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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01491-01

Fecha
19 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01491-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de que la pensión de sobrevivientes se reconoce desde el 19 de julio de 1995, pero con efectos fiscales a partir del 18 de julio de 2015 por prescripción y hasta la fecha de fallecimiento de María Maura Arias de Escobar, la cual deberá ser verificada previamente por la entidad demandada. Además, se ordena que el pago de las sumas adeudadas se efectuará a la masa sucesoral de la demandante. Segundo. En lo demás, se confirma la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por María Maura Arias de Escobar contra la Nación, Ministerio de Defensa. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado Electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01491-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional

Tema: Pensión de sobrevivientes. Aplicación del régimen previsto en la
Ley 100 de 1993.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. María Maura Arias de Escobar1 presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 6166 del 17 de agosto de 2012,
por medio de la cual se negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

1 Es preciso señalar que, en el registro civil de nacimiento, su nombre se consignó como María Aura,

pero en la cédula se registró como María Maura. Para efectos de la sentencia, la Sala se referirá a
María Maura Arias de Escobar.
2 En adelante CPACA.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes por la muerte de su hijo, Jesús Antonio Escobar Arias, quien se
desempeñó como soldado regular en el Ejército Nacional.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. Jesús
Antonio Escobar Arias vivía con sus padres y les colaboraba
económicamente, pues era agricultor y «con lo que conseguía sostenía a su familia».

3.2. El 23 de noviembre de 1994, fue reclutado por el Ejército Nacional con el fin de
que prestara el servicio militar obligatorio, «dejando en abandono a su madre», María
Maura Arias de Escobar

3.3. Prestó el servicio militar en el «contingente 94». Después de una misión, a él y
sus compañeros se les otorgó una licencia «y los embarcaron en una chalupa pequeña,
y ellos vieron que no cabían le dijeron a su superior pero este no reparo y continuo
embarcándolos sin mirar ni medir las consecuencias que podía acarrear esto, ya que eran
18 soldados que no cabían en dicha chalupa por el peso de ellos mismos, pero ya llegando
a puerto Berrio fue donde se volteó la chalupa y de 18 solo se pudieron salvar cuatro
soldados, los otros se ahogaron» [sic]. Estos hechos ocurrieron el «19 de julio de 1995 a
las 8:00 horas aproximadamente» [sic].

3.4. Las familias de los soldados no tenían conocimiento de que saldrían a disfrutar
de la licencia.

3.5. Los padres del soldado, Jesús Antonio Escobar Arias y María Maura Arias de
Escobar, recibieron un pago por concepto de compensación por muerte que
ascendió a $4.776.000.

3.6. María Maura Arias de Escobar «solicitó verbalmente y por escrito» el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; sin embargo, la entidad
demandada negó la petición a través del acto acusado con sustento en que el
soldado falleció en simple actividad.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 42, 46, 48, 51, 52,
53 y 90 de la Constitución Política; 41, 42 y 43 del Decreto 2463 de 2001 y el Decreto
917 de 1999; en su concepto, porque:

5. En el sistema general de seguridad social, el grupo familiar del afiliado que
fallezca y que hubiere cotizado por lo menos 26 semanas, tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

6. En el caso, la madre del soldado adquirió el derecho, toda vez que, al momento
de su muerte, él había prestado el servicio militar obligatorio por más de 26
semanas; además, la Ley 100 de 1993 no exigía que la muerte hubiere ocurrido en
el servicio y tampoco discriminó «con la frase que según la institución le quita el derecho
[...] cuando se refiere que fue en “simple actividad”». La Corte Constitucional señaló que
no era admisible que se excluyera a un grupo de pensionados de un beneficio que
se otorgó a la generalidad del sector.

1.2. Contestación de la demanda

7. La Nación, Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones, por las razones
que se sintetizan a continuación:

8. La norma aplicable era el Decreto 2728 de 1968, toda vez que el soldado falleció
el «18 de julio de 1995» en «simple actividad», por tal razón, se ordenó el pago de la
compensación por muerte a los beneficiarios. El acto administrativo fue expedido de
acuerdo con la legislación aplicable y dio respuesta de manera clara y precisa a la
petición.

9. Según el informe 04 del 18 de julio de 1995, la muerte no fue en actos meritorios
del servicio y tampoco en combate, es decir, las circunstancias que la provocaron
no fueron ocasionadas por la actividad del servicio «como para poder deducir que sus
beneficiarios tienen derecho a la declaratoria del reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, pues no se [cumplieron] los requisitos exigidos por las normas aprobadas por
el Gobierno Nacional, para las Fuerzas Militares».

10. La parte demandante no demostró la dependencia económica respecto del
soldado regular Jesús Antonio Escobar Arias, puesto que al recibir ingresos «como
debió haberlos recibido y al subsistir todo este tiempo sin la ayuda que predica, se
desvirtúa[ba] esa figura, la cual [era] ajena de la mera ayuda o colaboración que le pudiera
prestar su hijo fallecido y que en todo caso de esta tampoco [existía] prueba alguna» [sic].

11. El soldado y el Ejército Nacional no tuvieron relación laboral alguna, pues solo
cumplió un deber constitucional de incorporarse a la fuerza para reforzar la labor de
defensa de la independencia, la soberanía nacional y la convivencia pacífica;
además, como los uniformados tenían un régimen especial, era improcedente
aplicar el régimen general previsto en la Ley 100 de 1993.

12. Propuso las excepciones de «prescripción de las mesadas pensionales»,
«inexistencia de ilegalidad o nulidad de los actos administrativos demandados», «carencia
del derecho de la demandante e inexistencia de la obligación de la demandada» y
«presunción de legalidad del acto acusado».

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

1.3. La sentencia apelada

13. Mediante sentencia proferida el 12 de octubre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Antioquia resolvió (i) declarar la nulidad de la Resolución 6166 del
17 de agosto de 2012; (ii) ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa, reconocer a
la solicitante la pensión de sobrevivientes, en los términos del artículo 48 de la Ley
100 de 1993, a partir del 18 de julio de 2015 por prescripción; y (iii) no condenar en
costas3.

14. Anunció como sustento de la decisión la sentencia de unificación proferida el 12
de abril de 2018 con radicación 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15); abordó
el marco normativo y jurisprudencial de los siguientes temas: (i) servicio militar
obligatorio en la Fuerza Pública; (ii) pensión de sobrevivientes en el régimen
general; (iii) determinación de la regla aplicable a la pensión de sobrevivientes para
los beneficiarios de los conscriptos de las Fuerzas Militares fallecidos simplemente
en actividad; y (iv) descuentos de lo percibido por concepto de compensación por
muerte. A continuación, resolvió el caso concreto en los siguientes términos:

15. Se demostró que Jesús Antonio Escobar Arias era hijo de Luis Enrique Escobar
y «María Aura Arias» [sic] y falleció simplemente en actividad el 18 de julio de 1995;
también se acreditó que se desempeñó como soldado regular al Ejército Nacional
el 23 de noviembre de 1994 hasta el momento de su muerte, para un total de 7
meses y 26 días.

16. De acuerdo con la regla de favorabilidad prevista en el artículo 288 de la Ley
100 de 1993 -sin la modificación de la Ley 797 de 2003-, los padres tenían derecho
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes siempre que acreditaran la
dependencia económica, interpretación que se acompasaba con el principio de
universalidad.

17. Para el caso, en virtud del artículo 19 de la Ley 352 de 1997, quienes prestaran
el servicio militar obligatorio eran afiliados no cotizantes al régimen de seguridad
social de las Fuerzas Militares, por lo tanto, no era procedente exigirles el requisito
mínimo de cotización al que hacía alusión el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, pero
«sí era viable que durante tal término [hubieran] sido afiliados al sistema», pues (i) la ley
daba beneficios a los afiliados así no fueran cotizantes, tan así que el servicio militar
era computado para efectos pensionales, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 48
de 1993; (ii) la pensión de sobrevivientes no era una prestación de aquellas que
provinieran de un capital suficiente para su financiación, sino de un sistema de
aseguramiento del riesgo por el fallecimiento del afiliado; y (iii) una interpretación
sistemática de las normas que regulan a quienes se encontraban vinculados en
virtud del deber constitucional, permitía concluir que ninguna de las prestaciones
previstas en el Decreto 2728 de 1968, la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004

3 El magistrado Gonzalo Zambrano Velandia salvó el voto.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

estaban supeditadas al sistema de cotizaciones, sino solamente a la afiliación.

18. En ese orden, como el soldado regular estuvo vinculado al ejército Nacional por
más de 26 semanas, desde el 23 de noviembre de 1994 al 19 de julio de 1995,
debía deducirse que estuvo afiliado al sistema de seguridad social de las Fuerzas
Militares y, por lo tanto, cumplió con el requisito mínimo por la Ley 100 de 1993.

19.Aunado a lo anterior, de acuerdo con las documentales aportadas, Jesús
Antonio Escobar Arias no tuvo hijos, no contrajo matrimonio ni tenía compañera
permanente, información que no controvirtió la parte demandada.

20. Según las pruebas, la beneficiaria del soldado era María Maura Arias de
Escobar, «sin que [hubiera] constancia alguna que tuviera hijos que dependieran
económicamente de él». Adicionalmente, según la declaración extrajudicial suscrita
por Giraldo de Jesús Cardona Ramírez el 21 de julio de 1995, él atendía el
sostenimiento de sus padres, «ya que lo que conseguía jornaleando se lo daba a sus
padres para cubrir las necesidades del hogar».

21. La dependencia económica no podía asumirse desde la óptica de carencia total
de recursos económicos, sino de la falta de condiciones materiales mínimas para la
subsistencia; en consecuencia, era claro que el soldado contribuyó al soporte
económico de su hogar, situación que se vio afectada con su deceso, de manera
que el requisito estaba acreditado.

22. En la Resolución 5765 del 26 de abril de 1996 se reconoció a Luis Enrique
Escobar Bedoya como beneficiario en condición de padre del causante; sin
embargo, «no se hizo parte dentro del proceso, por lo que no [sería] tenido en cuenta con
fines de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes»; ello, sumado a que, según el
registro de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en
Salud -ADRES- aparecía como afiliado fallecido; en consecuencia, procedía el
reconocimiento a la demandante.

23. De conformidad con el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, la pensión se debía
reconocer con el equivalente al 45% del ingreso base de liquidación; además, había
de atenderse el artículo 18 ibidem, conforme con el cual, en ningún caso el ingreso
base de cotización podía ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente.

24. Respecto de la prescripción, la pensión tendría efectos a partir del 18 de julio
de 2015, en razón a que la demanda se presentó el 18 de julio de 2018. Asimismo,
debía ordenarse el descuento de lo pagado en virtud de la Resolución 5765 del 26
de abril de 2007, esto es la compensación por muerte, debido a la incompatibilidad
de las prestaciones.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

1.4. El recurso de apelación

25.Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso el recurso de
apelación y lo sustentó en los siguientes términos:

26. Si se analizaban los hechos y la «escasez de pruebas» se podía concluir que no
había lugar al reconocimiento de la pensión, pues no se demostró la dependencia
económica. Además, de no revocarse la sentencia, se generaría un detrimento
patrimonial al Estado.

27. Si bien la jurisprudencia ha admitido la aplicación del régimen general en virtud
del principio de favorabilidad, el reconocimiento tampoco era procedente porque
«quedó demostrado efectivamente que la señora María Maura, no dependía
económicamente del difunto Jesús Antonio Escobar Arias, y teniendo presente que la
dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho de que, una vez fallecido
el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución económica hacia el
presunto beneficiario, la solvencia de este último se ve amenazada en importante nivel, de
manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida, no resulta[ba] lógico que la
demandante [persiguiera] dicho reconocimiento». Si subsistió por 23 años sin la ayuda
de su hijo, debía inferirse que no existió la dependencia.

28. El régimen normativo aplicable al soldado fallecido era el Decreto 2728 de 1968,
el cual no establecía el reconocimiento y pago de la pensión por muerte a favor de
sus beneficiarios. Igualmente, no había lugar a que los miembros de las Fuerzas
Militares se acogieran a las normas propias de su régimen prestacional, pero a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho pidieran la
aplicación del régimen general de seguridad social.

1.5. Trámite de la segunda instancia

29. En auto del 1 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandada contra la sentencia proferida el 12 de octubre de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, en los términos de la Ley 2080 de 2021.

30.Posteriormente, en proveído del 17 de noviembre de 2023, dispuso que no
había «solicitud de práctica de pruebas por resolver, ni el despacho [consideraba]
necesario decretar alguna de oficio».

II. Consideraciones

2.1. Competencia

31.La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de conformidad

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Demandante: María Maura Arias de Escobar

con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as salas, secciones
y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

32. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿María Maura Arias de
Escobar tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el
fallecimiento de su hijo, Jesús Antonio Escobar Arias, quien para el 18 de julio de
1995 prestaba su servicio militar obligatorio?

33. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
del servicio militar obligatorio, régimen prestacional de los conscriptos y la pensión
de sobrevivientes; segundo, se expondrán los hechos probados; y tercero, se
resolverá el caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. El servicio militar obligatorio

34. El artículo 216 de la Constitución Política estableció que «todos los colombianos
están obligados cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo
eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo».

35. A su turno, la Ley 48 de 1993 «por la cual se reglament[ó] el servicio de
Reclutamiento y Movilización» [vigente para la época de los hechos4]; estableció que
las modalidades sobre la prestación del servicio militar serían: (i) como soldado
regular, de 18 a 24 meses; (ii) como soldado bachiller, 12 meses; (iii) como auxiliar
de policía bachiller, 12 meses; y (iv) como soldado campesino, de 12 a 18 meses
[artículo 13]. Además, en su artículo 14, dispuso que todo varón colombiano tenía
«la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso anterior en que
cumpl[iera] la mayoría de edad, requisito sin el cual no [podría] formular solicitudes de
exención o aplazamiento. Cuando se lleg[ara] a la mayoría de edad sin haberse dado
cumplimiento a esta obligación, la autoridad pod[ía] compelerlo sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones que se [establecían] en la presente Ley».

36. Y en los artículos 39 y 40, se ordenó que (i) desde el día de su incorporación
hasta la fecha del licenciamiento, los conscriptos tendrían derecho, entre otras
cosas, a disfrutar de una bonificación mensual; y (ii) en las entidades del Estado de
cualquier orden, «el tiempo de servicio militar les ser[ía] computado para efectos de

4 Pues fue derogada por el artículo 81 de la Ley 1861 de 2017.

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Demandante: María Maura Arias de Escobar

cesantía, pensión de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley».

37. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación en el concepto proferido
el 1 de julio de 20045 sostuvo que «el tiempo de servicio militar se computa para efecto
de derechos pensionales tanto en el Régimen General de Seguridad Social como en el
especial de las Fuerzas Militares, incluido el del personal de soldados profesionales, pues
la preceptiva del artículo 40 de la ley 48 de 1.993 se refiere de modo genérico a “todo
colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio”, de donde se infiere que la
efectividad del beneficio opera de manera automática una vez se haga valer para el
reconocimiento de derechos pensionales, bien en el Régimen General como en el propio
de la fuerza pública. Estos son derechos que adquieren quienes prestan el servicio militar
obligatorio».

2.3.2. Las prestaciones destinadas a quienes prestan el servicio militar
obligatorio

38. La Ley 65 de 19676 revistió al presidente de la República para modificar «el
régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento de los Oficiales y Suboficiales de
las Fuerzas Militares y de la Policía, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio
del ramo de la Defensa Nacional» [artículo 1].

39. En cumplimiento de lo anterior, expidió el Decreto 2728 de 1968 «[p]or el cual se
modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de
soldados y grumetes de las Fuerzas Militares». Concretamente, en el artículo 8 dispuso
lo siguiente:

«Artículo 8º. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa
de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo,
bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será
ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo o Marinero y sus
beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho
(48) meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de
la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada
por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al
reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en
todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas
diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al
reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en
todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.»

40. Esta disposición fue condensada en la sentencia de unificación CE-SUJ2-010-

5 Expediente 1557.
6 «[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar

la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de
la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de
las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión
Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas».

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

18 del 12 de abril de 20187 así:

Norma Calificación de la muerte Prestaciones
• Ascenso póstumo a cabo
segundo o marinero.
Heridas o accidente aéreo en
combate o por acción directa del
• Reconocimiento y pago de
enemigo, bien sea en conflicto
48 meses de los haberes
internacional o en
correspondientes a dicho
mantenimiento del orden
grado.
público.
Decreto 2728
de 1968 - El pago doble de la cesantía.
Reconocimiento y pago de 36
meses del sueldo básico que
Accidente en misión del servicio.
en todo tiempo corresponda a
un cabo segundo o marinero
Reconocimiento y pago de 24
En servicio activo o por causas meses de sueldo básico que en
diferentes. todo tiempo corresponda a un
cabo segundo o marinero.

2.3.3. La pensión de sobrevivientes cuando se trata de la muerte de un
conscripto. Aplicación de la Ley 100 de 1993

41. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un
servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la coordinación, dirección
y control del Estado y, asimismo, es considerado un derecho irrenunciable.

42. La pensión de sobreviviente y/o sustitución pensional tiene como objeto
fundamental solventar la contingencia de muerte del trabajador, en el sentido de
suplir el apoyo económico que, en vida, brindaba a su núcleo familiar, es decir,
impedir el cambio de las condiciones de subsistencia de sus beneficiarios.

43. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que la prestación mencionada
«constituye uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del
objetivo de la seguridad social»; igualmente, que su finalidad se contrae a «la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que
dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de
subsistencia, sin que se vea alterada la situación social y económica con que contaban en
vida del pensionado o afiliado que ha fallecido»8.

44. El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 estableció la pensión de sobrevivientes así:

«Artículo 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho
a la pensión de sobrevivientes:

7 Radicación 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-15).
8 Sentencia T-813 de 2013.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por
lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca la muerte.

PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la
presente Ley.»

45. Este artículo fue modificado por la Ley 797 de 2003, la cual -en el artículo 12-
dispuso:

«Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a
la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

[literales a) y b) declarados inexequibles en la sentencia C-556 de 2009]

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya
tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la
devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se
refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes,
en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la
Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del
monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.»

46. Por su parte, los artículos 47 y 48 del mismo cuerpo normativo, establecieron quiénes
serían los beneficiarios y el monto de la pensión:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite.

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento en que
éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez,

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años
continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos
con el pensionado fallecido;

b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
invalidez;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones
académicas que establezca el Gobierno 9; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras
subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se
aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de este;

Artículo 48. Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión
de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que
aquel disfrutaba.

El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será
igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500)
semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.

No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de
sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente
con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del
ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones
establecidas por dicho instituto.»

47. De estas normas se extrae que se accederá a la pensión a favor de los
miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando este hubiere
cotizado 26 semanas al momento de la muerte o 50 dentro de los 3 últimos años,
según la norma que resulte aplicable.

2.4. Lo probado

48. En el expediente se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:

49. Jesús Antonio Escobar Arias era hijo de Luis Enrique Escobar y «María Aura
Arias»10.

9 Expresión declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006.
10 Se reitera que también figura como María Maura Arias de Escobar. La entidad aceptó que se trata

de la misma persona, como se observa en el acto acusado que se relaciona más adelante.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

50. Ingresó al Ejército Nacional en condición de soldado regular el 23 de noviembre
de 1994 y falleció el 18 de julio de 199511; su cadáver fue «encontrado [...] en las
laderas del río Puerto Murillo». Cumplió un tiempo de servicios de 7 meses y 26 días
o 33 semanas, aproximadamente.

51. En el informe administrativo por muerte 04 del 22 de julio de 1995 se anotó lo
que se transcribe a continuación:

«El 18 de julio de 1995 a las 18:45 horas aproximadamente el soldado
ESCOBAR ARIAS JESUS ANTONIO [...] salió con licencia autorizada por el
Comando del Batallón, en compañía de otros soldados se subió a una chalupa
de línea civil de Cantimplora a Puerto Berrio, cuando viajaban en ella esta se
hundió y los soldados se tiraron naufragando cuatro soldados entre ellos el
soldado ESCOBAR ARIAS, siendo encontrado fallecido por inmersión en el
Río Magdalena Medio el 19 de julio de 1995 a las 11:00 horas
aproximadamente.

De acuerdo con el Artículo No. 8º del Decreto No. 2728 de 1968 la muerte del
soldado ESCOBAR ARIAS JESUS ANTONIO sucedió “simplemente en
actividad”, y actualmente se adelanta investigación preliminar por el Juzgado
126 de Instrucción Penal Militar para establecer responsabilidades por lo
sucedido» [se resalta].

52. Mediante la Resolución 5765 del 26 de abril de 1996, la entidad demandada
reconoció a favor de Luis Enrique Escobar Bedoya y María Maura Arias de Escobar
la suma de $4.776.000 por concepto de compensación por muerte, equivalente a 24
meses de sueldo básico de un cabo segundo para la época del fallecimiento.

53. Con la Resolución 6166 del 17 de agosto de 2012 se declaró que no había lugar
al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del soldado regular, Jesús Antonio
Escobar Arias, a favor de «María Aura Arias de Escobar», en calidad de madre del
causante, por las siguientes razones:

«Que se presenta a reclamar pensión de sobrevivientes la señora MARIA
AURA ARIAS DE ESCOBAR.

Que de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la libre apreciación de las
pruebas consagradas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, se
puede establecer que MARIA AURA ARIAS y MARIA MAURA ARIAS DE
ESCOBAR, es la misma persona.

[...]

Que mediante Resolución No. 5765 del 26 de abril de 1996, expedida por el
Subsecretario General del Ministerio de Defensa Nacional, se reconoció la
compensación por muerte por el fallecimiento del Soldado Regular del Ejército
Nacional ESCOBAR ARIAS JESUS ANTONIO [...].

11 Según el certificado de defunción.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

Que teniendo en cuenta las normas citadas, se puede concluir en forma clara
que por el fallecimiento del Soldado Regular del Ejército Nacional ESCOBAR
ARIAS JESUS ANTONIO, no se generó el derecho a pensión a favor de la
señora MARIA AURA ARIAS DE ESCOBAR, toda vez que el Decreto 2728
de 1968 no consagraba pensión a favor de los beneficiarios legales del
personal de Soldados, Grumetes e Infantes de Marina, de las Fuerzas
Militares de Colombia.»

2.5. Caso concreto

2.5.1. Sobre la aplicación de la Ley 100 de 1993

54. En la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 2018, se
fijaron las reglas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de
personas vinculadas a las fuerzas militares en cumplimiento de esa obligación
constitucional [servicio militar obligatorio] en aquellos casos en que los conscriptos
fallecieran simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993.

55. En esta providencia se indicó que, si bien la Ley 100 de 1993 exceptuó a las
Fuerzas Militares de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social [artículo
279], el artículo 288 ibidem «permitió que todo trabajador se beneficie de ella si ante la
comparación con leyes anteriores sobre la misma materia, esta le resulta más favorable,
siempre que se someta a la totalidad de sus disposiciones», de manera que la aplicación
de la regla de favorabilidad se dirige a que el régimen que más ampara a los
beneficiarios del conscripto fallecido simplemente en actividad es el contenido en
este régimen porque prevé una prestación con mayor vocación de continuidad en el
tiempo que las contenidas en el Decreto 2728 de 1968 y que, además, se
corresponde con los efectos pensionales que debe imprimírsele a este periodo de
servicio público.

56. De ahí que se concluyera que, «con apoyo en el principio de favorabilidad y el
derecho a la igualdad, se apliquen las normas del régimen general de seguridad social a
los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional» y, por tal razón, se
establecieran las siguientes reglas de unificación:

«2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288
de la Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas vinculadas a las
Fuerzas Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar
el servicio militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de
sobrevivientes prevista por el régimen general contenido en la Ley 100 de
1993, artículos 46, 47 y 48, el cual deberá aplicarse en su integridad para
efectos del reconocimiento de la prestación, esto es, lo relativo al monto de la
pensión, el ingreso base de liquidación y el orden de beneficiarios.

3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

inescindibilidad normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de
sobrevivientes en virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá
descontarse, debidamente indexado, lo pagado como compensación por
muerte simplemente en actividad, en atención a la incompatibilidad de los dos
regímenes y a que la contingencia que cobija tal prestación es cubierta con el
reconocimiento pensional.»

57. Lo anterior es suficiente para resolver el argumento expuesto por la entidad
demandada, pues esta Sección, a través de la sentencia de unificación citada, avaló
la aplicación del régimen general de pensiones cuando se pretenda el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios del
soldado regular que falleció simplemente en actividad.

58. En el sub examine, está demostrado que el soldado regular ingresó al Ejército
Nacional el 23 de noviembre de 1994 y prestó el servicio militar obligatorio hasta la
fecha de su fallecimiento, esto es el 18 de julio de 1995. Ello significa que prestó
sus servicios a la institución por 7 meses y 26 días que equivalen a 33 semanas,
aproximadamente y, además, que estuvo afiliado al sistema de seguridad social de
las Fuerzas Militares por el tiempo mínimo exigido por la Ley 100 de 1993, es decir,
26 semanas, pues esta era la disposición vigente para la fecha de la muerte.

2.5.2. Sobre la dependencia económica

59. En la apelación, la entidad demandada afirmó que no se cumplió con el requisito
de dependencia económica y que, prueba de ello, era que la actora solicitó el
reconocimiento de la prestación «23 años» después del fallecimiento de su hijo.

60. Pues bien, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 dispuso que serían beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes los padres «si dependían de forma absoluta y total» del
causante; sin embargo, la expresión subrayada fue declarada inexequible en la
sentencia C-111 de 2006, en la cual la Corte Constitucional sostuvo que «no es
necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una persona que se
encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o indigencia- sino que, por el
contrario, basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que
les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera
digna»; además, que dicho requisito establecía «una hipótesis extrema que termina por
hacer nugatoria la posibilidad que tienen los padres del causante de acceder a la pensión
de sobrevivientes, lo que desconoce el principio constitucional de proporcionalidad, pues
indudablemente sacrifica derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto
a la dignidad humana y los principios constitucionales de solidaridad y protección integral a
la familia» [se resalta].

61. En línea con lo anterior, la Corte estableció unas reglas para determinar si una
persona es dependiente económica de otra, las cuales son: (i) para tener
independencia económica, los recursos deben ser suficientes para acceder a los
medios materiales que garanticen la subsistencia y vida digna; (ii) el salario mínimo

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

no es determinante en la independencia económica; (iii) no constituye
independencia económica recibir otra prestación; (iv) la independencia no se
configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación
mensual o un ingreso adicional; (v) los ingresos ocasionales no generan
independencia económica, es necesario percibir ingresos permanentes y
suficientes; y (vi) poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar la
independencia económica.

62. En el mismo sentido, esta corporación ha señalado que esta debe examinarse
a la luz de los postulados constitucionales y legales como la protección especial a
aquellas personas que «por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta, protección integral de la familia, de las personas
de la tercera edad, calidad de vida acorde con la dignidad humana, eficiencia y solidaridad,
entre otros»12. Y en la sentencia de unificación supra citada, también se expuso lo
siguiente:

«228. En ese orden, la medida está orientada a constatar la suficiencia o no
de recursos del núcleo familiar de manera que se les asegure una vida en
condiciones dignas. No obstante, esto no conlleva la necesidad de demostrar
que se carece por completo de recursos, pues tal interpretación desconoce el
principio de proporcionalidad, al sacrificar derechos de mayor entidad, como
los del mínimo vital y el respeto a la dignidad humana y los postulados
constitucionales de solidaridad y protección integral a la familia.

[...]

231. En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede
asumirse desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en
la falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar
que dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados
constitucionales y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la
protección especial a las personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.» [se resalta]

63. En el plenario reposan 2 declaraciones extrajudiciales que dan cuenta de la
dependencia económica, las cuales fueron suscritas el 21 de julio de 1995 por
Giraldo de Jesús Carmona Ramírez y Leonel de Jesús Rendón Jaramillo. El
primero, manifestó lo siguiente:

«A LA SEGUNDA PREGUNTA (SE LE LEE) CONTESTO: Hace más de
veinte (20) años que conozco al señor LUIS ENRIQUE ESCOBAR BEDOYA,
a la señora MARIA AURA ARIAS RIVILLAS DE ESCOBAR y al hijo de ambos,
ya fallecido JESUS ANTONIO ESCOBAR ARIAS. Los conozco de vista, trato
y comunicación, ya que somo vecinos desde ese tiempo y tenemos por tanto
una gran amistad. No somos de la familia. A LA TERCERA PREGUNTA (SE
LE LEE) CONTESTO: Me consta que el ya fallecido JESUS ANTONIO
ESCOBAR ARIAS atendía a la subsistencia o sostenimiento de sus
Padres LUIS ENRIQUE y MARIA AURA, ya que el lo que conseguía

12 Subsección B, sentencia del 11 de noviembre de 2021, expediente 5467-18.

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

jornaleando se lo daba a sus padres para que cubrieran sus
necesidades, pues con lo que gana su papá, no le alcanzaba para
sostener el hogar. A LA CUARTA PREGUNTA (SE LE LEE) CONTESTO:
Me consta que el ya fallecido JESUS ANTONIO ESCOBAR ARIAS murió en
estado de soltería, ya que no fue casado, ni convivió en unión libre con nadie,
él siempre convivió bajo el mismo techo con sus padres. [...]» [se resalta].

64. Y, el segundo, afirmó lo que se transcribe a renglón seguido:

«A LA SEGUNDA PREGUNTA (SE LE LEE) CONTESTO: Hace más de
treinta (30) años que conozco al señor LUIS ENRIQUE ESCOBAR BEDOYA
a su esposa MARIA AURA ARIAS RIVILLAS DE ESCOBAR y a su finado hijo
JESUS ANTONIO ESCOBAR ARIAS, lo distingo desde pequeño. Los
conozco de vista, trato y comunicación ya que en tiempo pasados fuimos
vecinos y formamos por tal motivo una gran amistad. No somos de la familia.
A LA TERCERA PREGUNTA (SE LE LEE) CONTESTO: Me consta que el
fallecido JESUS ANTONIO ESCOBAR ARIAS atendía la subsistencia o
sostenimiento de sus Padres: LUIS ENRIQUE ESCOBAR y MARIA AURA
ARIAS, ya que este muchacho trabajó conmigo y me di cuenta que lo
que conseguía se lo daba a sus Padres para que cubrieran sus
necesidades. A LA CUARTA PREGUNTA (SE LE LEE) CONTESTO: Me
consta que el fallecido JESUS ANTONIO ESCOBAR ARIAS murió en estado
de soltería, ya que no fue casado ni convivió en unión libre con nadie, él
siempre vivió bajo el mismo techo con sus Padres. [...]» [se resalta].

65. Sobre la eficacia de las declaraciones extrajudiciales, esta Sección en la
sentencia proferida el 5 de marzo de 2021, sostuvo que en este tipo de pruebas, el
requisito de ratificación solo es necesario cuando la parte en contra de quien se
aduce lo solicita; asimismo, en la sentencia de tutela proferida el 23 de enero de
202013, se puntualizó que «para efectos de demostrar la dependencia económica para
lograr el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, no existe tarifa legal y en ese
sentido, resultan válidos las declaraciones extrajuicio, el interrogatorio de parte y cualquier
otro medio que sea útil para la formación del convencimiento del juez».

66.Entonces, de las declaraciones antes transcritas, se extrae que -ciertamente-
Jesús Antonio Escobar Arias vivía con sus padres y proveía lo necesario para el
hogar, en razón a que, lo que devengaba su padre, no alcanzaba para cubrir sus
necesidades.

67. Al revisar el Registro Único de Afiliados -RUAF- se observa que María Maura
Arias se encontraba en el régimen subsidiado, lo que evidencia su estado de
vulnerabilidad; además, para el año 2012, cuando se negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, tenía 76 años de edad, es decir, era sujeto de especial
protección constitucional.

68. En ese orden, la entidad no podía pasar por alto que se trataba de una persona
de la tercera edad y, por consiguiente, se consideraba una adulta mayor merecedora

13
Sección Segunda, radicación 11001-03-15-000-2019-04224-01.

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Demandante: María Maura Arias de Escobar

de un trato especial del Estado, pues ya no tenía capacidad de laborar.

69. Es menester señalar, además, que para la Sala no es de recibo el argumento
consistente en que la demandante dejó pasar «23 años» para reclamar la prestación,
lo cual era una prueba de su «independencia económica», en razón a que el derecho
no prescribe y, de cualquier modo, ello no es un indicativo de la capacidad o
independencia económica de la madre para solventar y garantizar sus necesidades
en condiciones dignas; ello, sumado a que, como se expuso, la Corte Constitucional
puntualizó que no se requiere que estén en completo estado de desprotección,
abandono, miseria o indigencia para que el Estado proteja sus derechos al mínimo
vital y dignidad.

70. Se agrega a lo anterior que la entidad demandada no realizó esfuerzo probatorio
alguno para demostrar que la solicitante gozaba de una estabilidad económica con
vocación de permanencia que permitiera inferir que el fallecimiento de su hijo no
produjo impacto en sus condiciones de vida.

71. Por consiguiente, se tendrá por acreditada la dependencia económica de María
Maura Arias de Escobar, pues lo cierto es que antes de cumplir la obligación
constitucional Jesús Antonio Escobar Arias destinaba sus ingresos para el
sostenimiento de su hogar y, al tenor del artículo 39 de la Ley 48 de 1993, recibía
una bonificación que pudo ser destinada al apoyo de sus padres; por consiguiente,
como se encontraron acreditados los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993
para el reconocimiento de la pensión, desde ahora se anuncia que la decisión de
reconocimiento de la prestación será confirmada.

72. Ahora, al hacer la consulta en el Registro Único de Afiliados -RUAF-, la Sala
encuentra que María Maura Arias de Escobar ya falleció:

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

73. Igualmente, al consultar el número de cédula 22.045.429 en la página web de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, se evidencia que «se encuentra en el
archivo nacional de identificación con estado Cancelada por Muerte»14.

74. En consecuencia, se modificará la sentencia en el sentido de que la pensión de
sobrevivientes se reconoce desde el 19 de julio de 1995, pero con efectos fiscales
a partir del 18 de julio de 2015 por la prescripción declarada por el a quo [que no fue
objeto de apelación] y hasta la fecha de fallecimiento de María Maura Arias de
Escobar, la cual deberá ser verificada previamente por la entidad demandada.
Además, se ordenará que el pago de las sumas adeudadas se efectuará a la masa
sucesoral de la demandante.

2.6. Costas

75. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

2.7. Conclusión

76. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará parcialmente la
sentencia de primera instancia que ordenó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de María Maura Arias de Escobar porque sí es procedente la
aplicación de la Ley 100 de 1993 en virtud del principio de favorabilidad y se
demostró el cumplimiento de los requisitos allí previstos. Se modificará lo
relacionado con las fechas del reconocimiento y efectos fiscales y el pago que se

14 Enlace de consulta: https://defunciones.registraduria.gov.co/

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01491-01 (1311-2023)
Demandante: María Maura Arias de Escobar

destinará a la masa sucesoral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 12 de octubre
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido de que la pensión
de sobrevivientes se reconoce desde el 19 de julio de 1995, pero con efectos
fiscales a partir del 18 de julio de 2015 por prescripción y hasta la fecha de
fallecimiento de María Maura Arias de Escobar, la cual deberá ser verificada
previamente por la entidad demandada. Además, se ordena que el pago de las
sumas adeudadas se efectuará a la masa sucesoral de la demandante.

Segundo. En lo demás, se confirma la sentencia proferida el 12 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por María Maura Arias de Escobar contra
la Nación, Ministerio de Defensa.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
PTH

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