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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-01892-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-01892-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 17 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2018-01892-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01892-01 (29536)
Demandante: ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Tema: Omisión en afiliación y pago. Periodos de enero a diciembre de
2014. Notificación. Obligación de realizar aportes

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante1 contra la
sentencia del 17 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Decisión2, que negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas.

ANTECEDENTES

Previo requerimiento para declarar y/o corregir y respuesta a este, la Subdirección de
Determinación de Obligaciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP expidió la
Liquidación Oficial RDO-2017-00673 del 29 de abril de 2017, por omisión en los
aportes de enero a diciembre de 2014, fijó los aportes en $56.364.000 e impuso sanción
por omisión de $112.728.000. Contra el acto de determinación se interpuso recurso de
reconsideración, decidido por la Dirección de Parafiscales de la mencionada entidad
en la Resolución RDC 175 del 7 de mayo de 2018, que disminuyó los aportes a
$56.162.200 y la sanción por omisión a $112.324.400.

DEMANDA

Roberto Antonio Salazar Suárez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones 3:

PRIMERO: Que se DECLARE LA NULIDAD Y EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
de los siguientes actos administrativos:

1°) Resolución RDO-2017-0673 del veintinueve (29) de abril de dos mil diecisiete (2017),
proferida por la Unidad de Pensiones y Parafiscales, donde la entidad hace la liquidación
oficial de aportes para el año dos mil catorce (2014) y liquida la multa por la omisión en la
afiliación o vinculación del señor ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ. El acto
administrativo fue notificado por aviso del día trece (13) de junio de dos mil diecisiete

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01892-01 (29536)
Demandante: ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ

(2017) publicado en el portal WEB y en la cartelera UGPP desde el día 6 de junio de 2017
hasta el 12 de junio de 2017.

2°) Resolución RDC 175 del siete (07) de mayo de dos mil dieciocho (2018), por la cual la
Unidad de Pensiones y Parafiscales resuelve el [recurso de] reconsideración interpuesto
en contra la resolución Nro. RDO-2017-00673 del 29 de abril de 2017, de la cual se recibió
fotocopia informal el 20 de junio de 2018, porque según la entidad fue enviada a correo
electrónico del apoderado.

Se solicita la declaratoria de nulidad dado que para la expedición de los actos
administrativos reseñados se incurrió en las siguientes causales de nulidad:

a) Por haberse proferido con infracción de las normas en que debía emitirse.
b) Por haberse emitido y publicado de forma irregular, por desconocimiento del derecho
de defensa que debía tener la entidad demandante.
c) Por haber actuado la entidad demandada con evidente desviación de las atribuciones
que le fueron asignadas.

SEGUNDO: Que como consecuencia de las anteriores nulidades se restablezca el
derecho al señor ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ identificado con la C.C… se
procede realizar en debida forma el proceso de requerimiento regulado en el artículo 180
de la Ley 1607 de 2012 para el cobro de los aportes para el sistema de seguridad social
en pensiones y salud del año 2014 con todo el procedimiento administrativo de
conformidad con los postulados constitucionales y legales.

TERCERO: Conceda al señor ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ, los beneficios
tributarios legales para la normalización de sus aportes de conformidad con el artículo 316
de la Ley 1819 de 2016 que establece la posibilidad de terminar de manera anticipada y
por mutuo acuerdo los procesos de determinación y sancionatorios que se encuentren en
curso, pudiendo ser exonerado hasta del 80% de los intereses (excepto los del subsistema
de pensiones), y el 80% de las sanciones por omisión e inexactitud. Si se trata de un
proceso sancionatorio por no envío de información, la exoneración puede ser hasta del
90% del valor de la sanción.

CUARTO: Costas procesales a cargo de la entidad demandada.

Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 1, 2, 4, 13, 29, 48, 58 y 209 de la
Constitución Política; 114, 565, 566 y 567 del Estatuto Tributario; 314 de la Ley 1819
de 2016; 3 y 137 de la Ley 1437 de 2011; 179 y 180 de la Ley 1607 de 2012 y, 135 de
la Ley 1753 de 2015. El concepto de la violación se resume, así:

La Administración vulneró la normativa y los principios aplicables -debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia y
publicidad-, porque notificó de forma indebida los actos acusados al demandante, sin
agotar los medios de contacto de que disponía para garantizar su conocimiento, lo cual
impidió el ejercicio de los derechos de defensa y de contradicción4.

Como la comunicación en la que se invitó al aportante a normalizar su afiliación al
sistema de seguridad social no indicó los efectos retroactivos de esta, las obligaciones
pendientes de pago en el año 2014, ni los beneficios previstos en la Ley 1819 de 2016,
se vulneró el derecho a la igualdad frente a quienes tuvieron la oportunidad de
acogerse a tales prerrogativas fiscales.

4
En los hechos de la demanda, el actor indicó que no recibió la notificación de los actos acusados, que conoció el proceso de
determinación a través de una comunicación enviada por una firma de abogados, y que en el RUT registró su dirección física
junto con sus datos de contacto electrónico y telefónico, por lo que la demandada tenía medios suficientes para localizarlo.

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Demandante: ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ

La UGPP incurrió en una vía de hecho por aplicación errada del artículo 135 de la Ley
1753 de 2015, lo que generó un detrimento en el patrimonio del trabajador. Además,
en el periodo 2014 no existía una norma que obligara a los independientes a cotizar
sobre un determinado porcentaje de los ingresos netos, por lo que la demandada
excedió sus facultades liquidando un cobro sobre una base de 25 SMMLV.

La demandada debió calcular el IBC con base en la declaración de renta del periodo
2014, tomando la renta líquida obtenida al depurar los costos de venta, la prestación
de servicios y los gastos operacionales reportados.

OPOSICIÓN

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, por lo siguiente 5:

Se configuró la caducidad del medio de control, porque la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración se notificó por correo electrónico el 15 de mayo de 2018,
y la demanda se presentó el 9 de octubre de 2017 (sic), por fuera del término de cuatro
meses legalmente establecido.

El requerimiento para declarar y/o corregir se envió a la dirección física registrada en
el RUT -DG 52 C 42 15 de Rionegro, Antioquia-; ante su devolución se practicó la
notificación por aviso, que se publicó en la cartelera virtual de la UGPP entre el 16 y el
20 de enero de 2017. Lo mismo ocurrió con la liquidación oficial que, al ser devuelta
fue fijada en cartelera del 6 al 12 de junio de 2017. Y, la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración se notificó por correo electrónico el 15 de mayo de 2018.
Así pues, las notificaciones cumplieron lo previsto en los artículos 565 y 568 del ET -
aplicables por remisión del artículo 156 de la Ley 1151 de 2007-.

La finalidad de los actos persuasivos era preventiva, para que el actor realizara los
aportes del año 2014, sin que por ello naciera una obligación de poner en su
conocimiento los beneficios tributarios contenidos en la Ley 1819 de 2016.

El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 entró en vigor con posterioridad al período
fiscalizado y no era aplicable a este. Para el año 2014, la obligación de afiliación al
sistema de seguridad social para trabajadores independientes estaba regulada en los
artículos 15, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993; 4 y 5 de la Ley 797 de 2003; 33 de la
Ley 1438 de 2011; 3 del Decreto 510 de 2003 y, 66 del Decreto 806 de 1998.

Para determinar la base de cotización no se tuvieron en cuenta los costos y gastos
reportados, porque el obligado no los probó de forma suficiente; los libros contables
aportados por sí solos no acreditan las erogaciones en que incurrió para el desarrollo
de su actividad económica, ni su relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad.

TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA

Por auto del 14 de abril de 20236, el a quo saneó el proceso, tuvo como pruebas las
aportadas con la demanda y su contestación, fijó el litigio en establecer la legalidad de

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Demandante: ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ

los actos acusados, y corrió traslado a las partes para alegar y a Ministerio Público
para emitir concepto7.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas, por las
consideraciones que se resumen a continuación8:

Con fundamento en el artículo 565 del ET, la UGPP envió el requerimiento de
información mediante correo certificado a la «DG 52 C 42 - 15»; no obstante, al ser
devuelto por error en la dirección, se acudió a la notificación por aviso prevista en el
artículo 568 ib., que se entiende surtida al día siguiente de la fecha de introducción al
correo. Lo mismo ocurrió con el requerimiento para declarar -notificado por aviso el 23
de enero de 2017- y con la liquidación oficial -notificada por aviso el 13 de junio de 2017-.

Al respecto, se advierte que la Administración intentó practicar la notificación de los
actos referidos a la dirección registrada en el RUT del aportante, que fue previamente
verificada con la DIAN, como consta en la Resolución RDC 175 del 7 de mayo de 2018.
Que además se utilizó una red oficial de correos, para finalmente acudir a la
notificación por aviso prevista en el artículo 568 del ET. En consecuencia, la actuación
debatida se ajustó a derecho y al procedimiento previsto en la norma aplicable.

Los documentos aportados por el demandante -factura de servicios públicos, resoluciones
de la DIAN, certificado de nomenclatura municipal y constancia de Servientrega- muestran
que la dirección en estos contenida incluye un dato adicional no reportado en el RUT,
como lo es «INT 403». Estas dificultades en la notificación también las enfrentó la DIAN;
cuyos actos también fueron devueltos, con lo cual se procedió con la notificación por
aviso, pues el certificado de nomenclatura refiere un número distinto «42-17», lo que
confirma que la dirección registrada en el RUT era incompleta o errónea.

En todo caso, como el actor ejerció su derecho de contradicción frente a la liquidación
oficial al interponer el recurso de reconsideración, sabía los fundamentos fácticos y
jurídicos que sustentaron su obligación. Asimismo, en la comunicación persuasiva del
24 de agosto de 2016, cuyo conocimiento reconoció el demandante, se le advirtió
sobre el deber de afiliación en el año 2014, cuando su ingreso promedio mensual
superó los 15 SMMLV, aspecto que evidenció su capacidad de pago.

Para el periodo fiscalizado existía un ingreso base de cotización que fue definido en
los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, según los cuales los aportes no podían
ser inferiores a 1 SMMLV ni superior a 25.

Conforme con los artículos 746 del ET y 250 del CGP, la presunción de veracidad
recae en todos los datos consignados en la declaración tributaria. En este caso, como
«los ingresos que declaró el contribuyente superaban los topes de aportes al Sistema General
de Seguridad Social, pues ascendían a $2.413.758.000, la UGPP liquidó el IBC con base en
25 SMLMV, es decir, una base mensual de $15.400.000, por lo que, ninguna modificación
obtiene el obligado del reconocimiento de los costos y gastos consignados en la misma

7
En los alegatos de conclusión el demandante afirmó que «Todo lo referente al proceso de conciliación judicial y soportes de
pago, fueron presentados con memorial al Tribunal administrativo el 11 de febrero de 2020, a fin de que se adicionaran al proceso
judicial».
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declaración de Renta y Complementarios por $483.509.000»9.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, por las siguientes razones10:

Si bien la UGPP asumió la buena fe de la empresa de mensajería y practicó la
notificación por aviso, cuando esta indicó que la devolución de los envíos se debió a
una dirección errada, el demandante solo conoció del proceso cuando fue contactado
por una firma de abogados que le ofreció sus servicios legales.

Teniendo en cuenta que la dirección registrada en el RUT coincide con la reportada
ante otras autoridades administrativas, en la que efectivamente se recibieron
notificaciones, y que no se utilizó el correo electrónico informado como canal
alternativo, la UGPP incurrió en una indebida notificación de los actos acusados.

En el expediente obra la certificación de nomenclatura 0351 del 18 de agosto de 2018,
expedida por el municipio de Rionegro, donde consta que para el año 2016, la dirección
vigente era la Diagonal 52 C No. 42–15, que coincide con la utilizada por la UGPP.

Por lo anterior, decisión de la demandada de practicar la notificación por aviso sin
verificar la validez del domicilio y la omisión de agotar los medios efectivos y
actualizados para comunicarse con el demandante violó el debido proceso. Sobre este
aspecto, el Tribunal pasó por alto que la UGPP no allegó los certificados de devolución
de los envíos, e ignoró la solicitud de conciliación presentada por el pago de las
obligaciones en los alegatos de conclusión.

De igual forma, la falta de notificación de los actos demandados generó una pérdida
de oportunidad para que el demandante se acogiera a beneficios tributarios, entonces
vigentes, pues no pudo aportar la documentación necesaria para calcular el IBC
mensual en los términos del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015.

No hay lugar a que la entidad demandada tenga en cuenta los ingresos, sin los egresos
y gastos en los que incurrió el demandante. Además, exigir el pago de aportes al
sistema de salud y pensión a un ciudadano que no hizo uso de dichos servicios
contraría los principios constitucionales que rigen el sistema de seguridad social,
particularmente los de equidad, proporcionalidad y finalidad 11.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso se admitió por auto de 20 de enero de 202512, sin pronunciamiento frente a
este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió
traslado para alegar -nums. 4 y 5, art 247 del CPACA-. El Ministerio Público no conceptuó.

9
Si bien el Tribunal no se pronunció sobre la excepción de caducidad, se advierte que la demanda es oportuna, pues el acto que
resolvió el recurso de reconsideración se notificó el 15 de mayo de 2018, y la demanda se presentó el 14 de septiembre de ese
año.
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11
En el recurso de apelación el demandante afirmó que presentó ante la UGPP una solicitud de conciliación por el pago de los
aportes correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, los cuales fueron liquidados
sobre el 40 % de la renta líquida. Indicó que dicha solicitud fue rechazada por la UGPP el 30 de octubre de 2019, al considerar
que el pago debía cubrir la totalidad de las obligaciones determinadas en la Resolución RDC 175 de 2018. Esta decisión fue
confirmada el 3 de febrero de 2020 mediante la Resolución PAR 163.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos proferidos por la UGPP, que
determinaron ajustes por omisión en la afiliación y el pago de aportes al Sistema de
Protección Social de los periodos de enero a diciembre de 2014, e impusieron sanción
por omisión a Roberto Antonio Salazar Suárez.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el demandante y apelante
único, corresponde establecer si: i) los actos de determinación se notificaron en debida
forma; ii) procede el reconocimiento de los costos reportados en la declaración de renta
del periodo y iii) el actor estaba debía afiliarse y pagar aportes en el año 2014.

Notificación de los actos

Los artículos 563 y 565 del ET, aplicables por remisión del artículo 156 de la Ley 1151
de 2007, prevén que las actuaciones de las autoridades tributarias deben notificarse
de forma electrónica, personal o por correo. A su vez, el artículo 568 del ET establece
que en los casos en los que el envío de los actos administrativos sea devuelto por
cualquier motivo, -salvo que se hubiere enviado a una dirección diferente a la informada en
el RUT-, se notificarán mediante la publicación de un aviso en un lugar de acceso
público en las oficinas físicas y en el portal de internet de la autoridad.

En el caso concreto, están acreditados los siguientes hechos:

• El 26 de septiembre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones
de la Dirección de Parafiscales de la UGPP emitió el Requerimiento de
Información RQI-M-1674, el cual fue enviado el 30 de septiembre de 2016 a la
dirección «DG 52 C 42 15» del municipio de Rionegro, a través de la empresa de
mensajería 472, la cual devolvió el envío alegando la causal de «dirección
errada» y la anotación «falta apto». En consecuencia, la Administración procedió
con la publicación del aviso desde el 18 hasta el 24 de octubre de 2016.

• El 2 de diciembre de 2016, la citada subdirección profirió el Requerimiento para
Declarar y/o Corregir RCD-2016-02283, enviado el 28 de diciembre de 2016 a
la misma dirección, por la mencionada empresa de mensajería. Este envío
también fue devuelto por la causal de «dirección errada», por lo que la UGPP
procedió con la publicación del aviso desde el 16 hasta el 20 de enero de 2017.

• El 29 de abril de 2017, la demandada expidió la Liquidación Oficial RDO-2017-
00673, enviada el 10 de mayo de 2017 a la citada dirección por el mismo medio,
obteniendo devolución por la mencionada causal, con lo cual se notificó con la
publicación del aviso desde 6 hasta el 12 de junio de 2017.

• Previo recurso de reconsideración contra el acto de determinación, en el cual
se informó como dirección para notificaciones la «calle 51 nro. 49-11 Edificio
Fabricato Oficina 713 de Medellín» y los correos electrónicos
«alfonsolopezquintero@yahoo.es» y «magolarestrepo@hotmail.com» la Dirección
de Parafiscales de la UGPP profirió la Resolución RDC 172 del 7 de mayo de
2018, notificada mediante correo electrónico enviado a los correos informados
en el recurso de reconsideración el 15 de mayo de 2018.

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También obran las siguientes pruebas: i) recibo del servicio de telefonía Tigo a cargo
del actor, el cual indica como dirección de cobro «DIAG 52 C CL 45 – 15 (INTERIOR
403)»; ii) resolución de facturación de la DIAN a nombre del demandante, donde figura
como dirección «DG 52 C 42 15», documento con sello de correo devolución de la
empresa de correos del 20 de abril de 015 y publicación del aviso; iii) certificado de
nomenclatura 0351 expedido por el municipio de Rionegro, en el que consta que la
dirección del predio identificado con matrícula inmobiliaria 020-57492 corresponde a
«DIAGONAL 52 C No. 42 – 15», y que a partir del 1.° de agosto de 2018 fue actualizada
a «DIAGONAL 52 C No. 42 – 17»; y iv) constancia de entrega de comunicación judicial
del 5 de septiembre de 2018, dirigida al demandante en la dirección «DIAGONAL 52 C
No. 42 – 15, Rionegro - Antioquia».

Contrario a lo afirmado por el actor, la UGPP cumplió el procedimiento previsto en los
artículos 565 y 568 del ET para notificar sus actos, como se advierte los certificados
de devolución del correo y en las constancias de notificación que obran en el
expediente, conforme con los cuales la notificación de los actos administrativos se
envió a la dirección reportada por el aportante en el RUT, conforme se indica en los
actos que ordenan la notificación a la «última dirección registrada en el RUT: DG 52 C 45
15, Rionegro – Antioquia».

Llama la atención de la Sala que la DIAN enfrentó la misma dificultad al intentar
notificar la Resolución 110000623724 del 7 de abril de 2014, que fue devuelta y, en
consecuencia, notificada por aviso, porque la dirección de notificación reportada por el
contribuyente era incompleta, en tanto no incluía el número de apartamento, aspecto
sobre el cual la Sección explicó que «es un deber del contribuyente o declarante registrar la
información de ubicación en esa base de datos y mantenerla actualizada, sin perjuicio de los casos en
que reporte una dirección para efectos procesales, o deba notificar los actos a la dirección del apoderado
que aparece en el RUT, cuando se actúa a través de este 13». En este sentido, la obligación de
suministrar una dirección completa y actualizada recaía sobre el demandante.

En este caso no se discute que la dirección que obra en las guías de correspondencia
es la misma registrada en el RUT por el demandante, motivo por el cual, una vez
devuelta la comunicación por causal distinta a dirección errada, la Administración
debía aplicar el artículo 568 del ET y notificar por aviso el acto preparatorio 14.

Se destaca que, si bien la resolución que resolvió el recurso de reconsideración se
notificó por correo electrónico, fue porque este fue suministrado expresamente por el
demandante en el recurso. No prospera el cargo de apelación.

Obligación de afiliación y pago de los trabajadores independientes periodo 2014

La obligatoriedad en la afiliación al sistema de seguridad social, tratándose del
subsistema de salud, se sustenta en el literal b) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993,
según el cual, «[t]odos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio que se
financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales»

13
Sentencias del 9 de mayo de 2024, Exp. 27864. C.P. Milton Chaves García y del 13 de febrero de 2025 Exp. 28659 CP Myriam
Stella Gutiérrez Arguello
14
Sentencia del 12 de junio de 2025 Exp. 27268 del 12 de junio de 2025

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Demandante: ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ

En ese orden, el artículo 157 ibidem dispone que «todo colombiano participará en el servicio
esencial de salud que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud», como afiliados al
régimen contributivo o subsidiado, entendidos como «las personas vinculadas a través de
contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores
independientes con capacidad de pago […]».

De otra parte, respecto de la obligatoriedad en la afiliación al subsistema de pensión,
los literales a)15 y d) del artículo 13 de la Ley 100 de 199316 prevén que «la afiliación es
obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes», y que «la afiliación implica la
obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley».

La normativa invocada no condiciona la obligación de afiliación y pago al sistema de
seguridad social, al uso efectivo de sus servicios; por el contrario, tal deber es de
carácter general y recae sobre todos los habitantes del territorio colombiano,
independientemente de si hacen uso o no de los servicios prestados por el sistema, y
sus aportes se fijan según su capacidad contributiva para el periodo, la cual se puede
medir con la declaración del impuesto sobre la renta del periodo.

Por ello, no procede el argumento del demandante según el cual no está obligado a
cumplir con las obligaciones en mención, por no haber utilizado el sistema. No
prospera el cargo.

Costos y deducciones de la declaración de renta

La Sección precisó17 que, para determinar el IBC, se deben valorar las pruebas que
acrediten la causación de los ingresos, de los costos y de los gastos.

Partiendo de la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias previsto en el
artículo 746 del Estatuto Tributario, cuando la Administración acude a la declaración
del impuesto sobre renta para determinar el IBC, su aplicación «no puede ser
parcializada, es decir, únicamente valorar los ingresos, sino que también deben tenerse en
cuenta los costos y gastos en que incurrió el contribuyente para desarrollar la actividad
productora de renta», porque la referida presunción cobija la totalidad del denuncio
privado. En consecuencia, si la Administración acude a la declaración de renta para
tomar los ingresos, debe considerar los costos y deducciones allí consignados.

En el caso bajo estudio, se observa que la UGPP tomó los ingresos reportados en la
declaración de renta del periodo 2014 del demandante, que ascienden a
$2.076.480.000. No obstante, este último declaró deducciones por $456.117.000, lo que
arrojó una renta líquida gravable de $202.547.000, cifra que, al ser mensualizada para
efectos de determinar el IBC, arroja un valor de $16.878.917, que supera el tope de 25
SMMLV.

En consecuencia, el IBC fijado por la UGPP en $15.400.000, correspondiente al tope
de los 25 SMMLV aplicable para el periodo 201418, se ajusta a derecho19.

15
Literal declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-259 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo
16
Modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003
17
Sentencias 30 de enero de 2025. Exp 27024. CP Wilson Ramos; del 20 de febrero de 2025 Exp 28953 CP Myriam Stella
Gutiérrez
18
El salario mínimo mensual legal vigente del año 2014 era de $616.000
19
La conciliación a que alude el demandante en su recurso de apelación no hace parte del objeto de este proceso. No obstante,
este puede solicitar a la entidad el reconocimiento de las sumas efectivamente pagadas, a título de abono a la deuda.

8
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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01892-01 (29536)
Demandante: ROBERTO ANTONIO SALAZAR SUÁREZ

Finalmente, respecto de la pretensión tercera de la demanda, en la cual el actor solicita
que le sean concedidos «los beneficios tributarios legales para la normalización de sus aportes de
conformidad con el artículo 316 de la Ley 1819 de 2016», se advierte que esta debió elevarse
ante la Administración, y no en el trámite del proceso judicial que se decide.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del CGP20, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del
CPACA21, y teniendo en cuenta el criterio de la Sala, no se condenará en costas -
gastos del proceso y agencias en derecho-, toda vez que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia del 17 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase. La
anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

20
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación».
21
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

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