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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00082-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00082-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Sin condena en costas en segunda instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2019-00082-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

27 de febrero de 2025

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00082-01 (29032)
Demandante: Fernando Antonio López Jaramillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2019-00082-01 (29032)
Demandante: Fernando Antonio López Jaramillo
Demandado: UGPP

Temas: Aportes a pensión y salud. Independiente por cuenta propia. Sujeción
pasiva. Base gravable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación 1 interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 15 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que resolvió (índice 41):

Primero: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: No se condena en costas de esta instancia, de conformidad con lo expuesto.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial RDO-2017-02671, del 31 de julio de 2017, la demandada
determinó los aportes a pensión y salud a cargo del actor para todos los periodos de 2014
e impuso sanción por omisión (ff. 29 a 37). Esa decisión fue modificada por la Resolución
RDC-2018-00789, del 06 de agosto 2018, que disminuyó la cuantía de los aportes del
mes de enero y de la multa por omisión impuesta para ese periodo (ff. 48 a 63).

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes pretensiones (f.
2):

1. Principales

1.1. Que se declare la nulidad total de la Resolución RDO-2017-02671, del 31 de julio de 2017, por
medio de la cual la UGPP profiere liquidación oficial.

1.2. Que se declare la nulidad total de la Resolución RDC-2018-00789, del 06 de agosto 2018, por

1
El expediente entró al despacho sustanciador el 05 de julio de 2024 (índice 3. Esta y las demás menciones de «índices» aluden al
historial de actuaciones registradas en el repositorio informático Samai).

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00082-01 (29032)
Demandante: Fernando Antonio López Jaramillo

medio de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial
RDO-2017-02671, del 31 de julio de 2017.

2. Consecuencialmente, anulados los actos administrativos anteriormente enunciados:

2.1. A título de restablecimiento del derecho, que se declare que el actor no estaba obligado a realizar
los aportes a salud para el año gravable 2014.

2.2. Que, al mismo título, se declare que el actor no incumplió con el deber de hacer los aportes a
salud, ni incurrió en omisión, inexactitud o mora.

2.3. Que, al mismo título, se declare que el actor no se encuentra obligado al pago de la sanción por
omisión e inexactitud impuesta por la UGPP.

2.4. Que se le ordene a la UGPP abstenerse de pretender el cobro o cobrar al actor cualquier suma
asociada a aportes al subsistema de salud para el año gravable 2014, o asociada al pago de la
sanción por omisión e inexactitud.

2.5. Que se ordene, en caso de que la UGPP haya adelantado uno o varios procesos de cobro
coactivo con ocasión de los actos administrativos discutidos, la devolución al actor de lo percibido a
tal título, debidamente indexado.

2.6. Que se ordene cancelar cualquier medida cautelar o limitativa de los derechos del actor que la
UGPP haya ordenado practicar dentro de uno o varios procesos de cobro coactivo iniciados con
ocasión de los actos administrativos discutidos.

Al efecto, invocó como normas vulneradas los artículos 6.°, 83 y 95 de la Constitución; y
19 de la Ley 100 de 1993, bajo el siguiente concepto de violación (ff. 5 a 13):

Adujo que los actos acusados fueron proferidos con falsa motivación e infracción de las
normas en que debieron fundarse por determinar cotizaciones al SSSI (Sistema de
Seguridad Social Integral) a su cargo para los periodos de 2014, siendo que la ley no
había previsto a los trabajadores independientes por cuenta propia como sujetos pasivos
ni la base gravable para su liquidación.

Explicó que, para la época de los hechos, los artículos 204 de la Ley 100 de 1993 y 18
de la Ley 1122 de 2007 supeditaban la determinación de las cotizaciones a la
reglamentación de un mecanismo de presunción de ingresos que, al no haberse fijado
por el gobierno, hacía improcedente la determinación de los aportes. Adujo que tampoco
estaba fijado el IBC (ingreso base de cotización) en el artículo 19 de la Ley 100 de 1993
porque, aunque se refirió a los ingresos declarados ante las administradoras de los
aportes, no estableció el porcentaje aplicable para su cálculo, como sí lo hizo el artículo
135 de la Ley 1753 de 2015. Aseguró que, al determinar aportes para los periodos
revisados, la demandada aplicó en forma indebida esa disposición que debía regir a partir
de su entrada en vigor.

Insistió en que las demás normas citadas en los actos acusados no definían el IBC de los
aportes a cargo de los independientes por cuenta propia, pues reglaban las cotizaciones
a cargo de las personas que percibían ingresos por la prestación de servicios personales.
Agregó que así lo concluyó la Corte Constitucional en la sentencia C-760 de 2004 (MP:
Rodrigo Uprimny Yepes), oportunidad en la que admitió que ley no determinó con claridad
la forma para liquidar los aportes a cargo de los independientes por cuenta propia. Por lo
expuesto, sostuvo que si se sufragaran los aportes determinados por la demandada, se
configuraría un pago indebido.

Por último, argumentó que, en cualquier caso, su contraparte erró al determinar la base
gravable de los aportes desconociendo la presunción de veracidad de la declaración del

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Demandante: Fernando Antonio López Jaramillo

impuesto sobre la renta del año 2014, pues rechazó costos que estaban debidamente
demostrados y que cumplían los requisitos dispuestos en el artículo 107 del ET.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones del demandante (ff. 118 a 155). Inicialmente,
formuló la excepción previa de caducidad del medio de control, pero fue negada por el a
quo en la audiencia inicial realizada del 02 de marzo de 2020 (ff. 223 a 226).

Sobre el fondo, explicó que, para los periodos gravables en cuestión, el artículo 33 de la
Ley 1438 de 2011 preveía a los declarantes del impuesto sobre la renta como sujetos
pasivos de los aportes al SSSI, atendiendo a su capacidad de pago. En cuanto al monto
de las cotizaciones, expuso que debían aplicarse las normas que regían para los
trabajadores independientes, pues la Corte Constitucional en la sentencia C-578 del 26
de agosto de 2009 (MP: Juan Carlos Henao) concluyó que esa categoría comprendía a
quienes prestaban servicios por cuenta propia y a los rentistas de capital. A partir de lo
anterior, señaló que para determinar la base gravable de los aportes, el artículo 30 del
Decreto 1406 de 1999 obligaba a los declarantes a informar a las administradoras los
ingresos efectivamente percibidos liquidados según lo ordenado por los artículos 15, 19
y 157 de la Ley 100 de 1993, 33 de la Ley 1438 de 2011, y el Decreto reglamentario 510
de 2003, es decir, el total de ingresos mensuales menos los costos y gastos que
cumplieran los requisitos del artículo 107 del ET y estuvieran debidamente soportados.

Por lo anterior, negó que con la obligación tributaria determinada a cargo del actor se
configurara un pago indebido, pues sí era sujeto pasivo de los aportes al SSSI para los
periodos de la litis. Agregó que, a partir de las disposiciones citadas, fijó los aportes a
cargo del demandante mensualizando los ingresos que autoliquidó en la declaración del
impuesto sobre la renta del año 2014 sin considerar la totalidad de los costos y gastos,
porque ese medio de prueba no le permitía verificar si cumplían los requisitos del artículo
107 del ET. En línea con lo cual, precisó que al decidir el recurso de reconsideración tuvo
en cuenta las expensas que estaban demostradas, rechazando aquellas que no fueron
debidamente documentadas o que no tenían relación de causalidad y necesidad con la
actividad económica del aportante, como los pagos por arrendamientos y servicios
públicos que pretendió soportar con un listado o el pago de intereses certificados por dos
entidades financieras.

Sentencia apelada

El tribunal negó las pretensiones del actor sin condenarlo en costas (índice 41). Precisó
que, para los periodos de la litis, los trabajadores independientes tenían la obligación de
afiliarse y realizar aportes al SSSI atendiendo a su capacidad de pago y que, conforme a
la sentencia C-578 de 2009 de la Corte Constitucional, esa categoría comprendía a
aquellos que lo hacían por cuenta propia y a los rentistas de capital.

Juzgó que, en los términos del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, la declaración del
impuesto sobre la renta presentada por el actor para el año 2014 demostraba que tenía
capacidad de pago y, por tanto, estaba obligado a realizar las cotizaciones en los periodos
revisados. Sobre el IBC de los aportes, precisó que eran los ingresos reportados ante las
administradoras respectivas, que debían guardar correspondencia con los efectivamente
percibidos (i.e. los ingresos menos los costos y gastos que cumplían los requisitos del
artículo 107 del ET), siempre que estuvieran debidamente soportados, sin exceder de 25
SMLMV (artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993 reglamentados por los artículos 1.º y 3.º
del Decreto 510 de 2003 y 6.° de la Ley 797 de 2003).

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Por otra parte, avaló que el IBC de los aportes discutidos se estimara a partir de la
mensualización de los ingresos reportados por el demandante en la liquidación privada
del impuesto sobre la renta de 2014. También estuvo de acuerdo con la valoración de las
pruebas hecha por la demandada al decidir el recurso de reconsideración, porque los
documentos aportados para probar las expensas incumplían los requisitos del artículo
771-2 del ET y no permitían comprobar si se honraban los requisitos de causalidad,
necesidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta la actividad económica del actor. Sin
perjuicio de lo anterior, señaló que el valor probatorio de la declaración del impuesto sobre
la renta no podía ser parcial, de manera que, si la autoridad tributaria la tuvo como prueba
de los ingresos, no podía desestimarla para juzgar las expensas2. Por ende, calculó el
IBC imputándole a los ingresos el monto de los costos y gastos probados mediante esa
declaración tributaria, pero, como el resultado superaba la base máxima de 25 SMLMV,
concluyó que era improcedente declarar la nulidad de los actos acusados, en tanto
determinaron el IBC por ese monto.

Recurso de apelación

El demandante apeló la decisión del tribunal (índice 46), para lo cual insistió en que para
los periodos debatidos la ley no había señalado a los trabajadores independientes por
cuenta propia como sujetos pasivos de los aportes al SSSI porque, en su criterio, las
disposiciones referidas por el a quo eran aplicables a quienes prestaban servicios
personales. Planteó que, aun cuando el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 contempló la
capacidad de pago de los declarantes del impuesto sobre la renta, supeditó la base
gravable de los aportes a la reglamentación de un mecanismo de presunción de ingresos
que, al no haberse adoptado para la época, imposibilitaba determinar los aportes. Sobre
el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, reiteró que no fijaba el porcentaje para el cálculo del
IBC, y trajo a colación lo concluido por la Corte Constitucional en la sentencia C-760 de
2004 (MP: Rodrigo Uprimny Yepes) al señalar que esa norma no definía la forma de
determinar el IBC de los aportes correspondiente a los trabajadores independientes por
cuenta propia. Resaltó que con la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015 y la reglamentación del sistema de presunción de ingresos mediante
el Decreto 1601 de 2022, quedaba en evidencia que para la época de los hechos no
estaba fijada en la ley la base gravable de las cotizaciones al SSSI a cargo de los
independientes por cuenta propia.

Por último, se opuso a la sanción por omisión impuesta argumentando que no incurrió en
el tipo infractor, puesto que no tenía la obligación de realizar las cotizaciones en cuestión.

Pronunciamientos sobre el recurso

La demandada y el ministerio público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos formulados
por el demandante, en calidad de apelante único, contra la sentencia de primera instancia
que negó sus pretensiones sin condenarlo en costas.

2
Citó las sentencias del 15 de junio y del 23 de noviembre de 2023 (exps. 26698 y 16613, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).

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Demandante: Fernando Antonio López Jaramillo

Por ende, se determinará si, en el año 2014, los trabajadores independientes por cuenta
propia eran sujetos pasivos de los aportes al SSSI y si la ley preveía la base gravable
para determinar esas cotizaciones. Pero la Sala se abstendrá de estudiar el cargo de
apelación relacionado con la improcedencia de la sanción por omisión impuesta, como
quiera que ese planteamiento no se incluyó en el concepto de violación propuesto en la
demanda. Atender ese cargo comportaría abrir un debate nuevo en segunda instancia,
que conllevaría a incurrir en un fallo incongruente y a transgredir los derechos al debido
proceso, a la defensa y a la contradicción de la demandada3.

Análisis del caso concreto

2- El apelante único sostiene que, para los periodos debatidos, la ley no había previsto a
los independientes por cuenta propia como sujetos pasivos de los aportes al SSSI. Esto
es porque, en su criterio, la categoría de trabajadores independientes se refiere a quienes
prestan servicios personales y no a quienes desempeñan otras actividades económicas.
Asegura que para la época tampoco estaba prevista la base gravable para la liquidación
de esas cotizaciones, porque si bien el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 preveía una
presunción de capacidad de pago de los declarantes del impuesto sobre la renta,
supeditaba la determinación del IBC a la reglamentación de un mecanismo de presunción
de ingresos que no fue establecido para ese año. En cuanto al artículo 19 de la Ley 100
de 1993, sostiene que no fijaba el porcentaje para el cálculo del IBC, tal y como lo
concluyó la Corte Constitucional en la sentencia C-760 de 2004 (MP: Rodrigo Uprimny
Yepes) al señalar que esa norma no definía la forma de determinar el IBC de los aportes
realizados por los trabajadores independientes por cuenta propia. A lo anterior, agrega
que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y la
reglamentación del sistema de presunción de ingresos mediante el Decreto 1601 de
2022, deja en evidencia que antes no se había fijado en la ley la base gravable de las
cotizaciones al SSSI a cargo de esa categoría de trabajadores.

Invocando esas mismas disposiciones normativas, la demandada asegura que para los
periodos en cuestión los independientes por cuenta propia eran sujetos pasivos de los
aportes al SSSI, tal como lo concluyó la Corte Constitucional en la sentencia C-578 del
26 de agosto del 2009 (MP: Juan Carlos Henao Pérez) al señalar que hacían parte de la
categoría de trabajadores independientes. Sostuvo que, por la misma razón, el IBC para
determinar las cotizaciones a su cargo estaba prevista en los artículos 19 y 157 de la Ley
100 de 1993 y 33 de la Ley 1438 de 2011 y en el Decreto reglamentario 510 de 2013,
normas conforme a las cuales hacen base para los aportes a cargo de los trabajadores
independientes por cuenta propia los ingresos mensuales percibidos, menos los costos y
gastos que cumplan con los requisitos del artículo 107 del ET, siempre que estén
debidamente soportados. Tesis que avaló el a quo.

De esas alegaciones se extrae que las partes concuerdan en que la actividad económica
del demandante, i.e. la venta de textiles (f. 196), se enmarca en la categoría de trabajador
independiente por cuenta propia; y que el apelante no discute el cálculo del IBC realizado
por el tribunal, porque en su recurso se ciñó a señalar que las disposiciones vigentes para
los periodos gravables debatidos no preveían la sujeción pasiva ni la base gravable de
las cotizaciones a cargo de los sujetos que, como él, desarrollaban una actividad lucrativa
por cuenta propia. En consecuencia, el pronunciamiento de la Sala solo debe abarcar el
referido asunto de derecho estableciendo si, para los periodos de 2014, la ley previó a
los independientes por cuenta propia como sujetos pasivos de los aportes al SSSI y la
base gravable para liquidar las cotizaciones que tendría a su cargo.
3
Sentencias del 26 de julio de 2012, exp. 18380, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 25 de noviembre de 2014, exp. 19031,
CP: Jorge Octavio Ramírez; y del 19 de febrero y del 29 de abril de 2020, exps. 22748 y 23677, CP: Julio Roberto Piza.

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3- Para decidir, la Sala reiterará en lo pertinente, el criterio expuesto en las sentencias
del 01 de agosto de 2019 (exp. 23379, CP: Milton Chaves García), del 29 de abril de
2021, del 14 de septiembre, del 05 y del 11 de octubre de 2023 (exps. 25056, 26001,
26673 y 26709, CP: Myriam Gutiérrez Argüello) y del 23 de noviembre de 2023 (exp.
26822, CP: Wilson Ramos Girón), que decidieron las mismas cuestiones de derecho
planteadas en el presente proceso.

4- En primer lugar, sobre la sujeción pasiva de los independientes por cuenta propia y los
rentistas de capital a realizar aportes al SSSI, la Sección precisó en la sentencia dictada
el 01 de agosto de 2019 (exp. 23379, CP: Milton Chaves García), respecto al subsistema
de salud, que «bajo los parámetros interpretativos definidos por la Corte Constitucional
en sentencia C-578 de 2009, los rentistas de capital y propietarios de empresas están
obligados a cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en desarrollo de
los principios de solidaridad y universalidad, pues, todas las personas con capacidad
económica deben contribuir con el financiamiento del sistema». En la misma providencia
se concluyó que los independientes por cuenta propia y los rentistas de capital, en tanto
son «personas económicamente activas que ejercen una actividad económica en forma
personal y directa» son sujetos pasivos de los aportes al subsistema de pensión, teniendo
en cuenta que este forma parte del SSSI (artículo 8.° de la Ley 100 de 1993), y el artículo
1.° del Decreto 1406 de 1999 incluyó expresamente a los rentistas de capital y demás
personas que tengan capacidad de contribuir como «aportantes» del SSSI.

De modo que, según esos criterios de decisión reiterados, para los periodos de 2014, la
base gravable de los aportes a pensión y salud de los trabajadores independientes por
cuenta propia sí estaba fijada en la ley. Como lo definió el tribunal, esta Sección juzga
que el IBC para el subsistema de pensiones, está definido en los artículos 15 y 19 de la
Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3.° y 6.° de la Ley 797 de 2003, según los
cuales hacen base de esas contribuciones «los ingresos que declaren ante la entidad a
la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos»
cuantía que, en todo caso, «no podrá ser inferior al salario mínimo», ni superar «25
salarios mínimos legales mensuales vigentes» (artículo 18 ibidem recogido en el artículo
3.° del Decreto 510 de 2003). En línea con lo anterior, dispuso el artículo 1.° ibidem que
«se entienden por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él
mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas
que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las
mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario».

Respecto del IBC para las cotizaciones al subsistema de salud, la Sala ha precisado que
se trata del mismo previsto para pensiones, puesto que «se compone de los ingresos
percibidos por el trabajador independiente, teniendo límites de cotización inferior y
superior (entre 1 y 25 SMLMV)» (sentencia del 14 de septiembre de 2023, exps. 26001,
CP: Myriam Gutiérrez Argüello, antes citada). Así, porque el parágrafo 2.° del artículo 204
de la Ley 100 de 1993 estableció que se debía reglamentar un sistema de presunción de
ingresos «con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral,
las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos»; y
en cumplimiento de esa disposición, el artículo 4.° del Decreto 1070 de 1995, ordenó a la
Superintendencia de Salud fijar «el sistema de presunción de ingresos para los
trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras
de Salud para determinar la base de cotización», orden que se materializó mediante la
Resolución nro. 9 de 1996. Posteriormente, dispuso el artículo 66 del Decreto 806 de
1996, que la base de los aportes de los trabajadores independientes será la «determinada
sobre los ingresos que calcule la EPS de acuerdo con el sistema de presunción de
ingresos definido por la Superintendencia Nacional de Salud»; y el artículo 25 del Decreto

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1406 de 1999 precisó que «cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean
superiores a los que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas,
los aportes de dicho trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales». Por
ende, al margen de los ingresos determinados bajo el sistema de presunción referido por
el apelante, los aportes al subsistema de salud deben atender a los ingresos realmente
percibidos por el cotizante, lo que supone la detracción de las expensas en las que incurre
para su percepción. Lo anterior, concuerda con el mandato previsto en el artículo 33 de
la Ley 1393 de 2010, según el cual, «las cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de las cotizaciones … realizadas al
Sistema General de Pensiones», también dispuesto en el artículo 3.° del 0de 2013, que,
además, previó que la base gravable mínima y máxima «le es aplicable al Sistema de
Seguridad Social en Salud».

Si bien, como lo señala el apelante único, esas disposiciones aluden a los trabajadores
independientes, ocurre que bajo la definición que adoptó la Corte Constitucional para esa
categoría en la sentencia C-578 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) –acogida por
esta Sección en los fallos del 01 de agosto de 2019 (exp. 23379, C.P. Milton Chaves
García) y del 29 de abril de 2021 (exp. 25056 C.P. Myriam Gutiérrez Argüello)–, incluye
a los independientes por cuenta propia, en tanto tienen capacidad de pago para efectuar
aportes al SSSI.

Además de lo anterior, tampoco procede el argumento del apelante según el cual la Corte
Constitucional, en la sentencia C-760 de 2004 (MP: Rodrigo Uprimny Yepes), concluyó
que la base gravable de los aportes a cargo de los independientes por cuenta propia no
estaba fijada en la ley, porque en esa providencia se abordaron las cotizaciones a cargo
de los trabajadores independientes con contratos de prestación de servicios y el tribunal
constitucional señaló que el IBC no estaba previsto en las disposiciones acusadas, sino
en otras que no habían sido objeto de la demanda, por lo cual no emitió pronunciamiento
de fondo sobre su alcance.

5- Visto lo anterior, encuentra la Sala que no le asiste razón al demandante al señalar
que, para los periodos cuestionados, los trabajadores independientes por cuenta propia
no eran sujetos pasivos de los aportes al SSSI, pues como se expuso, esa categoría de
trabajadores estaba obligada a efectuar aportes por los ingresos que percibían por su
actividad. Tampoco está llamado a prosperar el cargo por el cual se afirma que el IBC de
las contribuciones a pensión y salud no estaba fijado en la ley, toda vez que para la Sala
las disposiciones citadas dan cuenta de que el legislador previó como IBC de los aportes
a esos subsistemas los ingresos efectivamente percibidos –que están conformados por
los ingresos menos las expensas en las que se incurre para el desarrollo de la actividad
económica–, teniendo como base mínima un SMLMV y máxima 25 SMLMV, al margen
de la expedición posterior de normas que reglaran la materia y a las que el actor hizo
referencia en su recurso de apelación. No prospera el cargo de apelación.

Conclusión:

6- Por lo razonado en precedencia, la Sala establece como contenido interpretativo de la
presente sentencia la reiteración del criterio de decisión judicial que determinó que, para
los periodos de 2014, la ley sí señaló a los trabajadores independientes por cuenta propia
como sujetos pasivos de los aportes al SSSI y fijó el cálculo del IBC de las cotizaciones
que tendrían a su cargo, que equivaldría a los ingresos percibidos menos los costos y
gastos asociados a la actividad lucrativa correspondiente. Por ende, se confirmará la
decisión del tribunal.

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Costas

7- Finalmente, acatando el criterio de interpretación del artículo 365.8 del CGP acogido
por esta Sección, la Sala se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Sin condena en costas en segunda instancia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente Salvamento de voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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