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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01114-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01114-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 16 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 4035 de 26 de febrero de 2018 de la Universidad de Antioquia, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. TERCERO. CONDENAR a la Universidad de Antioquia a reconocer y pagar la suma de $ 65.633.206 COP (sesenta y cinco millones seiscientos treinta y tres mil doscientos seis pesos colombianos) por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor de la señora María Cristina Claudia Lascano Aguilar. CUARTO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Universidad de Antioquia, a favor de la señora María Cristina Claudia Lascano Aguilar. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01114-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01114-01 (1327-2023)
Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar
Demandado: Universidad de Antioquia

Tema: Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Requisitos
para su reconocimiento. Tiempos de servicio no cotizados
anteriores a la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones.

Decisión: Revoca decisión que negó las pretensiones de la demanda,
declara la nulidad del acto demandado y ordena el
reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, tras verificar que la norma no exige
cotizaciones y/o afiliación posterior a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, y se cumplieron los requisitos legales para
acceder a dicha prestación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia de primera instancia del 16 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 31 de mayo de 2018, la señora María Cristina Claudia Lascano Aguilar,
por conducto de apoderado judicial presentó demanda1 contra la Universidad de
Antioquia, para obtener la nulidad de la Resolución No. 4035 de 26 de febrero de
2018, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de una inmunización
sustitutiva de la pensión de vejez. Como restablecimiento del derecho, solicitó el
reconocimiento y pago de la mencionada prestación económica debidamente
indexada.

2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, manifestó que nació el 27 de
octubre de 1953 y prestó sus servicios como docente tiempo completo, adscrita al
Departamento de Formación Académica de la Escuela de Nutrición y Dietética en
la Universidad de Antioquia, durante los periodos del 1 de octubre de 1976 al 14 de
diciembre de 1976 y del 1 de marzo de 1977 al 18 de abril de 1993, y con un total

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

de 63 días de interrupción. Indicó que, durante su vinculación, la universidad no hizo
descuentos ni cotizaciones al sistema de seguridad social.

3. Por lo anterior, el 7 de febrero de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de
una indemnización sustitutiva de pensión de vejez por los tiempos laborados en
aquella institución.

4. Mediante Resolución No. 4035 de 26 de febrero de 2018, la Dirección de
Talento Humano de la Universidad de Antioquia negó la solicitud. Señaló que para
acceder a la indemnización sustitutiva era necesario haber cotizado al Sistema
General de Pensiones, requisito que no se cumplía porque para la época en la que
la señora Lascano Aguilar prestó sus servicios no se hacían descuentos o
cotizaciones para seguridad social. Asimismo, indicó que el único competente para
reclamar el respectivo bono pensional era el fondo de pensiones correspondiente.

5. En cuanto a la vulneración alegada2, sostuvo que la figura de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez tiene fundamento constitucional en
el artículo 48 superior y expreso reconocimiento legal en el artículo 37 de la Ley 100
de 1993. Sostuvo que el requisito de afiliación al sistema, previsto en los Decretos
1730 de 2001 y 4640 de 2005, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, en
sentencia de 11 de marzo de 20103.

6. Adujo que por regla general las cajas, fondos o entidades de seguridad
social son quienes están obligadas a pagar la indemnización en comento, siempre
y cuando se acrediten los requisitos mínimos para acceder al derecho, pudiéndose
tener en cuenta aquellos tiempos de servicio prestados antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, para este caso, la entidad encargada
sería directamente aquella en la que estuvo vinculada la demandante, entiéndase
la Universidad de Antioquia, la cual debía responder por el valor equivalente al
tiempo en el que no se hicieron las respectivas cotizaciones.

7. Señaló que la Corte Constitucional, en sentencias T-338 de 2012, T-122 de
2016 y T-164 de 2017, determinó que, tratándose de un derecho irrenunciable del
trabajador, en virtud de los derechos y principios de igualdad y favorabilidad, cuando
el vínculo laboral terminó sin que la entidad haya trasladado el riesgo a una caja o
fondo previa entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta mantiene la
responsabilidad en la obligación de reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva.

8. Sostuvo que el acto administrativo incurrió en las causales de nulidad de
violación de normas constitucionales y legales, falsa motivación, y desviación y
abuso de poder.

Contestación de la demanda

2 Invocó como normas violadas las siguientes: artículos 1, 2, 4, 13, 48 y 53 de la Constitución Política; 1, 2, 3,

37 y 288 de la Ley 100 de 1993; Decretos 1748 de 1995, 1513 de 1998 y 1730 de 2001.
3 Rad. 11001-03-24-000-2006-00322-00 (0984-07).

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9. La Universidad de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda.
Manifestó que la demandante no cumplió con los requisitos necesarios para ser
beneficiaria de la indemnización sustitutiva propia del régimen de prima media con
prestación definida y, aunado a ello la universidad no era competente para
reconocer la prestación reclamada.

10. Sostuvo que, de la lectura del escrito de la demanda se advierte que los
reparos de la señora Lascano Aguilar se circunscriben a la aplicación del artículo 37
de la Ley 100 de 1993. Indicó que dicha disposición establece de manera expresa
la afiliación al sistema como requisito indispensable para acceder al reconocimiento
de la indemnización sustitutiva, así mismo precisó que la forma de liquidación de
esta prestación esta supedita al monto de las cotizaciones hechas al sistema, pues
se trata de una indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente
actualizadas.

11. Asimismo, el reglamento de la disposición normativa señaló que el
reconocimiento y pago corresponde a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida.

12. Adujo que, en ese sentido, no existe mérito para declarar la nulidad del acto
demandado pues no incurre en ninguna de las causales de nulidad invocadas.

13. Precisó que para la fecha de desvinculación de la demandante (1993), no
estaba vigente la Ley 100 de 1993, pues para empleados del orden Departamental
en Antioquia esta entró a regir a partir 30 de junio de 1995.

14. Igualmente indicó que a la luz del artículo 131 de la Ley 100 de 1993,
reglamentado por el Decreto 2337 de 1996, las universidades oficiales, a través de
los fondos para el pago de pasivo pensional, no tenían competencia para reconocer
indemnizaciones sustitutivas.

Sentencia apelada

15. Mediante sentencia de 16 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo
de Antioquia negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.

16. Al respecto encontró que, pese a que la demandante cumplió con los
requisitos de edad, insuficiencia semanas cotizadas e imposibilidad de continuar
cotizando, el tiempo laborado sobre el cual pretende la indemnización sustitutiva
ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no
resulta aplicable dicha norma de forma retroactiva.

Recurso de apelación

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

17. La señora Lascano Aguilar solicitó que se revocara la decisión de primer
grado y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda.

18. Alegó que exigir la realización de cotizaciones con posterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, sería establecer un requisito adicional no
establecido por el legislador.

19. Insistió que en reiterados pronunciamientos la Corte Constitucional ha
reconocido de manera constante, el derecho a la indemnización sustitutiva de la
pensión a favor de aquellos empleados públicos que acreditaron tiempos de
servicios con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, aun
cuando no hubieren efectuado cotizaciones al sistema con posterioridad a dicha
fecha4.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante autos de 24 de marzo y 6 de julio de 2023, se admitió el recurso
de apelación contra la sentencia de 16 de noviembre de 2022; y se aceptó el
impedimento manifestado por el consejero de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez.

21. La Universidad de Antioquia insistió en los reparos presentados en su
contestación de la demanda. Agregó que los reparos de la apelación se centraron
en señalar que lo decidido por el juez de primer grado contraviene la jurisprudencia
constitucional sobre la materia.

22. La demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala determinar si los tiempos de servicio prestados en el
sector público anteriores a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones
que no fueron cotizados pueden ser tenidos en cuenta para reconocer la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a la luz del artículo 37 de la Ley

4 Para ello, mencionó la sentencia T-125 de 2018 de la Corte Constitucional.

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100 de 1993 y s. En caso afirmativo, se verificará si la señora María Cristina Claudia
Lascano Aguilar cumplió con los requisitos para acceder a la prestación reclamada.

Análisis del problema jurídico

25. La Sala revocará la sentencia de primera instancia del 16 de noviembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, luego de corroborar que
los tiempos de servicios no cotizados antes de la entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones resultan válidos para el reconocimiento de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez.

26. Para resolver, deben hacerse algunas consideraciones sobre los requisitos
de procedencia de la prestación económica bajo estudio, su forma de liquidación y
los tiempos efectivamente laborados hayan sido estos cotizados o no.

27. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 100 de 19935, la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, entendida como un mecanismo compensatorio
pensional, está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos: (i) haber cumplido
la edad para acceder a la pensión de vejez, esto es, 57 años para las mujeres y 60
para los hombres6; (ii) no haber logrado acumular el número mínimo de semanas
cotizadas que exige la ley, entiéndase 13007; (iii) declarar bajo juramento la
imposibilidad material de continuar cotizando al sistema de pensiones.

28. Esta misma norma establece que dicha indemnización equivale a un salario
base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas
cotizadas [incluso las anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 8], al cual se le
aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el
afiliado.

29. Dicha disposición normativa fue reglamentada a través del Decreto 1730 de
2001, modificado por el Decreto 4035 de 2005, en el que además de haber definido
la fórmula aplicable y sus variables9, señaló que:

«En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la administradora
que va a efectuar el reconocimiento no manejara separadamente las cotizaciones de los
riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de las correspondientes al riesgo de
salud, se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez
de que trata el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones
para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es decir se tomarán

5 En el mismo sentido: Decreto 1730 de 2001, artículos 1 (literal a) y 4.
6 Ley 100 de 1993, artículo 33 (modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003).
7 Ídem.
8 Decreto 1730 de 2001, artículo 2 (inciso final).
9 Decreto 1730 de 2001, artículo 3. «Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente

formula: I = SBC x SC x PPC
Donde:
SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con los factores
señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar
el reconocimiento, actualizado anualmente con base en la variación del IPC según certificación del DANE.
SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.
PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el afiliado para el riesgo de
vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.»

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como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización
efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva.»

31. El reglamento en cuestión estableció, en principio, una regla de carácter
temporal para el cumplimiento de los requisitos de acceso al beneficio prestacional,
así como la exigencia de afiliación al Sistema General de Pensiones. No obstante,
tales expresiones fueron declaradas nulas por esta Corporación, en sentencias de
14 de abril de 200510 de 11 de marzo de 201011, tras evidenciarse un exceso en el
ejercicio de la potestad reglamentaria y la contradicción de los principios de igualdad
e irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles y de los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales.

32. Concretamente, señaló que la norma generaba un trato discriminatorio pues
impedía que aquellas personas retiradas del servicio con anterioridad a la vigencia
del sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, o afiliadas a cajas o fondos
distintos del Instituto de Seguros Sociales (ISS), pudieran reclamar sus derechos
sobre aquellos tiempos efectivamente prestados.

33. En la misma línea, la jurisprudencia constitucional ha agregado que (i) la
ausencia de afiliación de alguno de los regímenes pensionales de la Ley 100 de
1993 no impide el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, (ii) las entidades
empleadoras conservan la responsabilidad por los riesgos nos trasladados al
sistema y (iii) la falta de afiliación o de pago de aportes no puede ser atribuida al
trabajador, cuando la relación laboral se desarrolló bajo regímenes anteriores en los
que no existía la obligación de vinculación al sistema pensional o dicha carga recaía
directamente en el empleador12.

30. A partir de este marco normativo y jurisprudencial, la Sala estima que no
son de recibo las consideraciones del fallo de primer grado sobre la irretroactividad
de la Ley 100 de 1993, pues expresamente las normas que reglan la figura bajo
estudio, así como el alcance jurisprudencial de las mismas, reconocen la validez de
aquellos tiempos de servicios prestados con anterioridad a la entrada en vigencia
del Sistema General de Pensiones.

31. Por lo anterior, existe mérito suficiente para revocar la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia y entrar a estudiar si la señora Lascano
Aguilar cumple o no con los requisitos para para el reconocimiento y pago de la
indemnización de sustitución de la pensión de vejez, comoquiera que no puede
condicionarse el acceso al derecho en mención a la demostración de aportes y/o
vinculación al sistema de pensiones con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993.

32. Bajo esta idea, la Sala examina entonces los elementos de juicio obrantes
en el proceso y, en ese orden, debe indicarse que quedó probado que (i) la

10 Rad. 11001-03-25-000-2003-00112-01 (0477-03).
11 Rad. 11001-03-24-000-2006-00322-00 (0984-07).
12 En este sentido pueden citarse: Corte Constitucional. Sentencias T-388 de 2024 y T-321 de 2025.

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

demandante nació el 27 de octubre de 195313; (ii) presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la prestación objeto de litigio el 7 de febrero de 201814;
(iii) laboró como docente (empleada pública) al servicio de la Universidad de
Antioquia del 1 de octubre de 1976 al 14 de diciembre de 1976 y del 1 de marzo de
1977 al 18 de abril de 1993, con 63 días de interrupciones15; y (iv) la demandante
no registra como afiliada al régimen de prima media con prestación definida ni al de
ahorro individual con solidaridad16.

33. Sobre esta base, la Sala encuentra que la señora Lascano Aguilar, para la
fecha de presentación de la reclamación administrativa, tenía 64 años y prestó sus
servicios como empleada pública por un tiempo inferior al exigido en la ley para
acceder a la pensión de vejez. En otras palabras, la demandante cumple con los
requisitos de edad e insuficiencia en la densidad de semanas cotizadas.

34. Sobre este segundo presupuesto, es preciso recalcar que, como se indicó,
la falta de cotizaciones no puede ser imputable a la demandante (como trabajadora)
y, además, de conformidad con el Certificado de información laboral expedido por
la Universidad de Antioquia, no se hicieron descuentos para seguridad social
(pensiones) y la entidad que responde por el periodo laborado es la misma
institución educativa.

35. Ahora bien, en lo que respecta al requisito de la declaración sobre
imposibilidad de cotización, debe indicarse que si bien en el proceso no obra
documento que dé cuenta de dicha manifestación expresa por parte de la señora
Lascano Aguilar, lo cierto es que de los hechos materiales del caso se tiene que
actualmente tiene 72 años y no registra como afiliada al sistema general de
pensiones17, por lo tanto es plausible concluir que dada su edad resulta
particularmente difícil seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social.

36. A partir de lo anterior, la Sala advierte que la demandante cumplió con los
requisitos de ley para ser beneficiaria de una indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez y, en consecuencia, se declarará la nulidad del acto administrativo
demandado, esto es, la Resolución No. 4035 de 26 de febrero de 2018 y condenará
a la Universidad de Antioquia a pagar la prestación en comento.

37. Así las cosas, se procederá a estudiar lo relativo al restablecimiento del
derecho en el asunto de la referencia. Tal como se indicó previamente, la Ley 100
de 1993 y su reglamento prevén una fórmula para establecer el monto o cuantía de
la indemnización en comento18, la cual toma como variables (i) el promedio del

13 Cédula de ciudadanía y Registro Civil con indicativo serial No. 35580133.
14 Constancia de radicación de la reclamación administrativa ante la Universidad de Antioquia.
15 Certificado No. 10210002-37324 de 29 de enero de 2018 expedido por la División de Gestión Documental de

la Universidad de Antioquia.
16 Certificado de 27 de abril de 2018 expedido por Colpensiones y Oficio No. 348904 de 28 de mayo de 2018

de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos).
17 Sobre el particular, debe señalarse que el Registro Único de Afiliados (RUAF) del Sistema Integral de

Información de la Protección Social (SISPRO) indica que la señora María Cristin Claudia Lascano Aguilar no
tiene reportadas afiliaciones al Sistema General de Pensiones.
18 Ver nota al pie 9. Indemnización = [salario base de liquidación semanal] X [semanas cotizadas] X

[promedio ponderado de porcentajes de cotización].

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salario semanal devengado por el trabajador debidamente actualizado; (ii) el
número de semanas cotizadas y (iii) promedio ponderado de los porcentajes de
cotización.

38. Para el presente caso, debe señalarse que las semanas cotizadas
corresponden a las semanas trabajadas al servicio de la Universidad de Antioquia
y el promedio ponderado de los porcentajes de cotización de conformidad con el
artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, es de 4.545 %.

39. Bajo ese entendido se tiene que el salario promedio semanal devengado
por la señora Lascano Aguilar, debidamente actualizado, fue $ 1.719.137 COP (ver
anexo de la providencia19). Esta suma está integrada por la asignación básica
mensual y los gastos de representación, en los términos del Decreto 1158 de 1994
y de conformidad con lo probado en el proceso a través de la Certificación de salario
base expedida por la Universidad de Antioquia.

40. En lo que respecta a número de semanas trabajadas, de acuerdo con el
mismo documento junto con la nota expresa de la Certificación No. 10210002-37324
de 29 de enero de 2018 expedida por la División de Gestión Documental de la
Universidad de Antioquia, se acreditaron un total de 840 semanas20.

41. Por lo anterior, el resultado de la formula arroja que la demandante tiene
derecho a una indemnización sustitutiva equivalente a la suma de $ 65.633.206
COP (sesenta y cinco millones seiscientos treinta y tres mil doscientos seis pesos
colombianos)21.

Condena en costas

42. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

43. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.

19 En el anexo se discriminan las variables de actualización monetaria (indexación) empleadas para los

salarios devengados entre el 1 de octubre de 1976 y el 18 de abril de 1993, con sus respectivas
interrupciones.
20 Respecto del tiempo señalado en la Certificación de salario base expedida por la Universidad de Antioquia

(849 semanas) se descontaron 63 días de interrupción equivalentes a 9 semanas.
21 Indemnización = 1.719.137 × 840 × 4.545% = $65.633.206

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44. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución
se regirá conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

45. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada porque
resultó vencida en el proceso ante la prosperidad de las súplicas del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 16 de noviembre de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 4035 de 26 de febrero de
2018 de la Universidad de Antioquia, por medio de la cual se negó el reconocimiento
y pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

TERCERO. CONDENAR a la Universidad de Antioquia a reconocer y pagar la
suma de $ 65.633.206 COP (sesenta y cinco millones seiscientos treinta y tres mil
doscientos seis pesos colombianos) por concepto de indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez a favor de la señora María Cristina Claudia Lascano Aguilar.

CUARTO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la Universidad de
Antioquia, a favor de la señora María Cristina Claudia Lascano Aguilar. Para tal
efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

ANEXO. TABLA DE ACTUALIZACIÓN MONETARIA DE SALARIOS DEVENGADOS ENTRE EL 1 DE
MARZO DE 1976 Y EL 18 DE ABRIL DE 199322

1976
IPC
Mes Valor histórico IPC inicial Valor actualizado
final23
Octubre $2,875 0.35 158.17 $1,299,254
Noviembre $2,875 0.36 158.17 $1,263,163
Diciembre $2,875 0.36 158.17 $1,263,163
1977
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Marzo $10,773 0.40 158.17 $4,259,914
Abril $10,773 0.43 158.17 $3,962,710
Mayo $10,773 0.45 158.17 $3,786,590
Junio $10,773 0.46 158.17 $3,704,273
Julio $12,712 0.47 158.17 $4,277,994
Agosto $12,712 0.47 158.17 $4,277,994
Septiembre $12,712 0.47 158.17 $4,277,994
Octubre $12,712 0.47 158.17 $4,277,994
Noviembre $12,712 0.47 158.17 $4,277,994
Diciembre $12,712 0.47 158.17 $4,277,994
1978
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $15,254 0.47 158.17 $5,133,458
Febrero $15,254 0.48 158.17 $5,026,511
Marzo $15,254 0.50 158.17 $4,825,450
Abril $15,254 0.50 158.17 $4,825,450
Mayo $15,947 0.52 158.17 $4,850,648
Junio $15,947 0.53 158.17 $4,759,126
Julio $15,947 0.53 158.17 $4,759,126
Agosto $15,947 0.53 158.17 $4,759,126
Septiembre $15,947 0.53 158.17 $4,759,126
Octubre $15,947 0.54 158.17 $4,670,994
Noviembre $15,947 0.55 158.17 $4,586,067
Diciembre $15,947 0.56 158.17 $4,504,173
1979
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $19,934 0.57 158.17 $5,531,510
Febrero $19,934 0.58 158.17 $5,436,139

22 Los valores de referencia adoptados fueron tomados de la página web del Banco de la República para el

Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de octubre de 1976 y el 18 de abril de 1993, así como el relativo
a mayo de 2026. (https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-
economicas/informacionSerie/100002/indice_de_precios_al_consumidor_ipc)
23 Correspondiente al mes de mayo de 2026.

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

Marzo $20,737 0.61 158.17 $5,377,002
Abril $20,737 0.62 158.17 $5,290,276
Mayo $20,737 0.63 158.17 $5,206,304
Junio $20,737 0.64 158.17 $5,124,955
Julio $20,737 0.65 158.17 $5,046,110
Agosto $20,737 0.66 158.17 $4,969,653
Septiembre $20,737 0.68 158.17 $4,823,487
Octubre $20,737 0.69 158.17 $4,753,582
Noviembre $20,737 0.70 158.17 $4,685,673
Diciembre $20,737 0.72 158.17 $4,555,516
1980
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $26,543 0.73 158.17 $5,751,105
Febrero $26,543 0.74 158.17 $5,673,387
Marzo $27,651 0.76 158.17 $5,754,682
Abril $27,651 0.78 158.17 $5,607,127
Mayo $27,651 0.81 158.17 $5,399,455
Junio $27,651 0.82 158.17 $5,333,608
Julio $27,651 0.83 158.17 $5,269,348
Agosto $27,651 0.84 158.17 $5,206,617
Septiembre $27,651 0.85 158.17 $5,145,363
Octubre $27,651 0.87 158.17 $5,027,079
Noviembre $27,651 0.89 158.17 $4,914,111
Diciembre $27,651 0.90 158.17 $4,859,510
1981
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $34,840 0.92 158.17 $5,989,829
Febrero $34,840 0.95 158.17 $5,800,677
Marzo $36,340 0.97 158.17 $5,925,668
Abril $36,340 1.00 158.17 $5,747,898
Mayo $36,340 1.02 158.17 $5,635,194
Junio $36,340 1.05 158.17 $5,474,188
Julio $36,340 1.07 158.17 $5,371,867
Agosto $36,340 1.08 158.17 $5,322,128
Septiembre $36,340 1.09 158.17 $5,273,301
Octubre $36,340 1.10 158.17 $5,225,362
Noviembre $36,340 1.12 158.17 $5,132,052
Diciembre $36,340 1.14 158.17 $5,042,016
1982
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $46,151 1.16 158.17 $6,292,848
Febrero $46,151 1.18 158.17 $6,186,190
Marzo $48,016 1.21 158.17 $6,276,604
Abril $48,016 1.24 158.17 $6,124,751
Mayo $48,016 1.28 158.17 $5,933,352
Junio $48,016 1.30 158.17 $5,842,070
Julio $48,016 1.32 158.17 $5,753,554
Agosto $48,016 1.34 158.17 $5,667,680
Septiembre $48,016 1.36 158.17 $5,584,331
Octubre $48,016 1.38 158.17 $5,503,399

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

Noviembre $48,016 1.40 158.17 $5,424,779
Diciembre $48,016 1.41 158.17 $5,386,305
1983
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $58,579 1.43 158.17 $6,479,329
Febrero $58,579 1.44 158.17 $6,434,334
Marzo $61,156 1.48 158.17 $6,535,841
Abril $61,156 1.52 158.17 $6,363,845
Mayo $61,156 1.56 158.17 $6,200,670
Junio $61,156 1.57 158.17 $6,161,175
Julio $61,156 1.58 158.17 $6,122,180
Agosto $61,156 1.58 158.17 $6,122,180
Septiembre $61,156 1.59 158.17 $6,083,676
Octubre $61,156 1.62 158.17 $5,971,015
Noviembre $61,156 1.64 158.17 $5,898,198
Diciembre $61,156 1.65 158.17 $5,862,451
1984
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $73,387 1.67 158.17 $6,950,672
Febrero $73,387 1.69 158.17 $6,868,415
Marzo $76,666 1.72 158.17 $7,050,152
Abril $76,666 1.76 158.17 $6,889,921
Mayo $76,666 1.78 158.17 $6,812,506
Junio $76,666 1.81 158.17 $6,699,592
Julio $76,666 1.83 158.17 $6,626,372
Agosto $76,666 1.84 158.17 $6,590,359
Septiembre $76,666 1.86 158.17 $6,519,495
Octubre $76,666 1.87 158.17 $6,484,632
Noviembre $76,666 1.91 158.17 $6,348,828
Diciembre $76,666 1.95 158.17 $6,218,595
1985
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $84,312 1.99 158.17 $6,701,321
Febrero $84,312 2.05 158.17 $6,505,185
Marzo $88,124 2.11 158.17 $6,605,959
Abril $88,124 2.17 158.17 $6,423,306
Mayo $88,124 2.27 158.17 $6,140,341
Junio $88,124 2.31 158.17 $6,034,014
Julio $88,124 2.30 158.17 $6,060,249
Agosto $88,124 2.29 158.17 $6,086,713
Septiembre $92,143 2.31 158.17 $6,309,203
Octubre $92,143 2.33 158.17 $6,255,046
Noviembre $92,143 2.35 158.17 $6,201,812
Diciembre $92,143 2.38 158.17 $6,123,638
1986
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $112,389 2.46 158.17 $7,226,247
Febrero $112,389 2.54 158.17 $6,998,649
Marzo $112,389 2.59 158.17 $6,863,540
Abril $112,389 2.66 158.17 $6,682,920

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

Mayo $112,389 2.64 158.17 $6,733,549
Junio $112,389 2.63 158.17 $6,759,151
Julio $112,389 2.62 158.17 $6,784,950
Agosto $112,389 2.66 158.17 $6,682,920
Septiembre $117,542 2.70 158.17 $6,885,784
Octubre $117,542 2.76 158.17 $6,736,094
Noviembre $117,542 2.81 158.17 $6,616,234
Diciembre $117,542 2.88 158.17 $6,455,423
1987
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $141,035 2.98 158.17 $7,485,740
Febrero $141,035 3.04 158.17 $7,337,995
Marzo $141,035 3.12 158.17 $7,149,842
Abril $141,035 3.19 158.17 $6,992,949
Mayo $141,035 3.25 158.17 $6,863,848
Junio $141,035 3.28 158.17 $6,801,069
Julio $141,035 3.32 158.17 $6,719,128
Agosto $141,035 3.33 158.17 $6,698,951
Septiembre $147,520 3.37 158.17 $6,923,810
Octubre $147,520 3.44 158.17 $6,782,918
Noviembre $147,520 3.51 158.17 $6,647,646
Diciembre $147,520 3.58 158.17 $6,517,664
1988
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $179,958 3.68 158.17 $7,734,771
Febrero $179,958 3.83 158.17 $7,431,843
Marzo $179,958 3.94 158.17 $7,224,355
Abril $179,958 4.10 158.17 $6,942,429
Mayo $179,958 4.17 158.17 $6,825,889
Junio $179,958 4.27 158.17 $6,666,032
Julio $179,958 4.33 158.17 $6,573,662
Agosto $179,958 4.32 158.17 $6,588,879
Septiembre $1,037,846 4.35 158.17 $37,737,035
Octubre $1,037,846 4.42 158.17 $37,139,390
Noviembre $1,037,846 4.48 158.17 $36,641,987
Diciembre $1,037,846 4.58 158.17 $35,841,944
1989
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $235,840 4.71 158.17 $7,919,918
Febrero $235,840 4.87 158.17 $7,659,715
Marzo $235,840 4.99 158.17 $7,475,514
Abril $235,840 5.12 158.17 $7,285,706
Mayo $235,840 5.21 158.17 $7,159,849
Junio $235,840 5.28 158.17 $7,064,927
Julio $235,840 5.36 158.17 $6,959,480
Agosto $235,840 5.43 158.17 $6,869,763
Septiembre $247,221 5.51 158.17 $7,096,723
Octubre $247,221 5.60 158.17 $6,982,669
Noviembre $247,221 5.70 158.17 $6,860,166
Diciembre $247,221 5.78 158.17 $6,765,215

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

1990
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $304,080 5.97 158.17 $8,056,337
Febrero $304,080 6.19 158.17 $7,770,005
Marzo $304,080 6.37 158.17 $7,550,445
Abril $304,080 6.55 158.17 $7,342,952
Mayo $304,080 6.68 158.17 $7,200,050
Junio $304,080 6.81 158.17 $7,062,604
Julio $304,080 6.90 158.17 $6,970,483
Agosto $304,080 7.01 158.17 $6,861,103
Septiembre $318,644 7.18 158.17 $7,019,488
Octubre $318,644 7.31 158.17 $6,894,654
Noviembre $318,644 7.46 158.17 $6,756,022
Diciembre $318,644 7.65 158.17 $6,588,225
1991
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $388,728 7.88 158.17 $7,802,679
Febrero $388,728 8.15 158.17 $7,544,185
Marzo $388,728 8.36 158.17 $7,354,678
Abril $388,728 8.59 158.17 $7,157,754
Mayo $388,728 8.78 158.17 $7,002,860
Junio $388,728 8.92 158.17 $6,892,949
Julio $388,728 9.08 158.17 $6,771,488
Agosto $388,728 9.20 158.17 $6,683,164
Septiembre $407,186 9.33 158.17 $6,902,959
Octubre $407,186 9.45 158.17 $6,815,303
Noviembre $407,186 9.57 158.17 $6,729,844
Diciembre $407,186 9.70 158.17 $6,639,650
1992
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $516,288 10.04 158.17 $8,133,593
Febrero $516,288 10.38 158.17 $7,867,175
Marzo $516,288 10.62 158.17 $7,689,385
Abril $516,288 10.92 158.17 $7,478,139
Mayo $516,288 11.18 158.17 $7,304,228
Junio $516,288 11.43 158.17 $7,144,468
Julio $516,288 11.66 158.17 $7,003,540
Agosto $516,288 11.74 158.17 $6,955,815
Septiembre $540,566 11.84 158.17 $7,221,396
Octubre $540,566 11.94 158.17 $7,160,915
Noviembre $540,566 12.03 158.17 $7,107,342
Diciembre $540,566 12.14 158.17 $7,042,943
1993
Mes Valor histórico IPC inicial IPC final Valor actualizado
Enero $675,708 12.54 158.17 $8,522,866
Febrero $675,708 12.94 158.17 $8,259,408
Marzo $675,708 13.19 158.17 $8,102,861
Abril $675,708 13.44 158.17 $7,952,138

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Demandante: María Cristina Claudia Lascano Aguilar

Salario promedio
$6,876,54724
mensual
Salario promedio
$1,719,13725
semanal

FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN MONETARIA
𝐼𝑃𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ ( )
𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

24 Sumatoria de los valores devengados por concepto de asignación básica mensual y gastos de representación

dividido en el número de meses laborados.
25 Producto de la división del salario promedio mensual en 4 (número de semanas por mes).

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Bogotá D.C. – Colombia

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