Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00353-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00353-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2019-00353-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 05001-23-33-000-2019-00353-02 (1789-2021)
Demandante: Universidad de Antioquia
Demandado: Héctor Alonso Sepúlveda Soto (Q.E.P.D)
Sucesora procesal: Ligia María Lopera Ceballos1
Temas: Pensión de jubilación de los empleados de universidades
oficiales. Pago de las prestaciones a cargo de los entes
universitarios en los casos previstos en el artículo 4° del
Decreto 2337 de 1996. Buena fe del pensionado.
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede parcialmente a
las súplicas de la demanda. Revoca condena en costas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada en
contra de la sentencia del 20 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad2, mediante la cual se
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda3
2.1.1. Las pretensiones
2. La Universidad de Antioquia, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, solicitó la nulidad de la Resolución 540 de 9 de
noviembre de 2005 que ordenó pagarle al señor Héctor Alonso Sepúlveda Soto
1 Dado el fallecimiento del señor Héctor Alonso Sepúlveda Soto, puesto en conocimiento por la parte
demandante, a través de auto de 25 de noviembre de 2024, se tuvo como sucesora procesal a la señora
Ligia María Lopera Ceballos, en su condición de cónyuge supérstite. Índice 23 de la segunda instancia.
2 Con ponencia de la magistrada Liliana Patricia Navarro Giraldo.
3 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Archivo « demanda.pdf».
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«[…] el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que
consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no reconoce el
Seguro Social, […]».
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene al señor
Héctor Alonso Sepúlveda Soto a restituir las sumas pagadas con base en la
Resolución 540 de 9 de noviembre de 2005, «desde el 08 de noviembre de 2004
y hasta el 30 de noviembre de 2018, que en total ascienden a $250.310.799,65,
más los valores que se generen con posterioridad y hasta que la sentencia se
encuentre en firme.».
4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la accionada.
2.1.2. Hechos
5. Con base en las Leyes 6ª de 1945 y 4ª de 1966 y los Decretos 1743 de 1966
y 1848 de 1969, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 la Universidad
de Antioquia reconocía las pensiones de sus empleados con base en todo lo
devengado, sin efectuar deducción alguna.
6. Al entrar en vigor el sistema general de pensiones la Universidad de Antioquia
afilió a todos sus empleados al Instituto de Seguros Sociales, y realizó los aportes
correspondientes ante esa entidad. En virtud del Decreto 2337 de 1996, la
Universidad perdió competencia para continuar asumiendo el pago de las
pensiones.
7. El señor Héctor Alonso Sepúlveda Soto laboró en la Universidad de Antioquia
desde el 1.° de octubre de 1973 hasta el 8 de noviembre de 2004, por lo que el
Instituto de Seguros Sociales le reconoció su pensión de jubilación mediante la
Resolución 12648 del 14 de julio de 2005, en cuantía mensual de $3’889.457, a
partir del 8 de noviembre de 2004, sin tener en cuenta en su liquidación las primas
de navidad, servicios y vacaciones.
8. A efectos de participar en la financiación de la pensión de vejez del señor
Héctor Alonso Sepúlveda Soto a cargo del Instituto de Seguros Sociales, hoy
Colpensiones, la Universidad de Antioquia, mediante la Resolución 054 del 17 de
febrero de 2005, emitió el bono pensional y consignó la suma de $411´104.000,
al Instituto de Seguros Sociales.
9. La Universidad de Antioquia expidió la Resolución Rectoral 12094 de 1999 en
la que se «subroga» la parte de la obligación no reconocida por el Seguro Social
con los servidores de la Universidad.
10. Atendiendo a lo anterior, la Universidad emitió la Resolución Administrativa
540 de 9 de noviembre de 2005, en la que ordenó pagar temporalmente al señor
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Héctor Alonso Sepúlveda Soto el valor que resulta de la aplicación del ingreso
base de liquidación que consagra el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 no reconocido por el Seguro Social hasta que este último lo reconozca bien
motu proprio o por orden judicial. Esto de la siguiente manera: a partir del 8 de
noviembre de 2004, por valor $900.899 mensuales, y a partir del 1.° de enero de
2005, por valor de $950.448.
11. La Universidad de Antioquia ha adelantado trámites ante el Seguro Social, y
posteriormente a Colpensiones, tendientes a que la administradora de pensiones
incluyera las primas de navidad, servicios y vacaciones para liquidar la pensión
de los docentes universitarios, con resultado desfavorable.
12. Mediante Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012, fue derogada
la Resolución 12094 de 1999, ordenando a la Vicerrectoría resolver las
situaciones de carácter individual y concreto, conforme a los principios, normas
jurídicas y jurisprudencia vigente en la materia.
13. La Resolución Rectoral 35823 del 17 de octubre de 2012 fue demandada por
la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, proceso que fue
conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación judicial que en
sentencia del 17 de octubre de 2013 negó las pretensiones de la demanda,
argumentando que el ente universitario actuó con mera liberalidad al subrogarse
en un deber que no le correspondía, por lo que no estaba obligada a mantener
en el tiempo el acto administrativo derogado.
14. La Universidad de Antioquia interpuso diversas demandas contra los actos
administrativos que reconocieron el pago temporal que consagró la Resolución
Rectoral 12094 de 1999, las cuales han generado que el Consejo de Estado se
pronuncie en el sentido de reconocer que el ente educativo no era la autoridad
competente para pronunciarse acerca de la adjudicación del derecho pensional,
por cuanto era obligación del ISS como entidad previsional.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
15. En la demanda se señalaron como disposiciones vulneradas los artículos 48
de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, 10 de
la Ley 4ª de 1992, 1.° del Decreto 1158 de 1994, 18 inciso 3.°, 131 y 151 de la
Ley 100 de 1993, el artículo 5.° del Decreto 1068 de 1995 y 4.° del Decreto 2337
de 1996.
16. En el concepto de violación explicó, en síntesis, que, si bien al momento de
expedirse la Resolución Rectoral 12094 de 1999 y su reglamentaria 16628 de
1999, no se encontraba vigente el Acto Legislativo 01 de 2005, éstas adolecen
de inconstitucionalidad sobreviniente por transgredir el contenido del artículo 1.°
inciso 6.° de tal reforma constitucional que dispone que para la liquidación de las
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pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubiesen
efectuado cotizaciones.
17. Debe tenerse en cuenta el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992, según el cual
todo régimen salarial y prestacional que se establezca en contravención de dicha
norma o los decretos que dicte el Gobierno Nacional carecerá de todo efecto y
no creará derechos adquiridos. Además, el Decreto 1158 de 1994 en su artículo
1.°, señala taxativamente los factores salariales que deben tenerse en cuenta
dentro del IBL, sin que se incluyan primas de navidad, servicios y vacaciones.
18. Asimismo, en sentencia de 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado
rectificó la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
indicar que el IBL no es un asunto sometido a transición, razón por la que sostiene
que el acto administrativo enjuiciado partió de una premisa equivocada cual era
el derecho a que los empleados de la Universidad adquirieran su derecho
pensional tomando como base todos los factores devengados en servicio.
19. Explicó que el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 no
incluye el ingreso base de liquidación, razón por la cual la liquidación de la
pensión del demandado, beneficiario del citado régimen de transición, debía
efectuarse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 –o, excepcionalmente
y de cumplirse con los supuestos allí establecidos, el inciso tercero del artículo
36 de la misma Ley 100 de 1993-, en virtud del cual tal liquidación se efectúa
teniendo como base el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiese
cotizado el afiliado en los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión; teniéndose entonces que el acto cuya nulidad se demanda no se
ajusta a la interpretación que actualmente rige respecto las normas superiores en
que debían fundarse.
20. Finalmente insistió en que, en caso de considerarse que los beneficiarios del
régimen de transición sí tienen derecho a que su liquidación pensional incluya
todos los factores, la competencia para su reconocimiento recae en la
administradora de pensiones a que se haya afiliado el empleado.
2.2. Contestación de la demanda
21. El señor Héctor Alonso Sepúlveda Soto4, se opuso a las pretensiones de
la demanda, a través de apoderado judicial.
22. Según lo indicó, la Universidad de Antioquia siempre tuvo la convicción que
las pensiones deberían liquidarse teniendo en cuenta todo lo devengado con
base en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con base en la postura
anterior del Consejo de Estado, por lo que profirió la Resolución 12094 del 4 de
4 Ibidem. Archivo « ContestaDemanda.pdf».
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mayo de 1999, soporte del acto demandado Resolución 540 de 9 de noviembre
de 2005. Además, en sentencias como la C-258 de 2013, atinente a la Ley 4ª de
1992 se refiere es al régimen de transición de altos funcionarios del Estado,
asimismo, la sentencia SU-210 de 2017 no es aplicable al caso concreto.
23. El acto legislativo 01 de 2005 es posterior a la fecha de vigencia de la
Resolución Administrativa atacada, por lo que no puede tener efectos retroactivos
sobre derechos adquiridos, en forma legal y posterior. Además, en este caso le
faltaban menos de diez años para adquirir el derecho a la pensión de vejez. Es
decir, debía esperar la edad de 55 años.
24. Para el abogado, en este caso no se pueden desconocer los derechos
adquiridos de una persona del régimen de transición, reconocidos en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y que se protegieron a través de la Resolución Rectoral
12094 del 4 de mayo de 1999 y en el acto administrativo atacado; por ello, en la
Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, se entregó la diferencia que no
reconoce el Instituto de Seguros Sociales, hasta que éste lo haga motu proprio o
por decisión judicial, situación que aún no ha sucedido, además debe recordarse
que la Procuraduría General de la Nación, mediante la Circular No. 54 de 2010,
conminó al Seguro Social a liquidar y pagar la pensión de vejez, con todos los
factores salariales, incluyendo las primas a las personas beneficiarias del
régimen de transición.
25. Finalmente precisó que el pensionado actuó de buena fe, pues nunca usó
procedimientos fraudulentos o de naturaleza similar para obtener el pago, sino
que la Universidad de Antioquia, en forma unilateral, libre y consciente adoptó la
decisión de subrogarse en una obligación que sigue vigente a cargo de
Colpensiones, que reemplazó al Seguro Social.
26. Propuso las excepciones de: «conformación del litisconsorcio», «derecho
adquirido», «legalidad del acto impugnado», «falta de causa para pedir», «falta
de tipificación de las causales de nulidad», «inexistencia de la causa invocada»,
«falta de interés», «buena fe del demandado», «mala fe del demandante»,
«violación al principio de progresividad en materia laboral», «violación al derecho
fundamental a la seguridad social», «falta de legitimidad» y «prescripción».
2.3. Medida cautelar
27. La entidad demandante solicitó como medida cautelar, la suspensión de la
Resolución 540 de 9 de noviembre de 2005, a la que se accedió por parte del
Tribunal Administrativo de Antioquia a través de providencia de 11 de septiembre
de 20195.
5 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Archivo «medidacautelar.pdf».
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28. Al resolver el recurso de apelación formulado por las partes, esta Subsección,
a través de proveído de 25 de agosto de 20226 resolvió confirmar la decisión del
Tribunal
2.4. Sentencia de primera instancia7
29. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad en sentencia
proferida el 20 de octubre de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, declaró la nulidad del acto demandado, negó la pretensión de
restablecimiento del derecho y condenó en costas al señor Héctor Alonso
Sepúlveda Soto.
30. Para ello, se refirió al Decreto 1068 del 23 de junio de 1995, la Ley 30 de
1992 artículo 77, la Ley 4ª de 1992, el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, la
sentencia C- 032 de 2008, el Decreto 2337 de 1996, así como las pruebas
allegadas.
31. A partir de ello, el Tribunal precisó que la competencia radicada en las
universidades para efectuar los mencionados reconocimientos pensionales, cesó
con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que creó el sistema general de
pensiones con el fin de unificar los diferentes regímenes pensionales existentes
y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 151 de la referida Ley 100 de 1993,
el Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel
departamental, municipal y distrital, entró a regir a más tardar, el 30 de junio de
1995.
32. Así mismo, el artículo 4.° del Decreto No 2337 de 1996 determinó las únicas
obligaciones de reconocimiento pensional que quedaban a cargo de los entes
universitarios oficiales, a partir del 30 de junio de 1995 y para el cual se creó un
fondo de pasivo pensional, que solo estará a cargo de reconocer y pagar las
pensiones en favor de los empleados de las universidades, en los siguientes
eventos: i) en favor de los pensionados a su cargo o quienes hubieren cumplido
requisitos para obtener el derecho a pensión con anterioridad al 23 de diciembre
de 1993; ii) en favor de quienes cumplieren requisitos pensionales entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de 1996 y
finalmente; iii) en favor de quienes al 31 de diciembre de 1996 hubieren cumplido
el requisito de tiempo de servicio pero no hubieren alcanzado la edad necesaria
para obtener el reconocimiento pensional, siempre que no se hubieren afiliado al
sistema general de pensiones bien en el régimen de prima media con prestación
definida o bien en el régimen de ahorro individual.
6 Radicado: 05001-23-33-000-2019-00353-01 (1070-2020). Índice 4.
7 Índice 2 Expediente digitalizado correspondiente a la segunda instancia. Archivo Onedrive Archivo
«12_ED_08SENTENCIA.PDF».
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33. Entonces, a partir de la afiliación de la demandada al Sistema General de
Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, realizada a partir del 1.° de julio de
1995, la Universidad quedó subrogada en su obligación de efectuar el
reconocimiento pensional por la entidad a la cual aquel quedó afiliado, en este
caso el ISS, prestación a la cual solo debía contribuir mediante la emisión del
correspondiente bono pensional, a través del cual se efectúa el reconocimiento
de los tiempos servidos con anterioridad a la existencia de aquel régimen.
34. Bajo tal consideración estimó que dada la constitución del Fondo de Pasivo
Pensional señalado en el artículo 4° del Decreto 2337 del 24 de diciembre de
1996, a cargo de la Universidad, solo se encontraban aquellas pensiones de los
servidores que al 31 de diciembre de 1996, hubieran cumplido con los requisitos
para gozar de la pensión de vejez, por lo que, el demandado no se encontraba
bajo alguno de los supuestos señalados en el artículo 4 .° del Decreto 2337 del
24 de diciembre de 1996 para considerarse que le asistía a la Universidad de
Antioquia una obligación, comoquiera que:
35. Frente al primero de los supuestos del Decreto 2337 de 1996, artículo 4.° no
había alcanzado la edad para pensionarse antes del 23 de diciembre de 1993,
pues a pesar de contar con más de 20 años de servicios, tan sólo tenía 44 años,
5 meses y 12 días. En cuanto al segundo, no alcanzó los requisitos pensionales
entre el 23 de diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995, si se tiene en cuenta
que, al momento final señalado, tan solo alcanzó la edad de 45 años, 11 meses
y 19 días, aun cuando contara con el tiempo de servicios. y Finalmente, en el
último supuesto, si bien contaba con el tiempo de servicio al 31 de diciembre de
1996 y no con la edad, no obstante, se encontraba afiliado al ISS desde el 30 de
junio de 1995.
36. En consecuencia, al disponer a su cargo una «subrogación» pensional con
base en una interpretación sobre la forma en que correspondía reconocer las
pensiones a su personal, constituía sin duda una actuación que excedía su
competencia, de tal forma que se logró acreditar que el acto administrativo
demandado adolecía de nulidad, por resultar contrario a las normas superiores
relativas a la determinación de la competencia para el reconocimiento de la
pensión sobre la que versa la subrogación dispuesta por la resolución
demandada.
37. Esa Corporación concluyó entonces que, con la decisión contenida en el acto
administrativo enjuiciado, la entidad lo que hizo fue asumir un pago que no
resultaban de su competencia, disponiendo una interpretación respecto del
régimen pensional a que tenía derecho la docente que no le correspondía por no
tener a su cargo el reconocimiento pensional, por lo que no era dable mantener
dicho reconocimiento.
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38. Finalmente estableció que no procede la devolución de sumas de dinero
pagadas que pretende la demandante dado que no se allegaron las pruebas que
demostraran una conducta fraudulenta o engañosa ejecutada por el accionado.
2.5. Recurso de apelación.
39. El apoderado del demandado Héctor Alonso Sepúlveda Soto8 señaló, en
primer lugar, que tanto en la Resolución Rectoral 12094 de 1999, por la cual la
Universidad de Antioquia asumió en forma temporal el pago de una obligación
pensional del Instituto de Seguros Sociales como en la Resolución 540 de 9 de
noviembre de 2005, la universidad no alegó que tiene competencia para pagar
las pensiones a las personas, después del 1.º de enero de 1997, ni tampoco creó
un sistema pensional en la Institución, sino, lo que sucedió es que ante una
situación coyuntural por la negativa del ISS de liquidar correctamente las
pensiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, asumió en forma
temporal la cuota parte faltante que tiene que ver con la inclusión de las primas
en la liquidación de la pensión de vejez.
40. Para el abogado, la Universidad de Antioquia estaba cumpliendo la ley que
le autorizaba pagar por un tercero, para garantizar el respeto de los derechos de
quienes fueron sus empleados, esto porque el tercero se había negado a recibir
las cotizaciones por las primas.
41. Según lo indicó, el ISS le desconoció al pensionado sus derechos para
liquidarle correctamente su pensión de vejez, y por eso, la Universidad de
Antioquia asumió el pago de la cuota restante, en forma temporal y por la figura
de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente. Además, la sentencia de
unificación jurisprudencial del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018,
ratificó la jurisprudencia sobre el régimen de transición, beneficia al demandado,
a quien le faltaban menos de diez años para adquirir su derecho pensional el 1.°
de julio de 1995, cuando empezó la vigencia de la Ley 100 de 1993 en la
Universidad de Antioquia, por lo que solicitó se le ordene a Colpensiones
reliquidar la pensión del demandado en ese sentido, como lo ordena la sentencia
de unificación.
42. Según lo indicó no existe discusión sobre que el docente no podía jubilarse
con la Universidad de Antioquia, porque dicha obligación era del entonces
Instituto de Seguros Sociales. Lo que se alega consiste en que el ISS le
desconoció sus derechos para liquidarle correctamente su pensión de vejez, y
por eso, la Universidad de Antioquia asume el pago de la cuota restante, pero en
forma temporal y por la figura de la subrogación, que se lo permite, jurídicamente.
8 Ibidem archivo «034 MEMORIAL - RECURSO DE APELACIÓN.pdf»
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43. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia ordenó que, a
partir del 1.° de enero de 1994, se hicieran los aportes para salud y pensión,
dictando la Resolución 2035 de 1994, aclarando que las cotizaciones de 1994 y
el primer semestre de 1995 no eran obligatorias legalmente y el dinero recaudado
está en manos de la Universidad de Antioquia.
44. Precisó que la Ley 33 de 1985, para los servidores públicos inscritos en el
orden nacional mantuvo los factores salariales válidos de cotización del Decreto
691 de 1994. Luego, la Ley 100 de 1993, en su inciso 3.° del artículo 36,
estableció el régimen de transición, aplicable a los profesores y empleados de la
Universidad de Antioquia. Por eso, el ente universitario, antes de la Ley 100 de
1993, jubilaba a sus empleados con todos los factores salariales devengados el
último año de trabajo.
45. Por último solicitó que se ordene a Colpensiones «recalcular» la pensión del
accionado con el ingreso base de liquidación, IBL, con el promedio de lo
devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, porque le
faltaban menos de diez años; asimismo, que se revoque la condena en costas
de primera instancia y que no se impongan las correspondientes a esta instancia,
dado que la eventual ilegalidad del acto administrativo impugnado sería
imputable exclusivamente a la Universidad de Antioquia y no al profesor Héctor
Alonso Sepúlveda.
2.6. Alegatos en segunda instancia
46. Dentro de esta etapa procesal tanto las partes como el agente del Ministerio
Público guardaron silencio.
47. Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de
Subsección a decidir previas las siguientes
III. CONSIDERACIONES
3.1. Aclaración previa. Manifestación de impedimento.
48. El consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta9
encontrarse impedido para conocer del presente asunto, por estar incurso en la
causal prevista en el numeral 1.° del artículo 141 del Código General del Proceso,
pues le asiste interés indirecto en las resultas del proceso, toda vez que ha
suscrito y celebrado contratos con la parte demandante, esto es, la Universidad
9 Índice 29, aplicativo SAMAI, segunda instancia.
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de Antioquia, «para dictar cátedra en la Especialización de Derecho
Administrativo en las materias Derecho Procesal Administrativo, Sujeto Jurídico
Público y Contextualización del Derecho Administrativo.»
49. Al respecto, el numeral 3.° del artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:
«3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el
artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a
quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se
fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o
subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra
fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva
sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de
conformidad con el reglamento interno.
50. A su turno, el artículo 141 numeral 1.° del Código General del Proceso
consagra como causal de recusación:
«Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso.»
51. Es de resaltar que, dada la taxatividad y el carácter restrictivo de dichas
causales, nada excusa al juez para abstenerse de cumplir los deberes que la ley
le asigna. Por la misma razón, la motivación o los hechos que llevan al funcionario
judicial a declarar el impedimento deben enmarcarse con toda precisión en
alguna de ellas, lo cual obedece, además, a la especificidad con que se
encuentran definidas en la norma.
52. Ahora bien, analizada la causal esgrimida y los argumentos del impedimento
manifestado, esta Sala de decisión lo encuentra fundado, por cuanto se estima
que le asiste un interés indirecto en el resultado del proceso, comoquiera que la
explicación planteada frente a la relación de índole contractual que existe con la
parte demandante es razón suficiente para entender que el objeto del presente
litigio compromete su independencia y/o imparcialidad al momento de resolver el
asunto.
53. Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez y se le separará del conocimiento del asunto de la
referencia.
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3.2. Competencia.
54. Es competente esta Subsección para decidir el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de 20 de octubre
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, dentro del proceso del epígrafe, conforme con lo dispuesto en el artículo
15010 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
3.3. Problemas Jurídicos.
55. Debe determinar esta Sala de Subsección si ¿en este caso, frente al
reconocimiento de la pensión otorgada por el ISS al señor Héctor Alonso
Sepúlveda Soto, servidor de la Universidad de Antioquia, ésta última era
competente para pagar la diferencia por los factores no incorporados por el ente
de previsión al determinar el IBL pensional respectivo? Y, adicionalmente, ¿es
procedente revocar la condena en costas impuesta en la primera instancia?
3.4. Marco jurídico
3.4.1. Del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de los
servidores públicos bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993.
56. De conformidad con lo señalado por el artículo 7511 del Decreto 1848 de
196912, previo a la vigencia de la Ley 100 de 1993 quien tenía la obligación de
reconocer y de pagar la pensión de jubilación a los servidores públicos era la
entidad de previsión a la que estaba afiliado el servidor o en su defecto, la última
entidad pública empleadora.
57. A través de la expedición de la Ley 100 de 199313 se creó el Sistema General
de Seguridad Social, estableciéndose en la misma la obligatoriedad de afiliar al
sistema a todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos14.
10«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia».
11 «Artículo 75º.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y
pagará al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el
tiempo de servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la
edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces
cumple los requisitos de tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión…»
12 Mediante el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.
13 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
14 «Artículo 15.- Serán afiliados al sistema general de pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que
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58. Para la incorporación de los servidores públicos al sistema general de
pensiones, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 691 de marzo 29 de 1994 15,
mediante el cual se integró al referido sistema: a) Los servidores públicos de la
rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal o Distrital, así como
de sus entidades descentralizadas; y b) Los servidores públicos del Congreso
de la República, de la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de
la Nación, la organización electoral y la Contraloría General de la República 16.
59. A su vez el Decreto 692 del 29 de marzo de 1994 17 al reglamentar los temas
relacionados con afiliaciones, cotizaciones, administradoras de pensiones del
Sistema General de Pensiones, definió la entidad competente para el
reconocimiento y pago de las pensiones o demás prestaciones a que hubiere
lugar al señalar lo siguiente:
«Artículo 14. Efectos de la afiliación. La afiliación surtirá efectos a partir del
primer día del mes siguiente a aquel en el cual se efectuó el diligenciamiento
del respectivo formulario.
Será responsable del pago de las pensiones o prestaciones económicas a que
haya lugar, la administradora que haya recibido o le corresponda recibir el
monto de las cotizaciones del período en el cual ocurre el siniestro o hecho que
da lugar al pago de la pensión o prestación correspondiente».
60. Luego, con la expedición del Decreto 1068 del 23 de junio de 1995 18 se
estableció el límite temporal para que los servidores públicos del orden
departamental, municipal y distrital seleccionaran el régimen al cual se afiliaran
para los efectos de cotizaciones en pensión, señalando el parágrafo 2.º de su
artículo 2.º, que la afiliación a cualquiera de los dos regímenes previstos en la
Ley 100 de 1993 debía hacerse a más tardar el 30 de junio de 1995. Señaló la
referida norma lo que sigue:
«Artículo 2º.- Selección de régimen pensional. Una vez entre a regir el sistema
general de pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los
servidores públicos deberán seleccionar entre el régimen solidario de prima
media con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros
Sociales, ISS, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado
por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, AFP, autorizadas
por la Superintendencia Bancaria.
por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a
través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales…»
15 Por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras
disposiciones.
16 Ver artículo 1 del decreto citado.
17 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993.
18 Por el cual se reglamenta la entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles
departamental, municipal y distrital, la constitución de los fondos de pensiones del nivel territorial, y la
declaratoria de solvencia de las cajas, fondos o entidades de previsión social del sector público del nivel
territorial.
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Los servidores públicos que elijan afiliarse o trasladarse al Instituto de Seguros
Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad, deberán proceder de
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de este Decreto.
Parágrafo 1º.- Los servidores públicos que ingresen al servicio con
posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones y elijan el régimen
solidario de prima media con prestación definida, deben afiliarse al Instituto de
Seguros Sociales.
Parágrafo 2º.- Los funcionarios públicos cuyas pensiones eran reconocidas y
pagadas por las entidades empleadoras, deberán afiliarse a cualquiera de los
dos regímenes previstos en la Ley 100 de 1993 a más tardar el 30 de junio de
1995».
61. Ahora bien, es de recodar que el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 estableció
la creación de los fondos para pagar el pasivo pensional universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Esto
en los siguientes términos:
«ARTICULO 131.Fondo para pagar el pasivo pensional de las universidades oficiales
y de las instituciones oficiales de educación superior de naturaleza territorial. Cada
una de las instituciones de educación superior oficiales, del nivel territorial,
departamental, distrital, municipal, constituirá un fondo para el pago del pasivo
pensional contraído a la fecha en la cual esta Ley entre en vigencia, hasta por un
monto igual al valor de dicho pasivo que no esté constituido en reservas en las cajas
de previsión, o fondos autorizados, descontando el valor actuarial de las futuras
cotizaciones que las instituciones como empleadores y los empleados deban efectuar
según lo previsto en la presente Ley, en aquella parte que corresponda a
funcionarios, empleados o trabajadores vinculados hasta la fecha de iniciación de la
vigencia de la presente Ley.
Dicho fondo se manejará como una subcuenta en el presupuesto de cada institución.
Será financiado por la nación, los departamentos, los distritos y los municipios, que
aportarán en la misma proporción en que hayan contribuido al presupuesto de la
respectiva universidad o institución de educación superior, teniendo en cuenta el
promedio de los 5 últimos presupuestos anuales, anteriores al años de iniciación de
la vigencia de la presente Ley.
Los aportes constarán en bonos de valor constante de las respectivas entidades que
se redimirán a medida que se haga exigible el pago de las obligaciones pensionales
de acuerdo con las proyecciones presupuestales y los cálculos actuariales, y de
conformidad con la reglamentación que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional.
Dentro del años siguiente a la iniciación de la vigencia de la presente Ley, las
universidades y las instituciones de educación superior referidas en este artículo,
elaborarán o actualizarán los estudios actuariales con el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. Este requisito es necesario para la suscripción de los bonos que
representen los aportes de la Nación. Esta suscripción deberá hacerse dentro de los
2 primeros años de la vigencia de la presente Ley.
[…]».
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62. Posteriormente, el Decreto 2337 del 24 de diciembre de 199619 que tuvo por
objeto establecer el régimen general para el reconocimiento del pasivo pensional
de las universidades oficiales y de las instituciones oficiales de educación
superior de naturaleza territorial, fue específico en atender lo dispuesto en el
Decreto 1068 de 1995, ya citado, respecto del marco temporal con que contaban
los servidores públicos en afiliarse a uno de los dos regímenes pensionales
contemplados en la Ley 100 de 1993, al consagrar lo siguiente en el parágrafo
1.º del artículo 2.º del referido decreto:
«Parágrafo 1º. De conformidad con la Ley 100 de 1993, para los servidores
públicos, trabajadores oficiales y personal docente de aquellas instituciones que
reconocían y pagaban directamente las pensiones, la afiliación a uno de los dos
regímenes del Sistema General de Pensiones, debe haberse efectuado a más
tardar el 30 de junio de 1995, fecha en la cual, vencía el plazo para la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones para las entidades territoriales,
sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1642 de 1995». (Negrillas fuera de
texto).
63. El citado decreto estableció en su artículo 4.° algunos eventos en que los
fondos de pasivo pensional, constituidos como una cuenta especial de las
universidades oficiales e instituciones de educación superior de carácter
oficial y naturaleza territorial, debían asumir el pago de las prestaciones allí
descritas. Estos son:
«1. El pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o
sustitución de los pensionados que estas entidades tenían a su cargo, y el
reconocimiento y pago de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener
derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo
con el régimen pensional vigente, antes del 23 de diciembre de 1993.
2. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de
sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de
diciembre de 1993 y el 30 de junio de 1995 o la fecha de entrada en vigencia del
Sistema General de Pensiones en el orden territorial o en la respectiva
institución, según sea el caso, o entre esta última fecha y el 31 de diciembre de
1996.
3. El reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados públicos,
trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el tiempo de
servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad señalada para
adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que los venía
rigiendo, siempre y cuando no se encuentren afiliados a algunas de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones.
4. El pago de los bonos pensionales de los empleados públicos, personal docente y
trabajadores oficiales, que se afiliaron al régimen de Prima Media con Prestación
Definida administrado por el ISS o al régimen de ahorro individual con solidaridad
administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, de conformidad con
los artículos 118 y 119 de la Ley 100 de 1993, los Decretos-ley 1299 y 1314 de 1994
y sus decretos reglamentarios.
19 Por el cual se reglamenta el artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1299 de 1994.
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La expedición de los bonos pensionales se hará de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 119 de la Ley 100 de 1993. En el evento de que el servidor público, trabajador
oficial y personal docente, únicamente haya tenido vinculación contractual, legal y
reglamentaria con la respectiva universidad o institución, tendrá derecho a que dicha
institución efectúe la emisión del bono pensional, de acuerdo con la reglamentación
para el efecto.
5. El pago de la cuota parte correspondiente de conformidad con lo establecido en
los Decretos 1299 y 1314 de 1994 de las universidades e instituciones de educación
superior a la cual hubiese prestado servicios el beneficiario del bono pensional, para
contribuir a la entidad emisora del bono.
6. El pago de las obligaciones pensionales extralegales, válidamente definidas o
pactadas por la respectiva institución, con posterioridad al 23 de diciembre de 1993,
así como el pago de las obligaciones correspondientes a la pensión compartida con
el ISS cuando a ella haya lugar.
[…]». (Negrilla de la Sala).
64. En este orden de ideas, después de la entrada en vigencia de los regímenes
pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de
carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de
sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos
al Sistema General de Pensiones y de acuerdo con lo consagrado en el artículo
14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, quien debe efectuar el
reconocimiento respectivo es la administradora de pensiones que hubiere
recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual
ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación
correspondiente, esto es, sin perjuicio de los escenarios definidos en el artículo
4.° del Decreto 2337 de 24 de diciembre de 1996, norma que sólo en los casos
allí descritos impone la obligación a cargo del fondo pensional.
3.4.2. Caso concreto
65. En este caso se encuentra demostrado lo siguiente:
• A través de la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 20, la
Universidad de Antioquia decidió «[s]ubrogarse en la parte de la
obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con
los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al
momento de entrar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años
para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio
de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al
inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de
Seguros Sociales, bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la
misma». En su artículo segundo el citado acto dispuso:
20 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Carpetas «5_ED_01DEMANDADIG.ZIP».
«cd Folio 39», Archivo «1. RESOLUCIÓN RECTORAL 12094 DE 1999.pdf ».
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«En consecuencia, se reajustarán las pensiones que ha reconocido el Instituto
de Seguros Sociales a los servidores referidos y a los que a partir de la fecha
les reconozca la pensión, en el porcentaje que dicha Entidad no cancela
conforme al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre
el derecho que tienen, con base en las primas de navidad, de vacaciones y
semestral, que constituyen factor salarial.».
• Por medio de la Resolución Administrativa 16628 del 11 de julio de 1999,
se reglamentó la Resolución Rectoral 12094 del 4 de mayo del mismo
año21.
• El señor Héctor Alonso Sepúlveda Soto nació el 12 de julio de 1949 según
da cuenta la copia de la cédula de cédula de ciudadanía y el registro civil
de nacimiento aportados al proceso22.
• En este caso, tanto de los tiempos de servicios analizados en la
Resolución de emisión del bono pensional visible a folio 5 ibidem23, se
indicó que laboró en la Universidad de Antioquia desde el 1.° de octubre
de 1973 hasta el 7 de noviembre de 2004:
66. Como se aprecia, el demandado antes del 30 de junio de 1995 llevaba
laborados 21 años de servicios.
• Según la Resolución 12648 de 14 de julio de 200524, el Instituto de
Seguros Sociales le reconoció la pensión de jubilación al demandado con
una tasa de reemplazo del 75%, sin indicar los factores salariales que se
tuvieron en cuenta para tales efectos, en cuantía mensual de $3´889.457
desde el 8 de noviembre de 2007. Veamos:
«Que la pensión se reconoce y paga a partir de la fecha de retiro del servicio o
de la fecha de cumplimiento de los requisitos mínimos, la última de las dos, según
lo dispuesto por el Artículo 8° de la Ley 71 de 1988 y los Artículos 13 y 35 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, disposiciones
aplicables por expresa remisión que hace el Artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
21 Ibidem. « 2. RESOLUCIÓN RECTORAL 16628 DE 1999.pdf»
22 Ibidem. « H.V. HÉCTOR SEPÚLVEDA.pdf». Folios 11 y 12.
23 Expediente digitalizado visible en el índice 2 de esta instancia. Carpetas «5_ED_01DEMANDADIG.ZIP».
«cd Folio 39», « H.V. HÉCTOR SEPÚLVEDA.pdf».
24 Ibidem. Folios 43 y s.s.
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Que según obra constancia en la Historia Laboral del expediente del(de la)
asegurado(a) SEPÚLVEDA SOTO en el ISS, su retiro de la entidad pública operó
a partir de 8 de noviembre de 2004, fecha para la cual ya acreditaba las
condiciones mínimas exigidas para la pensión, en consecuencia es procedente
el reconocimiento de ésta a partir de dicha fecha.
Que de acuerdo con lo anterior, se procede a la liquidación de la prestación,
conforme a lo indicado por el inciso 3 del Artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
tomando el promedio de lo cotizado durante el tiempo que le hacía falta para
tener derecho a la pensión desde la fecha de entrada en vigencia el Sistema
General de Pensiones, actualizado anualmente con el I.P.C.
Que efectuada la liquidación de la prestación, se estableció un ingreso base de
liquidación de $5,185,943 que con un monto porcentual de 75% fija la mesada
pensional en la suma de $3,889,457, a partir de 8 de noviembre de 2004, más
los reajustes de Ley para los siguientes años.
Que la Ley 797 de 2003 en su artículo 8 numeral 2°, literal d) establece: "los
pensionados que devengan una mesada superior a diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuirán para el Fondo de
Solidaridad Pensional para la subcuenta de Subsistencia en un uno por ciento·
(1 %) y los que devenguen más de veinte (20) salarios
mínimos contribuirán en un 2% para la misma cuenta.»
• De igual manera se advierte que la Universidad de Antioquia mediante la
Resolución 540 de 9 de noviembre de 200525 ordenó pagarle
temporalmente al señor Sepúlveda Soto el valor que resulta de la
aplicación del ingreso base de liquidación del inciso 3.º del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 por la no inclusión de las primas de navidad,
vacaciones y servicios por parte del ISS; según la entidad, en
cumplimiento de la Resolución 12094 del 4 de mayo de 1999, proferida
por el ente educativo, a través de la cual se subrogó en parte de dicha
obligación:
« ARTÍCULO PRIMERO· Pagar temporalmente el valor que resulta de la aplicación del
Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y no reconoce el Seguro Social, al señor HÉCTOR ALONSO SEPÚLVEDA
SOTO identificado con cédula de ciudadanía 8.298.159, a partir del 08 de noviembre de
2004, por valor de NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($900.899), y a partir del 01 de enero de 2005 un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($950.448) mensuales, hasta
que el Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden judicial, suma que se
incrementara anualmente según lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100.
ARTÍCULO SEGUNDO: El beneficiario del pago ordenado, deberá allegar a la
Universidad, en un término no superior a 2 meses, contados a partir del agotamiento de
la vía gubernativa o de la configuración del silencio administrativo, constancia de haber
presentado la demanda contra el Seguro Social y copia auténtica del auto admisorio de
la misma, continuando con el proceso hasta el fallo judicial, so pena de operar la
suspensión automática del pago, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de
esta Resolución.
[…]».
25 Ibidem. Folios 56 y s.s. ibidem.
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• Finalmente, a través de la Resolución Rectoral 35823 de 17 de octubre de
201226, la Universidad de Antioquia decidió derogar la Resolución 12094
de 4 de mayo de 1999 y ordenó a la Vicerrectoría Administrativa resolver
las situaciones jurídicas de carácter individual y concreto creadas a partir
de la expedición de la Resolución 12094 de 4 de mayo de 1999.
67. Las pruebas allegadas demuestran que el señor Sepúlveda Soto cumplió la
edad pensional (55 años exigidos en la Ley 33 de 1985) el 12 de julio de 2004 y
a 31 de diciembre de 1996 contaba con 47 años.
68. Ahora bien, el numeral 3.° del artículo 4.° del Decreto 2337 del 24 de
diciembre de 1996 señala que el fondo de pasivo pensional cuenta con la
obligación de reconocimiento y pago de las pensiones de aquellos empleados
públicos, trabajadores oficiales y personal docente que han cumplido con el
tiempo de servicios al 31 de diciembre de 1996 y no han llegado a la edad
señalada para adquirir el derecho a la pensión, de acuerdo con el régimen que
los venía rigiendo, escenario en el cual se encontraría el señor Sepúlveda Soto
pues cumplió 20 años de servicios en el 1.° de octubre de 1993.
69. Sin embargo, la norma exige al docente no estar afiliado a alguna de las
Administradoras del Sistema General de Pensiones, evento que no se cumple en
el sub lite comoquiera que, fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde
julio de 1995, como se aprecia en el formulario de afiliación (f. 127) y la Resolución
12648 de 14 de julio de 2005 dictada por el Instituto de Seguro Social (f. 4728)
70. Las pruebas allegadas demuestran que la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor del señor Héctor Alonso Sepúlveda Soto un
mayor valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo a través de la
Resolución 540 de 9 de noviembre de 2005, al ser obligación del ISS, asumir
dicho reconocimiento, como entidad administradora de las cotizaciones
realizadas por la demandada y en atención a lo dispuesto en el parágrafo 2.° del
artículo 2.º del Decreto 1068 de 1995, norma que exigía que, en su condición de
servidor público de la Universidad de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General
de Seguridad Social en julio de 1995.
71. En este sentido a partir de tal fecha, la entidad competente para proceder al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que finalmente,
reconoció la citada prestación a través de la Resolución 12648 de 14 de julio de
2005, por lo que, era dicha entidad ante quien debió el pensionado reclamar
eventuales reajustes pensionales conforme al régimen pensional aplicable, por lo
que no era plausible que la Universidad de Antioquia asumiera los pagos
señalados, ante el erróneo convencimiento de que ejercía una obligación del ISS.
26 Ibidem. « 3. RESOLUCION RECTORAL 35823 DE 2012.pdf»
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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Así entonces advierte la Sala que le asistió razón al Tribunal Administrativo de
Antioquia al declarar la nulidad de la resolución demandada.
3.5. Segundo problema jurídico. ¿Era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia?
72. Al respecto, esta Sección había sostenido la tesis de que el concepto de las
costas del proceso estaba relacionado con todos los gastos necesarios o útiles
dentro de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominados gastos
o expensas del proceso llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y
otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la
prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.
73. A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente sostuvo
que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la condena de manera
«automática» u «objetiva», frente a aquel que resultara vencido en el litigio. Ello,
en consideración a que debían observarse una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y
costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis mínimo
en el que el juez evaluara las circunstancias para imponerla o no.
74. Posteriormente, esta subsección en providencia de 7 de abril de 201629, varió
aquella posición y acogió el criterio objetivo -valorativo al concluir que no se debe
evaluar la conducta de las partes – temeridad o mala fe–, sino los aspectos
previstos en el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará
a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva
de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
29 Sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492 -2013, demandante: María del Rosario Mendoza
Parra y 1291 -2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada
uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por
separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos
de desistimiento o transacción. »
75. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de fundamentación
jurídica previo a su imposición.
76. En el presente caso donde la providencia apelada fue proferida antes de la
entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, se advierte que no se dio aplicación
al criterio objetivo valorativo, pues tampoco se verificó si las costas se habían
causado, como lo exigía el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, sino que solo
se justificó la decisión en que el demandado salió vencido en el proceso:
77. De acuerdo con lo anterior se advierte que no le asistió razón al Tribunal,
simplemente bajo la óptica del criterio objetivo como en efecto hizo cuando
señaló:
« El artículo 365 del Código General del Proceso, es el que resulta aplicable a
efectos de liquidar y establecer las costas, el cual en su numeral primero
prescribe que “Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto…”, por lo tanto, se condenará
en costas a la parte demandada.»
78. Atendiendo a las anteriores consideraciones es que se revocará el numeral
quinto de la providencia apelada, en cuanto impuso la condena en costas en
primera instancia a cargo del señor Héctor Alonso Sepúlveda Soto (Q.E.P.D),
pues se debió verificar si estas se habían causado.
3.6. De la condena en costas en segunda instancia
79. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a la
luz de la Ley 2080 de 2021, dado que de la revisión de los argumentos
presentados por las partes se observa que se sustentaron las razones jurídicas
que fundamentan sus intereses y, por ende, no es procedente su imposición.
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80. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por
el consejero de Estado doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez.
SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 20 de octubre de
2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
promovida por la Universidad de Antioquia en contra del señor Héctor Alonso
Sepúlveda Soto (Q.E.P.D), SALVO EL NUMERAL QUINTO QUE SE REVOCA,
con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
En su lugar quedará así:
«QUINTO.- ABSTENERSE de imponer condena en costas de primera
instancia, de conformidad con lo señalado»:
TERCERO: Sin condena en costas de segunda instancia, según las
consideraciones expresadas en este fallo.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI»
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con impedimento
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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