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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02093-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02093-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 18 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Héctor de Jesús Ariza Coronado. Segundo: Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia. Tercero: No condenar en costas en esta instancia. Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2018-02093-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02093-01 (2757-2024)
Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: devolución de dineros pagados en exceso por concepto de mesadas
pensionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la UGPP, contra la sentencia proferida el 18 de marzo de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El extinto Instituto del Seguro Social mediante la Resolución 3435 del 26 de diciembre
de 2003, le reconoció a Héctor de Jesús Ariza Coronado una pensión de jubilación,
efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003. Posteriormente, COLPENSIONES a
través de la Resolución GNR 098196 del 17 de mayo de 2013, reconoció una pensión
de vejez a favor del demandante con efectividad a partir del 1 de junio de 2013. Luego,
por medio de la Resolución GNR 244044 del 02 de Julio de 2014 COLPENSIONES
requirió al señor Ariza Coronado, a fin de que autorizara la revocatoria de la Resolución
GNR 098196 del 17 de mayo de 2013, al evidenciar que en dicho acto no se tuvo en
cuenta que el ISS como patrono ya le había reconocido una pensión y no se tuvo en
cuenta la compartibilidad de las pensiones conforme lo establece el artículo 18 del
Decreto 758 de 1990.

Luego, COLPENSIONES mediante la Resolución GNR 290933 del 2 de julio de 2014
decide compartir la pensión de vejez y reconoce un retroactivo pensional por valor de
$489.936.055 a favor de la UGPP, este acto fue comunicado, no obstante, la entidad
continuó con el pago del valor total de la pensión de jubilación por los periodos
comprendidos entre el 1 de octubre de 2015 al 31 de agosto de 2017. La UGPP profirió
la Resolución RDP 003630 del 1 de febrero de 2018 por la cual ordenó el reintegro de
$152.264.401, por concepto de mayores valores recibidos por mesadas pensionales
causadas en el periodo antes señalado. El demandante interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación. La entidad decidió la reposición y la apelación
a través de la Resolución RDP 011085 del 27 de marzo de 2018 y confirmó en todas
y cada una de sus partes el acto administrativo inicial.

Radicación: 05001-23-33-000-2018-02093-01 (2757-2024)
Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1.Héctor de Jesús Ariza Coronado, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó que se declarara la nulidad de los siguientes actos
administrativos expedidos por la UGPP: i) Resolución RDP 003630 del 1 de febrero de
2018 mediante la cual se le ordenó reintegrar la suma de $ 152.264.401, por concepto
de mesadas pensionales pagadas en exceso entre el 1 de octubre de 2015 y el 31 de
agosto de 2017, ii) Resolución RDP 011085 del 27 de marzo de 2018, que resolvió el
recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicial y la confirmó. Asimismo,
pidió que se declare que no habrá lugar a devolver lo percibido por concepto de
mesadas pensionales durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y
el 31 de agosto de 2017, por cuanto fueron recibidas de buena fe y que en el evento
de no prosperar la pretension anterior, que se declare que el accionante adeuda a la
UGPP el valor de las mesadas pensionales causadas entre el 1 de octubre de 2015 al
31 de agosto de 2017, sin tener en cuenta el porcentaje del 12% destinado al sistema
de salud.

3. A título de restablecimiento del derecho reclamó que se declare: i) que no tiene
obligación de devolver la suma de $152.264.401, por concepto de las mesadas
pensionales causadas entre el 1 de octubre de 2015 al 31 de agosto de 2017; ii) en el
evento de no prosperar la pretensión anterior, se ordene a la UGPP a realizar el cálculo
de la deuda sin tener en cuenta el porcentaje descontado por concepto de cotizaciones
al sistema de salud en un 12%; y iii) que la entidad accionada se debe abstener de
cobrar intereses de mora y pagar costas.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos2 del caso de la siguiente manera:

1) El demandante laboró en el extinto «Instituto de Seguros Sociales» (en adelante
ISS), el cual a través de la Resolución 3435 del 26 de diciembre de 2003 reconoció
la pensión de jubilación del actor, efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003, en
cuantía de $3.871.537

2) COLPENSIONES mediante la Resolución GNR 098196 del 17 de mayo de 2013
reconoció y ordenó pagar la pensión de vejez, a favor del actor, efectiva a partir del
1 de junio de 2013, por reunir los requisitos de ley, en cuantía de $5.229.456.

3) Posteriormente, la misma administradora por medio de la Resolución GNR 244044
del 2 de julio de 2014, solicitó autorización para revocar el acto administrativo
anteriormente citado, por no haberse reconocido de forma compartida con el ISS.
No obstante, no aparece en el plenario aprobación alguna.

1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 28 de septiembre de 2018 ante los Juzgados
Administrativos de Medellín con el «ACTA DE REPARTO», visible en el folio 131 del expediente físico, remitido por competencia
al Tribunal Administrativo de Antioquia mediante providencia del 8 de octubre de 2018 y sometido a reparto el 29 de octubre de
2018 según «ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO», folio 136 del expediente físico.
2
Folios 4 al 20 del expediente físico.
2

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Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

4) Luego profirió la Resolución GNR 290933 del 23 de septiembre de 2015 por la cual
reconoció una pensión de vejez de caracter compartida al accionante en cuantía
de $4.446.935, efectiva a partir del 6 de mayo de 2008.

5) Mediante la Resolución GNR 326540 del 1 de noviembre de 2016,
COLPENSIONES reconoce un retroactivo pensional por valor de $489.936.055 a
favor de la UGPP, por mesadas retroactivas causadas desde el 6 de mayo de 2008
hasta el 30 de septiembre de 2015. Pese a que el acto administrativo fue
comunicado por COLPENSIONES a la UGPP, ésta última continuó con el pago la
pensión de jubilación completa por los periodos comprendidos entre el 1 de octubre
de 2015 al 31 de agosto de 2017.

6) A través de la Resolución RDP 027150 del 4 de julio de 2017, la UGPP modificó la
mesada pensional por compartibilidad y se ordenó el pago de un mayor valor.

7) Por medio de la Resolución RDP 032542 del 17 de agosto de 2017, la UGPP ajustó
la mesada pensional.

8) El 03 de noviembre de 2017, la UGPP requirió al demandante para que reintegrara
la suma de $152.264.401, por concepto de mesadas pensionales pagadas en
exceso causadas entre el 1 de octubre de 2015 al 31 de agosto de 2017.

9) El 15 de febrero de 2018, el demandante solicitó a la UGPP la reliquidación de la
suma que se ordenó reintegrar, por considerar que no se puede efectuar el
reintegro del 12% que fue descontado de las mesadas pensionales con destino a
la entidad promotora de salud.

10) La UGPP expidió la Resolución RDP 003630 del 1 de febrero de 2018 mediante la
cual determinó que el actor debe reitegrar la suma de $152.264.401, por concepto
de mesadas pensionales pagadas en exceso causadas entre el 1 de octubre de
2015 al 31 de agosto de 2017.

11) El 6 de marzo de 2018, el demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la decisión anterior, los cuales fueron resueltos mediante
la Resolución RDP 011085 del 27 de marzo de 2014, la cual, confirmó la decisión
recurrida y declaró improcedente el recurso de apelación.

12) Finalmente, el actor reconoció haber recibido el doble pago por parte de
COLPENSIONES y la UGPP, además, señaló que no actuó de mala fe, y que ello
obedeció a una falla administrativa por parte de la UGPP.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5.La parte demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución
Política, artículo 29; la Ley 1437 de 2011, artículo 164; y la Ley 100 de 1993.

6. En el concepto de violación precisó que no hay lugar a la devolución de los dineros
ordenados por la entidad, porque fueron percibidos de buena fe.

7. Citó la sentencia del 1 de septiembre de 2014 con radicado 25000-23-25-201-
00609-02 (3130-13), mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, reiteró que en los casos donde se han recibido prestaciones periódicas
producto de un error de la administración, debe presumirse la buena fe; presunción
que, si bien admite prueba en contrario, le corresponde a quien lo echa de menos,
probar que se actuó de mala fe.

3

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Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

8.Finalmente, sostuvo que la entidad demandada descontó de las mesadas
pensionales el porcentaje de cotización en salud, conforme a lo señalado en el artículo
157 de la Ley 100 de 1993, por lo que no hay lugar a su devolución.

2.2. Contestación de la demanda

9.La UGPP3 manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda por
considerarlas injustificadas tanto en los hechos como en derecho, y en su lugar, solicitó
que se condene al demandante al pago de las costas y agencias en derecho.

10. Precisó que el demandante desde el reconocimiento de la pensión de jubilación,
conocía que la mesada estaba sujeta a su compartibilidad, y así le fue establecido por
COLPENSIONES a través del acto administrativo GNR 244044 del 02 de julio de 2014;
es decir, antes de que se apropiara de los mayores valores pagados con las mesadas
causadas entre el 1 de octubre de 2015 al 1 de agosto de 2017, por tanto, lo que tuvo
lugar fue un aprovechamiento del error ajeno, con plena conciencia, y contrario a la
buena fe.

11. Por último, planteó las excepciones que denominó: i) ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, (ii) mala fe, y (iii) prescripción.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 18 de marzo de 20244 accedió a las pretensiones de la demanda, con
condena en costas, bajo los siguientes argumentos:

a) Precisó que en el presente asunto no se discute si Héctor de Jesús Ariza Coronado
es o no beneficiario de las prestaciones reconocidas, sino la procedencia de la
devolución de las sumas de dinero producto de unos mayores valores recibidos, por
concepto de mesadas pensionales, con cargos a recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.

b) Sostuvo que del material probatorio que obra en el plenario, se vislumbra que dentro
del trámite de reconocimiento pensional del demandante se presentaron una serie de
errores por parte de las entidades encargadas, como es el caso de COLPENSIONES
quien, una vez el actor completó los 60 años como requisito para acceder al
reconocimiento de la pensión de vejez, pese a conocer que este venía percibiendo una
pensión por parte de quien fuera su patrono (el extinto ISS), omitió incluir dentro del
acto administrativo lo relativo a la compartibilidad pensional.

c) Señaló que COLPENSIONES al percatarse del error, solicitó autorización para
revocar directamente dicho acto administrativo, pero no obra prueba de dicha
aprobación, y solo se tiene que en la Resolución GNR 290933 del 23 de septiembre
de 2015 la entidad advirtió que en el expediente pensional no se encontró la
autorización, afirmación que no brinda claridad respecto del actuar del accionante.

d) Indicó que la verificación en relación con el valor de los pagos que se debían efectuar
por concepto de mesadas pensionales corresponde a la UGPP, no solo por ser la
encargada de determinar el monto a consignar en razón de la compartibilidad de la
pensión, sino porque fue informada del contenido de las resoluciones GNR 290933 del
23 de septiembre de 2015 y GNR 326540 del 1 de noviembre de 2016 emitidas por
COLPENSIONES; por consiguiente, ello es una carga que no se puede trasladar al
demandante.

3
Folios 153 al 155 del expediente físico.
4
Índice 00058 del Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.
4

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Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

e) En este orden, consideró que la entidad demandada no logró desvirtuar la
presunción de buena fe que ampara a Héctor de Jesús Ariza Coronado, al recibir una
doble asignación entre el 1 de octubre de 2015 al 1 de agosto de 2017, por el contrario,
quedó establecido que ello acaeció por un error de la administración, y en
consecuencia, conforme lo dispuesto en el numeral 1 literal c) del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011, no hay lugar a ordenar la devolución de los dineros pagados por
mesadas pensionales durante el periodo ya indicado.

f) En consecuencia, declaró la nulidad de las resoluciones RDP 003630 del 01 de
febrero de 2018 y RDP 011085 del 27 de marzo de 2018 expedidas por la UGPP, en
cuanto ordenaron al accionante reintegrar la suma de $152.264.401, por concepto de
las mesadas pensionales pagadas en exceso y recibidas por el actor entre el 1 de
octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2017, por haber sido expedidas con infracción de
las normas en que debían fundarse, declaró que no hay lugar a devolver suma alguna
por concepto de mesadas pensionales reconocidas y recibidas de buena fe y condenó
en costas a la parte vencida.

2.4. Recurso de apelación

13. La UGPP5 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
en el que insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, solicitó su
revocatoria y, en su lugar, que se despachen desfavorablemente las pretensiones del
escrito inicial.

14. Sostuvo que está probado que el demandante desde el reconocimiento de la
pensión de jubilación conocía que su mesada estaba sujeta a la compartibilidad
posterior, Colpensiones le recordó este hecho al solicitar su consentimiento para
realizar la revocatoria directa del acto administrativo, sin embargo, incurrió en la figura
de aprovechamiento de error ajeno, que incluso es una conducta punible tipificada en
el Código Penal; y continuó con los cobros sin reparo alguno de la mesada reconocida
por jubilación y la reconocida por vejez en forma completa.

15. Finalmente, concluyó que, los hechos narrados a todas luces son contrarios a la
buena fe, que se define como el actuar bajo la convicción de la legalidad, y sin el ánimo
defraudatorio.

2.5. Intervenciones en segunda instancia

16. Conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 20216, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas. El Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

5
Índice 00060 del Samai del Tribunal Administrativo de Antioquia.
6
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011,
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.
5

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Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

3.2. Problema jurídico y metodología de su resolución

18. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: determinar si el demandante debe reintegrar las sumas
pagadas en exceso por la UGPP por concepto de mesadas pensionales recibidas entre
el 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2017 o si, por el contrario, no es procedente
ordenar la referida devolución de dineros por haberlos percibido de buena fe.

19. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, el
principio de la buena fe, y, en segundo lugar, estudiará el caso en concreto.

3.3. El principio de buena fe en la devolución de prestaciones periódicas

20. Conforme con el artículo 83 de la Constitución Política, «[l]as actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas».

21. En relación con el contenido del principio de buena fe, la jurisprudencia
constitucional lo ha definido como «aquel que exige a los particulares y a las
autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y
conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir
bonus)’. Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada».7

22. De esta manera, el constituyente de 1991 dispuso que el principio de buena fe
comportaría un patrón rector de las actuaciones de los particulares y las autoridades
públicas. Adicionalmente, la Carta Política establece que el referido principio se
presume en las diligencias que los primeros adelanten ante las segundas; así pues,
bajo la idea de esa presunción, quien pretende desvirtuarla debe asumir la carga
probatoria que permita demostrar la trasgresión de dicho principio.8

23. En igual sentido, el artículo 164 de la Ley 1437 de 20119 (CPACA) precisó:

«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe;
[…].» [Resaltado de la Sala].

24. De conformidad con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
sostenido que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a
los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el
demandado [en este caso la demandante] incurrió en conductas deshonestas,
fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio
al cual no tenía derecho».10

7
Corte Constitucional, sentencia C-1194 del 3 de diciembre de 2008.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2020,
expediente 41001-23-33-000-2012-00237-02 (4076-18).
9
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.»
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de agosto de
2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14).
6

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Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

3.4. Caso concreto

3.4.1. Hechos probados

25. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer lo
siguiente:

a) El Instituto de Seguros Sociales en calidad de patrono a través de la Resolución
3435 del 26 de diciembre de 200311 le reconoció la pensión de jubilación al actor.

c) COLPENSIONES mediante la Resolución GNR 098196 del 17 de mayo de 201312,
reconoció y ordenó pagar la pensión de vejez a favor del demandante en cuantía de
$5.229.456, efectiva a corte de nómina.

d) El 2 de julio de 2014 por medio de la Resolución GNR 244044, COLPENSIONES
solicitó autorización al actor para revocar la Resolución GNR 098196 del 17 de mayo
de 2013, toda vez que la prestación debió reconocerse con carácter compartida con el
ISS. El accionado no se pronunció al respecto.

e) El 23 de diciembre de 2014, el accionante solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez compartida. COLPENSIONES profirió la Resolución GNR 290933 del
23 de septiembre de 201513 por la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión de
vejez de Héctor de Jesús Ariza Coronado, de carácter compartida, ingresada a nómina
en el periodo octubre de 2015.

g) A través del oficio con radicado 201714203236831 del 7 de noviembre de 201714 la
UGPP le informó al demandante que existen valores a favor de la Nación y a su cargo
en cuantía de $152.264.401 por compartibilidad, los cuales, deben ser reintegrados y
le concede un término de 30 días para efectuar el pago.

h) El 15 de febrero de 2018, el actor solicitó la reliquidación del valor de la suma a
reintegrar por compartibilidad de pensión de vejez15, en el sentido, de no incluir el 12%
de descuentos en salud de cada mesada pensional causada desde el 1 de octubre de
2015 al 31 de octubre de 2017, la cual fue resuelta negativamente mediante
comunicación con radicado 201814200657201 del 28 de febrero de 201816.

i) La UGPP profirió la Resolución RDP 003630 del 01 de febrero de 201817, por medio
de la cual se determinó que el actor adeuda las suma $152.264.401, por concepto de
diferencias de mesadas de la pensión por compartibilidad.

e) El 3 de marzo de 201818, el demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la Resolución RDP 003630 del 01 de febrero de 2018, los
cuales fueron resueltos con la Resolución RDP 011085 del 27 de marzo de 201819, en
el cual confirmó la decisión recurrida y declaró improcedente el recurso de apelación.

3.4.2. Análisis sustancial de la Sala

26. El demandante pretende la nulidad del acto administrativo que ordenó el reintegro
de los dineros pagados en exceso por concepto de mesadas pensionales por el

11
Visible según Resolución GNR 290933 del 23 de septiembre de 2015, folios 29 al 33 del expediente físico.
12
Visible según Resolución GNR 290933 del 23 de septiembre de 2015, folios 29 al 33 del expediente físico.
13
Folios 29 al 33 del expediente físico.
14
Folio 34 del expediente físico.
15
Folios 36 a 39 del expediente físico.
16
Folio 40 del expediente físico.
17
Folios 42 a 45 del expediente físico.
18
Folios 47 a 51 del expediente físico.
19
Folios 53 a 55 del expediente físico.
7

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-02093-01 (2757-2024)
Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

periodo comprendido entre 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de 2017, toda vez
que no se demostró la mala fe.

27. La entidad demandada afirmó que la parte actora actuó de mala fe por haber
percibido dos asignaciones por parte del erario y omitir informarle al ISS que ya le
había sido reconocida la pensión de vejez por parte de COLPENSIONES.

28. La Sala comparte el argumento del tribunal de instancia respecto a que en el
presente asunto no se discute si Héctor de Jesús Ariza Coronado es o no beneficiario
de la prestación reconocida, sino la procedencia de ordenar el reintegro de las sumas
recibidas durante el periodo comprendido 1 de octubre de 2015 y el 1 de agosto de
2017, tiempo en el que recibió el pago de la mesada pensional en exceso por mayor
valor que por compartibilidad le correspondía.

29. Al respecto, se tiene que mediante la Resolución RDP 003630 del 1 de febrero de
201820 (acto acusado), la UGPP le ordenó al señor Ariza Coronado reintegrar la suma
de $152.264.401 por concepto de mesadas pensionales pagadas en exceso entre el
1 de octubre de 2015 al 31 de agosto de 2017, en los siguientes términos:

«[…]

Que mediante la resolución No 3435 del 26 de diciembre de 2003, el Instituto de
Seguros Sociales en su calidad de patrono reconoció pensión de jubilación a favor del
señor ARIZA CORONADO HECTOR DE JESUS, identificado con cédula de ciudadanía
No. 70.040.444 en cuantía de $3.871.537, efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003.

Que mediante Resolución GNR 098196 de 17 de mayo de 2013, la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, reconoce el pago de una pensión de
vejez a favor del señor ARIZA CORONADO HECTOR DE JESUS ya identificado, a
partir del 1 de junio de 2013, en cuantía de $5.229.456.00 M/CTE.

Que mediante Acto Administrativo GNR 244044 de 02 de Julio de 2014 se solicitó al
asegurado autorización para revocar la Resolución GNR 098196 de 17 de Mayo de
2013 en virtud a que la prestación debió reconocerse en carácter de compartida con el
ISS PATRONO.

Que La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, mediante GNR
290933 del 23 de septiembre de 2015, reconoció una pensión de vejez de carácter
compartida al señor ARIZA CORONADO HECTOR DE JESUS, identificado con cédula
de ciudadanía No. 70.040.444, en cuantía de $ 4.446.935 pesos a partir del 06 de mayo
de 2008.

Que mediante resolución No. GNR 326540 de 1 de noviembre de 2016, la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, reconoce un retroactivo
de la pensión de vejez compartida, y ordena levantar el suspenso establecido en la
resolución No. GNR 0290933 de 23 de septiembre de 2015, por valor de $489.936.055.
Que mediante Resolución No. RDP 027150 de 4 de julio de 2017, se modificó la
mesada pensional por compatibilidad y se ordenó el pago de un mayor valor.

Que mediante RDP 032542 del 17 de agosto de 2017, se modifica el artículo primero
de la resolución No. RDP 027150 de 4 de julio de 2017, el cual quedo así:

"ARTICULO PRIMERO: Ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo de EL
FONDO DE PENSIONES PUBLICAS FOPEP de la pensión de JUBILACION
reconocida a favor del señor ARIZA CORONADO HECTOR DE JESUS ya identificado
en la cuantía que resulte entre la diferencia del valor de la mesada pensional otorgada
por el INSTITUTO SEGURO SOCIAL PATRONO HOY UGPP en cuantía de
$3.871.537 efectiva a partir del 29 de diciembre de 2003, y el valor de la mesada

20
Transcripción incluso con errores.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 05001-23-33-000-2018-02093-01 (2757-2024)
Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

reconocida por COLPENSIONES en cuantía de $5.229.456 MCTE a partir del 1 DE
JUNIO DE 2013."

Que mediante Resolución No. RDP 037432 del 29 de septiembre de 2017se ordena
ajustar la mesada pensional en el mayor valor a cargo de EL FONDO DE PENSIONES
PUBLICAS FOPEP de la pensión de JUBILACION reconocida a favor del señor ARIZA
CORONADO HECTOR DE JESUS ya identificado en la cuantía que resulte entre la
diferencia del valor de la mesada pensional otorgada por el INSTITUTO SEGURO
SOCIAL PATRONO HOY UGPP en cuantía de $3.871.537 efectiva a partir del 29 de
diciembre de 2003, y el valor de la mesada reconocida por COLPENSIONES en cuantía
de $ 4.446.935 a partir del 06 de mayo de 2008.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Determinar que el señor HECTOR DE JESUS RIZA
CORONADO identificado con CC No. 70.040.444, adeuda la suma de $152.264.401
M/CTE (CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CUATRPCIENTOS UN PESO M/CTE), la cual deberá pagar a la
Dirección del Tesoro Nacional por concepto de diferencias en mesadas de la pensión
por concepto de compartibilidad de acuerdo con el Memorando UGPP radicado No.
201880050049262 de fecha 09 de enero de 2018, suscrito por la Subdirección de
Nómina de Pensionados de la UGPP».

[…]

30. Este acto administrativo fue confirmado en todas y cada una de sus partes a través
de la Resolución RDP 011085 del 27 de marzo de 2018 (acto acusado), con los
mismos argumentos del acto recurrido.

31. Sobre el particular, la Sala recuerda que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 83
de la Constitución Política, las actuaciones de los particulares y de las entidades
públicas, deben ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presume en todas
las actuaciones que aquellos adelanten ante estas y que el artículo 164 del CPACA, al
establecer la posibilidad de que los actos que reconocen prestaciones periódicas
puedan demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los administrados,
es claro que no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de
buena fe.

32. De conformidad con lo anterior, es dable concluir que en el expediente no obra
prueba suficiente que permita desvirtuar la presunción constitucional de la buena fe,
que demuestre que el accionante tenía conocimiento de la obligación que le asistía de
informarle al ISS que percibía la pensión reconocida por COLPENSIONES.

33. Por lo tanto, no resulta razonable que dicha entidad, en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, pretenda el reintegro de las sumas que fueron pagadas
entre 1 de octubre de 2015 y 31 de agosto de 2017, tiempo durante el cual el actor
recibió doble mesada pensional y le imponga un gravamen para purgar así el descuido
en que incurrió la administración por no haber adoptado las medidas necesarias,
tendientes a evitar este tipo de situaciones.

34. Por otra parte, en cuanto al reintegro ordenado por la UGPP mediante la Resolución
003630 del 1 de febrero de 2018, confirmada por la Resolución 0011085 del 27 de
marzo de 2018, en favor de la Dirección del Tesoro Nacional y a cargo del pensionado,
resulta pertinente recordar que esta corporación21 ha admitido que se trata de sumas

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C. P. William

Hernández Gómez, radicación 25000-23-25-000-2009-00282-01(3924-15).

9

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-02093-01 (2757-2024)
Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

recibidas de buena fe, pues el demandante tenía la convicción de ser acreedor del
doble reconocimiento pensional. Más aun cuando es la administración quién tiene el
deber de verificar en qué momento concluye su obligación en el pago de la pensión
por haberla asumido el COLPENSIONES, carga que no podrá trasladarse al
accionante, es decir, que dicha falta de previsión no tiene porqué asumirla la parte
actora.

35. Esta posición ha sido reiterada por esta Sección al advertir que dichos dineros
fueron recibidos de buena fe, pues los pensionados tienen la convicción legítima de
ser acreedores del reconocimiento pensional que se les asigne. En la sentencia del 4
de septiembre de 2017, se señaló lo siguiente22:

«[…] No obstante, en cuanto al reintegro ordenado por el SENA en el artículo 3.º de la
Resolución 00237 de 2009, en su favor y a cargo del pensionado, resulta pertinente
recordar que esta corporación19 ha admitido que se trata de sumas recibidas de buena
fe, pues el demandante tenía la convicción de ser acreedor del doble reconocimiento
pensional. Más aun cuando es la administración quién tiene el deber de verificar en qué
momento concluye su obligación en el pago de la pensión por haberla asumido el ISS,
carga que no podrá trasladarse al demandante, es decir, que dicha falta de previsión
no tiene porqué asumirla el accionante, reintegrando unos valores que, como se dijo,
recibió de buena fe.

De manera que, se declarará la nulidad parcial del referido acto, específicamente del
artículo 3.º, a través de la cual ordenó a Luis Eduardo de la Rosa Gutierrez reintegrar
al SENA la suma de $75.684.381, correspondientes al mayor valor que le fue pagado
en las mesadas del 14 de febrero de 1986 al 30 de marzo de 2004, así como de la
Resolución 00825 de 2009 por medio de la cual se resolvió recurso de reposición contra
aquella.

Por tanto, si la administración, por negligencia, le pagó al demandante ambas
pensiones por el término de siete meses, no puede deducir su mala fe para tratar de
recuperar los valores anotados, menos aun tratándose de una pensión compartida
entre el SENA como empleador y el ISS como entidad de previsión. […]». [Resaltado
de Sala].

3.5. Conclusión

36. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
al no haberse desvirtuado la presunción constitucional de buena fe sobre las
actuaciones desplegadas por Héctor de Jesús Ariza Coronado, no le asiste la
obligación de reintegrar el valor de las mesadas pensionales que recibió entre el 1 de
octubre de 2015 al 31 de agosto de 2017, toda vez que tenía la convicción de ser
acreedor del doble reconocimiento pensional y una vez enterado de que no le asistía
el derecho siempre tuvo la disposición de llegar a un acuerdo para su devolución 23.

37. Por lo tanto, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia de
primera instancia, y, en consecuencia, los actos administrativos demandados, pierden
su presunción de legalidad.

3.6. Costas

presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 24 de la
38. La
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de septiembre de
2017, radicación 25000-23-25-000-2009-00282-01(3924-15), C. P. William Hernández Gómez.
23
Folios 4 al 20 del expediente físico.
24 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
10

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Radicación: 05001-23-33-000-2018-02093-01 (2757-2024)
Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio se imponga
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas. Por lo tanto, revocará la condena impuesta en primera instancia
y se abstendrá de imponer en esta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 18 de
marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión,
mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por Héctor de Jesús Ariza Coronado.

Segundo: Revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia.

Tercero: No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
11

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Demandante: Héctor de Jesús Ariza Coronado
Demandada: UGPP

Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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