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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-01068-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-01068-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. REVOCAR la sentencia del 22 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. En su lugar: Primero: DECLARAR la nulidad parcial de las resoluciones 000497, 0000498, 000499, 000500, 000501, 000502, 000503 y 000504 del 22 de enero de 2018, 00294, 000295, 000296, 000297, 000298, 000299, 000300 y 000301 del 16 de febrero de 2018, 002261 del 15 de marzo de 2018 y 000000838 del 19 de abril de 2018, proferidas por la DIAN, únicamente en lo atinente al reconocimiento de intereses corrientes. Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE el reconocimiento y pago de intereses corrientes por los pagos de las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio y su sobretasa efectuados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Los intereses corrientes se reconocerán desde la fecha de notificación de las resoluciones inhibitorias hasta la ejecutoria de las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración. Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda. 2. SIN CONDENA en costas en ninguna de las instancias.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2018-01068-02

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2018-01068-02 (29091)
Demandante INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.SP.
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto al patrimonio. Año gravable 2011. Devolución por pagos en
exceso. Intereses moratorios y corrientes. Imputación de pagos.
Costas.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 22 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad1, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA DE OFICIO la excepción de Inepta Demanda, frente a
las pretensiones principales y subsidiarias relacionadas con la imputación de pago, primero a
los intereses y luego al capital, en consecuencia, INHIBIRSE para decidir de fondo tales
pretensiones.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad
INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A E.S.P. en contra de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO (sic): SIN COSTAS en esta instancia.
(…)

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 24 de mayo de 2012, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (en adelante, ISA)
presentó la declaración del impuesto al patrimonio y la sobretasa por el año gravable
2011. Posteriormente, durante los años 2011 a 2014, la sociedad realizó el pago del
tributo en 8 cuotas.

Respecto de cada una de dichas cuotas, en el mes de enero de 2016, ISA presentó
solicitudes de devolución por pago en exceso. El 16 de marzo de 2016, la DIAN –
División de Gestión de Recaudo profirió las resoluciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en
las que se inhibió de resolver las 8 solicitudes de devolución.

Contra estas decisiones, la sociedad interpuso recursos de reconsideración, que
inicialmente fueron admitidos por la DIAN – Nivel Central mediante autos 671, 692,
693, 719, 720, 691, 718, y 721 de 2016. Posteriormente, dichos actos fueron
revocados por los autos 1529, 1528, 1526, 1533, 1532, 1530, 1531, y 1527 de 2016,
que ordenaron remitir la solicitud a la DIAN – Dirección Seccional de Impuestos de
Medellín para que asumiera su conocimiento.
1
Samai Tribunal, índice 52.

1

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01068-02 (29091)
Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Mediante las resoluciones 609-11, 609-14, 609-13, 609-16, 609-9, 609-12, 609-15
y 609-10 de 2017, la DIAN – Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó por
improcedentes las solicitudes de devolución. Contra estas decisiones, ISA interpuso
recursos de reconsideración, que fueron decididos mediante las resoluciones 4972,
498, 499, 500, 501, 502, 503, y 504 de 2018, que revocaron las resoluciones de
rechazo, y ordenaron la devolución de las 8 cuotas del tributo, junto con los intereses
moratorios solicitados.

El 16 de febrero de 2018, la DIAN – Dirección Seccional de Impuestos de Medellín
profirió las resoluciones 2943, 295, 296, 297, 298, 299, 300, y 301, en las que ordenó
la devolución de las 8 cuotas y anunció que adelantaría los trámites pertinentes para
obtener la apropiación presupuestal para el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios.

La DIAN profirió el oficio UAE DIAN 1-11-243-439 del 3 de mayo de 20184, en
respuesta a solicitud del 26 de abril de 2018 presentada por la demandante, en
donde estableció que se reconocería el pago de intereses moratorios y el oficio
100208223-041 del 11 de mayo de 2018 que ratificó dicha respuesta.5

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda y reforma

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones6:
1. Individualización de los actos demandados
1.1. Primera cuota
1.1.1. Resolución 609-11 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la primera cuota del impuesto al
patrimonio.
1.1.2. Resolución 000497 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la
resolución identificada en el punto 1.1.1. anterior.
1.1.3. Resolución 002261 del 15 de marzo de 2018, por medio de la cual la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos de la DIAN corrigió la Resolución identificada en el punto 1.1.2,
anterior.
1.1.4. Resolución 000294 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de
Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín dio cumplimiento a
la Resolución identificada en el punto 1.1.2, anterior
1.1.5. Resolución 000838 del 19 de abril de 2018, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín corrigió la Resolución
identificada en el punto 1.1.4, anterior.

2
Esta resolución fue objeto de corrección con la resolución 002261 del 15 de marzo de 2018 para aclarar el monto a
devolver.
3
Esta resolución fue objeto de corrección con resolución 000000838 del 19 de abril de 2018.
4
Fl. 369 a 372 CP.
5
Ibidem.
6
Samai, índice 3.

2
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01068-02 (29091)
Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

1.2. Segunda cuota
1.2.1. Resolución 609-14 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la segunda cuota del impuesto al
patrimonio.
1.2.2. Resolución 000498 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la
resolución identificada en el punto 1.2.1, anterior.
1.2.3. Resolución 000295 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de
Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín da cumplimiento a la
Resolución identificada en el punto 1.2.2 anterior.
1.3. Tercera cuota
1.3.1. Resolución 609-13 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la tercera cuota del impuesto al
patrimonio.
1.3.2. Resolución 000499 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto
contra la resolución identificada en el punto 1.3.1, anterior.
1.3.3. Resolución 000296 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de Gestión
de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín da cumplimiento a la
Resolución identificada en el punto 1.3.2 anterior.
1.4. Cuarta Cuota
1.4.1. Resolución 609-16 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la cuarta cuota del impuesto al
patrimonio.
1.4.2. Resolución 000500 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la
resolución identificada en el punto 1.4.1, anterior.
1.4.3. Resolución 000297 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de Gestión
de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín da cumplimiento a la
Resolución identificada en el punto 1.4.2 anterior.
1.5. Quinta Cuota
1.5.1. Resolución 609-9 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la quinta cuota del impuesto al
patrimonio.
1.5.2. Resolución 000501 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la
resolución identificada en el punto 1.5.1, anterior.
1.5.3. Resolución 000298 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de Gestión
de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín da cumplimiento a la
Resolución identificada en el punto 1.5.2 anterior.
1.6. Sexta Cuota
1.6.1. Resolución 609-12 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la sexta cuota del impuesto al
patrimonio.
1.6.2. Resolución 000502 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto
contra la resolución identificada en el punto 1.6.1, anterior.
1.6.3. Resolución 000299 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de Gestión

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Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín da cumplimiento a la
Resolución identificada en el punto 1.6.2 anterior.
1.7 Séptima Cuota
1.7.1. Resolución 609-15 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la séptima cuota del impuesto al
patrimonio.
1.7.2. Resolución 000503 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto
contra la resolución identificada en el punto 1.7.1, anterior.
1.7.3. Resolución 000300 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de
Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín da cumplimiento a la
Resolución identificada en el punto 1.7.2 anterior.
1.8. Octava Cuota
1.8.1. Resolución 609-10 del 3 de marzo de 2017, por medio de la cual la División de Gestión de
Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín negó una solicitud de
devolución por pago en exceso/de lo no debido asociada a la octava cuota del impuesto al
patrimonio.
1.8.2. Resolución 000504 del 22 de enero de 2018, por medio de la cual la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN decidió el recurso de reconsideración interpuesto
contra la resolución identificada en el punto 1.8.1, anterior.
1.8.3. Resolución 000301 del 16 de febrero de 2018, por medio de la cual la División de
Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín da cumplimiento a la
Resolución identificada en el punto 1.8.2 anterior.
1.9. Todas las cuotas (primera a octava)
1.9.1. Oficio UAE DIAN 1-11-243-439 del 3 de mayo de 2018, en el que la División de Gestión
de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín determinó la manera en
la que se debían reconocer los intereses derivados de las solicitudes de devolución por pago en
exceso/de lo no debido radicadas por la Sociedad en relación con las 8 cuotas del impuesto
al patrimonio.
1.9.2. Oficio 100208223-041 del 11 de mayo de 2018, por medio del cual la Subdirección de Gestión
de Recursos Jurídicos de la DIAN ratificó la manera en la que debían ser reconocidos
intereses a la Sociedad por las ocho cuotas del impuesto al patrimonio.
2.1. Pretensiones principales
2.1.1. Primera: Que se declare la nulidad parcial de todos los Actos Administrativos
Demandados, según fueron identificados y desglosados en el punto 1, anterior,
únicamente en cuanto se refieren a (i) la causación y liquidación de intereses a favor de
mi representada, y (ii) la manera en la que deben imputarse los pagos realizados por la
DIAN respecto de cada una de las 8 cuotas del impuesto al patrimonio, por un valor
individual de $ 7.612.655.452,
2.1.2. Segunda: Que se declare que, de acuerdo con lo señalado en esta demanda:
a) La DIAN debe reconocer la indexación de los pagos en exceso/de lo no debido desde
la fecha de pago de cada cuota del impuesto al patrimonio hasta el vencimiento del
término para decidir cada solicitud de devolución presentada (previsto en el artículo 855
del ET).
b) Se generaron intereses legales, de acuerdo con el artículo 1617 del Código Civil, desde
la fecha de pago de cada cuota del impuesto al patrimonio hasta el vencimiento del
término para decidir cada solicitud de devolución presentada (previsto en el artículo 855
del ET).
c) Se generan intereses moratorios, desde el vencimiento del término para devolver
(previsto en el artículo 855 del ET), hasta el momento del reintegro efectivo de la
totalidad de los pagos en exceso/de lo no debido realizados por mi representada.

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Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

2.1.3. Tercera: Que se declare que los pagos realizados por la DIAN respecto de las 8 cuotas
del impuesto al patrimonio, por un valor individual de $ 7.612.655.452, debían
imputarse: (i) primariamente, a la indexación, intereses legales e intereses moratorios
causados hasta el 16 de febrero de 2018; y (ii) una vez pagados éstos en su totalidad,
al capital. 2.1.4. Cuarta: Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a mi
representada, ordenando a la DIAN que:
a) Reconozca la indexación de los pagos en exceso/de lo no debido, así como los
intereses legales y moratorios, de acuerdo con lo señalado en el punto 2.1.2, anterior.
b) Impute los pagos realizados por la DIAN respecto de cada cuota del impuesto al
patrimonio, por un valor individual de $ 7.612.655.452, así: (i) primariamente, a los
intereses moratorios, intereses legales e indexación causados hasta el 16 de febrero de
2018; y (ii) una vez pagados éstos en su totalidad, al capital.
c) Que, con base en lo anterior, la DIAN pague a mi representada todas aquellas sumas
que se encuentren pendientes de pago al momento de proferirse sentencia definitiva en
última instancia, por concepto de indexación, intereses legales, intereses moratorios, y
capital, según se señala y acredita en esta demanda. 2.1.5. Quinta: Que se condene en costas y agencias en derecho a la DIAN, para lo cual
estaremos prestos a aportar las pruebas que estime necesarias el H. Tribunal para su
liquidación. 2.2. Primer Grupo de Pretensiones Subsidiarias
2.2.1. Primera: Que se declare la nulidad parcial de los Actos Administrativos Demandados,
según fueron identificados y desglosados en el punto 1, anterior, únicamente en cuanto
se refieren a (i) la causación y liquidación de intereses a favor de mi representada, y (ii)
la manera en la que deben imputarse los pagos realizados por la DIAN respecto de cada
una de las 8 cuotas del impuesto al patrimonio, por un valor individual de $
7.612.655.452. 2.2.2. Segunda: Que se declare que, de acuerdo con lo señalado en esta demanda:
a) Se debe reconocer la indexación de los pagos en exceso/de lo no debido desde la fecha
de pago de cada cuota del impuesto al patrimonio hasta el vencimiento del término para
decidir cada solicitud de devolución presentada (previsto en el artículo 855 del ET).
b) Se generaron intereses legales, de acuerdo con el artículo 1617 del Código Civil, desde
la fecha de pago de cada cuota del impuesto al patrimonio hasta el vencimiento del
término para decidir cada solicitud de devolución presentada (previsto en el artículo 855
del ET).
c) Se generaron intereses corrientes, desde la fecha de notificación de las Resoluciones
Inhibitorias No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del 16 de marzo de 2016 hasta la fecha de
notificación de las Resoluciones 000497, 000498, 000499, 000500, 000501, 000502,
000503 y 000504 del 22 de enero de 2018 (las “Resoluciones de los Recursos”).
d) Se generan intereses moratorios, desde la fecha de notificación de las Resoluciones de
los Recursos, hasta el momento del reintegro efectivo de la totalidad de los pagos en
exceso/de lo no debido realizados por mi representada. 2.2.3. Tercera: Que se declare que los pagos realizados por la DIAN respecto de cada una
de las 8 cuotas del impuesto al patrimonio, por un valor individual de $ 7.612.655.452,
debían imputarse así: (i) primariamente, a los intereses legales, corrientes y moratorios
y a la indexación, causados al 16 de febrero de 2018; y (ii) una vez pagados éstos en
su totalidad, al capital. 2.2.4. Cuarta:

Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca en su derecho a mi
representada, ordenando a la DIAN que:
a) Reconozca la indexación de los pagos en exceso/de lo no debido, así como intereses
legales, corrientes y moratorios, de acuerdo con lo señalado en el punto 2.2.2, anterior.
b) Impute los pagos realizados por la DIAN respecto de cada una de las 8 cuotas del
impuesto al patrimonio, por un valor individual de $ 7.612.655.452: (i) primariamente, a

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los intereses legales, corrientes, moratorios y a la indexación, causados al 16 de febrero
de 2018; y (ii) una vez pagados éstos en su totalidad, al capital.
c) Pague a mi representada todas aquellas sumas que se encuentren pendientes de pago
al momento de proferirse sentencia definitiva en última instancia, por concepto de
indexación, intereses legales, corrientes, moratorios, y capital, según se señala en esta
demanda.
2.2.5. Quinta: Que se condene en costas y agencias en derecho a la DIAN, para lo cual
estaremos prestos a aportar las pruebas que estime necesarias el H. Tribunal para su
liquidación.
2.3. Segundo Grupo de Pretensiones Subsidiarias
2.3.1. Primera: En caso de que el H. Tribunal considere que las pretensiones declarativas
principales y/o subsidiarias sólo son procedentes de manera parcial, se ordene a la
DIAN reconocer y pagar aquellas sumas que se encuentren acreditadas con este
demanda (sic), por concepto de intereses, indexación y capital pendientes de pago, de
acuerdo con las pretensiones que fueren concedidas.
2.3.2. Segunda: Que, como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad parcial de los
Actos Administrativos Demandados y se restablezca en su derecho a mi representada,
de acuerdo con las pretensiones que fueren concedidas.
2.3.3. Tercera: Que se condene en costas y agencias en derecho a la DIAN, para lo cual
estaremos prestos a aportar las pruebas que estime necesarias el H. Tribunal para su
liquidación.

A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas violadas, los artículos
1617, 1653, y 2318 del Código Civil, y 863 del Estatuto Tributario, bajo el siguiente
concepto de violación:
Preliminarmente, relató que suscribió un contrato de estabilidad jurídica con el
Ministerio de Minas y Energía en junio de 20087, pese a lo cual declaró y pagó el
impuesto al patrimonio de 2011 en ocho cuotas, a partir de la doctrina vigente de la
DIAN. Indicó que presentó ocho solicitudes de devolución que, inicialmente fueron
rechazadas, pero que, posteriormente, se resolvieron en el sentido de devolver el
valor pagado con los intereses moratorios correspondientes.
Expuso que no hay discusión en torno a que la sociedad no estaba sujeta al
impuesto al patrimonio por el año 2011 en virtud de la suscripción del contrato de
estabilidad jurídica, ni que realizó un pago de lo no debido por concepto del tributo,
sino frente a la causación y liquidación de intereses y la imputación de los pagos.
1. Procedencia de intereses legales más indexación del capital debido entre
la fecha de pago de cada cuota y el vencimiento del término para devolver
Indicó que las normas tributarias8 regulan únicamente el reconocimiento de
intereses moratorios una vez vence el término para devolver, pero no regularon el
reconocimiento de intereses entre la ocurrencia del pago indebido/en exceso y el
vencimiento del término para devolver. Advirtió que, ante la ausencia de norma
especial, el vacío debía llenarse atendiendo el principio de equidad, la prohibición
de enriquecimiento sin justa causa y las normas del Código Civil.
Adujo que, por virtud del artículo 1617 del Código Civil, entre la fecha de cada pago
en exceso/de lo no debido y el vencimiento del plazo para devolver deben aplicarse
7
En la reforma a la demanda, anunció la presentación del medio de control de reparación directa por la violación del
principio de buena fe al exigirse la presentación de la declaración del impuesto al patrimonio, cuyo alcance no cobija,
según manifestó, lo pretendido en este proceso. Según consulta en el aplicativo SAMAI, este proceso cursa ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera con radicado 25000233600020180090600 contra la Nación
– Congreso de la República – DIAN y no cuenta con sentencia de primera instancia.
8
Citó los artículos 855 y 863 -numeral 3- del Estatuto Tributario.

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Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

la tasa del 6% anual ya que los intereses legales se causan por ministerio de la Ley,
cuando no existe otra tasa de interés aplicable, resarcen al afectado por no contar
con las sumas que le pertenecen y satisfacen los principios mencionados. Agregó
que, este hecho fue reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado9, la cual
se debe aplicar en este caso.

Solicitó, junto con el reconocimiento de intereses legales, la indexación del capital.
Expuso que los intereses legales no reflejan las sumas debidas a valor presente, ya
que no incluyen un componente inflacionario que compense la pérdida del valor del
dinero en el tiempo, y, por tanto, con la sola liquidación de intereses legales, la
persona afectada no recibe la totalidad de lo que en justo derecho le corresponde.

Precisó que el artículo 2318 del Código Civil impone la indexación de las sumas
adeudadas, al disponer que la restitución del pago de lo no debido debe efectuarse
con el mismo género y calidad. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia10
y del Consejo de Estado11.

Concluyó que, en el lapso comprendido entre el pago del impuesto y el vencimiento
del término para devolver, se vio privada de recursos importantes de los que la DIAN
se aprovechó, y que la entidad fue la que indujo al pago de lo no debido.

2. Intereses moratorios desde el vencimiento para decidir la devolución
hasta el reintegro del capital

Afirmó que, en este caso, operaba el inciso 3 del artículo 863 del Estatuto Tributario,
que establece el reconocimiento de intereses a partir del vencimiento del término
para devolver -50 días-, por cuanto la demandada no decidió las solicitudes de
devolución oportunamente.12 Afirmó que la DIAN dilató el procedimiento
injustificadamente y que, si bien las solicitudes se presentaron en enero de 2016,
solo se pronunció hasta el 7 de marzo de 2017.

Explicó que, en un principio, la Administración se inhibió de resolver las solicitudes,
decisión contra la que se presentaron recursos de reconsideración que fueron
admitidos y, luego, se revocó la admisión para que la Seccional se pronunciara de
fondo. Que, posteriormente, la Seccional revocó las resoluciones inhibitorias, por lo
que dichos actos no pueden tenerse como una decisión oportuna de la solicitud.
Agregó que, en todo caso, esas resoluciones no implicaban un pronunciamiento
definitivo, el cual solo se produjo hasta marzo de 2017.

Reparó en que los incisos 2 y 4 del artículo 863 del Estatuto Tributario operan
cuando hay saldos a favor en discusión, y no pagos en exceso/de lo no debido, para
lo cual conceptualizó estos últimos como fuente autónoma de obligaciones, derivada
del propio pago. Consideró que, a diferencia de los pagos en exceso o de lo no
debido, los saldos a favor no surgen de pagos hechos por error o sin amparo en la
ley y se registran en las declaraciones.

Señaló que, en su caso, la corrección de la declaración no es requisito para solicitar
el reintegro de las sumas pagadas en forma indebida, como sí ocurre con los saldos
a favor, hecho aceptado por la demandada y que no es posible aplicar el término
previsto en el artículo 854 del Estatuto Tributario a las devoluciones por pagos en
9
Sentencias 16784 de 2009 y 18784 de 2013.
10
Sentencia del 1 de septiembre de 2009, exp. 11208-01
11
Sentencias del 16 de agosto de 2007, exp. 00832-01 y del 23 de febrero de 2012, exp. 24655
12
Citó las sentencias del 30 de marzo de 2016, exp. 19973 y del 16 de septiembre de 2010, exp. 16605.

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exceso/de lo no debido, en tanto estas solicitudes se presentan en el término de
prescripción de la acción ejecutiva, como lo dispone el Decreto 2277 de 2012.

Insistió en la diferencia sustancial entre los saldos a favor y los pagos en exceso/de
lo no debido, pese a que existe una remisión al procedimiento de saldos a favor
para facilitar el trámite administrativo.

Precisó que el inciso 4 del artículo 863 del Estatuto Tributario no es aplicable a este
caso porque refiere a saldos a favor y que la redacción de la norma diferencia ese
concepto de los pagos en exceso/de lo no debido. Añadió que, teleológicamente,
tiene sentido que existan normas distintas para reconocer intereses para pagos en
exceso/de lo no debido y para saldos a favor por cuanto en los primeros existe un
título ejecutivo exigible que se origina de una fuente autónoma de obligaciones y
que la administración se encuentra en mora de devolver desde que debió realizar la
devolución.

Explicó la función y fundamento de los intereses para establecer que estos son
sustanciales, en la medida en que conforman la prestación que debe cumplir la DIAN
y en nada tienen que ver con las ritualidades relativas a la devolución. Complementó
que la naturaleza sustancial de los intereses es confirmada por la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado13 y que la regulación de los intereses en
saldos a favor no puede operar para los pagos en exceso/ de lo no debido.

Precisó que la sentencia del 30 de agosto de 2017, exp. 20755 del Consejo de
Estado citada en las resoluciones de los recursos que parece advertir que las
devoluciones de pagos en exceso/de lo no debido se rigen por los incisos 2 y 4 del
artículo 863 del Estatuto Tributario, contradice otras sentencias en donde se
diferencian estas devoluciones de las de saldos a favor, por cuanto los términos y
la necesidad de corregir la declaración es distinta. Dijo que la sentencia invocada
no se refiere a casos en donde la solicitud se resuelve en forma inoportuna, mientras
que existen pronunciamientos que sí prevén la aplicación del inciso 3 del artículo
863 del Estatuto Tributario para reconocer intereses moratorios.14

Cuestionó que, pese a que inicialmente se reconocieron los intereses moratorios
desde el vencimiento del término de 50 días desde la solicitud de la devolución, en
los oficios de liquidación y ratificación, la demandada reversó la decisión y señaló
que solo iba a reconocer intereses moratorios desde la notificación de las
resoluciones de los recursos. Observó que la revocatoria era ilegal, dado que la
sociedad no la autorizó y concluyó que el interés moratorio debe liquidarse hasta el
29 de diciembre de 2016 con la norma vigente y, desde el 30 de diciembre de 2016,
según lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

3. La DIAN debía imputar los pagos realizados primariamente a la indexación
e intereses y, posteriormente, a capital
Estableció que el Estatuto Tributario no indica cómo se imputan los pagos que
realiza la DIAN en el marco de un proceso de devolución, lo cual no implica que la
entidad tenga plena libertad para determinar cómo hacerlo.
Invocó como norma aplicable el artículo 1653 del Código Civil, en la medida en que
la figura del pago en exceso/ de lo no debido trata de un derecho conferido al
13
Sentencias C-619 de 2001 y del 10 de noviembre del 2000, exp. 10870.
14
Del 30 de marzo de 2016, exp. 19973, del 16 de septiembre de 2010, exp. 16605 y del 23 de febrero de 2017, exp.
20442.

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particular para obtener el reintegro de una suma, siendo acreedora una empresa y
teniendo fuente en un cuasicontrato, sin perjuicio de que el asunto es de
competencia del Gobierno Nacional.
Subrayó la coincidencia entre la definición del Código Civil del pago en exceso/de
lo no debido y la noción tributaria para reforzar que aquella codificación opera de
forma supletiva y es plenamente compatible, aspecto que ha aceptado el Consejo
de Estado respecto de la causación de intereses legales y la aplicación del término
prescriptivo para solicitar la devolución. Aseveró que la aplicación supletiva del
Código Civil opera por mandato legal y no es opcional, de forma que el pago debe
imputarse primariamente a intereses e indexación y luego a capital, pues así lo
establece el artículo 1653 de la regulación civil y, en todo caso, la demandante no
consintió en la imputación a capital.

Anexó la fórmula para calcular los intereses legales, moratorios y la indexación y la
forma de imputación de los pagos, la cual explicó a través de un cuadro. Aclaró que
debe seguirse causando intereses moratorios hasta que se acredite la devolución
total del capital pendiente de pago.

4. Fundamentos de las pretensiones subsidiarias

Afirmó que, si se aceptara que el inciso 3 del artículo 863 del Estatuto Tributario no
es aplicable, en todo caso deben reconocerse intereses corrientes desde la
notificación de las resoluciones inhibitorias, ya que estos se causan por mandato
legal, sin necesidad de solicitud. Manifestó que, mediante “las Resoluciones
Inhibitorias la DIAN se pronunció sobre el “fondo” de la cuestión, pues tomó decisiones sobre la
procedencia de la solicitud de devolución desde el punto de vista sustancial”, al considerar que
la sociedad no había pagado un valor superior al reportado en la declaración del
impuesto; que esa liquidación privada constituía la causa legal del pago y el
correspondiente título ejecutivo; que el impuesto al patrimonio previsto en la Ley
1730 de 2009 se trataba de un impuesto nuevo, y que la sociedad debió solicitar la
corrección de la declaración. A partir de esto, consideró que los actos inhibitorios
implicaron “realmente un “rechazo” o “negación” de las solicitudes de devolución presentadas”.

Agregó que también se causan intereses moratorios desde la notificación de las
resoluciones de los recursos hasta el reintegro efectivo del dinero y que se deben
reconocer intereses legales e indexación desde el pago hasta el vencimiento del
término para decidir las solicitudes de devolución, así como imputar el pago a
intereses y, luego, a capital. Sintetizó la imputación en cuadro resumen.

Oposición de la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda y su reforma15, con los
siguientes argumentos de defensa:

Relató que la demandante suscribió contrato de estabilidad jurídica y que solicitó la
devolución del pago en exceso de las 8 cuotas pagadas por impuesto al patrimonio
de 2011 y su sobretasa, petición que fue negada y posteriormente concedida,
reconociéndose intereses moratorios.

Explicó que los trámites de devolución se rigen por normas especiales en materia
tributaria y que el valor de las ocho cuotas pagadas por impuesto al patrimonio de

15
Sama, índice 3.

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2011 y su sobretasa fue devuelto, ya que la demandante no era sujeta del impuesto
al patrimonio, por haber suscrito un contrato de estabilidad jurídica.

Advirtió que la DIAN reconoció los intereses moratorios solicitados, previas las
compensaciones a que hubiese lugar y que, con las resoluciones de cumplimiento,
se ordenó el pago de cada cuota quedando pendiente el pago de los intereses
moratorios, sujetos a la apropiación presupuestal correspondiente.

Conceptualizó el pago en exceso y dijo que, en este caso, los pagos fueron
solicitados bajo esa figura y que se reintegraron al demandante, con lo cual no se
configuró un enriquecimiento ilícito, por cuanto hubo una justa causa.

Observó que el artículo 863 del Estatuto Tributario es una norma especial que regula
el reconocimiento de intereses en materia tributaria y no encuentra
condicionamientos en su aplicabilidad, por lo que aplicaba el inciso 4 de dicha
disposición.

Indicó que el Consejo de Estado16 ha señalado que los intereses corrientes y
moratorios solo proceden cuando el saldo a favor, pago en exceso o de lo no debido
está en discusión y que, en el caso, se discutió la procedencia del saldo a favor, el
cual se consideró inicialmente improcedente, de forma que se dieron los supuestos
del artículo 863 del Estatuto Tributario y que el hecho de que la norma refiera a
saldos a favor implica que estos o los pagos en exceso pueden generar intereses.

Señaló que, como las solicitudes de devolución fueron discutidas, se reconocieron
los intereses moratorios. Describió el procedimiento de devolución para asegurar
que la demandante solo instó al reconocimiento de intereses moratorios, petición a
la que se accedió, por lo que no es posible solicitar unos distintos en sede judicial.

Descartó la aplicación del inciso 3 del artículo 863 del Estatuto Tributario y las
normas del Código Civil dada la especialidad de las normas tributarias y mencionó
que los intereses legales no están contemplados en la norma fiscal. Añadió que, en
sede administrativa, no se discutió la imputación de la devolución efectuada por la
demandada y mencionó que con los TIDIS no se pueden pagar intereses, por
expresa disposición legal.

Explicó que el pago de intereses es de competencia de la Subdirección de Recursos
Financieros y tiene procedimiento distinto. Argumentó que la demandante estaba
discutiendo una imputación por un pago que ya le fue devuelto y que ya había
cobrado como se prueba en el anexo de la contestación.

Audiencia inicial

En la audiencia inicial celebrada el 28 de febrero de 2019, el tribunal declaró la
excepción de inepta demanda en cuanto a la pretensión de nulidad de los oficios 1-
11-243-439 y 100208223-041 de 2018, al considerar que estos actos constituyen
una reiteración de las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración,
que son las que reconocen el pago de intereses moratorios y determinan el trámite
aplicable para su liquidación.

16
Sentencias del 30 de agosto de 2017, exp. 20755, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y 16418, M.P. William Giraldo
Giraldo.

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Contra esa decisión la demandante interpuso recurso de apelación, que fue decidido
por el Consejo de Estado mediante auto del 15 de octubre de 2019, en el sentido
de declarar probada la excepción únicamente respecto del oficio 100208223-041 de
201817.

Sentencia apelada

El tribunal declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda frente a las
pretensiones relacionadas con la imputación del pago y se inhibió de decidir de fondo
al respecto, negó las demás pretensiones y no condenó en costas18, con
fundamento en lo siguiente:
Conceptualizó los pagos en exceso y de lo no debido y adujo que el trámite de
devolución es el mismo que opera para los saldos a favor y que el artículo 863 del
Estatuto Tributario constituye norma especial que regula por completo los intereses
generados en devoluciones de tributos en general19. Precisó que dicha norma
contempla intereses corrientes y de mora y que el inciso 3 del artículo citado solo
opera cuando se ordena la devolución de los dineros, sin que se hubiesen
interpuesto recursos.
Resaltó que, en este caso, inicialmente se negó la devolución, de tal forma que era
procedente la aplicación de intereses corrientes y moratorios20 y que estos últimos
se reconocen desde la fecha en que se confirma el saldo a favor hasta que se gire
el cheque, se emita el título o se realice la consignación.

Narró que, frente a las solicitudes de devolución de enero de 2016, la Administración
emitió decisiones inhibitorias notificadas el 22 de marzo de 2016, frente a las cuales
se interpusieron recursos que fueron resueltos en el sentido de remitir a la Dirección
Seccional para que emitiera pronunciamiento de fondo, quien declaró
improcedentes las peticiones con resoluciones notificadas el 03 de marzo de 2017.
Dichos actos administrativos fueron recurridos y la demandada ordenó la devolución
con resoluciones notificadas el 24 de enero de 2018, haciéndose efectivo el pago
de los dineros el 16 de febrero de 2018.

Estimó que procedía el reconocimiento de intereses corrientes desde la notificación
de la decisión inhibitoria, esto es desde el 3 de marzo de 2016 (sic), hasta la fecha
de notificación del acto que ordenó la devolución, esto es, hasta el 24 de enero de
2018, y que los intereses moratorios se debían reconocer desde que quedaron en
firme las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración, esto es, el
25 de enero de 2018, hasta la fecha efectiva del pago, es decir, el 16 de febrero de
2018.

Indicó que la sociedad no solicitó el reconocimiento de intereses corrientes ni en las
solicitudes de devolución ni en los recursos de reconsideración y aclaró que este
tipo de intereses se causan por expresa disposición legal y se pueden reconocer de
oficio pero que, si ello no ocurre, deben aplicarse los artículos 12 y 19 del Decreto
2277 de 2012 según los cuales debe mediar petición previa de la parte interesada,
carga que no fue cumplida.
17
Samai, índice 3. En esa providencia se negó la excepción de inepta demanda frente al oficio 1-11-243-439 por considerar
que ese acto decidió el plazo por el que serían reconocidos los intereses moratorios.
18
Samai Tribunal, índice 52.
19
Citó los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997, y jurisprudencia del Consejo de Estado, entre esta, la sentencia del
29 de abril de 2021, exp. 25330, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
20
Al respecto, citó las sentencias del 21 de octubre de 2021 y del 25 de junio de 2020, , exps. 24217 y 23519, M.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.

11
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Concluyó que no prosperaba este cargo, en tanto los intereses moratorios fueron
reconocidos en los actos administrativos que ordenaron la devolución de las sumas
dinerarias, y con relación a los intereses corrientes, la demandante no cumplió con
la carga impuesta por la norma, de elevar la correspondiente solicitud frente a los
mismos.

Descartó la procedencia de los intereses legales del artículo 1617 del Código Civil
en tanto, en materia tributaria, la norma especial es el artículo 863 del Estatuto
Tributario, tesis expuesta desde 2016 por el Consejo de Estado.21 A su vez, estimó
improcedente la actualización monetaria, en la medida en que esta no hace parte
de la reparación preceptuada en el artículo 863 del Estatuto Tributario.22

Advirtió que la imputación de pagos solicitada era una pretensión no discutida en
sede administrativa, sino que fue planteada luego del pago del dinero objeto de
devolución, por lo que declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda
para proteger los derechos de defensa y contradicción de la demandada.

Negó las demás pretensiones de la demanda.

No condenó en costas al no encontrarlas probadas en el expediente, y no evidenciar
la configuración de una conducta procesal que justificara su imposición.

Recurso de apelación

La demandante apeló la decisión de primera instancia23. Instó a resolver la
controversia a partir de los principios de integralidad de la reparación de perjuicios
y plenitud del ordenamiento jurídico. Adujo que este caso no estaba cobijado por la
jurisprudencia invocada en la sentencia apelada por cuanto la demandada se inhibió
de decidir las solicitudes de devolución.

Explicó que la DIAN debió reconocer intereses moratorios desde el término para
devolver pues resolvió extemporáneamente las solicitudes de devolución porque
estas fueron presentadas en debida forma en enero de 2016 y la Administración se
pronunció más de un año después, pero en el entretanto se negó a darles trámite,
hecho que no fue analizado por el tribunal.

Cuestionó las decisiones inhibitorias de la autoridad fiscal, y la posterior admisión,
revocatoria de la admisión y devolución del expediente a la Seccional. Indicó que la
inhibición no es un pronunciamiento definitivo y que esta fue dejada sin efecto, de
modo que, este caso no se rige por los incisos 2 y 4 del artículo 863 del Estatuto
Tributario, en la medida que no se negó la devolución.

Subrayó que la demandada dilató el procedimiento de devolución, adicionando
etapas no previstas en la ley, lo cual retrasó la decisión de fondo y que se pretendió
trasladar a la demandante los efectos de la demora. Recalcó que la disposición
aplicable era el inciso 3 del artículo 863 del Estatuto Tributario, como un castigo a
la DIAN por dilatar la devolución y replicó las sentencias invocadas en la demanda.

Solicitó reevaluar la jurisprudencia citada en la sentencia impugnada por cuanto los
incisos 2 y 4 del artículo 863 del Estatuto Tributario se refieren a saldos a favor que
se liquidan y tienen causa distinta a los pagos en exceso/de lo no debido. Diferenció
21
Citó la sentencia del 12 de noviembre de 2020, exp. 23809, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
22
Al efecto invocó la sentencia del 11 de marzo de 2021, exp. 24946, M.P. Milton Chaves García.
23
Samai Tribunal, índice 59.

12
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ambas instituciones y reiteró que la remisión al procedimiento de devolución de
saldos a favor es meramente procesal, pues los intereses tienen naturaleza
sustancial al corresponder a un derecho del contribuyente, sobre lo cual remitió a la
demanda.

Agregó que la sentencia omitió que la demandada había reconocido intereses
moratorios desde el vencimiento del término para devolver, decisión que fue
revocada en el oficio de liquidación, sin el consentimiento de la demandante y en
violación de la ley.

Cuestionó que se declarara probada la excepción de inepta demanda por no discutir
la imputación del pago como pretensión en vía administrativa, desconociendo que
las “pretensiones” son propias de la demanda. Denotó que la imputación deriva del
pago y cualquier discusión al efecto surge cuando se pretende extinguir una
obligación, por lo que las discusiones al respecto no podían surgir en el trámite de
solicitud de devolución.

Aseveró que la imputación surge de la ley y no requiere de solicitud y recalcó que
el problema se generó en cumplimiento de los actos administrativos demandados,
con la expedición de las resoluciones de cumplimiento. Relató que presentó derecho
de petición para clarificar la forma de reconocimiento de los intereses y que la DIAN
respondió incluyendo una decisión sobre la imputación de pagos, pues si, para la
entidad, los intereses dejaron de causarse con la emisión de los TIDIS, es porque
para ella el capital ya se había pagado.

Indicó que, como la respuesta al derecho de petición no determinó los recursos
procedentes, podía acudirse directamente ante la jurisdicción y que la DIAN se
pronunció en esa oportunidad sobre la imputación del pago. Observó que se vulneró
el debido proceso por cuanto no se valoraron las pruebas ni el oficio mencionado.

Acotó que la decisión de imputar los pagos se tomó una vez agotada la vía
administrativa, por lo que no procedían recursos y que, contra la resolución de
cumplimiento, tampoco era dable interponerlo, de tal manera que solo podía
cuestionarse dicha decisión en vía judicial. Por tanto, el ad quem debe pronunciarse
sobre las pretensiones relativas a la imputación.

Reprochó que no se reconociera la devolución partiendo de la pérdida del dinero en
el tiempo, lo cual genera un enriquecimiento injustificado en cabeza del Estado, sin
ningún título válido, situación que debe remediarse obligando a la Administración a
imputar los abonos primero a intereses y luego a capital.

Precisó que las normas tributarias no regulan la imputación de pagos que se
realizan a los contribuyentes, vacío que llena el artículo 1653 del Código Civil.
Afirmó que el Consejo de Estado24 ha aceptado la aplicación de normas de
imputación civiles a asuntos administrativos.

Acotó que el pago en exceso se generó por inducción de la DIAN, lo cual es suficiente
para reconocer los intereses legales y la indexación. Advirtió que la reparación
integral es un principio de consagración constitucional y que el artículo 863 del
Estatuto Tributario tiene una laguna que, de no llenarse, cohonesta la corrupción.

Sostuvo que las sentencias del 9 de julio de 2009, exp. 15923 y del 12 de noviembre
24
Sentencia del 03 de agosto de 2006, exp. 18269.

13
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de 2020, exp. 23809 del Consejo de Estado no eran aplicables, en tanto no
analizaron casos como el presente en el que se omitió resolver las solicitudes a
tiempo. Instó a cambiar la jurisprudencia en el sentido de que deben reconocerse
intereses legales e indexación cuando la Administración induce a error al
contribuyente, circunstancia que no aconteció en los casos citados. Controvirtió que
no se hubiera tenido en cuenta que la jurisprudencia citada sí reconoció la
indexación de las sumas.

Advirtió que el vacío del artículo 863 del Estatuto Tributario debe llenarse con el
principio de equidad, la prohibición de enriquecimiento sin causa, la regla de que
nadie puede alegar su propia culpa a su favor, las reglas civiles en materia de
intereses legales y del principio de reparación integral. Señaló que entre la fecha de
cada pago y el vencimiento del término para devolver deben aplicarse intereses
legales a tasa del 6% anual, por ministerio de la ley, los cuales no compensan la
pérdida del dinero en el tiempo ni eliminan los efectos del enriquecimiento sin causa.

Comentó que la obligación de indexación surge del artículo 2318 del Código Civil y
que esta se ha aceptado por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia
en las providencias citadas en la demanda. Enfatizó en que se violó su derecho
constitucional a la propiedad privada, la buena fe y la prohibición de enriquecimiento
sin causa.

Cuestionó que la sentencia reconociera el derecho a los intereses corrientes, que
estableciera que se causaban por ministerio de la ley y que, luego, se negaran, lo
cual carece de sentido legal, lógico o jurídico y genera una vía de hecho. Indicó que
los intereses moratorios son intereses corrientes incrementados hasta la tasa de
usura, por lo que, de concederse los primeros, podían concederse los segundos y
alegó el desconocimiento de la sentencia C-188 de 1999 que obliga a la DIAN a
reconocer los mismos intereses que les cobra a los contribuyentes, en favor de
estos últimos.

Acusó a la sentencia de aplicar indebidamente el Decreto 2277 de 2012 por cuanto
este desarrolla el artículo 851 del Estatuto Tributario, reglamenta el procedimiento
de gestión de las devoluciones y compensaciones y únicamente fija un
procedimiento. Invocó como norma aplicable el artículo 863 del Estatuto Tributario
que no exige una petición expresa de intereses moratorios o corrientes, so pena de
violarse la ley y el alcance de la potestad reglamentaria, siendo suficiente la solicitud
de devolución.

Consideró procedente la condena en costas a la DIAN que, además, catalogó de justa
porque los pagos fueron incitados por la demandada.

Oposición al recurso de apelación

La demandada solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.25 Descartó que
el presente caso fuera especial, por cuanto se dio aplicación a las normas de
devoluciones, atendiendo la solicitud de la demandante y se devolvió el dinero de
las 8 cuotas pagadas, se reconocieron intereses moratorios desde el día siguiente
a la ejecutoria del acto que confirmó el saldo a favor y se anunció el pago de estos.
Destacó que la demandante era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio y que la
devolución fue por pago en exceso y no por pago de lo no debido y que esta
25
Samai, índice 14.

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adelanta un proceso de reparación directa con las mismas pretensiones. Comentó
que el Tribunal sí analizó las pruebas obrantes en el expediente y no se vulneró el
debido proceso y desestimó la configuración de un daño antijurídico y no hubo un
enriquecimiento sin causa, dado que la demandada no obtuvo ventaja patrimonial
alguna y el patrimonio de la sociedad no se empobreció, además de que la solicitud
de devolución se resolvió.
Agregó que la sentencia C-188 de 1999 no era aplicable en este caso pues esta
analizó una ley de conciliación e insistió en que la entidad no actuó negligentemente
y dijo que no debía condenársele en costas en la medida en que se discutió un
interés público.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
Intervenciones
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia.26 Indicó que la devolución se originó en un pago de lo no
debido y que a esta le era aplicable lo dispuesto en el artículo 863 del Estatuto
Tributario, de manera que era dable reconocer el pago de intereses corrientes,
siempre y cuando hubiese una petición previa en vía administrativa, según lo
dispuesto en el Decreto 1000 de 1997, la cual no se elevó.
Consideró aplicable el inciso 4 del artículo 863 del Estatuto Tributario y descartó el
artículo 1617 del Código Civil como norma pertinente, ya que el Consejo de Estado
ha determinado que el Estatuto Tributario regula en su totalidad el reconocimiento
de intereses. Añadió que no es posible reconocer la indexación y los intereses
moratorios en simultánea.
La demandante se pronunció frente a la intervención27 y expuso que la agencia
omitió que los pagos fueron inducidos por la administración y que las solicitudes no
se resolvieron dentro del término legal y se emitieron decisiones inhibitorias, por lo
que aplicaba el inciso 3 del artículo 863 del Estatuto Tributario. Reiteró que se
habían reconocido intereses moratorios desde el vencimiento del término para
devolver, decisión que se revocó sin consentimiento del contribuyente. Insistió en
que los intereses corrientes se causan por mandato legal, que el Decreto 1000 de
1997 no opera en este caso y que sí los solicitó cuando indagó sobre la forma de
liquidación de estos.
Recalcó que el artículo 1617 del Código Civil sí es aplicable cuando se obliga al
contribuyente a pagar impuestos sin causa legal, mediante doctrina. Comentó que
la indexación y los intereses moratorios son distintos y acotó que era aplicable la
sentencia C-188 de 1999 y que la demandante sí probó sus pretensiones.
La demandada coincidió con el concepto de la agencia28 y reiteró que solo procedía
el reconocimiento de intereses moratorios pues hubo una discusión previa, sin
perjuicio de que la demandante pretendía el resarcimiento de perjuicios con la
acción de reparación directa. Concluyó que no era procedente reconocer intereses
legales ni corrección monetaria o indexación sobre la devolución porque los
intereses moratorios cumplen una función indemnizatoria.
26
Samai, índices 17 y 19.
27
Samai, índice 31.
28
Samai, índice 33.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Problema jurídico

Le corresponde a la Sección resolver los cargos de apelación formulados por la
demandante respecto de la sentencia de primera instancia. En particular,
corresponde decidir sí: 1) procede el reconocimiento de: i) intereses legales e
indexación sobre las sumas devueltas, ii) intereses moratorios desde el vencimiento
del término para devolver, en aplicación del inciso 3 del artículo 863 del Estatuto
Tributario, iii) de forma subsidiaria, el reconocimiento de intereses corrientes por
ministerio de la ley; y además, iv) si hubo una revocatoria de oficio de la liquidación
de los intereses moratorios, sin consentimiento del administrado; 2) procede imputar
el pago de la devolución según el orden dispuesto en el artículo 1653 del Código
Civil o era viable declarar la excepción de inepta demanda; 3) es aplicable la
sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional y; 4) procede la condena en
costas.
2. Análisis del caso concreto
2.1. Reconocimiento de intereses legales, moratorios y corrientes.
Revocatoria de oficio de los actos.
De manera preliminar, debe precisarse que, en este cargo, no se discute el derecho
a la devolución, sino el reconocimiento de intereses que tuvo lugar,
primigeniamente, con las resoluciones que resolvieron los recursos de
reconsideración contra los actos que negaron la devolución y, posteriormente, con
las resoluciones de ejecución y la que resolvió el derecho de petición.
La sentencia de primera instancia analizó la aplicación de intereses corrientes y
moratorios. En cuanto a los primeros (intereses corrientes), indicó que se reconocen
desde la notificación de la decisión inhibitoria, hasta la notificación del acto que
ordena la devolución y que, pese a que los intereses corrientes se causan por
expresa disposición legal, el contribuyente debió solicitarlos, por lo que no
procedían. Respecto a los segundos (intereses moratorios), señaló que, conforme
fueron reconocidos en los actos acusados, se causan desde que quedaron en firme
las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración -25 de enero de 2018-
hasta la fecha efectiva de pago –16 de febrero de 2018-. Así mismo, desestimó la
procedencia de intereses legales, ante la existencia de una norma especial tributaria
y de la actualización monetaria.
En el recurso de apelación, la demandante instó a resolver la controversia a partir
de los principios de integralidad de la reparación de perjuicios y plenitud del
ordenamiento jurídico. Sostuvo que, en aplicación del inciso 3 del artículo 863 del
Estatuto Tributario, la DIAN debió reconocer intereses moratorios desde el
vencimiento del término para efectuar la devolución, por cuanto su decisión no fue
negar la solicitud, sino que la resolvió de manera extemporánea.
Solicitó reevaluar la jurisprudencia citada por el a quo, pues considera que no resulta
aplicable al caso, en tanto la DIAN se inhibió de decidir las solicitudes de devolución
y sólo pasado un año, las resolvió. Además, porque los incisos 2 y 4 del artículo 863
del Estatuto Tributario regulan exclusivamente la devolución de saldos a favor, los
cuales tienen una causa distinta a los pagos en exceso o de lo no debido. Asimismo,
insistió en que los intereses tienen naturaleza sustancial y que únicamente en
materia de saldos a favor existe controversia sobre su reconocimiento.

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Instó a cambiar la jurisprudencia para reconocer que deben reconocerse intereses
legales e indexación cuando la Administración induce a error al contribuyente,
circunstancia que no aconteció en los casos citados y advirtió que el vacío del
artículo 863 del Estatuto Tributario debe llenarse con el principio de equidad, la
prohibición de enriquecimiento sin causa, la regla de que nadie puede alegar su
propia culpa a su favor y las reglas civiles en materia de intereses legales, además
del principio de reparación integral. Comenta que la obligación de indexación surge
del artículo 2318 del Código Civil y que se violó su derecho constitucional a la
propiedad privada y la buena fe.
Cuestionó que el a quo reconociera que los intereses corrientes se causaban por
ministerio de la ley pero que, luego, se negaran. Advirtió que la ley no condiciona el
reconocimiento de los intereses corrientes a una solicitud previa y alegó el
desconocimiento de la sentencia C-188 de 1999 que, a su juicio, obliga a la DIAN a
reconocer los mismos intereses que les cobra a los contribuyentes.
Para resolver, se tiene que el artículo 850 del Estatuto Tributario dispone que las
devoluciones de pagos en exceso o de lo no debido siguen el mismo procedimiento
aplicable a las devoluciones de saldos a favor.
En concordancia, el artículo 863 ibidem regula la causación de intereses corrientes
y moratorios de manera indistinta para los pagos en exceso o de lo no debido, y
saldos a favor, por lo que las reglas que rigen el reconocimiento de los intereses
para devoluciones de cualquier naturaleza están contenidas en dicha disposición,
por tratarse de la norma de carácter especial que regula esta relación jurídica entre
el Estado y el contribuyente.
En materia de intereses, el citado artículo 863 distingue dos tipos: (i) corrientes, que
se causan en los casos en que haya controversia sobre el saldo a favor o el pago
en exceso o de lo no debido, y se computan “desde la fecha de notificación del requerimiento
especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del acto o providencia
que confirme total o parcialmente el saldo a favor” y (ii) moratorios, que se causan “a partir del
vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o
consignación”. Sin embargo, cuando exista discusión sobre el saldo a favor, los
intereses moratorios se generan “desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia
que confirme total o parcialmente el saldo a favor, hasta la fecha del giro del cheque, emisión del
título o consignación”.

Sobre dicho precepto normativo, en sentencia del 25 de junio de 2020, exp. 23519,
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, esta Sección fijó un criterio de interpretación que
ha sido reiterado de manera uniforme en pronunciamientos posteriores29:
• Primero, se estableció que, en eventos distintos a los establecidos en el artículo 863 del
Estatuto Tributario, no es posible conceder intereses en favor de los contribuyentes.
• Segundo, dispuso que el reconocimiento de intereses corrientes solo procede cuando la
Administración ha negado el derecho a devolver la suma solicitada, desde la fecha de
notificación del acto que niega la devolución y hasta la ejecutoria del acto que confirme total o
parcialmente el saldo a favor.
• Tercero, respecto de los intereses moratorios, indicó que estos se causan con el vencimiento
del plazo para devolver y que, si hay discusión del saldo a favor, estos se reconocen desde el
día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo
a favor hasta el pago o, si no hubo discusión, desde el vencimiento del término para devolver
y hasta la fecha del pago.
29
Entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 19 de febrero de
2026, exp. 29105 y del 18 de septiembre de 2025, exp. 29617, M.P. Wilson Ramos Girón, del 25 de julio de 2024, exp.
28160, del 24 de junio de 2024, exp. 28460 y del 04 de junio de 2024, exp. 28460, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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• Cuarto, se estableció que el artículo 863 del Estatuto Tributario comporta “una regulación
íntegra, de carácter especial, dictada con la explícita finalidad de regular las relaciones
obligacionales entre el Estado y los contribuyentes, que hace innecesario acudir a otras
disposiciones”30 y que los intereses establecidos en esa norma comprenden el método
resarcitorio de perjuicios a cargo de la Administración, tanto en los casos de saldos a favor
como de pagos en exceso o de lo no debido, y en ellos está comprendida la corrección
monetaria, la cual solo procede en una condena judicial que constituye título ejecutivo.
• Quinto, que desde el año 201631, la sala desestimó la aplicación del artículo 1617 del
Código Civil, en la medida en que los intereses en materia tributaria tienen un régimen jurídico
especial, razonamiento que opera para pagos en exceso y de lo no debido por la remisión de
los artículos 850 y 855 del Estatuto Tributario. En esa providencia, se manifestó “la Sala unifica
su criterio y, para el efecto, precisa que, en casos como el analizado, no es procedente aplicar la tarifa
del 6% anual prevista en el artículo 1617 del C.C.”.

Con ello, se parte de la premisa de que el hecho de efectuar un pago en exceso o
indebido no genera automáticamente los intereses corrientes y/o moratorios. Esto,
por cuanto el reconocimiento de intereses a favor de los obligados tributarios, en el
marco del procedimiento de devolución de saldos a favor, de pagos en exceso y de
pagos de lo no debido, cuenta con un régimen jurídico especial consagrado en el
artículo 863 del Estatuto Tributario, que es de perentoria aplicación, como lo ha
advertido la citada jurisprudencia de esta Sección.

De ahí que, contrario a lo afirmado por el demandante, no existe el vacío normativo
que alega por la ausencia de regulación de intereses en el evento en que la
administración induce al contribuyente a error, ni sobre el lapso comprendido entre
la realización del pago en exceso o de lo no debido y el vencimiento del término
para efectuar la devolución. Y ello es así, por cuanto el legislador tributario, en
ejercicio de su potestad de configuración normativa, definió expresamente los tipos
de intereses, los supuestos de procedencia, y los parámetros para su causación.

Con ello, no resulta procedente pretender adicionar supuestos no previstos en la ley
mediante la aplicación de los principios de integralidad de la reparación de perjuicios
y plenitud del ordenamiento jurídico, equidad, prohibición de enriquecimiento sin
causa, la regla de que nadie puede alegar su propia culpa a su favor y las reglas
civiles en materia de intereses legales, que invoca el demandante y si bien, los
principios constituyen criterios de interpretación del ordenamiento jurídico y orientan
la aplicación de las normas, estos no pueden emplearse para dejar sin efectos una
disposición legal clara y especial, como el artículo 863 del Estatuto Tributario, ni
para crear consecuencias jurídicas que el legislador no ha establecido en esa
normativa.

A lo anterior se suma que la interpretación del artículo 863 ha sido uniforme y
reiterada en la jurisprudencia de esta Sección, en el sentido de que el régimen
especial de intereses previsto en esa norma aplica tanto a las devoluciones de
saldos a favor, como a la de pagos en exceso y de lo no debido. De hecho, se resalta
que la Sección ha resuelto casos relativos al impuesto al patrimonio del año gravable
2011 con supuestos fácticos similares32 en los que el contribuyente realizó los pagos
a partir de la doctrina oficial de la DIAN.
30
Entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 03 de julio de
2003, exp. 13355, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, del 05 de febrero de 2004, exp. 13787, M.P. Ligia López Díaz, del
02 de marzo de 2006, exp. 15513, M.P. Ligia López Díaz), del 25 de septiembre de 2008, exp. 16155, M.P. Ligia López
Díaz), del 13 de noviembre de 2008, exp. 16421, M.P. Ligia López Díaz y del 23 de agosto de 2012, exp. 18672, M.P.
William Giraldo Giraldo).
31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 04 de febrero de 2016, exp.
18551, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
32
Por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencias del 18 de septiembre
de 2025 y del 04 de junio de 2024, exp. 28460, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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En consecuencia, no hay lugar a acceder a la solicitud de modular o modificar la
posición jurisprudencial de la Sala.

Se advierte que si bien, este caso presenta una particularidad consistente en que la
administración inicialmente profirió un decisión inhibitoria frente a las solicitudes de
devolución, dicha circunstancia, por sí sola, no desvirtúa el carácter especial de la
regulación prevista en el citado artículo 863, ni constituye un elemento diferenciador
suficiente para justificar la modificación del criterio jurisprudencial de la Sección y
no cambia el marco normativo aplicable ni los supuestos de reconocimiento de
intereses previstos en el mismo.

De ahí que, lo que corresponde es determinar en cuál de los supuestos de
reconocimiento de intereses previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario se
encuadra la decisión inhibitoria, de acuerdo con su contenido y efectos jurídicos,
como se realizará más adelante.

Adicionalmente, el hecho de que, según la demandante, la DIAN hubiese “inducido” al
pago no es motivo suficiente para modificar los planteamientos jurisprudenciales
respecto a los intereses, más aún si se tiene en cuenta que según el artículo 264 de
la Ley 223 de 1995 -vigente para la época de los hechos-, la vinculatoriedad de los
conceptos de la Administración operaba para sus funcionarios y los administrados
podían sustentar sus actuaciones en ellos, si a bien lo tenían, por lo que no es cierto
que se hubiera obligado a la demandante a realizar el pago del impuesto al
patrimonio.

Por ende, los razonamientos expuestos en la jurisprudencia reseñada son
plenamente aplicables en este caso.

Ahora bien, en lo que atañe al reconocimiento de intereses, tal como lo ha dispuesto
la jurisprudencia, la disposición aplicable en materia tributaria es el artículo 863 del
Estatuto Tributario, pudiendo operar el reconocimiento de intereses moratorios y
corrientes, según los supuestos fácticos que correspondan.

A este respecto, es importante advertir que, si bien es cierto que los saldos a favor
y los pagos en exceso/de lo no debido tienen causas, término y supuestos para
solicitar la devolución distintos, también lo es que la norma tributaria que regula los
intereses a favor de los contribuyentes opera de manera indistinta para los tres.

En efecto, los artículos 850 y 855 del Estatuto Tributario disponen que las reglas
previstas para la devolución de saldos a favor también rigen para los pagos en
exceso y de lo no debido, lo que evidencia que el legislador estableció un régimen
integral para regular las relaciones entre el Estado y los contribuyentes en esta
materia y si bien los intereses son un aspecto sustancial, lo cierto es que, su
reconocimiento se condiciona a las reglas especiales previstas en el procedimiento
de devolución, por lo que el artículo 863 aplica para los pagos en exceso, de lo no
debido y saldos a favor. En ese sentido, resulta indiferente que, en algunos apartes
esta disposición se refiera a saldos a favor y en otros no.

Así, el hecho de que exista un pago en exceso o de lo no debido no implica la
automática aplicación de un aparte concreto de la norma, sino que se debe
establecer cuál de los supuestos de causación de intereses previstos en esa norma
aplica a cada caso concreto.

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En ese orden de ideas, frente a la primera pretensión de la demandante, relativa al
reconocimiento de intereses legales e indexación, debe reiterarse lo dispuesto en
las sentencias precitadas, en lo relativo al hecho de que el artículo 863 del Estatuto
Tributario configura una norma de carácter especial, que hace innecesario acudir a
otras disposiciones.

Por ende, en la medida en que el legislador únicamente reconoció los intereses
corrientes y moratorios allí regulados, no procede la concesión de los intereses
legales del artículo 1617 del Código Civil, ni tampoco la indexación de las sumas
devueltas, lo cual, como se expuso, no contraría el principio de equidad ni de
integralidad en la reparación de perjuicios, al existir una norma especial que regula
la materia, lo que en forma alguna cohonesta la corrupción como aduce la
demandante.

Es importante resaltar que la jurisprudencia citada por el apelante en la demanda
corresponde a pronunciamientos anteriores a la sentencia del 04 de febrero de
2016, exp. 18551 en la que unificó su criterio sobre este asunto después de haber
evidenciado las diferentes posiciones que se habían desarrollado por la sala y que,
pese a que los supuestos fácticos de dicho pronunciamiento no son idénticos a los
de este evento, se considera aplicable al caso por haber sido el resultado del análisis
de las posiciones anteriores y de contener el criterio ya unificado. Ahora bien, frente
al presunto reconocimiento de la indexación, que, según la demandante, se efectuó
en esa providencia, se observa que esta tuvo origen en una condena judicial,
supuesto en el cual la jurisprudencia sí se ha aceptado tal pretensión, pero que
difiere de lo que ocurre en este evento -en el que no se presenta ese tipo de
condena-.

En ese sentido, el hecho de no aplicar la indexación ni los intereses legales no
resulta violatorio de dichos principios, ni el de buena fe y prohibición de
enriquecimiento sin causa, como tampoco del derecho de propiedad privada de la
demandante, pues los conceptos solicitados no corresponden al resarcimiento
previsto por el legislador en el régimen especial aplicable a las devoluciones
tributarias.

Descendiendo al caso, se tiene que la demandante presentó ocho solicitudes de
devolución por pago en exceso, correspondientes al impuesto al patrimonio del año
gravable 2011 y su sobretasa, y que el 16 de marzo de 2016, la Dirección Seccional
de Impuestos de Medellín emitió resoluciones a las que denominó “inhibitorias”, en las
que advirtió al solicitante que: i) el contrato de estabilidad jurídica no cobijaba el
impuesto sobre el patrimonio consagrado en la Ley 1370 de 2009, por tratarse de
un tributo nuevo, ii) para que se configure un pago en exceso debió realizar el
procedimiento previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario, iii) no se presenta
un pago de lo no debido porque existe causa legal y la obligación consta en un título
ejecutivo.

A partir de lo anterior, concluyó “Toda vez que NO existe pago en exceso o de lo no debido
objeto de devolución es procedente inhibirse de resolver la solicitud presentada por el
contribuyente, por cuanto, además, la inexistencia del valor solicitado en devolución no está
contemplada dentro de las causales de rechazo o inadmisión de que trata el artículo 857 del Estatuto
Tributario”.

Habiéndose admitido los recursos de reconsideración presentados, esta decisión
fue revocada y se le ordenó a la Seccional decidir de fondo. Así, el 3 de marzo de
2017 se emitieron resoluciones que negaron por improcedente las peticiones, las

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cuales fueron impugnadas, producto de lo cual expidieron los actos que accedieron
a las solicitudes y reconocieron intereses moratorios.

Con ello, en lo que respecta al reconocimiento de intereses corrientes y moratorios
parte la sala por advertir que, en efecto en este caso, el 22 de marzo de 2016 la
Administración notificó el inhibirse de resolver las solicitudes de devolución
presentadas en enero de 2016 y solo hasta el 03 de marzo de 2017 tomó una
decisión definitiva y, aunque las resoluciones inhibitorias no adoptaron una decisión
sobre la solicitud de devolución, se considera que con tales actos la DIAN dio inicio
a la discusión sobre la procedencia de la devolución solicitada.

Así, en dichas resoluciones, la DIAN expuso las razones por las que consideró que
ISA no tenía derecho a la devolución y concluyó que el impuesto al patrimonio de la
Ley 1370 de 2009 no estaba amparado por el contrato de estabilidad jurídica, y que
no existía un pago en exceso dado que el pago tenía causa legal, la obligación
constaba en un título ejecutivo, y la declaración tributaria no se había corregido. Con
fundamento en esas consideraciones, sostuvo que la inexistencia del valor
solicitado en devolución no constituía una causal de rechazo o inadmisión prevista
en el artículo 857 del Estatuto Tributario y, por ello, optó por declararse inhibida y
otorgó el término para interponer el recurso de reconsideración.

También se evidencia que, con la interposición de los recursos de reconsideración
contra esas resoluciones inhibitorias, la demandante controvirtió las conclusiones
de la DIAN, lo cual dio lugar a una discusión sobre la configuración del pago en
exceso o de lo no debido y, en consecuencia, sobre la procedencia de la devolución
solicitada y, aunque estas resoluciones no adoptaron un pronunciamiento expreso
sobre la negativa a devolver y que la decisión inhibitoria es ajena al régimen de
inadmisión y rechazo de las solicitudes de devolución contenido en el artículo 857
del Estatuto Tributario, la Sala observa que aunque no se definió de manera expresa
la situación jurídica de ISA frente a su derecho de devolución, se considera que estas
decisiones tuvieron como efecto negar temporalmente solicitud y dio lugar a la
discusión del derecho de devolución.

Se aclara al apelante, que el hecho de que las resoluciones hubieren sido revocadas
confirma que existió una discusión administrativa sobre la procedencia de la
devolución, pues fue precisamente como consecuencia de los recursos de
reconsideración interpuestos por la demandante que la DIAN reexaminó su posición
inicial y modificó la decisión inhibitoria.

De hecho, la misma demandante lo reconoce en la demanda “Si bien en estos actos la
DIAN se “inhibió” de decidir las solicitudes de devolución prestadas por ISA; lo cierto es que, en
esencia, esto implicó realmente un “rechazo” o “negación” de las solicitudes de devolución
presentadas. En efecto, en las Resoluciones Inhibitorias la DIAN se pronunció sobre el “fondo”
de la cuestión, pues tomó decisiones sobre la procedencia de la solicitud de devolución desde
el punto de vista sustancial”33.

En consecuencia, la Sección considera que el presente asunto se enmarca en el
supuesto previsto en el artículo 863 del Estatuto Tributario relativo a los eventos en
los que la procedencia de la devolución se encuentra en discusión. Por tanto, para
efectos del reconocimiento de intereses, este caso debe analizarse bajo la hipótesis
en la que el pago en exceso o de lo no debido estuvo en discusión con la
administración.

33
PDF 67 de la demanda.

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Así, en el marco del artículo 863 del Estatuto Tributario, el reconocimiento de
intereses corrientes parte del supuesto de que la Administración hubiese negado el
derecho a devolver la suma solicitada, circunstancia que ocurrió en este caso, no
únicamente con la emisión y notificación de los actos administrativos que negaron
las peticiones, sino desde el momento mismo en que la demandada adoptó las
decisiones inhibitorias que, se insiste, en la práctica significaron la negativa para el
contribuyente de acceder a su derecho a la devolución.

En consecuencia, la DIAN debió reconocer los intereses corrientes desde la fecha de
notificación del acto que niega la devolución hasta la ejecutoria de las resoluciones
que resolvieron los recursos. Dichos intereses se causan por expresa disposición
legal, por lo que pueden reconocerse aun oficiosamente34 o previa solicitud, razón
por la cual asiste razón al recurrente cuando señala una inconsistencia en el fallo
de primera instancia que reconoció la causación por ministerio de la ley de los
intereses corrientes y, a renglón seguido, exigió solicitud del contribuyente.

Por consiguiente, se ordenará el reconocimiento de los intereses corrientes por las
razones expuestas, relevándose la sala del estudio de los demás cargos de
apelación al efecto.

De otro lado, en lo atinente al reconocimiento de intereses moratorios, la apelante
sostiene que han debido reconocerse intereses moratorios desde el vencimiento del
término para devolver, en aplicación del inciso 3 del artículo 863 del Estatuto
Tributario. Sobre este aspecto, la Sección advierte que el aparte invocado de la
norma no tiene aplicación, toda vez que, en este caso, hubo discusión respecto del
derecho a la devolución, con lo cual, según la jurisprudencia transcrita líneas atrás,
el inciso 3 no puede regular este evento.

En realidad, la disposición aplicable es la correspondiente al inciso 4 del artículo 863
del Estatuto Tributario, pues, si bien existió una decisión inhibitoria, tanto esta como
la negativa a acceder a la devolución fueron debatidas por la sociedad, de tal forma
que los intereses moratorios corrían desde el día siguiente a la ejecutoria de las
resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración hasta la fecha de
emisión el giro del cheque, emisión del título o consignación.

En este entendido, no es dable aplicar las sentencias del 30 de marzo de 2016, exp.
19973, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 16 de septiembre de 2010,
exp. 16605, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, por cuanto en la primera se
afirmó que la suma devuelta nunca estuvo en discusión, y en la segunda no se
reconocieron intereses moratorios, sino que se describieron los supuestos del
artículo 863 del Estatuto Tributario al respecto.

Debe precisarse que, en ambos casos, incisos 3 y 4 del Estatuto Tributario, los
intereses moratorios castigan a la Administración por su demora en el
reconocimiento de la devolución, solo que, en el primer caso, no hay una discusión
sobre el derecho, mientras que, en el segundo sí, por lo que el parámetro de
aplicación no equivale al mero retraso de la autoridad fiscal en proceder a la
devolución. Adicionalmente, se insiste, el hecho de que el inciso 4 refiera a los
saldos a favor no excluye su aplicabilidad para pagos en exceso y de lo no debido,
instituciones que, si bien son distintas, se rigen comúnmente en materia de intereses
por lo estipulado en el artículo 863 del Estatuto Tributario, sin que sean relevantes
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de marzo de 2021, exp. 24946, M.P. Milton
Chaves García.

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las calificaciones frente a la naturaleza sustancial o procedimental de los intereses.

De ahí que sea procedente el reconocimiento de intereses moratorios realizado en
los actos demandados.

Finalmente, frente a la afirmación de la demandante según la cual las resoluciones
de ejecución reconocieron intereses moratorios a partir del vencimiento del plazo
para declarar y ese reconocimiento fue posteriormente revocado por la DIAN al
responder el derecho de petición presentado por aquella, la sala advierte que ni las
resoluciones que decidieron los recursos de reconsideración ni las resoluciones de
ejecución se refirieron de manera expresa a la forma de liquidación de los intereses.

En efecto, los primeros establecieron que la tasación de los intereses correspondía
a la Dirección Seccional, si a estos hubiere lugar, y las resoluciones de ejecución,
pese a referirse a intereses “solicitados” no hicieron mención alguna a la tasación de
estos, pues anunciaron el trámite de la correspondiente apropiación presupuestal
como condición para su reconocimiento. Así, ante la ausencia de una manifestación
expresa de la voluntad de la administración sobre la cuantificación de los intereses
y el momento de reconocimiento, no puede existir revocatoria posterior sobre algo
que el acto administrativo no se pronunció en forma expresa, por lo cual no
prosperan los argumentos de la recurrente sobre tal asunto.

2.4. Imputación del pago

La demandante cuestionó el hecho de que el valor devuelto se hubiese imputado
al capital y no se hubiese dado aplicación al artículo 1653 del Código Civil. La
sentencia de primera instancia declaró probada la excepción de inepta demanda
en la medida en que esta pretensión no se discutió en sede administrativa.

En la apelación, la demandante expuso que la imputación deriva del pago y, como
tal, no puede discutirse en el trámite de la devolución, además de que se trata de
una discusión sobre la cual no era dable anticiparse pues solo se materializó con
las resoluciones de cumplimiento. Agregó que la DIAN sí se pronunció sobre la
imputación al responder la petición sobre la forma de pago de los intereses, por
cuanto reconoció que estos se dejaron de causar con la emisión de los TIDIS y que
las resoluciones demandadas no eran susceptibles de recursos.

Así, instó a pronunciarse sobre las pretensiones de imputación de los pagos que
fue decidida arbitrariamente por la demandada y que, ante la ausencia de norma
tributaria, es procedente aplicar el artículo 1653 del Código Civil e imputar el pago
a intereses e indexación y luego a capital.

Frente a lo primero, la Sección advierte que, como lo señala la apelante, la
imputación del pago es un problema propio de la ejecución de los actos
administrativos que no era dable controvertir en el proceso de devolución, cuyo
alcance se limita a establecer la configuración o no del derecho a la devolución del
saldo a favor, pago en exceso o pago de lo no debido, bajo las causales de ley. En
ese sentido, no era dable que la sociedad cuestionara la imputación como petición
en el trámite de la devolución y, ante la improcedencia de recursos contra las
resoluciones que resolvieron el recurso de reconsideración y las de ejecución, era
posible plantear la pretensión en sede judicial, con lo cual resulta innecesario
pronunciarse sobre el alcance del derecho de petición sobre la imputación.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01068-02 (29091)
Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

En todo caso, es de resaltar que, si bien es cierto que el Estatuto Tributario no
contiene una norma expresa que regule la imputación del pago cuando esta se
efectúa por el Estado en favor del contribuyente -como sí la contempla el artículo 804 del
Estatuto Tributario para el caso inverso-, también lo es que, a efectos de reglamentar el
trámite de las devoluciones y en desarrollo de la facultad fijada en el artículo 851
ibidem, se expidió el Decreto 2277 de 2012, hoy compilado en el Decreto 1625 de
2016, cuyo artículo 19 dispone lo siguiente:
Artículo 19. Cancelación de intereses. Cuando hubiere lugar a la cancelación de intereses
como consecuencia de un proceso de devolución a cargo de la Nación por parte de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o de la entidad que
haga sus veces y previa solicitud del interesado, su pago se sujetará a las apropiaciones
correspondientes dentro del presupuesto general de la Nación.

Por consiguiente, por expresa disposición reglamentaria y tal como lo anunció la
demandada en la contestación, el pago de intereses surte un trámite independiente
al de la devolución del capital por cuanto está sujeto a una condición, cual es que
se realice la apropiación correspondiente dentro del presupuesto general de la
Nación, lo cual resulta coherente con el hecho de que los pagos por intereses al no
ser ciertos sino hasta el momento de la liquidación, requieren de la existencia de
disponibilidad presupuestal para su realización.

A partir de lo anterior, si bien el reglamento no dispone en forma expresa una forma
para imputar los pagos por concepto de devoluciones, sí condiciona el pago de
intereses a la apropiación presupuestal correspondiente, de tal forma que la
consecuencia de ello es que puedan efectuarse pagos por separado del capital y
los intereses mediante actos administrativos distintos, sin necesidad de que aplicar
lo dispuesto en el artículo 1653 del Código Civil, al existir una norma reglamentaria
expresa.

De hecho, las resoluciones de ejecución anunciaron que se adelantarían los
trámites pertinentes para conseguir la apropiación presupuestal, lo cual refuerza el
hecho de que el pago de intereses está sujeto a una condición propia de los pagos
con cargo a recursos del erario, lo cual conlleva como consecuencia la posibilidad
de pagar por separado los intereses y el capital. En ese sentido, no son de recibo
los planteamientos de la demandante al efecto, por lo que los cargos de apelación
se desestiman.

2.5. Aplicación de la sentencia C-188 de 1999

La demandante alega un desconocimiento de la sentencia C-188 de 1999 que
obliga a la DIAN a reconocer los mismos intereses que les cobra a los
contribuyentes, en favor de estos últimos.

Al respecto, la sala observa que el pronunciamiento de la Corte Constitucional se
refirió al reconocimiento de intereses en el marco de acuerdos como producto del
mecanismo de conciliación regulado por la ley 446 de 1998, circunstancia que dista
de la que aquí se estudia.

Lo anterior se refuerza en el hecho de que el artículo 70 de dicha ley proscribió la
aplicación de la conciliación en controversias de carácter tributario, de tal forma que
el razonamiento expuesto en la providencia no puede extenderse en forma alguna
al caso que se decide.

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01068-02 (29091)
Demandante: Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Por ende, el precedente citado por la demandante no es aplicable en este caso.

3. Costas

En cuanto a la condena en costas y su ausencia en primera instancia, que fue
discutida por la apelante, se advierte que con ocasión de la declaratoria de nulidad
parcial de los actos administrativos esta no es procedente en ninguna de las
instancias, según lo dispuesto en los numerales 1 y 5 del artículo 365 del Código
General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia del 22 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Oralidad. En su lugar:
Primero: DECLARAR la nulidad parcial de las resoluciones 000497, 0000498, 000499, 000500,
000501, 000502, 000503 y 000504 del 22 de enero de 2018, 00294, 000295, 000296, 000297,
000298, 000299, 000300 y 000301 del 16 de febrero de 2018, 002261 del 15 de marzo de
2018 y 000000838 del 19 de abril de 2018, proferidas por la DIAN, únicamente en lo atinente
al reconocimiento de intereses corrientes.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNESE el reconocimiento y pago de
intereses corrientes por los pagos de las cuotas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del impuesto al patrimonio
y su sobretasa efectuados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Los intereses corrientes se
reconocerán desde la fecha de notificación de las resoluciones inhibitorias hasta la ejecutoria
de las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

2. SIN CONDENA en costas en ninguna de las instancias.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
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