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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01027-02

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01027-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACIONYODISPONESORTEODECONJUEZ(.pdf). 11 Samai, índice 28, expediente digital, archivo 45Autoqueordena_remitedes_21462023remiteadespa(.docx). 12 Samai, índice 35, expediente digital, archivo 49Autoqueadmite_Apelacion_621462023Autoadmitea(.pdf). 9 Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023) Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (3) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento. 42. A partir de las anteriores razones, se estima que las manifestaciones de impedimento que en su momento se efectuaron y aceptaron, como no hacían alusión a situaciones actuales y concretas de la cuales se derivara un interés cierto que afectara la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a la luz del criterio imperante, dejaron de constituir una excepción al deber de estos de decidir de fondo los asuntos sometidos a su conocimiento para impartir justicia. 2.6. Ministerio Público 43. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio y no rindió concepto13. 3. Consideraciones 3.1. Competencia 44. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150 del CPACA. 3.2. Problema jurídico 45. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a la Sala definir si: 46. ¿La demandante, en su condición de magistrada de tribunal, tiene derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de servicios y de la bonificación por compensación? 47. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01027-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)1
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y
bonificación por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998. Subtema:
carácter salarial de la prima especial de servicios y de la bonificación por
compensación para efectos pensionales.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Conjueces, el 11 de
noviembre de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

La accionante, en calidad de magistrada de tribunal, solicitó la reliquidación y pago de
las prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial de servicios (art. 14 de
la Ley 4 de 1992) y de la bonificación por compensación como factor salarial.

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, en cuanto ordenó la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales, con la inclusión de la prima especial
como factor salarial. Además, dispuso la reliquidación de los aportes a pensión por
concepto de la prima especial.

La Subsección revocará el fallo impugnado, en la medida en que no es posible ordenar
la reliquidación de las prestaciones sociales, con inclusión de la prima especial de

1 Expediente híbrido.

1

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

servicios y la bonificación por compensación, por cuanto solo constituyen factor salarial
para efectos pensionales. En su lugar, se negarán las súplicas de la demanda.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. La señora María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo, mediante apoderado
judicial, presentó demanda el 16 de mayo de 20182, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con las siguientes pretensiones3:

2. Se declare la nulidad de las resoluciones DESAJMR 13-5794 del 22 de julio de
2013; DESAJMR 14-4265 del 20 de junio de 2014, proferidas por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Antioquia; y la Resolución 0134 del 23 de enero de 2018, expedida por
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, mediante las cuales se negó la
reliquidación y pago retroactivo e indexado, junto con los intereses moratorios y
sanciones, de las prestaciones sociales —primas, vacaciones, cesantías, intereses a
las cesantías, y las demás a las que haya lugar—, sobre el 100 % del salario, esto es,
con inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación.

3. A título de restablecimiento del derecho, la parte accionante solicitó que se
ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tener
en cuenta, como factor salarial, la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación y que, como consecuencia de ello, se le condene a reconocer y pagar
a su favor, lo siguiente:

• La reliquidación y pago retroactivo e indexado, junto con los intereses
moratorios, de las prestaciones sociales —prima de navidad, vacaciones, cesantías,
intereses de las cesantías, bonificación, y las demás a las que haya lugar—, sobre
el 100% de su salario, sin que se descuente lo correspondiente a la prima especial
y a la bonificación por compensación, del 28 de julio de 2004 al 30 de noviembre de
2008; del 1 de diciembre de 2008 al 30 de agosto de 2009; del 1 de diciembre de
2009 al 30 de septiembre de 2010; del 21 de febrero de 2011 al 14 de abril de 2011;
y del 15 de abril de 2011 hasta que se haga efectivo el pago.
• La sanción moratoria establecida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de
1995, subrogado por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

4. Pidió que se inapliquen por inconstitucionalidad las expresiones que establecen
que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, contenidas en los decretos
«54 de 1993; 107 de 1994; 26 de 1995; 2025 de 1995; 35 de 1996; 56 de 1997; 67 de
1998; 37 de 1999; 2734 de 2000; 1482 de 2001; 2730 de 2001; 683 de 2003; 3548 de
2008; 726 de 2009; 1391 de 2010; 1043 de 2011; 841 de 2012; y 1016 de 2013»; así
2 Expediente físico, fol. 111.
3 Expediente físico, fols. 3 a 21.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

como en los que en adelante expida el Gobierno nacional relacionados con el régimen
salarial de los servidores de la Rama Judicial.

5. Solicitó que se inapliquen por inconstitucionalidad las expresiones que disponen
que la bonificación por compensación solo constituye factor salarial para efecto del
ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y el Sistema General de
Seguridad Social en Salud o que dicho emolumento solo tiene carácter salarial para
efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, contenidas
en los decretos «610 de 1998; 944 de 2005; 401 de 2006; 630 de 2007; 670 de 2008;
735 de 2009; 1400 de 2010; 4051 de 2011; 877 de 2012; y 1102 de 2012»; asimismo
los que en adelante expida el Gobierno nacional relacionados con el régimen salarial
de los servidores de la Rama Judicial.

6. Adicionalmente, pidió que se condene al pago de intereses, de conformidad con
el artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA); que los valores reconocidos se actualicen de
acuerdo con el ordenamiento jurídico; se apliquen las normas relativas al precedente
judicial; y se condene en costas procesales y agencias en derecho.

2.1.1. Hechos

7. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

8. La accionante se vinculó al servicio de la Rama Judicial y ha desempeñado el
cargo de magistrada de tribunal, así: «desde el 28 de julio de 2004 hasta el 30 de
noviembre de 2008; del 1 de diciembre de 2008 al 30 de agosto de 2009; a partir del
1 de diciembre de 2009 al 30 de septiembre de 2010; del 21 de febrero de 2011 al 14
de abril de 2011; y desde el 15 de abril de 2011» a la fecha de presentación de la
demanda, según se indicó.

9. Durante el tiempo en el que ha laborado para la entidad, esta liquidó las
prestaciones sociales sin incluir como factor salarial, por un lado, el 30 %
correspondiente a la prima especial y, por otro, la bonificación por compensación
prevista en el Decreto 610 de 1998.

10. El 18 de junio de 2013, la demandante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago retroactivo e indexado, junto con los intereses moratorios, de
las prestaciones sociales —primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías,
bonificaciones y demás a las que hubiera lugar—, sobre el 100 % de su salario
mensual, esto es, con inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación como salario. Sin embargo, mediante los actos administrativos
acusados se negó su reclamación.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

11. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150 —
numeral 19, literal e)—, 228, 277 —numerales 1 y 7— y 280.
• Ley 22 de 1967.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 10, 14, 15 y 16.
• De la Ley 244 de 1995, el artículo 2 —parágrafo—.
• De la Ley 270 de 1996, el artículo 152 —numeral 7—.
• De la Ley 1071 de 2006, el artículo 5 —parágrafo—.
• De la Ley 1437 de 2011, el artículo 10.
• El Acto Legislativo 03 de 2002.
• De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 26.
• Convenios 95, 100 y 111 de la OIT.
• Decreto 717 de 1978, el artículo 12.
• Decreto 610 de 1998.

12. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante sostuvo que los actos
administrativos acusados desconocieron y vulneraron la situación jurídica de la
demandante, por cuanto desmejoraron sus derechos laborales y prestacionales.

13. Afirmó que la Rama Judicial liquidó y pagó las prestaciones sociales sin tener
en cuenta la prima especial y la bonificación por compensación, pese a que tales
emolumentos hacen parte del salario por tratarse de conceptos que se recibían
mensualmente como contraprestación de los servicios prestados. Ello quiere decir que
la entidad vulneró el derecho de la accionante a recibir de forma íntegra, completa y
oportuna sus acreencias laborales y prestacionales.

14. Manifestó que la actuación de la autoridad demandada implica desconocer la
rectificación jurisprudencial4, por medio de la cual, el Consejo de Estado precisó que
la prima especial constituía factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

15. Señaló que en sentencia del 14 de febrero de 20025, esta corporación definió
que la prima especial de servicios tiene carácter salarial y, en consecuencia, declaró
nulo el artículo 7 del Decreto 38 de 1999, respecto a los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación. De manera que a la misma conclusión debe llegarse en el caso
concreto, pues de lo contrario se vulneraría el derecho a la igualdad.

16. Adujo que la exclusión de la prima especial y de la bonificación por
compensación en la liquidación de las cesantías daba lugar al pago de la sanción

4 Citó: Consejo de Estado, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07);

sentencia del 4 de agosto de 2010, exp. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08); y sentencia del 14 de
diciembre de 2011, exp. 11001-03-25-000-2005-00244-01.
5 Citó: Consejo de Estado, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99).

4

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

moratoria establecida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 244 de 1995, subrogado
por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

2.2. Contestación de la demanda

17. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
de «presunción de legalidad de los actos administrativos; ausencia de causa petendi;
integración de litis consorcio necesario, y prescripción trienal». Alegó que la prima
especial de servicios, por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, no
tiene carácter salarial. Dicho criterio fue confirmado por la Corte Constitucional, quien
en sentencia C-279 de 1996, declaró la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial»
que prevé taxativamente la norma; así que se constituye la cosa juzgada
constitucional6.

18. Resaltó que la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos en los
años 1993 a 2007, a través de los cuales se reglamentó la prima especial de servicios;
pero, no se pronunció acerca de las disposiciones contenidas en los decretos
posteriores, esto es, de 2008 a 2014, por lo que son de obligatorio cumplimiento.

19. Señaló que el Gobierno nacional tiene la facultad para expedir los decretos
salariales de los servidores públicos y en esa medida, disponer que el 30 % de la
remuneración mensual se considere prima especial sin carácter salarial.

20. Adujo que no es viable reliquidar las prestaciones de la accionante con la
inclusión de la prima especial y disponer el pago de las diferencias surgidas a partir de
la interpretación que realiza la peticionaria del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los
decretos salariales anuales, pues ello implicaría desatender el ordenamiento legal
vigente.

21. Destacó que la entidad ha liquidado y pagado la remuneración mensual y las
prestaciones sociales de la demandante, en su calidad de magistrada, considerando
como prima especial sin carácter salarial el 30 % del salario, en tanto así lo ordena la
Ley 4 de 1992 y las normas que regulan el reconocimiento de esas acreencias
laborales.

22. Agregó que acceder al pago adicional del 30% de la prima especial de servicios
implicaría que mensualmente se le pague al servidor una remuneración que excede
«el techo» establecido por el Decreto 1251 de 2009, esto es, el 47,7 %, 43 % y 34,7
%, del 70 % del total de los ingresos de los magistrados de altas cortes.

23. Sostuvo que era presupuestalmente inviable acceder a lo pretendido por la
accionante, en la medida que no contaba con la apropiación presupuestal por parte

6 Expediente físico, fols. 157 a 173.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir el reconocimiento de
acreencias salariales y prestacionales.

2.3. Sentencia de primera instancia

24. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Conjueces, mediante
sentencia del 11 de noviembre de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas. Así, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y
ordenó lo siguiente7:

Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho:

SEGUNDO: CONDÉNESE a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a
RECONOCER todos los efectos salariales y prestacionales a la PRIMA ESPECIAL DE
SERVICIOS DEL 30%, desde el 28 de julio de 2004, hasta 31 de diciembre de 2007. Del
17 de enero al 30 de noviembre de 2008. Desde el 1 de diciembre de 2008 hasta el 30
de septiembre de 2010. Del 21 de febrero al 14 de abril de 2011. Del 15 de abril al 28 de
julio de 2011. Desde el 29 de julio de 2011, hasta la fecha de desvinculación de la actora.

TERCERO: CONDÉNESE a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a
pagar a la señora MARÍA CONSUELO DEL SOCORRO RINCÓN JARAMILLO, la suma
que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones legales (sic) la prima
de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificaciones, la cesantía,
los intereses a la cesantía, desde el 28 de julio de 2004, hasta 31 de diciembre de 2007.
Del 17 de enero al 30 de noviembre de 2008. Desde el 1 de diciembre de 2008 hasta el
30 de septiembre de 2010. Del 21 de febrero al 14 de abril de 2011. Del 15 de abril al 28
de julio de 2011. Desde el 29 de julio de 2011, hasta la fecha de desvinculación de la
actora. Con fundamento en la asignación básica mensual, teniendo en cuenta sus
efectos salariales y prestacionales, incluido el 30% de la prima especial mensual de
servicios, siempre y cuando de su reliquidación pueda predicarse que efectivamente se
pagó un monto inferior al que tenía derecho y respetando los límites de ley. Dichas
sumas serán ajustadas según se indica en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDÉNESE a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a
reconocer y cancelar el reajuste y pago a la pretendiente del ingreso base de cotización
[IBC] sobre los aportes a la seguridad social en pensión, dejados de aportar por el no
pago de la prima especial de servicios del 30% desde la fecha de incorporación y hasta
la desvinculación de la demandante.

QUINTO: CONDÉNESE a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar a

7 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_1042023(.zip), documento
02Sentencia.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

la señora MARÍA CONSUELO DEL SOCORRO RINCÓN JARAMILLO, la bonificación
especial como factor salarial, desde el 01 de enero de 2013, y hasta la fecha de

desvinculación de la actora. Con fundamento en la asignación básica mensual, teniendo
en cuenta sus efectos salariales y prestacionales, siempre y cuando de su reliquidación
pueda predicarse que efectivamente se pagó un monto inferior al que tenía derecho y
respetando los límites de ley. Dichas sumas serán ajustadas según se indica en la parte
motiva de esta providencia.

SEXTO: CONDÉNESE EN COSTAS a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, […] conforme a lo expuesto en la parte considerativa.

[…].

25. Señaló que, según se probó en el plenario, la demandante se encontraba
vinculada a la Rama Judicial por lo menos desde el 28 de junio de 2004, siendo su
último cargo el de magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Conocimiento del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, en provisionalidad.

26. Indicó que la Ley 4 de 1992 no creó la prima especial de servicios como un rubro
que se descuenta de la asignación básica mensual que venían percibiendo sus
beneficiarios, pues el propósito que orientó su creación fue la reivindicación de los
derechos laborales de los funcionarios judiciales, reconociéndola como una prestación
de carácter adicional. Por tal razón, los decretos expedidos por el Gobierno nacional
en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 4 de 1992, al establecer la prima
especial, restándola del salario, afectaron el interés económico de los funcionarios,
vulnerando los principios de progresividad y prohibición de regresividad.

27. El Tribunal ordenó la reliquidación de todas las prestaciones sociales
devengadas por la demandante, en virtud de la declaratoria de nulidad de las
disposiciones contenidas en los decretos que negaron el carácter salarial a la prima
especial de servicios para los años 1993 a 2007 —esto es, los decretos 57 de 1993,
106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de
2000, 2720 de 2001, 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, 389 de
2006 y 618 de 2007—.

28. Añadió que las normas vigentes que negaran el carácter salarial a la prima
especial de servicios sin haber sido declaradas nulas, pero que reprodujeran el texto
anulado, para cuando se generaron las prestaciones de la accionante, serían
inaplicadas por inconstitucionalidad, reconociéndose la connotación salarial de dicho
emolumento y ordenándose su inclusión en la liquidación de las prestaciones sociales.

29. Decidió condenar en costas a la parte vencida.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2.4. Recurso de apelación

30. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
interpuso recurso de apelación contra la sentencia que accedió a las pretensiones.
Solicita que esta se revoque y se nieguen las pretensiones de la demanda8.

31. Afirmó que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos corresponde al legislador y, por habilitación, al Gobierno nacional;
por ende, los decretos salariales anuales aplicables a la Rama Judicial gozan de
presunción de legalidad y son de obligatorio acatamiento mientras no sean anulados
por la jurisdicción, sin que la administración pueda inaplicarlos motu proprio. Así, no
es jurídicamente viable la reliquidación pretendida sobre la base de apartarse del tenor
literal de tales disposiciones.

32. Sostuvo que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es
un emolumento previsto para jueces y magistrados cuyo carácter no salarial ha sido
reiterado en los decretos anuales que desarrollan el régimen aplicable; únicamente se
admite su cómputo para fines pensionales, de acuerdo con la Ley 332 de 1996. Por
ende, no procede incorporarla como factor en la liquidación de prestaciones sociales
tales como primas, vacaciones, cesantías o bonificaciones.

33. Indicó, en cuanto a la bonificación por compensación, que el Decreto 1102 de
2012 dispone de manera expresa que solo constituye factor salarial para la base de
cotización a salud y pensión, sin extender efectos a la determinación de otras
prestaciones. En esa línea, la pretensión de incluirla como factor para reliquidar
prestaciones desconoce la delimitación legal de dicho emolumento y excede la
potestad de la administración, que se encuentra sujeta al principio de legalidad.

34. Adujo que la sentencia que anuló apartes de los decretos salariales entre 1993 y
2007 no modificó el régimen posterior ni el carácter no salarial de la prima especial;
además, los efectos de la simple nulidad no conllevan, por sí solos, al restablecimiento
automático de situaciones individuales, de manera que cualquier reconocimiento
retroactivo exige el ejercicio y prosperidad de las acciones y pruebas del caso. Aun si
se debatieran eventuales diferencias por esas anualidades, advirtió que opera la
prescripción trienal, habida cuenta de la exigibilidad del derecho y de la fecha de
reclamación administrativa registrada en el expediente.

35. Manifestó que un reconocimiento adicional equivalente al 30 % solicitado, llevaría
a exceder los topes de la remuneración fijados para jueces y magistrados. A ello se
suma la imposibilidad presupuestal de efectuar pagos no previstos, puesto que toda
decisión que afecte apropiaciones exige certificado de disponibilidad y registro
presupuestal, y contraer obligaciones sin respaldo comporta infracción del régimen

8 Samai, índice 02, expediente digital, archivo ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_1042023(.zip), documento
04MemorialApelacion.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

orgánico del presupuesto y eventuales responsabilidades personales para el
ordenador del gasto.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

36. Por medio de auto del 3 de agosto de 2023, los magistrados entonces integrantes
de esta Subsección presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el
numeral 1 del artículo 141 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, porque
fueron beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios de la Rama
Judicial9.

37. A través de auto del 21 de septiembre de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta corporación declaró fundado el impedimento. A su vez, los
magistrados que conformaban esa Sala se manifestaron impedidos para conocer el
asunto, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP10.

38. En auto del 5 de marzo de 2025 el conjuez ponente del proceso ordenó devolver
el expediente al despacho de la magistrada titular, al que este fue inicialmente
repartido, atendiendo al cambio de composición de la Sección Segunda del Consejo
de Estado11.

39. Mediante auto del 23 de abril de 2025, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada, y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 202112.

40. En este escenario, se estima pertinente precisar que las subsecciones A y B de
la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el
impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

41. La mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de
2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes
de esta, en procesos con supuestos similares al que se analiza en el presente asunto,
por tres razones, a saber10:

(1) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones
generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el
supuesto descrito en la causal;
(2) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración
de la causal;

9 Samai, índice 05, expediente digital, archivo MANIFESTACIONDEIMPEDIMENTO(.docx).
10 Samai, índice 12, expediente digital, archivo
AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACIONYODISPONESORTEODECONJUEZ(.pdf).
11 Samai, índice 28, expediente digital, archivo 45Autoqueordena_remitedes_21462023remiteadespa(.docx).
12 Samai, índice 35, expediente digital, archivo 49Autoqueadmite_Apelacion_621462023Autoadmitea(.pdf).

9

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Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

(3) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el
proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los
intereses de quien manifiesta el impedimento.

42. A partir de las anteriores razones, se estima que las manifestaciones de
impedimento que en su momento se efectuaron y aceptaron, como no hacían alusión
a situaciones actuales y concretas de la cuales se derivara un interés cierto que
afectara la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a la luz del criterio imperante,
dejaron de constituir una excepción al deber de estos de decidir de fondo los asuntos
sometidos a su conocimiento para impartir justicia.

2.6. Ministerio Público

43. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio y
no rindió concepto13.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

44. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

45. De acuerdo con el recurso de apelación, y teniendo en cuenta que, según el
artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada, corresponde a
la Sala definir si:

46. ¿La demandante, en su condición de magistrada de tribunal, tiene derecho a la
reliquidación y pago de las prestaciones sociales con inclusión de la prima especial de
servicios y de la bonificación por compensación?

47. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas
consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
y la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998. Luego, se
destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso
concreto, se resolverá el problema propuesto.

13 Samai, índice 38, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).

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Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

3.3. Marco normativo y jurisprudencial

3.3.1. De la prima especial de servicios

48. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior
al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales
superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados
ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal
Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos
a partir del 1 de enero de 1993.

49. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992,
expidió el Decreto 57 de 199314 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar
vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen
a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%)
del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial: […].

50. El referido artículo 14 de la Ley 4 de 1992 fue objeto de revisión por parte de la
Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 1996. Dicha autoridad declaró la
exequibilidad de la expresión «sin carácter salarial», al considerar que no existía
«ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia […] que
impida al legislador disponer que determinada prestación social o indemnización se
liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador»15. Lo anterior, en la
medida en que «el legislador conserva una cierta libertad para establecer, qu[é]
componentes constituyen, o no salario, así como la de definir y desarrollar el concepto
de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución»16.

51. Posteriormente, la Ley 4 de 1992 fue modificada por la Ley 332 de 1996, en el
sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el
artículo 14 de dicha ley (1) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de

14 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

judicial y de la justicia penal militar».
15 Corte Constitucional, sentencia C-279 de 1996.
16 Ibidem.

11

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Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
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la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (2) se
aplicaría, con las mismas limitaciones, a los magistrados auxiliares y abogados
asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal
Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

52. Esta última norma también fue objeto de revisión17, en la sentencia C-444 de
1997; oportunidad en la que, la Corte Constitucional reiteró y reafirmó la potestad del
legislador para «establecer las sumas de dinero que habitualmente puede percibir el
empleado, [y] que no se tendr[ían] en cuenta para efectos de liquidar determinadas
prestaciones sociales, o que no se tendrían] como salario»18.

53. A su vez, esta corporación, en diferentes providencias, ha estudiado la naturaleza
de la prima especial. Así, en la sentencia del 12 de septiembre de 2018 19 indicó que,
«[e]n cuanto a las prestaciones sociales, [el mencionado concepto] no [era] un factor
salarial, de manera que [no debía] ser sumada ni excluida para establecer la base
sobre la cual se van a liquidar las prestaciones sociales», y precisó que estas deberían
«ser liquidadas sólo sobre la base del 100% del salario básico mensual»20. De igual
forma, en el fallo del 2 de septiembre de 201921 explicó que la prima especial «solo
constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación»22.

3.3.2. De la bonificación por compensación

54. Por otra parte, en cuanto a la bonificación por compensación, la Sala resalta que
se trata de una acreencia creada por el Gobierno nacional dentro de una política de
nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.

55. En ese orden, el Gobierno nacional, en desarrollo de las normas generales de la
Ley 4 de 1992, en la que se establecieron las normas, objetivos y criterios que debía
observar para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, y se
dictaron otras disposiciones «de conformidad con lo establecido en el artículo 150,
numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política», expidió el Decreto 610 de
199823, que creó la bonificación por compensación, en los siguientes términos:

17 Corte Constitucional, sentencia C-444 de 1997.
18 Ibidem.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre

de 2018, rad. núm. 73001-23-33-000-2012-00183-02 (3546-2015).
20 Ibidem.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de

2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
22 Ibidem.
23 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, rad. núm. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna.

12

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos
términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes
(negritas y subrayado por fuera de texto).

56. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, y en
esa medida, el Gobierno nacional expidió, año a año, los decretos por medio de los
cuales se reguló la bonificación por compensación24, con valores fijos anuales en lugar
de porcentajes —por ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden
Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560
(2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003)—. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998
fue anulado por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
el 25 de septiembre de 200125, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, el Decreto
610 de 1998 volvió a ser aplicable.

57. Frente a este concepto, la jurisprudencia de esta corporación también ha
precisado que, de acuerdo con el contenido del artículo 1 del Decreto 610 de 1998, se
trata de un emolumento que «sólo constituye factor salarial para efectos de determinar
el valor de las pensiones de cualquier naturaleza»26.

58. El presidente de la República dictó el Decreto 1102 de 2012 27 según el cual a
partir del 27 de enero de 2012, la bonificación por compensación que venían
percibiendo los beneficiarios28 equivaldría al 80% de lo que por todo concepto
devengaran los magistrados de alta corte, con la connotación de «factor salarial para
efecto del ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema

24 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,

663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
25 Expediente con número de radicado 395-99.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2021, rad. núm. 47001-23-31-000-2011-00072-02 (2107-2015).
27 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
28 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,

Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

General de Seguridad Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de
2003».

59. Las normas citadas evidencian el trabajo armónico entre el Congreso de la
República y el Gobierno nacional. En virtud de esta colaboración, el primero establece
el marco dentro del cual debe actuar el segundo al fijar el régimen salarial y
prestacional de los servidores públicos, incluidos los de la Rama Judicial, como lo
señala expresamente el artículo 1, literal b) de la Ley 4 de 1992.

60. El artículo 2 de la misma ley enuncia los objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno al ejercer dicha potestad: el respeto a los derechos adquiridos, la
prohibición de regresividad, la sujeción al marco general de la política macroeconómica
y fiscal, la racionalización de los recursos públicos según su disponibilidad, entre otros.
Estos parámetros orientan al Ejecutivo para definir, entre otros aspectos, qué
conceptos constituyen o no factor salarial.

3.4. Hechos probados relevantes

61. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

62. La señora María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo prestó sus servicios a la
Rama Judicial, según la certificación expedida el 14 de febrero de 2018 por la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, así29:

Cargo Desde Hasta
Magistrada de la Sala Penal de Descongestión del 28/07/2004 31/12/2007
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Magistrada de la Sala Penal de Descongestión del 17/01/2008 _
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del 01/12/2008 30/09/2010
Distrito Judicial de Bogotá
Magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior del 21/02/2011 14/04/2011
Distrito Judicial de Pereira
Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal 15/04/2011 28/07/2011
Superior del Distrito Judicial de Medellín
Magistrada de la Sala de Justicia y Paz de 29/07/2011 Vinculada al
Conocimiento del Tribunal Superior del Distrito 14/02/2018
Judicial de Medellín
Tabla 1: tiempos de servicio acreditados.

63. El coordinador de Asuntos Laborales de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Antioquia certificó el 21 de febrero de 2018, que la accionante prestaba sus
servicios a la Rama Judicial desde el 16 de febrero de 1988, y se encontraba vinculada

29 Expediente físico, fol. 49.

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Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

a la entidad en el cargo de magistrada de tribunal, perteneciente al régimen salarial de
acogido. Además, devengaba los siguientes conceptos30:

Emolumento devengado Valor
Asignación básica $7.955.987
Prima especial de servicios (2) $2.386.797
Bonificación por compensación $14.821.081
Tabla 2: salario y emolumentos percibidos por la demandante.

64. La Dirección Administrativa de la División de Asuntos Laborales de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el 29 de marzo de 2016, certificó: «[q]ue teniendo
en cuenta el régimen salarial especial que poseen los Magistrados de las Altas Cortes
contemplado en el Artículo 187 de la Constitución Nacional (sic), la Ley 4 de 1992, el
Decreto 10 de 1993 […] y el Decreto 610 de 1998, en especial las certificaciones
expedidas anualmente por el pagador del Senado de la República y las disposiciones
contenidas en la Ley 644 de 2001, [certificó] los ingresos mensuales y anuales de los
aludidos funcionarios desde el año 2001 hasta el 2015 […]»31.

65. El 18 de junio de 2013, la demandante solicitó a la entidad accionada la
reliquidación y pago retroactivo e indexado, con los respectivos intereses moratorios,
y las sanciones establecidas en la ley, de todas las prestaciones sociales —primas,
vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y demás a las que hubiera lugar—,
sobre el 100 % del salario, esto es, con inclusión de la prima especial de servicios y
de la bonificación por compensación, como factores salariales32.

66. Mediante las resoluciones DESAJMR 13-5794 del 22 de julio de 2013; DESAJMR
14-4265 del 20 de junio de 2014, proferidas por la Dirección Ejecutiva Seccional del
Antioquia; y la Resolución 0134 del 23 de enero de 2018, expedida por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, se negó lo peticionado, bajo el argumento de que
la prima especial de servicios y la bonificación por compensación no constituían
factores salariales para la liquidación y pago de las prestaciones sociales33.

3.5. Caso concreto

67. En síntesis, la entidad accionada apeló la sentencia de primera instancia porque
considera que de acuerdo con las normas que rigen la prima especial y la bonificación
por compensación, esto es, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el artículo 1 del Decreto
610 de 1998 y el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012, dichos emolumentos no tienen
la calidad de factor salarial.

68. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la prima especial y la bonificación por
30 Expediente físico, fol. 50.

31 Expediente físico, fols. 138 a 145.
32 Expediente físico, fols. 22 a 29.
33 Expediente físico, fols. 30 a 32; 37 y 38 a 48.

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compensación tienen carácter salarial. Razón por la cual ordenó la reliquidación de las
prestaciones sociales de la accionante con la inclusión de estas.

69. Ahora bien, la Sala destaca que las normas que regulan la prima especial de
servicios y la bonificación por compensación dispusieron con claridad que no tendrían
carácter salarial, salvo para efectos pensionales.

70. Respecto a la prima especial de servicios, conforme se expuso en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, el primer inciso del artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 estableció dicho emolumento, en un porcentaje «no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial». Asimismo, tal norma, en virtud
de la modificación introducida por la Ley 332 de 1996, de manera inequívoca indicó
que la prima hará «parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación
de la pensión de jubilación».

71. En cuanto a la bonificación por compensación, el segundo inciso del artículo 1
del Decreto 610 de 1998 precisó que dicho concepto «sólo constituiría factor salarial
para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los
mismos términos de la prima especial de servicios de los magistrados de las altas
cortes». Al respecto, en la jurisprudencia de esta corporación se consideró que el
adverbio «sólo» impuso una limitación o restricción que daba lugar a entender,
claramente, que dicho emolumento constituye factor salarial para efectos
pensionales34.

72. En los mismos términos, el artículo 1 del Decreto 1102 de 2012 prescribe lo
siguiente: «La Bonificación por Compensación, pagadera mensualmente, sólo
constituye factor salarial para efecto del ingreso base de cotización del Sistema
General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los
mismos términos de la Ley 797 de 2003».

73. Por otro lado, la Sala no pierde de vista que la parte accionante, en el escrito de
la demanda, hizo referencia a algunas sentencias proferidas por esta corporación,
entre estas, una del 14 de febrero de 200235, porque estimó que las conclusiones allí
establecidas «avalaban» sus pretensiones, al «rectificar» y reiterar el criterio relativo
al carácter salarial de la prima especial de servicios. En punto, la Sala resalta que, en
esas oportunidades, se precisó que el 30 % correspondiente a la prima especial de
servicios que percibían los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación atendía a
un sobresueldo, es decir, a una suma adicional al salario que recibían mensualmente.

74. En la providencia del 4 de agosto de 201036, en particular, se indicó que en los
decretos salariales que fijaron el régimen salarial de los funcionarios de la Fiscalía

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de noviembre de

2021, rad. núm. 08001-23-33-000-2013-00575-02 (4501-18).
35 Citó: Consejo de Estado, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 11001-03-25-000-1999-0031-00 (197-99).
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,

Rad. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08).

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Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

General de la Nación se estableció una asignación básica correspondiente al 70 % y
una prima especial del 30 % restante, que no fue tenido en cuenta para la liquidación
de las prestaciones sociales. Por esa razón, se precisó que, en la medida en que el
referido concepto era una suma que se debía pagar de forma adicional al salario, el
monto que se había cancelado como prima especial era el que tenía carácter salarial,
y que por esa razón había lugar a la reliquidación de prestaciones sociales.

75. En esa medida, en la mencionada providencia se corrigió una situación particular
que se presentó frente a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, que
durante el periodo comprendido de 1993 a 1997 y en el año 2000, recibieron el pago
de sus prestaciones sociales sobre el 70 % de su salario y no sobre el 100 % como
correspondía, toda vez que el 30 % restante fue cancelado a título de prima especial
sin carácter salarial.

76. Así, las afirmaciones que realizan en las mencionadas sentencias no pueden
analizarse aisladamente; por ejemplo, desatendiendo el tenor literal de los artículos 14
de la Ley 4 de 1992 y 1 de Ley 332 de 1996, que limitaron el carácter salarial de la
prima especial para efectos pensionales.

77. En todo caso, se reitera que el criterio jurisprudencial vigente en la materia,
contenido en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, rad. 41001-23-33-000-2016-
00041-02 (2204-18) CE-SUJ-016-S2-19, consiste en que «[l]a prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación».

78. Dicho de otro modo, el hecho de que se haya precisado en las referidas
providencias, que el monto de la prima especial incorrectamente se incluyó como parte
del salario, aunque es una acreencia adicional a este sin carácter salarial, no puede
desprenderse que la referida prima tiene naturaleza salarial para todos los efectos.

79. Similares consideraciones se aplican al hecho de que de la bonificación por
compensación solo sea factor salarial para efectos pensionales, en la medida en que
corresponde a una limitación producto de la facultad que ejerce el Gobierno nacional
al fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos; potestad que a
partir de los argumentos expuestos en la demanda, no se advierte se haya ejercido de
manera contraria a los mínimos establecidos por el Congreso de la República y/o en
la Constitución, como para considerar una eventual inaplicación de la expresión «sólo
constituirá factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez
y sobrevivientes» del artículo 1 del Decreto 610 de 1998.

80. A su vez, se advierte que para acceder a la reliquidación de las prestaciones
sociales con inclusión de la prima especial de servicios y la bonificación por
compensación, como lo hizo el Tribunal, dichos emolumentos tendrían que ser,
necesariamente, factor salarial, no solo para efectos pensionales; circunstancia que,
como se explicó, no fue prevista en las normas que las crearon, por cuanto aquellas
dispusieron, expresamente, que constituirían factor salarial para los aportes a pensión.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

En ese orden de ideas, acceder a la reliquidación de las prestaciones teniendo en
cuenta los conceptos referidos no es posible en la medida en que se contrarían las
normas y la jurisprudencia constitucional y contenciosa-administrativa dictada en la
materia.

81. Así las cosas, se estima que los principios de progresividad y no regresividad no
se desconocen en el presente asunto, en la medida en que a la prima especial y a la
bonificación por compensación nunca, desde su creación, se les ha dado el carácter
de factor salarial; por ende, no podría considerarse que se han desmejorado las
condiciones laborales de la accionante.

82. Para finalizar, se aclara que en atención a que se revocará la orden de
reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales, la Sala no se pronunciará
frente a los demás argumentos del recurso de alzada como la prescripción, la
superación de los topes y la indisponibilidad presupuestal para cumplir con la condena.

3.6. Conclusión de la decisión

83. En atención a lo expuesto, la Sala revocará el fallo apelado que accedió a las
pretensiones de la demanda, en la medida en que no es posible ordenar la
reliquidación de las prestaciones sociales, con inclusión de la prima especial de
servicios y la bonificación por compensación, por cuanto solo constituyen factor salarial
para efectos pensionales. En consecuencia, se negarán las pretensiones de la
demanda.

3.7. Costas

84. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores

37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias razones a saber: (a) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso - administrativo. (b) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (c) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (d) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (e) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01027-02 (2146-2023)
Demandante: María Consuelo del Socorro Rincón Jaramillo
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

conductas.

85. Bajo el anterior razonamiento, también se considera necesario revocar la
condena en costas impuesta a la parte accionada en la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Conjueces, mediante la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda y se condenó en costas, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar,

Segundo. Negar las súplicas de la demanda de la referencia.

Tercero. Sin condena en costas en las dos instancias.

Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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