Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02146-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-02146-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-02146-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
8 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Temas: Ejecutivo laboral
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, en adelante CREMIL, contra la sentencia proferida el 16 de
diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual
desestimó la excepción de pago propuesta por la demandada y dispuso seguir
adelante la ejecución.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
El señor Luis Antonio Pastrana López, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumpla el Auto 065 del 25 de abril
de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que aprobó
parcialmente un acuerdo conciliatorio suscrito entre el actor y CREMIL.
1 Folios 54 a 65.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo por los siguientes conceptos: i) $59.974.422,
correspondientes al valor acordado por capital adeudado; ii) $39.600.287,
equivalentes al valor por reajustar hasta la fecha de presentación de la acción
ejecutiva; iii) intereses moratorios causados desde el 26 de noviembre de 2015; y
iv) continuar con «el reajuste hacia el futuro», en atención al acuerdo conciliatorio
aprobado.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló:
i) Por Auto 065 del 25 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia
aprobó parcialmente un acuerdo conciliatorio suscrito entre el actor y CREMIL,
referente la reliquidación de su asignación de retiro con base en el IPC.2
ii) Mediante la Resolución 5705 del 12 de agosto de 2016, la ejecutada cumplió la
anterior providencia, pero no reconoció suma alguna a favor del accionante.
iii) El 4 de octubre de 2016, el interesado solicitó el cumplimiento de la decisión
judicial, pero esta petición fue negada en razón a que la Resolución 5705 de 2016
acató el acuerdo conciliatorio en los términos en que fue aprobado por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
iv) CREMIL desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, que fue acogida por
el título de recaudo, ya que los reajustes de las asignaciones de retiro, tomando
como referente el IPC para los años 1997 a 2004, implican una variación en la base
salarial hasta el 31 de diciembre de 2004, la cual continúa proyectando sus efectos
a partir del 1 de enero de 2005, con fundamento en el principio de oscilación. A su
2 Índice de Precios al Consumidor.
2
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
vez, estas variaciones e incrementos deben verse reflejados en las mesadas
posteriores.
1.1.3. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
Como tales se señalaron los artículos 104 y 306 del CPACA; 305, 306 y 307 del CGP.3
1.2. Oposición a la demanda ejecutiva
CREMIL se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones:4
i) Pago total de la obligación. CREMIL, mediante la Resolución 5705 del 12 de
agosto de 2016, cumplió integralmente el auto cuya ejecución se depreca en el sub
lite. Además, la presente demanda desborda el contenido de la providencia, pues
esta aprobó el acuerdo conciliatorio en cuanto al reconocimiento del reajuste y pago
de diferencias pensionales a partir de la vigencia del Decreto 4433 de 2004; sin
embargo, improbó los demás aspectos convenidos, lo cual implica que debe
modificarse la liquidación que inicialmente habían pactado las partes «y no como
aseveró el juez utilizar la misma liquidación objeto de conciliación de manera
parcial».
La forma como quedó aprobada la conciliación condujo a que los nuevos cálculos
arrojaran un crédito de $0 a favor del actor, teniendo en cuenta que el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la excepción de cosa juzgada «sobre el reajuste
del período conciliado y esto automáticamente impide que mediante operación
matemática se generen valores, pues al caerse el reajuste, no hay lugar a
reliquidación».
A su turno, en el lapso establecido por la autoridad judicial no se presentaron
3 Código General del Proceso.
4 Folios 80 a 82.
3
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
diferencias desfavorables para el ejecutante entre «los porcentajes reajustados por
principio de oscilación y el IPC».
ii) Imposibilidad de hacer declaraciones en el proceso ejecutivo. El título de
recaudo aprobó parcialmente el acuerdo conciliatorio que las partes le propusieron
al juez, pero omitió establecer con precisión la forma en que quedaría dicho pacto y
el interesado no recurrió oportunamente la providencia.
De este modo, el auto objeto de ejecución carece de claridad «en tanto que no
aprueba el acuerdo en la parte del reajuste por existencia de cosa juzgada, es decir,
para el juez no se debe realizar el reajuste porque ya se realizó mediante sentencia,
pero sí aprueba una posterior liquidación sin piso jurídico (o matemático) ya que al
caerse el reajuste no hay lugar a la reliquidación».
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 16 de diciembre de
2022, desestimó la excepción de pago propuesta por la demandada y dispuso seguir
adelante la ejecución, con sustento en las consideraciones que se resumen, a
continuación:5
i) El auto objeto de cumplimiento conminó a CREMIL a reliquidar la asignación de
retiro del actor siguiendo las siguientes operaciones: a) partir de la reliquidación de
la prestación conforme al IPC hasta el año 2004, teniendo en cuenta el ajuste que
traía la base de la asignación de acuerdo al IPC ordenado en una sentencia anterior
y respecto de lo cual existía cosa juzgada; b) reliquidar la asignación a partir del
2005 conforme al principio de oscilación, pero sobre la base de la prestación
ajustada con el IPC.
ii) Como consecuencia, CREMIL sufragaría las diferencias causadas desde el 2005,
conforme a la reliquidación de la asignación de retiro según el IPC ordenada hasta
5 Folios 189 a 197.
4
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
el 2004 «y que empezaron a ser arrastradas desde esa época», pero con aplicación
de la prescripción cuatrienal, es decir, que la condena surtiría efectos desde el 10
de noviembre de 2010. De este modo, la entidad se obligó a reconocer el capital
adeudado, más el 75% de la indexación.
iii) La ejecutada no ha cumplido la aludida obligación, pues para los años 2004, 2005
y 2006, el actor percibió su mesada en cuantías de $3.184.546, $3.359.696 y
$3.527.681, respectivamente. Estos montos fueron establecidos conforme al
principio de oscilación; sin embargo, la mesada del 2004 debía contener el
incremento acumulado del IPC, por ende, la suma correcta para esa anualidad era
la de $3.711.632 y, en consecuencia, para los años 2005 y 2006, la cuantía
ascendería a $3.915.771 y $4.111.559. Entonces, se encuentran diferencias a favor
del accionante pendientes de reconocer, razón por la que no prospera la excepción
de pago total.
iv) Se ordena seguir adelante la ejecución, en los términos dispuestos en el auto
objeto de ejecución.
v) Se condena en costas a CREMIL y se fijan las agencias en derecho en una suma
equivalente al 3% del capital adeudado.
1.4. El recurso de apelación
CREMIL interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los
siguientes argumentos:6
i) La entidad ejecutada, por Resolución 5705 del 12 de agosto de 2016, cumplió el
título de recaudo, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. El IPC tuvo vigencia para reajustar los salarios devengados en el periodo enero de
1997 a diciembre de 2004,
b. A partir de enero 1 de 2005 inició la vigencia del Decreto 4433 de 2004 y se retornó
6 Folios 199 a 202.
5
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
al principio de oscilación […].
c. El auto emitido por ese Tribunal señaló que:
1. Operó la excepción de la cosa juzgada respecto del periodo 1997 a 2003,
2. A partir de la vigencia del Decreto 4433 de 2004 se debía reajustar la asignación y
pagar las diferencias, recuérdese que esa norma inició su vigencia el primero de
enero de 2005,
3. NO efectuó ningún pronunciamiento de aplicación del IPC respecto del año 2004.
ii) El a quo desconoció la providencia objeto de cumplimiento y, en especial, que allí
se declaró la cosa juzgada, pues existía un fallo del 6 de noviembre de 2008,
proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento, que ordenó reliquidar la
asignación de retiro del actor con base en el IPC en el periodo comprendido entre el
11 de septiembre y el 31 de diciembre de 2003. Esta decisión fue acatada por
Resolución 3914 del 6 de octubre de 2010 y se le pagó al demandante la suma de
$252.716.
iii) CREMIL ha ejecutado integralmente las decisiones judiciales y, por lo tanto, se
encuentra demostrada la excepción de pago total de la obligación.
iv) Se solicita revocar la condena en costas decretada en primera instancia, ya que
estas no se rigen por un concepto objetivo, es decir, que no basta simplemente con
que la parte sea vencida; por el contrario, el juez debe hacer una valoración
subjetiva y analizar la conducta de los intervinientes, ya que dicha carga procesal
solo tiene lugar cuando el expediente da cuenta de su causación y en la medida de
su comprobación.
v) CREMIL contestó la demanda, actuó dentro del marco de su defensa técnica,
aportó los antecedentes administrativos, acudió a la audiencia inicial, no realizó
actos dilatorios, temerarios o encaminados a perturbar la actuación.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
El accionante y CREMIL se abstuvieron de intervenir ante esta corporación.
1.6. El Ministerio Público
6
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, el
problema jurídico se circunscribe a establecer i) si sebe revocarse la decisión que
ordenó seguir adelante la ejecución, por haberse configurado la excepción de pago
total de la obligación; y ii) si procedía la condena en costas impuesta por el a quo.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial.
El instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
7
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
A su turno, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre
otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».7
2.3. Hechos probados
• El 26 de noviembre de 2015, la secretaria técnica del Comité de Conciliación de
CREMIL certificó que:8
El día 24 de noviembre de 2015, en reunión ordinaria de Comité de Conciliación se
sometió a consideración la Audiencia de conciliación extrajudicial con fundamento en
la Ley 1285 de 2009, dentro de la solicitud elevada por el señor PASTRANA LÓPEZ LUIS
ANTONIO. Lo anterior consta en el acta No. 90 de 2015
ANTECEDENTES
[…]
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009, radicado:
25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su
obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias
no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
8 Folios 30 a 32.
8
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
PRETENSIONES
Solicita el accionante el reajuste de su asignación de retiro para [los] años 1997 a
2004, de acuerdo al IPC y que se paguen las diferencias entre lo pagado y lo dejado
de pagar en los años en que el reajuste fue inferior al IPC.
ANÁLISIS DEL CASO
Con ocasión de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales proferidos por el
Consejo de Estado9 y consolidando el precedente judicial sobre el reajuste de las
asignaciones de retiro y/o sustituciones pensionales con base en el IPC, la Entidad
cambió su política de defensa por una política conciliatoria.
• Sin embargo el tema objeto de estudio en el presente litigio ya tuvo un
pronunciamiento de fondo por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, mediante la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia No. 5001333102620070008900, accediendo a las pretensiones de la
demanda, configurándose la COSA JUZGADA.
[…]
Con respecto los años 1997 a 2003 se verificó que efectivamente no se habían
reajustado, y concuerdan con los parámetros establecidos por este, razón por la cual
se pone de presente la viabilidad conciliatoria, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros: capital, indexación, intereses y costas y agencias en derecho y
prescripción cuatrienal, sin embargo el no pago de intereses aplica dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de radicación de la solicitud de pago.
DECISIÓN
CONCILIAR entre el período comprendido del 01 de enero de 1997 al 31 de
diciembre de 2003, bajo la solicitud directa del procurador delegado de
reconsideración, en el presente asunto bajo los siguientes parámetros:
1. Capital: Se reconoce en un 100%.
2. Indexación: Será cancelada en un porcentaje del 75%.
3. Pago: El pago se realizará dentro de los seis meses siguientes contados a
partir de la solicitud de pago.
4. Intereses: No habrá lugar al pago de intereses dentro de los seis meses
siguientes a la solicitud de pago.
5. Costas y agencias en derecho: Considerando que el proceso termina con
al conciliación las partes acuerdan el desistimiento por este concepto. […].
6. El pago de los anteriores valores está sujeto a la prescripción cuatrienal.
Bajo estos parámetros se entiende que la conciliación es total. [Resaltado dentro del
texto].
9 Consejo de Estado, Sentencia del 15 de noviembre de 2012, radicación No. 25000232500020100005111101,
Demandante Campo Elías Ahumada Contreras, Magistrado Ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
Consejo de Estado, Sentencia del 29 de noviembre de 2012, radicación No. 25000232500020110071001, Demandante:
Nhora Franco de Beltrán, Magistrado Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
9
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
• El 26 de noviembre de 2015, el Grupo IPC – Conciliaciones de CREMIL dirigió el
Memorando 211-5794 a la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, en el que se lee:10
A continuación le relaciono la liquidación del IPC, desde el 10 de Noviembre de 2010
hasta el 26 de Noviembre de 2015, correspondiente al Señor Teniente Coronel (RA)
PASTRANA LÓPEZ LUIS ANTONIO identificado con cédula de ciudadanía Nro. 6236171,
(SEGUNDA SENTENCIA), reajustada a partir del 01 de Enero de 1997 hasta el 11 de
Septiembre de 2003 (más favorable). En adelante Oscilación, en cumplimiento a la
información procedente de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad.
VALOR AL 100% V/R A CONCILIAR 75%
VALOR CAPITAL AL 100% $ 55.918.130 $ 55.918.130
VALOR INDEXADO: $ 5.408.390 $ 4.056.292
TOTAL A PAGAR: $ 61.326.520 $ 59.974.422
DIFERENCIA CREMIL: $ 1.352.098
PARTIDAS COMPUTABLES %
PRIMA DE ACTIVIDAD D.069 45%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD 24%
SUBSIDIO FAMILIAR 39%
PRIMA DE ESTADO MAYOR 20%
PRIMA DE NAVIDAD 1/12
PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN 85%
ASIGNACIÓN DE RETIRO ACTUAL $5.523.517
ASIGNACIÓN DE RETIRO REAJUSTADA $6.437.733
VALOR A REAJUSTAR $914.216
• El 26 de noviembre de 2015, CREMIL y el señor Luis Antonio Pastrana López
comparecieron ante la Procuraduría 114 Judicial II Para Asuntos Administrativos de
Medellín para continuar la audiencia de conciliación extrajudicial, en la que la
entidad presentó una propuesta de acuerdo que fue aceptada en su integridad por
el referido ciudadano. En el acta se consignó lo siguiente:11
[…] Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte
convocada, con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el comité de
conciliación de la entidad en relación con la solicitud de reconsideración propuesta
10 Folio 33.
11 Folios 27 a 29.
10
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
por el Despacho en audiencia del 22 de octubre de 2015: el comité de conciliación de
la entidad que represento, en sesión del 24 de noviembre de 2015, según Acta
Número 090 de 2015 decidió conciliar en los siguientes términos: conciliar el período
comprendido entre el 01 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2003; esto es:
reconocer y pagar el 100% del capital, el 75% de la indexación, realizar el pago dentro
de los 06 meses siguientes a la solicitud del mismo, sin reconocimiento de intereses
dentro de ese término, los valores liquidados estarán sujetos a la prescripción
cuatrienal, no habrá lugar al pago de costas ni agencias en derecho. La liquidación
se encuentra en memorando Nro. 211-5794 en un folio, donde se relaciona el IPC
desde el 10 de noviembre de 2010 hasta el 26 de noviembre de 2015, reajustada
desde el 01 de enero de 1997 hasta el 11 de septiembre de 2003 más favorable, en
adelante oscilación. Para un total a pagar de $59.974.422. Se anexa el acta y
liquidación en 9 folios en copia. Acto seguido se le concede la palabra al apoderado
de la parte convocante quien manifiesta: acepto en su totalidad la propuesta traída
por la apoderada de Cremil, por lo tanto concilio.
• El 25 de abril de 2016, por Auto 065, el Tribunal Administrativo de Antioquia aprobó
parcialmente el acuerdo conciliatorio suscrito entre CREMIL y el ejecutante ante la
Procuraduría 114 Judicial II Para Asuntos Administrativos, en los siguientes
términos:12
RESUELVE:
1º.- NO SE APRUEBA la conciliación judicial presentada por las partes en lo que
respecta a la petición de reconocimiento de los reajustes con base en el IPC de 1997
a 2003, por hallarse configurada frente a este aspecto la excepción de COSA JUZGADA.
2º.- SE IMPARTE la aprobación frente a la petición relativa a los reajustes y el respectivo
pago de las diferencias pensionales que se causaron a partir de la vigencia del
Decreto 4433 de 2004, con aplicación de la prescripción cuatrienal, en los términos
fijados en la parte motiva de este proveído.
[…].
• El 30 de abril de 2016, quedó ejecutoriado el mencionado auto.13
• El 12 de agosto de 2016, por Resolución 5705, CREMIL dio cumplimiento al Auto
065 del 25 de abril de 2016, en los siguientes términos:14
Que mediante Acta de Conciliación radicada con el No. 20028011 de fecha 14 de
junio de 2016, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN ORAL aprobó el 25 de abril de 2006 la conciliación extrajudicial celebrada
12 Folios 16 a 26, 105 a 114 y 140 a 150.
13 Folio 175 del expediente ordinario.
14 Folios 8 a 14.
11
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
ente la PROCURADURÍA 114 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS con el señor
Teniente Coronel (RA) del Ejército LUIS ANTONIO PASTRANA LÓPEZ identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6.236.171 y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
para el reajuste de la asignación de retiro por concepto de IPC, causadas a partir de
la vigencia del Decreto 4433 de 2004, con aplicación de la prescripción cuatrienal.
Que en el referido Auto de conciliación, se decidió NO APROBAR la conciliación judicial
presentada por las parte en lo que respecta al reconocimiento de los reajustes con
base en el IPC de 1997 a 2003, toda vez que se configura frente a este aspecto la
excepción de COSA JUZGADA.
Que por lo expuesto, el Grupo de Sentencias y Liquidaciones elaboró la liquidación
de los valores en la asignación de retiro del señor Teniente Coronel (RA) del Ejército
LUIS ANTONIO PASTRANA LÓPEZ, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC),
para el período comprendido entre el 01 de enero de 2005 hasta el 26 de noviembre
de 2015, con liquidación de mesadas desde el 10 de noviembre de 2010 hasta el 26
de noviembre de 2015, contenida en el Memorando No. 211-2052 del 29 de junio de
2016, que forma parte del presente acto administrativo y en la que se relaciona un
valor CERO PESOS M/CTE ($.00) por dicho concepto, teniendo en cuenta que parea el
lapso establecido por el operador judicial, no existe diferencia en porcentajes entre el
principio de oscilación y el IPC y en consecuencia no hay lugar a reajuste en la referida
prestación.
Que por lo expuesto, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Cumplir el Auto aprobatorio de la Conciliación Extrajudicial de fecha 25
de abril de 2016 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN ORAL, para el reconocimiento y pago del reajuste de la
asignación mensual de retiro con base en el IPC, realizada con el señor Teniente
Coronel (RA) del Ejército LUIS ANTONIO PASTRANA LÓPEZ identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.236.171, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
[…].
A la citada resolución se acompañó la siguiente liquidación:15
VALOR AL 100% V/R A CONCILIAR 75%
VALOR CAPITAL AL 100% $ - $ -
VALOR INDEXADO: $ - $ -
TOTAL A PAGAR: $ - $ -
DIFERENCIA CREMIL: $ -
PARTIDAS COMPUTABLES %
PRIMA DE ACTIVIDAD D.069 45%
15 Folio 40.
12
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
PRIMA DE ANTIGÜEDAD 24%
SUBSIDIO FAMILIAR 39%
PRIMA DE ESTADO MAYOR 20%
PRIMA DE NAVIDAD 1/12
PORCENTAJE DE LIQUIDACIÓN 85%
ASIGNACIÓN DE RETIRO ACTUAL $5.952.694
ASIGNACIÓN DE RETIRO REAJUSTADA $5.952.694
VALOR A REAJUSTAR $0
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.4.1. Excepción de pago total
Al sustentar el recurso de apelación, CREMIL expresó que, por Resolución 5705 del
12 de agosto de 2016, cumplió integralmente la obligación contenida en el título de
recaudo.
No obstante, al revisar con detenimiento dicho acto, así como los argumentos de
defensa que la entidad ha esgrimido durante el transcurso del presente proceso, se
observa que la ejecutada aún no ha dado cumplimiento a la obligación y ello
obedece a que CREMIL entiende que la conciliación que aprobó el Tribunal
Administrativo de Antioquia no tiene impacto económico alguno, ya que solamente
ordenó el reajuste de la asignación de retiro del actor a partir de la vigencia del
Decreto 4433 de 2004, pese a que para ese entonces, y en adelante, no se
presentaron diferencias entre los porcentajes de IPC y el principio de oscilación.
Sin embargo, la entidad desconoce que el auto aprobatorio de la conciliación no
solo es vinculante en su parte resolutiva, sino también en la motiva, pues
textualmente se aprobó «la petición relativa a los reajustes y el respectivo pago de
las diferencias pensionales que se causaron a partir de la vigencia del Decreto 4433
de 2004, con aplicación de la prescripción cuatrienal, en los términos fijados en
la parte motiva de este proveído».
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
A su vez, el Consejo de Estado ha sostenido que la providencia que se allega a un
proceso como título ejecutivo no puede fraccionarse, razón por la que son
vinculantes tanto la parte motiva como la resolutiva.16
La lectura que hace CREMIL del título de recaudo no solo desconoce la integralidad
de la providencia, sino su efecto útil, pues la forma en que la comprende la entidad
conduce a concluir que el juez no aprobó ningún acuerdo o por lo menos ninguno
con incidencia en el mundo del derecho; empero, al revisar el contenido de la
decisión, se arriba a una conclusión distinta.
Es así como el Tribunal Administrativo de Antioquia no aprobó «la conciliación
judicial presentada por las partes en lo que respecta a la petición de reconocimiento
de los reajustes con base en el IPC de 1997 a 2003, por hallarse configurada frente
a este aspecto la excepción de COSA JUZGADA»; sin embargo, aclaró que dicho
reajuste no había sido analizado en instancia anterior en cuanto al impacto que tenía
para establecer el monto de la prestación y su incidencia a futuro, por ello aprobó
parcialmente el acuerdo, esto es, porque frente a ese punto no operó la cosa
juzgada. Al respecto, en la parte motiva de la providencia objeto de cumplimiento,
se expresó:
Se extrae así del contenido de la sentencia, que la decisión no se refirió a lo
peticionado por el demandante, que no iba en el sentido de reclamar reajustes
conforme al Índice de Precios al Consumidor para la asignación de retiro con
posterioridad al 2004, sino las diferencias pensionales por los reajustes del IPC
ordenados entre 1997 y 2003, que tendrían efectos sobre el valor de mesadas
causadas a partir de 2004, y hasta la fecha de la demanda, entendiendo que a partir
de 2004 los reajustes seguirían regidos por lo previsto en el Decreto 4433 de
2004, por el principio de oscilación, pero partiendo del valor reajustado entre
1997 y 2003 con base en el IPC, lo que incidiría en los valores futuros de la
prestación.
La sentencia dispuso que no procedía reconocer el reajuste de la asignación de retiro
del actor con base en el IPC a partir de 2004, habida cuenta que con la expedición del
Decreto N° 4433 de 2004 se consagró el principio de oscilación, según lo anotó en la
jurisprudencia transcrita (fl. 91), pero como se advirtió en el acápite anterior, con
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 26 de febrero de 2014, radicado:
25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250). En esta providencia se indicó que «la sentencia no puede hacerse una lectura
fraccionada, ni se puede considerar que únicamente lo consignado en la parte resolutiva presta mérito ejecutivo». Ver
también el auto del siete 7 de mayo de 2020, radicado 25000-23-42-000-2017-05532-01 (4465-2018).
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
posterioridad al 2004 el actor no estaba reclamando que se le reajustara su
asignación de retiro con base en el IPC, sino que al valor de la asignación de retiro
reajustado según el IPC al 2003, en adelante se le siguieran aplicando los reajustes
del Decreto 4433 de 2004, pero resaltando que dichos reajustes debían tomar el
valor pensional ajustado al 2003 conforme a la regla del IPC.
De esta manera advierte esta judicatura que en efecto, lo resuelto en el fallo estuvo
encaminado a definir en qué período quedaba cobijado el reajuste pensional con el
incremento del índice de precios al consumidor (IPC), y que a partir de la entrada en
vigencia del Decreto 4433 de 2004, se volvería con el reajuste según el principio de
oscilación, pero no señaló el proveído que efecto tendría el reajustes del IPC
decretado, sobre las mesadas causadas a partir de 2004, cuando se reanudaba
el reajuste por el sistema de oscilación, que a lo que hacía referencia el
demandante.
[…]
En ese orden de ideas establece esta Sala que, respecto de los reajustes pensionales
con base en el IPC se dio un pronunciamiento definitivo en el proveído proferido por el
Tribunal, el 6 de noviembre de 2008 (fls. 62 a 107), con ponencia del Magistrado Omar
Enrique Cadavid Morales, lo que no aconteció respecto de los efectos de los
reajustes decretados, sobre las mesadas causadas con posterioridad a la
vigencia del Decreto 4433 de 2004, que comenzarían a actualizarse nuevamente
conforme al principio de oscilación, de allí que le asiste razón al Ministerio
Público al insistir que debía ser objeto de pronunciamiento por la parte
convocada en la diligencia de conciliación.
De lo anterior se concluye que las pretensiones del demandante y los cargos que
contra la decisión de la administración se elevan, por vía de la solicitud conciliadora,
sólo en parte resultaron idénticos a los que ya fueron resueltos por esta jurisdicción
en el fallo de noviembre 6 de 2008, de allí que deba declararse parcialmente próspera
la excepción de cosa juzgada, en lo que ya fue objeto de resolución en el proveído
en comento, esto es, lo relativo al reconocimiento de los reajustes pensionales
conforme al IPC por el período que va desde 1997 hasta la vigencia del Decreto
4433 de 2004, cuando comenzó a regir nuevamente el principio de oscilación como
sistema de actualización de las asignaciones de retiro del personal de la fuerza
pública.
En lo que concierne a los efectos que tales reajustes irradian sobre las mesadas
causadas a partir del año 2004, hasta la fecha de celebración del acuerdo
conciliatorio, se advierte que le asiste la posibilidad a las partes de llegar a un
acuerdo en tal aspecto, siempre que se respeten los derechos mínimos irrenunciables
del pensionado.
[…]
En ese orden de ideas, no se impartirá aprobación a la fórmula expuesta por las
partes, en lo que corresponde al período reconocido en el proveído en mención,
esto es, los reajustes causados hasta el año 2003.
En cuanto a los reajustes y el respectivo pago de las diferencias pensionales
que se causaron a partir de la vigencia del Decreto 4433 de 2004, se atenderá la
propuesta acogida por las partes, según la cual se reconocen sobre la base de la
prestación ajustada conforme al IPC hasta el año 2004, y de allí en adelante según el
principio de oscilación -nuevamente imperante en los términos del citado Decreto
4433-, las diferencias en las mesadas pensionales así reajustadas y adeudadas
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
a partir de ese momento, y hasta la fecha de celebración del acuerdo
conciliatorio, con aplicación de la prescripción cuatrienal, acorde con la
liquidación que obra a folios 49 y 50 del encuadernamiento [sic],
correspondientes a la liquidación efectuada por el Grupo de Liquidaciones de
Conciliaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. No habrá lugar al
pago de costas ni agencias en derecho.
Así entonces, la entidad pagará el 100% del capital adeudado, más el 75% de la
indexación, pago que se deberá realizar dentro de los seis (6) meses siguientes a la
solicitud del mismo, sin reconocimiento de intereses en ese término, sujetándose los
valores liquidados a la prescripción cuatrienal, por lo que no habrá lugar al pago de
las diferencias adeudadas con anterioridad al 10 de noviembre de 2010 […].
Se aclara que la declaratoria de prescripción del pago de las diferencias
adeudadas no representa la negativa al reconocimiento de los reajustes, pues
lo que se extinguió fue el pago de las sumas adeudadas, y no el derecho a
obtener el respectivo reajuste. [Resalta la Sala].
De acuerdo con las motivaciones expuestas en el título de recaudo, lo que se
improbó del acuerdo conciliatorio fue la referencia a los reajustes de la asignación
de retiro con base en el IPC «por el período que va desde 1997 hasta la vigencia del
Decreto 4433 de 2004».
No obstante, el acuerdo se aprobó respecto del impacto que tuvo dicho ajuste sobre
el monto de la prestación y su repercusión en las mesadas futuras, por ello se tomó
como referente el estimativo de capital e indexación pactado por las partes, pues
era respetuoso del derecho al reajuste prestacional, que se había causado con
antelación y seguía impactando el monto anualmente, como también aplicaba la
prescripción cuatrienal, por lo que las diferencias pensionales debían pagarse desde
el 10 de noviembre de 2010.
CREMIL se ha limitado a indicar que operó la cosa juzgada del reajuste con base en
el IPC para los años 1997 a 2003 y que a partir de ese momento debía aplicarse el
principio de oscilación y, por tal motivo, consideró que no existían montos
pendientes de sufragar a favor del ejecutante. Este razonamiento deja de lado la
incidencia del reajuste del IPC en las mesadas futuras y la causación de diferencias
pensionales en virtud de tal operación, conforme lo expresó el auto objeto de
cumplimiento.
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
Hasta el momento CREMIL no ha demostrado que la asignación de retiro del señor
Luis Antonio Pastrana López se reajustó en los términos ordenados en dicho
proveído y mucho menos que haya efectuado un pago por ese concepto.
Por el contrario, mediante Memorando 217-1475 del 21 de agosto de 2018, la
entidad explicó que la Resolución 5705 del 12 de agosto de 2016 (respecto de la
cual se predica el cumplimiento de la obligación), se fundó en el concepto del Grupo
de Sentencias y Liquidaciones que «elaboró la liquidación de los valores en la
asignación de retiro del señor Teniente Coronel (RA) del Ejército LUIS ANTONIO
PASTRANA LÓPEZ, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para el
período comprendido entre el 01 de enero de 2005 hasta el 26 de noviembre
de 2015, con liquidación de mesadas desde el 10 de noviembre de 2010 hasta
el 26 de noviembre de 2015, contenida en el Memorando No 211-2052 del 29 de
junio de 2016, que forma parte del presente acto administrativo y en la que se
relaciona un valor de CERO PESOS M/CTE ($.00) por dicho concepto, teniendo en
cuenta que para el lapso establecido por el operador judicial no existe
diferencia en porcentajes entre el principio de oscilación y el IPC y en
consecuencia no hay lugar al reajuste de la referida prestación».17
Del anterior memorando, es posible concluir que CREMIL aplicó el reajuste de la
prestación a partir del año 2005 y en ningún momento se refirió al reajuste con base
en el IPC desde el año 1997 ni tampoco consideró su incidencia en las mesadas
futuras, pese a que ese fue el objeto de la conciliación que aprobó el Tribunal
Administrativo de Antioquia y en virtud del cual se generaba el pago de diferencias
pensionales a partir del 10 de noviembre de 2010 a favor del demandante.
De este modo, no se encuentra probada la excepción de pago total de la obligación,
por lo que resulta acertada la decisión de primera instancia que ordenó seguir
adelante la ejecución.
17 Folio 92.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
Finalmente, es pertinente resaltar que, aunque no prosperaron los argumentos que
sustentaron la alzada, al momento de la liquidación del crédito, la ejecutada tendrá
oportunidad de demostrar con certeza el monto de la obligación a su cargo e
inclusive podrá extinguirla si logra probar que realizó los ajustes de la asignación de
retiro del actor con respeto de las directrices impartidas el Tribunal Administrativo
de Antioquia dentro del trámite conciliatorio adelantado entre el accionante y CREMIL.
En efecto, la etapa de liquidación del crédito que sigue a continuación de este fallo,
constituye «la oportunidad procesal para precisar y concretar el valor de la
ejecución, a partir de los diferentes conceptos o rubros (capital, intereses,
indexación, entre otros) que encuentran su génesis en el título que sirve de base
para la ejecución y que son objeto de valoración por parte de la autoridad judicial a
efectos de librar mandamiento de pago y ordenar seguir adelante con la
ejecución».18
2.4.2. Costas de primera instancia
La entidad accionada solicitó revocar la condena en costas impuesta en primera
instancia, pues considera que no se demostró su causación, en la medida en que
actuó de buena fe y con diligencia en el ejercicio de su defensa.
Al respecto, el artículo 188 del CPACA preceptúa que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
El artículo en mención ha sido objeto de varias interpretaciones por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda. Así, una primera esgrimía que la norma no
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 23 de marzo de 2021, radicado: 20001-23-31-000-2007-
00154-02 (65131). En similar sentido, ver también: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de
febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2017-00001-02 (0234-2022).
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Demandante: Luis Antonio Pastrana López
determinaba una condena automática u objetiva sobre quien era vencido en el juicio,
puesto que era menester que el juez analizara la ocurrencia de ciertos factores
como la actuación temeraria, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso
sobre los gastos en el curso de la actuación.19
Una segunda interpretación se fijó a través de la sentencia del 7 de abril de 2016.20
La posición acogió el criterio objetivo para la imposición de las costas al concluir
que para ello no se debe evaluar la conducta de las partes, sino los aspectos
objetivos de su causación, tal como lo prevé el Código General del Proceso. En
dicha oportunidad la Sala concluyó lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio “subjetivo” –CCA- a uno “objetivo valorativo” –CPACA-.
b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente
el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y
como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con
la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en
esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho
de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del
secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De acuerdo con lo expuesto, para la imposición de la condena en costas debía
hacerse, en los términos utilizados en la providencia en cita, una valoración objetivo
19 Ver entre otras, sentencias de 15 de abril de 2015, C.P. Alfonso Vargas Rincón (E), expediente No. 1343-2014. Actor:
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
sentencia de 15 de octubre de 2015, Expediente: 4383-2014, Actor: Rosa Yamile Ángel Arana, C.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez (E), sentencia de 20 de enero de 2015, expediente número: 4583-2013, Actor: Ivonne Ferrer Rodríguez, M.P. Dr.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
20Proceso Radicado 15001-23-33-000-2012-00162-01 y número interno 4492 de 2013. Consejero Ponente: William
Hernández Gómez.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
• valorativa que implica el deber del juez de comprobar que se causaron conforme
con los criterios fijados en el artículo 365 del CGP, sin que se requiera un examen
de la existencia de una actuación temeraria o de mala fe de las partes. 21
No obstante, con la promulgación de la Ley 2080 de 2021, cuyo artículo 47 adicionó
un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal», la Sala debió ajustar el
anterior criterio.
De esta manera, debe entenderse que con la referida modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas, máxime si se tiene en cuenta que el inciso tercero
del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispuso que «de conformidad con el artículo
40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del
Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las
anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo
respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011».
Así las cosas, para la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia (16
de diciembre de 2022), ya habían comenzado a regir las previsiones de la mentada
norma, cuya publicación data del 25 de enero de 2021, luego al resolverse sobre la
imposición de costas resultaba procedente que el a quo efectuara un estudio
respecto de la carencia de fundamentación jurídica y de la conducta de las partes
en el proceso.
21 Al respecto se puede consultar también la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 19001-23-33-000-2014-00406-01(2426-16). Actor: José
Vicente López Noriega. Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje. Consejero ponente: William Hernández Gómez.
Bogotá, D.C. 31 de julio de 2019. Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Tema: reliquidación pensión
jubilación.
20
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
Bajo ese entendimiento, en el presente caso de la revisión de la contestación de la
demanda no se observa que sea manifiesta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandada manifestó
razones en defensa jurídica de sus intereses, por tal razón al no encontrarse
acreditado tal presupuesto normativo, deberá revocarse la condena en costas fijada
en la sentencia de primera instancia, incluyendo las agencias en derecho que
también fueron tasadas por el a quo.
2.5. Costas de segunda instancia
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,22 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José
Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.
21
Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
Por su parte, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que
contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo debe confirmarse, salvo en lo que atañe a la
condena en costas, la cual será revocada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el numeral cuarto de la sentencia del 16 de diciembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso instaurado
por el señor Luis Antonio Pastrana López contra la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL). En su lugar se dispone:
Segundo. No condenar en costas ni agencias en derecho, a la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares (CREMIL), de conformidad con lo manifestado en las
consideraciones de esta providencia.
Tercero. Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.
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Radicación: 05001-23-33-000-2018-02146-01 (1394-2023)
Demandante: Luis Antonio Pastrana López
Cuarto. Sin condena en costas en segunda instancia.
Quinto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
cgg
23
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