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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00268-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00268-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia apelada 2. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 900010 del 23 de agosto de 2017, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, y la Resolución Nro. 007908 del 31 de agosto de 2018, proferida por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, en cuanto a la imposición de la sanción por inexactitud. 3. A título de restablecimiento del derecho, declarar que SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. no deberá pagar suma alguna por concepto de sanción por inexactitud, atendiendo los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 4. Sin condena en costas en ninguna de las instancias. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 05001-23-33-000-2019-00268-01 (25342) Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2019-00268-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de octubre de 2022

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00268-01 (25342)
Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-00268-01 (25342)
Demandante SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
Temas CREE período gravable 2013. Término para notificar el
requerimiento especial. Renta exenta. Reservas matemáticas
y sus rendimientos financieros.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 26 de febrero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que decidió:
«PRIMERO. SE DENIEGAN las pretensiones de la demanda, atendiendo a la argumentación
vertida previamente.
SEGUNDO. SE RECONOCE personería al abogado Andrés Felipe Cadavid Usma y a la
abogada Diana Carolina Palacio Sánchez, para representar los intereses de la entidad
demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, obrante a folio 412.
TERCERO. Se condena en costas a la parte demandante, de conformidad con los parámetros
definidos en la parte motiva de la presente decisión.
CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente»1.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Seguros de Vida Suramericana S.A. presentó, el 23 de abril de 2014, la declaración
del impuesto sobre la renta para la equidad (en adelante CREE) por el periodo
gravable 2013, en la que liquidó un saldo a favor de $6.315.364.000. Luego,
mediante declaración de corrección del 6 de octubre de 2014, el contribuyente
disminuyó el valor de las deducciones a $595.999.044.000, e incrementó la renta
exenta a $205.966.561.000, sin modificar el saldo a favor.

Previa expedición de requerimiento especial, la DIAN modificó la declaración,
mediante la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 900010 del 23 de agosto de 2017,
para rechazar rentas exentas por $168.595.663.000, lo que derivó en un impuesto
a cargo de $15.173.610.000, e imponiendo sanción por inexactitud de
$15.173.610.000, equivalente al 100% del mayor valor a pagar. Habiendo sido
recurrido esta decisión, fue confirmada mediante la Resolución Nro. 007908 del 31
de agosto de 2018.

1 Folio 444 del cuaderno 3.

1
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00268-01 (25342)
Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, Seguros de Vida Suramericana S.A. (en adelante
Suramericana) formuló las siguientes pretensiones en la demanda2, reiteradas en
la reforma de la demanda3:
1. Declarar la nulidad del acto administrativo constituido por la liquidación oficial de revisión
número 900010 del 23 de agosto de 2017, proferida por la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, mediante la cual se modificó la declaración
presentada por mi cliente por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad CREE
correspondiente al año gravable 2013.
2. Declarar la nulidad del acto administrativo constituido por la resolución 007908 del 31 de
agosto de 2018 proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la
Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra
la liquidación oficial de revisión número 900010 del 23 de agosto de 2017, confirmándola.
3. En virtud de la declaratoria de nulidad de los actos anteriormente mencionados, y a título
de restablecimiento del derecho, reconocer la firmeza de la declaración de corrección del
impuesto sobre la renta para la equidad CREE que presentó mi cliente por concepto del
año gravable 2013».

Para los anteriores efectos, en la reforma de la demanda invocó como normas
violadas los artículos 48 de la Constitución Política; los artículos 26, 96, 178, 647 y
681 del Estatuto Tributario; el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012; los artículos 1, 3,
4, 8, 9 y 135 de la Ley 100 de 1993; el artículo 264 de la Ley 223 de 1995; y el
artículo 4 del Decreto 841 de 1998.

El concepto de la violación de la reforma de la demanda se sintetiza así:

1. Firmeza de la declaración

El término legal para proferir el requerimiento especial, no fue suspendido por la
inspección tributaria, porque su decreto fue inútil, en la medida que antes del decreto
de esta prueba, la DIAN consideraba que se encontraba acreditada la glosa por el
rechazo de la renta exenta declarada, como lo informa en el emplazamiento para
corregir. En consecuencia, el requerimiento especial se expidió con incompetencia
temporal, y la declaración se encuentra en firme.

2. Quebrantamiento del sistema de renta global del CREE

No es procedente que los actos demandados limiten la exención para los seguros
de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivientes, correspondiente a la liberación
de la reserva matemática y a los rendimientos financieros, al monto de las utilidades
generadas por esos mismos seguros. Lo anterior, desconoce que el sistema de
cuantificación del CREE es global, y no cedular, y en ese entendido, las rentas
exentas se restan de la renta gravable, cualquiera que sea su origen, conforme con
lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012.
2 Folios 3 a 4 del cuaderno 1.
3 Folios 239 a 240 del cuaderno 2.

2
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Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

En el trámite administrativo se explicó que, en el año 2013, el movimiento del año
de la reserva matemática fue de $342.514.612.245, siendo liberada la suma de
$2.306.484.172.314, de los que $820.695.701.906 corresponden a seguros
previsionales y el valor restante a un ajuste contable. Lo anterior, se corrobora en la
contabilidad y en el dictamen contable.

De otro lado, la DIAN no tuvo en cuenta que el contribuyente percibió rendimientos
financieros de las reservas matemáticas por valor de $135.721.220.269, los cuales
también están exentos, y están soportados en el certificado del revisor fiscal y el
dictamen pericial.

Ahora, de los valores de la liberación de la reserva matemática de seguros
previsionales exentos y sus rendimientos financieros, la contribuyente solo declaró
$205.966.561.000 como renta exenta, por lo que la discusión planteada por la DIAN
es inocua. Pese a lo expuesto, la Administración solo aceptó la renta exenta por
valor de $37.370.898.000, para lo cual sumó los resultados positivos de los ramos
de seguros de pensiones, de invalidez y sobrevivencia, en aplicación indebida de
un criterio cedular.

3. Protección constitucional de los recursos de la seguridad social

La reserva matemática se encuentra afecta a la seguridad social, en la medida que
se origina en los ingresos por primas, y se concreta en un pasivo de la institución
que tiene una dimensión colectiva, a partir de cada asegurado. La Administración
omitió que la liberación de la reserva matemática constituye un ingreso amparado
en la exención, porque se constituye con las primas de los asegurados, que hacen
parte del cálculo de la renta bruta, conforme con el artículo 96 del Estatuto Tributario.

Aunque la DIAN reconoció que la liberación de la reserva matemática de seguros
de pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes y sus rendimientos constituye
una renta exenta, contra toda evidencia, negó la exención con la simple afirmación
de que la liberación de las reservas no correspondió a los citados seguros, sino a
otros ramos de aseguramiento que no generan renta exenta. Lo que no es cierto,
porque la sociedad solicitó como renta exenta la liberación de la reserva matemática
y los rendimientos financieros de los ramos de pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes.

4. Ilegalidad de los actos acusados

En la liquidación de revisión, página 42, y en la resolución que resolvió el recurso
de reconsideración, página 56, la DIAN discute que Suramericana tomó la utilidad
fiscal generada por todos los ramos de seguros. Esto demuestra su intención de
ignorar el régimen de renta global y aplicar un régimen de cedulación, que llevó a
restar la renta exenta únicamente de los ingresos obtenidos por seguros de
pensiones, invalidez y de sobrevivientes, y no sobre toda la renta depurada, como
lo dispone el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. Posición que además, desconoce
que los recursos por la reserva matemática y rendimientos financieros no son de
propiedad de Suramericana, en tanto están afectos al Sistema de Seguridad Social.

Por su parte, en el acto liquidatorio, página 39, se sostuvo que Suramericana
comercializa seguros de pensiones exentas y de otros ramos que no están exentos.
Esto es cierto, pero no es relevante para decidir el caso bajo examen, en tanto la
exención por la reserva matemática y sus rendimientos debe restarse de la renta

3
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Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

depurada del ejercicio, cualquiera que sea su origen.

Luego, en las páginas 40 y 41 insiste que la renta exenta no aplica para otros ramos
de los seguros que desarrolla el contribuyente, sin precisar las rentas que fueron
llevadas indebidamente como exentas. Frente a esta afirmación se aclara que
Suramericana no solicitó renta exenta por conceptos diferentes a la reserva
matemática de seguros exentos y sus rendimientos financieros. Debe tenerse en
cuenta que el solo hecho de que se obtengan utilidades por administrar seguros de
otros ramos no tiene como consecuencia la reducción de la renta exenta.

En la página 33, manifestó que la contribuyente registró una utilidad contable antes
de impuestos de $173.091.612.546, de los cuales $15.497.851.458 corresponden a
ramos de seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes; y
$157.593.761.088 corresponden a otros ramos de seguros. Pero no tiene en cuenta
que los rendimientos financieros, la reserva matemática, y los ingresos netos por la
liberación de la misma, suman $1.298.932.000.000, por lo que no hay motivo para
rechazar la renta exenta declarada de solo $205.966.561.000. Además, no tiene
sentido que la autoridad tributaria insista en discutir la utilidad contable, cuando la
declaración liquidó una renta depurada de $205.966.561.000, y la renta exenta
solicitada se limitó a este mismo valor.

Y, en la página 34, consideró que la reserva matemática se contabiliza como pasivo,
no como ingreso, y que los rendimientos financieros por la reserva matemática de
los seguros exentos ascienden a $127.573.629.694. Según se expuso, es un error
afirmar que las reservas matemáticas son solo un pasivo, sin considerar que su
liberación constituye un ingreso que está exento. En todo caso, si la DIAN reconoció
que los rendimientos financieros que constituyen renta exenta son de
$127.573.629.694 (inferior al declarado de $135.721.229.269), no tiene sentido que
solo acepte por este concepto el valor de $37.370.897.707 en los actos acusados.
En este punto debe aclararse que, si bien es cierto que el certificado de revisor fiscal
presentado inicialmente reconoce rendimientos financieros por un valor inferior al
declarado, este error fue subsanado con el certificado aportado con la reforma de la
demanda.

En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, en la página 27, señaló
como problema jurídico si la renta exenta discutida aplica sobre otras rentas
gravables obtenidas por Suramericana, frente a lo cual, se reitera que los recursos
de la seguridad social tienen destinación específica.

Luego, en la página 60 y 62, la DIAN acudió al informe de ramos a diciembre 31 de
2013 presentado a la Superintendencia Financiera, y no tuvo en cuenta que la renta
exenta pudo ser declarada por valor de $1.298.932.000.000, pero solo fue declarada
por $205.966.561.000. A pesar de esto, la autoridad tributaria solo reconoció la renta
exenta por valor de $37.370.897.708, desconociendo el principio de espíritu de
justicia previsto en el artículo 683 del Estatuto Tributario.

5. Desconocimiento de la doctrina de la DIAN

Los actos demandados desconocen los Conceptos DIAN Nro. 069264 de 1998, Nro.
025653 de 2001 y Nro. 053762 de 2005, que reconocen que la reserva matemática
de seguros de jubilación o vejez, invalidez o sobrevivientes son renta exenta, así
como sus rendimientos financieros.

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6. No procede la sanción por inexactitud

Lo expuesto en los cargos anteriores demuestran que no procede la sanción por
inexactitud del artículo 647 del Estatuto Tributario, pues los datos suministrados
fueron correctos y exactos. En todo caso, se presenta una diferencia de criterios
porque la posición de la contribuyente tiene respaldo en una argumentación
razonable, la jurisprudencia constitucional y la doctrina vigente de la DIAN.

Oposición a la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la actora, con fundamento en los siguientes
argumentos:

En cuanto al cargo de firmeza de la declaración, se informa que esta no operó, toda
vez que, el término para proferir el requerimiento especial fue suspendido por la
expedición de un emplazamiento para corregir y la práctica de una inspección
tributaria.

Contrario a lo señalado por el actor, la inspección tributaria fue efectivamente
realizada, según lo demuestran las actas de visita al contribuyente del 23 y 31 de
agosto, 19 de octubre y 4 de noviembre de 2016, en los que se solicitó información
del año gravable 2013; y se constata en el Auto de Organización del 8 de noviembre
de 2016 y la Hoja de Trabajo del 17 de noviembre del mismo año.

Sobre el rechazo parcial de la renta exenta, advirtió que el beneficio tributario solo
opera sobre la liberación de la reserva matemática y sus rendimientos, obtenidos
por ingresos de pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes, sin que pueda
extenderse a seguros de otros ramos.

Que por lo anterior, el contribuyente debió demostrar que la renta exenta declarada
de $205.966.561.000 únicamente correspondía a los citados seguros. No obstante,
el certificado de la Superintendencia Financiera demostró que la demandante no
solo obtiene ingresos de los seguros exentos, sino también de otros ramos de
seguros, tales como desempleo, exequias, accidentes personales, vida grupo,
salud, enfermedades de algo costo y vida individual, a los cuales extendió
ilegalmente el beneficio tributario.

La segmentación por ramos de seguros se obtuvo del reporte allegado por el
contribuyente, donde evidencia que se incluyeron actividades que no tienen la
exención tributaria. Esta realidad no puede ser descalificada con el argumento de la
cedulación de rentas, porque se insiste, el procedimiento seguido por la
Administración consistió en aplicar los artículos 135 de la Ley 100 de 1993 y 4 del
Decreto 841 de 1998, que limitan la exención a las rentas por seguros de pensiones
por jubilación, invalidez y sobrevivientes.

Así, en los actos demandados, con fundamento en la contabilidad y el informe de
ramos presentado por el contribuyente, se advirtió que la utilidad antes de impuestos
fue de $173.091.612.546 y, que la renta gravable en su totalidad se disminuyó con
una renta exenta de $205.966.561.000, con lo cual, el contribuyente hizo extensivo
el beneficio a rentas gravables obtenidas en otros ramos de seguros.

Debe aclararse que los actos acusados no discuten la renta bruta de las compañías
de seguros, establecida en el artículo 96 del Estatuto Tributario, sino la renta exenta

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determinada sobre la liberación de la reserva matemática y los rendimientos
financieros, en los términos señalados.

No fueron violados los conceptos proferidos por la DIAN. Por el contrario, su
interpretación fue aplicada, en la medida que indican que la liberación de las
reservas matemáticas y sus rendimientos financieros por contratos de seguros
relacionados con el régimen pensional goza de exención, y que los ingresos por
seguros de otros ramos no.

Sobre las pruebas aportadas por la actora, se advierten dos certificados. El primero,
allegado en la vía gubernativa, fue valorado como prueba en los actos demandados.
Y el segundo, presentado en sede judicial, contiene información diferente a la
inicialmente reportada, en particular, registra la reserva matemática por la suma de
$70.245.331.731, a pesar de estar probado en el expediente que este rubro no fue
declarado como ingreso, sino como pasivo, y en esa medida, al no haberse incluido
en la depuración de la renta gravable, no puede tenerse como renta exenta.
Además, informa rendimientos financieros por $135.721.229.269, cuando solo
corresponden a seguros de pensiones la suma de $127.573.629.694, y de los
cuales declaró como utilidad la suma de $37.370.897.708, valor que fue reconocido
en los actos como renta exenta.

También aportó un dictamen pericial, que hace una apreciación técnica contable
respecto de los seguros de pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes en
cuanto a la aplicación del artículo 4 del Decreto 841 de 1998. No obstante, el punto
que discute la DIAN y la sociedad no es el derecho a solicitar la reserva matemática
y sus rendimientos financieros, sino la taxatividad del beneficio, que lo limita a la
derivada de los señalados seguros.

En lo que respecta a la sanción por inexactitud, está demostrado que el
contribuyente incurrió en uno de los supuestos para su imposición, como la
declaración de rentas exentas que no están previstas en la ley. No existe diferencia
de criterios porque esto requiere que sean declarados datos completos y veraces,
pero en este caso no ocurrió.

Sentencia apelada

El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

En cuanto a la firmeza de la declaración, se encuentra que el término para expedir
el requerimiento especial fue suspendido por un emplazamiento para corregir y una
inspección tributaria. Este medio de prueba fue practicado en forma efectiva, como
lo exige el Consejo de Estado4, y se corrobora en las visitas realizadas al
contribuyente, en las que se recaudaron pruebas que sustentan los actos
demandados.

En cuanto a que los hechos objeto de la inspección tributaria ya eran conocidos en
el emplazamiento para corregir, se pone de presente que este acto procede por
indicios de inexactitud y es en la etapa probatoria posterior que se comprueban o

4 El Tribunal citó la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Proceso:
08001-23-31-00-2005-01800-01 (16727). Sentencia del 26 de marzo de 2009. CP: Martha Teresa Briceño
de Valencia.

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desvirtúan estos indicios5, lo que ocurrió en este caso, con la inspección tributaria,
que permitió constatar que el contribuyente también comercializaba otros ramos de
seguros no cobijados con la exención.

Sobre el rechazo parcial de la renta exenta declarada, el actor no desvirtuó la glosa
con las pruebas aportadas. El dictamen pericial no desacreditó las conclusiones de
la DIAN porque el perito no dio cuenta de la regla o metodología especial que aplicó
para calcular la reserva matemática y los rendimientos financieros a los que se
refiere los artículos 135 de la Ley 100 de 1993 y 4 del Decreto 841 de 1998.

La demandante tampoco demostró el motivo por el que el certificado de revisor fiscal
y el dictamen pericial, aportados en sede judicial, no coinciden con el Informe de
Ramos a diciembre 31 de 2013 presentado ante la Superintendencia Financiera,
documentos que fueron allegados por el mismo contribuyente.

El citado informe junto con la Conciliación Contable-Fiscal, permiten concluir, como
lo hizo la DIAN, que la utilidad antes de impuestos fue de $173.091.612.546, y que
la renta gravable fue disminuida en su totalidad con la renta exenta de
$205.966.561.000, aplicando de manera extensiva el beneficio a rentas gravables
obtenidas en otros ramos de seguros relativos a desempleo, exequias, accidentes
personales, vida grupo, salud, enfermedades de alto costo, vida individual, y otros
ingresos no operacionales. Por eso, de la renta exenta declarada, la DIAN solo
aceptó la suma de $37.360.897.708, por corresponder a recursos expresamente
exceptuados por el legislador.

De ahí que no se configure una violación al artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, que
establece la base gravable del CREE, ni del artículo 96 del Estatuto Tributario que
regula la determinación de la renta bruta de las compañías aseguradoras.
Adicionalmente, la Administración tampoco violó los conceptos invocados por
Suramericana, en tanto los actos demandados reiteran la interpretación realizada
en esa doctrina oficial.

En consecuencia, no puede afirmarse que la DIAN desconoció el régimen de renta
global y aplicó una cedulación ilegal. En realidad, para poder determinar con
claridad los recursos sobre los cuales aplica la exención es necesario delimitar con
claridad cuáles son los ingresos que provienen de seguros de pensiones de
jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes.

En cuanto a los rendimientos financieros, la demandante no desvirtuó las razones
por los que la DIAN no los incluyó como renta exenta «y que se concretan en que, los
intereses financieros generados por las inversiones de las reservas tanto técnicas como
matemáticas, fueron declarados fiscalmente en $200.715.192.476, dentro de los cuales
$127.573.629.694, corresponden a rendimientos financieros de los seguros de pensiones de
jubilación o vejez, invalidez y sobrevivencia. En el anexo de la renta bruta determinada conforme a
los artículos 96 y 97 del Estatuto Tributario, la sociedad demandante presenta ingresos por liberación
de las reservas tanto técnicas como matemáticas contabilizadas en cuentas 4103, 4104, 4106, 4110
y 4111 (cfr. fl. 289 de cuadernos de antecedentes), que así mismo están declaradas en la conciliación
contable fiscal (fl. 141 de cuadernos de antecedentes. Liberaciones de reservas que se apropiaron
para el pago de los eventuales riesgos, por la ocurrencia de eventos como: finalización de la vigencia

5 El Tribunal citó las siguientes providencias: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Proceso 25000-23-27-000-2005-90492-01 (16886). Sentencia del 29 de abril de 2010. CP: Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
76001-23-31-000-2010-00127-01 (21051). Sentencia del 5 de octubre de 2016. CP: Martha Teresa Briceño
de Valencia.

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Demandante: Seguros de Vida Suramericana S.A.

de la póliza, cancelación de ésta y/o ocurrencia del riesgo, y que reportaron ingresos para la
compañía, toda vez que, no fueron utilizadas en su totalidad» 6.

Con base en lo expuesto, la demandante no demostró que debía aceptarse como
renta exenta el valor rechazado por la DIAN.

Frente a la sanción por inexactitud, debe mantenerse, en cuanto está probado que
la sociedad incluyó un valor inexacto como renta exenta. Además, por este mismo
motivo, no es posible afirmar que existe una diferencia de criterios, sino el
desconocimiento del derecho aplicable sobre la renta exenta por liberación de la
reserva matemática y sus rendimientos financieros.

Se impone condena en costas a la demandante, con fundamento en el artículo 365
del Código General del Proceso, por ser la parte vencida en el proceso.

Recurso de apelación

Suramericana interpuso recurso de apelación, con base en los siguientes
argumentos:

En cuanto a la firmeza de la declaración, el Tribunal no tuvo en cuenta que la
inspección tributaria era una prueba inútil porque se conocían de antemano los
hechos desde el requerimiento para corregir.

Respecto al rechazo parcial de la renta exenta, la sentencia de primera instancia se
estructuró a partir de un sistema cedular de renta, desconociendo el sistema de
renta global del CREE previsto en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, que permite
“restar la renta exenta de la renta global depurada” . Si bien, la Ley 1819 de 2016 establece
un sistema de renta cedular, el mismo solo aplica para el impuesto de renta de
personas naturales y a partir del año 2017.

La declaración CREE refleja una renta depurada contra la cual restar la renta
exenta, por lo que no tiene sentido que la Administración, en posición avalada por
el Tribunal, insista en la utilidad contable.

Debe tenerse en cuenta que en la declaración de corrección del CREE por el año
2013, se solicitó la renta exenta de $205.966.561.000, de los cuales
$70.245.331.731 son ingresos por la liberación de la reserva matemática de los
seguros de pensiones de jubilación o vejez y de sobrevivientes y $135.721.229.269
son de sus rendimientos financieros. Es más, si se suman los rendimientos
financieros y el ingreso por la liberación de la reserva matemática, se encuentra que
la suma declarada como renta exenta es inferior a la real de $956.416.931.175.

Estos valores fueron acreditados por el certificado de revisor fiscal y el dictamen
pericial aportado en sede judicial, pruebas que no fueron desvirtuadas por la DIAN.
Documentos que además, tienen soporte en la contabilidad, y los estados
financieros. Además, el Tribunal no tuvo en cuenta que los conceptos invocados en
la demanda no avalan la depuración cedular que realizó la Administración en los
actos acusados.

En específico, en cuanto a los rendimientos financieros, el Tribunal cometió el error
de: i). no aplicar el sistema de renta global, ii) confundirlos con la reserva
6 Folio 443 del cuaderno 3.

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matemática, olvidando que se trata de dos rentas exentas, iii) desconocer que el
revisor fiscal certificó que su valor ascendía a $135.721.229.269, y que se había
cometido un error en la suma inicialmente certificada, iv) rechazar su exención en
su totalidad, por no haber renta cedular suficiente, v) no tener en cuenta que la
reserva matemática y sus rendimientos están afectos al pago de pensiones.

En lo relativo a la reserva matemática, el Tribunal desconoció i) que es aplicable el
sistema de renta global, y ii) que la liberación de dicha reserva constituye un ingreso,
que es exento del impuesto de renta. Además, los ingresos por la liberación de la
reserva matemática fueron incluidos como ingresos brutos en la declaración. De
esta forma, se omitió que el dictamen pericial demostró que, los ingresos por la
liberación de la reserva matemática en el año 2013 fue de $820.695.701.906.

Frente a la sanción por inexactitud, está demostrado que el contribuyente declaró
datos reales, por tanto, es improcedente. En todo caso, lo que se presenta es una
diferencia de criterios, en tanto la interpretación normativa realizada por el
contribuyente es razonable.

En cuanto a la condena en costas, no procede porque se trata de un asunto
tributario, cuya obligación tiene origen legal. Si se admite su procedencia, en este
caso no se encuentra acreditado que el demandante actuara con temeridad o mala
fe. Adicionalmente, no está probada su causación.

Alegatos de conclusión

Suramericana reiteró lo dicho en la apelación y la DIAN reiteró los argumentos de
la oposición a la demanda

Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó revocar la condena en costas en primera instancia y
confirmar en lo demás la sentencia apelada, por los siguientes motivos:

El artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4 del Decreto 841 de 1998,
establecen la exención solo para las reservas matemáticas y sus rendimientos
financieros que se destinan al pago de pensiones. De esta forma, no es cierto que
la renta exenta prevista en estas normas pueda favorecer el ingreso obtenido por
otros ramos de seguros, sin que esto implique que exista un sistema de cedulación.

En cuanto a la firmeza de la declaración, como lo indicó el Tribunal, la inspección
tributaria suspendió el término para notificar el requerimiento especial porque la
DIAN practicó visitas a la contribuyente que sirvieron para sustentar el requerimiento
especial y la liquidación oficial de revisión.

Sobre la procedencia de la sanción por inexactitud, se encuentra que en este caso,
todos los cargos de la apelación están relacionados con aspectos probatorios, por
lo que no existió una diferencia de criterios. En consecuencia, procede la imposición
de la sanción.

No obstante, en el presente caso es necesario revocar la condena en costas en
primera instancia porque no está demostrada su causación, según lo exige el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de Revisión
Nro. 900010 del 23 de agosto de 2017 y la Resolución Nro. 007908 del 31 de agosto
de 2018, que determinaron oficialmente el CREE a cargo de Suramericana por el
año gravable 2013, según los argumentos de la apelación.

1. Sobre la firmeza de la declaración

La apelante señaló que la DIAN decretó la inspección tributaria solo con el fin de
dilatar el término de firmeza de la declaración, pues los hechos en que fundamentó
las glosas eran conocidos desde la expedición del Emplazamiento para Corregir
Nro. 900011 de 2016. Entonces, el decreto de ese medio probatorio no suspendió
el término de firmeza de la declaración en el caso bajo examen, por lo que el
requerimiento especial fue notificado de forma extemporánea.

Para decidir este cargo, se debe tener presente que el artículo 779 del Estatuto
Tributario, establece el requisito relativo a la práctica efectiva de la inspección
tributaria, cuyo alcance ha sido precisado por la Sala7, así: «En este sentido, la
suspensión se condiciona a la existencia real de la inspección tributaria, de modo que, mientras no
inicien las actividades propias del encargo, acordes con el artículo 779 del E.T., no puede entenderse
realizada la diligencia ni suspendido el término de notificación del requerimiento especial.» Es por
esto que, se ha señalado que «una de las condiciones para que opere la suspensión de los
dos años con que cuenta la autoridad tributaria para notificar el requerimiento especial es que el auto
que decreta la inspección tributaria se notifique al contribuyente y se inicien efectivamente las
actividades propias de esa diligencia dentro los tres meses siguientes»8 (se subraya).

Verificado el expediente, se observa que la DIAN, en primer lugar, profirió el
Emplazamiento para Corregir Nro. 900011 del 10 de junio de 20169, en el que
informa que «encontró indicios de inexactitud que implican la corrección de la declaración» que
consiste en que «aplicó la renta exenta correspondiente las (sic) reservas matemáticas de los
seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos,
a la renta líquida gravable generada por todas las actividades, debiendo aplicarse solo a la renta
líquida de los ramos que dan derecho a renta exenta». Como se observa de las
transcripciones, la DIAN indicó que solo tenía indicios de inexactitud, los que debía
verificar, si la contribuyente no aceptaba corregir su declaración.

Luego, la DIAN profirió el Auto de Inspección Tributaria Nro. 112382016000154 del
3 de agosto de 201610. En cumplimiento de este auto, la autoridad tributaria practicó
visitas a las instalaciones de Suramericana el 23 de agosto11, el 31 de agosto12, el
19 de octubre13 y del 4 de noviembre de 201614 en las que solicitó y recibió
información contable relacionada con el año gravable 2013 y las rentas obtenidas
por la administración de seguros de ramos exentos y no exentos. Las conclusiones
sobre el análisis de los elementos probatorios recaudados fueron incluidas en el

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 24 de junio de
2021, exp. 25403, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencias del 9 de julio de
2021, exp. 24039, CP. Julio Roberto Piza Rodríguez.
9 Folio 262 a 265 del anexo 2.
10 Folio 271 del anexo 2.
11 Folio 272 del anexo 2.
12 Folio 276 del anexo 2.
13 Folio 321 del anexo 2.
14 Folio 334 del anexo 2.

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Acta de Inspección Tributaria del 30 de noviembre de 201615.

Así las cosas, se aprecia una efectiva práctica de la inspección tributaria, en tanto
la Administración, con este medio de prueba recaudó soportes e información del
contribuyente y terceros, que eran pertinentes para la determinación del impuesto
CREE del año 2013. En ese entendido se cumple con el requisito establecido en el
artículo 779 del Estatuto Tributario, y en esa medida, la misma suspendió el término
de notificación del requerimiento especial.

En ese orden, este cargo de la apelación no prospera.

2. Sobre el rechazo parcial de la renta exenta, por la liberación de la reserva
matemática de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes

En la actuación administrativa demandada, la renta exenta declarada por la
liberación de la reserva matemática y sus rendimientos de $205.966.561.000, fue
aceptada en la suma de $37.370.898.000 y se rechazó $168.595.663.000. El
fundamento del desconocimiento fue el siguiente16:
«Es evidente que la liberación de las reservas matemáticas y sus respectivos
rendimientos sobre los ramos de seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez
y sobrevivientes, se encuentran exentos de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones
del orden nacional, por lo que la renta exenta a declarar sobre dicho ramo de seguro está
limitada a la renta “gravable” resultante de la explotación del mencionado ramo de
seguro.
Frente a los otros negocios desarrollados por el administrador de los recursos
parafiscales, relacionados con los ramos de seguros de desempleo, exequias, accidentes
personales, vida grupo, salud, enfermedades de alto costo, vida individual, y sus otros ingresos
no operacionales y de los cuales obtenga rentas gravables es su obligación pagar el
respectivo impuesto a cargo sobre estos, pues -se insiste- el beneficio tributario solo
es para expresamente lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo
4 del Decreto 841 de 1998 (...).
De los informes de conciliación contable-fiscal y el informe de ramos a diciembre 31 de
2013, se observa que se parte de la utilidad antes de impuestos por $173.091.612.546
que luego de las depuraciones fiscales, la renta fiscal (base gravable) en su totalidad se
disminuye con una renta exenta por $205.966.561.000, de manera que se hace extensiva
la exención prevista en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 4 del Decreto
841 de 1998 a la renta gravable obtenida por la explotación de los seguros de desempleo,
exequias, accidentes personales, vida grupo, salud, enfermedades de alto costo, vida
individual, y sus otros ingresos no operacionales que son ajenos, a los resultados obtenidos
sobre los recursos parafiscales destinados a los seguros de pensiones de jubilación o vejez,
invalidez y sobrevivientes, contrario al objetivo previsto en las normas antes mencionadas.(....)
Si se agruparan los negocios económicos que versan sobre los recursos parafiscales
destinados a los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes,
el resultado de su operación según lo reportado a folio 187 o utilidad antes de impuesto es
$15.542.851.458 pero al agrupar solo aquellas que reportan utilidades antes de
impuestos el resultado es $37.360.897.708 (...).
Por lo tanto, el monto del cálculo de la liberación de las reservas matemáticas, así como
sus rendimientos obtenidos sobre los recursos parafiscales destinados a cubrir los seguros
de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, como beneficio tributario está
limitado a la renta “gravable” resultantes (sic) de los resultados económicos de dicho
segmento.(....)
Por lo cual no es procedente la depuración planteada por el recurrente, que parte del
ingreso neto base del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, pues dicha base

15 Folios 511 a 515 del anexo 3.
16 Resolución recurso de reconsideración. Folios 106 y ss cp1.

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está conformada tanto por las operaciones objeto de beneficio como por los ramos de
desempleo, exequias, accidentes personales, vida grupo salud, enfermedad de alto
costos, y vida individual como de otros ingresos no operacionales que desarrolla
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA NIT (...) sobre los cuales no aplica el beneficio
consagrado en el artículo 135 de la Ley 100 de 1993 y artículo 4 del Decreto 841 de
1998». (Énfasis de la Sala)

El apelante discute que los actos demandados rechazan parcialmente la exención
solicitada por la liberación de la reserva matemática y rendimientos financieros de
los seguros de pensiones de vejez, de invalidez y sobrevivientes, limitándola al
monto de las utilidades generadas por esos mismos seguros, con lo cual no tiene
en cuenta que el sistema de cuantificación del CREE es global, y no cedular, y en
ese entendido, las rentas exentas se restan a la renta gravable, cualquiera que sea
su origen, conforme con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. Esto,
en desconocimiento de los Conceptos DIAN Nro. 069264 de 1998, Nro. 025653 de
2001 y Nro. 053762 de 2005.

Así las cosas, la Sala encuentra que la discusión planteada por las partes está
referida a la aplicación de la renta exenta en la base gravable del CREE.

En lo concerniente al impuesto CREE, el texto original de los artículos 2217 y 22-118
de la Ley 1607 de 2012, aplicable para el periodo gravable 2013, establece una
base gravable especial para este tributo, que para el caso de las empresas
aseguradoras se determina conforme con el artículo 96 del Estatuto Tributario, y
con las deducciones expresamente señaladas en el artículo 22 de la citada ley. Del
resultado anterior se obtiene la renta líquida, respecto de la cual, el artículo 22 ibidem
permite restar las rentas exentas que sean procedentes, encontrándose autorizada
la establecida en el artículo 4 del Decreto 841 de 1998 sobre «las reservas matemáticas
de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus
rendimientos».

A esos efectos, debe tenerse en cuenta que el artículo 98 del Estatuto Tributario
precisa que «Por reserva matemática se entiende la fijada por las compañías de seguros de vida y por las
de capitalización, y no puede exceder los límites establecidos, en cada caso, por la Superintendencia Bancaria».
Y según el artículo 186 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la reserva
matemática es una de las diferentes reservas técnicas que deben constituir las
aseguradoras, de acuerdo con las normas de carácter general que expida el
Gobierno Nacional. Para el momento de la ocurrencia de los hechos, dicha
reglamentación estaba contenida en el Decreto 2555 de 2010 que, en el artículo
2.31.4.1.2., define la reserva matemática como «la diferencia entre el valor actual del riesgo

17 Ley 1607 de 2012. Artículo 22. La base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) a
que se refiere el artículo 20 de la presente ley, se establecerá restando de los ingresos brutos susceptibles
de incrementar el patrimonio realizados en el año gravable, las devoluciones rebajas y descuentos y de lo
así obtenido se restarán los que correspondan a los ingresos no constitutivos de renta establecidos en los
artículos 36, 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, 37, 45, 46, 46-1, 47, 48, 49, 51, 53 del Estatuto Tributario. De los ingresos
netos así obtenidos, se restarán el total de los costos susceptibles de disminuir el impuesto sobre la renta
de que trata el Libro I del Estatuto Tributario y de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108
del Estatuto Tributario, las deducciones de que tratan los artículos 109 a 118 y 120 a 124, y 124-1, 124-2,
126-1, 127 a 131, 131-1, 134 a 146, 148, 149, 151 a 155, 159, 171, 174, 176, 177, 177-1 y 177-2 del mismo
Estatuto y bajo las mismas condiciones. A lo anterior se le permitirá restar las rentas exentas de que trata la
Decisión 578 de la Comunidad Andina y las establecidas en los artículos 4o del Decreto 841 de 1998, 135
de la Ley 100 de 1993, 16 de la Ley 546 de 1999 modificado por el artículo 81 de la Ley 964 de 2005, 56 de
la Ley 546 de 1999.
18 El artículo 22-1 de la Ley 1607 de 2012, autoriza la aplicación dentro de la base del CREE de las rentas
brutas especiales previstas en el Capítulo IV, del Título I del Libro Primero del Estatuto Tributario, entre las
cuales se encuentra la establecida en el artículo 96 para las compañías de seguros de vida.

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futuro a cargo del asegurador y el valor actual de las primas netas pagaderas por el tomador» .

En las compañías de seguros de vida, conforme con el artículo 96 del Estatuto
Tributario, vigente para la época de los hechos, el movimiento que se hace de la
reserva matemática, y la determinación de la renta bruta es la siguiente:
“Al total de los ingresos netos obtenidos durante el año o período gravable, se suma
el importe que al final del año o período gravable anterior haya tenido la reserva
matemática, y del resultado de esa suma se restan las partidas correspondientes a los
siguientes conceptos:
1. El importe pagado o abonado en cuenta, por concepto de siniestros, de pólizas dotales
vencidas y de rentas vitalicias, ya sean fijas o indefinidas.
2. El importe de los siniestros avisados, hasta concurrencia de la parte no reasegurada,
debidamente certificado por el revisor fiscal.
3. Lo pagado por beneficios especiales sobre pólizas vencidas.
4. Lo pagado por rescates.
5. El importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior.
6. El importe que al final del año o período gravable tenga la reserva matemática”.
(Énfasis de la Sala)

En lo que tiene que ver con la renta exenta, se pone de presente que el artículo 135
de la Ley 100 de 1993 estableció que están exentos de impuestos, tasas y
contribuciones i) los recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro
individual con solidaridad, ii) los recursos de los fondos de reparto del régimen de
prima media con prestación definida, iii) los recursos de los fondos para el pago de
los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, y iv) los recursos de los fondos de
solidaridad pensional. Normativa que fue reglamentada por el artículo 4 del Decreto
841 de 1998, que señaló que gozan de esta misma exención «las reservas matemáticas
de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus
rendimientos».

En cuanto a la exención del Decreto 841 de 1998, la Sentencia C-422 de 2016
señaló que las reservas matemáticas «representan el pasivo que la entidad aseguradora
tiene para con los asegurados (...). Equivalen a la acumulación con intereses de primas percibidas
en exceso del riesgo de cada año para poder enfrentar el riesgo futuro» .

Además, precisó lo siguiente:
«8.8. Entonces, las reservas matemáticas y sus rendimientos constituyen recursos de la
seguridad social al fundamentarse en los aportes parafiscales (cotizaciones trabajadores -
empleadores) que son de destinación específica (garantía de las prestaciones). En otras
palabras, los ahorros son de los afiliados, con los cuales se conforman un patrimonio
autónomo e independiente respecto del perteneciente a las sociedades AFP. Las pensiones
de invalidez y sobrevivientes son garantizadas mediante la contratación de seguros con parte
de las cotizaciones. Entonces, en ellas están presentes los rasgos de la contribución parafiscal
como son la obligatoriedad, la singularidad y la destinación sectorial» (Énfasis propio).

De acuerdo con lo expuesto, se tiene que las reservas matemáticas y sus
rendimientos financieros, se encuentran en primer lugar exonerados de impuestos
tasas y contribuciones que pudieren afectar los recursos que se provisionan de un
año a otro y que estan destinados a cubrir las contigencias pensionales, por
corresponder a recursos de la seguridad social, y porque tal carga afectaría los
saldos de los ahorros de los afiliados verbi gracia una sobretasa financiera, o un
impuesto documental o municipal establecidas sobre los saldos anuales

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apropiados, sin embargo frente al impuesto de renta de la entidad administradora
de los recursos pensionales, debe observarse que ellas se someten al impuesto de
renta sobre una base depurada que se determina siguiendo las reglas previstas en
el artículo 96 del Estatuto Tributario, disposición que considera el movimiento de la
provisión o reserva matemática (apropiación o gasto en un ejercicio y reversión o
ingreso en el año siguiente) por ello la exoneración del impuesto de renta debe
aplicarse sobre las rentas netas de los seguros de pensiones de jubilación, invalidez
y sobrevivientes que recogen el efecto del movimiento de la reserva matematica, y
en ese entendido, se reitera la exención debe sujetarse a las rentas derivadas de
tales seguros, en tanto es frente a las mismas que la ley concedió el beneficio
tributario de exoneración.

Así no resulta procedente, hacer extensivo tal beneficio a rentas diferentes de
aquellas que fueron expresamente determinadas por la ley, como objeto del mismo.
No puede obviarse que la exención fue prevista exclusivamente para las reservas
matemáticas y rendimientos, de los seguros de los fondos constituidos con recursos
de la seguridad social, lo que de suyo, implica que su cálculo se realice de manera
separada al de las rentas que están gravadas, sin que ello corresponda a la
aplicación de un sistema cedular en la determinación del tributo, esto solo privilegia
la aplicación de la exención en los precisos términos previstos en la norma tributaria.

Y ello debe entenderse así, en tanto la exención no fue prevista para toda la
actividad aseguradora, sino únicamente respecto de la correspondiente a los
seguros de pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes.

Ahora bien, aunque lo anterior presuponía por sí mismo, efectuar una depuración
independiente de la reserva correspondiente a tales seguros, por ser los únicos
amparados por la exención, esto fue precisado, mediante la Ley 1819 de 2016,
artículo 58, que adicionó el parágrafo 2º al artículo 96 del Estatuto Tributario, así:
«Para efectos de la determinación de la renta líquida gravable, cuando las compañías aseguradoras
y reaseguradoras generen ingresos determinados como rentas exentas, deberán calcular
separadamente dichas rentas exentas y las rentas gravables, teniendo en cuenta lo previsto en
los artículos 26, 96 y demás disposiciones concordantes del Estatuto Tributario, así como los
artículos 135 de la Ley 100 de 1993 y 4 del Decreto 841 de 1998».

En la exposición de motivos se explicó el alcance de la norma: «Esta adición tiene como
fin aclarar una situación que, si bien la norma actual pretende, no está directamente establecida en
la norma». Esto deja ver que se trata de una aclaración de un aspecto que estaba
ínsito en la disposición.

Todo lo anterior, lleva a concluir que la renta exenta solo podía afectar la renta
gravable correspondiente a los seguros de vejez, invalidez y sobrevivientes.

A partir de lo anterior, procederá la Sala a verificar las pruebas obrantes en el
proceso, respecto de la determinación de la renta exenta:

El contribuyente aportó dos certificados del revisor fiscal, uno en la vía gubernativa
y el otro en sede judicial19, los cuales informan valores diferentes por concepto de
la renta exenta, esto fue explicado por el contribuyente bajo el argumento de que el
primero incurrió en un error en las sumas informadas. La Sala procede a valorar el
segundo certificado, por haberse aportado dentro de las oportunidades legales para

19 El primero informa la suma de $205.889.956.000 (Fl 96 ca1), y el segundo por $205.966.561.000 (fl 300 a
301 cp2).

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aportar pruebas.

Señala la certificación:
«El monto total de la renta exenta solicitada en la declaración CREE según los registros
contables fue de $205.966.561.000, de los cuales como se indicó en el punto anterior
$135.721.229.269 corresponden a rendimientos financieros por los seguros de pensiones de
jubilación y de vejez y de invalidez y $70.245.331.731 por reserva matemática por los ramos
de seguridad social20».

A su vez, aportó dictamen rendido por una contadora pública, en el que se hizo
constar lo siguiente:
«El sistema contable de SURA, genera un comprobante el primer día de cada año, reversando
el saldo de la reserva al 31 de diciembre del año anterior, registrando un ingreso por ese
mismo saldo. Al mismo tiempo registra un gasto por constitución de reserva por el mismo valor
del ingreso mencionado anteriormente, generando un efecto cero $0 en el estado de
resultados de la Compañía.
Ahora bien, al eliminar el movimiento de constitución y liberación del saldo de la reserva a 31
de diciembre de 2012, el valor del ingreso por liberación de reserva de los seguros de
pensiones y de vejez y de invalidez y sobrevivientes corresponde a la suma de
$820.695.701.906 (...)
Los rendimientos financieros generados en 2013 a favor de SURA por la reserva matemática
acumulada de los seguros de pensiones de jubilación y de vejez y de invalidez y de
sobrevivientes a que se refiere el artículo 4º del Decreto 841 de 1998, corresponden a la suma
de $135.721.229.269 reflejados en la declaración CREE por el año gravable 2013, dentro del
renglón ingresos brutos. (...)
En la declaración sobre la Renta para la Equidad – CREE año gravable 2013, se señaló como
renta exenta $205.966.561.000, compuesta por rendimientos financieros reserva matemática,
ramo seguridad social $135.721.229.269 y la reserva matemática ramos seguridad social
$70.245.331.73121».

En los estados financieros del año 2013, se reportan reservas técnicas de seguro
por vida individual, grupo y colectivos, accidentes personales, exequial, rentas
pensiones Ley 100, salud familiar, salud colectivo, previsional invalidez y
sobrevivencia, enfermedades de alto costo, colectivo pensiones, pensiones con
conmutación pensional y desempleo22. Así como también ingresos operacionales
de «$461 millones (sic)» correspondiente a primas de seguros, entre las cuales se
destacan, los productos de salud, vida grupo, exequias y accidentes personales 23.
Lo que demuestra que el contribuyente en el año gravable 2013 desarrolló ramos
de seguros exentos y gravados.

Ahora bien, la Administración, con fundamento en la conciliación contable- fiscal de
la sociedad, que parte de una utilidad contable antes de impuestos de
$173.091.812.54624, y en el informe de resultados del cálculo de la reserva
matemática para el ramo de pensiones a 31 de diciembre de 2013 presentado por
la actora ante la Superintendencia Financiera25, verificó el resultado del ejercicio
derivado de los seguros que dan derecho al beneficio fiscal, al cual aplicó las rentas
exentas, así26:

20 Fls 300 a 301 cp2
21 Fls 318 a 328 cp2
22 Fl 307 vto ca3
23 Fl 314 ca3
24 Fl 77 ca1
25 Fls 160 a 162 ca2
26 Fl 487 ca3

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Ramo de seguro exento Resultado del ejercicio Rentas exentas procedentes
Previsional $31.038.443.143 $31.038.443.143
Pensiones Ley -$21.069.094.765 -
Pensiones voluntarias -$531.486.300 -
Pensiones con (sic) -$272.465.185 -
Rentas voluntarias $5.332.454.565 $5.332.454.565
Total $37.370.897.708

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que la DIAN no discute la reserva
matemática exenta, y sus rendimientos, que fueron informados por el contribuyente,
ni que en ciertos ramos pensionales se presentaran pérdidas o saldos negativos, lo
que cuestionó fue que se aplicara sobre toda la renta de su actividad, que incluía
conceptos diferentes a los previstos por la propia ley como objeto del beneficio
tributario.

Por esto, encuentra la Sala procedente el cálculo efectuado por la Administración,
cuyas cifras no fueron discutidas por el actor, en tanto solo reconoce como renta
exenta los valores de la reserva matemática y sus rendimientos imputables a la
rentas gravables con saldo positivo de los seguros exentos (la autoridad no
consideró el efecto de las rentas pensionales que arrojaron pérdida) en la medida
que el beneficio no comprendía la totalidad de las rentas obtenidas por otros
conceptos por la actora.

De ahí que independientemente de que, la renta exenta por la reserva matemática
de los seguros de pensión, invalidez y sobrevivientes, y sus rendimientos
financieros, hubiere sido certificada por el revisor fiscal de la compañía y soportada
en el dictamen contable por valor total de $205.966.561.000, solo puede
reconocerse como renta exenta los valores que puedan imputarse a las utilidades
del ejercicio derivadas de los seguros exentos.

Es por esta razón que no comparte la Sala la apreciación del actora en el sentido
de que puede suceder que en un ejercicio la renta exenta se traduzca en reducción
del impuesto por ramos diferentes de los que la originaron, comoquiera que la
exención solo fue prevista para los seguros pensionales, y no para la generalidad
de los seguros.

Respecto a la aseveración del apelante en el sentido de que la renta exenta de la
reserva matemática y de los rendimientos financieros derivados de esta, son
diferentes aunque relacionadas, no puede perderse de vista que en todo caso estas
rentas tienen el mismo origen «los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y
sobrevivientes», y por tanto, debe considerarse su resultado de manera consolidada,
en orden a asegurar que la renta exenta no beneficie rentas diferentes a aquellas
expresa y taxativamente señaladas en la ley.

Ahora bien, no advierte la Sala que el cálculo de la renta exenta trasgreda la especial
afectación de estos recursos a la seguridad social, como lo plantea el apelante, su
finalidad es la aplicación estricta del beneficio sobre las rentas pensionales.

Finalmente no se observa el desconocimiento de lo previsto en los Conceptos DIAN
Nro. 069264 de 1998, Nro. 025653 de 2001 y Nro. 053762 de 2005, como lo aduce
el apelante, en la medida que esa doctrina oficial reconoce que la exención solo
procede sobre la reserva matemática de seguros de vejez, invalidez y
sobrevivientes, y rendimientos financieros, sin que de la misma se desprenda que

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la renta exenta pueda aplicarse respecto a rentas gravables.

Por lo expuesto, no se dará prosperidad a este cargo del recurso de apelación.

3. Sanción por inexactitud

La parte demandante afirmó que no procede la sanción por inexactitud porque i)
suministró datos reales, ii) no actuó con intención de reducir de forma fraudulenta el
impuesto a cargo y iii) porque, en caso de que lo anterior no se acepte, existió una
diferencia de criterios con la DIAN.

La Sala observa que la demandante incurrió en una de las conductas tipificadas
como sancionable, como es la inclusión de una mayor renta exenta a la procedente,
la cual se configura sin que sea necesario acreditar la existencia de fraude, culpa o
dolo27. No obstante, la Sala considera que en este caso existe una diferencia de
criterios en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, conforme se
expone a continuación:

Respecto a la diferencia de criterios, la Sala precisó su alcance en sentencia de 11
de junio de 2020, así28:“Lo que exculpa, antes y después de la reforma introducida por el artículo
287 de la Ley 1819 de 2016 al artículo 647 del ET, es el hecho de que el declarante esté incurso en
un error relativo al derecho aplicable, a la hora de autoliquidar el tributo. (...)Lo determinante con
miras a exonerar de la reacción punitiva es establecer si el «criterio» desplegado por el
administrado tuvo causa en un equivocado juicio de comprensión sobre la interpretación,
vigencia o existencia del tipo infractor y sus respectivos ingredientes normativos, el cual
propició en él la errónea creencia de no incurrir en un comportamiento antijurídico. (Énfasis
propio)

En la misma oportunidad, igualmente se precisó:

”(...)de suerte que la declaración que, a ojos de la Administración no es completa o
verdadera, obedece precisamente a que el sujeto la diligenció guiado por su criterio
jurídico erróneo. En cualquier caso, la prueba del incumplimiento del mencionado requisito
nunca podrá ser el hecho de que la autoliquidación y el acto oficial arrojen resultados
numéricos diversos, pues de lo que se trata es de establecer si ese resultado tiene como
causa un error sobre la comprensión del derecho aplicable” (Énfasis propio)

Aplicado lo anterior al caso concreto, encuentra la Sala que, si bien el artículo 4 del
Decreto 841 de 1998 para el periodo fiscalizado presuponía el cálculo separado de
la renta exenta, comoquiera que la exención solo fue prevista respecto de las
reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez
y sobrevivientes, así como sus rendimientos, que no respecto de toda la actividad
aseguradora, lo cierto es que aunque esto es la materia de la exención su aplicación
no emanaba de manera tan precisa como se observa desde la Ley 1819 de 2016,
artículo 92 parágrafo 2º, lo que condujo a que la entidad apelante actuara bajo el
equívoco convencimiento de que podía afectar el resultado de ramos diferentes de
los que originaron la renta exenta.

De tal manera que, en este caso, no se presenta el desconocimiento de la norma
que establece la exención, sino un equivocado entendimiento sobre su alcance e
interpretación, que se debió porque su redacción no contemplaba de manera
expresa la forma de determinación del beneficio, sino que desprendía de su texto.
27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 15001-23-33-000-
2013-00366-01 (23673). Sentencia del 4 de marzo de 2021. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28 Exp. 21640 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez

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Súmese a esto que el contribuyente no incurrió en la utilización de datos o factores
falsos o incompletos, toda vez que el rechazo de la exención fue parcial, no por una
discusión del monto de la reserva matemática, sino por la determinación del
beneficio tributario establecido sobre la misma.

Por lo anterior, se evidencia que la liquidación inadecuada que realizó el
contribuyente se deriva de una interpretación errónea que lo llevó a considerar que
su actuar se encontraba al amparo de la norma que establece la exención.

A partir de ello, considera la Sala que se configura la causal exculpatoria de la
sanción de inexactitud, y en consecuencia se revocará la sanción de inexactitud.

4. Condena en costas

Suramericana afirmó que no procede la condena en costas impuesta en primera
instancia, por tratarse de un asunto tributario, y además, en tanto no se encuentra
acreditada su causación, ni que el demandante actuara con temeridad o mala fe.

Al respecto, la Sala precisa que no procede la condena en costas en primera ni en
segunda instancia, en tanto no fue demostrada su causación, según lo exige el
artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. Decisión

Con base en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia. En su
lugar, declarará la nulidad parcial de los actos acusados, pero únicamente con
relación con la imposición de la sanción por inexactitud, habida consideración de la
configuración de una diferencia de criterios. A título de restablecimiento del derecho,
se declarará que la sociedad actora no deberá pagar suma alguna por concepto de
sanción por inexactitud. Además, no habrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley

FALLA

1. Revocar la sentencia apelada

2. Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 900010
del 23 de agosto de 2017, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos
de Medellín, y la Resolución Nro. 007908 del 31 de agosto de 2018, proferida
por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica
de la DIAN, en cuanto a la imposición de la sanción por inexactitud.

3. A título de restablecimiento del derecho, declarar que SEGUROS DE VIDA
SURAMERICANA S.A. no deberá pagar suma alguna por concepto de sanción
por inexactitud, atendiendo los motivos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

4. Sin condena en costas en ninguna de las instancias.

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Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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