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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-01921-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2018-01921-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad el 24 de enero de 2023. 2. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2018-01921-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

24 de agosto de 2023

Radicado: 05001-23-33-000-2018-01921-01 (27503)
Demandante: Aerorepública S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2018-01921-01 (27503)
Demandante AEROREPÚBLICA S.A.
Demandado MUNICIPIO DE RIONEGRO
Temas Impuesto de Industria y Comercio. Silencio Administrativo
Positivo. Notificación. Alcance de la fijación del litigio.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 24 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Segunda de Oralidad1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Se declaran no probadas las excepciones propuestas.
SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones: No. 456 del 7 de abril de 2017, No.
457 del 7 de abril de 2017, No. 145 del 24 de mayo de 2018 y del Acto No. SH03.05-02-3161
de 31 de agosto de 2018, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento de derecho, se
declara que las declaraciones de los períodos objetados están en firme y que se entienden
como no impuestas las sanciones a que hacen referencia los actos demandados.
CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: No se condena en costas a la entidad demandada (…)”.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 14 de mayo de 2015, Aerorepública S.A. presentó la declaración del impuesto de
industria y comercio del año gravable 2014, ante el municipio de Rionegro,
Antioquia, en la que registró como ingresos gravados la suma de $56.475.000.
Previa expedición de pliego de cargos, la Secretaría de Hacienda profirió la
Resolución Nro. 456 del 7 de abril de 2017, mediante la cual impuso sanción por
inexactitud en cuantía de $788.141.739 a la sociedad, cifra que fue objeto de
corrección mediante la Resolución 787 del 05 de junio del 2017 que fijó la sanción
en $478.856.455.
El 29 de marzo de 2016, la sociedad presentó la declaración del ICA del año
gravable 2015 en el mismo municipio, en la que no registró ingresos gravados.
El 22 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda expidió pliego de cargos y el
7 de abril de 2017 profirió la Resolución Nro. 457, mediante la cual impuso sanción
por inexactitud en cuantía de $252.673.147 a la sociedad, valor que también se
corrigió mediante la Resolución 788 del 5 de junio del 2017, que fijó la sanción en

1 Samai. Índice 3.“ED_C01_25FALLO NroActua 3”

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Radicado: 05001-23-33-000-2018-01921-01 (27503)
Demandante: Aerorepública S.A.

$155.491.168.
Contra estas dos resoluciones se presentó recurso de reconsideración el 7 de junio
de 2017 y el 10 de julio del mismo año se radicó un escrito en el que se indica que
el primero también cobija las resoluciones que corrigieron los valores de las
sanciones.

El Municipio de Rionegro, mediante la Resolución 145 del 24 de mayo del 2018,
confirmó las sanciones. La Administración remitió citación para notificar
personalmente este último acto, la cual fue devuelta el 30 de mayo de 2018 bajo la
causal “Dirección no existe”. Ese mismo día se publicó en la página web de la entidad
acto de “certificación de la deuda”. También se surtió la notificación por edicto fijado
el 30 de mayo de 2018 y desfijado el 06 de junio de 2018 (5 días) y el 22 del mismo
mes y año se remitió el acto por correo electrónico.

El 31 de julio de 2018, la demandante presentó derecho de petición solicitando el
reconocimiento del silencio administrativo frente a los recursos de reconsideración
interpuestos contra las Resoluciones Nros. 456 y 457 del 2017, petición resuelta
desfavorablemente mediante el Acto SH03.-05-02-3161 del 31 de agosto de 2018.
Este acto fue remitido por correo certificado y recibido el 3 de septiembre del mismo
año.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“PRIMERA: Que se declare que el recurso de reconsideración interpuesto por nuestra
representada en contra de las resolución (sic) 456 y 457 de 2017, fue resuelto mediante
silencio administrativo positivo de forma favorable a la petición de revocatoria de la misma y
archivo del proceso, por cuanto la demandada no notificó legalmente el fallo del recurso de
reconsideración dentro del año siguiente a su interposición; y que la Resolución No. 145 del
24 de mayo de 2018 que lo resolvió y dio por agotada la vía gubernativa, se notificó a nuestra
representada con posterioridad a un año después de su interposición.
SEGUNDA: Que, como consecuencia del anterior reconocimiento del silencio positivo, dada
la falta de competencia temporal de la demandada, se declare la nulidad de las siguientes
resoluciones:
(i) Resolución No. 456 del 7 de abril de 2017, por medio de la cual el Subsecretario de
Rentas del Municipio de Rionegro impone una sanción por el periodo gravable 2014 a
AEROREPUBLICA S.A., corregida mediante la Resolución 787 del 5 de junio de 2017,
por medio de la cual el Subsecretario de Rentas del Municipio de Rionegro corrige la
Resolución 456 del 7 de abril de 2017;
(ii) Resolución No. 457 del 7 de abril de 2017, por medio de la cual el Subsecretario de
Rentas del Municipio de Rionegro impone una sanción por el periodo gravable 2015 a
AEROREPUBLICA S.A., aclarada por la Resolución 788 del 5 de junio de 2017, por
medio de la cual el Subsecretario de Rentas del Municipio de Rionegro corrige la
Resolución 457 del 7 de abril de 2017.

2 Samai. Índice 3. PDF “ED_C01_02DEMANDA NroActua 3”

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Demandante: Aerorepública S.A.

(iii) Resolución No. 145 del 24 de mayo de 2018, por medio de la cual el Secretario de
Hacienda del Municipio de Rionegro resuelve un recurso de reconsideración contra las
resoluciones 456 y 457 del 7 de abril de 2017, antes citadas;
(iv) Acto No. SH03.05-02-3161 de fecha 31 de agosto de 2018, por medio del cual la
Subsecretaria de Rentas del Municipio de Rionegro resuelve de manera negativa la
solicitud de declaratoria de silencio administrativo positivo.
TERCERA: Que en caso de no acceder a las peticiones anteriores de silencio administrativo
positivo, se declare la nulidad por violar nuestro ordenamiento jurídico y carecer de
fundamento de hecho y de derecho, en virtud de las causales de nulidad alegadas en esta
demanda de los siguientes actos:
(i) Resolución No. 456 del 7 de abril de 2017, por medio de la cual el Subsecretario de
Rentas del Municipio de Rionegro impone una sanción por el periodo gravable 2014 a
AEROREPUBLICA S.A., corregida mediante la Resolución 787 del 5 de junio de 2017,
por medio de la cual el Subsecretario de Rentas del Municipio de Rionegro corrige la
Resolución 456 del 7 de abril de 2017;
(ii) Resolución No. 457 del 7 de abril de 2017, por medio de la cual el Subsecretario de
Rentas del Municipio de Rionegro impone una sanción por el periodo gravable 2015 a
AEROREPUBLICA S.A., aclarada por la Resolución 788 del 5 de junio de 2017, por
medio de la cual el Subsecretario de Rentas del Municipio de Rionegro corrige la
Resolución 457 del 7 de abril de 2017.
(iii) Resolución No. 145 del 24 de mayo de 2018, por medio de la cual el Secretario de
Hacienda del Municipio de Rionegro resuelve un recurso de reconsideración contra las
resoluciones 456 y 457 del 7 de abril de 2017, antes citadas;
(iv) Acto No. SH03.05-02-3161 de fecha 31 de agosto de 2018, por medio del cual la
Subsecretaria de Rentas del Municipio de Rionegro resuelve de manera negativa la
solicitud de declaratoria de silencio administrativo positivo.
CUARTA: Que se restablezca el derecho de nuestra representada declarando que las
declaraciones de los periodos objetados están en firme y que se entienden como no
impuestas las sanciones a que hacen referencia los actos demandados.
QUINTA: Que se condene a la demandada a pagar a AEROREPÚBLICA la indemnización
integral de los perjuicios patrimoniales generados a AEROREPÚBLICA en la cuantía que sea
determinada en el presente proceso.
SEXTA: Que se condene a demandada a pagar las costas y agencias del presente proceso.”

A los anteriores efectos, la demandante invocó como violados los artículos 29 de la
Constitución Política; 565, 647, 648, 702 a 714, 730, 732 y 734 del Estatuto
Tributario; 72 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; la Ley 14 de 1983; el artículo 59 de la Ley 788 de 2002; 11, 15, 16 y
18 del Decreto 160 de 2014; y 378 y 380 del Acuerdo Municipal 005 de 2012.
1. Silencio administrativo positivo y validez de la notificación. Falta de
competencia temporal
Relató que los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario y 378 y 380 del Acuerdo
Municipal 005 de 2012 establecen que el término para resolver los recursos de
reconsideración es de un año desde su interposición, so pena de que se entiendan
resueltos a favor del recurrente, esto es, que ha operado el silencio administrativo
positivo.
Estableció que la demandada no discute que el recurso se presentó el 7 de junio de
2017 y que la Resolución 145 del 24 de mayo de 2018 resolvió el recurso. Sin
embargo, esta última no fue notificada a la compañía, “como lo reconoce el correo del
22 de junio de 2018, a través del cual AEROREPÚBLICA conoció el acto”. Lo anterior
implica una irregularidad en los términos del artículo 72 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues la sociedad no conoció el

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acto antes del 7 de junio de 2018, fecha en la que se cumplía el año, de ahí que en
este caso operó el silencio administrativo positivo, el cual aplica en virtud de la ley,
sin protocolización.
Se tiene entonces que se configuró la nulidad de los actos, en aplicación del artículo
730 del Estatuto Tributario, por lo que debe reconocerse la extemporaneidad en la
notificación del acto que finalizó la discusión en sede administrativa.
Reseñó que el 30 de mayo de 2018, el municipio envió por correo certificado citación
de notificación personal para conocer el acto que resolvió el recurso de
reconsideración, comunicación que fue devuelta según constancia adjunta por el
demandado, por inexistencia de la dirección, lo cual, afirmó, es falso, por ser la
misma que consta en el certificado de existencia y representación, y en el RUT.
También comentó que la parte demandada publicó la resolución en su página web
el 30 de mayo de 2018, cuando esta situación solo opera cuando no se pueda
establecer la dirección del contribuyente y, en este caso, la Administración sí la
conocía.
Explicó que la sociedad no eligió la notificación electrónica y que la Secretaría de
Hacienda nunca indicó la fecha en la cual sería aplicable esta forma de notificación,
además de que no se dio el acuse de recibo para tenerla por surtida. Agregó que el
municipio, al no poder notificar al contribuyente por correo certificado, debió publicar
la resolución que resolvió el recurso de reconsideración y no la citación para
notificación.
Acotó que, en paralelo a la publicación en página web, la Administración también
fijó un edicto el mismo día de publicación de la resolución, durante cinco días, esto
es, desde el 30 de mayo hasta el 6 de junio, en contravía del término de diez días
establecido en los artículos 15 del Decreto 160 de 2014 y 565 del Estatuto Tributario
que vencía el 13 de junio de 2018, por lo que la Secretaría de Hacienda violó normas
vinculantes que afectan el derecho de defensa.
Manifestó que no es absurdo pensar que la Administración conocía la situación
(vencimiento de términos) y aplicó una norma derogada, pues el anterior acuerdo
contemplaba una fijación por 5 días. Así las cosas, se violaron los principios de
confianza legítima y buena fe3.
2. Legalidad del procedimiento sancionatorio
Precisó que el procedimiento iniciado por la administración para imponer sanción
por inexactitud por 2014 y 2015 se efectuó a través de un proceso sancionatorio y
no uno de determinación oficial, cuando el artículo 647 del Estatuto Tributario
establece que dicha sanción se impone mediante liquidación oficial de revisión. Sin
embargo, la administración acudió al procedimiento del artículo 637 ibidem.
Presentó diagramas ilustrando los procedimientos de determinación y
sancionatorio4 y concluyó que el yerro en el procedimiento viola el debido proceso,
la buena fe y el derecho de defensa, pues el proceso sancionatorio tiene términos
más restrictivos para el contribuyente y la sanción de inexactitud parte de un mayor
impuesto que, en este caso, no se determinó.

3 Sobre estos principios se refirió a las sentencias C-007 de 2002 de la Corte Constitucional y 11001-03-27-
000-2004-00077-00, C.P. María Inés Ortiz Barbosa del Consejo de Estado, Sección Cuarta.
4 Citó apartes de sentencias del Consejo de Estado, Sección Cuarta, pero solo identificó una del 20 de
noviembre de 2014.

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3. Ausencia de tipificación de la sanción
Argumentó que el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 consagra que las entidades
territoriales estarán sujetas a las normas de procedimiento nacionales y que la
imposición de la sanción por inexactitud en los términos del artículo 647 del Estatuto
Tributario (o 648 de la norma vigente) implica la previa expedición de un
requerimiento y una liquidación oficial en donde se determine un mayor impuesto,
lo cual no sucedió en el caso concreto.

4. Ausencia de motivación

Afirmó que el municipio impuso una sanción por inexactitud con base en elementos
inexistentes, gravando a la sociedad por encima de la realidad económica (servicios
prestados), pues no está probado que se haya liquidado o pagado un menor valor
al exigido por las normas de ICA en la jurisdicción (Ley 14 de 1983).

Sobre la necesidad de motivación de los actos presentó cuadro con varias
providencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado5 para señalar que
la decisión de la Administración debió contener una explicación de los elementos de
hecho y de derecho que dan lugar a los valores determinados por concepto de
ingresos, lo cual no se observa en este caso e implica vulneración al debido proceso
como derecho fundamental6.

Oposición de la demanda

El Municipio de Rionegro controvirtió las pretensiones de la demanda con los
siguientes argumentos7:

Propuso como excepción la legalidad del acto demandado, toda vez que consideró
que este se expidió con fundamento en las normas aplicables, sin desviación de
poder, falsa motivación, debidamente motivado y de buena fe por funcionario
competente, además de ser notificado en debida forma.

Estimó improcedente el silencio administrativo positivo, pues la notificación de la
Resolución Nro. 145 de 24 de mayo del 2018 se surtió a través de los medios
legalmente autorizados por el Decreto 160 de 2014 (artículos 13, 14 y 15), según
los cuales los actos que decidan recursos se notifican personalmente, y en caso de
no ser posible se hará mediante edicto o electrónicamente.

Se refirió a las actuaciones del procedimiento: i) la citación para notificación
personal enviada el 24 de mayo de 2018 a la dirección del RUT de la sociedad,
devuelta como inexistente, ii) la constancia de notificación a través del portal web
del municipio de 30 de mayo de 2018, iii) edicto fijado el 30 de mayo de 2018 y
desfijado el 06 de junio de 2018, y iv) constancia de envío de la resolución vía correo
electrónico el 22 de junio de 2018.

Comentó que la presentación del recurso fue el 10 de julio del 2017 (fecha en que
se instauró el escrito denominado “alcance del recurso de reconsideración” como
consecuencia de los actos que corrigieron los valores de las sanciones), fecha que

5 Sentencias T-576 de 1998 de la Corte Constitucional, del 25 de octubre de 2006, exp. 14651 y del 8 de abril
de 2008, exp. 15204, del Consejo de Estado.
6 Sobre el particular citó las sentencias C-034 de 2014 de la Corte Constitucional y del 22 de marzo de 2011,
exp. 17286 del Consejo de Estado.
7 Samai. Índice 3. PDF “ED_C01_11CONTESTACIONDEMAND NroActua 3”.

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constituye el punto de partida para contar el término para resolverlo. Así, tanto la
notificación por edicto del 06 de junio de 2018 y por correo del 22 de junio de ese
año se surtieron antes de vencer el término (11 de julio del 2018). Resaltó que la
sociedad reconoció que tuvo conocimiento del acto el 22 de junio, por lo que la
notificación fue oportuna y no operó el silencio administrativo positivo.

Frente a las violaciones al debido proceso, transcribió el artículo 31 del Acuerdo
Municipal 005 de 2012 y destacó que el objeto social de la demandante consiste
principalmente en la celebración de contratos de transporte aéreos, para explicar
que la omisión de ingresos por la venta de tiquetes aéreos en Rionegro generó
inexactitud en la declaración de los años 2014 y 2015, por lo cual la sanción
impuesta era procedente.

Aclaró que las sanciones se pueden imponer en liquidaciones oficiales o
resoluciones independientes y que el municipio optó por la segunda opción por
cuanto tuvo certeza de la omisión de la sociedad con ocasión a los datos
suministrados en respuesta a los requerimientos de información. Además, en el
pliego de cargos se realizó la liquidación oficial de revisión determinando la
diferencia entre el saldo a pagar y el declarado, originando así la sanción de
inexactitud consagrada en el artículo 176 del Acuerdo 005 de 2012. Resaltó que la
sociedad no corrigió la declaración.

Respecto a la indebida motivación, mencionó que las resoluciones expedidas se
originaron por la omisión en la declaración de ingresos provenientes de la prestación
del servicio de transporte en Rionegro, al ser este municipio en el que se presenta
el despacho de los bienes, mercancías o personas (Acuerdo Municipal 032 del 2017
artículo 1 y la Ley 1819 de 2016).

Añadió que la venta de tiquetes fue una operación realizada en el Aeropuerto José
María Córdova de Rionegro, ubicado en el Municipio de Rionegro, y que las
sanciones se aplicaron con fundamento en la normatividad vigente y en
cumplimiento del debido proceso, determinando una obligación a pagar a cargo de
la actora.

Solicitó que se declararan probadas las excepciones demostradas en el proceso.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de los actos impugnados,
con fundamento en las siguientes consideraciones8:

Se refirió a la falta de competencia temporal y a los artículos 732 y 734 del Estatuto
Tributario, y 380 y 378 del Acuerdo 005 de 2012 del Municipio de Rionegro para
concluir que la Administración cuenta con un año para resolver el recurso de
reconsideración, so pena de configurarse el silencio administrativo positivo9. Así
mismo, transcribió el artículo 218 del mencionado acuerdo que establece que la
forma de notificación de los actos que deciden recursos es la personal (previo envío
de citación), y en caso de que el contribuyente no comparezca, se procede a la
notificación por edicto. No obstante, enunció que, ante la devolución de la citación,

8 Samai. Índice 3.“ED_C01_25FALLO NroActua 3”.
9 Citó la sentencia del 30 de abril de 2014, exp. 19553, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez del Consejo de
Estado, Sección Cuarta.

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se debe analizar el caso concreto.

En el sub examine encontró que la sociedad presentó el recurso de reconsideración
el 7 de junio de 2017, por lo que la Secretaría de Hacienda expidió la resolución que
lo resolvió el 24 de mayo de 2018 y envió citación a la apoderada de la demandante
para comparecer dentro de los diez días siguientes al recibo de la comunicación
para ser notificada, citación que fue devuelta por la causal “DIR. NO EXISTE”.

Por lo anterior, el 30 de mayo de 2018 se realizó publicación en la página web del
municipio de “documentos de cobro coactivo” y la resolución se notificó por edicto fijado
el 30 de mayo de 2018 y desfijado el 6 de junio de ese mismo año. Precisó que por
correo electrónico del 22 de junio de 2018 se remitió a la apoderada de la
demandante información relativa a la resolución del recurso.

Aclaró que la causal “no existe” de devolución de la citación quedó desvirtuada pues
la dirección de envío es la del RUT de la compañía y la del certificado de existencia
y representación. Adicionalmente, a esta se enviaron los demás actos expedidos en
el proceso sancionatorio, por lo cual sí existe10.

A partir de lo anterior, estableció que el municipio violó el debido proceso, pues
debió percatarse de la inconsistencia registrada por la empresa de mensajería y
subsanar el error, intentando nuevamente la entrega de la citación en la dirección
del contribuyente, antes de proceder con la notificación por edicto. Por lo expuesto
prescindió del análisis del término de fijación del edicto.

Aclaró que el punto de partida para computar el año para resolver el recurso fue el
7 de junio de 2017, con independencia del alcance al recurso presentado el 10 de
julio del mismo año, debido a que la Administración no inadmitió el recurso ni
suspendió los términos (inspección tributaria), por lo cual el demandado tenía hasta
el 7 de junio de 2018 para notificar la resolución. Precisó que, ante la notificación
indebida del citatorio, esta se surtió por conducta concluyente el 22 de junio de 2018,
momento para el cual ya se había configurado el silencio administrativo positivo.

Se relevó de estudiar los demás cargos de la demanda al configurarse la nulidad
por falta de competencia temporal. También se abstuvo de declarar el silencio
positivo, toda vez que el medio de nulidad y restablecimiento del derecho no es el
idóneo para ello. Como restablecimiento del derecho, declaró la firmeza de las
declaraciones y levantó las sanciones impuestas.

Desestimó la pretensión de reconocimiento de perjuicios al no encontrarlos
probados.

Se abstuvo de condenar en costas al estimar que no existió manifiesta carencia de
fundamentación legal.

Recurso de apelación

La demandada controvirtió la sentencia de primera instancia, con base en los
siguientes argumentos11:

10 Al respecto invocó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 16 de julio de 2020, rad. 25000-
23-37-000-2015-00800-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
11 Samai. Índice 3. PDF “ED_C01_28RECURSOAPELACIONP NroActua 3”.

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Demandante: Aerorepública S.A.

Afirmó que el fallo de primera instancia se distanció de la fijación del litigio, pues
inicialmente se estableció como problema jurídico la presunta ocurrencia del silencio
administrativo positivo y en la sentencia se estudió si el recurso de reconsideración
se resolvió por fuera del término legal. Frente a lo primero, estimó que la sentencia
despeja el interrogante al establecer que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no es el idóneo para promover la declaratoria del
silencio positivo, despachando de manera desfavorable los intereses del
demandante. Agregó que la actora no podía solicitar la declaratoria del silencio por
cuanto no acreditó el requisito formal de la protocolización.

Cuestionó que la sentencia no analizara la pertinencia del procedimiento
sancionatorio y resaltó que la fijación del litigio no es un acto meramente de trámite
pues delimita el debate probatorio, y su variación puede concluir en una sentencia
incongruente. Anotó que la sentencia concluyó la falta de competencia del
municipio, asunto que no hizo parte de la fijación del litigio.

Reiteró el objeto social de la demandada y el hecho de que esta omitió ingresos
gravados en su jurisdicción, lo que dio origen a la sanción por inexactitud mediante
resolución independiente, procedimiento idóneo para dicho fin.

Adujo que la Resolución 145 de 2018 se notificó debidamente, pues el cómputo del
término para resolver el recurso cuenta desde el alcance del mismo, esto es, del 10
de julio del 2017, por lo que las notificaciones por edicto desfijado el 6 de junio de
2018 y por correo electrónico del 22 de junio del mismo año fueron oportunas, de
allí que no procede el silencio administrativo positivo.

Concluyó que la sentencia desconoce que la función de recaudo del ICA representa
el interés general y que el fundamento de la nulidad de los actos constituye una
exigencia formal excesiva que desconoce el actuar legítimo de la Administración.

Oposición al recurso

La demandada reiteró los argumentos del recurso de apelación.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En atención a los cargos de apelación presentados por la demandada contra la
sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de los actos, le corresponde
a la Sala determinar si la fijación del litigio por parte del tribunal (que consistió en la
configuración del silencio administrativo positivo en el caso concreto), le impedía
pronunciarse sobre otros aspectos, tales como la falta de competencia temporal de
la Administración. En caso de que fuera posible realizar ese estudio, le corresponde
a la Sección establecer si la Resolución Nro. 145 de 2018, que resolvió el recurso
de reconsideración, se notificó debidamente.

Como cuestión previa, la Sala pone de presente que en el proceso adelantado por
el Municipio de Rionegro solo se impuso sanción por inexactitud, sin que la
Administración determinara oficiosamente el tributo a cargo de la demandante,
razón por la cual no habría lugar a la declaratoria de la firmeza de los denuncios

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privados como restablecimiento del derecho. Empero, este asunto no fue objeto de
reparo puntual por parte de la recurrente, razón por la cual, la Sala no puede
pronunciarse sobre el asunto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 320 del
Código General del Proceso.

1. Alcance de la fijación del litigio

La entidad demandada argumenta que la sentencia de primera instancia obvió la
fijación del litigio, el cual consistía en determinar la presunta ocurrencia del silencio
administrativo positivo y el Tribunal concluyó la falta de competencia temporal del
municipio, asunto que no hizo parte de la determinación del problema jurídico.
Agregó que el fallo impugnado estimó que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no es el idóneo para promover la declaratoria del
silencio positivo, despachando de manera desfavorable los intereses del
demandante y que la actora no pudo haber solicitado la declaratoria del silencio por
cuanto no acreditó el requisito formal de la protocolización. Cuestionó que la
sentencia no se pronunciara sobre la pertinencia del procedimiento sancionatorio.

Para resolver, la Sala reitera el criterio expuesto en la sentencia del 04 de marzo
del 2021, exp. 24543, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello12, en donde se
determinó que la fijación del litigio no limita al juez, como director del proceso, para
pronunciarse sobre otros aspectos pertinentes con el debate, en los siguientes
términos:
“En primer lugar, se precisa que la concreción de los puntos litigiosos que se hace en la
audiencia inicial no impide que el juez, en cumplimiento de sus deberes como director
del proceso, al proferir la sentencia, se pronuncie sobre todos aquellos aspectos que
resulten relevantes, siempre que se hayan formulado en las pretensiones o se deriven
del texto de la demanda, conforme con la interpretación que, de esta, debe hacer el juez de
conocimiento (sentencia del 24 de octubre de 2018, exp. 22648, CP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez).
En dicho sentido, la acusación que se hace a la sentencia de instancia respecto de la inclusión
de un nuevo problema jurídico que está íntimamente vinculado con la discusión propuesta por
las partes, no deriva en la vulneración del derecho de defensa y tampoco en un prejuzgamiento
de la controversia planteada ante esta jurisdicción.” (Resaltos fuera del texto)

En el presente evento, la sentencia de primera instancia declaró la nulidad de los
actos impugnados por falta de competencia temporal en virtud del artículo 730 del
Estatuto Tributario, al encontrar que la Administración incurrió en vicios en la
notificación de la Resolución Nro. 145 de 2018 que resolvió el recurso de
reconsideración, pues no intentó nuevamente el envío del citatorio para la
notificación personal del acto, pese a que estaba comprobado que la dirección
existía. Ahora bien, se observa que, en la demanda, la actora propuso como
argumento dicha causal de nulidad, con fundamento en el mencionado artículo 730.

Así, a pesar de que en la fijación del litigio el problema jurídico giró en torno a
establecer: “(…) si se configuró o no el silencio administrativo positivo frente a la resolución 145
de 2018 por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración contra las resoluciones 456
y 457 de 2017 y la nulidad del acto No SH 03.05-02-3161 de agosto de 2018 por medio de la cual se
resuelve de manera negativa la solicitud de declaratoria de un silencio administrativo positivo. De no
prosperar el silencio positivo, se deberá analizar si las resoluciones 456 y 457 de 2017 son nulas por
no haberse llegado a ellas por el procedimiento establecido en el estatuto tributario, por cuanto el
actor considera que se debió realizar un requerimiento y una liquidación oficial” 13, el operador

12 Reiterada en sentencia del 26 de mayo de 2022, exp. 24969 C.P: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13 Samai. Índice 3. PDF “ED_C01_19AUDIENCIAINICIALP NroActua 3”.

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judicial estaba facultado para pronunciarse sobre la competencia temporal, tema
que, si bien no quedó expresamente enunciado en la diligencia de fijación del litigio,
se desprende de forma clara y razonable de los cargos expuestos en la demanda.
De allí que los argumentos del apelante no son de recibo.

En todo caso, se resalta que lo procedente era la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos pues esta es la consecuencia de la configuración del silencio
administrativo positivo14, ante el yerro en la notificación personal. Por lo cual, la
decisión tomada por el tribunal no implica que las pretensiones debieran
despacharse desfavorablemente para el demandante, pues los actos eran nulos, ya
que para la fecha en que quedó notificada la actuación de la Administración, ella
carecía de competencia.

Se advierte que el argumento relacionado con el requisito de la protocolización no
fue expuesto en el Acto Nro. SH03.05-02-3161 del 31 de agosto de 2018, ni en la
oposición de la demanda, empero sobre el particular la Sección15 ha manifestado
que el silencio administrativo positivo en materia tributaria opera de pleno derecho
y sin necesidad de protocolización, debido a que está regulado por una norma
especial.

Ahora bien, en lo que respecta al hecho de que el Tribunal no resolviera frente a los
cargos propuestos en relación con la pertinencia del procedimiento sancionatorio
para imponer la sanción por inexactitud, se advierte que, ante la prosperidad de la
pretensión de nulidad por yerros en la notificación, la sentencia de primera instancia
no debía pronunciarse sobre los demás cargos de la demanda. Lo anterior debido
a que la falta de competencia temporal era suficiente para declarar la nulidad de los
actos y, en razón del principio de economía procesal, el juez podía prescindir del
estudio del resto de la demanda.

Por último, frente al argumento de que la nulidad de los actos constituye una
exigencia formal excesiva que desconoce el actuar legítimo del municipio bajo el
interés general, se precisa que la Administración está sometida al imperio de la Ley
y debe desplegar sus facultades en estricta sujeción a ella. Por lo cual, el hecho de
que vele por la tutela de intereses de carácter general no es óbice para que no
cumpla con las ritualidades previstas en la ley para notificar los actos
administrativos. En virtud de lo expuesto, no existe una exigencia excesiva pues la
nulidad de los actos administrativos se fundamentó en el incumplimiento de las
formalidades de la notificación.

2. Notificación de la Resolución Nro. 145 de 2018

El Municipio de Rionegro estima que la Resolución Nro. 145 del 24 de mayo de 2018
se notificó debidamente pues el cómputo del término para resolver el recurso cuenta
desde el alcance que sobre el recurso inicial radicó la compañía el 10 de julio del
2017, por lo que las notificaciones por edicto del 6 de junio de 2018 y por correo
electrónico del 22 del mismo mes y año fueron oportunas, de allí que no procede el
silencio administrativo positivo.

14 Véase: Consejo de Estado. Sección Cuarta, Sentencias del 10 de febrero de 2022, exp. 25637, 22 de octubre
de 2020, exp. 23845, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E); del 25 de febrero de 2021, exp. 23397, C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 05 de agosto de 2021, exp. 25459, C.P. Milton Chaves García; y del
26 de agosto de 2021, exp. 25042, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
15 Entre otras: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 31 de marzo de 2022, exp. 25677, C.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto y del 3 de mayo de 2018, exp. 22243, C.P. Milton Chaves García.

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En primera medida, se advierte que el recurrente no presenta inconformidades
concretas frente al argumento de la sentencia de primera instancia referente a la
obligación de la Administración de intentar nuevamente el envío de la citación para
notificación personal, ante la evidencia de que la dirección de notificaciones sí
existía, tanto así que a ella se enviaron todos los actos expedidos a lo largo del
procedimiento administrativo.

El artículo 13 del Decreto 160 de 2014, norma local aplicable al caso concreto,
consagra la notificación de las actuaciones tributarias en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 13.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES TRIBUTARIAS.
Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias,
emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones
oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse de manera electrónica,
personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería
especializada debidamente autorizada por la autoridad competente.
Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente o por edicto si el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del
término de los diez (10) días siguientes, contados a partir del día siguiente a la fecha de
recibo del correo del aviso de citación. En este evento también procede la notificación
electrónica (…).

En el expediente está debidamente probado que:

• La dirección registrada en el RUT de la sociedad corresponde a la CR 103 25 F 12 de
la ciudad de Bogotá16, la cual coincide con la que figura en el certificado de existencia y
representación de la compañía17.
• Las resoluciones sanción Nros. 456 y 457 del 2017 se notificaron debidamente el 20 de
abril de 2017 a la CR 103 25 F 12 de la ciudad de Bogotá, según consta en las guías de
envío de la empresa de mensajería SERVIENTREGA18 En sentido semejante, las
resoluciones de corrección se notificaron a la misma dirección el 9 de junio de 2017, tal
como consta en la guía la misma empresa19 (aspectos no controvertidos por las partes).
• La Resolución Nro. 145 de 2018 que resolvió el recurso de reconsideración, se intentó
notificar a la dirección CR 103 25 F 12 de la ciudad de Bogotá y fue devuelta el 30 de
mayo de 2018 bajo la causal “DIR. NO EXISTE” por la empresa de mensajería
DOMINA20.
• El 30 de mayo de 2018 se publicó en la página web del municipio un documento
denominado “Certificación de la deuda”21 y ese mismo día se fijó edicto por un término
de 5 días, el cual fue desfijado el 6 de junio de 201822.
• El 22 de junio de 2018 se remitió correo electrónico a la sociedad informando de la
expedición de la resolución y se adjuntó copia del acto23.

Como se advierte, todos los actos se remitieron a la dirección del RUT y fueron
efectivamente entregados, por lo que la inexistencia de la dirección que alegó la
empresa de mensajería debió causar extrañeza en la Administración municipal. La
Sala ha sostenido, en numerosos pronunciamientos, que la procedencia de la

16 Samai. Índice 3. PDF “ED_C01_03ANEXOSDEMANDA NroActua 3” Pág. 42.
17 Ibídem. Pág. 2.
18 Samai. Índice 3. PDF “ED_C01_13OTROSANEXOS NroActua 3” Pág. 18 y 19.
19 Ibidem. Pág. 26 y 27.
20 Ibidem. Pág. 37 y 38.
21 Ibidem. Pág.39.
22 Ibidem. Pág. 40 y 41.
23 Samai. Índice 3. PDF “ED_C01_03ANEXOSDEMANDA NroActua 3” Pág. 33.

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notificación debe examinarse en cada asunto concreto24. En el presente caso, en
ejercicio de un deber mínimo de diligencia, el municipio debió intentar el envío de la
citación para notificación personal nuevamente antes de proceder con la notificación
por aviso, de suerte que el razonamiento del Tribunal fue acertado.

Al resolver dos casos similares25, la Sala ha manifestado que cuando está probado
que la dirección existía y era la correcta, la administración no tiene justificación para
realizar una notificación diferente a la personal, más aún cuando se demostró que
otro tipo de actuaciones se notificaron en esa misma dirección.

En segunda medida, frente al hecho de que el cómputo del término de un año para
resolver el recurso de reconsideración iniciaba desde la fecha del alcance
presentado el 10 de julio del 2017, la Sala ha sido unánime 26 en indicar que, para
efectos de establecer el conteo de dicho término, debe tenerse en cuenta la fecha
de interposición del recurso, es decir, en la que el contribuyente lo presenta ante la
Administración.

En la sentencia del 15 de mayo de 2003, exp. 12848, C.P. Germán Ayala Mantilla,
se indicó:
“(…) ha precisado la Sala que para efectos de la operancia del silencio administrativo, que en
materia tributaria tiene efectos positivos, como lo establece el artículo 734, éste surte efectos
si la Administración no ha resuelto en el término de un año los recursos de reconsideración o
reposición, partir de su interposición en debida forma. Entendiéndose que el término se cuenta
a partir de mismo día de su interposición, puesto que así lo establece claramente la norma.
Por la misma razón, no es necesario acudir a criterios adicionales para reconocer cuándo se
interpuso el recurso en debida forma, puesto que su interposición se surte ante la
Administración, y en “debida forma” significa que el recurso acredite los requisitos
previstos en la ley (…)” (Resaltos fuera del texto)

A partir de lo anterior, no es un hecho discutido por las partes que la sociedad
interpuso el recurso de reconsideración el 7 de junio de 2017, por lo cual, es a partir
de esa fecha que debió computarse el término de un año para resolver, y no desde
el 10 de julio de la misma anualidad como afirma el apelante, al considerar el
alcance al recurso inicial que presentó la sociedad. Así mismo, como lo especificó
la sentencia de primera instancia, en este caso no se inadmitió el recurso, de ahí
que se cumplieron los requisitos para considerarse interpuesto en debida forma el
referido 7 de junio de 2017.

Así las cosas, como en este caso la notificación del acto no se efectuó en la forma
regulada por la ley, siendo improcedente la notificación por edicto, el acto fue
conocido por la sociedad hasta el 22 de junio del 2018, con el envío del correo
electrónico, por fuera del término legal. En consecuencia, el acto fue expedido con
carencia de competencia temporal. No prospera el argumento del municipio.

24 Entre otras: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de marzo de 2023. Exp. 26879. C.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello, en la que se citan las sentencias del 29 de noviembre de 2017. Exp. 20803.
C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, del 9 de marzo de 2017. Exp. 19460. C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto y del 4 de septiembre de 2014, Exp. 19970, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
25 Se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 1 de agosto de 2019, exp. 23334
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 4 de marzo de 2021, exp. 25163 C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
26 Véase, entre otras: Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencias del 26 de febrero del 2014, exp. 19219,
C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, y del 13 de septiembre del 2013, exp. 19515, C.P. Martha Teresa
Briceño de Valencia.

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Demandante: Aerorepública S.A.

Por lo anterior, no prosperan los argumentos de la recurrente.

En cuanto a la condena en costas (agencias en derecho y gastos del proceso), no
se ordenará en esta instancia por cuanto, conforme a lo previsto en el artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
el expediente no se encuentran pruebas de su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Segunda de Oralidad el 24 de enero de 2023.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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