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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01976-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-01976-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso promovido por el señor Oliver Toro Portillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 20 Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019) Demandante: Oliver Toro Portillo Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, como apoderado de la UGPP y para los efectos del poder conferido. Asimismo, se acepta la revocatoria del mandato que con posterioridad efectuó dicha entidad.42 Cuarto. Reconocer personería al abogado Edgar José Polanco Pereira (Representante Legal de la Sociedad Lexius Consultores de Colombia S.A.S.) como apoderado principal de la UGPP, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Igualmente, se reconoce al abogado Carlos Santiago Valencia Vera como apoderado sustituto de dicha parte, en atención a la sustitución radicada también en la referida plataforma. Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-01976-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 14 de agosto de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, el señor Oliver Toro Portillo, por conducto de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las siguientes
Resoluciones: i) RDP 044365 del 25 de noviembre de 2017, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) RDP 020392 del 1 de junio de 2018, que

1 Folios 50 a 86.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.
Los mencionados actos fueron proferidos por la UGPP.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación a partir del 1 de marzo de 2015, fecha en que consolidó el
estatus pensional, con inclusión de todos los factores salariales devengados, junto
con las mesadas adicionales de junio y diciembre; ii) indexar la primera mesada
pensional; iii) reajustar la prestación con base en el IPC2 o el incremento del salario
mínimo, según sea más favorable al interesado; iv) pagar los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; v) actualizar el valor de las
condenas con base en el IPC; y vi) sufragar los intereses moratorios a que haya
lugar, al tenor de los artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló:

i) El señor Oliver Toro Portillo nació el 10 de junio de 1953 y ha prestado sus
servicios como docente durante más de 20 años de la siguiente forma:

✓ Departamento del Cauca, del 12 de mayo de 1980 al 22 de enero de 1995,
nombrado por Resolución 024 del 10 de mayo de 1980, «expedida por el Ministerio
de Educación Nacional».
✓ Municipio de Marinilla (Antioquia), desde el 1 de marzo de 1995 y hasta la fecha,
nombrado por Decreto 144 del 9 de noviembre de 1995, expedido por el alcalde
municipal.

ii) El 24 de agosto de 2017, el actor solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada a través
de las decisiones administrativas enjuiciadas.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2 Índice de Precios al Consumidor.

2

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 25, 29, 48, 53, 83, 84, 209 y 230 de la
Constitución Política; 1613 y 1614 del Código Civil; 9 de la Ley 33 de 1968; 5 de la
Ley 46 de 1971; 10 de la Ley 22 de 1973; 8 de la Ley 43 de 1975; 1 y 15 de la Ley
91 de 1989; 9 de la Ley 60 de 1993; 141, 142 y 279 de la Ley 100 de 1993; 33 de
la Ley 734 de 2002; 81 de la Ley 812 de 2003; 3 y 42 de la Ley 1437 de 2011; 13 y
19 de la Ley 1755 de 2015; 29, 31 y 34 del Decreto Ley 3157 de 1968; 884 del
Decreto Ley 410 de 1971; 10 del Decreto Ley 102 de 1976; 36 del Decreto Ley 2277
de 1979; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y el Decreto 196 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso que
su representado cumple con todos los requisitos previstos por el legislador para
acceder a la pensión gracia, porque cuenta con más de 50 años de edad; ha
prestado sus servicios como docente municipal por más de 20 años; se vinculó en
tal condición antes del 31 de diciembre de 1980; y se ha desempeñado con
idoneidad y buena conducta.

1.2. Contestación de la demanda

La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda en estos
términos:3

i) Los actos enjuiciados se expidieron con respeto del ordenamiento superior, pues
el actor laboró como docente nacional y, por lo tanto, no demostró haberse
desempeñado durante 20 años como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, conforme lo exige la normativa especial para acceder a la pensión
gracia.

ii) Se proponen las excepciones de ausencia de vicios en los actos administrativos
demandados; inexistencia de la obligación y prescripción.

3 Folios 105 a 108.

3

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Demandante: Oliver Toro Portillo

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 14 de agosto de
2019, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes
consideraciones:4

i) El demandante no demostró el carácter de la vinculación que tuvo con el
departamento del Cauca, por lo que no es posible definir si fue territorial o
nacionalizada, «pues solo se conoce que tomó posesión ante la Coordinación de
Educación de la Prefectura Apostólica de Tierradentro – Cuya, leyéndose en la parte
posterior del acta, que se hace mención al “MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL/EDUCACIÓN CONTRATADA/Tierradentro”».

ii) Las certificaciones laborales aportadas al plenario indican que desde 1996 el
señor Oliver Toro Portillo se desempeñó como docente nacional, de ahí que no
puede beneficiarse de la pensión reclamada, pues este beneficio solo se predica de
los docentes territoriales o nacionalizados.

1.4. El recurso de apelación

El accionante interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base
en los argumentos que se resumen, a continuación:5

i) De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte
Constitucional,7 para acceder a la pensión gracia, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
solamente exigió haber prestado los servicios como docente antes del 31 de
diciembre de 1980, «sin precisar que aquella vinculación tenga que ser territorial o
nacionalizada. Es decir: este requisito se puede cumplir con cualquier tipo de
vinculación y si llegare a ser de carácter nacional, es válida, aunque el tiempo de

4 Folios 138 a 145.
5 Folios 148 a 164.
6 El actor invocó la sentencia del 6 de marzo de 2008, radicado 25000-23-25-000-2005-0763-01 (1182-07).
7 El actor invocó la Sentencia C-489 de 2000.

4

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

servicio, no será idóneo para la pensión de gracia».

ii) Contrario a lo sostenido por el a quo, en este caso sí está demostrada la
vinculación del accionante como docente entre el 12 de mayo de 1980 y el 22 de
enero de 1995 y su carácter es nacional.

iii) El señor Oliver Toro Portillo se desempeñó como docente territorial o
nacionalizado entre el 1 de marzo de 1996 y el 30 de junio de 2017, pues fue
nombrado por una autoridad de ese orden y sus salarios se pagaron con los
recursos del departamento de Antioquia. En consecuencia, resulta irrelevante el
nombre del colegio para el cual laboró el interesado (Colegio Nacional San José).

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El accionante guardó silencio8 y la UGPP reiteró los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.9

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.10

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la

8 Según constancia secretarial obrante en el folio 218.
9 Memorial visible en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.
10 Según constancia secretarial obrante en el folio 218.

5

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 192811 y 37 de 193312 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 13

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».14

Debido a dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante

11 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho

a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el computo de los
años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
12 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter legislativo,

quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados por la Ley, en
establecimientos de enseñanza secundaria.
13 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio de 1995,

radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
14 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo
dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal,
concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario
para su sostenimiento.

6

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

Sentencia S-699 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia no
puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los
educadores locales o regionales».15

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales por la diferencia
salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales; sin
embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.

También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han acogido igual lineamiento: i)
Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección
B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia
del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse
la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.

7

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de

16 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

8

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».17

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:18

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».19

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-23-33-000-

2016-00278-01 (3018-2017).
19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-02219-

01 (AC).

9

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,20 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:21

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
21 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia transcrita.

10

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».22

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al Acta de Nacimiento y la cédula de ciudadanía, el señor Oliver Toro
Portillo nació el 10 de junio de 1953.23

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-

04683-01 (3805-2014).
23 Folios 25 y 28.

11

Radicación: 05001-23-33-000-2018-01976-01 (5497-2019)
Demandante: Oliver Toro Portillo

• El 12 de mayo de 1980, por Resolución 024, el Ministerio de Educación Nacional
– Educación Contratada – Tierradentro nombró al actor como «Instructor ebanistería
de la escuela TÉCNICA DAVID GONZÁLEZ de Belalcázar». Esta información se extrae
de la siguiente acta de posesión:24

24 Folio 21.

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Demandante: Oliver Toro Portillo

• El 8 de noviembre de 1995, por Decreto 144, el alcalde del municipio de Marinilla
nombró al accionante como docente de secundaria en el Colegio Nacional San José
que funcionaba en ese ente territorial, teniendo en cuenta que «el Delegado
Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el F.E.R. de Antioquia
certificó que existe disponibilidad presupuestal».25

• El 7 de marzo de 2017, la Secretaría de Educación de Antioquia emitió el siguiente
certificado laboral del demandante, en el cual se indicó que para la fecha de
expedición del documento el interesado estaba activo en el servicio y se lee «TIPO
DE VINCULACIÓN – Nacional»:26

• El 10 de marzo de 2017, la Secretaría de Educación del Cauca emitió el siguiente
certificado laboral del actor:27

25 Folio 24.
26 Folios 17 a 18.
27 Folios 10 a 11.

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Demandante: Oliver Toro Portillo

• La Procuraduría General de la Nación certificó que el accionante no registraba
antecedentes disciplinarios.28

➢ Actuación administrativa

• El 24 de agosto de 2017, el demandante peticionó ante la UGPP el reconocimiento
de la pensión gracia.29

• El 25 de noviembre de 2017, por Resolución RDP 044365, la UGPP negó la referida
solicitud, toda vez que el señor Oliver Toro Portillo no demostró haberse
desempeñado durante más de 20 años como docente territorial o nacionalizado; por
el contrario, tuvo una vinculación del orden nacional.30

• El 1 de junio de 2018, mediante la Resolución RDP 020392, la UGPP resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.31

28 Folio 27
29 Folios 1 a 7.
30 Folios 40 a 44.
31 Folios 45 a 47.

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Demandante: Oliver Toro Portillo

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

En el presente caso se encuentra en discusión si la vinculación que el actor inició
como docente antes del 31 de diciembre de 1980 resulta válida para conceder la
pensión gracia reclamada, en los términos del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

El recuento de las pruebas aportadas al plenario permite concluir que debe
confirmarse la decisión del a quo, pues el accionante se desempeñó como docente
del orden nacional entre el 12 de mayo de 1980 y el 22 de enero de 1995.32

En efecto, durante dicho período, el señor Oliver Toro Portillo laboró como profesor
en la Escuela Técnica David González de Belalcázar33 y en el acta de posesión se
especificó que fue designado por Resolución 024 del 12 de mayo de 1980 y en el
aparte de las firmas se dejó la anotación “POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL”.

A su vez, en el certificado de historia laboral expedido por la Secretaría de
Educación del departamento del Cauca, frente a la mencionada resolución de
nombramiento, se dejó la observación de “EMANADA POR LA PREFECTURA APOSTÓLICA
DE TIERRADENTRO – EDUCACIÓN CONTRATADA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL».

Al respecto, esta corporación ha explicado que el servicio prestado en la
denominada educación contratada34 debe tenerse como una vinculación de carácter
nacional, en tanto dicha modalidad hace parte del sector público nacional.

32 Información extraída del certificado de salarios expedido por el departamento del Cauca (folio 12).
33 En el expediente la institución también aparece denominada como Colegio David González de Belalcázar de Tierradentro

(folio 22) y Escuela Nacional Urbana Mixta de Belalcázar (folios 10 a 11).
34 Sobre la pensión gracia y docentes vinculados a través del mecanismo de educación nacional contratada, esta Sección

ha manifestado en múltiples oportunidades que dichos docentes tienen la connotación de nacionales, resultando
improcedente el reconocimiento de la prestación. Para el efecto, ver sentencias del 2 de junio de 2022 (radicación 88001-
23-33-000-2015-00054-02 (1393-2016)); 3 de marzo de 2022 (radicación 27001-23-33-000-2019-00023-01 (3636-2021));
2 de octubre de 2020 (radicación 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019)); 25 de septiembre de 2020 (radicación
25000-23-42-000-2015-06485-01 (2816-2018)); y 28 de octubre de 2016 (radicación 85001-23-33-000-2013-00038-02
(4634-2014)).

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Demandante: Oliver Toro Portillo

Lo anterior se corrobora con la información contenida en el certificado laboral
emitido por la Secretaría de Educación del Cauca y el acta de posesión en la cual
se indicó que sus aportes a pensión debían girarse a la Caja Nacional de Previsión.

Igualmente, en materia de educación nacional contratada, la jurisprudencia de esta
Sección ha sido pacífica en el sentido de indicar que los docentes que laboraron
bajo ese mecanismo tienen la calidad de docentes nacionales. Así lo indicó en
sentencia del 17 de agosto de 2017, donde advirtió lo siguiente:35

La Educación Misional Contratada nace con la aprobación por parte del Congreso
Nacional del Concordato y Protocolo Final suscrito entre la Santa Sede y el Estado
Colombiano, a través de la Ley 20 de 1974. Esta modalidad de prestación del servicio
educativo, permitió la ampliación de la cobertura educativa en las regiones más
remotas del país y en los antiguos territorios nacionales a través de la suscripción de
contratos entre el gobierno Nacional y la Iglesia Católica, cuyo objeto se contraía a la
administración del servicio público educativo por parte de la Iglesia y al desarrollo de
los programas oficiales en los Centros Educativos Contratados bajo la orientación del
Ministerio de Educación Nacional en las zonas asignadas, que comprendían
alrededor de 19 departamentos.

En desarrollo de la Ley 20 de 1974, el gobierno Nacional expidió los Decretos 2768
de 1975, 2484 de 1976 y 2155 de 1987, dentro de los cuales se establecieron las
directrices y parámetros generales bajo los que se contrataría y desarrollarían los
objetivos de la Educación Misional.

En los citados Decretos se definió que los contratos serían celebrados por el
presidente de la República y el Ministerio de Educación Nacional, con el respectivo
Ordinario Competente de la Iglesia Católica y que la financiación de los costos de
infraestructura, funcionamiento, planta de personal docente y administrativa de los
centros educativos bajo contrato, administrados por la Iglesia Católica en cada zona,
serían sufragados directamente por la Nación con cargo a las sumas señaladas en la
ley de presupuesto en cada año.

En cuanto a la administración del personal docente al servicio bajo esta modalidad, el
artículo 4.o del Decreto 2768 de 1975 modificado por el artículo 1.o del Decreto 2484
de 1976, estableció el procedimiento para su vinculación, que inicialmente debía ser
adelantado por el Ordinario Competente (Iglesia Católica) y posteriormente avalado
por el Ministerio de Educación Nacional, a quien en todo caso correspondía mediante
ratificación, coordinar los nombramientos y toda novedad del personal de los centros
educativos contratados (traslados, licencias, vacaciones, renuncias, insubsistencias
etc.). De igual forma, se dispuso que estos educadores debían reunir las condiciones
y requisitos consignados en las disposiciones legales generales o especiales sobre
escalafón docente y en el régimen administrativo para funcionarios públicos.

35 Proceso 81001-23-39-000-2015-00006-01 (0468-2017). UGPP contra Gustavo Rivera Flórez. M P. Rafael Francisco Suárez

Vargas.

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Demandante: Oliver Toro Portillo

A partir del año 2001, con la expedición del Decreto 1286 que reglamentó el artículo
200 la Ley 115 de 1994, la competencia para la suscripción de estos contratos con
iglesias y confesiones religiosas se trasladó a las entidades territoriales con cargo a
sus presupuestos, bajo la continuada inspección y vigilancia del Ministerio de
Educación Nacional.

De lo anterior se deduce, en principio, el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975, en tanto era administrada por
las denominaciones católicas con sujeción a las disposiciones y directrices expedidas
por el Ministerio de Educación Nacional y financiada con recursos directos de la
Nación hasta el año 2001, lo que a su vez permite concluir, que el cuerpo docente
adscrito a los centros educativos contratados, cuyos nombramientos provenían por
ratificación de dicho Ministerio, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales.

Esta posición, también ha sido reiterada en sentencias del 14 de septiembre de
2017,36 2 de octubre de 2020,37 2 de julio de 202238 y 8 de febrero de 2024,39 entre
otras.

Ahora bien, el apoderado del accionante, tanto en el escrito de demanda como en
el recurso de apelación, hizo énfasis en que el tiempo de servicio prestado en el
departamento del Cauca, con independencia de que el vínculo hubiera surgido con
carácter nacional, debe reputarse como válido para cumplir con el requisito
establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, en tanto previó que «los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 31 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos».

En tal sentido, el actor considera que dicha vinculación anterior a 1980 no tiene que
ser necesariamente territorial o nacionalizada, es decir, que si es nacional se cumple
con la exigencia del legislador.

36 Radicado 63001-23-33-000-2012-00153-01 (0071-2014).
37 Radicado 19001-23-33-000-2017-00393-01 (2462-2019).
38 Radicado 88001-23-33-000-2015-00054-02 (1393-2016).
39 Radicado 19001-23-33-000-2016-00400-01 (3947-2018).

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Demandante: Oliver Toro Portillo

Al respecto, es pertinente reiterar que la normativa que regula la pensión gracia, así
como la jurisprudencia del Consejo de Estado citada en acápites precedentes, han
determinado que para acceder a dicha prestación los docentes deben acreditar una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplir los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Entonces, como se dejó expuesto en el marco normativo de esta providencia, para
esta Subsección es claro que los docentes nacionales no tienen derecho a
beneficiarse de la pensión gracia regulada inicialmente en la Ley 114 de 1913, y
ampliada en sus beneficiarios a partir de las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, pues
este beneficio se predica de quienes ocuparon plazas docentes nacionalizadas o
territoriales.

En ese orden, si el docente fue vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 por el
Ministerio de Educación Nacional, aunque hubiere prestado sus servicios en
educación primaria, secundaria o normalista, este no tendría derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia, puesto que dicha prestación fue
concebida por el legislador para reconocerle a los maestros territoriales o
nacionalizados un beneficio económico que equilibrara los ingresos de estos
respecto de los profesores nacionales, lo anterior, ante el déficit fiscal en que se
encontraban los entes territoriales para cubrir el pago de salarios y prestaciones de
los educadores que laboraban en el magisterio.40

De conformidad con las pruebas documentales obrantes en el expediente no cabe
duda de que el demandante ingresó al magisterio oficial como docente del orden
nacional en la Escuela Técnica David González de Belalcázar, teniendo en cuenta
que son docentes nacionales aquellos nombrados directamente por el Gobierno
nacional a través del Ministerio de Educación, o por los gobernadores y alcaldes en
virtud de una autorización legal mediante la cual las referidas autoridades podían
administrar las plantas del personal docente de las instituciones educativas

40 Véase la sentencia del 27 de julio de 2023, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 47001-23-31-

000-2012-00294-01 (3421-2019).

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nacionales y nacionalizadas conforme al artículo 9 de la Ley 29 de 1989.

Por lo tanto, el accionante no cumplió los requisitos necesarios para acceder a la
pensión gracia dado que no acreditó la vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980, situación que impide continuar con el análisis de los
demás tiempos laborados y restantes requisitos contemplados en las normas que
regulan la materia.

En suma, deberá confirmarse la sentencia impugnada, por cuanto el accionante no
controvierte que la vinculación que inició antes del 31 de diciembre de 1980 tuvo el
carácter de nacional, sino que pretende discutir el desconocimiento de las garantías
constitucionales a partir de los requisitos que el legislador contempló para el
reconocimiento del derecho a la pensión gracia, argumento que no resulta válido en
esta instancia judicial, por las razones suficientemente expuestas.

2.5. De la condena en costas en segunda instancia

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,41 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices
interpretativas que regían la situación particular del demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 14 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso
promovido por el señor Oliver Toro Portillo contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

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Demandante: Oliver Toro Portillo

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Reconocer personería al abogado Omar Andrés Viteri Duarte, como
apoderado de la UGPP y para los efectos del poder conferido. Asimismo, se acepta
la revocatoria del mandato que con posterioridad efectuó dicha entidad.42

Cuarto. Reconocer personería al abogado Edgar José Polanco Pereira
(Representante Legal de la Sociedad Lexius Consultores de Colombia S.A.S.) como
apoderado principal de la UGPP, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI
del Consejo de Estado. Igualmente, se reconoce al abogado Carlos Santiago
Valencia Vera como apoderado sustituto de dicha parte, en atención a la sustitución
radicada también en la referida plataforma.

Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

42 Documentación aportada a la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

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