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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01784-01

Del Consejo de Estado: la caducidad se computa desde la ocurrencia del hecho

Fecha
16 de junio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01784-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - la responsabilidad estatal surge cuando la víctima pone en conocimiento de las autoridades una situación particular de riesgo o cuando, sin mediar solicitud expresa, existen elementos que permitan inferir razonablemente que la persona se encontraba expuesta a una amenaza / CARGA DE LA PRUEBA – no se probó el nexo de causalidad entre los daños alegados y alguna actuación y omisión de las entidades públicas demandadas. 1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia del 15 de septiembre de 2025, por medio de la cual la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad de la acción. SÍNTESIS DEL CASO 2. Se solicita la declaratoria de responsabilidad del Estado por el asesinato de Yohn Freyler Armijo Perea, ocurrida el 23 de agosto de 2004 en la vereda “Alto de la Virgen” ubicada en el municipio de Guarne (Antioquia). Según la demanda, dicho homicidio fue perpetrado por una organización paramilitar, como consecuencia de la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de su deber de protección a la población civil y, además, contó con la participación de miembros de la Fuerza Pública. Igualmente, se reclama la responsabilidad estatal por el posterior desplazamiento forzado sufrido por el núcleo familiar de la víctima directa. ANTECEDENTES 3. En escrito presentado el 17 de agosto de 20181, Armando Armijo Pino y otros2, a través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa en contra 1 De conformidad con la constancia visible a folio 97 del cuaderno principal. 2 A saber, Armando Armijo Pino, María Anunciaselis Perea Perea (padres de Yohn Freyler Armijo Perea); Yofaidis Estella Armijo Perea, Bernadolis Armijo Perea, Eidys Llarden Armijo Perea, Wilder Durley Armijo Perea, Jeyver Alexander Armijo Perea, Audreis Maryinis Cossio Perea (hermanos de Yohn Freyler Armijo Perea); Jonathan David Armijo Perea y Kerith Yasaira Copete Cossio (sobrinos de Yohn Freyler Armijo Perea). Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075) Demandante: Armando Armijo Pino y otros […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2018-01784-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

16 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandantes: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación –Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa
Temas: CRITERIO DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA
DEL CONSEJO DE ESTADO - la caducidad se computa desde la ocurrencia del hecho
causante del daño, pero se debe verificar que el interesado ha advertido la participación del
Estado / DESPLAZAMIENTO FORZADO - por tratarse de un daño continuado, el término
de caducidad se contabiliza desde el momento en que cesa el hecho dañoso – superación
de la situación de vulnerabilidad debido a estabilización económica / FALLA DEL SERVICIO
POR OMISIÓN EN EL DEBER DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - la responsabilidad
estatal surge cuando la víctima pone en conocimiento de las autoridades una situación
particular de riesgo o cuando, sin mediar solicitud expresa, existen elementos que permitan
inferir razonablemente que la persona se encontraba expuesta a una amenaza / CARGA
DE LA PRUEBA – no se probó el nexo de causalidad entre los daños alegados y alguna
actuación y omisión de las entidades públicas demandadas.

1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra
la sentencia del 15 de septiembre de 2025, por medio de la cual la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la caducidad de la acción.

SÍNTESIS DEL CASO
2. Se solicita la declaratoria de responsabilidad del Estado por el asesinato de Yohn
Freyler Armijo Perea, ocurrida el 23 de agosto de 2004 en la vereda “Alto de la
Virgen” ubicada en el municipio de Guarne (Antioquia). Según la demanda, dicho
homicidio fue perpetrado por una organización paramilitar, como consecuencia de
la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de su deber de
protección a la población civil y, además, contó con la participación de miembros de
la Fuerza Pública. Igualmente, se reclama la responsabilidad estatal por el posterior
desplazamiento forzado sufrido por el núcleo familiar de la víctima directa.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado el 17 de agosto de 20181, Armando Armijo Pino y otros2, a
través de apoderado judicial, interpusieron demanda de reparación directa en contra

1
De conformidad con la constancia visible a folio 97 del cuaderno principal.
2
A saber, Armando Armijo Pino, María Anunciaselis Perea Perea (padres de Yohn Freyler Armijo
Perea); Yofaidis Estella Armijo Perea, Bernadolis Armijo Perea, Eidys Llarden Armijo Perea, Wilder
Durley Armijo Perea, Jeyver Alexander Armijo Perea, Audreis Maryinis Cossio Perea (hermanos de
Yohn Freyler Armijo Perea); Jonathan David Armijo Perea y Kerith Yasaira Copete Cossio (sobrinos
de Yohn Freyler Armijo Perea).

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

de la Nación - Presidencia de la República - Ministerio del Interior - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, con el fin de que se les declare
patrimonialmente responsables por los perjuicios irrogados con ocasión del
homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea, así como por el posterior desplazamiento
forzado que padecieron. Sobre el particular, se formularon las siguientes
pretensiones3:

3
Pretensiones que se transcriben de forma literal, incluso con los posibles errores:
“1.- Con ocasión de la muerte de YOHN FREYLER ARMIJO PEREA
1.1. Perjuicios Inmateriales:
1.1.1.- Daños morales subjetivos, para:
• MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA, madre, el equivalente a 300 SMLMV.
• ARMANDO ARMIJO PINO, padre, el equivalente a 300 SMLMV.
• YOFAIDIS ESTELLA ARMIJO PEREA, hermana, el equivalente a 200 SMLMV
• BERNADOLIS ARMIJO PEREA, hermana, el equivalente a 200 SMLMV.
• EIDYS LLARDEN ARMIJO PEREA, hermana, el equivalente a 200 SMLMV.
• WILDER DURLEY ARMIJO PEREA, hermano, el equivalente a 200 SMLMV.
• JEYVER ALEXANDER ARMIJO PEREA, hermano, el equivalente a 200 SMLMV.
-JONATHAN DAVID ARMIJO PEREA, sobrina, el equivalente a 200 SMLMV.
• AUDREIS MARYINIS COSSIO PEREA, hermana, el equivalente a 200 SMLMV.
• KERITH YASAIRA COPETE COSSIO, sobrina, el equivalente a 100 SMLMV.
O lo demás que se pruebe en el probado en el proceso.
(…).
1.1.2.- Daño a la Salud (antes daño en la vida de relación, daños a las condiciones de existencia):
[idénticas sumas de lo reclamado por los demandantes por concepto de “daños morales subjetivos”]
(…).
1.1.3.- Daños a Bienes o Derechos Convencional y Constitucionalmente amparados.
a.1. Indemnización:
MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA, ARMANDO ARMIJO PINO, YOFAIDIS ESTELLA ARMIJO
PEREA, BERNADOLIS ARMIJO PEREA, EIDYS LLARDEN ARMIJO PEREA, WILDER DURLEY
ARMIJO PEREA, JEYVER ALEXANDER ARMIJO PEREA, JONATHAN DAVID ARMIJO PEREA,
AUDREIS MARYINIS COSSIO PEREA y KERITH YASAIRA COPETE COSSIO, el equivalente a 300
SMLMV para los padres, a 200 SMLMV para los hermanos y a 100 SMLMV para la sobrina.
O lo demás que se pruebe en el proceso.
(…).
a.2. Medidas de Satisfacción:
(…).
2.- Por el Desplazamiento Forzado (…):
2.1. Perjuicios Inmateriales:
2.1.1.- Daños morales subjetivos, para:
• MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• ARMANDO ARMIJO PINO, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• YOFAIDIS ESTELLA ARMIJO PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• BERNADOLIS ARMIJO PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• EIDYS LLARDEN ARMIJO PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• WILDER DURLEY ARMIJO PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• JEYVER ALEXANDER ARMIJO PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• JONATHAN DAVID ARMIJO PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
-AUDREIS MARYINIS COSSIO PEREA, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
• KERITH YASAIRA COPETE COSSIO, victima directa, el equivalente a 400 SMLMV.
O lo demás que se pruebe en el probado en el proceso.
(…).
1.1.2.- Daño a la Salud (antes daño en la vida de relación, daños a las condiciones de existencia):
[idénticas sumas de lo reclamado por los demandantes por concepto de “daños morales subjetivos”]
(…).
1.1.3.- Daños a Bienes o Derechos Convencional y Constitucionalmente amparados.
a.1. Indemnización:
MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA, ARMANDO ARMIJO PINO, YOFAIDIS ESTELLA ARMIJO
PEREA, BERNADOLIS ARMIJO PEREA, EIDYS LLARDEN ARMIJO PEREA, WILDER DURLEY
ARMIJO PEREA, JEYVER ALEXANDER ARMIJO PEREA, JONATHAN DAVID ARMIJO PEREA,
AUDREIS MARYINIS COSSIO PEREA y KERITH YASAIRA COPETE COSSIO, el equivalente a 300
SMLMV para los padres, a 200 SMLMV para los 31 hermanos y a 100 SMLMV para la sobrina.
O lo demás que se pruebe en el proceso.
(…).

2

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

a.2. Medidas de Satisfacción:
(…).
Para garantizar la reparación integral de los demandantes se solicita que se ordene a las
demandadas gestionar la incorporación de los demandantes en los programas señalados por esas
entidades o por otras entidades del Estado, que posibilite el restablecimiento de los derechos de los
demandantes afectados con el desplazamiento.
2.- Daños Materiales:
2.1.- Lucro cesante.
(…).
Lucro cesante vencido:
(…).
MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA: $119.786.273.00
ARMANDO ARMIJO PINO: $119.786.273.00
Lucro cesante vencido:
(…).
MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA: $562.494.342.00.
ARMANDO ARMIJO PINO: $562.494.342.00.
Lucro cesante vencido:
(…).
YOFAIDIS ESTELLA ARMIJO PEREA: $319.733.491.00.
BERNADOLIS ARMIJO PEREA: $319.733.491.00.
EIDYS LLARDEN ARMIJO PEREA: $319.733.491.00.
WILDER DURLEY ARMIJO PEREA: $319.733.491.00.
JEYVER ALEXANDER ARMIJO PEREA: $319.733.491.00.
AUDREIS MARYINIS ARMIJO EREA: $319.733.491.00.
Lucro cesante futuro:
(…).
MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA: $145.255.185.00.
ARMANDO ARMIJO PINO: $113.239.216.00.
(…).
2.2.- Daño emergente;
A; MARIA ANUNCIASELIS PEREA PEREA (…) $423.682.232,00.
4. Los demás perjuicios que resulten probados.
(…)”.

3

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

4. Como fundamentos fácticos de la demanda, en síntesis, se expusieron los
siguientes:

5. El 23 de agosto de 2004, aproximadamente a las 16:00 horas, cuando Yohn
Freyler Armijo Perea se movilizaba en su motocicleta, en el sector denominado “Alto
de la Sierra” del municipio de Guarne, fue abordado por Edison Daniel Martínez,
quien le pidió que lo llevara a un lugar conocido como “Alto de la Virgen” con el fin
de trasladar unos listones de madera; solicitud a la que accedió el señor Armijo
Perea y, al llegar al sitio indicado, fue atacado con arma de fuego por dos sujetos,
quienes le causaron la muerte.

6. Los agresores intentaron huir en la motocicleta de la víctima y, al no lograr
encenderla, optaron por llevarla “empujándola”. Minutos después agentes de la
Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos, donde los testigos les informaron
la dirección de huida de los responsables, sin que adelantaran acciones para
interceptarlos, con el argumento que debían trasladar el cadáver al municipio de
Guarne para la diligencia de levantamiento por el fiscal competente.

7. Durante el sepelio de Yohn Freyler Armijo Perea un integrante de un grupo
paramilitar se acercó a Audreis Maryinis Armijo Perea -quien demandó en calidad
de hermana de Yohn Freyler Armijo Perea- y le ordenó abandonar Guarne, bajo la
amenaza de atentar contra la vida de su esposo en caso de no hacerlo. Como
consecuencia, esta demandante huyó de dicho municipio junto con su núcleo
familiar. Semanas después, las amenazas se extendieron a los demás actores, con
el propósito de evitar denuncias tras la apropiación de la motocicleta de la víctima
directa. En ese contexto, los actores se vieron obligados a abandonar bajo coacción
su vivienda, su actividad económica y sus bienes, sin haber logrado restablecer sus
condiciones de vida para la fecha de presentación de la demanda.

8. El asesinato fue reconocido por el postulado Francisco Antonio Galeano Montaño,
alias “Colero” o “Henry”, en versión rendida dentro de un proceso de Justicia y Paz.

9. A juicio de la parte demandante, se configuró:

i) Una omisión estatal en el cumplimiento del deber de protección a la población
civil, reflejada en la falta de adopción de políticas eficaces orientadas a garantizar
la vida y seguridad de los ciudadanos, así como en la ausencia de acciones
contundentes para combatir y desmantelar a las Autodefensas Unidas de
Colombia -en adelante AUC- que operaban en el municipio de Guarne para la
época de los hechos. Al respecto, sostuvo que la Policía Nacional, el Ejército
Nacional y el Ministerio del Interior incumplieron su deber constitucional y legal
de preservar el orden público; frente a la Presidencia de la República, destacó la
inobservancia de su obligación de ejercer la dirección suprema de la Fuerza
Pública, de conformidad con el artículo 189, numeral 4, de la Constitución
Política.
ii) Una presunta tolerancia o connivencia de agentes estatales con
organizaciones paramilitares en el departamento de Antioquia para la época de
los hechos. Sobre el particular, indicó que algunos postulados, en procesos

4

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

adelantados en Justicia y Paz, manifestaron que el Bloque Héroes de Granada
de las AUC contó con apoyo de miembros de la Fuerza Pública4.

Trámite relevante en primera instancia

10. Mediante auto del 30 de octubre de 20185, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda.

11. El Ministerio del Interior6 sostuvo que no se encontraban esclarecidas las
circunstancias que rodearon el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea ni el
posterior desplazamiento forzado de su núcleo familiar.

12. Destacó que el análisis de la falla del servicio debía realizarse a partir de las
circunstancias concretas del caso, sin que fuera posible derivar responsabilidad con
fundamento en “deberes generales y abstractos”. En esa misma línea, sostuvo que
la demanda no identificaba de manera clara las conductas, por acción u omisión,
atribuibles al Ministerio que pudieran constituirse en causa eficiente de los daños
alegados.

13. Asimismo, advirtió que el fallecimiento de la víctima ocurrió el 23 de agosto de
2004, por lo que la demanda debió presentarse, a más tardar, el 24 de agosto de
2006; sin embargo, fue interpuesta en el 2018.

14. Finalmente, solicitó oficiar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas -en adelante UARIV- con el fin de establecer si los demandantes habían
recibido indemnizaciones en el marco de la Ley 1448 de 2011 con ocasión de los
hechos objeto de debate.

15. La Nación – Presidencia de la República7 aseguró que la demanda fue
presentada por fuera del término legal establecido, en la medida en que, desde la
ocurrencia de la muerte violenta de Yohn Freyler Armijo Perea, habían transcurrido
más de catorce años.

16. Igualmente, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto,
indicó que dentro de sus funciones no está la prestación directa de servicios de
seguridad personal ni la prevención puntual de delitos, y que no tuvo participación
directa ni indirecta en los hechos cuya responsabilidad se pretende atribuir. Añadió
que no resultaba procedente imputarle todas las situaciones adversas ocurridas en

4
La demanda obra a folios 1 a 97 del cuaderno principal.
5
Folio 150 del cuaderno principal.
6
Se precisa que, como excepciones, el referido ministerio propuso las siguientes: “caducidad de la
acción”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de falla del servicio por falta de
acreditación de responsabilidad en los hechos demandados”, “prohibición de doble reparación” y
“exagerada tasación de perjuicios”. Folios 169 a 179 del cuaderno principal.
7
Se precisa que, con fundamento en lo anterior, la Presidencia formuló las excepciones
denominadas: “hecho de un tercero”, “falta de configuración de los elementos de la responsabilidad
del Estado”, “existencia de políticas gubernamentales frente a la reparación por desplazamiento
forzado”, “inexistencia de configuración del elemento de responsabilidad”, “caducidad del medio de
control” y la innominada. Folios 185 a 201 del cuaderno principal.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

el territorio nacional, sin atender al marco normativo que delimitaba sus
competencias.

17. Finalmente, señaló que, de acuerdo con la propia demanda, la muerte de Yohn
Freyler Armijo Perea fue atribuida a integrantes de un grupo paramilitar,
circunstancia que, a su juicio, permitía configurar la causal eximente de
responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de un tercero.

18. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional8 precisó que no le era
exigible garantizar la seguridad individual de todos los ciudadanos en el territorio
nacional, en tanto dicha obligación desbordaría su capacidad operativa de
prevención y reacción, habida cuenta de la limitada disponibilidad de recursos frente
a la magnitud de los hechos de violencia que afectan a la población civil. Añadió
que no existe evidencia de alertas tempranas, denuncias o información previa que
advirtiera un riesgo específico en contra de Yohn Freyler Armijo Perea.

19. Indicó, además, que el Gobierno Nacional ha adoptado políticas públicas de
reparación dirigidas a las víctimas del desplazamiento forzado, previstas en la Ley
975 de 2005 y en la Ley 1448 de 2011. En ese sentido, recordó que la Corte
Constitucional ha reconocido dos vías institucionales de acceso a la reparación: i)
la judicial penal, a través del incidente de reparación integral en el marco de la Ley
975 de 2005, y ii) la administrativa, regulada inicialmente por el Decreto 1290 de
2008, mediante programas de reparación individual para víctimas de grupos
armados organizados al margen de la ley, las cuales debían verificarse previo a
realizar cualquier reconocimiento en el presente proceso de reparación directa.

20. Así mismo, indicó que los demandantes tuvieron conocimiento del hecho el 23
de agosto de 2004, por lo que el término para interponer el medio de control vencía
el 23 de agosto de 2006.

21. Finalmente, alegó que la tasación de perjuicios contenida en la demanda resulta
desproporcionada, por exceder los parámetros fijados por la jurisprudencia del
Consejo de Estado en casos de muerte.

22. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional9 alegó la excepción de
caducidad respecto del homicidio de la víctima; asimismo, sostuvo que no se
acreditó que dicho hecho se enmarcara en un patrón sistemático de violencia
atribuible a grupos armados organizados al margen de la ley dentro del conflicto
armado interno.

23. En lo concerniente al desplazamiento forzado, indicó que, desde el momento en
que los demandantes abandonaron su lugar de residencia, su actividad económica

8
Folios 207 a 216 del cuaderno principal.
9
Se precisa que, como excepciones, el Ejército propuso las excepciones denominadas “caducidad
del medio de control”, “inexistencia de la obligación”, “carencia de medios probatorios que endilguen
responsabilidad a la entidad”, “inexistencia de los presupuestos de responsabilidad del Estado por
desplazamiento forzado”, “inexistencia de posición de garante”, “no acreditación del perjuicio”,
“tasación excesiva de perjuicios inmateriales”, “descuento de lo pagado por concepto de
indemnización administrativa” y “hecho de un tercero”. Folios 235 a 251 del cuaderno principal.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

y sus bienes, contaban con elementos suficientes para inferir una eventual
responsabilidad patrimonial del Estado por una posible omisión en los deberes de
protección y seguridad. Resaltó, además, que la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-254 de 2013, estableció que, para efectos del cómputo de la
caducidad en procesos promovidos por población desplazada ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, el término debía contarse a partir de la ejecutoria de
esa providencia, esto es, desde el “24 de abril de 2013”. En esa medida, señaló que
los demandantes tenían hasta el “24 de abril de 2015” para presentar la demanda
por cuenta del desplazamiento forzado alegado, so pena de que operara la
caducidad.

24. Afirmó que Yohn Freyler Armijo Perea no puso en conocimiento de las
autoridades amenazas en su contra, por lo que la entidad no asumió una posición
de garante frente a su situación particular. Añadió que el Ejército Nacional no tenía
conocimiento de un riesgo concreto que permitiera adoptar medidas específicas de
protección y que, además, no era la autoridad responsable de garantizar la
seguridad de la población civil en el casco urbano, función atribuida principalmente
a la Policía Nacional.

25. El escrito inicial fue reformado mediante memorial presentado el 18 de marzo
de 201910. De la admisión de la reforma se corrió traslado a las entidades
demandadas mediante auto del 23 de abril de 201911, y esta fue contestada por la
Presidencia de la República12, el Ejército Nacional13 y la Policía Nacional14, quienes
reiteraron los argumentos expuestos en sus contestaciones iniciales.

26. La parte actora descorrió el traslado de las excepciones propuestas por las
demandadas15. En relación con el ejercicio oportuno de la acción, sostuvo que los
hechos que rodearon la muerte de Yohn Freyler Armijo Perea constituían un crimen
de guerra, de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y un
delito de lesa humanidad, por lo que no resultaba procedente aplicar el fenómeno
de la caducidad.

27. El 19 de febrero de 2020, la parte actora presentó desistimiento de las
pretensiones formuladas en contra de la Nación - Presidencia de la República16, el
cual fue aceptado mediante auto del 28 de febrero siguiente17.

28. El 24 de abril de 2021, el magistrado de la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia dispuso la remisión del proceso a otro despacho del
mismo órgano, creado mediante el Acuerdo CSJANTA21-32 del 7 de abril de 2021,

10
Reforma en la que se adicionaron solicitudes probatorias y precisaron algunos de los hechos
inicialmente expuestos, que obra de folios 309 a 355 del cuaderno principal.
11
Folio 358 del cuaderno principal.
12
Folios 360 a 375 del cuaderno principal.
13
Folios 376 a 379 del cuaderno principal.
14
Folios 380 a 381 del cuaderno principal.
15
Folio 384 del cuaderno principal.
16
Folio 390 del cuaderno principal.
17
Folios 391 y 392 del cuaderno principal. Se destaca que en dicha providencia el Tribunal
Administrativo se abstuvo de imponer condena en costas a cargo de la parte actora.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de ese departamento; despacho
que, el 14 de agosto de 202318, avocó conocimiento de este proceso.

29. Posteriormente, en audiencia inicial celebrada el 12 de septiembre del mismo
año19, se fijó el litigio en torno a la responsabilidad de las entidades accionadas en
la muerte de Yohn Freyler Armijo Perea20 y se decretaron las pruebas pedidas por
las partes. La audiencia de pruebas tuvo lugar el 1° de febrero de 202421 y, finalizada
dicha diligencia, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

30. En esa oportunidad procesal, la parte demandante22 reiteró que el asesinato de
Yohn Freyler Armijo Perea era imputable al Estado por configurarse una falla del
servicio; para sustentar dicha postura, se refirió al actuar de estructuras
paramilitares en connivencia con miembros de la Fuerza Pública en el municipio de
Guarne y en el oriente antioqueño, así como al aprovechamiento de la posición
institucional de algunos uniformados para facilitar la comisión de múltiples delitos
por parte de integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
(ACCU) y de las AUC contra población civil ajena al conflicto armado, dentro de la
cual ubicó a la víctima.

31. Sostuvo que el hecho cometido contra el señor Armijo Perea constituía un delito
de lesa humanidad que revestía el carácter de imprescriptible, circunstancia que, a
su juicio, debía incidir en el análisis del ejercicio oportuno de la acción en el sub lite.

32. El Ministerio del Interior23 y el Ejército Nacional24 insistieron en la configuración
de la caducidad, para lo cual reiteraron los argumentos expuestos en sus
respectivas contestaciones de la demanda. Por su parte, la Policía Nacional 25
añadió que no existían elementos probatorios que permitieran concluir que el
desplazamiento alegado por los demandantes hubiera ocurrido en las
circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas en el escrito inicial, ni que dicho
hecho fuera atribuible a una omisión de esa institución.

33. El Ministerio Público guardó silencio.

18
Índice 034 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.
19
Índice 039 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.
20
En la audiencia inicial, el magistrado conductor del proceso fijó el litigio en los términos que se
transcriben a continuación:
“De acuerdo con lo manifestado en esta audiencia estos hechos quedarían fuera de discusión, los
demás serán entonces objeto del debate que se circunscribe a determinar si: i) las demandadas son
administrativa y solidariamente responsables por el daño que habrían padecido los demandantes por
la muerte del señor Yohn Ferley Armijo Perea, en hechos ocurridos el 23/8/2004 en la vereda Alto
de la Virgen del municipio de Guarne, y el presunto desplazamiento de la familia, ii) en caso
afirmativo, el Tribunal deberá determinar si procede el reconocimiento y pago de una indemnización
a favor de los demandantes por perjuicios inmateriales (daños morales subjetivo, daño a la salud,
daño a bienes o derechos convencionales y constitucionales), materiales (lucro cesante, daño
emergente), como se reclaman”.
21
Índice 051 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.
22
Índice 060 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.
23
Índice 057 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.
24
Índice 055 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.
25
Índice 058 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.

8

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

La sentencia de primera instancia

34. En providencia del 15 de septiembre de 202526, la Sala Sexta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia declaró probada la excepción de caducidad de
la acción de reparación directa y se abstuvo de imponer condena en costas.

35. Para sustentar su decisión, aludió al precedente fijado por la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 y,
con fundamento en dicho criterio jurisprudencial, concluyó que la demanda,
presentada el 17 de agosto de 2018, había sido interpuesta de manera
extemporánea.

36. En relación con el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea, señaló que ocurrió
el 23 de agosto de 2004 en el municipio de Guarne, y que la parte demandante tuvo
conocimiento de este hecho el mismo día. Destacó la declaración de María Doris
Cardona Zapata, según la cual, para la época, “la situación de orden público en el
municipio era bastante violenta; sacaban a las personas de sus casas, las mataban
y las tiraban al túnel”, con fundamento en dicha prueba, estimó que, desde la fecha
del homicidio, los actores se encontraban en posibilidad de formular una imputación
de responsabilidad en contra del Estado por la omisión alegada.

37. En cuanto al desplazamiento forzado, mencionó las pruebas que daban cuenta
de que los demandantes se asentaron en “distintas ciudades”, donde rindieron
declaraciones por los hechos victimizantes de homicidio y desplazamiento, lo que,
a su juicio, evidenciaba el ejercicio de sus derechos y la posibilidad de exigirle
protección al Estado. A su vez, advirtió que, como no era posible determinar con
exactitud la fecha en que la familia logró estabilizarse en condiciones de normalidad,
seguridad y dignidad, resultaba aplicable la regla fijada por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-254 de 2013, conforme a la cual el término de dos años debía
contarse a partir de la ejecutoria de dicha providencia -esto es, desde el 23 de mayo
de 2013-. En consecuencia, concluyó que los demandantes tenían hasta el 23 de
mayo de 2015 para presentar la demanda y que no actuaron dentro de dicho plazo.

38. Finalmente, dispuso “sin costas en esta instancia (arts. 365, 366 CGP)”, sin
efectuar consideraciones adicionales al respecto.

El recurso de apelación

39. El extremo activo de la litis manifestó su desacuerdo con el fallo de primera
instancia27. Sostuvo que la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 vulneraba los principios de confianza legítima y de acceso a la
administración de justicia de los aquí demandantes. En esa línea, afirmó que debía
aplicarse la regla jurisprudencial vigente para la fecha de presentación de la
demanda, según la cual la acción de reparación directa era imprescriptible frente a
actos constitutivos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado, como, a su
juicio, ocurrió con el homicidio de la víctima y el posterior desplazamiento forzado

26
Índice 062 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.
27
Índice 064 de Samai, Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

de los demandantes. Frente al último hecho agregó que, por su naturaleza,
generaba un daño continuado, y que declarar la caducidad sin haber determinado
previamente el momento en que dicho daño cesó suponía “un contrasentido jurídico
y un desconocimiento del estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Órdenes Guerra vs. Chile”.

40. Adicionalmente, citó apartes de un salvamento de voto presentado dentro de
otro proceso -con radicado 05001233300020180014800-, en el cual un magistrado
del Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo, frente a un caso con fundamentos
fácticos similares, que debía inaplicarse el precedente fijado en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, por considerar que contrariaba normas
internacionales.

41. De otra parte, alegó que el Tribunal Administrativo no realizó un análisis material
sobre el momento en que los demandantes tuvieron conocimiento de la eventual
participación u omisión estatal, para lo cual precisó que, para el momento en que
ocurrió el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea, la única información de la que
disponían los actores era que el hecho delictivo había sido cometido por “hombres
armados”.

42. En esa línea, sostuvo que el conocimiento “necesario” para estructurar una
imputación de responsabilidad estatal solo surgió el 12 de febrero de 2020, con
ocasión de la notificación de la sentencia proferida dentro de un proceso de Justicia
y Paz adelantado contra Francisco Antonio Galeano Montaño, integrante del Bloque
Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia y quien ejecutó el
homicidio. Según afirmó, fue a partir de dicha providencia que los demandantes
tuvieron certeza de que los hechos analizados correspondían a un patrón
sistemático y generalizado de violencia contra la población civil y que el accionar
paramilitar en el municipio de Guarne había contado con el conocimiento, tolerancia
y auspicio de miembros adscritos a las entidades demandadas.

43. Agregó, para finalizar, que la aplicación rígida del término de caducidad
implicaría una revictimización de quienes ya sufrieron el asesinato de su ser querido,
así como posteriores hechos de desplazamiento.

Trámite relevante en segunda instancia

44. Mediante auto del 16 de abril de 2026 se admitió el recurso de apelación 28;
adicionalmente, se les informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse
respecto del recurso interpuesto hasta la ejecutoria de esa providencia y al
Ministerio Público hasta que el asunto ingresara al despacho para proferir sentencia.

45. El Procurador Delegado rindió concepto, en el que solicitó confirmar la decisión
de primera instancia, por considerar que “se enc[ontraba] plenamente demostrado
que la demanda del medio de control de Reparación Directa fue radicada de manera
extemporánea, esto es, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad, (…)
reiterando que el presente medio de control no está exento de la regla de caducidad

28
Índice 0006 de Samai, Consejo de Estado.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

establecida en la ley colombiana, en atención a las sentencias de unificación del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional aplicables”29.

46. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES

47. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.

48. Se constata el cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción,
competencia, legitimación en la causa por pasiva y el agotamiento del requisito de
conciliación extrajudicial; asimismo, se verifica que todos los demandantes se
encuentran legitimados en la causa por activa respecto de la imputación derivada
del homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea30. Situación distinta se presenta frente
al desplazamiento forzado, pues no obra en el expediente elemento probatorio que
permita acreditar que María Anunciaselis Perea Perea, Bernadolis Armijo Perea,
Wilder Durley Armijo Perea y Jeyver Alexander Armijo Perea hubiesen resultado
afectados por dicho hecho victimizante31; tampoco se acreditó su inclusión en el
Registro Único de Víctimas ni la existencia de actuaciones administrativas
adelantadas ante la UARIV con ocasión de tal suceso. En consecuencia, el
presupuesto procesal de legitimación en la causa por activa frente a la imputación
de desplazamiento forzado solo se encuentra satisfecho frente a Yofaidis Estella
Armijo Perea, Eidys Llarden Armijo Perea, Jonathan David Armijo Perea, Audreis
Maryinis Cossio Perea, Kerith Yasaira Copete Cossio y Armando Armijo Pino -
conforme al análisis que se expone en los párrafos 80 a 86-.

49. Lo relacionado con la oportunidad en la presentación de la demanda constituye
el eje central de la controversia planteada en el recurso de apelación y será objeto
de estudio en el acápite denominado “análisis del ejercicio oportuno de la acción”.

Problemas jurídicos a resolver

50. El reproche formulado por la parte apelante frente al fallo de primera instancia -
encargado de fijar el marco del presente pronunciamiento, sin perjuicio de aquellos
aspectos que deban ser examinados de oficio y los consecuenciales, en caso de

29
Índice 0013 de Samai, Consejo de Estado.
30
Con fundamento en: (i) el registro civil de nacimiento de Yohn Freyler Armijo Perea, en el que
figuran como sus padres María Anunciaselis Perea Perea y Armando Armijo Pino (folio 106 del
cuaderno principal); (ii) los registros civiles de nacimiento de Yofaidis Estella Armijo Perea,
Bernadolis Armijo Perea, Eidys Llarden Armijo Perea, Wilder Durley Armijo Perea, Jeyver Alexander
Armijo Perea y Audreis Maryinis Cossio Perea, los cuales acreditan su condición de hermanos de la
víctima directa del daño (folios 111, 112, 113, 114, 115 y 117 del cuaderno principal); y (iii) los
registros civiles de nacimiento de Jonathan David Armijo Perea y de Kerith Yasaira Copete Cossio,
que dan cuenta de su calidad de hijos de Eidys Llarden Armijo Perea (folio 116 del cuaderno principal)
y de Audreis Maryinis Cossio Perea (folio 118 del cuaderno principal) respectivamente y, en
consecuencia, de sobrinos de Yohn Freyler Armijo Perea.
31
Así, María Anunciaselis Perea Perea, Bernadolis Armijo Perea, Wilder Durley Armijo Perea y
Jeyver Alexander Armijo Perea carecen de legitimación en la causa por activa respecto de la
imputación de desplazamiento forzado, lo que conduce a la negativa de las pretensiones
relacionadas con este daño frente a dichos demandantes.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

que se revoque la declaratoria de caducidad 32- se circunscribe a insistir en que la
demanda fue presentada dentro del término legal.

51. En ese contexto, y teniendo en cuenta que la sentencia de primer grado declaró
probada la excepción de caducidad, lo cual impidió un pronunciamiento sobre el
fondo del asunto, el problema jurídico principal que esta Subsección deberá resolver
consiste en determinar si la demanda de reparación directa fue presentada
oportunamente. Para tal efecto, de acuerdo con los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, a la Subsección le corresponderá: i) definir si la regla de
unificación jurisprudencial fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020 resulta aplicable al presente
asunto y ii) establecer el momento a partir del cual debería contabilizarse el término
de caducidad en este caso, para lo cual se hará referencia a los elementos de
convicción relevantes sobre el conocimiento del daño y de su eventual imputación
al Estado.

52. Únicamente en el evento en que se establezca que no se configuró la caducidad
de la acción, deberá examinarse si se encuentran acreditados los presupuestos
necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de los demandados por los
hechos objeto de estudio; de resultar procedente, si hay lugar al reconocimiento de
los perjuicios reclamados.

53. Por último, la Sala abordará la imposición de la condena en costas en esta
instancia.

Análisis del ejercicio oportuno de la acción

De la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

54. El 15 de septiembre de 2025 el a quo declaró la caducidad de la acción, esto
es, en fecha posterior a la expedición de la sentencia de unificación proferida el 29
de enero de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se fijó una interpretación unificada sobre la forma de contabilizar el
término de caducidad en asuntos relacionados con graves violaciones a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

55. La referida sentencia de unificación era plenamente aplicable al momento de
adoptarse la decisión de primera instancia en el sub lite, en tanto: i) fue proferida
por esta Corporación, en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo encargado de garantizar la aplicación uniforme del
derecho33, y ii) desde su expedición, produjo efectos retrospectivos y prospectivos,

32
Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012 – CGP) – Artículo 328, inciso primero: “El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”. En
cuanto al desarrollo jurisprudencial de este precepto, ver, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 12 de julio de 2024.
Rad. 13001-23-33-000-2015-00015-01 (70.692).
33
La obligatoriedad del precedente se justifica en la necesidad de acatar lo previsto en los artículos
230 y 237 de la Constitución Política, que someten a los jueces al imperio del derecho, incluida “la
interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del

12

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

respecto de los procesos en curso y de aquellos iniciados con posterioridad. En este
contexto, no resultaban oponibles las decisiones anteriores que hubiesen sostenido
una interpretación distinta a allí adoptada34, pues, desde su adopción, se erigió
como el precedente aplicable, según lo precisó la Corte Constitucional en la
sentencia SU-312 de 202035.

56. En línea con lo expuesto, la aplicación inmediata de este precedente no
comportó una vulneración de derechos fundamentales ni del principio de confianza
legítima, aun cuando al momento de presentación de esta demanda existieran
decisiones en sentido distinto36; tal como lo han señalado tanto el Consejo de
Estado37 como la Corte Constitucional38.

57. Ahora bien, conforme a la regla fijada en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, el término de caducidad de esta acción resulta aplicable a toda
pretensión orientada a la declaratoria de responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, incluso cuando se trata de daños derivados de delitos
de lesa humanidad y/o crímenes de guerra; tal razonamiento obedecía a que ni el
Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011 establecieron una excepción general a
la caducidad para este tipo de asuntos, salvo el régimen especial previsto para el
delito de desaparición forzada39, respecto del cual el ordenamiento sí consagró
reglas particulares de cómputo.

ordenamiento jurídico”, así como de garantizar los principios de igualdad, seguridad jurídica,
legalidad y confianza legítima. Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-486 de 1993.
34
De manera concreta, la Corte Constitucional sostuvo: “[a]sí, la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte
Constitucional son los precedentes vinculantes en relación con el término de caducidad de las
acciones de reparación directa relacionadas con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
genocidio. Por el contrario, las decisiones citadas por los accionantes no son precedentes aplicables
al presente caso, en tanto fueron dictadas con anterioridad a la sentencia de unificación
jurisprudencial y, adicionalmente, no expresan un criterio jurisprudencial unificado en la materia”. Al
respecto, ver: Corte Constitucional, T-210 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
35
Sentencias T-044 del 14 de febrero de 2022 y -210 del 10 de junio de 2022, Corte Constitucional.
36
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “(…) el Tribunal aplicó
la regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración (…). Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la
parte actora dirigidos a afirmar que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de (…), por ser
esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de Estado,
por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su
consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica
y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente
No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes Corrales).
37
Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)
Sección Tercera, Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera,
sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC),
entre otras.
38
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P:
Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
39
En efecto, el inciso segundo del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., adicionado por el artículo 7
de la Ley 589 de 2000, prevé que: “el término de caducidad de la acción de reparación directa
derivada del delito de desaparición forzada se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima
o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de
que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos”, regla que también
se encuentra prevista en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

58. En esa misma providencia se determinó que la imprescriptibilidad propia del
ámbito penal no conducía a la inaplicación del término previsto para solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, destacando que se trata de
instituciones de naturaleza y finalidad diferentes40, y que tal interpretación resultaba
compatible con los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia y reparación de graves
violaciones a los derechos humanos41.

59. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la aplicación de la sentencia de
unificación tantas veces aludida debe armonizarse con las subreglas fijadas por la
Corte Constitucional, las cuales serán detalladas más adelante por su relevancia
para la resolución del caso concreto.

Del cómputo del plazo para presentar la demanda de reparación directa

60. La Subsección procede a analizar los hitos relevantes de cara al cómputo del
término de caducidad en el caso concreto.

61. La causa petendi expuesta en la demanda permite identificar dos daños
diferenciables, el primero, referido al homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea que
podía imputarse al Estado tanto por omisión como por acción –indicó que ocurrió en
el contexto de agresiones sistemáticas y generalizadas perpetradas por integrantes
de un grupo armado ilegal con la colaboración y/o aquiescencia de miembros de la
Fuerza Pública-; y el segundo, relativo al desplazamiento forzado que algunos
integrantes del núcleo familiar de la víctima directa del daño padecieron como
consecuencia de dicho asesinato y de las amenazas posteriores que, según se
afirma, les han impedido retornar a su lugar de origen. Dado que se trata de daños
autónomos, con características y momentos de consolidación distintos, el análisis
de la caducidad debe realizarse de manera independiente.

Respecto del homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea

62. La sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 estableció que el plazo para
demandar por vía de la reparación directa se computa desde la ocurrencia del hecho
causante del daño, siempre que desde ese momento los afectados hubiesen estado
en posibilidad de conocerlo y, por ende, de advertir la eventual imputación de
responsabilidad al Estado; además, precisó que dicho término no puede aplicarse

40
Lo anterior, porque las situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la
acción penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran previstas en
materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho
dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a partir
de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna
injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de
la Constitución Política.
41
Al estudiar el fallo de la Corte IDH en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile como fundamento
para no aplicar las reglas que rigen la caducidad en la reparación directa, explicó que las sentencias
de la Corte IDH resultan vinculantes en tanto interpreten las normas de la Convención Americana de
Derechos Humanos, precisando que dicha sentencia no contiene una interpretación del artículo 25
de la Convención -acceso a la administración de justicia-, dado que únicamente avaló la aceptación
de responsabilidad de Chile, en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de las acciones
civiles frente a los delitos de lesa humanidad.

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Referencia: Reparación directa

cuando existan circunstancias que hayan impedido materialmente el ejercicio del
derecho de acción, y que esta última hipótesis -entre otras múltiples- encontraba
fundamento en la excepción de inconstitucionalidad.

63. A su turno, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-312 de 2020, reiteró que
el análisis de la caducidad no podía abordarse de manera rígida o meramente
formal, y que les correspondía a las autoridades judiciales evitar aplicaciones
mecánicas de dicha figura que pudieran traducirse en escenarios de desprotección
o en restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la administración de
justicia. En esa misma línea, en la sentencia T-202 de 202542, dicha Alta Corte
advirtió que mediaba un “entendimiento probatorio inadecuado” de la inferencia de
responsabilidad estatal cuando se le asignaba alcance concluyente a simples
afirmaciones o sospechas que no constituían, por sí mismas, elementos de juicio
suficientes para soportar una imputación ante el juez, particularmente cuando se
desconocían las dificultades que afrontaban las víctimas para esclarecer los hechos
ocurridos.

64. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que la
parte demandante conoció tanto la ocurrencia del daño como la posibilidad de
atribuir responsabilidad al Estado desde el mismo 23 de agosto de 2004, fecha en
que ocurrió el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea. Para sustentar dicha
conclusión únicamente hizo referencia a la declaración rendida en sede judicial por
María Doris Cardona Zapata, de la cual desprendió que, para esa época, era
conocido el contexto de violencia existente en el municipio de Guarne y la presencia
de grupos armados ilegales en la zona, sin desarrollar ningún argumento adicional
al respecto.

65. La Subsección se aparta de dicha conclusión, por cuanto el análisis sobre el
ejercicio oportuno de la acción exigía verificar no solo el conocimiento del hecho
dañoso, sino también el momento en que los demandantes contaron con la
posibilidad real de advertir una eventual responsabilidad estatal, teniendo en cuenta
las particularidades del caso concreto.

66. En el sub lite se acreditó que Yohn Freyler Armijo Perea fue asesinado el 23 de
agosto de 200443 y que, momentos después, agentes de la Policía Nacional y el
fiscal seccional de Guarne practicaron la inspección técnica de su cadáver44.
Asimismo, se probó que Eidys Llarden Armijo Perea -hermana de Yohn Freyler
Armijo Perea45- tuvo conocimiento de la muerte de su familiar ese mismo día, según

42
Sentencia T‑202 del 28 de mayo de 2025; M.P. Juan Carlos Cortés González.
43
En la casilla “Relato del hecho” se consignó: “Relata Elvia López q (sic) dos sujetos que andaban
a pie, el occiso estaba montado en la moto, uno de ellos lo tiró de la moto y de inmediato sonó un
disparo y luego le siguieron dando, escuchó como 8 disparos. Daniel Martínez Gómez llegaron dos
manes y dispararon (…) no hubo riña ni discusión, se le llevaron una moto 115 Vinotinto (…)”. Folio
1 del documento “059InformaciónFiscaliaGuarne.pdf” del “63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi
020260204162403722 (1)” de Samai.
44
Folio 220 del cuaderno principal.
45
El 17 de septiembre de 2008, Eidys Llarden Armijo Perea diligenció el formulario “registro de
hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley”, el cual manifestó (se transcribe de
forma literal, incluidos posibles errores): “(…) MI HERMANO ESTABA EN LA CASA LAVANDO LA
MOTO CUANDO LO LLAMARON A LAS 4PM EL SALIO EN LA MOTO Y RECOGIÓ A UN

15

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Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

consta en la declaración que rindió el 17 de septiembre de 2008 dentro del
formulario denominado “Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al
margen de la ley” 46, en el que se consignó: “(…) a las 4:25 pm [del día del suceso]
nos llamaron y nos avisaron que lo habían matado [a Yohn Freyler Armijo Perea]
cerca de la escuela de la vereda Alto de la Virgen de Guarne (Ant)”. Esa versión fue
reiterada el 8 de abril de 2011 ante la Personería de Guarne47.

67. Igualmente, se probó que, con ocasión de estos hechos, la Fiscalía General de
la Nación adelantó la investigación preliminar No. 6766 contra persona
indeterminada, dentro de la cual se profirió resolución inhibitoria el 11 de enero de
2005, al no haberse obtenido prueba orientada a la identificación de los autores,
“pese a las labores de Policía Judicial”48. En igual sentido, mediante certificación
expedida por el Fiscal Segundo Seccional de Guarne, se dejó constancia de que,
para el 10 de abril de 2008, aún se desconocían tanto los autores como los móviles
del homicidio, razón por la cual dicha indagación se encontraba archivada “en el
paquete 291”49.

68. Si bien, en sede judicial la testigo María Doris Cardona Zapata 50 se refirió al
contexto de violencia que sucedía en el municipio de Guarne para la época de los
hechos debido a la presencia de grupos paramilitares, a quienes, según
comentarios de la comunidad, se atribuía el asesinato de Yohn Freyler Armijo Perea,
y aunque Eidys Llarden Armijo Perea manifestó en 2008 y 2011 que consideraba
responsables del crimen en cita a los “grupos armados que operaban en la región”,
lo cierto es que tales afirmaciones evidencian el conocimiento de una muerte
violenta y la existencia de percepciones o sospechas derivadas del contexto de
violencia del municipio en cita, pero no constituyen elementos objetivos ni
suficientes para inferir, de manera fundada, una eventual participación, tolerancia u
omisión atribuible a agentes estatales.

MUCHACHO NO NOS DIMOS CUENTA QUIEN ERA EL Y A LAS 4:25PM NOS LLAMARON Y NOS
AVISARON QUE LO HABIAN MATADO CERCA DE LA ESCUELA DE LA VEREDA ALTO DE LA
VIRGEN DE GUARNE (ANT) ESTE HECHO SE LE ATRIBUYE A GRUPOS ARMADOS QUE
OPERABA EN LA REGION”. Folio 113 del cuaderno principal.
46
Folios 3 y 4 del documento “EIDYS.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.
47
Folio 5 del documento “EIDYS.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal. A
continuación, la transcripción literal (incluidos posibles errores):
“EL 23 DE AGOSTO DE 2004 A ESO DE LAS 8 DE LA MAÑANA UN VECINO LE DIJO A FREYLER
QUE HABÍA RECIBIDO UNA LLAMADA DONDE LE PREGUNTARON QUE SI YA LO HARTAN
MATADO Y ESE MISMO DIA COMO A LAS 3 O 3 Y 30 MI HERMANO SE ENCONTRABA
REPARANDO LA MOTO CUANDO LLEGO UN MUCHACHO QUE LE DIJO QUE SI LO LLEVABA
HASTA LA CASA, MI HERMANO SALTO Y COMO A LAS CUATRO DE LA TARDE NOS
INFORMARON QUE LO HABÍAN MATADO EN EL ALTO DE LA VIRGEN AL PARECER LO
ESTABAN ESPERANDO. LA MOTO NUNCA APARECIO SE LA ROBARON, NO SE SUPO NUNCA
PORQUE FUE QUE LO MATARON. A EL LE DECIAN PEREA PORQUE EL JUGABA FUTBOL. NO
TENIA PROBLEMAS, NO ESTABA AMENAZADO, NO TENIA ANTECEDENTES (…)”.
48
Determinación que adoptó la Fiscalía con fundamento en el artículo 327 del Código de
Procedimiento Penal, al considerar que no se había logrado allegar prueba orientada a la
individualización e identificación de los autores de la conducta punible, “pese a las labores de Policía
Judicial”. Folios 38 y 39 del documento “HECHO.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno
principal.
49
Folio 40 del documento “HECHO.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.
50
En link visible en archivo “63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)”
de Samai, ver carpetas denominadas “000GrabacionesAudiencias” y “02AudienciaPruebas01-02-
2024.mp4”.

16

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

69. En esa medida, si no puede afirmarse que Eidys Llarden Armijo Perea contaba
con elementos objetivos para imputar responsabilidad al Estado, aun cuando
respecto de ella obran manifestaciones rendidas en 2008 y 2011, tampoco puede
sostenerse esa conclusión frente a los demás demandantes, respecto de quienes
no obra medio de convicción alguno que permita inferir el conocimiento de
circunstancias que hicieran razonable que formularan, para ese momento, una
imputación de esa naturaleza.

70. Bajo este contexto, no resultaba razonable exigirles a los demandantes -como
lo hizo el a quo- el ejercicio de la acción con fundamento en meras conjeturas y
rumores sobre la presencia de grupos armados ilegales, cuando ni siquiera las
autoridades encargadas de la investigación penal pudieron esclarecer la autoría
material del homicidio ni sus móviles, tal como lo certificó el Fiscal Segundo
Seccional de Guarne el 10 de abril de 2008.

71. Ahora bien, la identificación de los autores materiales o intelectuales de un
hecho dañoso no implica automáticamente que, desde ese momento, los afectados
cuenten con los elementos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial al
Estado. En asuntos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario, el esclarecimiento de los hechos
suele producirse de manera progresiva, a medida que avanzan las investigaciones
judiciales y se reconstruyen las circunstancias que rodearon su comisión. En ese
contexto, la eventual participación, colaboración, aquiescencia o tolerancia de
agentes estatales frente a organizaciones armadas ilegales no siempre resulta
evidente desde el momento en que se conoce la ocurrencia del daño o cuando se
logra establecer la identidad de sus autores.

72. En el presente asunto, se encuentra acreditado que, en la diligencia de versión
libre rendida el 13 de agosto de 2009 ante la jurisdicción de Justicia y Paz, Francisco
Antonio Galeano Montaño, alias “Colero” o “Henry”, reconoció haber impartido la
orden de asesinar a Yohn Freyler Armijo Perea y señaló que el homicidio fue
ejecutado por un integrante de la estructura armada ilegal a la que pertenecía.
Asimismo, mediante decisión del 16 de abril de 2010, la Fiscalía Veinte Delegada
ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz reconoció sumariamente la calidad de
víctima a Eidys Llarden Armijo Perea con ocasión de la muerte de su hermano,
decisión que le fue notificada personalmente el 13 de mayo siguiente. No existe
constancia de que Eidys Llarden Armijo Perea hubiera accedido al contenido de la
versión libre rendida el 13 de agosto de 2009 o a cualquier otro elemento probatorio
recaudado dentro de esa actuación judicial. Del mismo modo, tampoco obra prueba
de que alguno de los demás demandantes hubiera sido reconocido como víctima
dentro de ese trámite de Justicia y Paz, menos aún de que hubieran tenido acceso
a las actuaciones o al material probatorio allí incorporado.

73. Aunque los medios de convicción mencionados en el párrafo anterior permitían
vincular el homicidio del señor Armijo Perea al accionar de integrantes de las AUC,
no resultan suficientes para concluir que los demandantes estuvieran en
condiciones de inferir razonablemente una eventual responsabilidad patrimonial de
las entidades demandadas. Lo anterior, porque tales elementos no permitían

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Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

establecer que para esa época se hubiese esclarecido de manera suficiente el
contexto en el que actuaba la estructura armada ilegal responsable del crimen ni las
circunstancias relevantes que permitieran determinar la posible existencia de
conductas estatales con incidencia en la producción del daño cuya reparación se
reclama.

74. De conformidad con el oficio No. 2024044000420151 del 2 de febrero de 2024,
expedido por el Fiscal 71 Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado,
la actuación adelantada en Justicia y Paz contra Francisco Antonio Galeano
Montaño continuó su curso con la presentación del escrito de acusación y la
realización de audiencias, trámite que “culminó el 21 de enero de 2019”.
Posteriormente, mediante sentencia del 21 de febrero siguiente52, la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Medellín declaró penalmente responsable al referido
postulado por el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea y por el hurto de la
motocicleta de la víctima. En esa providencia también se examinaron declaraciones
de otros postulados pertenecientes a las AUC, se reconstruyó el contexto de
actuación de la organización armada ilegal y se hizo referencia a presuntos vínculos
de algunos de sus integrantes con miembros de la Fuerza Pública, además de
reconocerse que los hechos juzgados hacían parte de patrones de
macrocriminalidad y macrovictimización asociados al accionar de dicha estructura.

75. En esas condiciones, la Sala advierte que si bien no existe certeza acerca del
momento exacto en que los demandantes alcanzaron un grado de conocimiento
suficiente para inferir razonablemente una posible responsabilidad estatal derivada
de los hechos analizados, lo cierto es que lo que revela el acervo probatorio es que
dicho conocimiento se consolidó progresivamente durante el trámite adelantado
ante Justicia y Paz. Sin embargo, esa incertidumbre no puede resolverse en
perjuicio de la parte actora, pues ello equivaldría a exigirle el ejercicio de esta acción
con fundamento en simples sospechas o conjeturas, desconociendo, de una parte,
que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario suelen desarrollarse en contextos de ausencia de esclarecimiento
judicial y profundas asimetrías de información53 y, de otra, que la Corte
Constitucional54 ha reconocido la necesidad de aplicar criterios de flexibilidad
probatoria de cara al análisis de la caducidad cuando las víctimas enfrentan

51
Folios 403 a 409 del cuaderno principal.
52
Documento “sentencia-bloque-heroes-de-granada-luberney-marin-cardona-y-otros.pdf” del CD
que obra a folio 414 del cuaderno principal.
53
Al respecto, ver: Sentencia SU-254 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, de la cual se resalta
el siguiente fragmento:
“La Sala expondrá sintéticamente las reglas constitucionales en esta materia a fin de ejercer la labor
de unificación encomendada en esta sentencia. Así, la jurisprudencia de esta Corporación: (…) (x)
ha fijado el principio de buena fe procesal para el reconocimiento y otorgamiento de la reparación
para la población víctima de desplazamiento, con fundamento en el mandato de protección
constitucional especial e integral para esta población, y de la situación de extrema vulnerabilidad y
debilidad manifiesta de estas víctimas, así como en atención a las especiales dificultades bajo las
cuales las víctimas de desplazamiento forzado se ven obligadas a cumplir con trámites, muchas
veces engorrosos, de difícil o imposible cumplimiento, y que terminan por desconocer su dignidad,
su condición de víctimas o por revictimizarlas. Por ello, la Corte ha aplicado en estos casos la
inversión de la carga de la prueba, sosteniendo que sobre las autoridades públicas recae la
responsabilidad de desvirtuar cualquier información suministrada por esta población”.
54
Al respecto, ver: Sentencia SU-060 de 2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

obstáculos objetivos para acceder a la información necesaria para estructurar sus
pretensiones.

76. Bajo este contexto, lo que sí se encuentra acreditado es que, para el momento
de presentación de la demanda, los actores ya disponían de elementos objetivos,
provenientes del proceso de Justicia y Paz adelantado contra Francisco Antonio
Galeano Montaño, que les permitían estructurar una hipótesis seria y razonable de
responsabilidad estatal, aun cuando el esclarecimiento judicial de los hechos
continuara desarrollándose. Tal conclusión se desprende del propio contenido del
escrito introductorio, en el que no solo se hizo referencia a la confesión rendida por
el señor Galeano Montaño dentro de dicha causa, sino también a las
manifestaciones efectuadas por otro postulado acerca de la presunta colaboración
de integrantes de la Fuerza Pública con la estructura paramilitar que operaba en el
municipio de Guarne55. Lo anterior evidencia que, para el 17 de agosto de 2018 56,
los demandantes contaban con información objetiva que trascendía las simples
percepciones, rumores o sospechas existentes en los años inmediatamente
posteriores al homicidio y que les permitía formular una imputación jurídicamente
fundada contra las entidades aquí demandadas.

77. Así las cosas si bien la parte actora sostiene que el término de caducidad debe
contarse a partir de la sentencia proferida el 21 de febrero de 2019 por la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, lo cierto es que lo expuesto en el
párrafo anterior es suficiente para concluir que la demanda fue presentada
oportunamente.

Respecto del desplazamiento de los demandantes

78. Esta Corporación ha sostenido que, en materia de desplazamiento forzado, por
tratarse de un daño continuado, el término de caducidad no se contabiliza desde la
ocurrencia inicial del hecho dañoso, sino desde el momento en que este cesa 57;
esta última circunstancia puede verificarse cuando ocurre el retorno efectivo de la
víctima a su lugar de origen, cuando esta logra reasentarse en un nuevo lugar en
condiciones dignas o, en su defecto, cuando existen condiciones de seguridad que
permitan dicho retorno, con independencia de que este se materialice o no58.

55
Al respecto, se resalta el hecho número 7 de la demanda (que se transcriben, a continuación, de
forma literal):
“7. Este hecho fue reconocido en Justicia Transicional por el postulado FRANCISCO ANTONIO
GALEANO MONTAÑO alías "COLERO" • "HENRY", quien al rendir versión ante esta autoridad
reconoció que el hecho fue cometido por los miembros de las AUC instalados en el municipio Guarne;
respecto del actuar de esta organización ilegal el postulado Ricardo López Lora alias "EL
MARRANO", manifestó que su accionar estaba encaminado o tenía como propósito eliminar todo
posible foco subversivo y así se lo habían ordenado sus superiores, y que para ello la facción
paramilitar acantonada en Guarne contó con el apoyo y la ayuda de miembros de la fuerza pública,
en especial dos uniformados de la Estación de policía de Guarne de apellido Mora y Galvis”.
56
De conformidad con la constancia visible a folio 97 del cuaderno principal.
57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 21 de marzo de 2025, exp. 62.577. C.P. María Adriana Marín.
58
Ídem.

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Referencia: Reparación directa

79. La Corte Constitucional ha señalado que la cesación del desplazamiento forzado
se configura cuando se supera el estado de vulnerabilidad de la víctima 59,
circunstancia que se refleja en la estabilización o consolidación socioeconómica de
la persona afectada, ya sea mediante el retorno, la reubicación o la integración en
un entorno que le permita desarrollar un proyecto de vida en condiciones dignas.
Bajo esta comprensión, el Estado tiene la obligación de remover las barreras que
dificulten el acceso efectivo de la población desplazada a los mecanismos judiciales,
que se intensifica dada la especial situación de vulnerabilidad de esta población60.

80. En el presente asunto, la UARIV informó, mediante oficio del 14 de septiembre
de 201861, que algunos de los demandantes se encontraban inscritos en el Registro
Único de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado,
concretamente Yofaidis Estella Armijo Perea, Eidys Llarden Armijo Perea, Jonathan
David Armijo Perea, Audreis Maryinis Cossio Perea y Kerith Yasaira Copete Cossio.

81. Aunque el a quo consideró que los demandantes “tuvieron la oportunidad de
asentarse en distintas ciudades donde rindieron declaraciones por el hecho
victimizante”, la Sala estima que tal afirmación parte de una premisa equivocada,
consistente en equiparar el traslado físico de las víctimas o la rendición de
declaraciones ante distintas autoridades con la cesación del desplazamiento
forzado, pese a que ninguna de esas circunstancias permite inferir que los actores
hubieran superado las condiciones de marginalidad, desprotección y vulnerabilidad
propias de dicho hecho victimizante. No puede perderse de vista que este fenómeno
se caracteriza por el desarraigo, la pérdida de bienes materiales y la ruptura del
entorno social y familiar, y que tales circunstancias profundizan la situación de
indefensión de las víctimas y dificultan su acceso efectivo a la administración de
justicia.

82. La Sala tampoco comparte el criterio consistente en contabilizar el término de
caducidad desde el 23 de mayo de 2013, fecha en que quedó ejecutoriada la
sentencia SU-254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, pues el a quo
asumió que para ese momento las víctimas ya contaban con condiciones materiales
suficientes para ejercer adecuadamente el derecho de acción, y ello no se encuentra
acreditado en este expediente. Por el contrario, se advierte que, para el 2018,
Yofaidis Estella Armijo Perea, Eidys Llarden Armijo Perea, Jonathan David Armijo
Perea, Audreis Maryinis Cossio Perea y Kerith Yasaira Copete Cossio continuaban
inscritos en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento forzado, sin que la
UARIV hubiera reportado la superación de la condición de vulnerabilidad asociada
a dicho hecho.

83. A pesar de que la permanencia en el Registro Único de Víctimas no constituye
prueba concluyente de la persistencia del desplazamiento forzado, sí representa un

59
En cuanto al concepto de vulnerabilidad de la población desplazada, la Corte Constitucional explicó
en la sentencia T-585 de 2006 (reiterada en las sentencias T-239 de 2013 y T-347 de 2014) que esta
se entiende como una situación que no es elegida por el individuo que la padece, pero que le impide
acceder a garantías mínimas para la realización de sus derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales.
60
Corte Constitucional, sentencia SU-429 de 2024.
61
Folios 261 a 280 del cuaderno principal.

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Referencia: Reparación directa

elemento de convicción útil sobre la continuidad de condiciones de vulnerabilidad,
especialmente cuando no se acredita la estabilización socioeconómica de las
víctimas 62. Este razonamiento encuentra respaldo en el parágrafo 2º del artículo 67
de la Ley 1448 de 2011, conforme al cual, una vez cese la condición de
vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado, dicha circunstancia debe
quedar consignada en el Registro Único de Víctimas, reporte que brilla por su
ausencia en el sub lite.

84. Asimismo, aunque la UARIV informó que algunos de ellos recibieron ayudas
humanitarias e indemnizaciones administrativas por el homicidio de Yohn Freyler
Armijo Perea y por hechos posteriores de desplazamiento forzado -sumas que se
especifican en el acápite siguiente -, ello no demuestra la superación de su situación
de vulnerabilidad o el goce efectivo de sus derechos fundamentales, ni da cuenta
de una estabilización socioeconómica. Así lo ha dicho esta Subsección en otras
oportunidades63.

85. Respecto de Armando Armijo Pino, obra en el expediente64 la Resolución No.
2016-144326 del 4 de agosto de 2016, mediante la cual la UARIV resolvió no
incluirlo en el Registro Único de Víctimas por los hechos victimizantes de
desplazamiento forzado y amenaza, decisión confirmada mediante Resolución No.
201723590 del 2 de junio de 2017. No obstante, la Sala observa que dicha exclusión
obedeció exclusivamente a la extemporaneidad de la solicitud de inscripción, y no
a la inexistencia del hecho victimizante alegado. Adicionalmente, no figura medio de
convicción que permita concluir que hubiera cesado la situación de vulnerabilidad
invocada por el demandante65.

86. Entonces, en el presente asunto no se acreditó el retorno de las víctimas, su
reasentamiento en condiciones dignas ni la superación de la situación de
vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado. En ese contexto, y teniendo en
cuenta el carácter continuado de dicho hecho victimizante, así como las especiales
condiciones de protección constitucional que amparan a las personas desplazadas,
no existen elementos que permitan concluir que, para la fecha de presentación de
esta demanda, hubiese comenzado a correr el término de caducidad; por
consiguiente, la Subsección considera procedente aplicar el principio pro actione66,
con el fin de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia de los

62 “PARÁGRAFO 2°. Una vez cese la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada

por el hecho mismo del desplazamiento, se modificará el Registro Único de Víctimas, para dejar
constancia de la cesación a la que se ha hecho referencia en este artículo.
En todo caso, la persona cesada mantendrá su condición de víctima, y por ende, conservará los
derechos adicionales que se desprenden de tal situación”.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp.

65.967, C.P. María Adriana Marín.
64 En link visible en archivo “63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)”

de Samai, ver carpetas denominada “026ARMANDOARMIJOPINO”.
65 Esta consideración se formula únicamente para efectos del análisis relativo al ejercicio oportuno

de la acción y no comporta pronunciamiento alguno sobre el fondo de la controversia.
66 Principio según el cual las dudas razonables acerca del cumplimiento de los presupuestos

procesales deben resolverse en favor del acceso a la administración de justicia y de la obtención de
una decisión de fondo, especialmente cuando se trata de personas que gozan de especial protección
constitucional.

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Referencia: Reparación directa

demandantes mencionados y evitar una interpretación de la caducidad que resulte
desproporcionadamente restrictiva de su derecho de acceso a la justicia.

87. En definitiva, la Subsección concluye que el Tribunal erró al declarar la
caducidad de la acción. En relación el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea,
porque el análisis efectuado en primera instancia desconoció que el conocimiento
de una eventual responsabilidad estatal se consolidó de manera progresiva y que,
al menos para la fecha de presentación de la demanda, los actores ya contaban con
elementos objetivos suficientes para estructurar una hipótesis seria y razonable de
imputación, sin que las dudas existentes acerca del momento exacto en que
alcanzaron dicho grado de conocimiento puedan resolverse en su perjuicio. De otro
lado, respecto del desplazamiento forzado alegado por Yofaidis Estella Armijo
Perea, Eidys Llarden Armijo Perea, Jonathan David Armijo Perea, Audreis Maryinis
Cossio Perea67, Kerith Yasaira Copete Cossio y Armando Armijo Pino, dado que no
acreditó su retorno, reasentamiento en condiciones dignas ni la superación de la
situación de vulnerabilidad derivada de este hecho victimizante, de manera que no
existen elementos que permitan concluir que hubiese cesado el carácter continuado
de dicho daño para efectos del cómputo de la caducidad. En consecuencia, se
revocará la decisión apelada y se procederá al examen de fondo de las
imputaciones formuladas contra las entidades demandadas.

Relación de hechos para resolver la controversia68

88. De acuerdo con el registro civil de defunción número 5213758, Yohn Freyler
Armijo Perea falleció el 23 de agosto de 2004 en el municipio de Guarne
(Antioquia)69. Ese mismo día, aproximadamente a las 17:15 horas, su cadáver fue
hallado en “la vereda El Alto de la Virgen”. En la diligencia de inspección técnica,
practicada por la Fiscalía Seccional de Guarne el 23 de agosto de 2004, se dejó
constancia que su homicidio ocurrió en la vía pública, “frente a la casa de Elvia
López” y que su móvil era “indeterminado”70.

89. En el “libro de población del año 2004” de la Estación de Policía de Guarne se
consignó que Edison Daniel Martínez y Juan Gonzalo Botero Restrepo presenciaron
el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea, y que “dos sujetos desconociéndose su
procedencia e identidad le propinaron varios disparos al cuerpo al antes
mencionado, quitándole la vida y hurtándole la motocicleta que conducía de placas

67 Se aclara que, respecto de Audreis Maryinis Cossio Perea, la UARIV, mediante Resolución No.

0600120160547015 de 2016, dispuso la suspensión definitiva de los componentes de atención
humanitaria otorgados a su núcleo familiar, decisión que fue confirmada mediante Resolución No.
201716391 del 26 de mayo de 2017. Sin embargo, la suspensión de la atención humanitaria no
comporta la declaratoria de cesación de la condición de vulnerabilidad derivada del desplazamiento
forzado, respecto de la cual no obra constancia alguna en el expediente en los términos previstos en
el parágrafo 2º del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011.
68 Se aclara que, aunque obran otros elementos probatorios que fueron allegados a este proceso,

no resulta indispensable que la Sala se refiera a los mismos.
69 Reverso folio 284 del cuaderno principal.
70 En la casilla “Relato del hecho” se consignó: “Relata Elvia López q (sic) dos sujetos que andaban

a pie, el occiso estaba montado en la moto, uno de ellos lo tiró de la moto y de inmediato sonó un
disparo y luego le siguieron dando, escuchó como 8 disparos. Daniel Martínez Gómez llegaron dos
manes y dispararon (…) no hubo riña ni discusión, se le llevaron una moto 115 Vinotinto (…)”. Folio
1 del documento “059InformaciónFiscaliaGuarne.pdf”, visible en el link del archivo
“63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
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Referencia: Reparación directa

(…) YXL57, dichos sujetos se dirigieron hacia la vereda Yolombal”. Asimismo, se
indicó que la inspección del cadáver fue realizada por personal policial en conjunto
con el fiscal seccional71.

90. El 24 de agosto de 2004, a las 08:00 horas, un médico de la ESE Hospital
Nuestra Señora de la Candelaria - Sistema Alterno de Medicina Legal y Ciencias
Forenses practicó la necropsia, diligencia en la que se concluyó que la causa de la
muerte fue un choque neurogénico, derivado de laceraciones encefálicas
ocasionadas por proyectiles de arma de fuego72.

91. El 18 de diciembre de 2004, mediante Oficio No. 1003, el comandante de la
Estación de Policía de Guarne informó que los funcionarios que intervinieron en la
diligencia de inspección al cadáver del señor Yohn Freyler Armijo Perea el 23 de
agosto de 2004 fueron el intendente Rodrigo Ávila Padilla, el subintendente Jhon
Ruiz Palacios, el patrullero Wilmar García Patiño y el agente Pedro Padilla Potes73.

Lo probado en relación con la investigación preliminar No. 6766

92. Dentro de las actuaciones surtidas por la Unidad de Fiscalía Seccional de
Guarne con ocasión de estos hechos, se destacan las siguientes:

93. El 8 de octubre de 2004, Edison Daniel Martínez Gómez74 rindió declaración
ante la Fiscalía Seccional de Guarne -lo manifestado por este señor se consigna a
pie de página75 y será sintetizado en el siguiente acápite, por razones
metodológicas-.

71 Folio 220 del cuaderno principal.
72 Folios 9 a 17 del documento “059InformaciónFiscaliaGuarne.pdf”, visible en el link del archivo

“63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
73 Folios 61 y 62 del documento “059InformaciónFiscaliaGuarne.pdf”, visible en el link del archivo

“63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
74 Folios 25 a 28 del documento “HECHO.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.
75 Se transcribe de forma literal, incluidos posibles errores:

“PREGUNTADO. Bajo juramento díganos qué conocimiento tuvo usted de JHON FREILER ARMIJO
PEREA? CONTESTO: Solamente lo distinguía de saludo, sabía que el hombre se llamaba JHON
,pero no se apellido, se que vivía en et estadero LA AREPA DE LA NEGRA o así, pero no tenía
relación con él, solamente preguntas de saludo.
PREGUNTADO. Bajo juramento díganos todo lo que sepa y le conste con respecto al fallecimiento
del señor JHON FREILER ARMIJO PEREA? CONTESTO: Yo simplemente venía de Marinilla ese
día de trabajar que mi papá me dio un permiso para ir a aplicar unas vacunas a un caballo que tenía
por allá enfermo en el Alto de la Virgen en la Frontera, esa es la casa de la novia mía (…), entonces
yo iba a coger la micro en la autopista y ahí me encontré con dos amigos que se llaman JUAN
GONZALO no se apellido Y JULIO, no se el apellido también ellos venían encartados con muchas
cosas bolsas maderita y la micro venía algo muy llena, entonces nosotros nos íbamos a subir y
JULIO iba a subir caminando con la maderas y en el momento llegó JHON en la moto y me dijo que
él me subía, entonces yo por colaborarle a JULIO con la madera me subí con él en la moto, estando
ya casi al frente de la casa de JUAN GONZALO esperándolos subió la micro, dio tiempo de volver a
bajar, ya bajaba JUAN GONZALO y JULIO a recibirme la madera para yo irme para donde la novia
mía cuando llegaron dos tipos y dispararon inmediatamente, es que ellos llegaron por detrás de la
espalda mía, la verdad yo del susto no los ví sino que salí corriendo inmediatamente, yo me bajé de
la moto y JHON se quedó montado en la moto y ahí fue cuando ellos llegaron y dispararon. JULIO
me estaba recibiendo la madera y los tipos llegaron por detrás y dispararon, JUAN GONZALO venía
más arribita que traía unos maletines y unas bolsas venía bajando, a una distancia de diez metros
venía bajando hacia donde estábamos nosotros para recibir la madera continuar hacia su casa, la
casa queda ahí cerquita de donde mataron a JHON. Yo escuché un disparo y ahí mismo salí
corriendo, yo no miré para atrás. De ahí no sé qué pasó porque yo me fui y me escondí en la casa
de mi novia. REGUNTADO. Usted sabe quién fue la persona o personas que dispararon en contra

23

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

94. El 13 de diciembre de 2004, la Unidad Investigativa de la Fiscalía recopiló en el
informe No. 6766 OT-CTI-1148-9 varias entrevistas rendidas por familiares de la
víctima y “testigos” del homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea76.

95. El 11 de enero de 2005, la Fiscalía Segunda Seccional ante los Juzgados
Penales del Circuito de Rionegro con sede en Guarne profirió resolución inhibitoria,
al considerar que no se había logrado allegar prueba orientada a la individualización
e identificación de los autores de la conducta punible77.

Lo probado en el proceso de Justicia y Paz adelantado contra Francisco
Antonio Galeano Montaño

96. En el marco de la Ley 975 de 2005, el 13 de agosto de 2009 Francisco Antonio
Galeano Montaño alias “Colero” o “Henry” rindió versión libre ante la Fiscalía 37 (E)
de Justicia y Paz, oportunidad en la que reconoció su responsabilidad en el
homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea y el posterior hurto de la motocicleta en la
que se transportaba, entre otros hechos delictivos. A continuación, las palabras
textuales del postulado en dicha diligencia (se transcribe de forma literal, incluso
con posibles errores)78:
“
9:48 QUE OTRO HECHO VA A CONFESAR PREGUNTA
9:48 EL DE MORCILLA POR EL ALTO DE MEJIA, EL TENIA UNA MOTO ROJA, UNA 115, LO CONTESTA
MATO EL FLACO POR ORDENES MIAS, LO ENCONTARRON EN EL VENDEDERO DE
EMPANADAS Y SE LE LLEVARON LA MOTO
9:49 QUIEN ES EL FLACO PREGUNTA
9:49 LO MATO EL EJERCITO EN YOLOMBAL CONTESTA
9:49 QUIEN LE ORDENO MATAR AL FLACO A MORCILLA PREGUNTA
9:50 YO LE DI LA ORDEN Y A MI ME LA DIO EL LOCO, EL ME DIJO QUE LE DIERAMOS DE CONTESTA
BAJA A MORCILLA
9:50 UD SABIA QUIEN ERA MORCILLA PREGUNTA
9:50 NO SR, AL TIEMPO DESPUES DE LOS HECHOS SUPE QUE ERA EL HIJO DE LA CONTESTA
NEGRA DEL ALTO DE MEJIA
9:50 COMO IDENTIFICARON A MORCILLA SI UD NO LO CONOCIA PREGUNTA
9:51 YO MANDE AL FLACO QUE AVERIGUARA EN GUARNE QUIEN CONTESTA ERA Y LE CONTESTA
DIJERON QUE ERA EL HIJO DE LA NEGRA DEL ALTO DE MEJIA
9:51 QUIEN ERA LA NEGRA DEL ALTO DE MEJIA PREGUNTA
9:51 LA MAMA DEL DIFUNTO, ELLA TIENE UN RESTAURANTE EN EL ALTO DE MEJIA, LA CONTESTA
CONOCI DESPUES DEL HECHO
9:52 CUANTO TIEMPO PASA DESDE QUE LE DIO LA ORDEN LOCO DE MATAR A PREGUNTA
MORCILLA Y EL HECHO COMO TAL
9:53 A LOS 8 DIAS CONTESTA
9:52 QUE LE DIJO EL FLACO CON RELACION A LA UBICACIÓN DE ALIAS MORCILLA PREGUNTA
9:52 QUE YA LO TENIA UBICADO QUE MANTENIA EN EL NEGOCIO DE EMPANADAS, CONTESTA
NADA MAS
9:53 CON QUIEN FUE EL FLACO A MATAR A MORCILLA Y QUE LE DIJO EL DEL HECHO PREGUNTA
9:53 NO SE SI FUE SOLO Y ME DIJO QUE YA HABIA HECHO LA VUELTA Y QUE LA MOTO CONTESTA
ESTABA EN YOLOMBAL
9:54 EL DESPACHO HA DOCUMENTADO QUE LA VICTIMA ERA EL SR JHON FREIDER PREGUNTA
ARMIJO PEREA ASESINADDO EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2004 EN LA VEREDA ALTO
DE LA VIRGEN DE GUARNE
9:55 QUE MAS SUPO DE ESTE HECHO RESPECTO A LAS HERIDAS DE BALA QUE LE PREGUNTA
PRODUJERON
9:56 NO SE CUANTOS TIROS LE DIERON, APENAS ME ENTERO DE ESTO CONTESTA
9:56 LA FLIA DEL DIFUNTO DICEN QUE A EL ANTES DE MATARLO LO ABORDARON 2 PREGUNTA
SUJETOS, QUE SABE DE ESTO

de JHON FREILER'? CONTESTO: Ni idea (…) PREGUNTADO Sabe usted cuál fue el motivo para
que terminaran con la existencia de JHON FREILER ARMIJO? CONTESTO: Ni idea (…)
PREGUNTADO: Tiene algo más para decir? CONTESTO: No, nada. No se los nombres de los
asesinos. Ellos no hablaron. solamente escuché disparo”.
76 Folios 33 a 42 del documento “HECHO.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.
77 Folios 38 y 39 del documento “HECHO.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.
78 Folios 4 a 7 del documento “HECHO.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

9:56 NO SE SR CONTESTA
9:56 QUE PASO CON ESA MOTO, SABE SI FUE DEVUELTA PREGUNTA
9:56 SE LA LEVARON PARA YOLOMBAL PARA QUE ANDARAN LOS URBANOS EN ELLA CONTESTA
Y NO SE QUE HICIERON CON ELLA
9:58 HABLEME QUIEN ES ALIAS EL FLACO PREGUNTA
9:58 YO LO MENCIONE AYER COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN, A EL LO MATO CONTESTA
EL EJERCITO EN YOLOMBAL, NO SE COMO SE LLAMABA EL
9:58 ARLEX QUIROZ TUBO QUE VER EN ALGO CON ESTE HOMICIDIO PREGUNTA
9:58 NO, EL NO DIO ESA INFORMACION, EL MISMO FLACO LO BUSCO EN GUARNE CONTESTA
9:59 COMO SE LLAMA EL FLACO, DIGA COMO INDAGO EN GUARNE PARA UBICAR A PREGUNTA
MORCILLA Y MANIFIESTE SI EL FLACO SE DESMOVILIZO
9:59 NO SE COMO SE LLAMABA, EL UBICO A MORCILLA PORQUE EL CONOCIA GUARNE CONTESTA
Y AL FLACO LO MATO EL EJERCITO EN YOLOMBAL
”
97. Documento sin fecha denominado “Programa metodológico para el hecho”79,
elaborado por la Fiscalía Veinte Delegada ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz,
en el cual se indicó como “hipótesis” que el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea
había sido cometido “con ocasión” y “en desarrollo” del conflicto armado por
integrantes del Bloque Héroes de Granada de las AUC, estructura donde “actuó”
Francisco Antonio Galeano Montaño.

98. El 21 de febrero de 2019, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Medellín declaró penalmente responsable a Francisco Antonio Galeano Montaño
por el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea, en concurso con el delito de hurto
calificado y agravado; a la par, en dicha decisión se estableció la responsabilidad
de otros postulados que pertenecieron a las Autodefensas Unidas de Colombia80.

99. Mediante Oficio con radicado No. 20240440004201 del 2 de febrero de 2024 81,
el Fiscal 71 Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín
informó al Tribunal Administrativo de Antioquia acerca de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso de Justicia y Paz relacionado con el homicidio de
Yohn Freyler Armijo Perea. En dicha comunicación indicó que: i) la entonces
Fiscalía 20 Delegada ante Tribunal adscrita a la Dirección de Justicia y Paz
documentó el hecho como atribuible al Bloque Héroes de Granada de las AUC; ii)
Francisco Antonio Galeano Montaño, alias “Colero” o “Henry”, aceptó
responsabilidad penal por estos hechos en diligencia de versión libre rendida el 13
de agosto de 2009 y, iii) con fundamento en las actuaciones adelantadas dentro de
dicho proceso de Justicia y Paz, el referido postulado fue imputado y posteriormente
condenado.

De las demás pruebas allegadas a este expediente

100. Mediante comunicación del 14 de septiembre de 2018, radicada bajo el número
2018112160207382, la UARIV informó sobre el estado de valoración de diversos
integrantes del núcleo familiar de Yohn Freyler Armijo Perea en el Registro Único
de Víctimas (RUV), de conformidad con las Leyes 387 de 1997, 418 de 1997 y 1448
de 2011. En dicha respuesta reportó: i) la inclusión, por el hecho victimizante de

79 Folios 9 a 11 del documento “HECHO.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.
80 Documento “sentencia-bloque-heroes-de-granada-luberney-marin-cardona-y-otros.pdf” del CD
que obra a folio 414 del cuaderno principal.
81 Folios 403 a 409 del cuaderno principal.
82 Folios 261 a 280 del cuaderno principal.

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Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea de sus familiares María Anunciaselis Perea
Perea (madre)83, Armando Armijo Pino (padre)84, así como sus hermanos Yofaidis
Estella85, Bernadolis86, Wilder Yurley87, Jeiver Alexander88 y Eidys Yarden Armijo
Perea. Asimismo, se informó la inclusión en el RUV de Yofaidis Estella Armijo
Perea89, Eidys Yarden Armijo Perea, Jonathan David Armijo Perea 90, Audreis
Marynis Cossio Perea y Kerith Yasaira Copete Cossio91, por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado. Finalmente, se indicó el reconocimiento de
indemnizaciones administrativas en los montos señalados en nota a pie de página.

101. Mediante oficios del 28 de septiembre y 5 de octubre de 202392, la UARIV
reiteró la información mencionada en el párrafo anterior.

102. El 5 de septiembre de 2018, por medio del Oficio COAGE – UNDEJ 41.14, la
Unidad de Defensa Judicial de la Policía Nacional solicitó a diferentes autoridades
información relacionada con la muerte de Yohn Freyler Armijo Perea y del supuesto
desplazamiento de su núcleo familiar93. En respuesta a dicho requerimiento, obran
en el expediente los siguientes documentos:

i) El Oficio No. S-2018- RREGIN- SIJIN -1.9 del 5 de octubre de 201894, con el
que la Seccional de Investigación Criminal informó, de manera general, sobre las
actuaciones adelantadas entre 2004 y 2005 para contrarrestar la actividad de
grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia.
ii) El Oficio No. 2477 DISRI ESGUA 29.25 del 19 de septiembre de 2018 95,
mediante el que el comandante de la Estación de Policía de Guarne remitió copia
del “libro de población del año 2004”, en el cual consta que el 23 de agosto de
2004, a las 17:15 horas, se practicó la inspección del cadáver de quien en vida
respondía al nombre de Yohn Freyler Armijo Perea, hallado en la vereda Alto de
la Virgen.

83 María Anunciaselis Perea Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por
$5’895.000, por el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea.
84 Armando Armijo Pino recibió el pago de una indemnización administrativa por $5’895.000, por el

homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea.
85 Yofaidis Estella Armijo Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por $1’966.572,

por el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea.
86 Bernadolis Armijo Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por $1’964.214, por

el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea.
87 Wilder Yurley Armijo Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por $1’964.214,

por el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea.
88 Jeiver Alexander Armijo Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por $1’966.572,

por el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea.
89 Yofaidis Estella Armijo Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por $854.000,

por su desplazamiento forzado.
90 Eidys Yarden Armijo Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por $571.000, por

su desplazamiento forzado.
91 Audreis Marynis Cossio Perea recibió el pago de una indemnización administrativa por un valor de

$1’964.214, por su desplazamiento forzado.
92 Folios 1 a 3 del documento “025RespuestaOficioNo.274.pdf” del expediente digital que obra en

link “63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
93 Folio 217 del cuaderno principal.
94 Folio 219 del cuaderno principal.
95 Folio 220 del cuaderno principal.

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Referencia: Reparación directa

iii) El Oficio 1752 del 20 de septiembre de 201896, con el que el Juzgado 163 de
Instrucción Penal Militar informó que no se encontraron antecedentes de
investigaciones o indagaciones relacionadas con los hechos.

iv) El Oficio ARDEH DERHU 3.1. del 14 de septiembre de 2018 97, el Grupo de
Derechos Humanos de la Policía señaló que no reposaban antecedentes sobre
la muerte del señor Armijo Perea ni respecto del supuesto desplazamiento de sus
familiares98.

103. María Doris Cardona99 declaró en sede judicial que residía en la vereda “Alto
de la Virgen” del municipio de Guarne y que, el día de los hechos, se encontraba en
su vivienda cuando escuchó varios disparos, razón por la cual salió a verificar lo
ocurrido y resguardar a su hermano menor, quien estaba en el exterior. Indicó que
alcanzó a observar a un individuo con un arma de fuego efectuando disparos y que,
posteriormente, los agresores huyeron con una motocicleta hacia el sector conocido
como “El Palmar”. Señaló que, poco después, los vecinos se reunieron y se
percataron de que la persona fallecida era Yohn Freyler Armijo Perea.

104. Manifestó que no logró identificar a los autores del hecho, aunque existían
comentarios en la comunidad que atribuían el crimen a grupos de autodefensas.
Asimismo, indicó que miembros de la Policía Nacional arribaron al lugar
aproximadamente entre veinte y treinta minutos después de ocurrido el hecho, pese
a encontrarse a una distancia de entre diez y quince minutos del casco urbano.
Agregó que, para la época, la situación de orden público era crítica, caracterizada
por múltiples homicidios y acciones violentas contra la población civil, y que era
conocido el tránsito de integrantes de grupos paramilitares en la vereda, quienes se
movilizaban en vehículos y portaban armas, generando temor entre los habitantes,
lo que impedía denunciar estos hechos ante las autoridades. Finalmente, indicó que
conocía a la víctima y a su familia de manera superficial, quienes tenían un
establecimiento denominado “Arepas de la Negra”, el cual cerró meses después de
los hechos, al parecer como consecuencia del desplazamiento de sus integrantes.

Del análisis de la responsabilidad de las entidades demandadas

Respecto del homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea

105. En primer lugar, la Sala advierte que el daño se encuentra plenamente
acreditado, en tanto está demostrado que Yohn Freyler Armijo Perea fue asesinado
el 23 de agosto de 2004 en la vereda “Alto de la Virgen”, jurisdicción del municipio
de Guarne (Antioquia), según consta en el registro civil de defunción y en el
protocolo de necropsia practicado al cadáver, en el que se concluyó que tal deceso
fue consecuencia de lesiones encefálicas ocasionadas por proyectiles disparados
con arma de fuego.

96 Folio 224 del cuaderno principal.
97 Folios 261 a 280 del cuaderno principal.
98 Folio 218 del cuaderno principal.
99 En link visible en archivo “63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)”

de Samai, ver carpetas denominadas “000GrabacionesAudiencias” y “02AudienciaPruebas01-02-
2024.mp4”.

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Referencia: Reparación directa

106. De la reconstrucción de las principales circunstancias de tiempo, modo y lugar
que rodearon los hechos objeto del proceso, se acreditó que dos personas
presenciaron el homicidio en cuestión100. Al respecto, Edison Daniel Martínez
Gómez rindió declaración ante la Fiscalía Seccional de Guarne y manifestó que el
día de los hechos se encontraba esperando transporte público con otras personas
cuando la víctima llegó en su motocicleta y se ofreció a transportarlo, junto con unos
listones de madera. Indicó que, una vez en la vereda Alto de la Virgen, arribaron
dos sujetos que, sin mediar discusión previa, dispararon contra Yohn Freyler Armijo
Perea y posteriormente huyeron del sitio. En igual sentido, Juan Gonzalo Botero
Restrepo101 relató que observó la llegada de dos hombres, uno de los cuales
preguntó por el nombre del sector y acto seguido accionó un arma de fuego contra
la víctima.

107. Posteriormente, en diligencia de versión libre rendida el 13 de agosto de 2009
ante la Fiscalía de Justicia y Paz, Francisco Antonio Galeano Montaño, alias
“Colero” o “Henry”, exintegrante del Bloque Héroes de Granada de las AUC,
reconoció su responsabilidad en los hechos y manifestó que impartió la orden de
ejecutar a una persona conocida como “Morcilla”, quien correspondía a Yohn Freyler
Armijo Perea, siguiendo instrucciones de alias “El Loco”, integrante de la misma
estructura armada ilegal; asimismo, precisó que la ejecución material fue realizada
por alias “El Flaco” y que, una vez perpetrado el homicidio, la motocicleta de la
víctima fue sustraída y trasladada al sector de Yolombal para ser utilizada por
miembros del grupo paramilitar. Por estos hechos, Francisco Antonio Galeano
Montaño fue declarado penalmente responsable mediante sentencia proferida el 21
de febrero de 2019 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

108. No existe duda, bajo el contexto probatorio previamente expuesto, de que el
asesinato de Yohn Freyler Armijo Perea fue ordenado y perpetrado por integrantes
del Bloque Héroes de Granada de las AUC, y que constituyó un homicidio cometido
de manera dolosa por una estructura armada ilegal en el contexto del conflicto
armado; lo dicho no conduce a declarar la responsabilidad patrimonial de la

100 En el “libro de población del año 2004” de la Estación de Policía de Guarne se consignó que

Edison Daniel Martínez, Juan Gonzalo Botero Restrepo presenciaron el homicidio de Yohn Freyler
Armijo Perea.
101 Juan Gonzalo Botero Restrepo rindió una entrevista que quedó recopilada en el informe No. 6766

OT-CTI-1148-9, cuyo tenor literal fue el siguiente (se transcribe de forma literal, incluidos posibles
errores):
“ENTREVISTA No. 4:
Nombres y apellidos: Juan Gonzalo Botero Restrepo
(…) Manifiesta el señor Botero que, en las horas de la tarde del día 23 de Agosto del presente año,
venia de Medellín y se bajó en el alto de la sierra, para abordar allí el microbus que lo conduce a su
residencia en el sector alto de la virgen, traía además de una tula grande, unos listones de madera,
allí se encontró con el señor Daniel Martínez, quien se ofreció para traerle los listones en la moto de
Jhon, pues estos no cabian en la micro, y efectivamente lo hizo. Cuando llegó a la iglesia do la
vereda, se devolvió para recibirle la madera a Daniel, quien se encontraba conversando con Jhon
en la esquina de su casa, y cuando iba a llegar donde ellos, casi al tiempo vio a dos personas uno
de ellos con cachucha y chaqueta larga, los cuales subían y se dirigían al sitio en donde estaba el
hoy occiso conversando con Daniel y fue cuando alcanzó a escuchar a uno de ellos que le preguntó
que como se llamaba la región y simultáneamente vio que sacó un arma y le disparó de frente uno
o dos tiros y luego volteando el arma les apunto a ellos, es decir a Daniel, a su trabajador de nombre
Julio y a él, la señora Elvia Lucia Lopez ya había pasado unos metros con destino a su residencia,
pero al voltear a mirar cuando escuchó los disparos, también le apuntó e inmediatamente todos
salieren corriendo, Daniel hacía arriba, él y el trabajador hacia abajo y la señora López (…) hacia su
residencia (…)”.

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Referencia: Reparación directa

Nación102 bien por omisión -de los deberes de protección y seguridad- o por acción
-cohonestar o participar en los hechos- por las razones que se exponen a
continuación.

109. El extremo activo de la litis sostuvo que las entidades demandadas
incumplieron su deber de protección y seguridad respecto de la víctima; resaltó,
además, que la expansión y actuación de la estructura paramilitar que perpetró el
homicidio fue posible por cuenta de la omisión en la adopción de medidas eficaces
de prevención, control y desmantelamiento de este grupo armado ilegal.

110. La jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha señalado que no todo daño
causado por terceros puede ser automáticamente atribuido a las entidades públicas,
pues ello exige verificar, en cada caso concreto, si existía un deber específico de
actuación y si las autoridades contaban con posibilidades reales de prevención o
evitación del daño103. Así, en materia de falla del servicio por omisión en el deber
de protección y seguridad, la responsabilidad estatal surge cuando la víctima pone
en conocimiento de las autoridades una situación particular de riesgo o cuando, sin
mediar solicitud expresa, existen elementos objetivos, conocidos y suficientes que
permitan inferir razonablemente que la persona se encontraba expuesta a una
amenaza concreta, grave e individualizable contra su vida o integridad personal 104.

111. En el sub lite no se acreditó que las demandadas hubiesen incumplido un deber
concreto y específico de protección respecto de Yohn Freyler Armijo Perea. En
efecto, no obra prueba que permita concluir que la víctima, o algún miembro de su
núcleo familiar, hubiese informado a las autoridades demandadas sobre amenazas
en su contra, o solicitado medidas de protección por cuenta de una situación
particular de riesgo. Por el contrario, Eidys Llarden Armijo Perea manifestó el 8 de
abril de 2011 ante la Personería Municipal de Guarne que su hermano “no tenía
problemas, no estaba amenazado [y] no tenía antecedentes” 105.

102 Conviene precisar que la relevancia atribuida a la sentencia proferida en un proceso de Justicia y

Paz para efectos del análisis de la caducidad no comportaba un juicio favorable sobre la
responsabilidad de las entidades demandadas. En efecto, el hecho de que dicha providencia hubiese
suministrado a los demandantes elementos suficientes para contextualizar los hechos dentro de un
escenario de violencia sistemática y advertir una eventual relación entre la estructura paramilitar
responsable y posibles niveles de tolerancia estatal únicamente resultaba relevante para determinar
el momento a partir del cual contaban con información que les permitiera estructurar razonablemente
una imputación de responsabilidad y, por ende, ejercer oportunamente el derecho de acción.
103 Ibidem, reiterado por la Subsección A en sentencia del 21 de marzo de 2025, exp. 62.577. C.P.

María Adriana Marín.
104 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

sentencia de unificación del 13 de mayo de 2014, C.P: Mauricio Fajardo Gómez, exp. 23.128.
105 Folio 5 del documento “EIDYS.PDF” del CD que obra a folio 414 del cuaderno principal.. A

continuación, la transcripción literal (incluidos posibles errores):
“EL 23 DE AGOSTO DE 2004 A ESO DE LAS 8 DE LA MAÑANA UN VECINO LE DIJO A FREYLER
QUE HABÍA RECIBIDO UNA LLAMADA DONDE LE PREGUNTARON QUE SI YA LO HARTAN
MATADO Y ESE MISMO DIA COMO A LAS 3 O 3 Y 30 MI HERMANO SE ENCONTRABA
REPARANDO LA MOTO CUANDO LLEGO UN MUCHACHO QUE LE DIJO QUE SI LO LLEVABA
HASTA LA CASA, MI HERMANO SALTO Y COMO A LAS CUATRO DE LA TARDE NOS
INFORMARON QUE LO HABÍAN MATADO EN EL ALTO DE LA VIRGEN AL PARECER LO
ESTABAN ESPERANDO. LA MOTO NUNCA APARECIO SE LA ROBARON, NO SE SUPO NUNCA
PORQUE FUE QUE LO MATARON. A EL LE DECIAN PEREA PORQUE EL JUGABA FUTBOL. NO
TENIA PROBLEMAS, NO ESTABA AMENAZADO, NO TENIA ANTECEDENTES (…)”.

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112. La Sala no desconoce que, para la época de los hechos, el municipio de
Guarne atravesaba una compleja situación de orden público, caracterizada por la
presencia de estructuras paramilitares y la ocurrencia de múltiples hechos de
violencia contra la población civil; tanto la declaración rendida por María Doris
Cardona Zapata como la sentencia proferida por la jurisdicción de Justicia y Paz el
21 de febrero de 2019 dan cuenta de dicho contexto. Sin embargo, la constatación
de un entorno general de violencia e inseguridad no permite inferir que las entidades
demandadas conocieran de una amenaza concreta, actual e individualizable contra
Yohn Freyler Armijo Perea, ni resulta suficiente para estructurar la responsabilidad
estatal por los hechos analizados.

113. La Subsección resalta que el accionar de grupos armados ilegales en el
contexto del conflicto armado, en determinados escenarios, ha desbordado las
posibilidades reales de prevención y control estatal. Por ello, para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocasionados por dichas
estructuras armadas, es necesario acreditar que una acción u omisión atribuible a
las entidades demandadas constituyó una causa jurídicamente relevante en la
producción del daño, sin que resulte procedente fundamentar una condena
exclusivamente en consideraciones generales de solidaridad con las víctimas del
conflicto armado106. En esta línea, la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera
ha señalado que las obligaciones a cargo del Estado son relativas, en atención,
entre otros criterios, al principio según el cual “nadie está obligado a lo imposible”107;
en desarrollo de esta tesis, esta Corporación ha precisado que el Estado no es un
asegurador general obligado a reparar todo daño que ocurra en la sociedad, sino
únicamente aquellos cuya producción resulte jurídicamente imputable a su
actuación u omisión108.

114. En cualquier caso, no sobra decir que, mediante Oficio No. S-2018-RREGIN-
SIJIN-1.9 del 5 de octubre de 2018109, la Seccional de Investigación Criminal informó
sobre las actuaciones adelantadas entre los años 2004 y 2005 para contrarrestar la
actividad de grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia. Si bien tales
acciones no excluyen la ocurrencia de hechos de violencia en la región, sí permiten
evidenciar que las autoridades desplegaron acciones dirigidas al control y
desmantelamiento de estructuras al margen de la ley.

115. Tampoco obra medio de convicción que permita establecer que las entidades
demandadas hubiesen estado en posibilidad material de prever razonablemente el
ataque del que fue víctima Yohn Freyler Armijo Perea, atendiendo a las
circunstancias específicas en las que este se produjo. En la demanda se afirmó que,

106 Consultar, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, de 30 de noviembre de 2017 (exp. 44.987) y de 25
de mayo de 2023 (exp. 62.866), así como la proferida por la Subsección A el 11 de agosto de 2025
(exp. 70.411).
107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de

septiembre 11 de 1997, exp. 11764.
108 En ese caso se demandó al Estado por las lesiones sufridas por una persona, en desarrollo del

evento denominado “Panaca Viajero”, como consecuencia del desplome de unas graderías y se
descartó la responsabilidad estatal con aplicación de la teoría de la relatividad del servicio. Ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 23 de mayo de 2023, expediente 53.189, C.P. María Adriana Marín.
109 Folio 219 del cuaderno principal.

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Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

luego del ataque, miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y
que, aunque algunos testigos les informaron la dirección de huida de los
responsables, no adelantaron ninguna gestión orientada a su persecución. Sin
embargo, para el momento en que dichos agentes arribaron al sitio, el homicidio ya
se había consumado, de manera que no puede afirmarse que hubiesen estado en
posibilidad de evitar la producción del daño cuya reparación se reclama. Por ello,
aun si se admitiera que la reacción policial no fue inmediata o que existieron
falencias en las labores posteriores de búsqueda de los responsables 110, tales
circunstancias carecerían de relevancia causal frente al daño alegado, pues este ya
se había producido.

116. La parte actora sostuvo, también, que el homicidio del señor Armijo Perea fue
posible debido a la colaboración, tolerancia o aquiescencia existente entre
miembros de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares que operaban en la zona
para la época de los hechos.

117. En el expediente figuran distintas providencias proferidas por la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal Superior de Medellín -entre ellas, las decisiones del 12 de febrero
de 2020111, 12 de abril de 2021112 y 30 de marzo de 2023113-, así como los informes
denominados “Homicidios del Bloque Metro”114 y “Colombia Nunca Más – Zona 7”115
elaborados, respectivamente, por la Fiscalía de Justicia y Paz y organizaciones de
derechos humanos. Tales elementos resultan relevantes para contextualizar el
conflicto armado, reconstruir el origen y expansión del fenómeno paramilitar en
Colombia y comprender la estructura, organización y patrones de actuación del

110 En cualquier caso, se resalta que no obra prueba que permita concluir que las autoridades
contaban con información cierta, específica y operacionalmente útil que hubiese hecho posible
interceptar a los agresores una vez consumado el crimen del señor Armijo Perea.
111 Se precisa que dicho proceso, identificado con radicado 110016000253200983705, fue

adelantado contra los postulados Javier Alonso Quintero Agudelo “Manguero”, Diego Armando
Villada Villa “El Ciego”, Luis Carlos Cardona Gallego “Bamban”, Carlos Mario Lotero Espinosa “El
Chusco”, Juan David Sierra Ocampo “Bomba”, Edison Payares Berrío “Lázaro”, Néstor Abad Giraldo
Arias “El Indio”, John Darío Giraldo “El Mono” y Carlos Alberto Osorio Londoño “Rungo”. Documento
“038SentenciaBloqueMetro.pdf” del link “63_Oficioremisori_RemisionExpediente
Hi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
112 Se precisa que dicho proceso, identificado con los radicados 110016000253201184158 y

110016000253201184535, fue adelantado contra los postulados Fortunato de Jesús Duque Gómez
“René” y Rómulo David Gutiérrez “El Diablo”. Documento “037Sentencia-bloque-.pdf” del link
“63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
113 Se precisa que dicho proceso, identificado con radicado 11001600025320108436, fue adelantado

contra el postulado Jaime Andrés Mena “Negro Mena”. Documento
“039SentenciaBloqueMetroJaimeAndresMena-.pdf” del link “63_Oficioremisori_Remision
ExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
114 Se trata de un informe elaborado con el propósito de identificar los patrones de macrocriminalidad

asociados a los crimenes atribuidos al Bloque Metro de las ACCU-AUC, en el que se reconstruye el
contexto histórico de creación y expansión de dicha estructura armada ilegal en Antioquia, así como
su organización interna, sus fuentes de financiación, sus zonas de influencia y sus principales
mecanismos de operación. Documento “045INFORMEGENERALHOMICIDIOSBM” del link
“63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
115 Informe orientado a la preservación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad

cometidos en Colombia desde la década de 1960, que analiza las causas estructurales de la
violencia y la impunidad y ofrece una interpretación histórica del conflicto armado colombiano, el
contexto nacional e internacional que favoreció su surgimiento, el desarrollo de las organizaciones
insurgentes y la incidencia de factores estructurales -como la concentración de la tierra, la
desigualdad económica y la exclusión política-. Documento “COLOMBIANUNCAMAS” del link
“63_Oficioremisori_RemisionExpedienteHi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.

31

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

Bloque Héroes de Granada como organización armada ilegal integrada a las AUC,
con capacidad de control territorial, financiación ilícita y ejecución de patrones de
macrocriminalidad y macrovictimización, entre ellos homicidios, desplazamientos
forzados y otras conductas cometidas contra la población civil.

118. Asimismo, dichos documentos reconocen que, en determinados momentos
históricos, existieron relaciones de colaboración, tolerancia o aquiescencia entre
algunos integrantes de la Fuerza Pública y organizaciones de autodefensa ilegal.
En ese sentido, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín indicó en
sus decisiones, por ejemplo, que ciertos sectores de organismos militares y de
policía “se prestaron a malsanos comportamientos”, permitiendo o facilitando
actuaciones dirigidas contra personas señaladas de pertenecer a grupos
subversivos. Igualmente, explicó que algunas políticas estatales asociadas a la
seguridad y defensa rural facilitaron escenarios que favorecieron la expansión de
estructuras paramilitares y recordó que, en episodios específicos del conflicto
armado -como la masacre de Mapiripán-, se acreditó apoyo de sectores de las
Fuerzas Armadas a dichas organizaciones criminales.

119. Sin embargo, la relevancia contextual de tales elementos de convicción no
equivale a la acreditación de responsabilidad estatal en el caso concreto. En efecto,
aun cuando se encuentre suficientemente documentada la existencia de una
connivencia o tolerancia estatal frente al paramilitarismo en otros escenarios
judiciales e históricos, ello no permite inferir automáticamente que todos los hechos
cometidos por dichas organizaciones armadas ilegales resulten imputables al
Estado.

120. El juicio de responsabilidad exige acreditar, en cada caso particular, elementos
que permitan establecer un nexo causal entre el daño cuya reparación se pretende
y la conducta atribuida a las entidades demandadas. Ninguna de las providencias
allegadas contiene referencias específicas al homicidio de Yohn Freyler Armijo
Perea, o a circunstancias concretas que permitan acreditar actos de colaboración,
tolerancia, aquiescencia o participación de agentes estatales en la planeación,
ejecución o encubrimiento de este hecho. Por consiguiente, la acreditación de
episodios de connivencia ocurridos respecto de otras víctimas, en contextos
distintos y frente a hechos victimizantes diferentes, no permite inferir que el
homicidio aquí analizado hubiese contado con apoyo o participación estatal.

121. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que no obra evidencia de
investigaciones penales, disciplinarias o de otra naturaleza que hubiesen vinculado
a integrantes de la Fuerza Pública con los hechos objeto del proceso. Por el
contrario, mediante Oficio No. 20240440004201 del 2 de febrero de 2024, el Fiscal
71 Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín informó al
Tribunal Administrativo de Antioquia que, de acuerdo con lo investigado dentro del
proceso de Justicia y Paz, “no se vislumbra autoría o participación en el homicidio
de Yohn Freyler Armijo de integrantes de las fuerzas militares”.

122. La Sala no desconoce que, en casos de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, el juez administrativo

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

puede acudir a criterios flexibles de valoración probatoria, privilegiando indicios,
inferencias lógicas y elementos de contexto orientados a reconstruir la verdad de
los hechos. Sin embargo, aún bajo ese estándar de valoración, los medios de
convicción allegados al proceso únicamente permiten establecer es que el crimen
fue ordenado y ejecutado por integrantes de una organización armada ilegal, pero
de manera alguna permiten inferir razonablemente la existencia de colaboración,
tolerancia, aquiescencia o participación estatal en el homicidio de Yohn Freyler
Armijo Perea.

123. En conclusión, no se acreditó que las entidades demandadas hubiesen
incumplido un deber de protección respecto de Yohn Freyler Armijo Perea, ni
tampoco que hubiesen colaborado, tolerado o auspiciado la actuación de los
responsables del homicidio.

Respecto del desplazamiento de los demandantes

124. En la demanda se indicó que los actores se vieron obligados a abandonar su
vivienda, su actividad económica y sus bienes como consecuencia de amenazas y
hechos de violencia asociados al homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea, sin que
para la fecha de presentación de la demanda hubiesen logrado restablecer sus
condiciones de vida.

125. En relación con Armando Armijo Pino116, obra en el expediente la Resolución
No. 2016-144326 del 4 de agosto de 2016, mediante la cual la UARIV resolvió no
incluirlo en el Registro Único de Víctimas por los hechos victimizantes de
desplazamiento forzado y amenaza. Dicha decisión fue confirmada mediante
Resolución No. 201723590 del 2 de junio de 2017. De estas actuaciones
únicamente se desprende que este demandante manifestó haberse desplazado de
Puerto Berrío (Antioquia) en el año 2005, sin que obre información que permita
establecer las circunstancias concretas en las que ocurrió dicho hecho ni su
eventual relación con el homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea, que ocurrió en otro
municipio.

126. De igual manera, mediante oficio del 14 de septiembre de 2018 117, la UARIV
informó que Yofaidis Estella Armijo Perea figuraba inscrita en el Registro Único de
Víctimas por desplazamiento forzado, registrándose como fecha de ocurrencia de
ese hecho el 12 de abril de 2013; asimismo, respecto de Eidys Llarden Armijo Perea
y Jonathan David Armijo Perea se consignó como fecha el 24 de junio de 2014 y,
en todos los registros, se identificó como presunto responsable a “otros-Bacrim”.

127. Lo expuesto en los párrafos anteriores impide concluir que los desplazamientos
mencionados guarden una relación demostrada con el homicidio de Yohn Freyler
Armijo Perea, ocurrido el 23 de agosto de 2004, pues los registrados por la UARIV
ocurrieron varios años después de ese crimen, fueron atribuidos a actores armados

116 Carpeta “ARMANDOARMIJOPINO” del link “63_Oficioremisori_RemisionExpediente
Hi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
117 Folios 261 a 280 del cuaderno principal.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

distintos y no obra prueba que permita establecer las circunstancias específicas que
motivaron el abandono de los respectivos lugares de residencia.

128. Por consiguiente, no se encuentra acreditado que el desplazamiento alegado
por Armando Armijo Pino, Yofaidis Estella Armijo Perea, Eidys Llarden Armijo Perea
y Jonathan David Armijo Perea se derive de los mismos hechos que sirven de
fundamento a las pretensiones formuladas en este proceso. El testimonio rendido
por María Doris Cardona Zapata no permite arribar a una conclusión distinta. Si bien
la declarante manifestó conocer que los demandantes trabajaban en un
establecimiento denominado “Arepas de la Negra” y que este cerró meses después
de los hechos, su relato aporta información concreta acerca de las circunstancias
específicas en que se produjo el desplazamiento de estos actores.

129. Distinta es la situación de Audreis Maryinis Cossio Perea y Kerith Yasaira
Copete Cossio. Respecto de ellas, obra declaración rendida bajo juramento ante la
Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín el
14 de noviembre de 2008118 en la cual la señora Cossio Perea manifestó que, tras
el homicidio de su hermano Yohn Freyler Armijo Perea y las posteriores amenazas
dirigidas contra su núcleo familiar, se vio obligada a desplazarse desde la vereda
Alto de la Virgen, ubicada en el municipio de Guarne (Antioquia), hacia La Dorada
(Caldas) junto con su hija Kerith Yasaira Copete Cossio. Indicó, además, que
posteriormente intentó regresar a Guarne, pero que nuevas amenazas le impidieron
permanecer en dicho municipio, por lo que debió desplazarse nuevamente y
establecerse finalmente en Medellín. Este elemento probatorio, valorado
conjuntamente con la inclusión de ambas demandantes en el Registro Único de
Víctimas, permiten tener por acreditada no solo su condición de víctimas de
desplazamiento forzado, sino que dicho hecho tuvo origen en las amenazas
recibidas con posterioridad al homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea.

130. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la responsabilidad
estatal por daños ocasionados por terceros requiere acreditar, entre otros
supuestos: i) que la víctima hubiese solicitado medidas de protección y estas no
hubiesen sido otorgadas, hubiesen resultado insuficientes o se hubiesen adoptado
tardíamente; ii) que las autoridades conocieran una situación concreta de amenaza
y, pese a ello, omitieran desplegar las acciones razonablemente exigibles para
prevenir el daño; o iii) que existieran circunstancias particulares de orden público
que hicieran previsible el hecho y permitieran exigir una actuación preventiva
específica por parte de las autoridades119.

131. Ninguna de las hipótesis planteadas se encuentra acreditada en el presente
asunto.

132. En primer lugar, no obra prueba de solicitudes de protección, denuncias,
alertas tempranas o comunicaciones dirigidas a las autoridades mediante las cuales

118 Ver carpeta denominada “027AUDERISMARYNISCOSSIOPEREA” del link
“63_Oficioremisori_RemisionExpediente Hi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.
119 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B,

Sentencia de 17 de marzo de 2021, exp. 47.551.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

Audreis Maryinis Cossio Perea y/o Kerith Yasaira Copete Cossio hubiesen puesto
en conocimiento la existencia de amenazas o situaciones de riesgo que exigieran la
adopción de medidas de protección.

133. En segundo lugar, tampoco se acreditó que las entidades demandadas
hubiesen tenido conocimiento previo de amenazas dirigidas contra las actoras
mencionadas. Por el contrario, de la declaración rendida por Audreis Maryinis
Cossio Perea120 ante la Personería de Medellín el 14 de noviembre de 2008 se
desprende que las amenazas que motivaron su salida de Guarne fueron
comunicadas directamente por un integrante de un grupo paramilitar y que, ante
dicha situación, ella junto con su familia decidió abandonar el municipio al día
siguiente, sin mencionar que le informó a las autoridades sobre dichas
intimidaciones.

134. Así las cosas, se trató de un hecho súbito frente al cual no existe evidencia de
que las autoridades demandadas hubiesen contado con información previa que les
permitiera adoptar medidas específicas de prevención.

135. Finalmente, aunque está acreditado que para la época de los hechos el
municipio de Guarne se encontraba afectado por la presencia y actuación de grupos
armados ilegales, particularmente de las AUC, dicha circunstancia no resulta
suficiente para comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado. Como se
explicó en precedencia, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el
contexto de violencia constituye un elemento relevante para valorar la previsibilidad
de determinados hechos, pero no sustituye la necesidad de acreditar los
presupuestos concretos de imputación. En tal sentido, el accionar de grupos
armados ilegales en el marco del conflicto armado ha constituido una situación que,
en múltiples ocasiones, ha desbordado las capacidades reales de control y
prevención estatal, razón por la cual la declaratoria de responsabilidad exige
demostrar que una acción u omisión atribuible a las entidades demandadas
constituyó una causa jurídicamente relevante del daño.

136. En este punto de la providencia, resultan plenamente aplicables las
consideraciones expuestas al analizar la imputación derivada del homicidio de Yohn
Freyler Armijo Perea, pues no existen elementos de convicción que permitan
establecer que las amenazas que originaron el desplazamiento de las demandantes
hubiesen contado con la participación, colaboración, tolerancia o aquiescencia de
agentes estatales así como tampoco existe otra prueba que permita atribuir tales
hechos a actuaciones coordinadas o toleradas por agentes estatales. Esta
conclusión se ve reforzada por el hecho de que Francisco Antonio Galeano
Montaño, en la versión libre que rindió en el proceso de Justicia y Paz, no hizo
referencia a amenazas dirigidas contra el núcleo familiar de la víctima directa ni a
desplazamientos posteriores derivados de dicho homicidio.

137. En consecuencia, respecto de Audreis Maryinis Cossio Perea y Kerith Yasaira
Copete Cossio no se acreditó la existencia de solicitudes de protección

120 Carpeta “027AUDERISMARYNISCOSSIOPEREA” del link
“63_Oficioremisori_RemisionExpediente Hi_0_20260204162403722 (1)” de Samai.

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

desatendidas, el conocimiento previo de amenazas específicas, la previsibilidad
concreta del daño ni la participación, colaboración o tolerancia estatal frente a los
hechos que motivaron el abandono de sus lugares de residencia.

138. El déficit probatorio hasta aquí desarrollado impide establecer el nexo de
imputación entre el daño alegado y la conducta atribuida a las entidades
demandadas -ante la falta de acreditación de amenazas y de un contexto en el que
las entidades pudieran anticipar que el daño se iba a producir-, pese a que, se
reitera, dicha carga le correspondía a la parte actora, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual
“[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen”.

139. En todo caso, cabe precisar que la Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones”, tiene como finalidad establecer un
conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas orientadas
a garantizar la atención, asistencia y reparación integral de las personas que hayan
sufrido daños con ocasión del conflicto armado interno, respecto de hechos
ocurridos a partir del 1° de enero de 1985. En desarrollo de este propósito, el
legislador previó diversas medidas de protección, asistencia y reparación, entre las
que se destacan la ayuda humanitaria, los programas de generación de ingresos,
los subsidios de vivienda, las medidas de restitución, adquisición o adjudicación de
tierras, así como otras prestaciones destinadas a contribuir al restablecimiento de
las condiciones de vida de las víctimas y a mitigar los efectos de los hechos
victimizantes. Así, la Sala no puede desconocer que dicho marco normativo fue
concebido, precisamente, para atender e indemnizar vulneraciones de derechos
humanos ocurridas con posterioridad a 1985, que corresponde a las circunstancias
como las que se evidencian en el presente caso.

140. En definitiva, la Sala revocará la sentencia apelada, mediante la cual se declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y, en
su lugar, negará las pretensiones de la demanda, toda vez que el material probatorio
obrante en el expediente no permite establecer los presupuestos necesarios para
declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por el
homicidio de Yohn Freyler Armijo Perea ni por el desplazamiento forzado alegado
por los actores.

Condena en costas

141. En el sub lite la normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011,
que en su artículo 188 establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, siendo
las disposiciones del Código General del Proceso las vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -18 de julio de 2018-.

142. No obstante, en la sentencia SU-241 de 2024, la Corte Constitucional examinó
una condena en costas impuesta en contra de víctimas del conflicto armado; acto

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-01784-01 (74.075)
Demandante: Armando Armijo Pino y otros
Demandado: Nación - Ministerio del Interior y otros
Referencia: Reparación directa

seguido, interpretó las normas aplicables en la materia para razonar que se había
ventilado una cuestión de interés público y que, por ello, no procedía dicha condena.

143. De manera que, aun habiendo desestimado la alzada, entiende la Sala que, en
este asunto, el criterio indicado cobija a los demandantes -quienes ostentan la
calidad de sujetos de protección constitucional reforzada-, por lo que no procede
condena en costas en esta instancia121.

144. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por la
Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia y, en su lugar, NEGAR las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal
de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

121
Criterio adoptado por esta Sala de decisión, entre otras, en las siguientes sentencias (i) 21 de
marzo de 2025, exp. 62.577; C.P. María Adriana Marín; (ii) 5 de mayo de 2025, exp. 65.967 C.P.
María Adriana Marín y (iii) 11 de agosto de 2025, exp. 70.411. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

37

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