Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01322-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01322-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01322-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Ejecutivo
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01322-02 (2534-2024)
Demandante: Miryam del Socorro Tamayo de Ruiz
Demandado: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social1
Tema: Excepción de pago total de la obligación.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada contra
la sentencia del 15 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual ordenó seguir adelante con la ejecución.
I. Antecedentes
1.1. La solicitud de ejecución2
1. Miryam del Socorro Tamayo de Ruiz presentó solicitud de cumplimiento de la
sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2004-
1661 para que se librara mandamiento de pago en los siguientes términos:
«[...] 2. Librar mandamiento de pago, en la forma indicada en la sentencia, teniendo
en cuenta todos los factores salariales y condena a pagar los intereses moratorios,
desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha de cancelación de la obligación y
condenar en costas» [sic].
1 En adelante Ugpp.
2 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «02CuadernoPrincipal», pág. 2.
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Demandante: Miryam del Socorro Tamayo de Ruiz
1.2. Mandamiento de pago y los recursos interpuestos
2. En auto del 27 de agosto de 20183 el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió
no librar el mandamiento de pago solicitado porque (i) la sentencia fue proferida el
6 de febrero de 2009; (ii) quedó ejecutoriada el 13 de marzo de 2009; (iii) los 18
meses de exigibilidad se cumplieron el 13 de septiembre de 2010; (iv) el término de
caducidad de 5 años feneció el 13 de septiembre de 2015; y (v) la demanda se
presentó extemporáneamente el 12 de junio de 2018.
3. La parte ejecutante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión4 y,
mediante auto del 1 de agosto de 20195, esta corporación la revocó y ordenó al a
quo que se resolviera sobre la procedencia de librar el mandamiento ejecutivo, al
considerar que el lapso para pedir el acatamiento de la sentencia se inició el 12 de
junio de 2013 –fecha en que concluyó el trámite liquidatorio de Cajanal–, por lo
tanto, la fecha límite para formular la demanda ejecutiva era el 12 de junio de 2018.
4. En auto del 10 de febrero de 20206 se inadmitió la demanda y, después de que la
ejecutante precisara que el ajuste de las mesadas ascendía a $44.345.229 7,
mediante auto del 16 de septiembre de 2021 el a quo resolvió:
«PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO en contra de la [...] (UGPP) y
en valor de la señora MIRYAM DEL SOCORRO TAMAYO DE RUIZ, para que
cumpla con la obligación contenida en la sentencia No. 019 del 6 de febrero de 2009,
la cual ordenó:
3º Condénese a la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E., a reliquidar
y pagar la pensión gracia reconocida a la señora MIRYAM DEL SOCORRO
TAMAYO DE RUIZ, en un monto equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario mensual promedio devengado por el interesado en el año anterior al
cumplimiento de los requisitos para adquirir el derecho a la pensión gracia, esto es,
del 18 de abril de 1994 al 17 de abril de 1995, incluyendo el cálculo de la misma,
además del salario básico, las primas de vida cara, navidad y alimentación, factores
salariales debidamente certificados dentro del proceso como devengados en dicho
periodo de tiempo. Cajanal descontará las sumas de dinero que hayan prescrito,
conforme se expuso en la parte motiva. [...]».
3 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «02CuadernoPrincipal», pág. 5.
4 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «02CuadernoPrincipal», pág. 20.
5 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «02CuadernoPrincipal», pág. 42.
6 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «02CuadernoPrincipal», pág. 63.
7 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «02CuadernoPrincipal», pág. 67.
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5. Lo anterior, con sustento en que la sentencia que prestaba mérito ejecutivo reunía
los requisitos previstos en el artículo 422 del Código General del Proceso.
1.3. Contestación de la demanda8
6. La Ugpp se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones:
7. «Incapacidad o indebida representación del demandante»: el estado de la cédula
de la causante fue cancelado por muerte desde el 9 de mayo de 2019, por lo tanto,
debía declararse la excepción prevista en el numeral 4 del artículo 100 del Código
General del Proceso.
8. «Pago»: mediante Resolución UGM 010232 del 26 de septiembre de 2011 se dio
cumplimiento a la sentencia objeto de recaudo y se reliquidó la pensión gracia con
la inclusión de los factores: asignación básica, prima de alimentación, prima de vida
cara y prima de navidad, para una mesada de $230.564, desde el 17 de abril de
1995, pero con efectos fiscales a partir del 24 de junio de 1996 por prescripción
trienal. También se anotó que (i) los intereses moratorios previstos en el artículo
177 del CCA estarían a cargo de Cajanal; y (ii) en diciembre de 2012 fue ingresada
a nómina.
9. «Prescripción»: debía tenerse en cuenta lo previsto en los artículos 488 del
Código Sustantivo del Trabajo; 2512 y 2535 del Código Civil.
10. «Compensación»: se debían tener en cuenta todas las sumas pagadas a la
ejecutante, de conformidad con los artículos 1626 y 1714 del Código Civil.
11. «Inexistencia del título ejecutivo»: en la sentencia objeto de ejecución y en los
autos de costas procesales no se impuso la obligación a la Ugpp de pagar los
intereses sobre el capital liquidado.
1.4. Sentencia de primera instancia9
12. En sentencia dictada el 15 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de
Antioquia resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de pago
propuesta por la UGPP solo por la suma de $408.173,27 pagada a la ejecutante
en el mes de diciembre de 2012, para dar cumplimiento parcial a la sentencia
8 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «10Contestación-ExcepcionesUGPP».
9 Samai, índice 5, archivo «05. 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2»,
archivo «51Sentencia1a».
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proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de febrero de 2009 en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral con el
radicado n.° 05001-23-31-000-2004-01661-00, de acuerdo a lo expuesto en la
parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones de prescripción y
compensación propuestas por la entidad ejecutada, de conformidad con las
consideraciones de esta decisión.
TERCERO: Se ORDENA seguir adelante con la ejecución de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 6 de febrero de 2009 en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral con el
radicado n.° 05001-23-31-000-2004-01661-00, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: TENER para todos los efectos del presente proceso, téngase a los
señores Martín Alonso Ruiz Tamayo y Diego León Ruiz Tamayo como sucesores
procesales de la demandante, Myriam del Socorro Tamayo Ruiz (fallecida), en
su calidad de herederos.
QUINTO: NO CONDENAR en costas, de conformidad con la parte motiva de
esta sentencia» [sic].
13. Para tal efecto, resolvió las excepciones propuestas en los siguientes términos:
→ Excepción de pago
14. Miryam del Socorro Tamayo fue beneficiaria de 2 decisiones judiciales que
reconocieron igual derecho porque ordenaron la reliquidación de la pensión gracia
con la inclusión de la asignación básica, las primas de vida cara, navidad y
alimentación. Ambas fueron cumplidas por la entidad ejecutada a través de las
resoluciones 3057 del 2 de junio de 2005 y UGM 010232 del 26 de septiembre de
2011, en las cuales se calculó la mesada en $228.271,91 y de $230.564,
respectivamente.
15. Por lo anterior, no era correcto lo sostenido en la demanda, esto era que la
diferencia desde el año 1996 fuera de $38.812, pues la pensión ya se había
reliquidado en 2005; en consecuencia, la diferencia era de $2.292,09.
16. La entidad reconoció por concepto de retroactivo la suma de $190.766,79, monto
que calculó por las diferencias de las mesadas desde el 24 de junio de 1996 (por
prescripción) hasta el 27 de diciembre de 1999.
17. Las diferencias no podían limitarse al 27 de diciembre de 1999 como lo hizo la
entidad, sino hasta el momento en que se empezó a pagar efectivamente la mesada
pensional reliquidada. Ello, en tanto para 1999 la mesada fue de $460.451,01 y si
se observaba el histórico de pagos se encontraba que en 2000 y 2001 fue inferior
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la suma percibida en 1999 como consecuencia de la sentencia [$417.583,82 y
$454.122,40]
18. Mediante la Resolución 00026 del 17 de enero de 2002 Cajanal reliquidó la
pensión gracia por retiro y ordenó el pago a partir del 28 de diciembre de 1999 en
cuantía de $464.190,66, solo con la inclusión de la asignación básica. «Al parecer»,
esta era la razón que daba lugar a que la entidad solo liquidara las diferencias de la
mesada pensional hasta el 27 de diciembre de 1999, pues el monto de la prestación
arrojó un mayor valor para 1999 [$464.180,66] comparado con el liquidado en
cumplimiento de la decisión judicial para el mismo año [$460.451,01]; «sin embargo,
ni el histórico de pagos realizados por la entidad, ni las resoluciones a través de las cuales
se [dio] cumplimiento de la decisión [daban] cuenta clara de ello».
19. Debía seguirse adelante con la ejecución hasta tanto se verificara que las
mesadas pagadas a partir de 2000 fueron superiores al monto que arrojó la
liquidación realizada en cumplimiento de la sentencia del 6 de febrero de 2009.
20. En cuanto a la indexación prevista en el artículo 178 del CCA, la entidad la realizó
mes a mes del monto que liquidó como retroactivo a la fecha de ejecutoria de la
sentencia [13 de marzo de 2009] para un total de $217.430,52. Esta era correcta de
acuerdo con el retroactivo liquidado [$190.766,79]; sin embargo, a partir del año
2000 no se evidenciaba que la reliquidación se hubiera realizado en los términos de
la sentencia objeto de recaudo.
21. No estaba en discusión que la Ugpp no había pagado los intereses moratorios
previstos en el artículo 177 del CCA, pues si bien en la Resolución RDP 030998 del
16 de noviembre de 2021 ordenó el desembolso de $27.142,25, abarcó el periodo
comprendido entre el 13 de marzo al 12 de junio de 2009, cuando inició el proceso
de liquidación de Cajanal, «periodo que considera[ba] de suspensión para la causación
de intereses moratorios».
22. Correspondía a la Ugpp atender las demandas relacionadas con derechos
pensionales ya reconocidos y las consecuencias derivadas del cumplimiento de
sentencias judiciales proferidas en su contra, dentro de los cuales estaba el pago
de los intereses. En consecuencia, estos se generaron desde el 13 de marzo de
2009, «fecha en que se cumplieron los 6 primeros meses», pues no existía constancia
de que la beneficiaria hubiera acudido a la entidad para hacer efectivo el pago, razón
por la cual cesaron desde el 14 de septiembre de 2009.
→ Prescripción
23. No tenía vocación de prosperidad porque se sustentó en los artículos 488 del
Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo, 2512 y 2535
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del Código Civil, los cuales regularon la prescripción de los derechos laborales y no
de la acción ejecutiva. De acuerdo con el auto del 1 de agosto de 2009 esta
corporación consideró que la demanda se presentó oportunamente.
→ Compensación
24. Tampoco prosperaba porque el valor pagado por la entidad se tendría como un
pago parcial. Además, la figura solo se presentaba cuando 2 sujetos eran
acreedores y deudores uno del otro, sin que se presentara en el proceso ejecutivo.
1.5. Recurso de apelación10
25. La Ugpp presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
y lo sustentó en los siguientes términos:
26. La entidad cumplió en su totalidad con lo ordenado en la sentencia, pues se pagó
la reliquidación de la pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales
ordenados; igualmente, se desembolsó la indexación.
27. Los valores reconocidos fueron $190.766,79 por capital causado desde el 24 de
junio de 1996 al 27 de diciembre de 1999 y $217.430,52 por indexación causada en
el mismo interregno. Asimismo, se procedió a efectuar nuevamente la indexación
en los términos del certificado de factores salariales del 10 de junio de 1996 así:
28. El monto de la liquidación era menor al reconocido en la Resolución UGM
010232 del 26 de septiembre de 2011, por lo tanto, no era viable reliquidar
nuevamente la prestación.
29. Igualmente, en la Resolución RDP 030998 del 16 de noviembre de 2021 la
entidad aclaró lo referente a los intereses y su suspensión.
10 Samai, gestión en otros despachos, índice Samai, índice 5, archivo «05.
5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE13042024ZIP(.zip) NroActua 2», archivo
«53PoderSustituciónYApelaciónUgppConSoportes».
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1.6. Trámite de la segunda instancia
30. En auto del 30 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la entidad ejecutada contra la sentencia del 15 de marzo de 2024 dictada por el
Tribunal Administrativo de Antioquia11.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
31. De conformidad con los artículos 443 y 446 del Código General del Proceso 12,
en el proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en
una providencia «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.
32. En el caso concreto, el 15 de marzo de 2024 el Tribunal Administrativo de
Antioquia resolvió declarar probada parcialmente la excepción de pago, no así las
de prescripción y compensación, es decir, profirió una sentencia.
33. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación presentado por las partes, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
34. La Sala resolverá el siguiente interrogante: ¿la Ugpp acreditó el pago total de la
obligación con la Resolución UGM 010232 de 2011 y el pago del capital?
35. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará lo relacionado con la carga probatoria
en los procesos ejecutivos y la excepción de pago; y segundo, se resolverá el caso
concreto.
11 Samai, índice 5.
12 En adelante CGP.
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2.3. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago.
Marco normativo y jurisprudencial
36. Cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad únicamente podrá
proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y «su prosperidad
pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con posterioridad a la
existencia de la providencia judicial constitutiva del título13»14. Estas son:
«Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a las
siguientes reglas:
[...]
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo
podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión,
novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa
debida.» [se resalta]
37. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló lo que a continuación se
transcribe15:
«Con respaldo en lo señalado, puede afirmarse que el legislador ha querido que
cuando el «título ejecutivo» sea una «providencia judicial» que haya condenado
a alguna de las partes o en la que fue provocada la terminación del litigio por
conciliación o transacción, las excepciones están limitadas a la lista taxativa que
fue referida en el párrafo precedente, con el propósito de evitar dilaciones
injustificadas en la materialización del derecho sustancial reconocido.»
38. Una de las excepciones previstas en la norma citada es el «pago» que es una
forma de extinción de las obligaciones, de conformidad con el numeral 1 del artículo
1625 del Código Civil que dispuso:
13 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005,
Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el
auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección
“C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
14 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
6ª Ed., 2021, pág. 782.
15 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136-2018, radicación 11001-22-10-000-2017-
00806-01.
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«Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que
las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1° Por la solución o pago efectivo;
[...]»
39. A su vez, los artículos 1626 y 1627 ibidem prevén que el pago efectivo «es la
prestación de lo que se debe» y que se hará «bajo todos los respectos en conformidad al
tenor de la obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes».
40. Es decir que este tiene como objeto que el deudor satisfaga la obligación y, por
consiguiente, que deje de existir. Del mismo modo, desaparece el derecho del
acreedor a exigirla, pero para ello, aquel [el deudor] tendrá la carga de demostrar
que, efectivamente, se entregó la acreencia.
41. Al respecto, en la sentencia del 18 de noviembre de 1991, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente:
«De hecho, el artículo 1626 del C. c. define el pago como la “prestación efectiva
de lo que se debe”. Y el artículo 1627 ib. prescribe que “el pago se hará bajo
todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación...”.
En el anterior orden de ideas, si, como ha sido dicho, la prestación a cargo del
deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando la
cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad de
cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado de la
obligación. O para expresarlo con una fórmula del derecho de obligaciones, el
dinero se encontrará no solo “in solutione”, sino también “in obligatione”». [se
resalta]
42. Igualmente, la doctrina se ha pronunciado respecto del pago como forma de
extinguir las obligaciones, así16:
«Indistintamente, tanto en el lenguaje como en el corriente, se dice pagar,
solucionar, cumplir, cancelar, satisfacer una obligación, para significar la
ejecución de la prestación por parte del deudor y, más ampliamente, la
satisfacción del acreedor. Pago (de pacare = satisfacer, pacificar, aplacar) o
solución es la ejecución de la prestación debida, cualquiera que sea la clase de
la obligación, aun cuando en el habla usual el pago se refiere más a las
obligaciones de entregar y, dentro de ellas, más concretamente, a las
pecuniarias: pago = cancelar una deuda, usualmente, una obligación de dinero.»
16 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. 3ª Ed. I, Universidad Externado de Colombia,
2002, pág. 571.
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43. Es así, entonces, que la obligación se extinguirá únicamente cuando se cumpla
en su totalidad, esto es se pague al acreedor no solo el capital, sino también los
intereses cuando exista retardo, tal como lo prevé el artículo 1649 del Código Civil17.
44. Por consiguiente, para que el juez pueda dar por acreditado el pago, el deudor
debe aportar el documento que evidencie la entrega de los dineros al acreedor, tesis
que ha prohijado esta corporación, por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de
septiembre de 2021, en la cual se consideró lo siguiente18:
«De lo expuesto la Sala no puede concluir nada distinto a que la deuda sigue
pendiente del pago total puesto que si bien se emitieron los aludidos actos
administrativos con el fin de cumplir con lo ordenado en los fallos judiciales, no
es menos cierto que la entidad ejecutada no demostró haber realizado el pago
total, pues de los argumentos de su apelación no se puede extraer que la
obligación esté plenamente satisfecha ante la liquidación efectuada por el a
quo.»
45. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la
obligación recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del
CPACA y 167 del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional
de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la
obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
46. Asimismo, la doctrina19 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a las
normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que encuentra
razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el cual
«[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
47. En el mismo sentido, esta Sección, en sentencia de tutela del 28 de febrero de
201620, consideró lo siguiente:
«Nótese que cuando el título ejecutivo es una sentencia judicial, la norma es
enfática al limitar las excepciones que se pueden proponer, entre las que se
encuentra “el pago”.
17 «Artículo 1649. El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba,
salvo el caso de convención contraria; i sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos
especiales. El pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se
deban.»
18 Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-03557-01 (0341-20).
19 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
20 Subsección A, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).
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De acuerdo con lo anterior, el medio de defensa idóneo, en caso de que se libre
mandamiento ejecutivo en contra de una entidad de derecho público, es la
proposición de excepciones de mérito. En este caso, la excepción de pago, para
lo cual tendrá la carga probatoria de acompañar los documentos o actos
administrativos que demuestren el pago, o en su defecto, pedir las pruebas que
pretenda hacer valer para demostrarlo.
[...]
Así mismo, la entidad que pretenda librarse de la obligación de pagar una
condena impuesta en una sentencia proferida por un juez de lo contencioso
administrativo, deberá, una vez librado el mandamiento ejecutivo, alegar las
excepciones enlistadas en el inciso 2º del artículo 509 del C.P.C., o el artículo
442 del CGP – según la norma aplicable a cada caso-.
En esa medida, no se hace obligatorio para quien inicia un proceso ejecutivo
arrimar copia auténtica de los actos administrativos que cumplieron parcial o
totalmente la condena contenida en la sentencia, porque la carga de la prueba
de quien alega el pago, es quien se pretende beneficiar con la declaratoria del
mismo.» [se resalta]
48. Súmese a lo expuesto que esta Subsección, respecto de la orden de seguir
adelante con la ejecución, ha señalado lo que se transcribe a continuación 21:
«La orden de seguir adelante, significa que el juez encuentra que el título
ejecutivo se ajusta por completo a la legalidad y que, por tanto, el deudor debe
proceder a honrar la obligación insatisfecha. En esta etapa, queda agotada la
defensa del ejecutado y lo que queda por resolver, es únicamente la satisfacción
definitiva y completa del crédito cobrado judicialmente. De ahí que las acciones
que debe desplegar la justicia a partir de la ejecutoria de la orden de seguir
adelante con la ejecución, estarán entonces encaminadas exclusivamente a
obtener el pago a favor del acreedor y una vez ese hecho se produzca, se deberá
disponer la terminación del proceso ejecutivo.»
49. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional22 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda nacional,
21 Auto del 18 de mayo de 2017, radicación 15001-23-33-000-2013-00870-02 (0577-17).
22 Sentencia C-814 de 2009.
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si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir del tiempo
trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].
50. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un
acto procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se puntualizó
que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago parcial que haya
sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento ejecutivo»23.
51. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el
mandamiento ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expide después
de este momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el
mandamiento] y, por consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida
en cuenta al momento de liquidar el crédito.
2.4. Análisis de la Sala
52. La parte ejecutada manifestó que sí se cumplió con la obligación porque la
pensión gracia se reliquidó con los factores salariales ordenados en la sentencia
objeto de recaudo; además, al realizar una nueva liquidación mediante la
Resolución RDP 030998 del 16 de noviembre de 2021 se evidenció que el valor de
la mesada era menor, es decir, $229.150.
53. Pues bien, en el expediente está demostrado que se han expedido actos
administrativos por los cuales Cajanal y la Ugpp se han pronunciado sobre la
situación pensional de Miryam del Socorro Tamayo de Ruiz. Estos son:
Valor de la
Resolución Factores incluidos Observación
mesada
Asignación básica (1994-
002662 del 3/03/1997 $190.181,47 Reconoció la pensión
1995)
Reliquidó la pensión a
Asignación básica (1998- partir del 28/12/1999
00026 del 17/01/2002 $464.180.66
1999) (anulada en sentencia
del 13/08/2004)
Asignación básica Dio cumplimiento a la
Prima de vida cara sentencia del
3057 del 2/06/2005 $228.271,91 Prima de navidad 13/08/2004 y reliquidó
Prima de alimentación la pensión a partir del
(1994-1995) 17/04/1995.
23 Óp. Cit. 14.
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Auto 104159 del Negó la reliquidación de la pensión
23/06/2000 (se declaró su nulidad en la sentencia del 6/02/2009)
Asignación básica
Dio cumplimiento a
Prima de alimentación
UGM 010232 del la sentencia objeto
$230.564 Prima de vida cara
26/09/2011 de recaudo
Prima de navidad
(6/02/2009)
(1994-1995)
Asignación básica
Prima de alimentación Modificó Resolución
RDP 030998 del
$229.150 Prima de vida cara UGM 010232 del
16/11/2021
Prima de navidad 26/09/2011
(1994-1995)
54. Asimismo, en lo que concierne a esta litis, en la sentencia que es objeto de
recaudo, se resolvió lo siguiente:
«1°. Se declara INHIBIDA para proferir un pronunciamiento de fondo frente a la
Resolución Nro. 002662 del 13 de marzo de 1997, proferida por la Caja Nacional
de Previsión Social [...].
2°. Delárese la nulidad del acto administrativo contenido en el Auto Nro. 104159
del 23 de junio de 2000, por medio del cual la Subdirección General de
prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social negó la
petición de reliquidación de la pensión gracia de jubilación a favor de la señora
MIRYAM DEL SOCORRO TAMAYO DE RUIZ, presentada en el sentido de
incluir en ella todos los factores salariales devengados dentro del año anterior a
la adquisición del status pensional.
3°. Condénese a la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal E.I.C.E., a
reliquidar y pagar la pensión gracia reconocida a la señora MIRYAM DEL
SOCORRO TAMAYO DE RUIZ, en un monto equivalente al setenta y cinco por
ciento (75%) del salario mensual promedio devengado por el interesado en el
año anterior al cumplimiento de los requisitos para adquirir el derecho a la
pensión gracia, esto es, del 18 de abril de 1994 al 17 de abril de 1995, incluyendo
en el cálculo de la misma, además del salario básico, las primas de vida cara,
navidad y alimentación, factores salariales debidamente certificados dentro del
proceso como devengados en dicho periodo de tiempo. Cajanal descontará las
sumas de dinero que hayan prescrito, conforme se expuso en la parte motiva.
4°. El valor resultante de la reliquidación de la pensión reconocida será ajustado
en los términos del artículo 178 del C.C.A., hasta la fecha de ejecutoria de la
presente providencia, dando aplicación a la siguiente fórmula:
[...]
5º. Désele cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176 y
188 del C.C.A.»
55. En cumplimiento de lo anterior, se expidió la Resolución UGM 010232 del 26 de
septiembre de 2011, en la cual –como se expuso– se incluyeron los factores
ordenados en el título para una mesada de $230.564 y en diciembre de 2012 fue
incluida en nómina, fecha en la cual también se pagaron las siguientes sumas:
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56. Sinembargo, al revisar la liquidación de la entidad, se evidencia que se
establecieron las diferencias hasta 1999 así:
Año Valor
1996 $ 2.739,05
1997 $ 3.331,50
1998 $ 3.921,51
1999 $ 4.797.63
57. A pesar de que la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho cobró
firmeza el 13 de marzo de 2009, la entidad (i) no realizó la indexación ordenada, es
decir, en los términos del artículo 178 del CCA o hasta la fecha de ejecutoria [13 de
marzo de 2009]; y (ii) tampoco expuso la razón para dejar de indexar las diferencias
causadas después de 1999.
58. Tal como lo sostuvo el a quo, no se desconoce que mediante la Resolución
00026 del 17 de enero de 2002 se reliquidó la pensión gracia por retiro definitivo del
servicio, se elevó la cuantía de la mesada a $464.180 y se hizo efectiva a partir del
28 de diciembre de 1999; sin embargo, esta fue anulada mediante la sentencia del
13 de agosto de 2004 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia y se redujo
el quantum a $228.271,91 a través de la Resolución 3057 de 2005. De cualquier
modo, entre esta última mesada y la reliquidada con ocasión del título ejecutivo
existía una diferencia de $2.292,09 que debía pagarse hasta la ejecutoria de la
sentencia.
59. Incluso, si se tuviera en cuenta que la mesada no era de $230.564, sino de
$229.150 como lo sostuvo la entidad ejecutada, lo cierto es que aun persistiría una
diferencia de $878,09 que debía actualizarse hasta la fecha de ejecutoria, tal como
lo ordenó el título ejecutivo.
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60. En consecuencia, la Sala comparte lo considerado por el a quo, esto es que será
en la etapa de liquidación del crédito que se determine el valor real de las diferencias
ordenadas en la sentencia objeto de recaudo, máxime si se tiene en cuenta que en
el expediente no obran los certificados de factores salariales que fueron tenidos en
cuenta por la entidad al momento de liquidar la prestación.
61. Agrégase a lo anterior que en las resoluciones UGM 010232 del 26 de
septiembre de 2011 y RDP 030998 del 16 de noviembre de 2021 se incluyeron
sumas diferentes en el factor «prima de alimentación» sin que se justificara la razón:
Resolución UGM Resolución RDP
Factores Año 010323 del 030998 del
26/09/2011 16/11/2021
Asignación básica 1994 $2.024.177 $2.024.177
Prima de alimentación 1994 $86.534 $68.747
Prima de vida cara 1994 $120.010 $120.010
Prima de navidad 1994 $168.681 $168.681
Asignación básica 1995 $1.018.729 $1.018.729
Prima alimentación 1995 $43.185 $38.342
Prima de vida cara 1995 $142.813 $142.813
Prima de navidad 1995 $84.894 $84.894
62. De otro lado, en cuanto a los intereses moratorios, también ha de concluirse que
no reposa en el expediente constancia alguna de su pago. Es así porque si bien es
cierto que en la Resolución UGM 010232 del 26 de septiembre de 2011, expedida
por el liquidador de Cajanal, se ordenó que el Área de Nómina realizara las
«operaciones pertinentes conforme se señala en el fallo y en el presente acto
administrativo, respecto a los artículos 177 del CCA, precisando que este pago [estaba] a
cargo de CAJANAL E.I,.C.E. – EN LIQUIDACIÓN [...]», también lo es que en la
liquidación efectuada por «UGPP – CAJANAL» no fue incluido valor alguno por dicho
concepto:
63. A la par, en la Resolución RDP 030998 del 16 de noviembre de 2021 se dejó
constancia de lo siguiente:
«Revisados los aplicativos de la Entidad no se encuentran reconocidos y
liquidados los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del CCA. Se
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encuentra solicitud radicada en la Entidad el 14 de febrero de 2013 sin evidenciar
pronunciamiento alguno.
[...]
Que revisada la base de pago de sentencias se tiene que no se pago suma
alguna por concepto de intereses moratorios.» [sic]
64. Es del caso señalar que en este último acto se ordenó que se reportara a la
Subdirección Financiera de la Ugpp el valor de $27.142,25 de intereses moratorios,
a fin de que se efectuara «la ordenación del gasto y el pago correspondiente según
disponibilidad presupuestal»; además, se dejó en suspenso el desembolso hasta tanto
se aportara copia de la escritura pública o sentencia ejecutoriada de la sucesión, en
la cual se indicaran los herederos de la causante.
65. Al respecto, es necesario anotar que (i) desde el 27 de julio de 2022 la parte
demandante aportó el registro civil de defunción, así como los registros civiles de
nacimiento de Martín Alonso y Diego León Ruiz Tamayo; y (ii) desde el 15 de marzo
de 2024 –cuando se dictó la sentencia de primera instancia– se les reconoció la
calidad de sucesores procesales, sin que a la fecha se acreditara el pago por
concepto de intereses moratorios.
66. Por último, la Ugpp afirmó que en la Resolución RDP 030998 de 2021 se aclaró
lo referente a los intereses y su suspensión. En este acto, se consignó lo que sigue:
«[...] En caso contrario, si la(s) sentencia(s) y demás documentos requeridos
para el pago, fueron allegados por el despacho judicial correspondiente o por el
Área Jurídica, y no medio solicitud de parte posterior a ello, se toma como fecha
de solicitud un (1) día después a la fecha de pago efectivo, y sólo se pagarán los
primeros seis (6) meses.
A partir del mes séptimo (7°), contado desde la fecha de ejecutoria de la
sentencia declarativa, se suspende la causación de intereses, y solo se reanuda
el cálculo a partir de la radicación de la documentación por el demandante o su
apoderado, o desde que se radique la solicitud de cumplimiento al fallo una vez
esté completa la documentación en el expediente.
Como se observa, para el presente caso, con relación a la fecha de completitud
documental o de solicitud de cumplimiento al fallo, se suspende la causación de
intereses a partir del cumplimiento del término legal, y hasta que el demandante
o su apoderado allegaron en debida forma la documentación requerida para el
pago, o solicitaron el cumplimiento al fallo con posterioridad a que los
documentos reposaran en el expediente, en todo caso antes de la fecha efectiva
de pago.»
67. Estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el a quo, pues expresamente
indicó que «los intereses moratorios en el presente caso se causaron desde el 13 de marzo
de 2009, fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta el 13 de septiembre de 2009, fecha en
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la que se cumplieron los primeros 6 meses que contempla el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo, pues, como lo afirma la UGPP no hay constancia de que la
beneficiaria o su apoderada hayan acudido ante la entidad responsable para hacer efectivo
el pago, acompañando la documentación exigida para el efecto, por lo que cesó la
causación de intereses moratorios a partir del 14 de septiembre de 2009».
68. Y, en cuanto a la anotación relacionada con que «se superaron los términos legales
para interponer la acción ejecutiva, y siendo competencia de Cajanal la atención a la
solicitud de cumplimiento al fallo, no se liquidan intereses desde el 12 de junio de 2009
hasta el 12 de junio de 2013», es menester precisar que en sentencia del 12 de
septiembre de 202424 esta Subsección consideró [entre otras cosas] que,
comoquiera que los dineros relativos a intereses moratorios son accesorios de la
condena principal [mesadas o diferencias pensionales e indexación], el ejecutante
no debía presentar reclamación alguna ante el liquidador de Cajanal, en razón a
que estas obligaciones no hacían parte de la masa de liquidación; en ese sentido,
la UGPP, como sucesora de Cajanal, es la llamada a cumplir la obligación.
69. Lo anterior, con respaldo en distintos pronunciamientos de esta Sección y, en
especial, del auto dictado el 30 de septiembre de 2021 en el que, al resolver una
solicitud de unificación de jurisprudencia, se expuso lo que se transcribe a
continuación:
«Por otra parte, en vista de la transición de funciones que se generó con el
proceso liquidatorio, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 4269 del 8 de
noviembre de 201125, procedió a distribuir competencias entre CAJANAL
EICE en Liquidación y la UGPP26, y dispuso que la atención de solicitudes
relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones
económicas se haría por ambas entidades de acuerdo con la fecha de la
presentación de la respectiva petición, así: i) asignó a la UGPP, el trámite de
las presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011; y ii) CAJANAL EICE en
Liquidación, continuaría con la competencia respecto de las radicadas con
anterioridad a esa fecha27.
Así las cosas, se define que al desaparecer CAJANAL y ser sustituida
totalmente por la UGPP, ésta por mandato legal en su condición de sucesor
de derechos y obligaciones relacionadas con la administración del régimen
pensional de la extinta entidad, debió continuar con el ejercicio de sus
funciones y ser llamada a asumir la defensa de los procesos, así como a dar
24 Radicación 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
25
“Por el cual se distribuyen competencias”.
26 En este Decreto resaltó que CAJANAL EICE en Liquidación en ese momento se encontraba atendiendo
aquellas solicitudes de reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines que se hacían
parte del inventario del represamiento de la entidad, esto es que fueron presentadas con anterioridad al 25 de
junio de 2009 y que aun se encontraban pendientes de resolver, así como de aquellas que se habían presentado
con posterioridad a dicha fecha en desarrollo del proceso liquidatorio.
27 Ello, pese a que la administración de la nómina de pensionados estaría a cargo de la UGPP de acuerdo con
su competencia y con la información remitida por CAJANAL en lo que a ella correspondía reconocer.
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cumplimiento a las sentencias en materia pensional con sus correspondientes
pagos accesorios, como los intereses moratorios.
[...]
Así, se ha entendido que si el interesado fue o no parte del proceso liquidatorio
de la Caja Nacional de Previsión Social, ello no impide la presentación ante
esta jurisdicción de las demandas ejecutivas para el pago de las obligaciones
contenidas en las sentencias condenatorias que Cajanal o el Patrimonio
Autónomo o la UGPP debían acatar y que no lo hicieron.
En ese sentido, la defensa de dichos procesos debe ser asumida por la ya
mencionada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, dada su condición de
sucesora de derechos y obligaciones de la extinta CAJANAL.»
70. Por lo anterior, la Sala concluye que a la fecha no se ha satisfecho en su totalidad
la obligación, pero se debe aclarar que es imprescindible que al momento de liquidar
el crédito se establezca el valor real de la primera mesada pensional para
determinar el monto total adeudado por concepto de retroactivo, indexación e
intereses moratorios.
2.5. Conclusión
71. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia que declaró probada parcialmente la excepción de pago propuesta por la
Ugpp y ordenó seguir adelante con la ejecución, pues no se observa que se haya
pagado la totalidad del capital y tampoco los intereses moratorios causados.
2.6. Costas
72. En el recurso de apelación se manifestó que «no se debió condenar en costas a la
parte vencida, al no haberse demostrado que la parte hubiera realizado actuaciones
temerarias o dilatorias que dificultaren el curso normal del proceso [...]».
73. En la sentencia de primera instancia se consideró lo que sigue:
«En aplicación de los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, 365 y 366 del Código General del Proceso y
el Acuerdo núm. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se impone la condena en
costas y agencias en derecho a la parte vencida, las cuales se liquidarán por la
Secretaría de esta Corporación según la Ley 1564 de 2012 y en la medida de su
comprobación.
Las agencias en derecho se fijan en el equivalente al 3% del valor de lo pedido,
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo núm. PSAA16-10554 de agosto
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5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.»
74. Pues bien, la condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-
administrativo está prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
75. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
76. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma28.
77. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
78. No evidencia la Sala que en esta instancia la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual no se condenará en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
28En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que declaró probada parcialmente la excepción de pago
propuesta por la Ugpp y ordenó seguir adelante con la ejecución, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
de rigor en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JORGE EDISON PORTOCARRERO
Firmado electrónicamente BANGUERA
Aclara el voto Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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