Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01737-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01737-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-01737-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
2 de febrero de 2023
1
Radicado: 05001-23-33-000-2018-01737-02 (3317-2022)
Demandante: Hernán de Jesús Vélez Zapata
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01737-02 (3317-2022)
Demandante: HERNÁN DE JESÚS VÉLEZ ZAPATA
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Temas: Indexación de primera mesada pensional. Se debe
actualizar el monto del IBL. Aplicación del IPC para
efectos del ajuste de valor.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011 (Modificada por la Ley 2080 de 2021)
O-011-2023
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la
demanda.
ANTECEDENTES
El señor Hernán de Jesús Vélez Zapata en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 2 a 3)
1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 044806 del 28 de
noviembre de 2017 y RDP 010286 del 22 de marzo de 2018, por medio de
las cuales la UGPP negó y confirmó respectivamente la solicitud de
indexación de primera mesada pensional formulada por el libelista el 22 de
mayo de 2017.
2. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la parte pasiva indexar la primera mesada pensional
del demandante reconocida a través de la Resolución 1361 del 25 de mayo
1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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de 1990, en el sentido de actualizar el valor del ingreso base de liquidación
según los porcentajes del IPC reportados por el DANE a partir del 20 de
febrero de 1990.
3. Que se condene a la entidad demandada a ajustar las sumas adeudadas
conforme al artículo 187 del CPACA, así como al pago de las costas a que
haya lugar y a dar cumplimiento al fallo según el artículo 192 ibidem.
Supuestos fácticos relevantes (Folios 3 a 8)
1. El demandante estuvo vinculado legal y reglamentariamente con el Instituto
de los Seguros Sociales (Seccional Antioquia), donde se desempeñó como
odontólogo durante el período comprendido entre el 9 de marzo de 1959 y
el 31 de julio de 1980.
2. El ISS en calidad de empleador expidió la Resolución 1361 del 25 de mayo
de 1990 con la que reconoció una pensión especial de jubilación a favor
del libelista conforme al artículo 19 del Decreto 1653 de 1977. Esta
prestación se fijó en un 100% del promedio salarial devengado por aquel
durante el último año de servicio (1.° de agosto de 1979 a 31 de julio de
1980), pero con efectividad desde el 20 de febrero de 1990 cuando este
cumplió 55 años de edad y por lo tanto adquirió el estatus jurídico pensional
respectivo.
3. La pensión reconocida en virtud del referido acto administrativo
correspondió a la suma de $25.771, valor que indexado al 25 de febrero de
1990 equivaldría a $187.408, es decir, en un monto mayor al otorgado en
su momento por el entonces ISS empleador (hoy UGPP).
4. El 22 de mayo de 2017 el demandante radicó solicitud de indexación de su
primera mesada pensional ante la UGPP quien fue la entidad que asumió
las obligaciones de los servidores del Instituto de los Seguros Sociales.
5. La parte pasiva mediante la Resolución RDP 044806 del 28 de noviembre
de 2017 negó la aludida reclamación al aducir que era necesario que el
administrado aportara el certificado de salarios del último año de servicio y
la respectiva certificación de información laboral.
6. El señor Vélez Zapata interpuso recurso de apelación contra la precitada
decisión, la cual fue resuelta a través de la Resolución RDP 010286 del 22
de marzo de 2018 con la que la entidad demandada confirmó al acto
primigenio que negó la indexación deprecada por aquel.
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que conforme
al auto del 30 de julio de 2020 (visible en índice 15 del registro en SAMAI), el
a quo prescindió de esta en aplicación del artículo 182A del CPACA
(adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021), ello con el fin de correr
traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada por tratarse
de una controversia de pleno derecho sin pruebas pendientes para practicar.
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SENTENCIA APELADA3
El a quo profirió sentencia escrita el 24 de noviembre de 2021 por medio de la
cual accedió a las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de origen inicialmente resaltó que el acto administrativo que ordenó
el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación del libelista fue expedido
el 25 de mayo de 1990, en el cual determinó que aquel derecho sería efectivo
a partir del 20 de febrero de 1990 cuando el reclamante adquirió la condición
de pensionado. Destacó que dicha prestación fue liquidada con base en el
salario mínimo vigente en dicha anualidad ($41.025,10), por cuanto lo
devengado en el último año de prestación de servicios ($25.771,85), es decir,
desde el 1° de agosto de 1971 al 30 de julio de 1980, era una suma inferior.
Frente al análisis concreto de la situación de la parte activa, adujo que entre la
fecha de retiro del servicio (30 de julio de 1980) y el momento de adquisición
del estatus pensional (20 de febrero de 1990), trascurrieron más de 9 años, lo
cual implicaba que la primera mesada pensional al momento del
reconocimiento perdió su poder adquisitivo, pues la entidad tuvo en cuenta que
el salario mínimo legal mensual vigente para el año 1990 ($41.025,10), era
superior al salario promedio devengado por el demandante durante el último
año de labor oficial, esto es, la suma de $25.771,85, ello sin considerar que
dicho valor en el momento en que se reconoció y pagó la pensión había sido
devaluado, por lo que era necesario traerla a valor presente, es decir, indexar
la prestación conforme al índice de precios al consumidor (IPC), esto entre la
fecha de desvinculación y la de otorgamiento del derecho.
Señaló sobre el particular que la UGPP no ha negado la indexación de la
primera mesada pensional del libelista en razón a que este no haya
consolidado tal prerrogativa, sino que se basó en el hecho de que aquel no
cuenta con la prueba que acredite los factores salariales devengados en la
última anualidad previa a la terminación del vínculo legal y reglamentario.
Al respecto estimó que el salario promedio percibido por el señor Vélez Zapata
en la referida fecha, esto es, entre el día 1.° de agosto de 1979 y el 31 de julio
de 1980, fue la suma de $25.771,85 mensuales, tal y como se expresó en la
Resolución 1361 del 25 de mayo de 1990 expedida por el ISS empleador, acto
administrativo que goza de la presunción de legalidad al punto de tener que
dar certeza a sus consideraciones, sin que haya lugar a pedir certificaciones
adicionales, las cuales, de por si, al haber trascurrido más de 41 años desde
el retiro del servicio, se tornan de difícil consecución, como lo pudo advertir la
UGPP en el procedimiento administrativo adelantado en razón a la solicitud
del demandante.
En cuanto a la prescripción, aseveró que este último adquirió el estatus
pensional el 20 de febrero de 1990, fecha a partir de la cual empezó a correr
el término del mentado fenómeno, sin embargo, solo hasta el 22 de mayo de
2017 se presentó escrito de solicitud de indexación de la primera mesada
pensional, y la demanda se interpuso el 10 de agosto de 2018, de manera que
la solicitud interrumpió el término prescriptivo. Por lo tanto, planteó que las
diferencias que resulten de la actualización a ordenar, surtirá sus efectos a
3 Ver índice 21 del registro en SAMAI de Tribunal Administrativo.
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partir del 22 de mayo de 2014, pues se encuentran prescritas las sumas
causadas por dicho concepto con anterioridad a la data precitada.
Acorde con estos planteamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró
la nulidad de los actos administrativos censurados, y ii) condenó a la UGPP a
indexar la primera mesada pensional del demandante en el sentido de
actualizar el IBL al 20 de febrero de 1990, y que el pago de las sumas
adeudadas por concepto de esta operación se realice a partir del 22 de mayo
de 2014 por prescripción trienal.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente, y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
nieguen los pedimentos del libelista.
Al respecto manifestó que a partir de la lectura del artículo 14 de la Ley 100 de
1993 se colige que no es procedente acceder a la solicitud de indexación de
la primera mesada, toda vez que al momento de liquidar el respectivo valor, se
aplica el IPC desde el momento en que el reclamante adquirió el estatus de
pensionado y hasta cuando se hace efectivo el reconocimiento.
Empero, afirmó que en el presente caso debe tenerse en cuenta el hecho de
que en el caso del señor Vélez Zapata no se evidencia ruptura abrupta entre
el valor histórico de la pensión y el valor anual, de tal manera que no se afecta
el poder adquisitivo de la mesada.
Sostuvo además que en el trascurso del proceso no se logró demostrar los
vicios de los que presuntamente adolecen los actos administrativos
demandados, por lo que estos conservan su presunción de validez y deben
surtir efectos jurídicos, puesto que fueron expedidos por la autoridad
competente, con observancia de la ritualidad exigida para su creación y
ejecutoria y tanto los motivos en los que se fundan como la motivación que en
ellos se lee son consistentes y congruentes con las normas en las que se debe
sustentar, más aún porque la entidad en su momento concurrió al pago de la
acreencia reconocida en virtud de sentencia judicial.
Por lo expuesto aseguró que el a quo: «[…] incurrió en error al valorar este asunto
pues la indexación de la primera mesada pensional, solo se aplica para las personas
que se retiran del servicio con anterioridad a la adquisición del status pensional, caso
que es el presente, ya que el causante adquirió el status de pensionado el 20 de
febrero de 1990, y fue retirado del servicio con anterioridad, a partir del 01 de agosto
de 1980, es decir con anterioridad. […]».
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 25 de julio de 2022 admitió dicha impugnación y, en concordancia con
el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA, dispuso que por
Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada
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providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo
que las partes presentaran solicitud probatoria.
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 7 de
septiembre de 2022, proferida por la Secretaría visible en el índice 8 del
registro en SAMAI, en la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se
procede a decidir de fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Asimismo,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en este caso solo formuló la parte demandada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
circunscribe a los planteamientos de inconformidad planteados por la parte
apelante, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
¿El señor Hernán de Jesús Vélez Zapata tiene derecho a que sea indexada
su primera mesada pensional, en razón a que la consolidación del respectivo
estatus jurídico para acceder a la prestación tuvo lugar con posterioridad a la
fecha del retiro definitivo del servicio demostrada en la presente actuación?
Sobre el punto la Subsección tiene como tesis la siguiente: el demandante
tiene derecho a que sea indexada su primera mesada pensional, debido a que
entre el período de liquidación de la prestación (1979 y 1980) y la data de
consolidación del derecho (1990), transcurrió un tiempo suficiente para que
se configurara la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, puntualmente en
lo que respecta al valor del IBL tenido en cuenta por la entidad demandada
para fijar el monto de la prerrogativa, tal como se explica a continuación:
Ajuste de la base salarial de la primera mesada pensional
De forma preliminar, es preciso hacer remisión al concepto de la referencia, el
cual según la Corte Constitucional constituye uno de los instrumentos para
hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones
dinerarias, es decir, de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de
una cantidad de moneda determinada (entre las que se cuentan por supuesto,
las obligaciones laborales). Lo anterior, en la medida en que el fenómeno
inflacionario produce una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda.
Tal actualización se lleva a cabo mediante distintos mecanismos, los cuales
permiten la revisión y corrección periódica de las prestaciones debidas.
Ahora, en materia laboral, la actualización de la primera mesada pensional ha
sido entendida por el Consejo de Estado como el mecanismo que se utiliza en
aplicación de los principios de equidad y justicia para revalorizar las
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obligaciones pensionales con el fin de traer a valor presente las sumas que
han sido afectados por un detrimento a casusa del transcurso del tiempo.
Al respecto, el artículo 48 de la Constitución Política fijó la necesidad de evitar
la depreciación de los dineros para el pago de pensiones bajo la siguiente
intelección:
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado,
en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley.
[…]
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante. […]»
Igualmente el artículo 53 superior incluyó como uno de los principios mínimos
fundamentales del trabajo el siguiente:
«[…] ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios
mínimos fundamentales:
[…]
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales. […]».
Sin embargo, dentro del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones,
no existe norma expresa que prevea la actualización del ingreso base de
liquidación pensional diferente al reajuste anual de las mesadas ya
reconocidas en los términos del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.4
En ese sentido, se ha advertido en reiteradas ocasiones que si bien no existe
norma expresa que consagre la actualización de las sumas derivadas de una
pensión, diferente al reajuste anual de las mesadas, la jurisprudencia ha
desarrollado con base en principios constitucionales, en especial, los previstos
en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y
equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el
fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, el trabajador no tiene
por qué soportar las consecuencias negativas de dicha situación, al recibir
sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del
salario o de la pensión.
Respecto al supuesto en el cual opera el aludido fenómeno, la Subsección
también ha sido clara en el sentido de que la indexación de la primera mesada
«[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año
determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder
al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que
4 «Artículo 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de
pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero
de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por
el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual
al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que se incremente dicho salario por el Gobierno. […].»
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ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido
detrimento. […]»5
Lo anterior significa que el derecho al ajuste de la base salarial de la primera
mesada se causa cuando cumplido el requisito de tiempo de servicio, el
beneficiario se retira antes de la edad requerida para acceder al derecho
prestacional. Por lo tanto, una vez acreditado este, la administración procede
a reconocer y liquidar la pensión de jubilación con el promedio del salario
indexado a la fecha de reconocimiento.
Ello con la finalidad de que el beneficio prestacional no se vea afectado por el
transcurrir del tiempo y que de esta manera, se eviten las repercusiones
económicas negativas en su poder adquisitivo por el efecto que forja la
depreciación monetaria, el cual generaría la afectación a la garantía
constitucional del mínimo vital.
Al respecto, la Corte Constitucional6 ha sostenido:
«[…] 5. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional-
o salario base para la liquidación de la pensión de jubilación - y el
derecho a la indexación de la primera mesada pensional.
Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de
liberalidad del legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que se trata de la materialización de diversos preceptos de
rango constitucional, los cuales configuran realmente un derecho
constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo
de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede
derivarse de una interpretación sistemática de distintos enunciados
normativos constitucionales.
[…].
Para la Corte Constitucional, actualizar el Salario entre la fecha de retiro
del trabajador y la del cumplimiento de la edad legal para pensionarse es
una cuestión de “EQUIDAD” y de aplicación directa de la Constitución
[…]» (Negrillas del texto, subrayas de la Sala).
Tal como lo señala el precedente citado, el principio de equidad es
relevante en el tema que se analiza para lo cual el mentado juez plural ha
desarrollado su alcance en la administración de justicia7:
«[…] 5.3 Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores
consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar
y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la
equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la
de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso
concreto. La injusticia puede surgir, primero, de la aplicación de la ley a
un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicación
760012331000200801205-01 (1995-11). Gersaín Daza contra el Municipio de Palmira (Valle del Cauca).
6 Sentencia C-862 del 6 del 19 de octubre de 2006. Magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto.
Expediente D-6247.
7 Sala Plena de la Corte Constitucional, Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia
SU837 del nueve (9) de octubre de dos mil dos (2002), Referencias: expediente T-503413, Sentencia T-
046 de 2002 y Auto 027 de abril 2 de 2002, Actor: Fundación Abood Shaio y otros.
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legislador, dado que éste se funda para legislar en los casos usuales, no
en los especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no
haber contemplado un caso especial en el cual aplicar la regla general
produce un efecto injusto. Segundo, la injusticia puede surgir de la
ausencia de un remedio legal, es decir, ante la existencia de un vacío. En
esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir como hubiera obrado el
legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la segunda
integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la
aplicación de la ley resultaría una injusticia.[…]». (Subraya la Sala)
En atención al principio de equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial
según el artículo 230 constitucional8, es que precisamente se ha legitimado la
procedencia de la actualización salarial de la primera mesada pensional ante
el vacío en la ley respecto a norma expresa para lo propio.
Posteriormente, en la Sentencia SU-168 de 20179, la Corte Constitucional
reiteró el carácter universal de la figura en comento, dado que se predica de
todo tipo de pensiones, independientemente de su origen o de la fecha de su
causación, ello porque «el ejercicio del derecho fundamental en comento no puede
restringirse solo para un determinado grupo de pensionados, pues un trato
diferenciado en esta situación carecería de justificación constitucional y se tornaría en
discriminatorio, en tanto el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de la moneda
afecta por igual a todos los pensionados.».
Tal criterio ha sido reiterado en varias oportunidades por el Consejo de
Estado10 así:
«[…] La Sala considera que ante el vacío normativo existente en relación
con la indexación del ingreso base de liquidación de una prestación
pensional y, las consecuencias negativas derivadas de tal circunstancia,
concretadas en el hecho de que un servidor tenga que percibir al momento
de pensionarse, por concepto de mesada, una suma de dinero devaluada
que no guarde una equivalencia o correspondencia con el valor real del
salario que devengada cuando prestaba sus servicios, resulta pertinente y
necesario ordenar el reajuste del ingreso base de liquidación en atención al
carácter especialísimo de que goza una prestación pensional y al principio
de equidad que gobierna el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones. […]».
Conforme al recuento normativo de rango constitucional y a la jurisprudencia
en precedencia, se ha entendido que la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el servidor no
está obligado a soportar y, de esta manera se evitan las repercusiones
económicas negativas de la desvalorización, la cual generaría la afectación a
la garantía constitucional del mínimo vital.11
8 ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.
9 Sentencia del 16 de marzo de 2017. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Referencia:
Expediente T-5.736.901.
10 Al respecto ver Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 10 de julio de 2014. Radicado interno:
2054-2010 y sentencia del 16 de agosto de 2018. Radicación número: 17001-23-33-000-2013-00051-
01(4694-13).
11 Lo anterior también encuentra asidero en los planteamientos trazados también por esta Corporación
en sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de septiembre
de 2018. Radicación 08001-23-33-2014-01528-01 (1730-2016).
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Demandante: Hernán de Jesús Vélez Zapata
De la situación particular del libelista
De acuerdo con las consideraciones que anteceden en torno a la procedencia
de la actualización de la base salarial de la primera mesada, la Sala encuentra
probado lo siguiente en el sub lite respecto del demandante:
En virtud de la Resolución 1361 del 25 de mayo de 1990 (folios 25 a 27), el
gerente seccional del ISS Antioquia reconoció a favor del señor Vélez Zapata
una pensión de jubilación equivalente al 100% del promedio salarial percibido
por este durante el último año de servicio comprendido entre el 1.° de agosto
de 1979 y el 31 de julio de 1980, pero con efectividad desde el 20 de febrero
de 1990 cuando aquel adquirió su estatus jurídico por el cumplimiento de la
edad requerida (55 años) conforme al Decreto 1653 de 1977.
Solicitud radicada por el libelista el 22 de mayo de 2017 ante la UGPP, con
la que instó la indexación de la primera mesada por no haberse actualizado el
IBL a la fecha de consolidación del derecho en mención, esto es, al 20 de
febrero de 1990. (Folios 23 a 24).
Resolución RDP 044806 del 28 de noviembre de 2017 emitida por la entidad
demandada mediante la cual negó la reclamación de indexación de la primera
mesada formulada por el demandante, esto al aducir que no fue posible
determinar cuáles fueron los factores salariales percibidos por aquel durante
su último año de labor oficial. (Folios 33 a 35).
Recurso de apelación formulado por el reclamante contra el acto
administrativo precitado derivado de la ausencia de respuesta a la petición
aludida con anterioridad, el cual fue presentado el 20 de diciembre de 2017.
(Folios 36 a 37).
Resolución RDP 010286 del 22 de marzo de 2018 con la que la parte pasiva
confirmó el acto primigenio que denegó la solicitud de actualización monetaria
objeto de estudio. (Folios 41 a 43).
Pues bien, como lo planteó la parte pasiva en su recurso y en los propios actos
administrativos demandados, el fundamento para denegar la indexación de la
primera mesada pretendida por el libelista es que este no determinó ni
demostró con exactitud cuáles fueron los factores salariales percibidos durante
la anualidad anterior al retiró del servicio oficial, esto supuestamente a fin de
verificar la procedencia de una actualización monetaria del IBL aplicado.
Ahora, lo cierto es que del acervo probatorio y del sustento fáctico de la
demanda, no se aprecia la necesidad de evidenciar cuáles fueron los haberes
pagados al reclamante antes de la terminación de su vínculo legal y
reglamentario, pues lo cierto es que no existe hesitación sobre la data en que
este terminó su relación legal y reglamentaria con el Estado que es el elemento
factual indispensable para resolver un litigio como el presente, más aún
cuando no está en discusión el derecho pensional en sí, sino la corrección
monetaria del valor del IBL aplicado.
Sobre la data en comento se advierte que esta se indicó sin dubitación en vía
administrativa mediante el acto de otorgamiento pensional, en el cual se
precisó que lo propio ocurrió el 1.° de agosto de 1980. De hecho, tal como lo
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expuso el a quo, la parte pasiva en ningún momento discutió o expresó como
defensa la mentada incertidumbre acerca de la fecha de desvinculación del
libelista, pues ello no se alegó en el recurso de alzada ni a lo largo de la
actuación previa a esta instancia.
Adicionalmente, al margen de la oportunidad en la que el libelista se hubiese
retirado del servicio, bien sea anterior o posterior a la indicada y demostrada
en esta causa judicial, lo cierto es que en la Resolución 1361 del 25 de mayo
efectivamente la prestación otorgada fue liquidada con base en los factores
salariales percibidos por aquel entre 1979 y 1980, por lo que necesariamente
existiría una falta de actualización monetaria del IBL para el año 1990 cuando
se estructuró el derecho reclamado en este litigio, por lo que no tendría ningún
fundamento en esta instancia, alegar como defensa el hecho que no se tiene
claridad acerca del momento en que feneció la relación legal y reglamentaria
de la parte activa o que no se advierten cuáles fueron los haberes pagados en
tal período, pues lo que sí está plenamente comprobado es la diferencia
temporal significativa entre la data de cálculo de la prerrogativa y la de su
efectividad.
Conforme a lo precisado hasta este punto, resulta claro que el extinto ISS
empleador (hoy UGPP), le otorgó al señor Hernán de Jesús Vélez Zapata una
pensión de jubilación efectiva a partir del 20 de febrero de 1990 cuando este
consolidó jurídicamente su estatus pensional al haber cumplido el requisito
normativo de los 55 años de edad.
No obstante, se encuentra palmario que al momento de liquidar la prestación,
la referida autoridad tuvo en cuenta como ingreso base de liquidación el
promedio del valor de los factores salariales percibidos por el demandante
durante el último año de prestación de servicio (1.° de agosto de 1979 a 31 de
julio de 1980), ello sin haber efectuado ningún tipo de actualización monetaria
respecto de dichos montos para el año 1990 cuando se materializó la orden
de pago de la prerrogativa.
Tal situación, con base en lo expuesto previamente sobre la procedibilidad de
la indexación de la primera mesada pensional, efectivamente corrobora el
hecho de que entre la última fecha de vinculación laboral del libelista (1.° de
agosto de 1980) y la data de estructuración del derecho pensional bajo estudio
por cumplimiento de requisitos (20 de febrero de 1990), transcurrieron más de
9 años, lo que evidentemente generó una pérdida del poder adquisitivo de la
cuantía de la pensión fijada con la remuneración del período comprendido
entre 1979 y 1980, ello a comparación de la fuerza de la moneda en el año
1990 cuando se materializó la prerrogativa.
Tal situación implicaba una disminución del valor del IBL determinado en esta
última anualidad cuando se concibió la efectividad de la prerrogativa, lo que se
tradujo en un detrimento económico respecto del valor final del derecho en
cuestión.
En conclusión: el demandante tiene derecho a que sea indexada su primera
mesada pensional, debido a que entre el período de liquidación de la
prestación (1979 y 1980) y la data de consolidación del derecho (1990),
transcurrió un tiempo suficiente para que se configurara la pérdida del valor
adquisitivo de la moneda, puntualmente en lo que respecta al valor del IBL
tenido en cuenta por la entidad demandada para fijar el monto de la
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prerrogativa, situación que debe ser conjurada a través de la figura de la
actualización monetaria de aquel ingreso de liquidación, a fin de que la cuantía
final de la prerrogativa sea ajustada a la realidad del momento en que esta fue
adquirida por parte del libelista.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden, la subsección confirmará la sentencia del 24
de noviembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
que accedió a las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no
prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por la parte
pasiva.
De la condena en costas de segunda instancia
Sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, esta Subsección en
providencia de 7 de abril de 201612 determinó el criterio objetivo-valorativo para
la imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:
a. «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.
b. Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o
bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c. Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.
f. La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP13, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g. Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
12 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
13 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
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sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público14.
No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la entidad demandada, ello al no observarse la
causación de dicha carga de acuerdo con el numeral 8.° del artículo 365
del CGP, en razón a que no hubo intervención de las partes en esta
oportunidad al no haberse surtido la etapa de alegatos de conclusión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Hernán de Jesús Vélez Zapata
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
14 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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