humanos y apartándose del hecho de que el
artículo 46 de la Convención Americana era necesario el agotamiento de los
recursos de la jurisdicción interna para acceder a la viabilidad de una petición de
denuncia en instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Advirtió que los demandantes en este proceso, no tenían conocimiento de la
posibilidad de demandar a la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa
– Ejército Nacional y Policía Nacional, hasta que en 2017 contactaron al profesional
del derecho que instauró la demanda al año siguiente, momento en el que se les
explicó la posibilidad de accionar contra estas entidades con el fin de perseguir una
indemnización de perjuicios como consecuencia de una omisión y/o acción en sus
obligaciones constitucionales.

Aseguró que el 8 de julio de 2000, fecha en la que el señor Diofanor de Jesús Correa
Borja, fue asesinado, los demandantes, aunque conocían que le había dado muerte
un grupo armado, no tenían la certeza de cuál grupo armado era ni de quiénes
habían cometido los ilícitos, aunque se rumoraba que eran los paramilitares, mucho
menos iban a tener el conocimiento y capacidad para determinar que en ese
momento hubo una omisión o acción por parte de las entidades demandadas.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

En ese orden, aseveró que los actores tuvieron conocimiento que los que
ocasionaron la muerte de Diofanor de Jesús Correa Borja, fueron miembros de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, cuando el hecho fue reconocido
en Justicia y Paz por el postulado Adriano José Cano Ortega, alias Melaza, a lo que
agregó que el Informe del Investigador de Campo FPJ-11 del 20 de septiembre de
2012, contenía las confesiones asociadas a la masacre perpetrada en La Unión el
8 de julio de 2000.

Esgrimió que no eran admisibles la consideraciones del tribunal, dado que los
demandantes solo conocían para la fecha de los hechos que la situación de
violencia vivida en los territorios que fueron declarados Comunidad de Paz de San
José de Apartadó, se daba por parte de grupos armados al margen de la ley, pero
en ningún momento conocieron que el Estado, que era el garante en proteger su
vida y sus derechos, actuaba de forma connivente por acción u omisión con los
paramilitares, en detrimento de sus derechos tal y como quedó probado de forma
fehaciente con las declaraciones de los militares que se esbozaron en la Resolución
de situación Jurídica 1596 del 08 de noviembre de 2011 en contra de Raúl Emilio
Hasbum Mendoza.

Adujo que la imputación a las autoridades por acción u omisión del Estado no era
evidente, en tanto, en principio, se infería que los hechos podrían ser imputables a
los paramilitares por la situación de la zona que había sido declarada Comunidad
de Paz, por lo que la notoriedad del terrorismo y del actuar paramilitar en la zona no
suponía per se la notoriedad de la omisión o la complicidad de las autoridades con
el actuar del grupo ilegal.

Sobre el particular consignó:

En el proceso sub judice, los constructos argumentativos de la imputación
desarrollados en la demanda, se sustentaron desde el punto de vista técnico, acorde
con las funciones establecidas normativa y constitucionalmente para las autoridades
demandadas y con fundamento en la información obtenida con el recaudo probatorio
adelantado para la demanda, esto es, no es información que hubiesen conocido los
demandantes desde el momento del fallecimiento de Diofanor de Jesús Correa, tal
es, que mucha de esta información ni siquiera existía al momento de los hechos y
menos así existía la certeza para los demandantes que el Estado con su actitud
omisiva actuaba de forma connivente con los Paramilitares que actuaban en la zona,
ya que lo único que tenían claro los demandantes era la situación de violencia que
se vivía en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de cuenta de los grupos
armados, pero sin que tuvieran porque conocer que el Estado era responsable por
su actitud connivente por acción u omisión con las actuaciones de los grupos al
margen de la ley.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

Agregó que, si la Fiscalía al momento de los hechos no tenía certeza acerca de la
autoría del asesinato, no podía exigírsele a los demandantes, carentes de
conocimientos técnicos y especializados, que sí la tuviera y que debieran acceder
a la justicia tan pronto ocurrió el homicidio.

Añadió que el temor experimentado por la familia demandante luego del asesinato
de Diofanor y por la situación generalizada de violencia constituía razón suficiente
para comprender su imposibilidad de entablar un litigio.

En cuanto al desplazamiento forzado, relacionó las pruebas que daban cuenta de
ese hecho. Seguido de ello, discrepó del entendimiento que la decisión recurrida
dispensó a la aplicación de la sentencia SU-254 de 2013, pues ese precedente
contemplaba supuestos que no se identificaban con los dos del caso concreto. De
ahí que, para el apelante, el desplazamiento forzado aún no había caducado,
máxime cuando la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 se centró en la
caducidad de los delitos de lesa humanidad de ejecución instantánea, más no en
los delitos de características de daño continuado, como ocurría en este evento en
otros tantos en los que esta Corporación decidió privilegiar los principios pro actione
y pro damnato.

Por último, replicó:
Así mismo, se argumenta en la sentencia recurrida: “…que el transcurso de los años
en las circunstancias descritas por los testigos y demandantes, es un periodo
razonable para alcanzar la consolidación y estabilización socioeconómica en
términos constitucionalmente admisibles…”, desconociendo que el delito de
desplazamiento forzado es un daño continuado, que como se ha decantado por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, sus efectos
perduran en el tiempo y por lo tanto el cómputo de la caducidad solo puede empezar
a contar una vez cese el desplazamiento, lo que no ha sucedido en el caso concreto
ya que los demandantes no han alcanzado la consolidación y estabilización
socioeconómica.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

Trámite de segunda instancia

El 19 de enero de 2026, el Despacho sustanciador del proceso admitió la
impugnación.

Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20212.

El Ministerio Público allegó concepto, de conformidad con el cual solicitó confirmar
el fallo de primera instancia en cuanto declaró que operó la caducidad del medio de
control, en razón a que, con apego a la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional, el término de dos años inició el 23 de mayo de 205 y venció el 23 de
mayo de 2015, sin que los demandantes hubieran acreditado un impedimento
material que llevara a diferir ese plazo.

I. CONSIDERACIONES
Régimen procesal

1. Como la demanda se presentó el 19 de abril de 2018, el régimen aplicable es el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

2.- La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,

2 Que entró en vigor a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.

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Nacional y Policía Nacional
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omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se atribuye
responsabilidad a la Nación-Ministerio del Interior, Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional y Policía Nacional. El Consejo de Estado es competente en
segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del
CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual conoce de los
recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a
la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $947’218,324.00.

2. Medio de control procedente

3.- La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya
legalidad no se cuestiona3.

Como en este caso se reclaman los perjuicios derivados del desplazamiento
forzado, endilgado a la omisión de las entidades estatales, así como del homicidio
de Diofanor de Jesús Correa Borja, que se endilga al Ejército Nacional por virtud de
su actuar conjunto con las AUC, así como a la Policía Nacional y al Ministerio de
Interior a título de omisión, este es el medio de control procedente.

3. Demanda en tiempo

4.- La oportunidad en la que la demanda fue presentada, además de ser un
presupuesto procesal que el juez debe estudiar de oficio, constituye en este caso el
motivo de la impugnación, en cuanto el fallo de primera instancia declaró probada
la excepción de caducidad. Toda vez que su comprobación, como materia de orden
público, se opone al análisis de fondo del asunto, le corresponde a la Sala estudiar
el problema jurídico relativo a si la demanda se presentó dentro de la oportunidad

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por
daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.

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Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
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Asunto: Reparación Directa

legal.

5-. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto al cómputo de la caducidad
por los daños derivados de la muerte de Diofanor de Jesús Correa acaecida el 8 de
julio de 2000, precisó que debía determinarse, según la jurisprudencia del Consejo
de Estado, el momento desde el cual los afectados conocieron o debieron conocer
la participación por acción u omisión de las accionadas y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, situación que, conforme a los hechos y
fundamentos de la demanda ocurrió el mismo día del homicidio, por lo que el término
de caducidad comenzó a correr el día 9 de julio de 2000, -día siguiente de ese
hecho- y como la demanda fue presentada el 19 de abril de 2018, coligió que fue
promovida fuera de la oportunidad legal.

6.- En relación con el plazo para demandar lo relativo al desplazamiento forzado, el
tribunal observó que, de los testimonios e interrogatorios recaudados en el proceso,
no fue posible dar por acreditado quienes del núcleo familiar efectivamente
padecieron el desplazamiento, ni en qué fecha se produjo, aunque sí retornaron y
otros se reasentaron en condiciones de seguridad y dignidad, en los términos del
artículo 74 del Decreto 4300 de 2011 y de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Añadió que el transcurso de los años en las circunstancias descritas
por los testigos y demandantes, era un período razonable para alcanzar la
consolidación y estabilización socioeconómica en términos constitucionalmente
admisibles, máxime cuando tampoco se demostró un obstáculo para acceder a la
administración de justicia y demandar los hechos oportunamente, aunado a que la
parte actora no alegó ni acreditó la existencia de circunstancias excepcionales para
aplicar un conteo diferente del término de caducidad.

7.- La parte demandante discrepó de la anterior interpretación al sostener que:

• En torno a la contabilización de la caducidad referente al homicidio: i)
desconoció la jurisprudencia de la CIDH sobre la inaplicación de la caducidad
en crímenes de lesa humanidad, acatada por distintos pronunciamientos del
Consejo de Estado dictados para la fecha en que se incoó la demanda; ii) los
demandantes en este proceso, no tenían conocimiento de la posibilidad de
demandar al Estado hasta 2017, fecha en que contactaron al abogado; iii) el
día del homicidio era desconocido quiénes eran los autores de la matanza,

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Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
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certeza que se obtuvo cuando se dio la confesión del hecho por parte de alias
Melaza; iv) los demandantes sólo sabían de la situación de violencia que
azotaba la zona pero desconocían que el Estado había actuando en
connivencia con los grupos paramilitares, como quedó probado de forma
contundente con las declaraciones de los militares que se esbozaron en la
Resolución de situación Jurídica 1596 del 08 de noviembre de 2011 en contra
de Raúl Emilio Hasbum Mendoza, como tampoco que había existido una
omisión; v) el temor experimentado por la familia demandante luego del
asesinato de Diofanor por la situación generalizada de violencia constituía
razón suficiente para comprender su imposibilidad de acudir a la jurisdicción.
• En cuanto concierne al plazo para demandar la reparación de los daños
derivados del desplazamiento: i) disintió del entendimiento que la sentencia
dispensó a la aplicación del fallo SU-254 de 2013, por no identificarse con los
supuestos del caso concreto; ii) la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 se centró en la caducidad de los delitos de lesa humanidad de
ejecución instantánea, más no en los delitos de características de daño
continuado, como ocurría en este evento y en otros tantos en los que esta
Corporación decidió privilegiar los principios pro actione y pro damnato; iii) el
delito de desplazamiento forzado es un daño continuado, que como se ha
decantado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso
Administrativo, sus efectos perduran en el tiempo, conduciendo a que el
cómputo de la caducidad únicamente pudiera empezar a contarse una vez
cesara el desplazamiento, lo que no había sucedido en el caso concreto ya
que los demandantes no habían alcanzado la consolidación y estabilización
socioeconómica.

8.- La Sala observa que la demanda se sustenta, de un lado, en el homicidio de su
familiar Diofanor de Jesús Correa Borja y, de otro, en el desplazamiento forzado
que sufrieron los actores, circunstancia que convoca a esta instancia a analizar
separadamente la oportunidad del medio de control para discutir los dos supuestos
señalados, por tratarse de dos daños distintos.

9.- Para los efectos, debe resaltarse, de antemano, que, al tenor del artículo 40 de
la Ley 153 de 18874, los términos que hubieren empezado a correr se rigen por la

4 “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. // Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,

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ley vigente en el momento en el que empezó su conteo. En este sentido, debe
esclarecerse el momento en el que ocurrieron los hechos para determinar la norma
regente.

3.1. Por el homicidio de Diofanor de Jesús Correa Borja

10.- Uno de los daños alegados consistió en el homicidio de Diofanor de Jesús
Correa Borja que, según se adujo, fue cometido por miembros de las AUC, con
anuencia de miembros del Ejército Nacional. El aludido deceso está acreditado con:

El registro civil de defunción que obra en el expediente, en cuyo contenido consta
que la muerte se produjo el 8 de julio de 2000, en consonancia con el informe 354
del 12 de julio de 2000, suscrito por el Jefe de la Unidad Investigativa del CTI con
ocasión del levantamiento de cadáveres de seis personas que fueron ultimadas en
sucesos ocurridos el 8 de julio de 20005, texto en el que se relaciona el cuerpo de
Diofanor de Jesús Correa Borja, dejando constancia de que, al parecer, los móviles
se presentaron porque los agresores decían que las víctimas eran guerrilleros.
Luego de las pesquisas, en ese documento se concluyó:

“…la autoría de este punible al parecer está en cabeza de las Autodefensas
Campesinas que operan en la zona. Además, téngase en cuenta que los
familiares adujeron que los móviles que originaron estos sucesos fueron que
los hoy occisos eran considerados como colaborados de la guerrilla”6.
Y con el Protocolo de Necropsia UAPNC 00147 de Diofanor de Jesús Correa Borja,
diligenciado el 10 de julio de 2000, en el que consta que su deceso se produjo como
consecuencia del choque traumático producido por múltiples heridas causadas con
arma de fuego7.

11.- Habiendo esclarecido que Diofanor de Jesús Correa Borja falleció de forma
violenta el 8 de julio de 2000, en el marco del conflicto armado, la Sala empieza por
precisar que:

En el caso concreto se discute, entre otras alegaciones, que, por el hecho de
tratarse de crímenes de guerra, lesa humanidad y violación a derechos humanos

los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.
5 Imágenes 353 a 359 de la carpeta 26 labores investigativas.
6 Imágenes 353 a 359 de la carpeta 26 labores investigativas.
7 Imagen 597 y 598 de la carpeta 26 labores investigativas.

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debe observarse la prevalencia de los instrumentos internacionales en materia de
reparación de daños a las víctimas, frente a lo cual no resulta posible oponer la
aplicación de las normas procesales locales sobre la caducidad.

En 2020, el Consejo de Estado unificó8 su jurisprudencia en torno al cómputo de
caducidad respecto de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pudiera solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, y
con ese propósito sentó las siguientes reglas:

i) En tales eventos debe observarse el término para demandar establecido
por el legislador en el CPACA, es decir, el plazo de caducidad para acudir
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en procura de la
reparación del daño, a través de los medios de control dispuestos para
esa finalidad.

ii) Este plazo inicia cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial, con excepción del evento de la
desaparición forzada, el cual cuenta con regulación legal expresa.

iii) La caducidad no se aplica cuando se evidencian circunstancias que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción. Una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Posición que fue reiterada por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 312 de
20209.

12.- Es preciso aclarar que la decisión unificadora no modificó una postura unánime
y pacífica anterior o un precedente afianzado en la materia, puesto que a ese
respecto coexistían posiciones discordantes, situación que fue precisamente la que
condujo a adoptar una tesis única que a la postre se identificó con aquella que venía
siendo mayoritariamente acogida por los fallos anteriores, tal como se ilustró en el

8
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2020, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, expediente 61033.

9Corte Constitucional, Sentencia de Unificación 312 de 2020. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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auto que avocó conocimiento del asunto que iba a ser materia de unificación en la
pluricitada sentencia de 202010 y el que para el efecto indicó:

“Al efectuar el análisis pertinente, se advierte que los criterios aplicados por las
Subsecciones de esta Sala corresponden a las siguientes:

La Subsección A, mediante auto del 21 de noviembre de 2012 , confirmó la
providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá rechazó
por caducidad la demanda presentada en dicho asunto, para lo cual sostuvo
que a los procesos de reparación directa que versaran sobre perjuicios
derivados de un delito de lesa humanidad no les era aplicable, por analogía, la
“imprescriptibilidad de la acción penal”, decisión en contra de la cual los
entonces demandantes interpusieron demanda de tutela, la cual fue denegada
por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corporación, a través de fallo del 9 de mayo de 2013, confirmada el 31 de
octubre de 2013, por la Sección Quinta de la Corporación.

Surtidas las instancias correspondientes, la Corte Constitucional seleccionó
dicho asunto para revisión y, mediante sentencia T - 490 de 201412, confirmó
las providencias que negaron el amparo de los derechos invocados, para lo
cual expuso los siguientes argumentos:

“(…) [L]as acciones civiles y contencioso administrativas cuyo fin es buscar la
reparación económica, están sujetas al fenecimiento de un término perentorio
fijado por la ley para el ejercicio de éstas y, en todo caso, no excluye la
posibilidad de que en el interior de un proceso penal se pueda solicitar a través
del incidente de reparación, al patrimonialmente responsable del daño
causado.

(…)

A su vez, a través de auto del mismo 15 de febrero de 2018, proferido dentro
del proceso con radicado 59.910, la Sala [de la Subsección A] resolvió el
recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda, para lo cual
declaró probada la caducidad de la pretensión de reparación directa frente a
los perjuicios derivados de la muerte del señor Pedro Antonio Cardona Rave.

(….)

Por su parte, la Subsección B, en auto del 7 de febrero de 2018, dictado dentro
del expediente 58.805, sostuvo que cuando “se afirma (…) la existencia de
hechos que pueden ser calificados objetivamente como crímenes de lesa
humanidad, es preciso aplicar un tratamiento de excepción a la caducidad del
medio de control de reparación de las víctimas, (…) [que] solo se justifica en
aquellos casos en los cuales existen razones válidas y suficientes para estimar
que presuntamente se trata de crímenes de lesa humanidad (…)”.

10 Consejo de Estado, Auto del 17 de mayo de 2018, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Radicación:

85001 33 33 002 2014 00144 01 No. Interno: 61.033.

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La motivación que apoyó la postura recogida en el fallo de unificación partió de la
distinción entre los efectos del cómputo de la prescripción de la acción penal
encaminada a declarar la responsabilidad penal de quien incurre en la conducta
punible y la contabilización de la caducidad cuando se pretende la declaratoria de
responsabilidad del Estado.

“De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia, la imprescriptibilidad penal para los delitos de lesa
humanidad no es absoluta, pues se requiere para tal fin que el implicado no
haya sido vinculado al proceso penal por desconocimiento de su identidad, caso
en el cual es razonable que, de manera intemporal, el Estado pueda abrir o
iniciar la investigación cuando haya mérito.

En suma, la imprescriptibilidad penal opera mientras no haya sujetos
individualizados y se mantiene hasta que se les identifique y se les vincule a las
diligencias.

En suma, en lo penal, la acción no prescribe si no se identifica la persona que
se debe procesar por el respectivo delito y, en lo contencioso administrativo, el
término de caducidad de la reparación directa no es exigible sino cuando el
afectado advierte que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión
causante del daño y le resulta imputable el daño (…).

En conclusión, en nuestro ordenamiento, frente a la caducidad de la pretensión
de reparación directa, se encuentra consagrado un supuesto que aplica a todos
los eventos, incluidos aquellos en los que se invocan delitos de lesa humanidad
y crímenes de guerra, relacionado con el conocimiento de las situaciones que
permiten deducir la participación y responsabilidad del Estado, como supuesto
habilitante para exigir el plazo para demandar, regla que fue analizada en el
numeral 3.1. de la parte considerativa de esta providencia.
Así las cosas, la Sección Tercera concluye que las situaciones que se pretenden
salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa
humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de
lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento
del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe
exigirse en estos eventos, pero a partir de que se advierta que el interesado
sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en
la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo
90 de la Constitución Política.

13.- Como se aprecia, la aplicación de la figura de la imprescriptibilidad de la acción
penal en materia de delitos de lesa humanidad solo opera en tanto no se hubieren
identificado los responsables de la conducta investigada, circunstancia que no
incide en la estricta observancia del presupuesto procesal de la caducidad de los
medios de control dirigidos a obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado, cómputo que iniciará desde el momento en que se advierta que el
estamento público tuvo alguna participación en la causación del daño.

14.- Con todo, esta última premisa no debe confundirse ni equivale a afirmar que el
conocimiento sobre la participación del agente estatal en la causacion del daño solo

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pueda surgir con la declaratoria de responsabilidad penal del infractor; a contrario
sensu, la fijación del hito inicial se circunscribe a la posibilidad de obtener ciertos
elementos de juicio en cuya virtud el interesado pueda inferir con algún grado de
certeza que la Administración estuvo involucrada en la causación del perjuicio,
cuestión que, en todo caso, corresponderá analizarse de acuerdo con las
circunstancias fácticas y jurídicas que rodean cada evento.

15.- De converger un supuesto que impida conocer si algún agente del Estado tuvo
responsabilidad en el hecho dañoso, al extremo de resultar indispensable la
calificación jurídica que en torno a ese asunto adopte la justicia penal, al interesado
le asiste el deber de promover la respectiva demanda ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y solicitar la suspensión del proceso por prejudicialidad
hasta tanto se obtenga la decisión del juez penal, sin perjuicio de que en el curso
de este último los afectados también estén en posibilidad de constituirse en parte
civil por los daños derivados de la comisión del delito.

Así lo enfatizó la sentencia de unificación en comento al considerar:

De este modo, si un grupo familiar conoce la muerte de uno de sus miembros,
pero no cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo
involucrado y era el llamado a responder patrimonialmente, la caducidad
no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión dañosa, sino desde que
tuvo la posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba
procedente para los fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Política.

Lo anterior no implica la individualización o sanción penal del agente que
ocasionó el daño, sino el conocimiento de la intervención de una autoridad,
porque ello restringiría el derecho de acceso a la administración de justicia, en
cuanto condicionaría la declaratoria de la responsabilidad estatal a un
requisito de procedibilidad que la ley no contempla, como es la
identificación del autor o partícipe.

El trámite de un proceso penal por los hechos que dan lugar a una demanda de
reparación directa no altera el cómputo de la caducidad, sino que da lugar a la
suspensión del proceso, tal como lo precisa el artículo 161 del C.G.P., que
prevé:

“Artículo 161. Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte,
formulada antes de la sentencia, decretará la suspensión del proceso
en los siguientes casos:
“1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente
de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre
cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o
mediante demanda de reconvención (…)” (se destaca).

De este modo, si los afectados consideran que el resultado del proceso penal
adelantado en contra del agente implicado en los hechos tiene la suficiencia de
determinar el sentido del fallo de responsabilidad patrimonial del Estado, lo que
les corresponde es ejercer en tiempo la pretensión de reparación directa y,

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luego, cuando el proceso se encuentre para dictar sentencia, solicitar la
suspensión por “prejudicialidad”, y será el juez de lo contencioso administrativo
el que defina si existe o no una relación de dependencia o si puede definir el
asunto sin esperar la condena penal.

Precisado lo anterior, a modo de conclusión, la Sección Tercera aclara que,
mientras no se cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado
estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y que le era
imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no
resulta exigible, pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal
situación y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo
contencioso administrativo debe declarar que el derecho de acción no se
ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda, al resolver
las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el caso.

Lo expuesto resulta aplicable a todos los asuntos de reparación directa, al
margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de
guerra, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecen
una regla especial frente a estas conductas, salvo lo referente al delito de
desaparición forzada.

16.- Así mismo cabe agregarse que estas reglas de unificación están llamadas a
aplicarse a demandas interpuestas, incluso, antes de que la sentencia que las
contiene se hubiera dictado; ello obedece a que, por un lado, como se acotó, antes
de 2020 no existía en la Sección Tercera un criterio o tendencia que hubiera sido
variado con esa decisión, puesto que había posturas disímiles que mayoritariamente
apuntaba a la tesis que luego vino a ser recogida en la pluricitada providencia. Y de
otro lado, su aplicación retrospectiva en manera alguna afecta una situación
consolidada.

En la pasada anualidad esta Subsección se pronunció sobre la admisibilidad de
aplicar la sentencia de unificación en cita a demandas presentadas con anterioridad,
oportunidad en la cual razonó en los siguientes términos:

La aplicación de la jurisprudencia debe analizarse a la luz de dos figuras que se
confunden en la apelación, la retroactividad y la retrospectividad. En materia
normativa, sus diferencias se centran en que mientras la retroactividad «se
configura cuando una norma se aplica a las situaciones que se consolidaron
con anterioridad a su entrada en vigencia»11; la retrospectividad «se presenta
cuando las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con
anterioridad a su entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han
consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley»12.

11 Corte Constitucional, sentencia SU – 309 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos.
12 Ibidem.

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Al respecto, esta Corporación, en Sentencia del 29 de abril de 202113, señaló
que:

“En ese orden de ideas, esta Corporación ha establecido que los
cambios jurisprudenciales no pueden ser aplicados
retroactivamente. Es decir, no pueden afectar situaciones
jurídicas consolidadas porque, en dado caso se estarían afectando
principios como los de seguridad jurídica y los derechos adquiridos,
vulnerándose con ello el artículo 58 de nuestra carta política. Es por
ello, que no es dable aplicar los cambios jurisprudenciales en los
eventos en los que ha operado la cosa juzgada.

(…) por regla general, los cambios jurisprudenciales se aplican en
forma retrospectiva. Es decir, su aplicación afectará «a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial»14.

1. En consonancia con lo anterior, resulta pertinente traer a colación lo dicho por
esta Sección en la sentencia de 8 de octubre de 2020, cuando analizó un
argumento similar al expuesto en la presente acción de tutela:

52. En conclusión, la Sala estima que: i) la aplicación retrospectiva del
precedente judicial resulta acorde con lo señalado por esta Corporación en su
jurisprudencia; ii) el precedente jurisprudencial no crea una situación de
derecho adquirido, sino que, para que se configure un derecho adquirido
resulta indispensable que el asunto se encuentre cobijado por la cosa
juzgada; iii) la aplicación retrospectiva del precedente en el caso concreto
no lesiona el derecho de acceder a la administración de justicia […]” (Se
resalta)

De lo anterior se deriva que, la jurisprudencia, sea de unificación o no, será
aplicada a casos que no han sido objeto de sentencia definitiva, pues frente a
ellos no se puede predicar una situación jurídica consolidada, por cuanto,
justamente, está pendiente la decisión que la resuelva definitivamente15.

17.- Visto el escenario jurisprudencial y estando claro que la regla de unificación
consagrada en la sentencia del 29 de enero de 2020 resulta plenamente aplicable
al caso sub examine, tal como se explicó, con independencia de que se trate de un
crimen de guerra o un delito de lesa humanidad o no, ciertamente el cómputo de la
caducidad establecido en el opera desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, mientras que no
fueran observadas situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción.

13 Consejo de Estado, Sentencia del 29 de 2021, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación

número: 11001-03-15-000-2021-01372-00 (AC).
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de

2018. Exp. No. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de diciembre de 2024, exp.

68282.

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18.- En atención al contexto que viene de señalarse se recuerda que, en el caso, la
imputación que se eleva frente al Estado en relación con el hecho del homicidio de
Diofanor de Jesús Correa Borja estriba en dos supuestos:

18.1.- El primero de ellos, radica en la omisión del deber de prestar protección y
brindar seguridad por parte de la fuerza pública a los habitantes de la vereda La
Unión, corregimiento de San José de Apartadó, con lo cual se permitió que
perpetrara la masacre en la que perdió la vida Diofanor de Jesús Correa Borja.

Delimitado lo dicho, la Sala no encuentra razón válida para diferir la atribución de
responsabilidad sobre ese hecho – homicidio- a un momento posterior a la comisión
de la masacre, pues bastaba con la comprensión de que el asesinato se produjo sin
que la fuerza pública hubiera impedido su causación ni hubiera asegurado su
presencia en lo sucesivo, para a partir de ese aserto estructurar la omisión que
ahora se alega.

En efecto, como lo consideró el a quo tal entendimiento temprano se desprende del
fundamento 10 de la demanda, en el que se indicó que se configuraba una
responsabilidad de las demandadas por “falta de mantenimiento del orden público
al no disponer o reglamentar las medidas de seguridad necesarias, eficientes y
eficaces para controlar de manera eficaz el accionar delictivo de un grupo armado
al margen de la ley”, sin que el temor de presentar una demanda por los hechos de
violencia tuviera la virtualidad de desplazar ese término-máxime cuando los
demandantes ya habían abandonado el lugar de residencia dónde estos acaecían
tal y como se profundizará más adelante-, y sin que la necesidad de obtener
ilustración por parte de un abogado o la recolección de pruebas suficientes para
imputar la causación del daño al Estado, constituyan argumentos demostrativos de
una imposibilidad material de acudir a la jurisdicción dentro del término legal.

Menos aún es de recibo el alegato según el cual la atribución de responsabilidad al
Estado solo resultaba posible hasta tanto se conociera la verdadera autoría de los
hechos, aduciendo al punto que solo se sabía que había sido un grupo armado al
margen de la ley pero no que eran las AUC y esto último se vino a conocer con la
confesión que de los hechos hicieron los implicados ante Justicia y Paz.

A ese respecto está demostrado que el 3 de octubre de 2013, en el marco del

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proceso adelantado por la Fiscalía 17 Especializada – Unidad Nacional de Fiscalías
para la Justicia y la Paz remitió a la jefatura de esa unidad, se rindió el informe
policial 1572, contentivo de los apartes de las sesiones de versión rendidas por los
postulados Manuel Ángel Cartagena Rojas y Adriano José Cano Arteaga, en donde
confesaron su participación en la masacre cometida el 8 de julio de 2000.16

A continuación, se registran los lapsos de tiempo en los cuales los postulados
Adriano José Cano Arteaga y Manuel Ángel Cartagena Rojas confesaron su
participación en la masacre cometida en la vereda La Unión del corregimiento de
San José de Apartado el día 08 de julio de 2000. (Declaraciones llevadas a cabo
entre el 7 de junio de 2007 y el 2 de mayo de 2011).

De acuerdo con lo expuesto por los postulados Adriano José Cano Arteaga conocido
con el alias de Melaza y Manuel Ángel Cartagena Rojas, conocido con los alias de
Omar y Ricardo, en las sesiones de versión libre llevadas a cabo los días 07 de junio
de 2007, 16 de julio de 2007, 31 de enero de 2008, 06 de junio de 2008 y 17 de
enero de 2011 rendidas por el postulado ADRIANO JOSE CANO ARTEAGA y del
22 de abril de 2010 rendida por Manuel Ángel Cartagena Rojas. Se establece que
Carlos Enrique Vásquez conocido con alias de CEPILLO fue quien dio la orden de
cometer la masacre ocurrida el día 08 de julio del año 2000, en la Vereda La Unión
del Corregimiento de San José de Apartado, para tal fin alias Cepillo escogió a 20
hombres que formaban parte de un grupo conformado por 40 o 50 paramilitares que
para la fecha de los hechos se encontraban asentados en la Vereda La Pola del
municipio de Apartado, en el grupo de 20 hombres habían paramilitares que
pertenecían al Frente Turbo y al Frente Arlex Hurtado, los comandantes designados
para dirigir esta acciona fueron CHUCHO y GUERRERO, el personal que pertenecía
_al Frente Turbo se encontraba bajo el mando alias Mega y la gente del Frente Arlex
Hurtado se encontraban bajo el mando de alias Cepillo, las personas que fueron
designadas para comandar este hechos fueron los alias CHUCHO y GUERRERO.

Con todo, su contenido en nada altera las conclusiones que vienen de exponerse
debido a que, en primer lugar para atribuir responsabilidad al Estado por la omisión
que se ha explicado, no resultaba necesario establecer con precisión la autoría del
ilícito, en tanto que, al margen de la identidad de los involucrados en su comisión,
el fundamento de la imputación de responsabilidad seguiría siendo el mismo, esto
es, omisión en el deber de prestar seguridad y protección a los asociados y repeler
los ataques de los grupos alzados en armas por parte de los entes competentes.

Sin perjuicio de lo dicho, hay que anotar que los testimonios recaudados al anterior
del plenario son contestes en sostener que, al momento de la comisión de la
masacre, los encapuchados que irrumpieron en la zona se identificaron como
miembros activos de las AUC.

16 Folios 1 a 10 y 51 a 59 de la carpeta investigador de campo 4.

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Así, en la audiencia de pruebas celebrada el 13 de febrero de 2024 ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, la testigo presencial de los hechos, Liris del Carmen
Moreno Ayala narró que cuando llegaron los agresores “se identificaron, dijeron que
eran la AUC y decían que venían del frente de Córdoba17. En igual sentido lo
declaró el testigo presencial, Herminson Rivera Tuberquia al afirmar: “Sí, ellos se
identificaron como la AUC, ellos dijeron el nombre”18.

De esta manera emerge con nitidez que en nada alteraba el cómputo de caducidad
para endilgar responsabilidad al Estado por omisión el conocer la autoría de los
autores materiales del ilícito, aspecto que, por demás fue conocido por las víctimas
desde el momento en que se perpetró el hecho dañoso.

18.2.- En lo que atañe al segundo centro de imputación, consistente en la
connivencia de la fuerza pública en los actos de barbarie, alegó el recurrente que
no era un hecho de conocimiento generalizado y notorio para la población y solo se
hizo evidente con la Resolución 1596 del 8 de noviembre de 2011 que definió la
situación jurídica de Raúl Emilio Hasbún Mendoza, en la que se relacionan
declaraciones de varios militares, que apuntaban a que el comandante del batallón
no hizo nada para evitar la masacre.

Sobre ese asunto, en oportunidad pasada esta Subsección advirtió que el
conocimiento del hecho y de la circunstancia de la cual se deriva la atribución de
responsabilidad no necesariamente debe estar supeditada a la existencia de un
juicio de responsabilidad penal en la que se declare la comisión del punible o se
individualicen sus autores, bastando para ese propósito que se presentan indicios
acerca de su posible configuración.

No se requería que existiera una declaratoria judicial de responsabilidad penal en
ese sentido para derivar la posible responsabilidad estatal por los mismos hechos,
pues de ser necesario el esclarecimiento del asunto por el estamento competente,
ello no relevaba a los interesados de acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo oportunamente, caso en el cual lo que procedía era una suspensión
del proceso contencioso por prejudicialidad19.

17 Minuto 2:57:29
18 Minuto 41:00.
19Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025,
AG70025.

32

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

Descendiendo estos planteamientos al subexamine, ha de destacarse que con la
demanda se aportaron varios extractos de publicaciones en medios de
comunicación20 que daban cuenta de la participación conjunta que tenían los grupos
paramilitares y la fuerza pública en los actos de violencia consumados en el Urabá
Antiqueño desde 1996 y en adelante, dentro de los cuales se encuentra:

-. Artículo de la Revista Semana titulado “El Cerebro de la Paraeconomía” publicada
el 2 abril de 2012, en la que se registra la entrevista realizada al exparamiltar Raúl
Emilio Hasbún “Solo hasta ahora se han documentado los nexos con los
paramilitares y con las fuerzas militares”. ¿El exparamiltar que hoy se encuentra
privado de la libertad pagando una condena de 18 años por una masacre que
ordenó en San José de Apartadó, aceptó hablar por primera vez con medio de
comunicación sobre el modelo de financiación de las autodefensas con el sector
privado” (…) Que tanto poder llegaron a tener [Los paramilitares] sobre la
Policía y el Ejército? Todo el mundo nos copiaba, yo mandaba no
directamente pero indirectamente Ejército, Fiscalía, Policía, DAS, SIJIN todos
los organismos nos copiaban, a nosotros nos llegaba toda la información,
armábamos un solo informe y se lo mandábamos a todo el mundo. La gran
mayoría de operaciones en Urabá fueron conjuntas”.21

Cabe aclarar frente a este tópico que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en sentencia del 29 de mayo de 2012, señaló que la
información que aparece en los artículos de prensa únicamente tiene la capacidad
de demostrar el registro mediático de unos hechos, sin que, por sí sola, constituya
un medio idóneo que acredite la veracidad y autenticidad de su contenido, por lo

20 “…la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser

considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de
acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los
hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la
situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su
coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e
independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez.
“En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición.
Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘(…) son indicadores sólo de la percepción del
hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘(…) son susceptibles de ser
apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su inserción en medio
representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la veracidad y certidumbre de la
información que contienen” (se resalta). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, providencia del 29 de mayo de 2012, exp. 11001031500020110-1378-00, M.P.
Susana Buitrago Valencia.
21 Carpetas MM2 de los medios de prueba aportados con la demanda visible en el expediente
digitalizado.

33

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
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Asunto: Reparación Directa

que su eficacia probatoria se subordina a la conexidad que se acredite con otros
elementos probatorios que reposen en el proceso.

Al margen de lo dicho, para los efectos del problema jurídico que se procura resolver
lo que surge de relevancia es determinar el conocimiento de los hechos en los que
se edifican las pretensiones por parte de los actores, cometido para el cual el
referido extracto amerita contrastarse con los siguientes documentos aportados
igualmente por el extremo activo:

Comunicado del 28 de febrero de 2005, publicado por la Comunidad de Paz de San
de José de Apartadó “Caminos de Resistencia”, por el que da a conocer al público
que “el Ejército Nacional realiza masacre contra Comunidad de Paz de San José de
Apartadó”, se advirtió en su texto, que:

Los medios de comunicación han intentado distorsionar la realidad informando que
la masacre fue hecha por la guerrilla y otras versiones sostiene que fue hecha por
paramilitares. Para nosotros es claro que se trató de un operativo del Ejército que
acordonó la zona antes de la masacre (17 de febrero) y quienes todavía se
encuentran en la zona22.

Comunicado del 26 de febrero de 2005, por medio del cual la comunidad jurídica
libertad puso en cocimiento de la opinión pública que el 22 de febrero de 2005,
desde la 1 hasta las 2 pm se presentaron bombardeos indiscriminados por los
helicópteros del Ejército, contras las veredas Bella Vista, Alto Bonito y Buenos Aires
donde se encontraban más de 200 campesinos y advirtieron 23:

Esto puede generar un nuevo desplazamiento masivo no solo desde estas veredas
sino también desde aquellas que le son circunvecinas. así mismo ocasiona un alto
grado de preocupación que la vida e integridad de estas perdonas pueda ser
colocada en riesgo, ya que en otras ocasiones como sucedió durante los meses de
diciembre de 2004 y enero de 2005 en desarrollo de operativos militares similares
cometieron una serie de atropellos y de afectaciones a los derechos fundamentales
de los campesinos.
(…).
Tememos por la vida de los miembros de la comunidad y sus líderes que son
detenidos y amenazados, así mismo por la vida de cientos de personas en las
veredas ante bombardeos indiscriminados que se vienen adelantando. De igual
forma la comunidad de paz deja constancia histórica ante la evidencia del nexo
existente entre los grupos paramilitares y la fuerza pública, el cual nuevamente se
evidencia con el caso del señor Wilmar Durango.

De todo lo anterior se deduce que el grupo familiar demandante conoció de los

22 Folios 46 a 56 del cuaderno 1 del proceso penal 2008-00050.
23 Folios 153 y sss del anexo 2 del proceso penal 2008-00050.

34

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elementos a partir de los cuales imputar el daño al Estado—o debió haberlo
conocido—, en el peor de los casos, el 2 de abril de 2012, fecha en que fue
publicada la entrevista del exparamiltar Raúl Hasbún en la Revista Semana -
aportada por esa misma parte al expediente- en la que refirió la existencia de la
acción delictiva conjunta con la fuerzas armadas entre 1996 y 2005 en la realización
de masacres en el Urabá Antioqueño, específicamente en la jurisdicción del
municipio de San José de Apartadó.

En consecuencia, es desde el 3 de abril de 2012 que corresponde contar la
caducidad, momento para el cual estaba vigente el artículo 136.8 del CCA, que
disponía que “la [acción] de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de
dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión
u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa”.

En este sentido, el término de caducidad corrió desde el 3 de abril de 2012 hasta el
3 de abril de 2014, al paso que la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el
1 de septiembre de 201724, cuando ya se había configurado el fenómeno preclusivo.

Igualmente, no existe ningún elemento en el plenario que permita inferir que, en
efecto, los demandantes tenían alguna imposibilidad material de acceder a la
administración de justicia durante los más de 4 años que transcurrieron desde que
venció la oportunidad y hasta cuando presentaron la demanda -19 de abril de 2018.
Se recuerda que, según la sentencia de unificación de 2020, estas circunstancias
que impidan el ejercicio del derecho de acción “no tiene como finalidad que la
caducidad se compute desde una fecha distinta a la ocurrencia del hecho dañoso y
a su conocimiento por parte de los afectados, sino que está orientado a verificar si
dentro del plazo pertinente se presentaron situaciones que obstaculizaron el
ejercicio del derecho de acción”, situación que debe acreditarse plenamente.

La ignorancia sobre la posibilidad de reclamar la responsabilidad del Estado no es,
en criterio de esta Sala, un obstáculo material de ejercer el derecho de acción 25.

24 Folio95 a 100. Cuaderno 1.
25 Sobre las circunstancias impeditivas de acceso a la justicia por cuenta de la pobreza y la falta de

educación se comparte lo argumentado en el salvamento de voto del Consejero de Estado José
Roberto Sáchica a la sentencia del 3 de diciembre de 2025, Exp: 67779, en el que se analiza el
alcance de estos argumentos, especialmente cuando los demandantes han accedido al aparato

35

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Tampoco lo es el hecho de que los demandantes mantuvieran la condición de
desplazados, lo que, si bien les permite acceder a la administración de justicia para
reclamar los daños derivados de ese preciso daño cuando cese -como se ahondará
enseguida-, no los habilita para que las pretensiones indemnizatorias derivadas de
otros hechos dañosos nunca caduquen.

Por el contrario, en el proceso está demostrado que los demandantes se inscribieron
en el RUV26 como víctimas de los delitos de desaparición forzada, desplazamiento
forzado y homicidio, a partir de lo cual accedieron al aparato estatal de ayuda
asistencial, de lo cual es posible inferir que tenían las posibilidades para impetrar el
medio de control de reparación directa en contra del Estado, desde que se enteraron
de la participación Estado en la muerte de Diofanor de Jesús Correa Borja. Sumado
a todo lo anterior, no existe evidencia de que, para el momento de la presentación
de la demanda -o, si se quiere, de la solicitud de conciliación prejudicial-, hubiera
habido algún cambio en las circunstancias de los demandantes que removiera el
supuesto obstáculo.

19.- En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión de primera instancia en
lo que tiene que ver con la caducidad de la reparación directa respecto de la muerte
de Diofanor de Jesús Correa Borja.

3.2. Por el desplazamiento forzado

20-. Se recuerda que, según lo dicho por esta Corporación27, el desplazamiento
forzado representa un daño continuado, que, en palabras de la Corte Suprema de
Justicia, es aquel que “(…) se materializa a través del tiempo, es decir, el que no se
configura en un solo momento, sino que se exterioriza durante cierto lapso de
tiempo, independientemente de que la causa que lo provoca sea instantánea o
igualmente continuada (…). El criterio tipificante [sic], es la demora en su

estatal a través de otros mecanismos y ejercido otros cauces institucionales respecto del hecho
causante del daño.
26 Índice Samai 2 del Consejo de Estado. Expediente digital. Archivo 16. P. 60.
27 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C. Auto del 26 de julio de 2011. Exp: 41037. M.P. Enrique Gil Botero. El Consejero Jaime
Orlando Santofimio salvó voto, pero respecto de la condición de desplazados de los demandantes;
Subsección A. Sentencia del 9 de septiembre de 2015. Exp: 35574; y auto del 10 de febrero de 2016.
Exp: 05001-23-33-000-2015-00934-01(AG). M.P. Hernán Andrade Rincón. Subsección B. Auto del
12 de diciembre de 2024. Exp: 50187. M.P. Danilo Rojas Betancourth. La Subsección adoptó este
criterio en sentencia del 8 de junio de 2017, Exp: 41307, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

36

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
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consolidación”28. Éste se caracteriza porque se produce de manera extendida en el
tiempo, es decir, la lesión se causa cada día, de manera permanente, sin “solución
de continuidad” y manteniendo la identidad de las condiciones que lo identifican de
principio a fin29.

21.- Recientemente, esta Subsección, con base en los criterios de la Ley 378 de
1997, la jurisprudencia contencioso-administrativa30 y constitucional31 y documentos
técnicos elaborados por las entidades de la rama ejecutiva encargadas de este
fenómeno32, definió que:

“El desplazamiento, en virtud de lo transcrito, consiste en el abandono involuntario
de la persona de su lugar de residencia y actividades económicas habituales, debido
a circunstancias de riesgo o vulneración de su vida, amenaza a su integridad física,
seguridad o libertad personal acaecidas en el marco del contexto de la alteración
drástica del orden público interno. Este suceso, en sí mismo, implica el desarraigo
obligado de la víctima de su comunidad, de su territorio y de su tejido social que
apareja una violación a múltiples derechos fundamentales, entre ellos, a escoger
libremente su domicilio y a la libre circulación por el territorio nacional.

Se deriva de lo anterior que el desplazamiento forzado es un hecho, y a la vez
un daño, según la definición ya expuesta, que se extiende durante el tiempo
en el que la víctima no reasuma la posibilidad de regresar a su lugar de origen,
puesto que, durante ese lapso, el desplazado realmente no goza del derecho de
vivir en su territorio, que repercute, a su turno, en el desarraigo, la desconexión con
el tejido social y su comunidad, entre otras.

De esta manera, se observa que esta lesión no se agota o extingue con el mero
hecho del desplazamiento, sino que se consuma día a día mientras esta situación
perdure, lo que significa que, además de tratarse de un hecho dañino
continuado —que consiste en el mantenimiento de la situación de orden
público que impide el retorno de las víctimas—, constituye un daño de
naturaleza continuada.”33.
(Negrillas fuera del texto original).

En este orden de ideas, la caducidad sólo puede empezar su cómputo cuando la
lesión acaba34, situación que ocurre únicamente cuando los demandantes regresan

28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de enero de 2018. Exp: 11001-

31-03-010-2011-00675-01.
29 Expresión utilizada en la sentencia con expediente 41037, citando a: González Pérez, Jesús.

Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Primera Edición. editorial Civitas.
Madrid 1996. Págs. 381 y 382.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 15 de

agosto de 2007. Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG). M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
31 Corte Constitucional. Sentencia SU-1150 del 2000.
32 Segundo informe de 1998, entregado por Consejería Presidencial para la Atención a la Población

Desplazada por la Violencia y la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del
Interior al Congreso de la República.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C.

Sentencia del 9 de diciembre de 2025. Exp: 69128.
34 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección B. Sentencia del 4 de marzo de 2019. Exp: 44091. M.P. María Adriana Marín (E);
Subsección A, sentencia del 24 de abril del 2020, Exp: 51315, M.P. Marta Nubia Velásquez;

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a sus lugares de origen, o desde cuando existen las condiciones de seguridad
necesarias para su retorno —al margen de que decidan no retornar—, en la medida
en la que sólo ahí las víctimas recobran su derecho de libre locomoción y de escoger
libremente su domicilio.

Merece destacarse que el daño finaliza una vez se reúnen las condiciones de
seguridad que garanticen el retorno de las víctimas, aun cuando no se produzca el
regreso al territorio por parte de los desplazados, porque, en ese caso, el no retorno
obedece a una decisión voluntaria de las personas, de la cual no puede depender
el inicio del cómputo de la caducidad, según el criterio reiterado de esta Sección 35.
Tal circunstancia, sin embargo, deberá estar plenamente probada en el proceso,
pues, de lo contrario, de acuerdo con los principios pro actione, pro damato y pro
homine, deberá accederse al estudio de fondo de las pretensiones36.

También debe enfatizarse en que la naturaleza continuada que se predica del
desplazamiento forzado se refiere a la lesión en sí misma y no a la extensión o
magnitud de sus efectos. Así, más allá de que del desplazamiento se desprendan
unas consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales con vocación de
mantenerse en el tiempo e incluso agravarse, el daño del desplazamiento —
entendido como “el desarraigo obligado de la víctima de su comunidad, de su
territorio y de su tejido social que apareja una violación a múltiples derechos
fundamentales, entre ellos, a escoger libremente su domicilio y a la libre circulación
por el territorio nacional”— es el que se prolonga, con lo cual se impone la

Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2020, Exp: 48261, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas;
Subsección C, auto del 2 de octubre del 2020; exp: 63263, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas;
Subsección A, sentencia del 20 de noviembre del 2020, Exp: 54443, M.P. Marta Nubia Velásquez;
Subsección A, sentencia del 5 de marzo del 2021, Exp: 64563, M.P. Marta Nubia Velásquez;
Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2021, Exp: 41268, M.P. Alberto Montaña Plata; Subsección
A, sentencia del 13 de agosto del 2021, Exp: 64893, M.P. Marta Nubia Velásquez; Subsección B,
sentencia del 2 de marzo del 2022, Exp: 64094(AG), M.P. Alberto Montaña Plata; y sentencia del 7
de septiembre de 2020, Exp: 54496, M.P. Ramiro Pazos Guerrero. En esta última providencia, la
Sala consideró que había caducidad porque, a pesar de que los demandantes no habían retornado
a su lugar de origen, se había probado que no estaban en período de emergencia vital y residían en
Villavicencio, respecto de lo cual el Consejero Alberto Montaña presentó salvamento de voto en el
que expuso que el daño del desplazamiento forzado era continuado y, en esa medida, la caducidad
únicamente podía computarse desde cuando se den las condiciones de seguridad para el retorno
del lugar de origen. Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2024. Exp: 68154.
35 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección

Tercera. Auto del 9 de febrero de 2011. Exp: 38271; y de la Sección Tercera, sentencia del 24 de
abril de 2008. Exp: 16.699.
36 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Sentencia del 4 de junio de 2024. Exp: 66.331; de 24 de abril del 2020, Exp: 51.315; del 24 de
septiembre del 2020, Exp: 56.283; del 3 de julio de 2020, Exp: 51.117; del 23 de agosto de 2024,
Exp: 64.834 y 55.392 y 23 de septiembre de 2024, Exp: 56.541.

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conclusión de que el inicio del conteo del término se sujeta a la cesación de la lesión
y no se trastoca por la advertencia de sus secuelas o efectos derivados37.

Esta posición, lejos de representar una flexibilización de las normas procesales o
de la forma de computar el término preclusivo, constituye una aplicación de la ley al
tenor de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 38, según la cual el
ejercicio de la acción resarcitoria en eventos de lesa humanidad sí está sujeto al
límite temporal, que se contabiliza de acuerdo con los dictados de la legislación —
es decir, desde la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño 39—, pero
teniendo en cuenta el momento en el que “los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarle responsabilidad patrimonial”, sin que transcurra mientras se acredite la
ocurrencia de “situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción”, de modo que, “una vez superadas, empezará a correr el plazo
de ley”40. Debe destacarse, por lo demás, que la interpretación acogida por la Sala
Plena de la Sección Tercera en 2020 fue avalada por la Corte Constitucional en la
sentencia de unificación SU-312 de 2020:

“En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte
considera que no es necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se
predica de acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de la
caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los
derechos de las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones jurídicas
con características y lógicas diferentes, el término legal establecido para acudir a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que
lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar
los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.”41.
(Negrillas fuera del texto original).

37 En reiterada jurisprudencia, esta Sección ha reconocido que la caducidad se cuenta desde el

conocimiento del daño, sin que éste pueda confundirse con la advertencia de las secuelas o efectos
de la lesión. Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia de 14 de abril de 2010. Exp: 19154; reiterado recientemente por esta Subsección en
sentencia del 23 de septiembre de 2024, exp: 68.791.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.

Sentencia del 29 de enero de 2020. Exp: 61033.
39 Este hito fue el previsto tanto en el artículo 136.8 del CCA como en el artículo 164.2.i del CPACA,

al margen de las diferencias en su redacción, y de que el CPACA previó explícitamente que, si el
daño se revelaba de manera posterior al hecho causante, la caducidad se contaría desde ese
momento, siempre que se demostrara la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de la
ocurrencia, que, en cualquier caso, había sido reconocido por la jurisprudencia durante la vigencia
del CCA, con fundamento en que la acción de reparación directa era meramente resarcitoria, por
manera que, sin la materialización de un daño, no nacería obligación indemnizatoria y, por tanto, la
vía procesal perdería sentido, al margen de la demostración de una conducta ilícita o irregular.
40 Se pone de presente que esta postura fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia SU-

312 de 2020.
41 Corte Constitucional. Sentencia SU-312 de 2020.

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En otras palabras, con fundamento en lo explicado en la sentencia de unificación de
2020, el desplazamiento forzado —que no está especialmente regulado por la ley,
como es el caso de la desaparición forzada— sí está sometido al término de
caducidad normativo, aun cuando se erija como un delito de lesa humanidad.

22.- Siendo así, el cómputo empieza desde la causación del daño —que por tratarse
de un daño continuado, se causa de manera permanente, todos los días, sin
solución de continuidad, y únicamente concluye al surgir las condiciones para el
retorno seguro de las víctimas a su lugar de origen— o, en caso de ser posterior,
desde cuando los demandantes cuenten con elementos que les permitan imputarle
la responsabilidad al Estado, sin que el plazo corra cuando se demuestren eventos
que impidan materialmente el acceso a la justicia. Al respecto, esta Subsección
expresó:

“Lo anterior debe interpretarse al tenor de la sentencia de unificación del 2020 de
esta Sección, según la cual, en cualquier caso, el término corre desde que se
cuenten con elementos de convicción que permitan atribuir el daño al Estado,
no exista imposibilidad material de acceder a la administración de justicia, y
el daño concretado en el desplazamiento forzado hubiera cesado.”42.
(Negrillas fuera del texto original).

Con este panorama, el medio de control de reparación directa por el daño del
desplazamiento forzado —entendido como daño continuado— sí está sometido al
término de caducidad previsto en las normas reguladoras de la materia, incluso
cuando los hechos generadores del daño pudieran ser catalogados, eventualmente,
como de delitos de lesa humanidad.

23.- Ahora, habiendo esclarecido que el punto de partida para el inicio del respectivo
cómputo es el regreso de las víctimas a sus lugares de origen, o que se hayan dado
las condiciones de seguridad que así lo permitan, para esta Sala es evidente que el
comienzo de su conteo no se prorroga —en todos los eventos de desplazamiento
forzado— hasta la ejecutoria de la sentencia SU-254 del 2013, como lo explicó
acertadamente esta Subsección en un pronunciamiento de 2021:

“Finalmente, frente al planteamiento del Tribunal Administrativo de Arauca de
contabilizar la caducidad del medio de control de reparación directa en los eventos
de desplazamiento forzado desde la ejecutoria de la sentencia SU - 254 de 2013,
encuentra la Sala que la Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a

42Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C.
Sentencia del 9 de diciembre de 2025. Exp: 69128.

40

Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
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dicha providencia, con el fin de cobijar situaciones jurídicas similares
tramitadas ante los jueces de tutela, así como para garantizar una respuesta
uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se
encuentran en la misma situación fáctica.

La decisión de la Corte Constitucional obedeció a que, por primera vez, en dicha
sentencia se fijó la interpretación del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en el
sentido de prohibir que los jueces de tutela por esa vía ordenaran la indemnización
en abstracto, toda vez que, para ese efecto, las personas desplazadas cuentan con
la posibilidad de iniciar procesos judiciales y solicitar así las indemnizaciones que
correspondan. En esa medida, al impedir que los afectados acudan a la acción
de tutela por la existencia de otro mecanismo, se decidió que no debían
tenerse en cuenta transcursos de tiempo anteriores a la ejecutoria de esa
sentencia, con el fin de privilegiar el derecho de acceso a la administración de
justicia de las víctimas de desplazamiento forzado. (…)”43.
(Negrillas fuera del texto original).

Esta providencia, entonces, estableció que los efectos inter comunis que la Corte
Constitucional expresamente le confirió a su sentencia de unificación se predicaban
respecto de personas que compartieran los presupuestos fácticos en los que se
encontraban los allí tutelantes, esto es que Acción Social —hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social— hubiera rechazado o ignorado sus
solicitudes de reparación administrativa, y que, en consecuencia, hubieran
presentado acciones de tutela. Esto, en consideración a que, únicamente a partir de
esa sentencia del 2013, la Corte unificó su jurisprudencia respecto de la condena
en abstracto prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, y particularmente
sobre su improcedencia en esos casos.

Por lo anterior, en garantía al derecho fundamental de reparación integral, los
desplazados que se hallaran bajo ese supuesto fáctico tenían la posibilidad de
reclamar la indemnización por vía judicial, mediante las acciones contencioso
administrativas, sin que los términos anteriores contaran para los efectos de la
caducidad, pues lo contrario implicaría cercenar el derecho de quienes optaron por
la acción de tutela —dejando de lado las acciones ordinarias— para elevar
pretensiones resarcitorias con fundamento en la confianza de la eficacia de la
condena en abstracto por ese medio.

Fuerza concluir que la sentencia SU-254 no irradia a todos los desplazamientos,
pues lo cierto es que, si las víctimas no comparten el supuesto fáctico antedicho, la
fecha de cesación del daño corresponde al inicio del cómputo de caducidad, sin que

43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 1 de octubre del 2021. Exp: 63260. M.P. Nicolás Yepes Corrales.

41

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Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

la ejecutoria de la unificación de la Corte Constitucional reviva los términos ya
fenecidos, ni extienda el plazo dispuesto por el ordenamiento.

Además, esta Sala observa que aquellas providencias emitidas por el Consejo de
Estado que aludieron a la SU-254 se pronunciaron sobre la caducidad con respecto
de la cesación de la lesión, y únicamente utilizaron el término contado desde la
ejecutoria de dicha providencia como un argumento adicional de la configuración o
no de la caducidad; en los casos en los que los demandantes no habían regresado
a su lugar de origen, se coligió que el respectivo cómputo no había iniciado, además
de que coincidía con que se había presentado dentro de los dos años siguientes a
la ejecutoria de la SU-254, y contrario sensu, si la demanda se había presentado
más de dos años después del retorno de las víctimas, ésta había sido
extemporánea, sumado a que la demanda se había instaurado pasados los dos
años desde la ejecutoria de la mencionada unificación.

En este contexto, no se observa que los demandantes que formularon el presente
medio de control hicieran parte del supuesto fáctico de la sentencia SU-254 de 2013,
en cuanto no existe evidencia de que hubieran instaurado una acción de tutela para
reclamar el derecho fundamental a la indemnización administrativa.

24.- Retomando el estudio del sub examine, en el proceso está plenamente
acreditado que los siguientes demandantes fueron desplazados por la violencia.

Al respecto, obra el oficio del 14 de marzo de 201844 por el cual la Unidad para las
Víctimas, informó sobre la inclusión de los demandantes en el Registro Único de
Victimas RUV y sobre su el estado de valoración, como sigue:

Demandante Fecha de desplazamiento Estado de valoración del
RUV
Gloria de Jesús Borja 22 de septiembre de 2009 por desplazamiento forzado Incluido
Quintero
Liliana Correa Borja 22 de septiembre de 2009 por desplazamiento forzado Incluido
Gloria Inés Correa Borja 18 de marzo do de 2006 por desplazamiento forzado Incluido
Germán Alonso Correa Borja 25 de marzo de 2007 por desplazamiento forzado Incluido
María Eugenia Correa Borja 8 de julio de 2000 por desplazamiento forzado Incluido
Nora Soledad Correa Borja 30 de noviembre de 2000 por desplazamiento forzado. Incluido
Bárbara Vannesa Correa 15 de septiembre de 2005 por homicidio de su madre Incluido
Borja
Stivenson Aricapa Correa 15 de septiembre de 2005 por homicidio de su madre Incluido
Ángela Diosa Correa Borja 15 de septiembre de 2005 homicidio (fallecida) Incluido
María Camila Correa Borja 10 de febrero de 2008 por desplazamiento forzado Incluido
Cristian Marimon Correa 10 de febrero de 1996 por desplazamiento forzado Incluido
Jhordan Marimon Correa 10 de febrero de 1996 por desplazamiento forzado
incluido

44 Folios 93 a 104 del archivo digital 021 contestación de la demanda.

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Aun cuando Ángela Diosa Correa Borja, Bárbara Vanessa Correa Borja y Stiven
Aricapa Correa no aparecen en el RUV como víctimas de desplazamiento —sino
únicamente de homicidio— los testimonios practicados refirieron que el grupo
familiar de los demandantes, en su totalidad, fue desplazado por la violencia, como
se pasará a exponer.

En efecto, varias declaraciones coinciden en que los demandantes vivían en del
corregimiento de San José de Apartadó, y de allí fueron desplazados por virtud de
la violencia que se presentaba a raíz de la presencia de los distintos actores del
conflicto armado. El señor Jaime García Velásquez refirió que:

“No, no, es la como le digo, conocido de la señora una familia que uno la distingue
desde muy pequeño, incluso ya han estado hasta en mis fincas. (…) Quiénes han
vivido en su finca? Supongamos doña doña Gloria ha estado en mi finca la finada
Ángela estuvo en mi finca Liliana, bueno por ahí ¿Y estaban de visita? ¿Estaban en
arriendo? Ah, no, no estaban en arriendo No, no estaban en arriendo, únicamente
la violencia está muy apoderada entonces uno se acostaba del uno, el otro no nos
acostábamos del otro y por ese por ese motivo fue que ellos llegaron a mi tierra
porque soy vecino de aquí del pueblito de San José45.

(…).

Podría indicarnos don Jaime un respuesta anterior, le entendí pero voy a ser más
específico usted señala que doña Gloria es se dio desplazada podrían detallarnos
de ese desplazamiento cuando se dio, por favor pues no tengo presente más o
menos el desplazamiento en qué época fue, pero sí aproximadamente como en el
2017 ya cuando comenzaron las gentesitas que se bajó la guerra o cosas parecidas
comenzaron a retornar iban a sus finquitas estaban allá hundiditas otros, los que
eran de la comunidad de paz de San José de Apartado pues andaban con sus
gentes46.
(…).

¿Qué si la familia después de los hechos en que murió el señor Diopanor siguió ahí
o se fue para otro lugar? No ellos ya tuvieron que desplazarse hacia San José y
hasta como le digo aproximadamente en el 2017 ya que la gente comenzó a retornar
a las áreas apoyados por la comunidad.

(…).

Infórmele por favor al despacho si usted sabe si la familia de Diopanor de Jesús
Correa Borja esto es el hijo retornaron nuevamente al lugar donde usted dice que
ellos se tuvieron que ir En caso de que ellos hayan vuelto o hayan retornado a ese
lugar indíquenos por favor si usted sabe aproximadamente en qué año se dio ese
regreso ese regreso aproximadamente según eso le dieron en el 2017 cuando ya
las comunidades de paz fueron repoblando y el que era de comunidad porque era
comunidad47

45 Minuto1:10.
46 Minuto 1:25.
47 Minuto 1.42.

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En similares términos, la testigo Marlodys Quintero manifestó que:

Puede indicarnos doña Marlodis qué pasó con esa familia a raíz de los hechos de la
muerte de Diofanor? ¿Dónde vivían? ¿Qué pasó con ellos después? Ellos se
desplazaron, de San José(…), otros se trasladaron para Medellín, otros fueron para
por allá lejos, donde estaba el muchacho que ya estaba lejos, que él sí no volvió
más el hijo. Y doña Genia fue para, yo no se me olvida el nombre de esa tierra donde
ella estuvo, pero ellos todos se fueron de aquí.

(…).

usted señala que el señor, entiendo, el joven, ¿recuerda el nombre de él? ¿De
Diofanor? No, usted dice que cuando pasa lo de Diofanor ya todos se desplazan y
habla de que uno se fue por allá lejos, ¿no nos recuerda? Ah, el señor Germán, que
él no volvió más, el otro hermano del Germán48.

Por su parte la declarante Liris del Carmen Moreno Ayala sostuvo:

doña Liris, en doña Gloria y sus hijos y su familia, ¿sabe usted qué pasó con ellas
después de esta situación de la muerte de su hijo Diofanor? Ellos todos se
desplazaron ¿Dónde vivía? Ah, usted ya lo señaló pero quiero que nos lo repita o
se lo digo usted dice que ella vivía en Las Nieves, ¿cierto? En ese momento vivía
en Las Nieves Sí, ellos todavía tienen esa finca en Las Nieves Y en el momento de
los hechos, vivía en Las Nieves. (…) ¿Podría indicarnos quién se desplazó con ella,
por favor? Ella [Gloria de Jesús] se desplazó casi que con toda la familia49

También los interrogatorios recibidos revelan esa circunstancia. Así lo sostuvo la
actora Nora Soledad Correa Borja al afirmar que “me toco desplazarme por la
violencia (…) tengo dos desplazamientos forzados”50. No pasa por alto esta Sala
que, en la inscripción en el Registro de Unidad de Víctimas de sus hijos, los jóvenes
Jhordan Marimon Correa y Cristian Marimon Correa, se consignó que el
desplazamiento de estos se produjo en 1996, cuestión que cronológicamente es
imposible si se tiene en cuenta que, de acuerdo con sus registros civiles de
nacimiento, el primero nació el 29 de febrero de 2000 y el segundo el 20 de abril de
2002. Con todo, se estima que tal hallazgo corresponde a un error formal de la
inscripción, -fecha que se identifica con el primer desplazamiento que sufrió su
madre 10 de febrero de 1996-, pero que en manera alguna desdibuja la condición
de desplazados de los mencionados jóvenes.

48 Minuto 1:47:23
49 Minuto 2:41.
50 Minuto 09:10

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En la misma orientación depuso la demandante Liliana Correa Borja al afirmar que
tuvo que salir desplazada con su mamá hacia el municipio de Apartadó donde vivían
con su hermana Gloria, hasta 2017 y ya después se independizó 51.

Por su parte, el accionante Germán Correa Borja advirtió en su interrogatorio que
para la época en que falleció su hermano ya se había desplazado por la violencia52.

De este recuento se tiene que, si bien las declaraciones no concuerdan respecto
del año en el que la familia se desplazó definitivamente — para algunos fue en 2000
tras la masacre del 8 de julio, otros dicen que fue 2005 y otros que un año antes, lo
cierto es que todos dan cuenta del contexto de orden público de la zona y de la
consecuente necesidad de los demandantes —como grupo familiar— de abandonar
el territorio.

La situación de inseguridad se apoya, además, en las mismas declaraciones que se
acaban de reseñar, todas las cuales resultan concordantes al aludir a la presencia
constante de grupos al margen de la ley en esa zona, y la reiterada comisión de
ilícitos que atentaban contra la vida y bienes de los campesinos que, a su vez,
resultó en el desplazamiento de los habitantes.

Lo anterior permite establecer que todos los demandantes tenían su domicilio en
cercanía al corregimiento de San José de Apartadó, en el Urabá Antioqueño y que,
producto del contexto de orden público prevalente en la zona, se vieron forzados a
desplazarse.

Adicionalmente, las versiones en comento evidencian que el desplazamiento cesó
en 2017 -sin indicar fecha exacta- año en que los integrantes de la familia decidieron
regresar a su lugar de origen por haber cesado la situación de violencia, a excepción
de Germán Correa Borja, quien decidió no retornar.

Así pues, en cuanto el desplazamiento concluyó en 2017, anualidad en que se
restablecieron las condiciones de seguridad para su regreso, cabe considerar que
al haberse impetrado la demanda el 19 de abril de 2018, su ejercicio fue oportuno
por instaurarse antes de trascurridos dos años desde que se superó la lesión.

51 Minuto 17:14
52 Minuto 29:31.

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La misma premisa ha de hacerse extensiva al evento del demandante Germán
Correa Borja, en razón a que aun cuando no está demostrado su regreso,
ciertamente solo se sabe que las condiciones de seguridad para retornar a la zona
se restablecieron en 2017, sin que el extremo pasivo hubiese demostrado lo
contrario.

Con todo, cabe precisar que si bien este cómputo obedece a una de las alternativas
interpretativas vigentes que ha perfilado el Consejo de Estado, hay que aclarar que
no constituye una postura unánime y consolidada sobre su conteo.

25.- Sin embargo, un supuesto diferente se presenta en el caso del daño que por el
desplazamiento de Ángela Diosa Correa Borja fue reclamado en nombre de su
sucesión53. De las pruebas recaudadas en el proceso se evidencia que, si bien ella
sufrió la situación de desplazamiento al igual que su madre. hijos, hermanos y
sobrinos - como lo depuso el testigo Jaime García Velásquez-, ciertamente, surge
con nitidez en el plenario que el 15 de septiembre de 2005, la señora Ángela Diosa
falleció de manera violenta en el camino que conduce de San José a la vereda La
Unión54.

Esta evidencia lleva a la Sala a sostener que, a partir de su muerte, cesó el daño
causado con ocasión del desplazamiento -en tanto daño continuado del que fue
víctima-, por lo que, a partir de entonces, se contaba con dos años para pretender
su reparación, plazo que vencía el 16 de septiembre de 2007. Por contera, la
demanda interpuesta el 19 de abril de 2018, en nombre de la sucesión de Ángela
Diosa Correa Borja para reclamar el daño derivado de su desplazamiento fue
presentada fuera del término de caducidad del medio de control de reparación
directa.

26.- En la medida en la que la caducidad no se ha configurado respecto del alegado
desplazamiento forzado de los demandantes, la Sala revocará la sentencia de

53
Igualmente se refirió que Gloria de Jesús Borja Quintero también actuaba en representación de
los menores Stivinson Aricapa Correa y Bárbara Vanessa Correa Borja, quienes reclaman en
relación con su propio nombre y en representación de la sucesión de su madre, Ángela Diosa Correa
Borja.

54 Reposa el Registro Civil de Defunción a folios 47 del cuaderno 1 en consonancia con la declaración

rendida por la testigo Marlodis Quintero quien declaró que se perpetraron otros hechos de violencia
contar esa familia “cuando sellaron a la otra hija de ella, que la sacaron de acá de San José y se le
llevaron la mataron en la mita de la vía a La Unión…ella dejó dos niños en ese entonces cuando se
la llevaron de acá de San José”.

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primera instancia en lo referente a esta decisión -salvo las precisiones que
anteceden asociadas a la sucesión de Ángela Diosa Correa Borja- y previo a
evacuar el examen de la legitimación en la causa, abordará las pretensiones de
fondo.

4. Legitimación en la causa

27.- Determinado como está que la pretensión de reparación por la muerte de
Diofanor de Jesús Correa Borja se interpuso cuando ya había caducado, la Sala
abordará el análisis subsiguiente únicamente respecto del desplazamiento forzado.

28.- En este orden, se evidencia que los demandantes Gloria de Jesús Borja
Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja, María Eugenia Correa Borja
actuando en nombre propio y de sus hijos menores María Camila Correa Borja y
Cristian Camilo Jaimes Correa; Nora Soledad Correa Borja quien actúa en nombre
propio y en el de sus hijos, Cristian Marimon Correa55 y Jhordán Marimon Correa, y
Germán Correa Borja están legitimados en la causa por activa por cuenta de que,
como se explicó en el acápite precedente, todos los mencionados son miembros del
grupo familiar desplazado por la violencia del corregimiento de San José de
Apartadó.

29.- Igualmente, se refirió que Gloria de Jesús Borja Quintero también actuaba en
representación de los menores Stivinson Aricapa Correa y Bárbara Vanessa Correa
Borja, quienes reclamaban en relación con su propio nombre y en representación
de la sucesión de su madre, Ángela Diosa Correa Borja.

En el expediente obra el Registro Civil de Nacimiento56 y de Defunción de Ángela
Diosa Correa Borja57 y el Registro Civil de Nacimiento de los menores Bárbara
Vanesa Correa Borja58 y de Stivinson Aricapa, ambos hijos de aquélla59. Igualmente
fue allegada el Acta de Diligencia de Custodia y Cuidado personal que se suscribió
el 6 de febrero de 2006, por Gloria de Jesús Borja ante la Defensoría del Pueblo, en
cuyo contenido consta que está a cargo de sus nietos, los menores Bárbara
Vanessa Correa Borja y Stivenson Aricapa Correa60.

55 Folio 141 del cuaderno 3.
56 Folio 46 del cuaderno 1.
57 Folio 127 del archivo 002 anexo a la demanda.
58 Folio 121 del archivo 002 anexo a la demanda.
59 Folio 123 del archivo 002 anexo a la demanda.
60 Folios 137 a 138 del archivo 002 anexo a la demanda.

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30.- Con la motivación advertida, existe legitimación de Bárbara Vanesa Correa
Borja61y de Stivinson Aricapa Correa para demandar en su condición de
desplazados junto con su abuela, pero no como reclamantes de la sucesión de su
madre Ángela Diosa Correa Borja, en razón a que, como se advirtió en acápite
anterior, la reclamación por el hecho del desplazamiento de esta última caducó.

31.- De otro lado, la Sala observa que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional y Policía Nacional están legitimados en la causa por pasiva, en la medida
en la que se les atribuye el desplazamiento por no haber adoptado acciones claras
de cara al desmantelamiento de los grupos al margen de la ley, al punto que los
paramilitares actuaron libremente, sin hallar ninguna oposición por parte de la fuerza
pública, a lo cual agregó que obraron en connivencia.

32.- Por su parte, a la Nación-Ministerio del Interior se le imputa el daño del
desplazamiento, por virtud del incumplimiento de la función prevista en la Ley 199
de 1995, según la cual esta cartera debía dirigir, coordinar y apoyar a los
gobernadores y alcaldes en el mantenimiento del orden público y fijar las políticas,
planes operativos y demás acciones necesarias para tal fin, por lo que, en estos
términos, esta entidad está legitimada en la causa por pasiva.

II. Problema Jurídico

Le corresponde a la Sala resolver si el desplazamiento forzado al que fueron
sometidos los demandantes resulta imputable a las entidades demandadas.

III. Análisis de la Sala

1. Sobre la responsabilidad del Estado por omisión al deber de protección

33.-. En primer lugar, se recuerda que en el presente proceso se le endilga la
responsabilidad al Estado por la omisión en sus deberes de protección, al no haber
evitado el desplazamiento forzado por parte del grupo al margen de la ley.

34.- El Estado, a través de sus fuerzas públicas, integradas por el Ejército y la Policía

61 Folio 121 del archivo 002 anexo a la demanda.

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Nacional62, tiene el deber y la finalidad primordial de defender la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional63, así
como de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas64-65.

De esta manera, el incumplimiento de estos deberes que redunde en la producción
de un daño puede comprometer la responsabilidad del Estado por falla en el
servicio66, sin que ello se traduzca en que la Administración asume la calidad de
asegurador universal que responde automáticamente por cualquier daño causado
por terceros a las personas en sus vidas, libertades, bienes y honra dentro del
territorio nacional67. Así lo ha determinado esta Corporación:

“(…) la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge de manera
espontánea ni a título de una garantía absoluta de los derechos de los
asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión
frente al incumplimiento de competencias precisas y preexistentes en materia de
protección y seguridad de riesgos extraordinarios que atentan contra la integridad
física y la seguridad personal, que sólo puede predicarse en la medida en que se
acredite que el riesgo extraordinario era conocido y existían posibilidades
razonables de impedir su materialización, atendidas la posibilidad de preverlo
y evitarlo.”68.
(Negrillas y subrayas fuera del texto original).

Se destaca de lo anterior que al Estado únicamente le resulta imputable el daño si
éste era previsible y resistible, así como que la omisión en el cumplimiento de sus
deberes fue determinante en su producción69, por lo cual esta Sección ha delimitado
los eventos que se presentan estas condiciones:

“(…) cuando (i) se solicita protección especial, por las particulares condiciones de
riesgo en que se encuentra la persona; (ii) no se solicita expresamente, pero es
evidente que la persona necesitaba la protección, porque existían pruebas o
indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba

62 Artículo 216 de la Constitución Política.
63 Artículo 217 de la Constitución Política.
64 Artículo 218 de la Constitución Política.
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 28 de

octubre de 2024. Exp: 68154.
66 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Sentencia del 8 de marzo de 2007. Exp: 27.434; sentencia del 15 de agosto del 2007, Exp: 19001-
23-31-000-2003-00385-01(AG).
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 29 de

octubre de 1998. Exp: 10.747. Reiterado recientemente en la sentencia de esta Subsección del 9 de
abril de 2025, Exp: 65972.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 5 de

febrero de 2021. Exp: 61803. Debe ponerse de presente que la expresión riesgo, en este contexto,
no se refiere a la aplicación de la teoría del riesgo excepcional, sino en su sentido natural, en el
peligro en el que se sitúa una persona o un grupo poblacional.
69 Por lo demás, se resalta que esta ha sido la posición de antaño, como lo evidencia la sentencia

del 11 de octubre de 1990 de la Sección Tercera, Exp: 5737.

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amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus bienes y (iii) se
deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección
alguna, cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esta población
vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley”70.
(Negrillas fuera del texto original).

Debe, además, ponerse de presente que esta posición no es contraria a la
interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha
manifestado:

“[P]ara la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier
violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su
jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales
de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de
los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes
de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones
entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de
riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado
y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir,
aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica
la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es
automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las
circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones
de garantía.”71.
(Negrillas fuera del texto original).

En suma, en estos casos, la imputación al Estado se configura por no haber
interrumpido la cadena causal del daño producido por un tercero, a pesar de que lo
conocía —era previsible—, contaba con los medios para evitarlo —era resistible—
y era su obligación legal. Se trata de un régimen de falla en el servicio, toda vez que
la responsabilidad del daño se deriva del incumplimiento del contenido obligacional
concreto y preciso72.

35.- De otro lado, esta Corporación ha reconocido que la exigibilidad en el
cumplimiento de las obligaciones estatales tiene un carácter relativo 73, de modo que
el juicio de responsabilidad debe agotar el análisis sobre las posibilidades reales
con las que contaba el Estado en orden a evitar la falla, en la medida en la que
«nadie está obligado a lo imposible»74.

70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 31 de

agosto de 2022. Exp: 60246.
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia,

sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123. Citado por Supra, exp: 61803.
72 Supra, sentencia del 15 de agosto del 2007, Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG).
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 10 de

agosto del 2000. Exp: 11.585. Reiterado en la sentencia del 28 de mayo del 2012, Exp: 20762.
74 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

Sentencia de 11 de octubre de 1990. Exp: 5737; sentencia del 7 de diciembre de 1977, Exp: 1564,
y sentencia de 15 de marzo de 1996, Exp: 9034.

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No obstante, la Administración no puede, de manera genérica, excusar su
incumplimiento en la relatividad de sus obligaciones, ni en la indisponibilidad
presupuestal, sino que le corresponde al juzgador determinar si en cada caso la
prestación del servicio resultaba efectivamente imposible. Así se ha sostenido:

“(…) si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del
Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por
todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en
multitud de casos ‘pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que
vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos
políticos o jurídicos’, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los
daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de
peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual.
En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional
contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de
cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa,
libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es
aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos,
estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de
exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia
presupuestal.”75.
(Negrillas fuera del texto original).

En este sentido, esta figura “jamás debería utilizarse para justificar una indefensión
de la administración [sic] al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor
fundamental de un Estado de Derecho”76.

2. Caso concreto

2.1. El daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado

36.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. En
ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial de
Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño, sin

75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 14 de

mayo de 1998. Exp: 12175.
76 Supra, Exp: 5737.

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cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.

De esta manera, el daño, entendido como la afectación, vulneración o lesión a un
interés legítimo y lícito77-78, es el primer elemento que debe quedar certera y
suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya existencia
y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la doctrina
nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”79.

El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto80, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación, además de que

77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia del 2 de junio de 2023. Exp: 61.340.
78 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los

intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración
de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación
si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se
encuentran reunidos”. En: Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle
de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia,
n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad extracontractual del Estado.
XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015,
p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en sentencia SU-
080 de 2020.
79 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan

Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio
eventual no otorga derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual
o futuro, pero, de ningún modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente,
debe aparecer como la prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por
la actividad dañina realizada por la autoridad pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp:
11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis de la antijuridicidad
del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el perjuicio moral
reclamado porque no se probó su existencia.”

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debe recaer sobre un interés o derecho lícito y legítimo 81. Y también debe ser
determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.

Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “incumbe a las partes probar
el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan afirmaciones
sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede limitarse, si quiere
sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio”82.

37.- En cuanto al desplazamiento forzado, debe recordarse que, de conformidad
con el artículo 1 de la Ley 387 de 1997:

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con
ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.”
(Negrillas fuera del texto original).

En estos términos, como lo ha definido de manera reiterada esta Sección, el
desplazamiento se materializa cuando una persona es obligada a abandonar su
domicilio, entendido éste como la “residencia acompañada, real o presuntivamente
del ánimo de permanecer en ella” (art. 76 del C.C.) o, en otras palabras, el “lugar
donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u
oficio”83, por la vulneración o amenaza a su vida, integridad, libertad u otras, lo que,
a su vez, apareja una violación múltiple a los derechos de las personas, entre otros,
a escoger su domicilio y al libre desarrollo de su personalidad84.

81 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y

104.
82 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Exp. 50802

[fundamento jurídico 4.3].
83 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de enero de 2006, Exp. 25000-23-26-000-

2001-00213-01(AG)B.
84 Ver, Supra, Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG).

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Se deriva de lo anterior que el desplazamiento forzado es un hecho, y a la vez un
daño, según la definición ya expuesta, que se extiende durante el tiempo en el que
la víctima no reasuma la posibilidad de regresar a su lugar de origen, puesto que,
durante ese lapso, el desplazado realmente no goza del derecho de vivir en su
territorio, que repercute, a su turno, en el desarraigo, la desconexión con el tejido
social y su comunidad, entre otras85.

Visto así, la condición de desplazado —y, correspondientemente, el padecimiento
del daño— se adquiere con ocasión de la migración forzada dentro del territorio
nacional, sin que sea necesaria la inscripción en registro alguno ni declaración
adicional de ningún tipo. Por lo mismo, la prueba del desplazamiento no se limita a
los registros que para efectos de asistencia y ayuda humanitaria ha dispuesto el
Estado (por ejemplo, los Registros Únicos de Víctimas), en tanto “ser desplazado
es una situación fáctica y no una calidad jurídica”, de modo que la causación de esta
lesión puede ser acreditada con cualquier medio de prueba.

38.- De acuerdo con lo relatado en el acápite referente al estudio de la caducidad
del deslazamiento se advirtió que en el expediente obra el oficio del 14 de marzo de
201886, por el cual la Unidad para las Víctimas, informó el estado de valoración de
los demandantes, Gloria de Jesús Borja Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria Inés
Correa Borja, Germán Alonso Correa Borja, María Eugenia Correa Borja, Nora
Soledad Correa Borja, Bárbara Vannesa Correa Borja quienes figuran como
desplazados forzosamente de sus lugares de residencia que se ubicaban en
inmediaciones del corregimiento de San José de Apartadó, entre 2000 y 2009.

39.- Igualmente se puso de relieve en ese apartado que si bien Ángela Diosa Correa
Borja, Bárbara Vanessa Correa Borja y Stiven Aricapa Correa no figuraban en el
RUV como víctimas de desplazamiento —sino únicamente de homicidio, y en el
caso de los últimos del homicidio de su madre—, ciertamente: i) los testimonios
practicados refirieron que el grupo familiar de los demandantes, en su totalidad, fue
desplazado por la violencia; ii) que los dos referidos menores pasaron al cuidado de
su abuela Gloria de Jesús Borja Quintero, según daba cuenta el Acta de diligencia
de custodia y cuidado personal que se suscribió el 6 de febrero de 2006 por Gloria
de Jesús Borja Quinteto ante la Defensoría del Pueblo, en cuyo contenido consta
que está a cargo de sus nietos, los menores Bárbara Vanessa Correa Borja y

85 Supra, Exp: 69128.
86 Folios 93 a 104 del archivo digital 021 contestación de la demanda.

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Stivenson Aricapa Correa87, quienes perdieron a su madre luego de ser asesinada
en el camino a La Unión por grupos subversivos88; iii) y que en vida Ángela Diosa
Correa Borja fue víctima del desplazamiento, tal cual lo reveló el testimonio del
señor Jaime García Velásquez al indicar que ella, su madre y hermana buscaron
resguardo en su finca en donde en estuvieron viviendo un tiempo para protegerse
de la violencia.

40.- La situación de desplazamiento de la familia de la señora Gloria de Jesús Borja
Quintero está plenamente respaldada en los testimonios referidos en párrafos
anteriores de los señores Jaime García Velásquez, Marlodys Quintero, Liris del
Carmen Moreno Ayala, así como en las declaraciones de parte de Nora Soledad
Correa Borja, Liliana Correa Borja y Germán Correa Borja, a cuyo tenor se remite
una vez más esta Sala.

41.- Por lo anterior, para la Sala es evidente que los demandantes probaron haber
sufrido el daño del desplazamiento derivado del contexto de violencia interna, cuyos
efectos serán analizados en el acápite de reconocimiento y liquidación de perjuicios,
en caso de que se establezca la imputabilidad al Estado.

42.- Sin perjuicio de lo anotado, es preciso señalar que la señora Gloria de Jesús
Borja Quintero, en el poder otorgado al profesional del Derecho, afirmó igualmente
actuar en representación de la sucesión del fallecido Diofanor de Jesús Correa Borja
en procura de obtener la reparación derivada del desplazamiento que este habría
sufrido en vida.

No obstante, en relación con este aspecto observa la Sala que no hay evidencia en
el expediente que dé cuenta que, en vida, el causante Diofanor de Jesús Correa
Borja hubiera sido desplazado forzosamente, de manera que en tanto el centro de
imputación que da lugar al examen de mérito de las pretensiones es el
desplazamiento, no resulta procedente alegar la condición de representante de la
sucesión de alguien que no padeció la situación en que se edifica la base de la
reclamación. Por esta razón, no resulta jurídicamente acertado demandar un daño
que en el caso de Diofanor de Jesús Correa Borja no se materializó.

87 Folios 137 a 138 del archivo 002 anexo a la demanda.
88 Así dio cuenta el testimonio de Marlodis Quintero quien declaró que se perpetraron otros hechos

de violencia contar esa familia “cuando sellaron a la otra hija de ella, que la sacaron de acá de San
José y se le llevaron la mataron en la mita de la vía a La Unión…ella dejó dos niños en ese entonces
cuando se la llevaron de acá de San José”.

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2.2. Sobre la imputación del daño al Estado

43.- La imputación es “la atribución jurídica de un daño a una o a varias personas
que en principio tienen la obligación de responder”89. De acuerdo con la doctrina,
este elemento “se estructura luego de haberse descubierto el nexo”90, pues, ab
initio, la persona que ha causado materialmente el hecho generador del daño es a
quien le resulta imputable91, salvo que se acredite que, por razones jurídicas, no le
corresponde la obligación resarcitoria. Así, esta Sección se ha ocupado de la
distinción entre imputación y causalidad de la siguiente manera:

“[l]a causalidad –y sus diferentes teorías naturalísticas– puede ser empleada para
determinar probablemente cuál es el origen de un hecho o resultado en el mundo
exterior, esto es, en el campo de las leyes propias de la naturaleza o del ser. A
contrario sensu [sic], la imputación surge de la atribución de un resultado en
cabeza de un determinado sujeto; parte del hecho de la sanción originada en el
incumplimiento normativo a un precepto de conducta, es decir, del deber ser”92.
(Negrillas fuera del texto original).

En este sentido, se ha reconocido que el juicio de responsabilidad exige que se
evacúe un análisis causal naturalístico y un juicio valorativo respecto de la atribución
normativa:

“(…) resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que,
desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere
conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la
posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir
el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión
judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del
Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del
proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un
juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la
imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor,
en el plano jurídico del Derecho de Daños, el concepto filosófico de causa, toda vez
que en esta parte del universo del Derecho dicha noción ‘no se trata para nada de
causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una
determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico
suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación

89 Juan Carlos Henao. Responsabilidad del Estado colombiano por Daños al medio ambiente. En:

Responsabilidad por daños al medio ambiente. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000.
P. 160.
90 Héctor Patiño. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué y cómo

impiden la declaratoria de la responsabilidad? Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de
Estado. Revista de derecho Privado. 20 (jun. 2011), 371–398. Universidad Externado de Colombia.
P. 375.
91 Ibidem.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de

marzo de 2009. Exp: 17994.

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de fundamento a consecuencia’. De hecho, uno de los tantos notables aportes de
Hans Kelsen a la ciencia jurídica consistió en explicitar la distinción, no sólo
terminológica sino —especialmente— conceptual entre la causalidad —entendida
como conexión entre diversos elementos dentro del sistema de la naturaleza— y la
imputación —referida al enlace formal que existe entre antecedente y
consecuente y se expresa a través de reglas jurídicas—.”93.
(Negrillas fuera del texto original)

En esta línea, para establecer la imputación, debe determinarse, primero, la causa
material del daño94 que, según lo ha dispuesto esta Corporación, no se presume en
ningún régimen de la responsabilidad:

“El accionante también tiene que demostrar en juicio la causalidad adecuada entre
el daño padecido y la conducta de riesgo imputada al Estado mediante prueba
directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal
ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho (s) el
legislador infiera su causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del juez
sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el nexo de causalidad
eficiente y determinante. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los
medios probatorios que lo representan por si [sic] mismo y/o b) indirecta, mediante
indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de
unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado”95.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).

Se destaca que la tesis actualmente aceptada por esta Corporación 96 es la de la
causalidad adecuada, de acuerdo con la cual, según la doctrina, se admite que:

“(…) el curso causal se compone de condiciones que, a diferencia de la tesis
anterior, no son todas equivalentes. En efecto, desde la órbita de la equivalencia de
las condiciones, una conducta es o no condición del daño, nunca la interrogante se
plantea en una mayor o menor incidencia causal. Para la causalidad adecuada,
una conducta podrá ser entendida como la causa del daño en la medida que
así permita ser calificada luego de verificarse un juicio retrospectivo o ex ante
de previsibilidad, probabilidad, o de experiencia de vida, que denominaremos
juicio de adecuación y que es conocido comúnmente como de prognosis
póstuma. En otros términos, la inteligencia de la teoría se concentra en que habrá
condiciones que más o menos probablemente habrán estado en posición de generar
el daño”97.
(Negrillas fuera del texto original).

93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 11 de

febrero de 2009. Exp: 17145.
94 La causalidad material es, también, un elemento autónomo e indispensable en la estructuración

de la responsabilidad que no admite presunciones y que, como se ha dicho, se presupone al del
análisis de la imputación. Héctor Patiño. Supra. P. 372.
95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de

mayo de 2002. Exp: 13477.
96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 21 de

febrero de 2002. Exp: 12789. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia: “(…) la causalidad adecuada
que ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la
conducta de un agente, debe ser entendida en términos de ‘causa jurídica’ o imputación, y no
simplemente como un nexo de causalidad natural”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil. Sentencia del 30 de septiembre de 2016. Rad: SC13925.
97 Cristián Aedo Barrena y Renzo Munita Marambio. Algunos problemas que plantean las teorías de

la equivalencia de las condiciones y de la causalidad adecuada en la responsabilidad civil. Latin
American Legal Studies, Vol. 11 N. 1, pp. 297-352, 2023.

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Al respecto, esta Sección ha discurrido:

“Tal concepción [de equivalencia de condiciones] debe entonces complementarse
en el sentido de considerar como causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que
normalmente contribuyen a su producción, desechando las que simplemente
pueden considerarse como condiciones. Tal como lo proponen los partidarios de la
teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán Von Kries, ‘sólo son
jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían objetiva y
normalmente producirlo’.”98.
(Negrillas fuera del texto original).

44.- Por su parte, la comprobación de una causa extraña —fuerza mayor, hecho del
tercero o hecho de la víctima99— infirma la imputabilidad, por cuanto desestructura
el nexo de causalidad planteado, o acredita que, si bien causó materialmente el
daño, lo hizo por cuenta de un hecho externo, imprevisto e irresistible100.

Respecto del hecho del tercero, se ha definido que, para que exonere de
responsabilidad, debe ser exclusivo, puesto que, de ser concurrente, se da
aplicación al artículo 2344 del Código Civil101 que consagra la solidaridad de las
personas a quienes les es atribuible el daño:

“La conducta del tercero fue eficiente, más no única o exclusiva en la producción
del daño (fue coparticipada o sumada a la omisiva de la Administración. ales [sic]
situaciones merecen explicaciones jurídicas:

El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de
personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto,
el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las
personas que participaron en la producción del daño (arts. 2.344 y 1568 Código
Civil).

Por consiguiente, cuando la conducta del tercero no es única ni exclusiva sino
coparticipada en forma eficiente y adecuada con la del demandado (s), el afectado
puede pedir la declaratoria de responsabilidad de uno o de todos los deudores
solidarios (art. 1571 ibídem). Esta es la situación por la cual la coparticipación del
tercero no es constitutiva de exonerante de responsabilidad; para que la

98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 11 de

septiembre de 1997. Exp: 11764.
99 El caso fortuito no es considerado por esta Corporación como una causa extraña, en cuanto la

causa del daño no es exterior a la actividad o servicio: “Se ha dicho que la fuerza mayor es causa
extraña y externa al hecho del demandado; se trata de un hecho conocido, irresistible e imprevisible,
que es ajeno y exterior a la actividad o al servicio que causó el daño. El caso fortuito, por el contrario,
proviene de la estructura de la actividad de aquél, y puede ser desconocido, permanecer oculto, y
en la forma que ha sido definido, no constituye una verdadera causa extraña, con virtualidad para
suprimir la imputabilidad del daño. (…).” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 19 de julio de 2000. Exp: 11842.
100 Héctor Patiño. Supra. Págs. 376 y 377.
101 “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será

solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las
excepciones de los artículos 2350 y 2355. (…)”.

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conducta del tercero fuera exonerante se requeriría su exclusividad y, además, que
fuera determinante en la producción del daño. (...)”102.
(Negrillas fuera del texto original).

Asimismo, esta Corporación ha señalado que el hecho del tercero “se configura
siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente
ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado en manera alguna con
la actuación de aquél”103.

En este sentido, y como se previno en el acápite de la responsabilidad del Estado
por omisión al deber de protección, un daño causado materialmente por un tercero
puede resultarle imputable a la Administración siempre que se demuestre que la
entidad —en virtud de las funciones asignadas— podía prever la lesión y, además,
que contaba con la posibilidad de adoptar mecanismos para resistirla, así como que
la omisión fue determinante en la producción del daño.

45.- Corresponde prima facie determinar si los demandantes fueron desplazados
por la presencia constante de actores del conflicto interno que creaban un contexto
de violencia permanente en la región, para luego analizarse si el daño le resulta
atribuible a las demandadas por haber omitido el deber de protección, siendo ese el
título de imputación traído a colación para reclamar la reparación por parte de las
entidades- para lo cual —en atención a lo ya explicado— concierne establecer si el
desplazamiento era previsible y resistible para éstas.

46.- En el plenario obran múltiples elementos probatorios que evidencian la ola de
violencia que se presentaba en la zona del Urabá antioqueño, así como del
conocimiento que las entidades de la fuerza pública tenían de la problemática.

De ello da cuenta el informe rendido por la Décima Séptima Brigada del Ejército
Nacional sobre la actividad subversiva desplegada entre los años 1996 a 2002 por
el ELN, las FARC y el EPL en varios municipios de Antioquia, entre ellos, Apartadó
y su zona rural104.

“1.1. SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DEL URABÁ

102 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 22 de

junio de 2001. Exp: 13233. Este es también el criterio de la Corte Suprema de Justicia, como se
evidencia en sentencia de la Sala de Casación Civil del 22 de septiembre del 2021, exp: SC4204-
2021.
103 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de

marzo de 2008. Exp: 16530.
104 folios 129 a 318 del cuaderno 1.

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ANTIOQUEÑO PARA LOS AÑOS 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002

La Jurisdicción [sic] de la Décima Séptima Brigada para la época se distinguía por
varias zonas determinadas:

a. Zona Bananera: Conformada por los municipios de Chigorodó, Carepa y
Apartadó municipios que constituyen el centro de desarrollo económico de
la región, su importancia ha ocasionado la ambición principal de los grupos
subversivos de las FARC, EPL y ELN que delinquen en la jurisdicción, en
esta zona se encuentran ubicados el 90% de los reinsertados pertenecientes
al movimiento político esperanza, paz y libertad.
(…)

1.2. GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY QUE OPERABAN EN LA
REGIÓN, ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESTA UNIDAD PARA
CONTRARRESTARLOS.

a. FARC, EPL, ELN, Grupos de Justicia Privada (…).
b. Las acciones desarrolladas por esta Unidad Operativa Menor se plasmaron en
direccionamientos determinados en oficios (…).

También reposa la orden de operaciones 004 “Independencia”, cuya misión
consistió en que, desde el 2 de julio de 2000 se adelantarían operaciones ofensivas
contraguerrillas, contra integrantes de la V Cuadrilla ONT FARC y agentes
generadores de violencia en esa zona, llevando el esfuerzo principal sobre el
objetivo “Las Nieves”, desde San José de Apartadó en donde se iniciaría infiltración
hacia ese lugar105.

La situación de violencia que atravesaba el sector rural y urbano del corregimiento
de San José de Apartadó, entre los cuales se hallaban la vereda La Unión y Las
Nieves, también fue registrada en los testimonios evacuados en el trámite de la
primera instancia.

Sobre ese aspecto, Herminson Rivera Tuberquia, declaró:

Podría indicarnos, don Edmilson, usted como habitante allá de la zona, y lo que
recuerde de esa época, ¿cómo era la situación de orden público, ¿cómo era la
situación de violencia que se vivía allá en la vereda? No, pues era muy duro, porque
ya más antes nos había tocado salirnos, más haciendo más niños, porque no se
podían, muchos enfrentamientos que había por allá, y todo eso106.

(…).
¿Conoce si para el año 2000, la presunta violencia se estaba presentando en otras
veredas de San José de Aparcado? Pues en toda la región, pues, en Pespayá o sí,
en Urabá, eso era del conflicto armado, pues eso estaba muy muy duro, que se

105 Folios 1 a 12 de operaciones No. 004. Anexos respuestas DIDEF. INSITOP JUL 2000. C002
106 Minuto 30:28.

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escuchaba mucho, que en muchas partes también pasaban cosas, asesinaban
personas107.

Coincidió con esas apreciaciones el testigo Jaime García Velásquez al contestar:

¿Podría indicarnos Don Jaime cómo era la situación de violencia o de orden público que
se vivía en esa época allá en San José Apartado y en La Unión? No, pues una cosa
aberrante una cosa inhumana (…). fue una cosa muy dura porque directamente uno se
tenía que desplazar la mayoría nos desplazamos dejando todo lo que teníamos108.

En similar sentido la declarante Marlodys Quintero depuso:

Porque en esa tierra siempre, en ese entonces, esa era la gente, era la que
mandaba, los paramilitares. ¿Podría indicarnos, doña Marlois, para claridad, usted
ha estado ahí en el cacerío o en el corregimiento de San José durante todo este
tiempo? Sí, yo he estado aquí siempre. ¿Podría indicarnos cómo ha sido la situación
de orden público o de violencia, para que me entienda? O cómo era,
concentrándonos en la época de los hechos, año 2000, cómo era esa situación de
orden público, de violencia allá en San José de Apartado y las veredas que lo
conforman. No, ha sido mala, mala. Aquí no hay orden de nada. 109.

(…) Llama uno a la policía, viene a las 10 horas cuando ya el muerto está muerto o
cuando han llevado a la persona. Ellos decían que llamaban a Autodefensa
Gaitanista. Los que me cogieron, pues, donde me mataron, el marido con que yo
estaba y el tío y un primo y eso. Señala usted respuesta anterior, doña Marlóis, que
pues se llamaba a la policía y llegaban mucho tiempo después de haber ocurrido los
hechos. ¿Podría indicarnos, doña Marlóis, en el hecho particular de Diofanor, sabe
usted si hizo presencia la Policía Nacional o el Ejército Nacional? No, no hizo
presencia. ¿Podría indicarnos si lo sabe? ¿Esto lo sabe por referencia de su prima
o porque tiene conocimiento de esto? No, por mi prima y ya uno sabe conocimiento
de que no siempre vivió allá también. La verdad, allá nunca, allá en la vereda El Oño
no manda ejército ni policía110.

La preocupación sobre la seguridad de la zona fue tan grave que llegó a las
instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que
desde el 17 de diciembre de 1997 solicitó a la Ministra de Relaciones Exteriores la
adopción de medidas cautelares “para preservar la vida e integridad personal de los
miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”, con base en que:

“(…) los miembros de dicha comunidad han sido objeto de hostigamiento y
violencia desde el momento en que declararon su neutralidad en marzo del
presente año. Según la información recibida en la Comisión, 43 miembros de la
comunidad fueron asesinados durante este período. Más recientemente, el 12
de diciembre del presente año, fueron desaparecidos dos miembros de la
comunidad (…). La información en poder de la Comisión indica que los dos
campesinos fueron obligados a subir en una camioneta blanca en la que se
encontraban varios hombres armados. Los hechos ocurrieron a poca distancia
de la base militar que tiene instalada la Brigada XVII en el camino que conduce

107 Minuto 51:22.
108 Minuto 1:08

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109 Minuto 1:57.
110 Minuto 1:55.

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del municipio de Apartadó al corregimiento de San José de Apartadó. (…)”111.
(Negrillas fuera del texto original).

Pese al estado de alarma advertido por los organismos internacionales tras el riesgo
que presentaba la población civil asentada en el municipio de San José de Apartadó
y sus inmediaciones, la situación de violencia se mantuvo al extremo que motivó la
expedición de la Resolución del 24 de noviembre de 2000, por la cual la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos solicitó, de nuevo, adoptar medidas de
protección a la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó.

En fundamento de ese propósito, se refirió a la situación de violencia atravesada en
esa zona desde 1997, época en que esa comisión dictó medidas cautelares, de
acuerdo con al artículo 29 de su Reglamento, medidas que, sin embargo, no
lograron detener la violencia contra los miembros de esas agrupaciones ni conjurar
su situación de amenaza grave y continua.

En el contenido de esta decisión aludió a los episodios de barbarie atravesados en
la zona de San José de Apartadó, en la que se hallaba el ocurrido el 8 de julio de
2000 en la vereda La Unión, en medio del cual perdió la vida el familiar de los
demandantes, determinando el posterior desplazamiento de estos:

El 8 de julio de 2000, un grupo de aproximadamente 20 encapuchados asesinó a
(…) Diofanor Correa (…) y retuvo a otros campesinos. Antes de salir de la vereda,
los agresores incendiaron la casa comunitaria donde estaba el teléfono. (…).

Se consignó que el 9 de octubre de 2000, la Comisión sometió ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos la adopción de nuevas medidas y que el 6
de noviembre de 2000 el Estado Colombiano presentó un informe. En torno a ese
tópico en el que explicó que:

“El Ministerio de Defensa Nacional había tornado medidas a través de la Unidad
Operativa Menor entre otras; reuniones con los líderes de la comunidad,
operaciones en la zona y capturas de varios integrantes de las AUC y a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC; Controles en la vía Apartadó – San
José de Apartadó; ordenó del Comando de la XVII, Brigada de Ejército a las
unidades para que respeten los derechos, con énfasis en la comunidad (…).
(…).
“En relación con el homicidio de Pedro José Zapata Velásquez (…) Diofanor de
Jesús Sánchez Borja (…), como consecuencia de los hechos del 8 de julio de 2000,

111 Folio 133. Cuaderno 1.

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se han llevado a cabo investigaciones no. (377.912) algunas actuaciones judiciales
y en la actualidad se encuentra en la práctica de pruebas112”.

47.- Del anterior recuento probatorio se destaca que los hechos delictivos cometidos
por los grupos al margen de la ley ocurrían, incluso, en cercanías a las bases
militares del Ejército, de manera que resulta poco probable que esta institución fuera
ignorante respecto de la situación de inseguridad presentada en la zona durante
esos años.

48.- Además de estar probado que tenían conocimiento de la perturbación constante
de la seguridad de los asociados, también se demostró la desidia con la que
actuaron varias autoridades ante la comisión de crímenes de lesa humanidad, entre
ellas, la Policía Nacional, a través de su cuerpo de policía judicial. Para respaldar
esta afirmación cabe destacar, cómo, por ejemplo, en el caso de la masacre
acaecida en la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, hecho a partir de la cual se
desplazaron los demandantes, ni siquiera hizo presencia la fuerza pública, tan
pronto ocurrió el hecho, sino que transcurrieron varios días desde la matanza hasta
la llegada de los organismos encargados de hacer el levantamiento de los cuerpos,
cuestión que llevó a que los cadáveres alcanzaran tal grado de descomposición que
se hizo imposible su traslado.

Así lo refirió el testimonio de Liris del Carmen Moreno Ayala:

y llegó el ejército y todo es una historia bastante bastante difícil hicieron la
verificación de los hechos se quedaron esperando cuatro días que subieran a
hacer el levantamiento de los cadáveres, enviaron un helicóptero yo no sé
desde donde para hacer el procedimiento que le hacen a los difuntos ya hacían
cuatro días que estaban tirados ahí estaban malolientes, alzaron dos cuerpos
al helicóptero en ese momento al piloto le pegó un olor muy desagradable
entonces él dijo que no, que esa gente no los traía ni por nada, bueno los
volvieron los dejaron embolsados en plástico por ahí como a los ocho días
subió una comisión para hacerlo del levantamiento y lo de el proceso que tenían
que hacerles para poderles dar cristiana sepultura113

Declaración concordante con la del testigo Herminson Rivera Tuberquia, quien
sostuvo:

¿Podría indicarnos, don Edmilson, usted señala, pues, en respuesta que era la
magistrada que se dio, pues, como que no pudieron llevarse los cuerpos en el
helicóptero? ¿Podría indicarnos, entonces, cómo, si lo recuerda, pues, obviamente,
cómo se dio, entonces, esta situación del entierro y de lo que hay posterior a un

112 Folios 13 a 28 del archivo digital 021 contestación de la demanda.
113 Minutos 2:42 a 3:00

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homicidio, que es todo el tema de investigación y de las necropcias? ¿Usted tiene algún
recuerdo de eso? No, a ellos, ya ellos ya como no los pudieron, los helicópteros los volví,
los bajó, porque olían mucho. Pues, ya llevaron, pues, como un equipo, no sé, pues, ya
vi tres carpas, las armaron ahí en la canchita esa y metieron de a dos, de a dos, pues,
cuerpos en cada carpa y ya se escucharon unos ruidos, unos ruidos, como una
maquinita, no sé qué era eso114.

49.- Ante el panorama fáctico que se deja plasmado, resulta evidente que la fuerza
pública —entiéndase, Policía y Ejército Nacional— sabía de la presencia de los
grupos al margen de la ley en la zona del Urabá antioqueño y de la consecuente
alteración al orden público, contexto en el cual se estaban cometiendo
desapariciones forzadas, desplazamientos, enfrentamientos y asesinatos masivos
de personas.

50.- En esta misma línea, para la Sala es diáfano que, dadas las particulares
condiciones de alteración al orden público del Urabá antioqueño que han quedado
demostradas —en particular, por la multiplicidad de actores irregulares que tenían
presencia en la zona y los numerosos eventos criminales que ocurrían de manera
continua respecto de la sociedad civil— el desplazamiento de los habitantes de la
región era previsible para las entidades de la fuerza pública. En otras palabras, no
era un asunto ni sorpresivo ni esporádico para la Policía o el Ejército que las
personas abandonaran sus hogares y migraran a otro territorio con el fin de huir de
la violencia que se presentaba de manera cotidiana y, en últimas, para proteger su
vida, libertad, integridad, entre otros derechos fundamentales.

51.- Por lo expuesto, —y contrario a lo alegado por las entidades en sus
contestaciones— debido al estado de cosas, no era necesario que las víctimas
presentaran denuncias acerca de amenazas específicas de desplazamiento para
que las entidades conocieran de la problemática en la zona y el consecuente riesgo
de migración forzada.

Este conocimiento previo supone, en consecuencia, que dichas entidades tenían la
posibilidad —y la obligación legal— de tomar las medidas correspondientes para
evitar que se materializaran los desplazamientos, a través de la adopción de una
política de hostigamiento en contra de todos los grupos al margen de la ley, con lo
cual habrían podido reducir la presencia de los actores armados y mermado los
efectos adversos del conflicto y, por ende, —en relación de probabilidad— la familia
demandante no se habría visto abocada a desplazarse y abandonar su tierra.

114 Minuto 29:24.

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52.- La imputación del desplazamiento al Ministerio del Interior, de acuerdo con la
demanda, se estructuró por virtud de la obligación prevista en el artículo 5.3.b de la
Ley 199 de 1995, según la cual esta cartera “dirigirá, coordinará y apoyará las
actividades de gobernadores y alcaldes en el mantenimiento del orden público y
fijará las políticas planes operativos y demás acciones necesarias para dicho fin”,
en lo relacionado con los derechos y las libertades fundamentales, el orden público,
la paz, la convivencia ciudadana y la protección del derecho de libertad de religión
y cultos. Además, porque, después de que el corregimiento de San José de
Apartadó se declaró “comunidad de paz”, el Ministerio le hizo seguimiento.

La Sala advierte que el Ministerio del Interior es la cabeza del sector de política
interior del Gobierno Nacional (art. 3 de la Ley 199 de 1995), en cuya virtud tiene
las funciones previstas en el artículo 2 de dicha ley, que se refieren a la formulación
y adopción de políticas públicas en el mantenimiento de las relaciones entre la
Nación y las entidades territoriales —en observancia de la autonomía territorial—,
los derechos fundamentales, el orden público, la paz, la convivencia ciudadana, los
derechos de los grupos étnicos, el normal desarrollo de los procesos electorales,
entre otros.

Se destaca, en consecuencia, que su labor en estos precisos temas es la de
formular las políticas públicas, sin que de esta entidad dependa el efectivo ejercicio
de los programas gubernamentales elaborados para los efectos. Lo anterior
repercute, entre otras, en que al Ministerio del Interior no le corresponde actuar en
calidad de fuerza pública, pues ni su naturaleza, objeto o funciones de cabeza del
sector tienen tales alcances, además de que, según los artículos 216 y 217 de la
Constitución Política, esta prerrogativa (del monopolio de la fuerza) recae de
manera exclusiva en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sin que el Ministerio
del Interior esté incluido en alguna de estas instituciones115.

En este sentido, si bien es cierto que —de la manera en la que se edificó la
responsabilidad de la entidad en la demanda— el Ministerio del Interior cuenta con
legitimación por pasiva para actuar en el proceso, tambien lo es que, en el caso
concreto, ni se probó —ni siquiera a través de indicios— que esta cartera conociera
de la verdadera dimensión del contexto de violencia del Urabá antioqueño alrededor

115 Sobre el particular, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2020. Exp: 51315

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de 2000 y, más aún, que hubiera omitido adoptar medidas de políticas públicas que,
además —en una relación de causalidad adecuada—, de haberlas adoptado,
hubiera efectivamente evitado el desplazamiento de la familia demandante.

Ni siquiera el hecho de que el corregimiento de San José de Apartadó se hubiera
declarado “comunidad de paz” —hecho que está probado116—, ni que el Ministerio
hubiera “realizado un seguimiento” de ésta —sobre lo cual, en cambio, no hay
evidencia— permiten imputar el daño del desplazamiento de la familia a esta
entidad, en la medida en la que, se reitera, no existe evidencia de la cual pueda
derivarse que, de haber actuado de determinada manera en ejercicio de sus
funciones, la cartera hubiera evitado la concreción del daño.

En otras palabras, no se demostró que este daño en particular —concretado en el
desplazamiento de los demandantes— fuera de manera alguna resistible a partir de
una adopción genérica de políticas públicas por parte del Ministerio en materia de
orden público, en especial, teniendo en consideración la especial gravedad de la
problemática de seguridad que se presentaba en la zona del Urabá antioqueño.

Se recuerda que, en cualquier caso, al extremo activo le corresponde la carga de la
prueba de todos los elementos de la responsabilidad, al tenor del artículo 167 del
CGP, por manera que la relación de causalidad adecuada y la imputación no pueden
presumirse, y su falta de acreditación redunda en la imposibilidad de despachar
favorablemente las pretensiones.

2.3. Sobre la falla en el servicio de las entidades de la fuerza pública
determinante en la causación del daño

53.- Teniendo en cuenta que el daño irrogado a los demandantes resultaba
previsible y resistible para las entidades de la fuerza pública -Ejército Nacional y
Policía Nacional-, debe determinarse si éstas omitieron cumplir con su deber de
protección, y si tal falencia dio origen al desplazamiento comprobado.

Sobre este particular, la Sala halla abundante material probatorio que devela el
actuar irregular de las entidades de la fuerza pública en este contexto espacio-
temporal, en cuanto la Policía y el Ejército, no sólo dejaron de emprender acciones
eficaces para diezmar la presencia de los grupos al margen de la ley o reducir los

116 Folios 13 a 28 del archivo digital 021 contestación de la demanda.

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hechos violentos que éstos perpetraban en la región —que, a la postre, hubieran
mejorado la sensación de seguridad de los habitantes y evitado que se
desplazaran— sino que, por el contrario, actuaron en connivencia con los
paramilitares y cohonestaron activamente su presencia y actividad ilícita.

A este propósito, en el expediente obra la versión rendida el 29 de octubre de 2007
por Hebert Veloza García, comandante general del Frente Turbo de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) ante la Fiscalía 17
Delegada -en su momento, la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz-, en el marco
de la investigación adelantada para indagar la participación de miembros de la
Policía Nacional y del Ejército Nacional en hechos delictivos cometidos por el
paramilitarismo, en la que sostuvo que:

“Con el EJÉRCITO realizamos también Patrullajes, Combates, [ilegible]
combates con la GUERRILLA, había coordinación para cualquier movimiento en
el área rural (…) yo directamente coordine [sic] muchas de esas acciones con el
Capitán Carvajal, había un Cabo que era GOYONECHE o GOYENECHE (…) que
era de ese mismo PELOTÓN y un Sargento que murió en un combate que no
recuerdo el nombre en este momento. Quienes coordinaban y había [sic] incursiones
con nosotros, en toda la zona de Influencia del BLOQUE. (…) Desde que llegamos
a Urabá contamos con el apoyo de la Fuerza Pública en el momento en el que
llegamos se coordinó tanto con la Policía como con Ejército. (…) Fueron
muchas [incursiones] (…) [por] Currulao, por los lados de Currulao o la Arenera, por
el Limón, por el Alto de Mulatos, por El YOQUI, por la vereda los Indios, todo ese
sector se patrulló en conjunto con tropas al mando del Capitán Carvajal y de sus
subalternos.”117.
(Negrillas fuera del texto original).

Más adelante complementó que—:

“Coordinamos siguió yendo a LA GUERRILLA, siguió entrando a donde
“MANTECO” con él hicimos una operación con EL EJÉRCITO, donde se
recuperaron gran cantidad de material de intendencia y unos videos. (…)”118.
(Negrillas fuera del texto original).

Esta complicidad de la actuación entre las autodefensas y los miembros de la fuerza
pública se extendió hasta aproximadamente 2004, como se desprende de la versión
rendida, en el curso de la misma investigación, por Raúl Emilio Hasbún Mendoza,
comandante general del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero, quien afirmó
que:

“el señor MAICOL también era una persona encargada de hacer las coordinaciones,

117 Folios 136 y 137. Cuaderno 1.
118 Folio 209. Cuaderno 1.

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no solamente con LOS GENERALES, sino con personal de inteligencia de las
brigadas y de los Escuadramos de la Policía o del Escuadrón de Policía de Urabá,
como él ha venido diciendo efectivamente una de mis funciones era coordinar todo
lo relacionado con operaciones y coordinaciones militares entre las Autodefensas y
los distintos grupos, perdón entre el EJÉRCITO y los distintos grupos de
AUTODEFENSAS que operábamos en el sector (…) y posteriormente para el año
2001 -2002 también con hombres de héroes de tolva que operaban también en la
zona119.
(…)
Fiscal 17: Era consciente el general RITO ALEJO DEL RIO que sus tropas
patrullaban, hacían operaciones conjuntas y de la presencia de hombres armados
ilegales en la zona de la jurisdicción de la brigada al mando de él.

Postulado Raúl Emilio Hasbún: Sí señora fiscal, no solamente el General como
lo he venido diciendo, sino muchos otros miembros de la Brigada [XVII] y
también no solamente el General comandante de la brigada en esa época, yo me
atrevería a decir Doctora sin tener el listado de los generales desde el 96 hasta el
2004, fecha o época de mi pertenencia a la organización, que esa coordinación
fue, repito, no solamente con mi General Del Río, si no con todos los generales
de la Brigada o comandantes de la Brigada 17. (…) siempre existió
coordinación con los comandantes de la Brigada de todas esas épocas (…)”120.
(Negrillas fuera del texto original).

Se observa que, de acuerdo con las manifestaciones de este líder paramilitar, las
operaciones de las autodefensas en la región del Urabá antioqueño estaban
acompañadas, coordinadas y apoyadas por el Ejército y la Policía Nacional.

En otro apartado, la Fiscalía explicó, a partir de la versión de John Jairo Rentería
Zúñiga, alias “Betún”, que los paramilitares y el Ejército actuaban como una sola
fuerza militar:

“en el momento de que las AUTODEFENSAS iban a realizar una operación en zona
rural contra la GUERRILLA, y estos se reunían con el Ejército, actuaban como
una sola FUERZA MILITAR, es más, hasta llegaban al punto de decidir si el
EJÉRCITO acompañaba las tropas del AUTODEFDENSAS a realizar operaciones
conjuntas o NO. (…)”121.
(Negrillas fuera del texto original).

Igualmente, frente a la Policía, la Fiscalía advirtió que esta institución conocía del
actuar ilícito de los grupos que tenían presencia en la zona y les permitían incurrir
en sus actividades ilegales, siempre que removieran a los muertos de los centros
urbanos y se deshicieran de ellos, con el fin de no incrementar las tasas de
homicidios bajo su jurisdicción: “La Policía no intervenía y daba vía estos integrantes
criminales al momento de cometer dicha conducta”122.

119 folios 152 a 155 del cuaderno 1.
120 Folios 218 a 222. Cuaderno 1.
121 Folio 230. Cuaderno 1.
122 Folio 241 Cuaderno 1.

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Después de esta breve explicación, la Fiscalía copió la versión del postulado, quien
detalló que:

“Hay una gran responsabilidad de la fuerza pública que son los indirectos
responsables de esta modalidad de Las Fosas, porqué en Urabá comienzan a
haber una serie de homicidios todos los días entonces a los Comandantes se
les suben los índices de homicidios (…) a los Comandantes de la Policía y del
Ejército de la zona donde hacíamos presencia, se le empiezan a subir los índices
de homicidios y comienzan a ser presionados por sus jefes más altos o por los
medios o por diferentes entes tanto Gubernamentales como o [sic] ONG porque
están sucediendo estos hechos, entonces ellos comienzas [sic] a solicitarnos que
por favor no dejemos muertos en los Municipios, que no dejemos los muertos
tirados, si no que los desaparezcamos, y que los enterramos [sic], para que ese
índice no se suba tanto ahí es donde comienza a operar y a implementarse ese
modo de las FOSAS COMUNES y se va creciendo, porque ello muchas veces
permiten cometer el hecho pero con el compromiso de no dejarlos tirados por
ahí. (…) Eso yo creo cuando estuvo el furor de la GUERRA en Urabá en el 95
comienza esa práctica (…)”123.
(Negrillas fuera del texto original).

Si bien los anteriores no son testimonios rendidos en este proceso, y por lo tanto no
son susceptibles de valorarse como tales, se destaca que fueron declaraciones que
esas personas rindieron ante el proceso de Justicia y Paz, bajo la gravedad de
juramento124, que quedaron consignados en el informe de investigador de campo
elaborado por la Fiscalía Especializada en Justicia Transicional , que se realizó con
el fin de “efectuar la relación de las versiones y de los minutos en los que los
Postulados hayan mencionado a integrantes de la Policía Nacional y del Ejército
Nacional como autores, partícipes, colaboradores o enlaces (…) en los hechos que
han sido confesados por estos Postulados”. Por lo expuesto, la Sala les dará el valor
de prueba documental, que acreditan que esas personas confesaron —bajo la
gravedad de juramento— ante una autoridad la comisión de estos hechos delictivos,
que además hacen parte de un documento sistematizado y comentado por la
Fiscalía General de la Nación.

En este orden de ideas, se advierte que tanto las declaraciones de dichos actores
del conflicto, como los comentarios que sobre ellos hizo la Fiscalía General de la
Nación, son coincidentes entre ellos, guardan relación y dan cuenta de las
condiciones de tiempo, modo y lugar en la que se perpetraron estos hechos

123 Folio 242. Cuaderno 1.
124 A diferencia de lo que ocurre con las entrevistas que no se rinden con esta formalidad, por lo que,

según lo explicado por esta Subsección, únicamente dan fe de que la persona rindió esa versión
ante una autoridad, sin que ello dé cuenta, necesariamente, de la veracidad de la información.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 11 de diciembre de 2024. Exp: 69.461.

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delictivos, además de la aquiescencia de la fuerza pública, de modo que le permiten
al juzgador la certeza necesaria para acreditar que, como se anticipó al inicio de
este acápite, la Policía y el Ejército Nacional —contrario a cumplir con sus mandatos
constitucionales— se aliaron con los actores paramilitares, les brindaron apoyo, les
permitieron desarrollar las actividades ilícitas y, en múltiples casos, actuaron como
una sola unidad militar.

La Sala debe destacar que, de conformidad con las reglas de la experiencia del
conflicto colombiano, la presencia de los grupos al margen de la ley no se limita a
un municipio determinado, ni siquiera a un solo departamento, sino que se disemina
por las zonas —sin consideración a las fronteras geográficas—, de manera que su
actividad afecta regiones enteras.

Esto fue lo que ocurrió en el Urabá antioqueño —del cual hace parte el municipio
de Apartadó y, a su turno, el corregimiento de San José de Apartadó, junto con sus
veredas—, primero, con las ACCU y, después, con las AUC, como se soporta, por
lo demás, con el Informe de policía judicial rendido el 9 de junio de 2014 ante la
Fiscalía 72 Especializada de apoyo de Fiscalía Delegada, sobre la posible
participación de los miembros de las fuerzas militares en actos violentos ocurridos
en Urabá125.

Por esta virtud, las pruebas que se refieren a hechos delictivos en municipios
distintos a San José de Apartadó son, de cualquier manera, pertinentes en orden a
demostrar el contexto de violencia que vivían los habitantes de tal corregimiento y
sus veredas aledañas, en la medida en la que la problemática de orden público —
según lo demostrado— afectó toda la región del Urabá antioqueño.

54.- Siendo así, no queda duda de que las entidades de la fuerza pública incurrieron
en una falla en el servicio que, además, fue determinante en la producción del daño
reclamado, en tanto la confabulación con la que actuaron —ciertamente— permitió
a los grupos de autodefensas extenderse por todo el territorio del Urabá antioqueño,
perpetrar masacres, desapariciones forzadas y otros crímenes, a partir de lo cual
infundieron el miedo y la zozobra entre los pobladores, quienes —además— no
tenían una autoridad militar o policial a la que recurrir, en virtud del mismo contexto
de vinculación.

125 Folios 3 a 68 del archivo 002 anexo a la demanda.

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En consecuencia, en criterio de la Sala, de haber cumplido sus deberes normativos,
la acción efectiva de despliegue de ofensiva militar por parte de la fuerza pública en
contra de todos los actores del conflicto —sin conformar alianzas ilícitas con ninguno
de ellos— habría interrumpido la cadena causal que condujo a que se perpetraran
los desplazamientos reclamados, de lo que se desprende que la falla en el servicio
fue determinante y resultó adecuada para la producción del daño.

55.- No sobra traer a colación, las siguientes pruebas:

• La declaración rendida el 2 de marzo de 2005, por el Teniente Coronel José
Hernando Acosta Cely ante la Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de la Fiscalía, en curso de la investigación 2138
adelantada por la masacre perpetrada en las veredas La Resbalosa y
Multados y de San José de Apartadó, contestó que: la brigada adelanta
operaciones ofensivas dentro de la jurisdicción y más exactamente sobre ese
sector de (…) Las Nieves (…), debido a que en esta área se mueve y tiene
injerencia el frente quinto de las FARC, el frente 58 de las FARC y algunas
comisiones de la 57 (…) donde trabajan directamente con la red de milicianos
de San José de Apartado y de todo el municipio de Apartadó126.

• Listado de unidades dispuestas el 8 de julio de 2000, por la Décima Séptima
Brigada en distintas partes de su jurisdicción entre ellas, en la zona de Las
Nieves, zona rural del municipio de San Joseé de Apartadó, en la que se
hallaban 21 soldados regulares, dos suboficiales y un oficial del Ejército. Para
el día 9 de julio de 2000, en La Unión se reportó la presencia de 120 soldados,
14 suboficiales y tres oficiales del Ejército 127.

• Orden de operaciones fragmentaria 047 Neptuno del Batallón de Ingenieros
17 “Bejarano Muñoz”, para llevarse a cabo desde el 9 de julio de 2000, sobre
San José de Apartadó, con el fin de evitar masacres e incursiones terroristas
en la población civil de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó,
garantizando la integridad y capturar a los responsables de la masacre

126 Folios 38 a 45 del cuaderno 1 del proceso penal 2008-00050.
127 Folios Carpeta anexos respuestas DIDEF. INSITOP JUL 2000. C002

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perpetrada en la vereda La Unión por agentes generadores de violencia, lo
cual se motivó en que:

En los últimos días, en el área general de Urabá, los grupos de justicia privada, mal
llamada PARAMILITARES, han adelantado acciones de barbarie en contra de la
población civil128.

• El 10 de julio de 2000, la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional
formuló la denuncia ante el Fiscal Especializado de Urabá, con base en los
siguientes hechos:

“El día 08 de julio del 2000, a las 15:00 horas en el sitio denominado como Vereda
La Unión, jurisdicción del corregimiento de San José de Apartadó, municipio de
Apartadó, departamento de Antioquia, un grupo indeterminado de bandoleros
armados de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá reunieron a la
población del sector con el fin de separara a las mujeres, ancianos, niños y adultos
donde con lista en mano dieron muerte a los particulares (…) Diofanor de Jesús
Correa Borja”129.

56.- Con todo, los referidos elementos de prueba no tienen la virtualidad de
desvirtuar las confesiones que al respecto emitieron los actores paramilitares sobre
la relación que tenían con la fuerza pública.

Es lógico que, en comunicaciones oficiales, el Ejército no confesara su
involucramiento o vínculos con grupos al margen de la ley y, por el contrario, se
mantuviera en la posición de defender su inocencia y probidad; no obstante, el valor
probatorio del que gozan las confesiones de los miembros de los grupos de
autodefensas —según lo ya expuesto— permiten evidenciar que estos oficios no
recogen la realidad contextual de la región, por lo cual no se le dará credibilidad a
su contenido.

La Sala reconoce que el conflicto colombiano es complejo y multicausal y, por ende,
la argumentación que sustenta la decisión no pretende simplificar el escenario en el
que la guerra se ha engendrado y extendido, pero, de ninguna manera, puede la
justicia avalar el actuar ilegítimo de connivencia con el que la fuerza pública
abiertamente cohonestó y confabuló con los actores paramilitares en la región del
Urabá antioqueño y que resultó en la afectación de la población civil.

128 Folios 1 a 9 de orden de operaciones Batallón BIBEM 17. Anexos respuestas DIDEF. INSITOP
JUL 2000. C002

129 Imágenes 351 a 349 de la carpeta 26 labores investigativas.

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57.- Por los mismos fundamentos —se reitera— se considera que la omisión de
estas entidades fue determinante en el desplazamiento sufrido por el extremo activo
y, en consecuencia, declarará la responsabilidad solidaria de la Policía y Ejército
Nacional a título de falla en el servicio, entidades que, en consecuencia, deberán
indemnizar los perjuicios que se hayan reclamado y probado en este proceso.

Conclusión

58.- En atención al problema jurídico esbozado, se concluye que el daño del
desplazamiento forzado que sufrieron los demandantes resulta imputable al Ejército
Nacional y a la Policía Nacional, sin que la responsabilidad del Ministerio del Interior
resulte comprometida. Por lo anterior, se modificará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se condenará solidariamente a las entidades de la fuerza
pública a indemnizar los perjuicios que, a continuación, se reconozcan.

3.- Reconocimiento y liquidación de los perjuicios

59.- Sea lo primero recordar que las pretensiones condenatorias derivadas de la
muerte y desplazamiento de Diofanor de Jesús Correa Borja no serán estudiadas,
en cuanto estas pretensiones fueron elevadas inoportunamente, por lo que el
reconocimiento de los perjuicios se examinará con base en el desplazamiento
padecido por los familiares de aquél.

Respecto del desplazamiento, se reclamaron perjuicios morales a favor de todos los
demandantes, en calidad de víctimas directas, por un total de 400 salarios mínimos
legales mensuales vigentes en favor de todos los demandantes a excepción de
Bárbara Vanessa Correa, Cristian Camilo Jaimes Correa y Cristian Marimon Correa
respecto de quienes por ese concepto se solicitó el reconocimiento de 200 SMLVG.
En esas mismas cuantías pidieron el reconocimiento de daño a la salud y por los
daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados,
solicitaron 400 SMLVG a favor de cada uno y la adopción de medidas de
satisfacción no pecuniarias.

En cuanto a los perjuicios materiales, suplicaron el reconocimiento del lucro cesante
a favor de Gloria de Jesús Borja Quintero, porque alegaron que, en su finca “El
Halcón”, tenían unos sembrados de cacao, maíz, aguacate y yuca, gallinas y cerdos,

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todo lo cual le proporcionaba unos ingresos de $700.000 pesos mensuales, sumado
al 30% de prestaciones legales, ascendía a $910.000 pesos mensuales, por lo que
pretendió el pago de la suma de $682’436.427 por lucro cesante consolidado y
$264’781.897 por lucro cesante futuro.

Finalmente, por daño emergente pidieron el pago de la suma de $219’824.877, por
todo lo que Gloria de Jesús Borja perdió al salir de la finca, concretado en el valor
del inmueble, de sus animales y sus siembras.

3.1.- Lucro cesante

60-.De acuerdo con el artículo 1614 del Código Civil, “por lucro cesante, la ganancia
o provecho que deja de reportarse (…)”. Respecto de la indemnización de este
perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección unificó su criterio en sentencia del
2019130, en el siguiente sentido:

“2.1 Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante

2.1.1 Por concepto de lucro cesante sólo se puede conceder lo que se pida en la
demanda, de forma tal que no puede hacerse ningún reconocimiento oficioso por
parte del juez de la reparación directa; así, lo que no se pida en la demanda no
puede ser objeto de reconocimiento alguno.

2.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por
concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o,
de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos 177 del C. de P. C.
y 167 del C.G.P.). (…).

2.2. Parámetros para liquidar el lucro cesante (…)

2.2.2 Ingreso base de liquidación

El ingreso base de liquidación deber ser lo que se pruebe fehacientemente que
devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente del ejercicio de la
actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos.

Para que la prueba del ingreso sea suficiente, debe tenerse en cuenta que, si se
trata de un empleado, se debe acreditar de manera idónea el valor del salario que
recibía con ocasión del vínculo laboral vigente al tiempo de la detención; al respecto,
debe recordarse que los artículos 232 (inciso segundo) del Código de Procedimiento
Civil y 225 del Código General del Proceso señalan que: ‘Cuando se trate de probar
obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta
de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como
un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las
circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la

130 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.

Sentencia del 18 de julio de 2019. Exp: 44.572. M.P. Carlos Alberto Zambrano. Si bien la unificación
se refiere a un asunto de privación injusta de la libertad, lo cierto es que los parámetros para el
reconocimiento del perjuicio son extensibles a todos los eventos de reparación de daños.

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calidad de las partes justifiquen tal omisión’ (negrillas de la Sala).

El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente acreditado y
para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros contables que
debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos percibidos
por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a
expedirlas , las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que
satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado
cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso.

2.2.3 Aplicación del salario mínimo legal mensual

Cuando se acredite suficientemente que la persona privada injustamente de la
libertad desempeñaba al tiempo de su detención una actividad productiva lícita que
le proporcionaba ingresos y que no pudo continuar desempeñando por causa de la
detención, pero se carezca de la prueba suficiente del monto del ingreso devengado
producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una
ama de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro
cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo legal
mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación
directa, lo cual se aplica teniendo en cuenta que, de conformidad con lo previsto en
la ley 100 de 1993, ese es el ingreso mínimo o el salario base de cotización al
sistema general de seguridad social (artículos 15 y 204) y, además, que el artículo
53 constitucional ordena tener en cuenta el principio de la ‘remuneración mínima
vital y móvil’ y que, según el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo, ‘… el
salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a las
necesidades normales y a las de su familia’. (…)

2.2.4 Incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales

Se puede reconocer un incremento del 25% al ingreso base de liquidación, por
concepto de prestaciones sociales, siempre que: i) así se pida en la demanda y ii)
se pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado
al tiempo de la detención, pues las pretensiones sociales son beneficios que
operaran con ocasión de una relación laboral subordinada.

Así, se debe acreditar la existencia de una relación laboral subordinada, de manera
que no se reconoce el incremento en mención cuando el afectado directo con la
medida de aseguramiento sea un trabajador independiente, por cuanto, se insiste,
las prestaciones sociales constituyen una prerrogativa en favor de quienes tienen
una relación laboral subordinada, al paso que los no asalariados carecen por
completo de ellas.”.
(Subrayados fuera del texto original).

Esta postura fue ulteriormente reiterada por la Subsección C en la sentencia del 3
de noviembre de 2022 (Rad. 52160)131, en la cual se resolvió un caso con
características fácticas análogas a la del caso examinado.

Respecto a la existencia y monto de los perjuicios materiales, la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2019 (Rad. 44572) estableció la necesidad de
determinar criterios uniformes para el reconocimiento y liquidación del perjuicio

131 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado: 52160, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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material de las personas privadas de la libertad y de sus familias. No obstante, dicha
providencia concluyó que los criterios allí adoptados serían aplicables “a todos los
eventos en los que le corresponde al juzgador determinar la existencia y el monto
de perjuicios materiales de la misma clase”.

Aunque el caso objeto de unificación versaba sobre privación injusta de la libertad,
la Sala Plena extendió expresamente las reglas relativas a la existencia y cuantía
de los perjuicios patrimoniales a todos los supuestos fácticos, inclusive el
desplazamiento forzado.

Asimismo, la providencia redefinió los parámetros para el reconocimiento del lucro
cesante y eliminó las presunciones jurisprudenciales132, para exigir la prueba del
perjuicio. En ese sentido la Sala determinó que:

“La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la
carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe
conducir, necesariamente, a denegar su decreto.

Los perjuicios materiales solo pueden decretarse previo estudio motivado y razonado
que tenga en cuenta las pretensiones y las pruebas aportadas por la parte; así, solo
se puede conceder al demandante el perjuicio reclamado, a partir de la apreciación
razonada y específica que el juzgador realice de los medios probatorios obrantes en
el expediente”.

Con fundamento en dicha jurisprudencia de unificación y en aplicación del artículo
167 del CGP133, todo perjuicio patrimonial —incluido el lucro cesante en casos de
desplazamiento forzado— debe ser acreditado de manera obligatoria, so pena de
ser denegado.

En consonancia con lo anterior, esta Subsección en sentencia del 3 de noviembre
de 2022, acogió los criterios unificados y negó el reconocimiento del lucro cesante
en favor de las víctimas de desplazamiento forzado, al concluir que no se
demostraron los perjuicios reclamados “dado que no se allegaron al proceso los
soportes contables del negocio en el que participaban ni existe prueba que acredite
que la siembra de cultivos y cría de animales constituía una actividad productiva

132 “La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a
considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su
existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior
o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la
privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no
derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.”
133 ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de

las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

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generadora de ingresos económicos a favor del causante José Evelio Gallo y de
los demandantes Heriberto de Jesús Londoño (…).

De igual forma, la sentencia mencionada determinó que:

“En punto al reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante,
resulta oportuno reiterar la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección
Tercera134, que eliminó ‘las presunciones que han llevado a considerar que la
indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su
existencia’ y, en consecuencia, determinó que solo habrá lugar a reconocer tal
perjuicio: 1) a partir de la demostración de la ruptura de una relación laboral anterior o
de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada o ii) a
partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una
relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante.”

En ese mismo sentido, la doctrina respecto a la prueba del perjuicio ha establecido
que: “[L]a existencia del perjuicio cuya reparación se reclama debe ser demostrada
por el demandante. Solo en este evento puede recurrir a la equidad para establecer
su extensión y, con base en ella, la cuantía de la reparación, si su prueba resulta
imposible.”135

En el proceso quedó acreditado —a través de los testimonios— que la señora Gloria
de Jesús Borja derivaba su sustento de la actividad agricultora y agraria. Al
respecto, el señor Jaime García Velásquez manifestó:

Indíquele por favor al despacho si usted sabe a qué se dedicaban los familiares (…)
por eso le estoy diciendo la mamá, el papá los hermanos al trabajo y son
trabajadores. (…). Los familiares bueno, los unos cultivan cacaíto los otros cultivan
cafecito los otros marranitos bueno maicito lo que produce la tierra

De manera coincidente, acerca de los trabajos agropecuarios, la testigo Liris del
Carmen Moreno Ayala sostuvo:

luego ella ya como que ella [Gloria de Jesús Borja Hurtado] es una de esas mujeres muy
guerreras, muy barracas para los trabajos del campo, como la iniciativa de volver a la
parcelita por allá está sembrando cacao y café y el que es del campo nunca se va a
estar quieto porque si se está quieto en una ciudad se enferma. ¿Podría indicarnos,
doña Liris, si lo sabe hace cuánto y para claridad, dice que retornó entonces retornó allá
a Las Nieves y si es allá ¿podría indicarnos hace cuánto volvió si lo sabe? Desde el
2016 al 2017 algo así136.

134 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,
sentencia de 18 de julio de 2019, expediente 44572.”
135 M’Causland Sánchez. María Cecilia. Equidad Judicial y responsabilidad extracontractual. Bogotá:

Universidad Externado de Colombia. 2019. Pág. 502.
136 Minuto 3:07:30.

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E, igualmente, el testigo Emilson Rivera adujo:

¿Qué realizaban, qué actividad realizaban las personas que vivían con el señor
Tiofanor al momento que él muere y que realizaron con posterioridad a que él
muere? Pues lo que sé es que todo mundo por allá vivía de la agricultura, como ser
todos los campesinos, todos vivíamos vivían de la agricultura137.

Al punto la señora Marlodys Quintero:

“…ahorita ella [Gloria de Jesús Borja Hurtado] está otra vez allá, medio abriendo allá,
pero no es como antes, sino que ya es menos, porque ella sola para abrir allá sola,
sin esposo sin nietos 138

De las pruebas testimoniales en comento, para la Sala está acreditado que la
demandante Gloria de Jesús Borja Quintero, junto con su familia, se dedicaba a
actividades lícitas de agricultura y cría de animales, lo cual le proporcionaba su
sustento y que debió abandonar a raíz del desplazamiento forzado. No obstante, lo
cierto es que los cuatro testimonios referidos no dan cuenta fehacientemente de
que esa actividad representara para la víctima un provecho económico; por el
contrario, acreditan que se trataba de labores destinadas a su subsistencia, mas no
de una actividad productiva generadora de ingresos.

Como consecuencia de lo anterior, en aplicación de la sentencia de unificación y
de la providencia de la Subsección C antes citadas, la Sala negerá el
reconocimiento del lucro cesante, en la medida en que el perjuicio no fue de
mostrado, conforme lo exigue el artículo 167 del CGP.

3.2.- Daño emergente

63.-El artículo 1614 del Código Civil prescribe que debe entenderse por daño
emergente “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la
obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su
cumplimiento”

64.- Como viene de exponerse no está demostrado que la señora Gloria de Jesús
Borja Quintero hubiera sido despojada de manera definitiva de la propiedad o
posesión de su parcela o finca “El Halcón”, ubicada en la vereda Las Nieves,

137 Minuto 54:17.
138 Minuto 2:00:20.

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precisamente porque de lo que se tiene noticia es de lo contrario, esto es, de que
volvió a situar su domicilio en ese lugar desde 2017. Por contera, no hay lugar a
reconocer el valor de un predio cuya salida de su patrimonio no se demostró.

65.- Tampoco hay lugar a reconocer el valor referente a cultivos perdidos o
animales, pues más allá de la referencia que se desprende de los testimonios
acerca de que la señora Gloria de Jesús Borja Quintero y su familia se dedicaba a
la agricultura no está probado que al momento del desplazamiento hubiese
cosechas pendientes de recoger o derivar frutos, como tampoco la existencia
puntual de animales que se hubiera perdido con ocasión del desplazamiento.

3.3.- Perjuicios morales

66.- De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección139, el desplazamiento forzado,
por antonomasia, causa perjuicios morales:

“(…) constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño
moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la
desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido
como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto
poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física
o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de
ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes
se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran
sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos
fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional140”.
(Negrillas fuera del texto original).

En oportunidades más recientes, se ha reconocido que:

139 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de

enero de 2006. Exp: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B. Reiterado en sentencia del 15 de
agosto de 2007. Exp: 19001-23-31-000-2003-00385-01(AG).
140 Cita original: “Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, sentencia T-1635 de 2000. En

sentencia T-1215 de 1997 ha dicho esa Corporación: ‘No existe duda sobre la violación continua de
los derechos de las personas obligadas a migrar de su lugar de origen y cuya circunstancia de
vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos efectos materiales de
quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su vida e
integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que
conlleva el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera,
impide que los afectados reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica
y económica’. Criterio que más recientemente esa Corte reiteró en sentencia T-721 de 2003 al
señalar: ‘También la Corte ha destacado que las heridas físicas y afectivas generadas por el
desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil recuperación, los que se agravan al
tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida digna, que les ofrecen
las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo, habrá de
señalarse que el desplazamiento –de acuerdo con los estudios realizados al respecto- conlleva
abruptos cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a éstas a menudo les
corresponde asumir solas la reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los
hombres enfermos e incapacitados, no pocas veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar
al desplazamiento, como también de niños y ancianos, atemorizados e inermes’.”

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“(…) las reglas de la experiencia permiten inferir que las víctimas de graves
violaciones a los derechos a la vida, la integridad física y la dignidad humana, como
las que se han acreditado en este proceso [relativos al desplazamiento forzado
masivo], padecen perjuicios morales individuales141. En el mismo sentido, la Corte
IDH ha reconocido que es natural de la condición humana que toda persona
sometida a tratos contrarios a la integridad personal y al derecho a una vida digna
experimente un profundo sufrimiento, angustia, miedo e inseguridad, por lo que este
perjuicio no requiere más prueba de la que sirvió para acreditar el daño mismo142.”143.

67.- En este sentido, se accederá al reconocimiento de los perjuicios morales a favor
de. demandantes Gloria de Jesús Borja Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria Inés
Correa Borja, María Eugenia Correa Borja, María Camila Correa Borja, Cristian
Camilo Jaimes Correa, Nora Soledad Correa Borja, Cristian Marimon Correa,
Jhordan Marimon Correa, Germán Alonso Correa Borja, Stivinson Aricapa Correa y
Bárbara Vanessa Correa Borja.

68.- Conforme lo anterior, la Sala condenará por los perjuicios morales sufridos por
todos los demandantes —tasados conforme al arbitrio iuris144—, por un equivalente
de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno.

3.4.- Daño a la Salud

69.- En lo atinente a este aspecto, esta instancia, pone de presente lo establecido
por la Sala Plena de la Sección Tercera145, al compás de lo cual cuando se demanda

141 Cita original: “Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sala doce Especial de Decisión,
Sentencia de 1 de octubre de 2019 expediente 2003-03502-02 (AG).”
142 Cita original: “Entre otras, ver, Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas.

Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, Corte IDH. Caso ‘Instituto de Reeducación
del Menor’ Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. Como se explicó al principio de esta providencia, todos
estos derechos nombrados en clave individual tienen un correlato más o menos equivalente en el
estatuto constitucional de los pueblos indígenas. En este caso se acreditó que el pueblo de Mondó
Mondocito fue víctima de graves violaciones a sus derechos a la pervivencia física y cultural y
aumentó exponencialmente su riesgo de extinción por su desterritorialización y las condiciones en
que debieron sobrevivir durante el desplazamiento.”
143 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de

marzo de 2022. Exp: 64094 (AG). También citado en la sentencia del 2 de junio de 2021. Exp: 27001-
23-33-003-2014-00046-01(AG).
144 Esta Corporación no ha establecido topes indemnizatorios para daños morales causados por

eventos de desplazamiento forzado, por lo que la tasación corresponde al arbitrio iuris. Entre otras,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 26 de
enero de 2006. Exp: 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B; 15 de agosto de 2007, Exp; 19001-23-
31-000-2003-00385-01(AG); 3 de mayo de 2013, Exp. 32274; 1° de agosto de 2016, Exp. 36080; 30
de noviembre de 2017, Exp. 47370; 31 de agosto de 2017, Exp. 41187; 1° de junio de 2017, Exp.
34707; 23 de marzo de 2017, Exp. 50941; 12 de julio de 2017, Exp. 43637.
145 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de

unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. 28832, M.P. Danilo Rojas Betancourth y
exp. 31170. M.P. Enrique Gil Botero.

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la indemnización de daños inmateriales derivados de la lesión a la integridad
sicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al
daño a la vida de relación, ni a las alteraciones graves de las condiciones de
existencia, sino que resulta pertinente aludir al daño a la salud.

70.- Dicho esto, en el plenario no está acreditado que, además, de la aflicción o
angustia propia que desencadenó la situación de desplazamiento en cada uno de
los actores y por cuya ocurrencia se les reconocerá el deprecado perjuicio moral,
cada uno de ellos hubiera sufrido una afectación de tal magnitud que hubiera
perturbado su salud mental o hubiera generado una anomalía en su estado
sicológico.

3.5.- Daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados

71.- En el caso que ocupa ahora la atención de la Sala, se pretendieron 400 salarios
mínimos legales mensuales vigentes por el reconocimiento de este daño derivado
del desplazamiento forzado para cada uno de los demandantes y adicionalmente la
adopción de medidas no pecuniarias.

Esta Sección tiene dicho que este daño se caracteriza por:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos
contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones
o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo
tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un
efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y
convencionales.

iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está
condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los
perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento
previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos
de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica
particular.

iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos
del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la
afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar
y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y

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Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

convencionales.”146.
(Negrillas fuera del texto original).

Su procedencia se justifica en la necesidad de restablecer plenamente a la víctima
en el ejercicio de sus derechos, de manera individual y colectiva, en las condiciones
existentes antes de la ocurrencia del daño y propende por establecer garantías de
no repetición y la realización efectiva de la igualdad sustancial147. Asimismo:

“Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no
pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no
indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación
integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas
o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la
víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta
100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido
reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse
por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o
derecho afectado.

(…) se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas
y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las
medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del
caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la
dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos
humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no
repetición y las demás definidas por el derecho internacional.”148.
(Negrillas fuera del texto original).

La Sala considera que la reparación del daño que acá se debate se entiende
satisfecha con los reconocimientos que anteceden, sin que se evidencie la
necesidad de emitir medidas no pecuniarias y pecuniarias adicionales, máxime
cuando no surgen elementos de juicio que hagan imperativa su prosperidad.

72.- En conclusión, según lo expuesto, no se reconocerán las medidas pecuniarias
y no pecunarias solictadas por daño a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados

4.- Conclusión

73.- La Sala MODIFICARÁ la sentencia proferida el 28 de febrero de 2025, por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, para en su lugar

146 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.

Sentencia del 28 de agosto de 2014. Exp. 32988.
147 Ibidem.
148 Ibidem.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

declarar la caducidad del medio de control respecto del daño padecido con ocasión
de la muerte de Diofanor de Jesús Correa Borja y por el desplazamiento reclamado
a nombre de la sucesión de Ángela Diosa Correa Borja; DECLARAR la
responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
y Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por el desplazamiento sufrido por
Gloria de Jesús Borja Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja, María
Eugenia Correa Borja, María Camila Correa Borja, Cristian Camilo Jaimes Correa,
Nora Soledad Correa Borja, Cristian Marimon Correa, Jhordan Marimon Correa,
Germán Alonso Correa Borja, Stivinson Aricapa Correa y Bárbara Vanessa Correa
Borja de su domicilio en inmediaciones del corregimiento de San José de Apartadó,
en la región del Urabá antioqueño, por las razones expuestas en la parte motiva de
este proveído; consecuencialmente, CONDENAR a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
solidariamente a reparar los perjuicios sufridos por los demandantes en los montos
y conceptos que se dispondrá en el acápite resolutivo de esta sentencia.

5.- Costas

74-. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 1 de su artículo 365, establece que “se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación…”. De acuerdo con el numeral 8, éstas
sólo se reconocerán “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.

De acuerdo con el artículo 361 ibidem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia, según las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, que, para este asunto, se rigen por el Acuerdo 10554 de 2016.

En el presente asunto se modificará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Antioquia en el sentido de confirmar lo relativo con la declaratoria de caducidad de
la pretensión relacionada con la muerte de Diofanor de Jesús, y se accederá a los
cargos respecto de la revocatoria de la decisión de caducidad del desplazamiento
forzado de los demás demandantes para, en su lugar, declarar la responsabilidad

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

de la Policía y Ejército Nacional. En estos términos, se advierte que la demanda
prosperó parcialmente, así como el recurso de apelación presentado por la parte
activa, de manera que la Policía y el Ejército Nacional resultaron vencidos en el
proceso.

En estos términos, se le condenará en costas a estas entidades, por la segunda
instancia al prosperar parcialmente el recurso de apelación impetrado por la parte
actora.

En la fijación de las agencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del mismo estatuto, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales si las hubiere, con apego a lo dispuesto en el Acuerdo 10554 de 2016 149,
que dispone:

“(…) Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se
establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos
al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

(…) Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS
EN GENERAL. (…).

En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
(Negrillas fuera del texto original).

A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de segunda instancia
instancia de acuerdo con las tarifas establecidas por el Acuerdo del Consejo
Superior de la Judicatura, que estarán a cargo de las entidades demandadas,
teniendo en consideración la suma de las pretensiones económicas, las conductas
desplegadas por las partes y que las pretensiones prosperaron sólo parcialmente.

Para la segunda instancia se fija en 1 SMLMV a favor de la demandante, en la
medida en la que presentó el recurso de apelación, que resultó parcialmente
exitoso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

149 La demanda se presentó el 11 de octubre de 2017. El Acuerdo 10554 fue expedido y publicado

el 5 de agosto de 2016 y entró a regir para los procesos judiciales iniciados a partir de su publicación.

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3. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión y, en su lugar,
disponer:

“1°.- DECLARAR probada la excepción de caducidad de las pretensiones relacionadas
con la muerte de Diofanor de Jesús Correa Borja y con el desplazamiento reclamado a
nombre de la sucesión de Ángela Diosa Correa Borja, por los motivos expuestos en la
parte motiva de esta providencia.

2°.- DECLARAR la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa-
Policía Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por el
desplazamiento sufrido por Gloria de Jesús Borja Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria
Inés Correa Borja, María Eugenia Correa Borja, María Camila Correa Borja, Cristian
Camilo Jaimes Correa, Nora Soledad Correa Borja, Cristian Marimon Correa, Jhordan
Marimon Correa, Germán Alonso Correa Borja, Stivinson Aricapa Correa y Bárbara
Vanessa Correa Borja de su domicilio en inmediaciones del corregimiento de San José
de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño, por las razones expuestas en la parte
motiva de este proveído.

3°.- CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional solidariamente a reparar los perjuicios
inmateriales sufridos, en los siguientes términos:

3.1.- Por concepto de perjuicios morales la suma equivalente 50 salarios mínimos
mensuales legales vigentes en favor de cada uno de los demandantes: Gloria de
Jesús Borja Quintero, Liliana Correa Borja, Gloria Inés Correa Borja, María Eugenia
Correa Borja, María Camila Correa Borja, Cristian Camilo Jaimes Correa, Nora
Soledad Correa Borja, Cristian Marimon Correa, Jhordan Marimon Correa, Germán
Alonso Correa Borja, Stivinson Aricapa Correa y Bárbara Vanessa Correa Borja.

4°.- CONDENAR en costas por la segunda instancia a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional y Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a
favor de la parte actora. Las agencias, se fijan en cuantía 1 SMLMV a favor de
la demandante. Deberán ser pagadas en partes iguales por el extremo pasivo,
a favor de los miembros del extremo activo señalados anteriormente, en iguales
proporciones.

5°.- NEGAR las demás pretensiones.”

SEGUNDO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

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Radicación: 050012333000201800841 01 (72751)
Demandante: Gloria de Jesús Borja Quintero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional y Policía Nacional
Asunto: Reparación Directa

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Con Aclaración de Voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE150
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Con Aclaración de Voto

VF

150Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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