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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01621-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01621-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante y FIJAR las agencias en derecho en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia, en favor de la accionada. Las costas se liquidarán de forma concentrada por el a quo. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2018-01621-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

Temas: ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN – La competencia del ad quem está circunscrita a los
motivos de reproche concretos dirigidos contra el fallo de primer grado. No es posible modificar la causa petendi
con la alzada. / DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – No se predica de negocios exceptuados
de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Servipáramo S.A.S.1 y Empresas Públicas de Medellín E.S.P.2 celebraron un
contrato para la adecuación de un sistema de aire y ventilación. La contratista
presentó demanda en la que adujo que, posterior al perfeccionamiento del
negocio, se produjo una devaluación inusitada del peso colombiano frente al
dólar, que repercutió en un incremento del precio de unos equipos que debían
ser importados, lo que le generó sobrecostos en el cumplimiento de sus
prestaciones. Adujo que esta circunstancia se derivó de la demora por parte
de la entidad en la emisión de la orden de inicio de ejecución del negocio y en la
definición de las especificaciones técnicas, razones por las que pidió declarar su
incumplimiento. Subsidiariamente, solicitó que se determine la ruptura del
equilibrio económico del contrato. En uno u otro caso, con el correspondiente
reconocimiento pecuniario.

ANTECEDENTES

La demanda

3. El 27 de julio de 20183, Servipáramo S.A.S. presentó demanda de controversias
contractuales contra EPM, elevando las siguientes pretensiones, que se
transcriben con sus propios énfasis y posibles errores:

“PRIMERA. Que se declare que por hechos imputables a EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN y/o a contratistas de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, se demoró de
manera injustificada el inicio de la ejecución del contrato CT-2014- 000808 celebrado entre
dicha entidad y SERVIPÁRAMO S.A.4, generándose un retraso de cinco (5) meses y

1 En adelante, también, Servipáramo, la demandante o la contratista.
2 En lo sucesivo, igualmente, EPM, la demandada o la contratante.
3 Archivo “001Demanda” contenido en el expediente OneDrive del Tribunal, cuyo enlace obra en el índice 049

del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
4 En la demanda el apoderado se refirió al extremo activo como “SEVIPÁRAMO S.A.”; sin embargo, según el

certificado de existencia y representación legal de dicha persona jurídica, el 27 de diciembre de 2017 “se

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

quince (15) días en la suscripción del acta de inicio del contrato que había nacido de la
aceptación de la propuesta presentada por SERVIPÁRAMO, aceptación que se dio en
abril 29 de 2014 y que solo pudo iniciarse en septiembre 15 de 2014.

SEGUNDA. Que se declare que con posterioridad a la suscripción del acta de inicio
suscrita el 15 de septiembre de 2014, todavía existían indefiniciones imputables a
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN y/o a sus contratistas, con respecto a las
especificaciones de los equipos que deberían ser adquiridos por SERVIPARAMO S.A. en
el exterior y cuyo pago debía efectuarse en dólares.

TERCERA: Que se declare que con posterioridad al momento en el cual se presentó la
oferta ajustada a que se refiere el hecho quinto (22 de enero de 2014) y el momento en el
cual SERVIPARAMO contaba con la información en firme y necesaria para formalizar los
pedidos a sus proveedores, se presentaron variaciones imprevistas, imprevisibles y
extraordinarias en la tasa de cambio del dólar americano.

CUARTA. Que se declare que la demora en la suscripción del acta de inicio y/o la demora
en la definición de las especificaciones y características de los equipos que debería
suministrar SERVIPARAMO S.A., fue imputable a EMPRESAS PÚBLICAS DE
MEDELLÍN.

QUINTA. Que se declare que los mayores costos en que incurrió SERVIPARAMO S.A. en
la adquisición de insumos que debieron ser importados, como consecuencia de la
variación inusitada y extraordinaria de la tasa de cambio del dólar americano, fue de MIL
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($1,670,671,200, 00).

SEXTA. Que se declare que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN incumplió con sus
obligaciones contractuales de información y de entrega a tiempo de la orden de inicio del
contrato.

SÉPTIMA. Que se condene a EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN a pagar a favor de
SERVIPARAMO S.A. la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($1,670,671,200,
00), la cual fue calculada a valores del mes __ del año __ 5, suma que deberá ser indexada
hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia.

OCTAVA. Que se condene a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN a pagar a favor de
SERVIPARAMO S.A. la totalidad de los perjuicios sufridos por el contratista, los cuales se
representan en el lucro cesante causado sobre la suma antes mencionada y que se
calculara con base en la tasa de interés bancario corriente comercial causada entre el mes
de noviembre del año 2015 y la fecha de ejecutoria de la sentencia.

PETICIONES SUBSIDARIAS

De manera subsidiaria a las peticiones anteriores, solicitamos lo siguiente:

PRIMERA: Que se declare que por razones no imputables a SERVIPARAMO S.A., con
posterioridad al momento en el cual se presentó la oferta ajustada a que se refiere el hecho
quinto (22 de enero de 2014) y el momento en el cual SERVIPARAMO contaba con la
información en firme y necesaria para formalizar los pedidos a sus proveedores, se
presentaron variaciones imprevistas, imprevisibles y extraordinarias en la tasa de cambio
del dólar americano.

SEGUNDA: Que se declare que se generó una ruptura del equilibrio económico del
contrato, generando una afectación a SERVIPARAMO S.A. por los mayores costos en
que incurrió en la adquisición de insumos que debieron ser importados, como
consecuencia de la variación inusitada y extraordinaria de la tasa de cambio del dólar
americano, fue de MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($1,670,671,200, 00).

TERCERA: Que se declare que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN incumplió sus
obligaciones de lealtad y buena fe al negarse a encontrar una solución oportuna al
problema generado por la variación de la tasa representativa del mercado y a las

transformó en sociedad por acciones simplificada bajo la denominación de SERVIPARAMO S.A.S.” (folios 20
a 30 ibidem).
5 Así figura en el texto de la demanda.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

afectaciones que estaba sufriendo SERVIPARAMO como consecuencia de dicha
situación.

CUARTA: Que se declare que EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN está en la
obligación de compensar a SERVIPARAMO S.A. por los mayores costos en que incurrió
para la adquisición de los equipos importados requeridos para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

QUINTA: Que se condene a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN a pagar a favor de
SERVIPARAMO S.A. la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($1,670,671,200,
00), la cual fue calculada a valores del mes noviembre del año 2015, suma que deberá ser
indexada hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia.

PETICIONES COMUNES A LAS ANTERIORES PETICIONES PRINCIPALES Y
SUBSIDIARIAS

PRIMERA: Que se condene en costas a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

SEGUNDA: Que se ordene a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN a dar cumplimiento
a la sentencia en los términos y condiciones previstas en los artículos 192 y siguientes del
CPACA”.

4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:

5. EPM inició el proceso de selección PC-2013-004138, con el fin de escoger a un
contratista para ejecutar la “Modernización y Actualización Tecnológica del
Sistema de Enfriamiento y Distribución de Aire y Ventilación del Edificio EPM”.

6. La demandante presentó propuesta económica el 6 de noviembre de 2013,
expresada en pesos colombianos, con base en la tasa representativa del
mercado (TRM) del dólar estadounidense vigente para ese momento, la cual
reflejaba condiciones de estabilidad y frente a la que no se preveían cambios
sustanciales.

7. Por solicitud de EPM, Servipáramo ajustó los precios de algunos ítems de su
oferta, incluyendo insumos que debían ser importados y cuyo pago, por ende,
debía realizarse en dólares.

8. El 29 de abril de 2014, la demandada aceptó la propuesta económica de la
demandante, conforme al ajuste efectuado. El contrato se rigió por las siguientes
condiciones: (i) su valor estimado ascendió a $11.308’384.9106, de conformidad
con la lista de cantidades remitidas por la demandante el 22 de enero de 2014;
(ii) su plazo fue de 365 días calendario contados “a partir de la fecha de recibo
de la orden de iniciación escrita, dada por EPM”7; (iii) el precio se pactó bajo el
sistema de precios unitarios con fórmula de reajuste; y (iv) la TRM vigente en
ese momento era de $1.936,13.

9. Debido a modificaciones en los diseños y problemas de la contratante para
disponer de las áreas de trabajo, la suscripción del acta de inicio del contrato se
retrasó 5 meses y 15 días, pues solo ocurrió el 15 de septiembre de 2014. Incluso

6 En lo sucesivo, las cifras denotadas con el signo “$” harán referencia a pesos colombianos.
7 En algunos apartados del escrito introductorio (hecho undécimo, por ejemplo), el demandante se refirió a este

instrumento como “acta de inicio”, mientras que en otros (hecho noveno) alude al mismo como “orden de inicio”.
La relevancia de la diferencia entre ambas acepciones será objeto de análisis en las consideraciones de la
presente providencia.

3

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Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

después de aquel hito, persistieron indefiniciones en las especificaciones de los
equipos a importar.

10. Estos retrasos forzaron a Servipáramo a adquirir los insumos importados
(Thermafuser, PIMs, terminales de aire, sistema de control y equipos de
ventilación/aire acondicionado) en 2015, cuando la TRM había aumentado de
manera inusitada e imprevisible. Como ejemplo, indicó que, para el 15 de
septiembre de 2014, la TRM promedio era de $2.028,48 y, en diciembre de 2014,
alcanzó los $2.392,46, representando una devaluación del 17,95%. La TRM
ponderada bajo la cual se pagaron los insumos fue de $2.717,60, muy superior
a la prevista, generando un sobrecosto de $1.888’366.738.

11. Servipáramo elevó varias reclamaciones a EPM por este sobrecosto, recibiendo
respuesta negativa de la contratante8, quien argumentó que el contratista asumió
el riesgo cambiario al cotizar en pesos colombianos.

12. La demandante sostuvo que asumió la contingencia cambiaria ordinaria, pero no
su aumento "inusitado, inesperado y exagerado" debido a las demoras de la
demandada. En consecuencia, tasó el riesgo previsible en $217’694.468,
basado en una proyección de $90 de aumento por cada dólar, durante 12 meses,
de manera que el sobrecosto no previsible e imputable a su contraparte negocial
ascendió a $1.670’671.270 a valores de noviembre de 2015.

13. Se firmaron las actas de modificación No. 1 (septiembre 7 de 2015) y No. 2
(enero 21 de 2016) para ampliar el plazo y valor del contrato, pero se dejó
expresamente pactado que no habría sobrecostos relacionados con estas
prórrogas.

14. El 6 de julio de 2017, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del
contrato, en la cual se dejó expresa constancia de la reclamación de
Servipáramo S.A. sobre el restablecimiento del equilibrio económico del contrato
debido al impacto de la devaluación del peso frente al dólar.

15. Como fundamentos de derecho, la demandante sostuvo que el contrato se rigió
por las normas del orden privado, conforme a las Leyes 142 y 143 de 1994, así
como al manual de contratación de EPM, por lo cual eran aplicables las reglas
generales de responsabilidad contractual previstas en el Código Civil y el de
Comercio. De otro lado, refirió que las demoras en el inicio de las obras y que
provocaron el aplazamiento de las compras internacionales -lo que resultó en un
incremento exagerado de la TRM, superando los límites previsibles- son
imputables al incumplimiento contractual de la accionada y que, aun si tal
circunstancia no fuese admitida, existió una ruptura del equilibrio económico del
contrato, instituto que resulta aplicable a las entidades estatales excluidas del
Estatuto General de Contratación por aplicación de los principios
constitucionales de igualdad ante las cargas públicas, respeto a la propiedad
privada y buena fe. Allegó un dictamen pericial de parte, como respaldo de las
cifras previamente reseñadas por concepto del alegado mayor costo por efectos
cambiarios.

8 Si bien relacionó múltiples reclamaciones en ese sentido durante los años 2015 y 2016, solo mencionó una

respuesta de parte de la contratante emitida el 21 de abril de 2015.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

La contestación de la demanda

16. Dentro del término correspondiente, EPM dio respuesta, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones y proponiendo como medios exceptivos de
fondo los que denominó “el Contrato es ley para las partes” e “inexistencia del
desequilibrio financiero”9.

17. En sustento de lo anterior, afirmó que: (i) Servipáramo conoció la necesidad de
EPM para contratar, presentó su oferta con base en ella, así como en el pliego
de condiciones y su anexo técnico; (ii) en dichos instrumentos se especificó que
el cumplimiento del objeto contractual y, en particular, la adquisición de insumos
en el extranjero para el efecto, requería la aprobación de los programas de
trabajo, control de calidad y aseguramiento, dentro de los cuales se consignaría
la adquisición de materiales, fabricación, inspección de partes, ensamblaje,
entre otros; (iii) contrario a lo sostenido en la demanda, el incumplimiento a las
obligaciones del contrato se produjo por parte de la sociedad demandante, al
haber presentado los mencionados cronogramas de forma tardía (lo que apenas
ocurrió en el mes de septiembre de 2014), y a ella es atribuible la causa del
resultado dañino reclamado en el libelo introductorio; (iv) durante la ejecución
del contrato no se presentaron sucesos imprevistos, ajenos a la voluntad de los
contrayentes, y la variación de la TRM, además de ser previsible, no era
atribuible a EPM; y (v) el 31 de julio de 2014 -fecha en la que la TRM era más
baja-, la entidad realizó un pago anticipado a la contratista, suma que no fue
aprovechada por ésta para la adquisición de los equipos.

Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 31 de enero de 2025,
negó las súplicas de la demanda10. Para sustentar su decisión, partió de la
premisa de que al negocio no le es aplicable el instituto del desequilibrio
económico, dado su régimen de derecho privado. Así, a la luz del efecto
obligatorio de los contratos y el principio de buena fe, sostuvo lo siguiente:

19. La demora en la orden de inicio se produjo por el propio incumplimiento de la
demandante frente a sus obligaciones, relativas a la formalización del negocio,
la modificación de las garantías y la entrega de información sobre contratos de
trabajo y acreditación del pago de aportes parafiscales, condiciones necesarias
para que EPM adoptara dicha determinación. Con ello, desestimó que tal
circunstancia fuese imputable a la entidad.

20. Frente a las especificaciones de los equipos, encontró que las mismas ya
estaban detalladas en el pliego de condiciones y en el anexo técnico
suministrado por EPM, y aunque hubo un inconveniente con el color de los
“Thermo-Fuser” y el reemplazo de algunos elementos, estas situaciones fueron
abordadas y transadas mediante modificaciones bilaterales al contrato, en las
que EPM reconoció pagos por obras extras y adicionales, lo que significa que

9 Folios 336 a 348 del cuaderno 2.
10 Índice 042 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

los costos relacionados fueron compensados contractualmente y no se configuró
ningún incumplimiento por parte de la entidad.

21. En cuanto a la variación de la tasa representativa del mercado, sostuvo que ésta
constituyó un riesgo que era previsible para el contratista, pues el pliego de
condiciones exigió que la oferta se presentara íntegramente en pesos
colombianos y estableció que el proponente debía considerar todos los factores,
favorables o desfavorables, que pudieran afectar el costo de las obras. Añadió
al respecto que el contrato solo preveía reajustes de precios unitarios por cambio
de período fiscal (salario mínimo o IPC), mas no por fluctuaciones de la TRM,
por lo que la demandada no tenía una obligación contractual de reajustar los
precios por este concepto. Ligado a ello, la exposición al riesgo cambiario se
debió a la falta de diligencia de Servipáramo al no tomar medidas de cobertura,
lo que fue confirmado por los testimonios de sus propios directivos.

22. Aunado a lo anterior, no se probó que la variación de la TRM hubiera generado
pérdidas al demandante, pues el sobrecosto reclamado ($1.670’671.200), según
la demanda, o $1.888’366.738, de acuerdo con el dictamen pericial) fue inferior
al valor de la utilidad esperada (14%) más el rubro de imprevistos (2%), que
ascendió a $2.166’356.125,12.

23. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante.

Recurso de apelación

24. Servipáramo interpuso recurso de alzada11, bajo la siguiente argumentación:

25. La sentencia del Tribunal se alejó de la realidad probatoria y de los principios
jurídicos aplicables, pues erró al concluir que: (i) no hubo incumplimiento por
parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.; (ii) el demandante faltó a su
débito contractual; (iii) la variación de la TRM era un riesgo previsible, asumido
por el contratista; (iv) EPM no incurrió en dilaciones; y (v) las modificaciones al
negocio habrían resuelto cualquier diferencia económica.

26. En primer lugar, cuestionó el incumplimiento que le imputó el a quo respecto de
la modificación de las garantías y la entrega de información laboral. Sostuvo que,
contrario a lo que afirmó el Tribunal, la demora en la orden de inicio no se debió
a deficiencias del contratista, sino a las propias indefiniciones y cambios de
diseño por parte de EPM, que pospusieron el inicio por más de cinco meses y
quince días, y añadió que las pruebas, incluyendo actas del Comité Técnico de
la demandada, evidenciaron que Servipáramo había cumplido con los requisitos
para el inicio de ejecución contractual. Enfatizó que, en todo caso, no hubo nexo
causal entre la actualización de las pólizas (producida, según sostuvo, por la
tardanza de la contratante) y la demora en la expedición de la orden de inicio.

27. Segundo, refutó la conclusión de que la variación de la TRM era previsible al
momento de la estructuración de la propuesta por parte del contratista. Afirmó
que el Tribunal ignoró el dictamen pericial que demostró que la devaluación del
peso colombiano frente al dólar, de casi un 18% en un solo trimestre, desbordó

11 Índice 045 del aplicativo SAMAI, en primera instancia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

el alea normal de la ejecución contractual y constituyó un riesgo extraordinario e
imprevisible. Precisó al respecto que el peritaje diferenció el riesgo cambiario
previsible (que Servipáramo estaba dispuesta a asumir, estimado en
$217’695.465) del que se produjo finalmente, de forma extraordinaria, por valor
de $1.670.671.200, atribuible a la demora de EPM en dar la orden de inicio.
Añadió que el a quo erró al considerar que el rubro de “imprevistos” cubría tales
pérdidas, ya que dicho componente del A.I.U. solo cubre los riesgos previsibles,
mas no los que entran en la esfera de la teoría de la imprevisión, postura que,
de hecho, fue defendida por la entidad demandada en otro proceso judicial.

28. Tercero, manifestó su desacuerdo con lo señalado en la sentencia impugnada,
según la cual EPM cumplió con sus obligaciones o actuó dentro de sus
atribuciones contractuales. Sostuvo que la demandada introdujo modificaciones
sustanciales y tardías en los diseños y especificaciones después de la firma del
contrato y del acta de inicio, lo que constituyó una falta de planeación y un
ejercicio abusivo de su posición contractual. Las actas de modificación suscritas
solo abordaron obras extras y ajustes puntuales, pero nunca transaron ni
compensaron el sobrecosto generado por estas dilaciones y la devaluación
extraordinaria del dólar, lo cual fue objeto de reclamos constantes y quedó
explícitamente reservado en el acta de liquidación final.

29. Finalmente, la apelante argumentó que el riesgo de la variación extraordinaria
de la TRM debe ser asumido por EPM. El contrato, al pactar una fórmula de
reajuste de precios (IPC o salario mínimo), demostró la intención de las partes
de mantener el equilibrio económico (derivado del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública) durante su ejecución, reconociendo
su naturaleza conmutativa y no aleatoria. A la luz de ello, indicó que, si el
mecanismo de ajuste llegase a fracasar por factores imprevisibles que afectaran
desproporcionadamente las prestaciones, lo perseguido por las partes del
negocio y los principios generales del derecho como la buena fe, la equidad y la
prohibición del enriquecimiento indebido (aplicables tanto a la contratación
pública como a la privada), obligaban a que se efectuase una revisión y
corrección de la fórmula para restablecer el equilibrio contractual (en la forma
previamente señalada) y compensar el daño.

Trámite relevante en segunda instancia

30. El recurso fue admitido mediante auto del 7 de mayo de 2025 12. Durante el
término de su ejecutoria, la parte demandada solicitó confirmar la sentencia
impugnada, manifestando que los numerales 4.6 y 4.6.2 del pliego de
condiciones señalaban como requisito para la formalización del contrato la
aprobación de las garantías, y en el caso concreto la demandante fue la
causante de la tardanza en la expedición del acta de inicio, justamente, por la
falta de actualización de tales amparos, así como por la no de entrega de la
información relacionada con los contratos de trabajo, afiliaciones a seguridad
social y acreditación del pago de aportes parafiscales del personal a emplear en
la ejecución del negocio13. Añadió que las pruebas recolectadas demostraron
que la TRM fue definida por la demandante al estructurar su oferta, la cual no

12 Índice 004 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
13 Índice 013 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

tenía componente en dólares sino en pesos colombianos, de manera que el
riesgo por la variación de ese indicador económico fue asumido por dicho
extremo contractual.

31. El Ministerio Público y la parte demandante guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

32. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, de manera que, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos
procesales (jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación
en la causa por activa y por pasiva y verificados los requisitos de la demanda en
forma), procede a decidir la segunda instancia de la presente litis.

33. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el objeto del recurso
de apelación y los problemas jurídicos para resolver el litigio; (iii) la solución al
caso concreto; y (iii) la condena en costas.

El objeto de la alzada y los problemas jurídicos para resolver la controversia

34. La Sala ha establecido14 que el marco fundamental de competencia del juez de
segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en
primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los
planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la
instancia superior15.

35. En adición a lo anterior, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi
mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido
proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente
con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las
excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se
sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no
fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad
con la ley, deban ser resueltos de oficio”16.

36. La apelante concretó sus motivos de inconformidad con la sentencia de primera
instancia en lo siguiente: (i) no existió incumplimiento contractual de su parte y,
aunque aquello se hubiese presentado, no tuvo nexo causal con la tardanza en
la emisión de la orden de inicio; (ii) EPM incumplió el contrato al introducir

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de
abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver, igualmente, Corte Constitucional, sentencia SU-
061 de 2018.
15 Es necesario precisar, en todo caso, que dicha regla general no es absoluta, pues debe ser entendida sin

perjuicio de las excepciones que se derivan, por ejemplo (i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y
consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos
y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o (iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título ilustrativo, aquellos presupuestos procesales que, de configurarse, el juez
de la causa debe decretar de manera oficiosa, pese a que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante
como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707,

C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

modificaciones sustanciales y tardías en los diseños de las obras a ejecutar y
las especificaciones de los equipos a adquirir para el efecto, lo que retrasó el
inicio de la ejecución; (iii) la variación de la TRM, respecto de aquella existente
al momento de estructurar la oferta, bajo el instituto del desequilibrio del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública17, fue extraordinaria e
imprevisible, lo que sustentó en su dictamen pericial de parte, que no fue tenido
en cuenta por el Tribunal; y (iv) bajo tales condiciones, el riesgo cambiario debe
ser asumido por la contratante, aun cuando se acepte que el perjuicio sufrido no
le es imputable a título de responsabilidad contractual.

37. Ahora bien, la recurrente también planteó, entre sus argumentos, que la
contratante habría incurrido en un abuso del derecho y de su posición
dominante, como consecuencia de la introducción de cambios sustanciales a las
especificaciones técnicas y en las condiciones de ejecución del negocio, y
añadió que dicha conducta evidenció una falta de planeación imputable a EPM.
Comoquiera que ello se trata de una alegación novedosa, que no fue formulada
en el escrito de la demanda, no hay lugar a referirse a ella en esta instancia18,
dado que la discusión surtida desde el libelo inicial versó sobre el presunto
incumplimiento de EPM en la emisión de la orden de inicio y en el alegado
desequilibrio económico causado, a su juicio, por el incremento súbito de la
TRM, motivo por el cual esta demarcación es la llamada a gobernar el caso en
esta sede e impide pronunciarse sobre los puntos reseñados.

38. En ese sentido, y previo análisis sobre el régimen jurídico que gobernó el
acuerdo de voluntades, la Sala abordará el objeto de la litis en esta instancia
mediante la solución a los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿erró el juzgador
de primera instancia al concluir que la tardanza en la emisión de la orden de
inicio del contrato obedeció a un incumplimiento de la demandante y no de
EPM?; (ii) ¿desacertó el a quo cuando, al resolver sobre el desequilibrio
económico del contrato invocado en el libelo genitor, concluyó que la variación
de la TRM fue previsible, que la contratista era quien debía soportar sus efectos
(en lugar de EPM) y que no generó una afectación económica grave para la
ejecución del objeto?

39. Solo en caso de que se acredite la existencia de un incumplimiento de la
demandada, o se obtenga respuesta afirmativa al último de los interrogantes
relativo al alegado desequilibrio económico (con la eventual revocatoria del fallo),
la Subsección dirimirá (iii) si hay lugar al reconocimiento económico deprecado.

El régimen jurídico del contrato celebrado entre EPM y Servipáramo

40. Antes de descender a la solución de los problemas jurídicos planteados, resulta
necesario precisar el régimen jurídico que gobernó el acuerdo de voluntades en
cuestión. Así, se tiene que en el momento en que se celebró el Contrato CT-
2014-000808, Empresas Públicas de Medellín se hallaba constituida como una
empresa industrial y comercial del Estado, bajo la forma de empresa de servicios

17 En adelante, también, EGCAP.
18 El aspecto relacionado con la falta de disponibilidad de los espacios físicos por parte de EPM fue abordado

en el libelo introductorio como parte de las circunstancias que, a juicio de Servipáramo, incidieron en la
suscripción tardía del acta de inicio. Sin embargo, en el cuerpo la demanda no se propuso discusión alguna en
torno al abuso del derecho o el abuso de posición dominante por parte de EPM, vinculada con la falta de
planeación.

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Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
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públicos, conforme al artículo 1º de sus estatutos, contenidos en el Acuerdo
Municipal No. 12 de 199819.

41. De conformidad con el artículo 3 del acuerdo en mención, las Empresas Públicas
de Medellín “tienen como objeto social la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el
sector rural, y demás servicios de telecomunicaciones”; por consiguiente, los
postulados de la Ley 142 de 1994 le resultan aplicables20.

42. En tal sentido, por mandato de los artículos 3121 y 3222 ejusdem, EPM no está
sometida en su actividad contractual a las normas del Estatuto de Contratación
Estatal, ni lo estaba en el momento de celebración del contrato objeto de la litis.
Como excepciones a esta regla, se encuentra (i) lo dispuesto en el inciso
segundo del citado artículo 31, según el cual las Comisiones de Regulación
pueden hacer obligatoria la inclusión de cláusulas excepcionales en ciertos tipos
de contratos, así como (ii) los casos especiales previstos en el artículo 39 de la
misma normativa.

43. Así, considerando que el objeto del Contrato CT-2014-000808, consistente en la
“Modernización y actualización tecnológica del sistema de enfriamiento y
distribución de aire y ventilación del Edificio EPM” no guarda identidad con los
contratos especiales para la gestión de los servicios públicos señalados en el
citado artículo 39, ni era de aquellos en los que las Comisiones de Regulación
exigen la inclusión de cláusulas excepcionales, se concluye que su régimen se
informó por la regla general establecida en la Ley 142 de 1994, con la reforma
adoptada a través de la Ley 689 de 2001, esto es, por las normas del derecho
privado23.

19 Folios 362 y ss. del cuaderno no. 2. “Personalidad jurídica. La empresa industrial y comercial del Estado

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P., es una persona jurídica del orden municipal, dotada de
autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones
establecidas en la ley y en estos estatutos. Es, en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones
inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de actividades
le sean aplicables”.
20 El ámbito de aplicación de la ley se encuentra definido en su artículo 1°: “Esta Ley se aplica a los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las
actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente
Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios
previstos en normas especiales de esta Ley”.
21 Su modificación, introducida por la Ley 689 de 2001, se hallaba vigente para la época en que se adelantó el

procedimiento de selección y se suscribió el contrato génesis de la controversia: “Los contratos que celebren
las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley
disponga otra cosa. Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de
contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa
consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás.
Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten
esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de
Regulación contarán con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios
públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido
este término operará el silencio administrativo positivo”.
22 “Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y

los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se
regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. La regla precedente se aplicará, inclusive, a las
sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen
dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce”.
23 Sin soslayar la aplicación de “los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los

artículos 209 y 267 de la Constitución Política”, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

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Decisión del cargo relativo al incumplimiento del contrato

44. Para resolver el primer problema planteado, es preciso recordar que la parte
demandante acudió a la jurisdicción con la finalidad de que se le indemnizara
por el perjuicio producido en el marco del acuerdo de voluntades CT-2014-
000808, celebrado entre los mismos sujetos que comparecen al sub lite y que
se derivó de forma principal, según se afirma, de un incumplimiento contractual
por parte de EPM, y de manera subsidiaria, de la ruptura del equilibrio económico
del contrato, principio que, según sostuvo, también es predicable de los negocios
excluidos del EGCAP. Esa misma lógica argumental fue replicada en la
apelación, para censurar la conclusión a la que arribó el a quo, según la cual la
fuente del daño radicó en los propios incumplimientos de la demandante; y para
reclamar, subsidiariamente, la ruptura de la ecuación negocial.

45. Como también se precisó en los antecedentes, Sevipáramo atribuyó a la
demandada el incumplimiento del negocio, al alegar que “con posterioridad a la
aceptación de la oferta mercantil, EPM realizó modificaciones a los diseños con
base en los cuales se presentó la propuesta económica y además tenía
problemas para poner a disposición de SERVIPÁRAMO las áreas en las cuales
debía realizar el cambio en el sistema de aire acondicionado, lo que provocó un
retraso inusitado respecto a la orden de inicio y la orden (sic) y especificación de
los elementos a ser fabricados, importados y suministrados” (hecho noveno de
la demanda). Así, sostuvo que “la demora injustificada en la suscripción del acta
de inicio” (hecho undécimo de la demanda) supuso que el comienzo de la
ejecución del negocio se postergara por 5 meses y 15 días, tiempo durante el
cual se produjo una variación extraordinaria de la tasa representativa del
mercado del dólar americano respecto del peso colombiano, que impactó de
forma negativa en el precio de algunos insumos que debían ser importados para
la satisfacción del objeto contractual.

46. Claro lo anterior, y en punto a determinar si, como lo afirmó la demandante, EPM
faltó a su débito contractual y si, en consecuencia, le es atribuible, causalmente,
el supuesto resultado lesivo que se le imputa, la Sala destaca los siguientes
instrumentos relevantes:

47. En folios 366 a 507 del cuaderno 2 obra el pliego de condiciones y
especificaciones técnicas del proceso de contratación PC-2013-004138, cuya
finalidad fue la escogencia de un contratista para la ejecución del siguiente
objeto: “Modernización y actualización tecnológica del sistema de enfriamiento y
distribución de aire y ventilación del Edificio EPM”.

48. En el numeral 1.1 de dicho instrumento se refirió que: “Efectuada la selección y
aceptada la oferta correspondiente mediante la comunicación respectiva al
proponente favorecido, éste procederá a la respectiva formalización del contrato,
y una vez obtenida, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y ‘el contratista’ darán
inicio a la ejecución del contrato con sujeción estricta a los términos aquí fijados
(…)”. Esa previsión fue replicada en el numeral 5, en el que se señaló que “una
vez formada la relación jurídica contractual -perfeccionamiento y formalización

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del contrato- las partes darán inicio a las actividades con las cuales cumplen sus
respectivas obligaciones”.

49. En el apartado 4.3 del mismo documento, frente a la necesidad de elevar a
escrito el acuerdo de voluntades, se señaló que: “Acorde con la reglamentación
interna de EPM, los contratos de valor superior a tres mil salarios mínimos
legales mensuales vigentes (3.000 SMLMV), deben constar por escrito. En
consecuencia, si el contrato que resulte de este proceso de contratación supera
la cuantía indicada, las partes firmarán el documento correspondiente antes de
iniciar la ejecución del contrato. No obstante lo anterior, el contrato se encuentra
válidamente formado desde el momento en el cual se comunicó la aceptación
de la oferta al proponente seleccionado. En todo caso EPM podrá, con atención
a sus normas de contratación, dar la orden de iniciación de las obras con
anterioridad a la formalización del respectivo contrato”.

50. El punto 4.6.2 detalló la documentación necesaria para la formalización del
contrato, precisando que el oferente seleccionado debería remitir a las
instalaciones de EPM: (i) el contrato debidamente firmado, cuando por su valor
debiera elevarse a escrito; (ii) las garantías exigidas en el pliego de condiciones;
(iii) certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 3
meses; (iv) paz y salvo del impuesto de industria y comercio, en caso que el
oferente fuese sujeto pasivo del mismo y el contrato debiera ser elevado a
escrito; y (v) certificación de pago de aportes parafiscales y de seguridad social.

51. El numeral 4.7 del pliego indicó que la vigencia del contrato es el período
comprendido entre la fecha de comunicación de la aceptación de la oferta y la
fecha de aprobación de la liquidación definitiva, y que “en el término de esta
vigencia las partes están habilitadas para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones adquiridas en virtud del contrato, pero no podrá entenderse que por
ello se modifica el plazo de ejecución de la obra que operará dentro de la
vigencia, pero independientemente de ella”. Asimismo, en el acápite 5 estipuló
que “una vez formada la relación jurídica contractual -perfeccionamiento y
formalización del contrato-las partes darán inicio a las actividades con las cuales
cumplen sus respectivas obligaciones”.

52. Por su parte, el apartado 5.1 del pliego consagró que “cumplidas las obligaciones
referentes a la formalización del contrato, EPM, a través del servidor competente
y por escrito, dará la orden de inicio para la ejecución de las obras. La fecha
fijada como de inicio será el punto de partida para contabilizar el plazo de
ejecución del contrato. En todo caso EPM podrá, con atención a sus normas de
contratación, dar la orden de iniciación de las obras con anterioridad a la
formalización del contrato” (destacado añadido).

53. El 5 de noviembre de 2013, Servipáramo presentó propuesta dentro del proceso
de selección antedicho24, la cual, a solicitud de EPM25, fue objeto de ajuste
económico por parte del demandante el 20 de enero de 2014 26. La oferta
antedicha fue aceptada mediante Oficio 2014041027 del 29 de abril siguiente27.

24 Folios 513 a 519 del cuaderno 2.
25 Folio 532 ibidem.
26 Folios 533 a 538 ibidem.
27 Folios 552 y 553 ibidem.

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54. El 19 de mayo de 2014 se elevó a escrito el Contrato CT-2014-000808, y de su
clausulado se destaca lo siguiente: (i) su valor se estimó en a $11.308’384.910
y se pactó que el mismo sería reajustable conforme al numeral 2.2.2.2 del pliego
de condiciones; (ii) el plazo de ejecución estipulado fue de 365 días calendario,
“contados a partir de la fecha fijada por escrito por EPM para la iniciación de los
trabajos”; (iii) respecto de su perfeccionamiento y ejecución, se plasmó que:
“este contrato se perfeccionó con la comunicación de aceptación de la propuesta
mediante oficio 2014041027 del 29 de abril de 2014, pero para su ejecución se
requiere que EPM haya aprobado las garantías y seguros solicitados en la
cláusula quinta de este documento y demás documentos requeridos para la
formalización, acorde con lo previsto en el numeral 4.6.2 del pliego de
condiciones”28.

55. El 15 de septiembre de 2014, los contratantes suscribieron un acta “con el objeto
de dejar constancia para el inicio del presente contrato”, instrumento al que las
partes se refirieron como el “acta de inicio”. En ella se detallaron las garantías
aportadas hasta ese momento por el contratista y se señaló que: “El Contratista
se compromete a modificar la vigencia de los amparos antes descritos de
acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones, y remitir los certificados de
modificación respectiva a Las (sic) Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el
transcurso de quince (15) días calendario posterior a la firma de este documento.
El Contratista presentó y le fueron aprobados las hojas de vida del personal, el
cronograma de trabajo, el programa de calidad, el programa de salud
ocupacional y análisis de riesgos, y el plan de trabajo (Procedimientos), los
cuales servirán de base para establecer el cumplimiento del contrato. El
Contratista se compromete con la firma de éste (sic) documento que para el día
primero de octubre de 2014 entregará la información faltante de los contratos de
trabajo y las respectivas afiliaciones a las seguridades sociales y parafiscales”29.

56. En su escrito introductorio, la demandante sostuvo (hecho octavo) que “los
componentes que debieron ser fabricados e importados y, por ende, pagados en
dólares de los Estados Unidos de América, eran tres (3): los dos primeros
consistían en el THERMAFUSER y los MÓDULOS DE PRESIÓN los cuales
fueron adquiridos en dólares de los Estados Unidos de América al proveedor
Servicios y Comercial S.A. y los ventiladores eran adquiridos al proveedor
SCHNEIDER ELECTRIC. Esta circunstancia le era oponible a EPM, pues la
contratante tenía la potestad de aprobar las compras que realizara el contratista”.
Ese hecho fue aceptado por la demandada en su contestación, y añadió que
“Los Difusores de Aire Variable (THERMAFUSER) y los MÓDULOS DE
PRESIÓN aparecen claramente determinados en los pliegos (pág. 57 y 59, 60 y
61), en el numeral 9.51 Descripción detallada de la lista de cantidades y en la
oferta (pág. 7 y 8)”. En consecuencia, no existe disputa sobre cuáles fueron los
ítems que, en la demanda, se afirman impactados por el incremento cambiario.

57. Con los anteriores antecedentes, corresponde analizar si, como lo concluyó el a
quo, la demora en la suscripción del acta de inicio fue imputable a la contratista.
En su recurso, ésta puso de presente que, conforme a las actas de comité

28 Folio 554 del ibidem.
29 Folio 563 ibidem.

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técnico, se dejó constancia de que había cumplido con las cargas requeridas
para el inicio de obras, lo cual se constataba, según la actora, verificando lo
sintetizado en el acta no. 17 del 6 de agosto de 201430. Sin embargo, se observa
que allí, igualmente, se consignaron como compromisos a cargo de la entidad,
“evaluar información para inicio” y “definir fecha de inicio del contrato”, lo cual
quiere decir que en esa ocasión aún no se había calificado, en forma definitiva,
el cumplimiento de dicho deber por parte del contratista. Comoquiera que la
apelante no invocó pruebas adicionales para soportar la concordancia de dichos
insumos con los requisitos planteados en el numeral 4.6.2 del pliego de
condiciones, no hay lugar a reevaluar la conclusión del Tribunal en cuanto a la
entrega tardía de los mismos por parte de Servipáramo; sin perder de vista,
como se precisó líneas atrás, que el inicio de la ejecución del contrato requería
la satisfacción de los requisitos de aprobación de las garantías exigidas en el
pliego, la certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social y el
cumplimiento de las obligaciones parafiscales; los cuales constituían condición
para la formalización del contrato y, solo a partir de ésta, era procedente la
expedición de la respectiva orden de inicio.

58. Ahora bien, para efectos de otorgar una respuesta integral al primer problema
jurídico planteado, es del caso abordar en este acápite el cargo de la apelación
referente al incumplimiento que, a su vez, Servipáramo reprochó a EPM. En este
punto de la providencia, a la luz de los elementos probatorios descritos, la Sala
encuentra que se ha desvirtuado la tesis sostenida por la parte apelante, según
la cual el daño reclamado es atribuible a un incumplimiento de la entidad
contratante. Efectivamente, ese postulado se soportó en las siguientes
premisas: (i) la ejecución contractual, y en particular la importación de los
insumos sujetos a la variación de la TRM, estaba supeditada a la autorización
de EPM, materializada en una orden de inicio; y (ii) aquello se produjo de forma
tardía, por causas imputables a la entidad demandada, específicamente, por la
variación en las condiciones de ejecución con posterioridad a la presentación de
la oferta.

59. Con el fin de revisar lo anterior, no puede pasarse por alto que, contrario a lo
que exigía el pliego de condiciones (numeral 5.1), el comienzo del plazo para el
desarrollo de las obligaciones contractuales no se produjo por una orden
emanada de EPM a través de “un servidor competente”, sino por virtud de un
acta suscrita por ambos extremos de la relación jurídico-sustancial. En dicho
instrumento, además de la intención de “dejar constancia para el inicio del
presente contrato”, solo se plasmó del compromiso del contratista en torno a la
modificación de las garantías y la entrega de “la información faltante de los
contratos de trabajo y las respectivas afiliaciones a las seguridades sociales y
parafiscales”, pero no se estableció que la contratante hubiese impartido una
directriz unilateral en ese sentido a su contratista, ni éste cuestionó el
momento del inicio del contrato.

30 Folio 544 ibidem. Se dejó consignado que “se entrega a epm los doc para inicio” (sic), y que “queda por definir

la fecha de inicio”. Con todo, no existen elementos demostrativos -distintos del acta de comité invocada por la
parte actora- que acrediten el cumplimiento, antes del 6 agosto de 2014, de los requisitos necesarios para la
formalización del contrato y el inicio de su ejecución, y se precisa que aún en el acta en mención se dejó
consignado que, a ese momento, las garantías aún no satisfacían las condiciones necesarias para su
aprobación, al señalarse “Queda por definir la fecha de inicio. Fecha de modificación de las garantías”.

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60. En su recurso, Servipáramo sostuvo que lo consignado en aquel instrumento, en
relación con la actualización de las garantías, obedeció a la demora previa de
EPM en la expedición de la orden de inicio. Sin embargo, ello resulta
contradictorio en vista de la suscripción del acta, pues significa que, aun si se
admitiera que esa actuación contractual fue tardía y que provino de un
incumplimiento de la demandada, en el acto contractual que determinó el punto
de partida de la ejecución -y, con él, la habilitación para adquirir los equipos- y
la demandante intervino de forma libre y voluntaria -pues no se alegó ni demostró
lo contrario-, sin advertencias, aclaraciones o condicionamientos de ninguna
índole. En ese sentido, no se trató de una determinación de carácter unilateral
emanada de la contratante, conforme a lo previsto en el contrato (sin que esta
circunstancia le restase efecto obligatorio), sino de un documento y situación
frente a los cuales la contratista manifestó su asentimiento.

61. Si Servipáramo, en el momento en que suscribió el acta, consideraba -como lo
hace en el escenario judicial- que la demora en el comienzo de la ejecución
negocial obedeció a un incumplimiento reprochable a la contratante y que ello
alteraba de forma grave las condiciones económicas para la satisfacción del
objeto pactado, debió abstenerse de participar en la confección de un
instrumento por medio del cual se subsanaba esa tardanza y lo obligaba, en
concreto, a proceder con la adquisición de los ítems que, a la postre -según
afirmó- fueron impactados por el alza del tipo cambiario. Lo anterior se ve
ratificado por la prueba técnica allegada por la libelista, de la cual se observa
que, para el 15 de septiembre de 2014, ya era perceptible la tendencia al alza
que experimentaba la TRM, en contraposición al comportamiento que, según el
mismo dictamen pericial, se esperaba según los indicadores del primer semestre
de dicho año (a la baja)31. Esta situación daba cuenta de la existencia de tasas
superiores a las que se encontraban vigentes al momento de la formulación de
la oferta y del perfeccionamiento del contrato -20 de enero y 14 de mayo de
2014, respectivamente-. En ese sentido, la misma pericia allegada por la
demandante pone de presente que, a la fecha de la firma del acta, ya era de su
conocimiento la devaluación del peso frente al dólar, lo cual ameritaba un
pronunciamiento de la demandante frente a EPM a ese respecto, o un
comportamiento distinto a aceptar, sin objeciones, la suscripción de dicho
documento, si pretendía un reconocimiento económico adicional por aquella
variación.

62. Así, el silencio del contratista ante ese escenario y su aquiescencia en la
producción de un instrumento contractual que lo obligaba a iniciar con la
ejecución -en condiciones, según el propio demandante, distintas a las de la
negociación-, supuso una convalidación de lo actuado previamente por el otro
contrayente, junto con la manifestación de intención de adelantar la ejecución
aun en las condiciones presentes en septiembre de 2014, de manera que
cualquier retardo que hasta ese momento se hubiese podido presentar por parte
de EPM debe entenderse subsanado. No se pierde de vista, a tales efectos, que

31 Según el dictamen: “La tabla y grafico anteriores evidencian que el precio del dólar presentó una tendencia a

la baja a partir del 31 de marzo de 2014, con un precio de cierre de $1,965,32, y finalizó el periodo de análisis
el 31 de julio, con un precio de cierre de $1,872,43” (fl. 45, C. 1). Si, para el 15 de septiembre de 2014, la TRM
se ubicó en $1.994,97 (fl. 306, C. 1), para dicho momento ya se evidenciaba un comportamiento contrario a la
baja esperada, circunstancia que ameritaba ser puesta de presente ante la entidad en el momento de
perfeccionamiento del acta o con anterioridad a ella.

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el incumplimiento reprochado a la contratante se enmarcó en el periodo
comprendido entre la formalización del acuerdo y la expedición del citado
instrumento, de manera que, al enervarse lo ocurrido en dicho lapso, queda sin
sustento -como se dijo previamente- el reclamo que motivó la litis desde la óptica
propuesta en las pretensiones principales, es decir, con fundamento en el
incumplimiento enrostrado.

63. En vista de lo anterior, la Subsección no puede pasar por alto la conducta del
demandante quien, por una parte, avaló la actuación de EPM y compareció con
ella a la construcción de un instrumento negocial -el acta de inicio- sin reparo
alguno; y, por la otra, acudió a la jurisdicción para señalar que la expedición de
tal documento fue tardía y que, por ello, se le deben perjuicios a título de
incumplimiento. Sobre el particular se advierte, adicionalmente, que a pesar del
intento del demandante de desnaturalizar el carácter del acta, presentándola
como la orden a la que se hizo referencia en el clausulado del contrato, la misma
no participa de esta semblanza, en tanto en su texto las partes indicaron que
procedían a “dejar constancia para el inicio del presente contrato”, sin consignar
instrucción, orden o directriz por parte de la contratante (quien, además, no es
quien la firma, sino que el interventor del contrato32 es quien figura por ese
extremo), como se aprecia de su texto que, por su relevancia, se cita de forma
integral (transcripción literal, con posibles errores):

“En Medellín a los quince del mes de septiembre de 2014, se reunieron el señor Brandet
Omar Amaya Alarca quien ejerce la administración del contrato en representación de las
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y la señora José Paulo Naranjo en representación
del Contratista, con el objeto de dejar constancia para el inicio del presente contrato.

El Contratista se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Amparo Número Valor Vigencia Compañía de
Seguros
Pago salarios, 2356212 1.130.838.491 20180525 Liberty
prestaciones Seguros S.A.
sociales
Calidad del bien 2356212 1.130.838.491 20170526 Liberty
y servicio Seguros S.A.
Cumplimiento 2356212 2.261.676.982 20151122 Liberty
Seguros S.A.
Estabilidad 2356212 1.130.838.491 20150526 Liberty
Seguros S.A.
Buen manejo 2356212 2.261.676.982 20150526 Liberty
del anticipo Seguros S.A.
Responsabilidad 494023 565.419.245,50 20150725 Liberty
civil Seguros S.A.
extracontractual

El Contratista se compromete a modificar la vigencia de los amparos antes descritos de
acuerdo a lo establecido en el pliego de condiciones, y remitir los certificados de modificación
respectiva a Las (sic) Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el transcurso de quince (15)
días calendario posterior a la firma de éste documento.

El Contratista presentó y le fueron aprobados las hojas de vida del personal, el cronograma
de trabajo, el programa de calidad, el programa de salud ocupacional y análisis de riesgos,
y el plan de trabajo (Procedimientos), los cuales servirán de base para establecer el
cumplimiento del contrato.

El Contratista se compromete con la firma de éste documento que para el día primero de
octubre de 2014 entregará la información faltante de los contratos de trabajo y las
respectivas afiliaciones a las seguridades sociales y parafiscales.

32 Unidad Construcción Edificios EPM.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

Para constancia, se firma la presente acta en original y copia por los que en ella intervinieron,
a los 15 días del mes de septiembre de 2014”.

64. Idéntico cuestionamiento merece el comportamiento de la demandante de cara
a la alegada modificación de las condiciones de ejecución del contrato. En su
recurso, la apelante reprochó que, en acta No. 4 del comité técnico del 9 de abril
de 2014, se informó a Servipáramo que “los proyectos de modernización quedan
inmersos en un proyecto nuevo llamado RENOVACIÓN DE EDIFICIO y su
ejecución deberá alinearse con ese proyecto, puede implicar cambios en la
ejecución del contrato de enfriamiento de aire”33, frente a lo cual la sociedad
manifestó, en el recurso, que dicha variación “se produjo con posterioridad a la
presentación de la oferta e, incluso, con posterioridad a la solicitud de ajuste
económico del 14 de enero de 2014”. Aunque esta última afirmación sea cierta,
pasa por alto que la advertencia realizada en el señalado comité técnico fue
anterior a la firma del contrato, que finalmente se perfeccionó el 14 de mayo de
2014, sin que obre prueba de que la entonces proponente hubiese manifestado
su oposición a ello. En tal sentido, de no estar de acuerdo con lo expresado por
la entidad en la citada acta de comité técnico, la sociedad debió efectuar la
manifestación correspondiente previo a la firma del contrato o, de entrada,
abstenerse de firmarlo34.

65. Ese mismo razonamiento es predicable de las dos modificaciones acaecidas en
el negocio jurídico debatido, que tuvieron lugar el 7 de septiembre de 2015 y el
21 de enero de 2016, motivadas, según se consignó en ellas, en la necesidad
de ejecutar obras adicionales en el proyecto35. Considerando que ambos
modificatorios fueron posteriores a la suscripción del acta de inicio, y que el
extremo censor centró su reclamación en el incremento del tipo cambiario
durante el periodo comprendido entre la formalización del contrato y dicho hito;
aquellas circunstancias no inciden en el presunto incumplimiento alegado en el
sub lite por la demandante. Además, en línea con lo expresado supra, si
Servipáramo estaba en desacuerdo con las modificaciones contractuales o
consideraba que con ellas se impactaba de forma excesivamente onerosa la
ejecución de su débito36, debió manifestarlo37.

33 Lo anterior se constata a partir del contenido de dicha acta obrante en el folio 541 del C. 2.
34 En los términos de la tesis de unificación adoptada por la Sección Tercera de esta Corporación (exp. 39.121),

“[c]uando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones,
aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se
firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes
o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos”, de manera que se limitó la exigencia para el juez de la
causa de estudiar las pretensiones, cuando no se hubieren efectuado salvedades durante la ejecución del
contrato, a escenarios de suspensiones, adiciones, prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales u
otrosíes (ninguno de los cuales se configura en el sub lite). Esa postura es coincidente con la que, de antaño,
había mantenido esta Subsección, a las voces de la cual “en cada caso concreto, deben estudiarse de fondo
las reclamaciones de la demanda, para analizar su relación con los acuerdos modificatorios suscritos por las
partes en los cuales no se dejaron salvedades, y establecer cuáles fueron los motivos para su suscripción”
(sentencia del 4 de febrero de 2022, C.P. María Adriana Marín, exp. 45.762); y “es fundamental analizar cuál
fue el motivo que indujo a la suscripción del acuerdo, el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron,
contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas, para, a partir de
ahí, definir si las pretensiones resultan improcedentes” (sentencia del 4 de noviembre de 2022, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez, exp. 57.185).
35 Folios 1407 a 1413 del cuaderno 2.
36 En ambas modificaciones, se estipuló lo siguiente: “Acuerdo de Transacción. LAS PARTES acuerdan que

como consecuencia de la prórroga del plazo de ejecución (…) no habrá lugar a mayores valores para EPM,
diferentes a los que correspondan a la obra contractual que se ejecute y al valor acordado para la realización
de la obra extra. La transacción que aquí se acuerda se refiere única y exclusivamente a lo aquí indicado”.
37 Por el contrario, véase como, en documento del 11 de agosto de 2015, el contratista expresó: “De conformidad

con lo anterior, nuestra compañía manifiesta su total interés en aceptar la modificación propuesta, según lo
arriba indicado en atención a la necesidad de las obras adicionales no incluidas en el presupuesto inicial”.

17

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

66. Ese comportamiento evidencia una separación de la buena fe contractual, la
cual, como lo ha precisado esta Corporación, “consiste fundamentalmente en
respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del
acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente
el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento
que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés
del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en
buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”38 (énfasis
añadido). Asimismo, contraviene la doctrina de los actos propios (“venire contra
factum proprium non valet”)39 y se aprecia como una actitud desleal40 con el otro
extremo negocial, que torna en improcedentes las reclamaciones fundadas en
esta circunstancia.

67. Así las cosas, independientemente de que se endilgase, o no, un incumplimiento
a Servipáramo que hubiese conllevado a la tardanza en el inicio de la ejecución
contractual (derivada, según consideró el a quo, de la actualización de las
pólizas y de la información de los contratos de trabajo), la conducta esperable
por parte de la sociedad al momento de perfeccionar el acta -o con anterioridad
a ella- era advertir del alza que se venía presentando en el precio del dólar
respecto de la TRM tenida en cuenta para la formulación de la oferta, lo cual no
ocurrió según las pruebas obrantes en el plenario. Así las cosas, incluso con la
valoración de la prueba técnica que la libelista reiteró en su recurso, la
evaluación jurídica de la conducta de la contratista da cuenta de que la
suscripción del acta de inicio, sin advertencia alguna, implicó un asentimiento de
su parte a la adquisición de los equipos sin consideración a la variación de la
TRM que ya se venía presentando. Lo mismo puede predicarse de la firma del
contrato con posterioridad a conocer de la inmersión del negocio en el proyecto

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22

de junio de 2011, exp. 18836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En similar sentido, la Corte Suprema de
Justicia ha sostenido que: “Aludir a la buena fe en materia de la formación y ejecución de las obligaciones,
apareja ajustar el comportamiento a un arquetipo o modelo de conducta general que define los patrones
socialmente exigibles relacionados con el correcto y diligente proceder, la lealtad en los tratos, la observancia
de la palabra empeñada, el afianzamiento de la confianza suscitada frente a los demás, en síntesis, pues,
comportarse conforme se espera de quienes actúan en el tráfico jurídico con rectitud, corrección y lealtad”.
39 “La regla del venire contra factum proprium non valet es una expresión del principio general de la buena fe y

está prevista como un mecanismo de protección de los intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos
que obliga a otro a mantener un comportamiento coherente con los propios actos, habida cuenta de que la
conducta de una persona puede ser determinante en el actuar de otra. Surge como una prohibición de actuar
contra el acto propio” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia
del 17 de marzo de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01573-00(AC), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, al aplicar dicho instituto a las relaciones entre particulares, ha
puntualizado que: “En cabal realización de estas premisas –se puntualiza- las personas, al interaccionar con
sus semejantes, adoptan conductas que fijan o marcan sendas cuya observancia, a futuro, determinan qué
grado de confianza merecen o que duda generan. Los antecedentes conductuales crean situaciones jurídicas
que devienen como referentes a observar frente a actuaciones presentes y futuras, de similar textura fáctica y
jurídica, no pudiendo sustraerse caprichosamente de sus efectos, génesis esta de la llamada Teoría de los
Actos Propios” y, por lo tanto, un acto contrario a aquellos que lo anteceden “(…) puede constituir, y suele serlo,
un acto contrario a los fundamentos de la buena fe y a la coherencia jurídica exigida a cualquier contratante”
(Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de agosto de 2007, Exp. 2000-00254-01).
40 “De lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción parecida al artículo 1603 del

Código Civil, se desprende que en todo el iter contractual, esto es antes, durante y después de la celebración
del contrato, y aún después de su extinción, se impone a los intervinientes el deber de obrar de conformidad
con los postulados de la buena fe (…) se trata aquí de una buena fe objetiva y “por lo tanto, en sede contractual
no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho” o conforme al contrato,
pues tales convencimientos son irrelevantes porque, habida cuenta de la función social y económica del
contrato, lo que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de
estas funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados en un todo al
ordenamiento jurídico y a lo convenido” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 22043, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa).

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

“RENOVACIÓN EDIFICIO”, advertida desde el comité técnico del 9 de abril de 2014,
previo a la suscripción del clausulado.

68. Ahora bien, aunque la recurrente alegó en su recurso que EPM abusó de su
posición contractual y faltó al principio de planeación -aspectos con en los que
fundó su inconformidad con la conclusión del Tribunal sobre el cumplimiento por
parte de la entidad-, dichos aspectos no son pasibles de ser analizados en esta
ocasión, según se anunció, por tratarse de argumentos novedosos que exceden
la causa petendi introducida en la demanda.

69. Las anteriores consideraciones imponen resolver negativamente el primer
problema jurídico propuesto en el itinerario. En efecto, los elementos de juicio
destacados no revelaron un incumplimiento contractual reprochable a la
demandada -en los términos propuestos en el escrito introductorio-; por el
contrario, como se relacionó previamente, demostraron que, aun a la expedición
del acta de inicio, el contratista no satisfizo las obligaciones necesarias para que
dicha ejecución empezara, exigidas en el pliego, relacionadas con la
actualización de las garantías, la certificación del pago de aportes al sistema de
seguridad social y el cumplimiento de las obligaciones parafiscales. Esa
circunstancia, aunada a la conducta anuente desplegada por Servipáramo de
cara al perfeccionamiento del acta de inicio (que no constituyó una directriz
unilateral), impone confirmar la no prosperidad de las pretensiones principales,
pero por las razones aquí expresadas.

70. En ese orden de ideas, la Sala procede a abordar el aspecto relacionado con el
desequilibrio económico alegado por la parte actora41, conforme al segundo
problema jurídico propuesto.

Análisis del alegado desequilibrio económico del contrato

71. Para dar solución a este punto de la litis, resulta necesario volver sobre lo
argumentado por la demandante en punto de la existencia de un desequilibrio
económico del acuerdo de voluntades. En los fundamentos de derecho del libelo
introductorio sostuvo, al respecto, lo siguiente:

“Adicionalmente, en caso de que se llegare a concluir que no existió responsabilidad de
EPM en las demoras en la orden de inicio de las actividades contractuales, se sustentará
la responsabilidad de EPM en la ruptura del equilibrio económico del contrato, principio

41 De antaño, la jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de puntualizar las múltiples diferencias que

existen entre la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato y la figura del incumplimiento contractual,
así como los efectos que de uno y otro caso se desprenden, señalando que “los supuestos de hecho alegados
no son constitutivos de ruptura del equilibrio económico – financiero del contrato, sino del incumplimiento
contractual. “La ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma
funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por
la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con
relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de
supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que
impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos
imprevistos e irresistibles como la variación de precios), por razones no imputables a las partes. (…) El
incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los
contratantes, esto es, que asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato
y, como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la obligación
de soportar; además, el incumplimiento genera la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios
causados a la parte cumplida” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 20.524, C.P Carlos Alberto Zambrano Becerra.
Reiterada por la misma Subsección en sentencia del 8 de mayo de 2019, exp. 58.895, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico).

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

que también es aplicable a las entidades estatales excluidas del estatuto general de
contratación, en razón a que dicho principio tiene un origen constitucional derivado del
principio de igualdad ante las cargas públicas, el respeto a la propiedad privada y la
aplicación del principio de buena fe, principios todos estos aplicables a EPM por su
naturaleza pública”.

72. Subsidiariamente, pretendió: “Que se declare que se genero (sic) una ruptura
del equilibrio económico del contrato, generando una afectación a
SERVIPARAMO S.A. por los mayores costos en que incurrió en la adquisición
de insumos que debieron ser importados, como consecuencia de la variación
inusitada y extraordinaria de la tasa de cambio del dólar americano (…)”.

73. A su vez, en el recurso de apelación arguyó:

“Es claro entonces que la razón fundamental de las cláusulas de reajuste es mantener
el equilibrio del contrato y con él la equivalencia entre las prestaciones recíprocas. Los
mecanismos de reajuste que se pactan en el contrato normalmente responden a
condiciones normales y mientras dichas condiciones se mantengan estables, la fórmula
lograra cumplir con la finalidad para la cual fue diseñada.

¿Qué pasa entonces cuando cambian los supuestos bajo los cuales se diseñó la fórmula
de reajuste y su aplicación no satisface el objetivo de mantener la equivalencia entre las
prestaciones mutuas? ¿Deberá la parte afectada aceptar la aplicación de la fórmula bajo
el supuesto de que el contrato es ley para las partes (principio de pacta sunt servanda),
o tendrá derecho a solicitar la revisión de la fórmula de reajuste para que ella sea
modificada y se adapte a las nuevas condiciones económicas?.

En la legislación colombiana ese problema ya se encuentra resuelto a través de lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, que tiene importancia por
recoger un principio general, independientemente de la discusión de si esta norma se
aplica o no a la contratación de Empresas Públicas de Medellín.

(…)

Esta observación es fundamental para entender las referencias que hacemos a la
normatividad contenida en la ley 80 de 1993, pues a pesar de que EMPRESAS
PÚBLICAS DE MEDELLIN se rigen en materia contractual por el derecho privado, es
claro que ante la ausencia de normas especiales en el Código Civil o de Comercio frente
a los temas que nos ocupan, es necesario remitirse a los principios generales contenidos
en la normatividad mencionada”.

74. Como se aprecia, el extremo censor persigue que se traiga la institución de la
preservación del equilibrio económico del contrato, regulada en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, a un negocio que, por
regla, no está sujeto a este último, conforme quedó establecido en anteriores
acápites.

75. Así las cosas, la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato
prevista en el EGCAP42 no es aplicable al presente asunto, y tampoco se
encuentra contemplada en los estatutos civil y comercial, que comprenden el
régimen de contratación de los particulares43. Por el contrario, en el derecho

42 Entre otros, en los artículos 5 (numeral 1°) y 27 de la Ley 80 de 1993.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 47.068 C.P.

Martín Bermúdez Muñoz. Criterio reiterado por esta Subsección en: (i) providencia del 30 de agosto de 2024,
exp. 58.485. C.P. José Roberto Sáchica y (ii) 12 de diciembre de 2022, exp. 66.729. C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico. Este criterio también es concordante con lo considerado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, en sentencia del 12 de julio de 2024, exp. SC-1360-2024. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez,
en la que se consideró: “En suma, es evidente que el enfoque de la contratación privada difiere enormemente
de aquel que gobierna los contratos estatales sometidos al EGCAP. Mientras que el segundo privilegia la
paridad absoluta de las prestaciones de las partes, en el marco de una conmutatividad objetiva, el primero busca
resguardar, en la medida de lo posible y de lo razonable, la integridad del contrato, y la fuerza vinculante del
equilibrio económico subjetivo que diseñaron y aceptaron los propios estipulantes al momento de celebrar el

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

privado, estas circunstancias se encuentran cobijadas por una figura diferente,
que consiste en la teoría de la imprevisión. Lo anterior tiene su fuente en el
artículo 868 del Código de Comercio, antes citado, que consagra la posibilidad
de revisar el acuerdo de voluntades ante circunstancias “extraordinarias,
imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de
ejecución sucesiva, periódica o diferida, [que] alteren o agraven la prestación de
futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte
excesivamente onerosa”. Esta Corporación se ha referido a este tópico de la
siguiente forma44:

“La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que las entidades deben
restablecer el equilibrio económico únicamente en los contratos regidos por la Ley 80 de
1993, y que en contratos de derecho privado debe aplicarse la “teoría de la imprevisión”.
No obstante, también ha indicado que, en estos casos, el juez debe analizar si lo alegado
constituye un incumplimiento del contrato.

(…) En consecuencia, la teoría de la imprevisión no persigue restablecer el equilibrio de
la ecuación financiera cuando se vea alterado por circunstancias sobrevinientes. Esa
obligación solo está prevista para los contratos estatales, en los que el cumplimiento de
su objeto es de interés general razón (sic) y por ello se le impone al Estado esta
obligación. En los contratos regidos por el derecho privado el contratista no puede
pretender apartarse del acuerdo inicial y buscar su modificación por esta vía”.

76. En el caso concreto, el contratista pretendió de forma subsidiaria -en su
demanda y en el recurso de apelación45- el reconocimiento de los mayores
valores pagados por los insumos que fueron adquiridos en el extranjero, a través
de la figura del restablecimiento del equilibrio económico, bajo la lógica
establecida en la Ley 80 de 199346, pese a que la misma no resulta aplicable al
contrato en cuestión por estar exceptuado de la aplicación del EGCAP. En
primera instancia, el Tribunal acertó al partir de esta premisa, al advertir que
“dado el régimen de derecho privado del contrato cuestionado no resulta posible
aplicar figuras propias del régimen de la contratación estatal como el
desequilibrio económico del contrato”, perspectiva que -según lo expuesto- debe
ratificarse en este estrado, para confirmar la denegatoria de las pretensiones
fundadas en dicho instituto.

respectivo negocio jurídico. La manifestación práctica más relevante de esa divergencia se da en el propósito
de la acción judicial que puede ejercitar el contratante afectado: en el régimen de contratación estatal, le es lícito
pedir una compensación por las prestaciones ejecutadas, lo que, incluso, permitiría que se discuta el
desequilibrio económico de un contrato liquidado. En cambio, el Derecho Privado solo habilita el reajuste del
pacto, o su resolución, en ambos casos con efectos ex nunc –hacia el futuro–; de ahí que, extinguido el vínculo
jurídico entre los contratantes, el cambio sobreviniente de circunstancias pierde su razón de ser”.
44 Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024 (exp. 69.484).
45 Sin que, en todo caso, la alzada tenga la virtud de alterar el objeto de la litis o extenderla a aspectos no

propuestos en el libelo introductorio.
46 Aunque en su demanda no haya mencionado de forma expresa esta ley, sí se refirió al instituto del equilibrio

regulado en aquel estatuto. Así, en los fundamentos de derecho manifestó que “se sustentará la responsabilidad
de EPM en la ruptura del equilibrio económico del contrato, principio que también es aplicable a las entidades
estatales excluidas del estatuto general de contratación, en razón a que dicho principio tiene un origen
constitucional derivado del principio de igualdad ante las cargas públicas, el respeto a la propiedad privada y la
aplicación del principio de buena fe, principios todos estos aplicables a EPM por su naturaleza publicase
sustentara la responsabilidad de EPM en la ruptura del equilibrio económico del contrato, principio que también
es aplicable a las entidades estatales excluidas del estatuto general de contratación, en razón a que dicho
principio tiene un origen constitucional derivado del principio de igualdad ante las cargas públicas, el respeto a
la propiedad privada y la aplicación del principio de buena fe, principios todos estos aplicables a EPM por su
naturaleza pública”. A su vez, en el recurso de apelación trajo a colación su artículo 4.8 (obligación de la entidad
de mantener las condiciones existentes al momento de proponer) y señaló que “ante la ausencia de normas
especiales en el Código Civil o de Comercio frente a los temas que nos ocupan, es necesario remitirse a los
principios generales contenidos en la normatividad mencionada” [Ley 80 de 1993].

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

77. Como complemento de lo anterior, es necesario considerar que: (i) que en los
contratos conmutativos sujetos al derecho privado, prima el principio de
normatividad (artículo 1602 del Código Civil) y la equivalencia es subjetiva
(artículo 1498 ibidem), de modo que los eventuales sobrecostos solo dan lugar
a compensación si existe norma legal expresa o estipulación contractual
habilitante (v.gr., artículo 2060, numeral 2 ibidem o artículo 868 el Código de
Comercio); y (ii) aunque EPM es una entidad pública, en este caso actúa como
operador económico en un mercado liberalizado, sin ejercer función
administrativa, de modo que no cabe aplicar, por analogía, ni el principio de
igualdad frente a las cargas públicas ni los postulados del EGCAP -como quedó
establecido-, cuyo fundamento es asegurar la continuidad de un servicio
vinculado de forma inmediata a la satisfacción del interés general, circunstancia
que no se verifica -al menos, con igual intensidad- en la actividad de una
empresa de servicios públicos, sea oficial, mixta o privada.

78. Ahora bien, la Sala encuentra que la demandante no invocó la aplicación de la
teoría de la imprevisión del Código de Comercio para la revisión de las
prestaciones cuyo cumplimiento consideró excesivamente oneroso. Por el
contrario, en su pretensión subsidiaria solicitó que se declarase la ruptura del
equilibrio económico del contrato, el cual estimó aplicable al caso con
fundamento en “el principio de igualdad ante las cargas públicas, el respeto a la
propiedad privada y la aplicación del principio de buena fe, principios todos estos
aplicables a EPM por su naturaleza pública”. Como se observa, la accionante no
expuso ni desarrolló los elementos que, eventualmente, podrían dar lugar a la
revisión del contrato con fundamento en las pautas indicadas por el estatuto
comercial, de forma que el acatamiento del principio de congruencia interna, que
atiende a la correspondencia entre lo pedido y lo decidido47, impedía igualmente
al a quo (y a esta Sala) dirimir las pretensiones subsidiarias del libelo genitor
bajo este instituto.

79. En efecto, ante la circunstancia advertida, no le es dable a esta judicatura
referirse a la posible configuración de los elementos de la teoría de la
imprevisión, conforme a lo previsto en el Código de Comercio. Este ejercicio
implicaría una vulneración al debido proceso de la entidad demandada, quien
estructuró su defensa a partir de los reproches enfilados con fundamento en el
supuesto desequilibrio económico del contrato celebrado, de forma que aquélla
se vería sorprendida con una decisión del caso sustentada en una lógica
diferente a la propuesta por la demandante.

80. Ahora bien, aun cuando lo discutido se resolviese a partir de la teoría de la
imprevisión, se debe recordar que la revisión del contrato que habilita el
precitado artículo 868 del Código de Comercio, cuando el cumplimiento de la
prestación se hace excesivamente oneroso, se proyecta al reajuste de la
ejecución futura de prestaciones pendientes, y no al restablecimiento de lo
invertido en el cumplimiento de las ya satisfechas, de manera que el juez de la

47 Al respecto, esta Subsección ha sostenido que el principio de congruencia “impone fallar de forma coherente

con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones planteadas en la
contestación” (sentencia del 5 de mayo de 2025, exp. 71.709 C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez). Ha señalado,
igualmente, que con ello se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre
aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad con la ley,
deban ser resueltos de oficio” (sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44.707 C.P. José Roberto Sáchica
Méndez).

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Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

revisión solo está habilitado para ordenar “los reajustes que la equidad indique”
o, en caso contrario, decretar “la terminación del contrato” (artículo 868
ejusdem). Ninguna de tales solicitudes, se insiste, fue elevada en el cuerpo de
la demanda, que fue presentada con posterioridad a la ejecución -y liquidación48-
del contrato.

81. En efecto, como se explicó en el anterior acápite, para el momento en el que se
perfeccionó el acta de inicio, ya se evidenciaba un alza de la TRM que era
contraria a la tendencia esperada para el momento en el que se efectuó la
aceptación de la propuesta (abril de 2014, cuando el comportamiento se
desplegaba a la baja)49. Si, para septiembre de 2014, se evidenciaba que la
tendencia era contraria a la esperada, dicha circunstancia debió ser advertida
oportunamente por la libelista ante EPM, lo cual contrasta con la comunicación
enviada en ese sentido, apenas, el 30 de marzo de 201550.

82. En cualquier caso, del acta de recibo se deriva que el objeto contractual fue
entregado en las condiciones pactadas, circunstancia que evidencia que el alza
del precio del dólar no constituyó un evento de tal magnitud que tornase en
desproporcionado el cumplimiento de las obligaciones contraídas y que
contrariase de manera evidente la finalidad económica del acuerdo. Como lo
concluyó el a quo, el valor de la desproporción alegada no excedió el monto
propuesto por la actora como porcentaje de su utilidad y de sus imprevistos (14%
y 2%, respectivamente, conforme al formulario no. 8 allegado con la oferta), sin
que la libelista alegase que dicho rubro hubiese sido destinado a otra finalidad.

83. Ligado a lo anterior, la Sala encuentra que, en memorando del 5 de noviembre
de 201551, en el que Servipáramo reiteró a la entidad la solicitud de
“restablecimiento económico contractual”, la contratista adujo que EPM debía
acceder a la reliquidación del contrato debido a los sobrecostos en los que
incurrió por el incremento de la TRM entre 2014 y 2015, lo cual sustentó en que
la contratante “está obligada a pagar los mayores valores sufragados, más sus
intereses moratorios, para conservar así la expectativa de ganancia que se había
generado con la adjudicación del Contrato. Esto es, no bastará con llevar a
SERVIPARAMO a una situación de no pérdida, sino que EPM E.S.P también
deberá asumir las utilidades que se habían proyectado resultado de la ejecución
contractual” (subrayado añadido). Esta última consideración pone de presente
que, desde la etapa negocial, la intención de la contratista estuvo dirigida a que
se le restableciera el margen de ganancia esperado con la formulación de su
propuesta, mas no la revisión de las condiciones de ejecución del contrato por
circunstancias que lo hubiesen tornado excesivamente oneroso (en los términos
del artículo 868 del Código de Comercio). Si así hubiese sido, la adquisición de
los equipos se habría tornado significativamente más onerosa, cosa que no
ocurrió, al haberse acreditado la entrega del objeto contractual mediante sendas
actas de liquidación y de recibo52.

48 Según se afirmó en el hecho vigesimoquinto de la demanda, el contrato fue liquidado bilateralmente el 6 de

julio de 2017, circunstancia aceptada por la demandada en su contestación.
49 El perito trajo a colación esta circunstancia para explicar que: “Ante una tendencia a la baja en el precio del

dólar, realizar un forward de compra no sería conveniente, como estrategia de cobertura ante los cambios en el
precio del Activo (dólar), ya que de continuar la tendencia, se esperaría que el precio en la fecha futura sea
inferior al precio actual”.
50 Cuaderno 4, folio 1484 y ss.
51 Folios 1495 y ss. ibid.
52 Folios 1415 a 1423 ibid.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

84. Las anteriores definiciones permiten responder al segundo problema planteado,
y despachar negativamente el cargo de la apelación que le corresponde, pues
el a quo acertó al señalar que la figura del desequilibrio económico del contrato
no resultaba aplicable al caso debatido, y que no se demostró que el contrato
hubiese sufrido una afectación económica de tal magnitud que tornara inviable
su ejecución en las nuevas condiciones, o aun sufrir pérdidas por ese motivo.

85. Lo hasta aquí discurrido releva a la Sala de pronunciarse sobre el aspecto
restante establecido en la bitácora de la presente providencia, consistente en
determinar la procedencia de la indemnización de perjuicios deprecada y su
monto, comoquiera que la misma se encontraba supeditada a que se encontrase
configurado el incumplimiento o el desequilibrio alegados.

Conclusiones

86. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará el fallo
impugnado, en el entendido de que las pretensiones de la demanda -principales
y subsidiarias- no estaban llamadas a prosperar, pero por las razones que se
han expuesto en esta providencia y que a continuación se recapitulan:

87. Contrario a lo que exigía el pliego de condiciones, el comienzo del plazo para el
desarrollo de las obligaciones contractuales no se produjo por una orden
emanada de EPM, sino que ello ocurrió en virtud de un acta suscrita por ambos
extremos de la relación jurídico-sustancial. Pese a que Servipáramo sostuvo en
su recurso que lo afirmado en aquel instrumento contractual obedeció a la
demora previa de la demandada en la expedición de la orden de inicio, el
contratista contaba con herramientas para advertir ante la administración, de
forma oportuna, la necesidad de adoptar medidas para contrarrestar los efectos
del alza del dólar.

88. Así, la aquiescencia del demandante en la elaboración de un instrumento
contractual que lo obligaba a iniciar con la ejecución del objeto -en condiciones
distintas a las de la negociación, según el propio contratista-, supuso una
convalidación de lo actuado previamente por el otro contrayente, así como la
manifestación de la intención de ejecutar el negocio en las condiciones
existentes para ese instante, de manera que cualquier retardo que hasta ese
momento se hubiese podido presentar por parte de EPM debe entenderse
subsanado. Con todo, los elementos de juicio demostraron que aun a la
expedición del acta de inicio, el contratista no satisfizo las obligaciones
necesarias para que la ejecución iniciara, exigidas en el pliego, relacionadas con
la actualización de las garantías, la certificación del pago de aportes al sistema
de seguridad social y el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.

89. La anterior conducta de la demandante con el otro extremo negocial vulneró,
además, la buena fe contractual con la que debía actuar y contravino la doctrina
de los actos propios lo cual impone denegar las reclamaciones fundadas en esas
circunstancias.

90. El principio de congruencia interna, que atiende a la correspondencia entre lo
pedido y lo decidido, impedía al a quo (y, de contera, a la Sala) dirimir las

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

pretensiones subsidiarias del libelo genitor bajo la aplicación de los institutos del
desequilibrio económico del contrato, conforme se encuentra regulado en el
EGCAP, y de la teoría de la imprevisión, como lo estatuye el artículo 868 del
Código de Comercio, pues el primero es propio de un régimen jurídico del que
el negocio celebrado en el sub examine se encontraba exceptuado, y el segundo
no fue invocado en la presente litis por la parte demandante. Adicionalmente,
tratándose de un negocio conmutativo de régimen privado, por razón del
principio de normatividad, y por la subjetividad de la equivalencia, los eventuales
sobrecostos solo dan lugar a compensación si existe norma legal expresa o
estipulación contractual habilitante; y la naturaleza pública de EPM, que actuó
en este caso como operador económico en un mercado liberalizado, sin ejercer
función administrativa, impide la aplicación analógica del principio de igualdad
frente a las cargas públicas, ni los postulados del EGCAP.

91. Aun cuando se analizara el caso bajo el instituto de la imprevisión, la
demandante no logró demostrar que se hubiese configurado una alteración de
tal magnitud que hubiese tornado excesivamente onerosa la ejecución del
negocio, comoquiera que se acreditó que el objeto contractual se cumplió y fue
recibido por la contratante.

La condena en costas

92. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA53,
y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se
le imponen54.

93. Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia a la parte
demandante, pues, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del
CGP, los argumentos de la alzada resultaron imprósperos. Las costas de
segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto
en el artículo 366 del CGP.

94. Respecto de las agencias en derecho, en la medida que la parte demandada
ejerció su defensa a través de la designación de apoderada judicial, que debió
vigilar el proceso en sede de apelación, y quien allegó pronunciamiento frente a
la alzada, se considera que dicha situación es suficiente para entenderlas
causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554
de 201655, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta sentencia en favor de EPM.

53 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso concreto,

atendiendo la fecha de interposición del recurso de apelación (26 de abril de 2024). “Artículo 188. Condena en
costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
54 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante

(no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado
-con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas
con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica,
por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual
posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
55 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01621-01 (72.529)
Demandante: Servipáramo S.A.S.
Demandado: Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Referencia: Controversias contractuales

95. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 31 de enero de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante y FIJAR
las agencias en derecho en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta providencia, en favor de la accionada. Las costas se
liquidarán de forma concentrada por el a quo.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
VF

1. Procesos declarativos en general (...) En segunda instancia entre 1 y 6 S.M.L.M.V. (...)”.

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