Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2019-00430-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2019-00430-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 05001-23-33-000-2019-00430-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71
de la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 05001233300020190043001
Demandante: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU
Demandado: Municipio de Medellín2
Asunto: Expropiación por vía administrativa e incorrección del avalúo del bien
inmueble. Reiteración jurisprudencial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 21 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Empresa de Desarrollo Urbano EDU3, en adelante la parte demandante,
presentó demanda contra el Municipio de Medellín, en adelante la parte
demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista
en el artículo 71 de la Ley 3884.
1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2 Cfr. Índice 1 Samai.
3 Por conducto de apoderado
4 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación:05001233300020190043001
Demandante: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRETENSIONES:
PRIMERA: Que se declare la NULIDAD parcial de las siguientes Resoluciones, en
cuanto al precio indemnizatorio:
• Resolución N° SEC 201750015182 del 15 de noviembre de 2017 "Por la
cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición vía enajenación
voluntaria o expropiación administrativa y se formula una oferta de compra
sobre unos bienes inmuebles."
• Resolución No SEC 201850054740 del 3 de agosto de 2018. "Por la cual
se modifica parcialmente la resolución SEC 201750015182 del 15 de
noviembre de 2017".
• Resolución N° SEC 201850062960 del 05 de septiembre de 2018, "Por
medio del cual se dispone la expropiación por vía administrativa de unos
bienes inmuebles."
• Resolución No SEC 201850073017 del 11 de octubre de 2018, "Por medio
del cual se resuelve recurso de reposición contra la resolución SEC
201850062960del 05 de septiembre de 2018".
(…)
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
Municipio de Medellín, pagar la diferencia del valor de los avalúos presentados por
el Municipio de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, por valor de $
197.538.929 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS, por concepto de
desvalorización de los predios objeto del presente litigio, a causa de la expropiación
a la cual fueron sometidos por la parte demandada.
TERCERA: Que se condene a los demandados al pago de las costas que se causen
con ocasión del proceso.
CUARTA: Que todas las sumas liquidas que se determinen a cargo del demandado
deberán ser reajustadas o actualizadas conforme al incremento en el índice de
precios al consumidor, o la mayor, sin perjuicio de la acusación especial de intereses
corrientes y de mora.[…].
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:
5Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01. DEMANDA-PODER Y
ANEXOS. NroActua 21. Documento: fls.15-23
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Demandante: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU
3.1. La Empresa de Desarrollo Urbano -EDU es propietaria de los lotes identificados
con matrículas inmobiliarias números 001-263372, 001-405756, 001-701237, 001-
294246, 001-1208093 y 001-1265544, ubicados en la ciudad de Medellín.
3.2. La Subsecretaría de Ejecución de Contratación del Municipio de Medellín,
mediante la Resolución SEC 201750015182 de 15 de noviembre de 2017, formuló
oferta de compra sobre los lotes por la suma de $431.748.440.
3.3. Presentó derecho de petición ante la parte demandada con la finalidad de
revisar los avalúos AE597 de 31 de agosto de 2017 y AE759 de 25 de septiembre
de 2017 contenidos en la Resolución SEC 201750015182 de 15 de noviembre de
2017, argumentando que “[…] al realizar los avalúos usando en mapa de zonas
geoeconómicas desvirtúa la actividad valuatoria, ya que las metodologías, si bien
guardan relación entre ellas, desconocen particularidades del predio que son objeto
del avalúo […]”.
3.4. La parte demandada, mediante la Resolución SEC 201850054740 de 3 de
agosto de 2018, modificó parcialmente la Resolución SEC 201750015182 de 15 de
noviembre de 2017 en la que incrementó el valor de la oferta de compra de los lotes
a la suma de $800.880.041.
3.5. La parte demandada, ante la falta de acuerdo con el avalúo comercial que
acompañaba la oferta, expidió la Resolución SEC núm. 201850062960 de 5 de
septiembre de 2018 “[…] POR LA CUAL SE DISPONE LA EXPROPIACIÓN POR
VÍA ADMINISTRATIVA DE UNOS BIENES INMUEBLES […]”.
3.6. La parte demandada, mediante la Resolución SEC -201850073011 de 11 de
octubre de 2018, resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición.
Normas violadas
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículo 58 de la Constitución Política
• Artículos 61, 62 y 63 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976.
6 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones
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Concepto de violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:
5.1. Los actos expedidos por el Municipio de Medellín vulneran el artículo 58 de la
Constitución Política, que ordena de manera expresa que no habrá expropiación sin
indemnización previa, concepto que abarca una armonía entre el precio y la
indemnización ocasionada de la expropiación.
5.2. Según el dictamen rendido por la Empresa Ingeniería y Avalúos S.A.S se
evidencia que la administración municipal incurrió en falsa motivación al tomar como
base para calcular el valor del metro cuadrado del lote un precio que no coincide
con el real valor comercial del inmueble que asciende a $998.420.970.
5.3. Solicitó tener en cuenta el avalúo aportado por la Empresa Ingeniería y Avalúos
S.A.S., por los errores que se han cometidos en los avalúos presentados por la
Subsecretaría de Catastro, los cuales incrementaron el valor “en casi el doble” entre
el primer y segundo avalúo, lo que demostró falta de rigurosidad técnica al momento
de asignar los valores.
5.4. Por último, adujo que se desconoció la Resolución 620 de 2008 expedida por
el Instituto Colombiano Agustín Codazzi al aplicar el criterio de Hoffman para los
lotes con matrículas núm. 001-1208093 y 001-1265544.
Contestación de la demanda
6. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante auto de 24 de octubre de 2019,
tuvo por no contestada la demanda presentada por el Municipio de Medellín por
haberse aportado el escrito de manera extemporánea7.
7 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_15 OTROS AUTOS-TIENE POR
NO CONTESTADA LA DEMANDA POR EXTEMPORÁNEA (pdf) NroActua 21. Documento: fls.1-2
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Sentencia proferida, en primera instancia
7. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 21 de julio de
20208, resolvió:
“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda formuladas por la Empresa
de Desarrollo Urbano EDU en contra del Municipio de Medellín, de acuerdo con lo
expuesto en este proveído […]”.
Consideraciones del Tribunal
8. Consideró que el avalúo oficial comercial AE 0039 de 3 de mayo de 2018
elaborado por la Subsecretaria de Catastro, Secretaría de Gestión y Control
Territorial del Municipio de Medellín, atendió las reglas contenidas en el Decreto
1420 de 1998 y en la Resolución 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, en atención a que incorporó los ítems de índice de construcción, área
bruta, ventas, total ingresos, egresos, costos indirectos de construcción, honorarios,
gastos de ventas, gastos generales administrativos, y demás aspectos que
evidenciaron una simulación de un proyecto de construcción, a partir del cual, se
desprendió el avalúo comercial de los inmuebles.
9. Indicó que los medios probatorios obrantes en el expediente no lograron
demostrar los motivos de inconformidad con el avalúo oficial. Para el efecto, citó
apartes de las declaraciones del perito y el testigo que comparecieron a instancias
del EDU, en las que se evidenció que sus apreciaciones no tuvieron por objeto
controvertir el avalúo del Municipio de Medellín.
10. Sostuvo que en la audiencia de pruebas celebrada el 21 de enero de 2020, el
perito Juan Carlos Restrepo Gutiérrez reconoció que para realizar el dictamen de
Ingeniería y Avalúos S.A.S no tuvo en cuenta ni contrastó el dictamen oficial objeto
de litigio.
11. Desvirtuó el cargo relacionado con la aplicación del criterio Hoffman para la
determinación del precio indemnizatorio, comoquiera que el Municipio de Medellín
8 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_25 FALLO-NIEGA
PRETENSIONES DE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU (.pdf) NroActua 21. Documento: fls:1-33
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utilizó la metodología residual y se valió únicamente del primer criterio para
descontar el valor correspondiente a los inmuebles internos o que no tienen frente
con el exterior.
12. Refirió que el testimonio de Santiago Bonilla Vallejo, practicado a solicitud de la
parte demandante tampoco desvirtúa la presunción de legalidad al corroborar que
el dictamen pericial no pretendió controvertir el avalúo de la parte demandada.
Recurso de apelación
13. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los
siguientes argumentos9:
14. Manifestó que la decisión proferida, en primera instancia desconoció que los
actos acusados no contaban con los elementos suficientes que garantizaran un
ofrecimiento justo para la compra y posterior expropiación de los predios objeto de
litigio.
15. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de la demanda relacionados con
la necesidad de tener en cuenta el avalúo aportado por la Empresa de Ingeniería y
Avalúos para determinar el justo precio de los terrenos “[…] dado los errores que
han cometido en los avalúos presentados por la subsecretaría de catastro, ya que
incrementar el valor en casi el doble entre el primer y segundo avalúo demuestra
falta de rigurosidad técnica al momento de asignar valores […]”.
16. Adujo que la Subsecretaría de Catastro para el avalúo de los lotes 001-1208093
y 001-1265544 “[…] utilizó el criterio de hoffman, una metodología para descontar
el valor del m2 y esta no está contemplada en la Resolución IGAC 620 de 2008, por
lo tanto la EDU considera que el avalúo no cumple a cabalidad con la normatividad
colombiana […].
17. Refirió que los elementos relacionados con la descripción del sector, actividades
predominantes, estrato socioeconómico, transporte público, vías de acceso e
influencia, entre otros, no fueron tenidos en cuenta por el Municipio de Medellín, lo
9 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
ED_C01_27 RECURSO APELACIÓN -
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO-EDU (.pdf) NroActua 21. Documento: fls:1-6
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que ocasionó una falta de rigor en los valores ofrecidos.
18. Solicitó el reconocimiento de la indemnización por los perjuicios sufridos como
consecuencia de la expropiación, en los términos de lo previsto en el numeral 6 del
artículo 62 de la Ley 388.
Actuación en segunda instancia
19. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de marzo de 202110, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 21 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
20. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 29 de abril de 202111,
corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que emitiera concepto.
Alegatos de conclusión
21. La parte demandada12 reiteró los argumentos de la contestación de la demanda.
22. La parte demandante13 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
Concepto del Ministerio Público
23. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
10 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado
ED_C02_04 AUTO QUE ADMITE Y O
ADMITE Y DECRETA PRUEBAS-ADMITE RECURSO DE APELACIÓN(.pdf) NroActua 21. Documento: fls.1-3
11 Cfr. índice 10 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado 5TRASLADODE10DIASPARAALEGATOS
DECONCLUSION (.PDF) NroActua10. Documento: fls.1-10
12 Cfr. índice 14 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado 6_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua
14. Documento: fls.1-18.
13 Cfr.indice 15 del expediente digital, SAMAI.Archivo denominado ALEGATOS(.PDF) NroActua 15. Documento:
fls.1-4
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
24. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
acusados; iii) cuestión previa; iv) el problema jurídico; v) el marco normativo de la
expropiación administrativa; y vi) el análisis del caso en concreto.
Competencia de la Sala
25. Vistos el artículo 15014 de la Ley 1437, sobre la competencia del Consejo de
Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos del artículo 30815 de la Ley
1437 de 201116, sobre el régimen de transición y vigencia; y el artículo 1317 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer del presente asunto, en segunda instancia.
26. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.
27. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 21 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el juez
se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se contrae dicho
14 “[…] Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que
se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]”.
15 “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el
dos (2) de julio del año 2012. […] Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la
entrada en vigencia. […] Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y
procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el
régimen jurídico anterior […]”.
16 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
17 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 2024, ”por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
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recurso.
Actos acusados
28. Los actos acusados son los siguientes:
28.1. La Resolución núm. SEC 201750015182 de 15 de noviembre de 201719
[…]"Por la cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición vía enajenación
voluntaria o expropiación administrativa y se formula una oferta de compra sobre
unos bienes inmuebles […]." expedida por la Subsecretaria de Ejecución de la
Contratación de la Alcaldía de Medellín que resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en la Leyes 9ª de
1989 y 388 de 1997, el objeto de este acto Administrativo consiste en formular
OFERTA DE COMPRA, tendiente a la adquisición vía enajenación voluntaria o
expropiación administrativa de seis (6) lotes de terreno, propiedad de la Empresa de
Desarrollo Urbano EDU, identificada con Nit […], los cuales se describen a
continuación.
1. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
263372, CBML 09060050010, ubicado en la calle 49 N° 32-62 de la ciudad de
Medellín, determinado por los siguientes linderos particulares:
"Un lote de terreno, con su correspondiente casa de habitación, demás mejoras y
anexidades, situado en la calle 49 o Ayacucho, marcada la casa con el número 32-
66 del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Medellín y que linda actualmente así:
por el frente o SUR con la calle 49 o Ayacucho en 7.10 metros aproximados; por el
ORIENTE con propiedades hoy de Misael Morales, antes Oswaldo Arbeláez y
Bemardo de J. Carmona; por el Norte en parte con propiedad que fue de Euxodio
(no Euxodia) Mora, hoy Romualdo Atehortúa, en otra parte, con propiedad de
Teodulio Martínez y en parte con Bernardo de J Carmona; y por el OCCIDENTE con
propiedad que es o fue de Raúl Botero Restrepo, después de José Luis López y
hermanos”. Linderos tomados de la escritura pública N° 721 de 18 de abril de 2015
Notaria 29 de Medellín.
2. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
294246, CBML 09060050019, ubicado en la carrera 33 #49-34 de la ciudad de
Medellín, con un área de 42,06 metros cuadrados, según Certificado Plano Predial
Catastral Nro. 100006173328416 de 30 de octubre de 2014, expedido por la
Subsecretaria de Catastro del Municipio de Medellín, y determinado por los
siguientes linderos particulares:
Lote de terreno con casa de habitación situado en el barrio de Buenos Aires, en la
carrera 33, identificado en su puerta de entrada con el número 49-34 de esta ciudad
de Medellín, alinderado así: Por el frente con la calle Botero Uribe; por un costado
con predio que es de María Antonia Atehortúa; por el centro con propiedad que es
de Luciano Sierra; y por el otro costado con finca de Concepción Patiño. Y cuyos
linderos actualizados son: Por el oriente con Juan C Roldan, por el norte con la
marcada con el N° 49-38, por el sur con el bien demarcado con el N° 49-30 y por el
19
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01. DEMANDA-PODER Y
ANEXOS. NroActua 21. Documento: fls.61-85
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación:05001233300020190043001
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frente con la carrera 33. Linderos tomados de la Resolución N° GG 00516 de 15 de
mayo de 2015, expedida por la Empresa de Desarrollo Urbano EDU.
3. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
405756, CBML 09060050017, ubicado en la carrera 33 N° 49-26 de la ciudad de
Medellín, con un área de 39.61 M2, determinado por los siguientes linderos
particulares:
Un solar o lote de terreno de tres metros con veinte centímetros (3.20 Mts) de frente,
por nueve metros con sesenta centímetros (9.60 Mts) de fondo aproximadamente,
con casa de fachada, levantada sobre paredes de adobe, techo de tejas de barro,
demás mejoras y anexidades, ubicada en la carrera Botero Uribe de la ciudad de
Medellín, carrera 33 y que linda así: Por el frente, con dicha carrera botero Uribe,
por un costado, el del Norte, con propiedad de Florencia Patiño, por el centro, con
propiedad de José Álzate, y por los otros costados o SUR, con propiedad del señor
Genaro Tobón. Linderos tomados de la escritura pública N° 5785 de 25 de
septiembre de 2015 de la Notaría 19 de Medellín.
4. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
701237, CBML 09060050018, ubicado en la carrera 33 N°49-30, con un área de
35.60 M2, determinado por los siguientes linderos particulares:
Un lote de terreno, con la casa de habitación en el construida de material y tejas,
demás mejoras y anexidades, situado en el Barrio Buenos Aires de esta ciudad, en
la Carrera 33, y distinguida en su puerta de entrada con el número 49-30, que linda:
Por el frente, con la Carrera Botero - Uribe (33); por un costado, con propiedad que
fue de Luis Montes, hoy Juan Escobar, por el otro costado, con predio que fue de
Luciano Sierra, y que hoy es de Tránsito Zapata; y por el otro costado, con propiedad
que fue de Jenaro Arboleda. Linderos tomados de la escritura pública N° 723 de 28
de agosto de 2015 de la Notaría 31 de Medellín.
5. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
1208093, CBML 09060050064, ubicado en la calle 49 N° 32-64 de la ciudad de
Medellín, con un área de 175,34 metros cuadrados, determinado por los siguientes
linderos particulares:
Lote de terreno que será destinado a uso público, ubicado en la calle 49 N° 32-76
del Municipio de Medellín, con un área total de 175,34 m2, comprendido entre los
puntos K, F, G, H, I, J, y K, punto de partida, cuyos linderos y medidas son: Por el
SUR, del punto K al F en línea recta en una longitud de 15,04 mt, linda con el área
requerida por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN como bien de uso público; por el
OCCIDENTE, en línea recta del punto F al G, en una longitud 3,76 mt, linda con el
predio identificado con CBML 09060050017 y matrícula inmobiliaria No 001-405756,
en línea recta del punto G al H, en una longitud de 3.46 mt, linda con el predio
identificado con CBML 09060050018 y matricula inmobiliaria No 001-701237, en
línea recta del punto Hall, en una longitud 4,32 mt, linda con el predio identificado
con CBML 09060050019 y matricula inmobiliaria No 001-294246; por el SUR, del
punto I al punto J, en una longitud de 15,46 mt, linda con el predio, identificado con
CBML 09060050020 matricula inmobiliaria 01N-332058; por el ORIENTE, del punto
J al punto k, en una longitud de 11,42 mt, linda con el predio identificado con CBML
09060050011 y matriculas No 001-658214 al 001-658219 linderos tomados de la
Resolución N. GG 00486 de 8 de mayo de 2015, expedida por la Empresa de
Desarrollo Urbano -EDU.
6. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
1265544, CBML 09060050067, con un área de 94.65 M2, ubicado en la calle 49 N°
32-64 de la ciudad de Medellín, determinado por los siguientes linderos particulares:
Lote de terreno ubicado en la ciudad de Medellín, Barrio Caicedo, reservado para el
proyecto PLAZOLETA GASTRONÓMICA Y DESARROLLO INMOBILIARIA EDU,
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destinado a uso fiscal, con un área aproximada de 94.65 metros cuadrados. Su área
y sus linderos están determinados por el perímetro formado por las líneas que unen
los puntos E, F, C y D, E punto de partida de acuerdo con el plano que se adjunta a
la presente escritura pública, el cual es protocolizado con la misma; por el SUR, del
punto E al punto F, en línea recta, en dirección noroccidente con una distancia de
8,17 Mts, linda con el lote N° 1 de este loteo destinado a uso público para el proyecto
"PLAZOLETA GASTRONÓMICA PARA LA REUBICACIÓN DE LAS COMIDAS
RÁPIDAS EN EL CORREDOR DE AYACUCHO"; Por el OCCIDENTE, del punto F
al C, en línea recta, en dirección nororiente, con una distancia de 11,42 Mts, lindando
con el predio con COBAMA 09060050012 y matricula Inmobiliaria 001-239971; por
el NORTE, del punto C al D, en línea recta, en dirección suroriente con una distancia
de 8,46 Mts, lindando con el predio con COBAMA 09060050054 у matrícula
inmobiliaria 001-71262; Por el ORIENTE, del punto D al E, en línea recta, en
dirección suroccidente, con una distancia de 11,40 Mts, lindando con el predio con
COBAMA 09060050010 con matrícula inmobiliaria 001-263372, hasta el punto E,
punto de partida. Linderos tomados de la escritura pública No 1.111 de 3 de mayo
de 2016 de la Notaría Primera de Medellín.
ARTÍCULO SEGUNDO. TRADICIÓN: La Empresa de Desarrollo Urbano- EDU,
adquirió los inmuebles descritos así:
1. Adquirió un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro
001-263372. CBML 09060050010, por compraventa hecha a los señores Flor
Angela Peláez Gómez; Omar Nicolás Peláez Gómez; Freddy Alonso Peláez
Gómez; Didier Rolando Peláez Gómez; mediante escritura pública N° 721 de 18
de abril de 2015 de la Notaría 29 de Medellín.
2. Adquirió un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-294246, CBML 09060050019, por expropiación administrativa a Carlos
Antonio Tangarife, según Resolución N° GG 00516 de 15 de mayo de 2015.
3. Adquirió el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-405756, CBML 09060050017, por compraventa hecha a la señora Berta
Duque de Serna, mediante escritura pública N° 5785 de 25 de septiembre de
2015 de la Notaría 19 de Medellín.
4. Adquirió el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-701237, CBML 09060050018, por compraventa hecha a los señores José
Vicente Uribe Franco; Carlos Mario de Jesús Uribe Franco; y Rubén Darío Uribe
Franco; mediante escritura pública N° 723 de 28 de agosto de 2015 de la Notaría
31 de Medellín.
5. Adquirió el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-1208093, CBML 09060050064, por expropiación administrativa que hiciere
a los señores Josefina Gómez Serna; María Lucía Gómez Serna; Julia Elena
Gómez Gómez; Arnulfo Gómez Alzate; según Resolución N° GG 00486 de 8 de
mayo de 2015, expedida por la Empresa de Desarrollo Urbano -EDU.
6. Adquirió un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-1265544, CBML 09060050067, en adjudicación de liquidación de
comunidad, según escritura pública No 1.111 de 3 de mayo de 2016 de la Notaría
Primera de Medellín.
ARTÍCULO TERCERO. LIMITACIONES Y GRAVÁMENES. Los inmuebles descritos
en el artículo primero del presente acto, se encuentran libres de gravámenes y
limitaciones al derecho de dominio.
ARTÍCULO CUARTO. El valor total de la OFERTA DE COMPRA que se realiza por
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este acto administrativo, que comprende los inmuebles descritos, con todas sus
mejoras y anexidades, asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL ($431.748.440 M.L); según los avalúos
comerciales que se describen a continuación, elaborados por la Subsecretaría de
Catastro, Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín
ARTÍCULO QUINTO. FORMA DE PAGO: La suma de CUATROCIENTOS TREINTA
Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA LEGAL ($431.748.440 M.L), será cancelada al
propietario de los inmuebles descritos, o a quien este autorice, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la entrega de la escritura pública de compraventa
debidamente registrada a nombre del Municipio de Medellín, libre de gravámenes
y/o limitaciones al derecho de dominio, a la Unidad de Adquisición de Bienes
Inmuebles, Secretaría de Suministros y Servicios del Municipio de Medellín.
PARÁGRAFO 1: Esta forma de pago podrá ser modificada por el Municipio de
Medellín, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, mediante el contrato de
promesa de compraventa.
PARÁGRAFO 2: De conformidad con el artículo 17 de la Ley 9 de 1989, si el
propietario, tuviere deudas con el fisco municipal, se cancelarán con prelación los
conceptos debidamente certificados y el saldo restante se pondrá a disposición de
propietario.
PARAGRAFO 3: Si el propietario tuviere otras deudas pendientes legalmente
constituidas y en proceso de ejecución ante las instancias judiciales pertinentes, se
podrá proceder a consignar a órdenes del juzgado los dineros respectivos según
liquidación que éste realice, y el saldo se pondrá a disposición del propietario.
PARÁGRAFO 4: En el pago del precio se dará aplicación al beneficio tributario
consagrado en el Parágrafo 2 del Artículo 67 de la Ley 388 de 1997, relacionado
con exención en la retención en la fuente.
ARTÍCULO SEXTO. COMPENSACIONES. De conformidad con lo establecido en el
Decreto Municipal N° 0543 de 15 de marzo de 2013 "Por el cual se regula el pago
de compensaciones por enajenación voluntaria", el Municipio de Medellín
reconocerá además las siguientes compensaciones que NO HACEN PARTE DEL
PRECIO del inmueble, así:
COMPENSACIÓN POR TRÁMITES LEGALES: Es el reconocimiento del 100%
del valor de los trámites de legalización (ante Notarías, Rentas y/o Registro) en los
que incurran los propietarios o poseedores de los predios objeto de intervención.
Este reconocimiento se hará mediante acto administrativo independiente y se
pagará conforme a los soportes, documentos originales (facturas de Notaria, rentas
y registro) aportado por el propietario en los que se evidencien los gastos en que se
incurrió para llevar a cabo el proceso de escrituración del inmueble adquirido por el
Municipio de Medellín.
PARÁGRAFO 1: Estos reconocimientos no serán aplicados en caso de que no se
logre una enajenación voluntaria.
PARÁGRAFO 2: Si el interesado considera tener derecho sobre alguna otra
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compensación contenida en el Decreto Municipal N° 0543 de 15 de marzo de 2013
"Por el cual se regula el pago de compensaciones por enajenación voluntaria",
deberá probar el derecho a que diere lugar dentro del proceso de adquisición.
ARTÍCULO SÉPTIMO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Este pago se hará con
cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No 4000090637;
4000090636; 400090635; 4000090634; 4000090633; 4000090632 400009060
EPOSAM 4000090630; 4000090629; 4000090628; 4000090626; 4000090627
expedidos por la Secretaría de Infraestructura Física.
ARTÍCULO OCTAVO. GASTOS: De acuerdo con lo establecido en la Resolución.
N° 450 de 20 enero de 2017 de la Superintendencia de Notariado y Registro, los
gastos notariales y de rentas serán sufragados en su totalidad por los vendedores;
igualmente, corre por su cuenta el pago del 50% de los gastos de registro, según lo
establece el artículo 3º del Decreto 650 de 1996 que reglamenta la Ley 223 de 1995;
sin perjuicio del reconocimiento de compensaciones económicas consagradas en el
Decreto Municipal N° 0543 de 15 de marzo de 2013.
ARTÍCULO NOVENO. ENTREGA MATERIAL: Suscrita la aceptación de la OFERTA
DE COMPRA y la firma del documento privado de compraventa, los inmuebles
deben ser entregados de manera inmediata a los profesionales responsables del
proceso de adquisición, en las mismas condiciones físicas y con los elementos que
fueron valorados. La entidad adquiriente procederá a la demolición de las
edificaciones en caso de que existieren y efectuará las construcciones necesarias
para cumplir con la finalidad perseguida en el proceso de adquisición.
ARTÍCULO DÉCIMO. PROCEDIMIENTO APLICABLE: Se determina que la
adquisición de los inmuebles descritos en el artículo primero del presente acto, se
hará atendiendo al procedimiento establecido por los artículos 13 y siguientes de la
Ley 9ª de 1989, artículos 58 y siguientes de la Ley 388 de 1997 que regulan la
expropiación vía administrativa, proyecto "Plazoleta Gastronómica”.
serán destinados al proyecto "Plazoleta Gastronómica
PARÁGRAFO: Expresan las partes que los inmuebles son considerados de utilidad
pública, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 388 de 1997; igualmente que el
ingreso obtenido no constituye renta gravable ni ganancia ocasional de conformidad
con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 67 idem, siempre y cuando la venta
se realice por la vía de la enajenación voluntaria.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA: Se dispone iniciar
las diligencias tendiente a la adquisición de los inmuebles descritos en el artículo
primero de esta resolución, advirtiendo que si dentro del término de treinta (30) días
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo no ha sido
posible llegar a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria directa, se
procederá a la expropiación por la vía administrativa mediante acto administrativo,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley 388 de 1997.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. OFERTA DE COMPRA: De conformidad con lo
dispuesto en la parte final del artículo 66 de la Ley 388 de 1997, el presente acto
administrativo constituye Oferta de Compra tendiente a obtener un acuerdo de
enajenación voluntaria.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. REGISTRO DE LA OFERTA: Se solicita al señor
Registrador de Instrumentos Públicos, la inscripción de la presente OFERTA DE
COMPRA, en los folios de matrícula inmobiliaria Nro. 001-1265544; 001-1208093;
001-294246; 001-405756; 001-701237; 001-263372 de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Medellín -Zona Sur; de conformidad con solicitud escrita
que se entregará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ejecutoria,
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según lo dispone el artículo 13 de la Ley 9 de 1989.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. NOTIFICACIÓN: Se ordena notificar la presente
resolución a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, de conformidad con lo previsto
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[...]”
28.2. La Resolución núm. SEC 201850054740 de 3 de agosto de 201820 “[…] Por
la cual se MODIFICA PARCIALMENTE la Resolución SEC 201750015182 de 15 de
noviembre de 2017 […]." expedida por la Subsecretaria de Ejecución de la
Contratación de la Alcaldía de Medellín que resolvió:
ARTÍCULO PRIMERO. Se modifica parcialmente el artículo primero de la
Resolución Número SEC 201750015182 de 15 de noviembre de 2017, el cual
quedará así:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en la Leyes 9ª de
1989 y 388 de 1997, el objeto de este acto Administrativo consiste en formular
OFERTA DE COMPRA, tendiente a la adquisición vía enajenación voluntaria o
expropiación administrativa de seis (6) lotes de terreno, propiedad de la Empresa de
Desarrollo Urbano - EDU, identificada con Nit. 800.223.337-6, los cuales se
describen a continuación.
(...)
3. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
405756, CBML 09060050017, ubicado en la carrera 33 N° 49-26 de la ciudad de
Medellín, con un área de 39.61 M2, determinado por los siguientes linderos
particulares:
Un solar o lote de terreno de tres metros con veinte centímetros (3.20 Mts) de frente,
por nueve metros con sesenta centímetros (9.60 Mts) de fondo aproximadamente,
con casa de fachada, levantada sobre paredes de adobe, techo de tejas de barro,
demás mejoras y anexidades, ubicada en la carrera Botero Uribe de la ciudad de
Medellín, carrera 33 y que linda así: Por el frente, con dicha carrera Botero Uribe,
por un costado, el del Norte, con propiedad de Florencia Patiño, por el centro, con
propiedad de José Alzate, y por los otros costados o SUR, con propiedad del señor
Genaro Tobón.
Linderos tomados de la escritura pública N° 5785 de 25 de septiembre de 2015 de
la Notaría 19 de Medellín.
(…)
5. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
1208093, ubicado en la calle 49 N° 32-76 de la ciudad de Medellín, según certificado
de tradición y libertad, con un área de 175,34 metros cuadrados, determinado por
los siguientes linderos particulares:
Lote de terreno que será destinado a uso público, ubicado en la calle 49 N° 32-76
del Municipio de Medellín, con un área total de 175,34 m2, comprendido entre los
puntos K, F, G, H, I, J, y K, punto de partida, cuyos linderos y medidas son: Por el
SUR, del punto K al F en línea recta en una longitud de 15,04 mt, linda con el área
requerida por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN como bien de uso público; por el
OCCIDENTE, en línea recta del punto F al G, en una longitud 3,76 mt, linda con el
predio identificado con CBML 09060050017 y matrícula inmobiliaria No 001-405756,
en línea recta del punto G al H, en una longitud de 3.46 mt, linda con el predio
20
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01. DEMANDA-PODER Y
ANEXOS. NroActua 21. Documento: fls.123-128
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identificado con CBML 09060050018 y matrícula inmobiliaria No 001-701237, en
línea recta del punto Hall, en una longitud 4,32 mt, linda con el predio identificado
con CBML 09060050019 y matrícula inmobiliaria No 001-294246; por el SUR, del
punto I al punto J, en una longitud de 15,46 mt, linda con el predio, identificado con
CBML. 09060050020 y matrícula inmobiliaria 01N- 332058; por el ORIENTE, del
punto J al punto K, en una longitud de 11,42 mt, linda con el predio identificado con
el CBML 09060050011 y matrículas No 001-658214 al 001-658219. Linderos
tomados de la Resolución N° GG 00486 de 8 de mayo de 2015, expedida por la
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU.
Se advierte que, según la información que reposa en la Subsecretaría de Catastro,
el anterior inmueble se encuentra identificado con el CBML 09060050064, ubicado
en la calle 49 Nro. 32-64. (...)".
ARTÍCULO SEGUNDO. Se modifica parcialmente el artículo cuarto de la Resolución
Número SEC 201750015182 de 15 de noviembre de 2017, el cual quedará así:
ARTÍCULO CUARTO. El valor total de la OFERTA DE COMPRA que se realiza por
este acto administrativo, que comprende los inmuebles descritos, con todas sus
mejoras y anexidades, asciende a la suma de OCHOCIENTOS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS MONEDA
LEGAL ($800.882.041 ML); según el avalúo comercial AE 0039 de 3 de mayo de
2018, elaborados por la Subsecretaría de Catastro, Secretaría de Gestión y Control
Territorial del Municipio de Medellín.
ARTÍCULO TERCERO: Se modifica parcialmente el artículo quinto de la Resolución
Número SEC 201750015182 de 15 de noviembre de 2017, el cual quedará así:
ARTÍCULO QUINTO. FORMA DE PAGO: La suma de OCHOCIENTOS MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UN PESOS MONEDA
LEGAL ($800.882.041 M.L), será cancelada al propietario de los inmuebles
descritos, o a quien este autorice, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la entrega de la escritura pública de compraventa debidamente registrada a
nombre del Municipio de Medellín, libre de gravámenes y/o limitaciones al derecho
de dominio, a la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles, Secretaría de
Suministros y Servicios del Municipio de Medellín.
ARTÍCULO CUARTO: Se modifica parcialmente el artículo séptimo de la Resolución
Número SEC 201750015182 de 15 de noviembre de 2017, el cual quedará así:
ARTÍCULO SÉPTIMO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Este pago se hará con
cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 4000093884; 4000093886;
4000093882; 4000093885; 400093883; 4000093887; 4000093784; 4000093801;
4000093880; 4000093888; 4000093879; 4000093889, expedidos por la Secretaría
de Infraestructura Física.
ARTICULO QUINTO: Se solicita al señor Registrador de Instrumentos Públicos, la
inscripción de la presente RESOLUCIÓN, en los folios de matrícula inmobiliaria Nro.
001-1265544; 001-1208093; 001-294246; 001-405756; 001-701237; 001-263372 de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno,
conforme al artículo 61 de la Ley 388 de 1997.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación:05001233300020190043001
Demandante: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU
ARTÍCULO SÉPTIMO. NOTIFICACIÓN: Se ordena notificar la presente resolución
a la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, de conformidad con lo previsto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO OCTAVO: En todo lo demás continúa vigente la Resolución Número
SEC 201750015182 de 15 de noviembre de 2017[…]¨
28.3. La Resolución núm. SEC 201850062960 de 05 de septiembre de 201821
[…]"Por medio del cual se dispone la expropiación por vía administrativa de unos
bienes inmuebles […]" expedida por la Subsecretaría de Ejecución de la
Contratación de la Alcaldía de Medellín que resolvió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO: Disponer de la expropiación administrativa
de los siguientes bienes inmuebles, propiedad de la Empresa de Desarrollo Urbano-
EDU, identificada con Nit. […] ;
1.Un bien inmueble identificado con el folio de matricula inmobiliaria Nro.001-263372
CBML 09060050010 ubicado en la calle 49 No 32-62 de la ciudad de Medellín,
determinado por los siguientes linderos particulares:
"Un lote de terreno, con su correspondiente casa de habitación, demás mejoras y
anexidades, situado en la calle 49 o Ayacucho, marcada la casa con el número 32-
66 del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Medellín y que linda actualmente así:
por el frente o SUR con la calle 49 o Ayacucho en 7.10 metros aproximados; por el
ORIENTE con propiedades hoy de Misael Morales, antes Oswaldo Arbeláez y
Bernardo de J. Carmona; por el Norte en parte con propiedad que fue de Euxodio
(no Euxodia) Mora, hoy Romualdo Atehortúa, en otra parte, con propiedad de
Teodulio Martínez y en parte con Bernardo de J Carmona; y por el OCCIDENTE con
propiedad que es o fue de Raúl Botero Restrepo, después de José Luis López y
hermanos". Linderos tomados de la escritura pública N° 721 de 18 de abril de 2015
Notaría 29 de Medellín
2. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
294246, CBML 09060050019, ubicado en la carrera 33 # 49-34 de la ciudad de
Medellín, con un área de 42,06 metros cuadrados, según Certificado Plano Predial
Catastral Nro. 100006173328416 de 30 de octubre de 2014, expedido por la
Subsecretaría de Catastro del Municipio de Medellín, y determinado por los
siguientes linderos particulares:
Lote de terreno con casa de habitación situado en el barrio de Buenos Aires, en la
carrera 33, identificado en su puerta de entrada con el número 49-34 de esta ciudad
de Medellín, alinderado así: Por el frente con la calle Botero Uribe; por un costado
con predio que es de María Antonia Atehortúa; por el centro con propiedad que es
de Luciano Sierra; y por el otro costado con finca de Concepción Patiño. Y cuyos
linderos actualizados son: Por el oriente con Juan C Roldan, por el norte con la
marcada con el N° 49-38, por el sur con el bien demarcado con el N° 49-30 y por el
frente con la carrera 33. Linderos tomados de la Resolución N° GG 00516 de 15 de
mayo de 2015, expedida por la Empresa de Desarrollo Urbano EDU.
21Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01. DEMANDA-PODER Y
ANEXOS. NroActua 21. Documento: fls.152-173
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación:05001233300020190043001
Demandante: Empresa de Desarrollo Urbano -EDU
3. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
405756 CBML 09060050017, ubicado en la carrera 33 N° 49-26 de la ciudad de,
Medellín, con un área de 39.61 M2, determinado por los siguientes linderos
particulares:
Un solar o lote de terreno de tres metros con veinte centímetros (3.20 Mts) de frente,
por nueve metros con sesenta centímetros (9.60 Mts) de fondo aproximadamente,
con casa de fachada, levantada sobre paredes de adobe, techo de tejas de barro,
demás mejoras y anexidades, ubicada en la carrera Botero Uribe de la ciudad de
Medellín, carrera 33 y que linda así: Por el frente, con dicha carrera Botero Uribe,
por un costado, el del Norte, con propiedad de Florencia Patiño, por el centro, con
propiedad de José Alzate, y por los otros costados o SUR, con propiedad del señor
Genaro Tobón. Linderos tomados de la escritura pública N° 5785 de 25 de
septiembre de 2015 de la Notaría 19 de Medellín.
4. Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
701237, CBML 09060050018, ubicado en la carrera 33 N°49-30, con un área de
35.60 M2, determinado por los siguientes linderos particulares:
Un lote de terreno, con la casa de habitación en el construida de material y tejas,
demás mejoras y anexidades, situado en el Barrio Buenos Aires de esta ciudad, en
la Carrera 33, y distinguida en su puerta de entrada con el número 49-30, que linda:
Por el frente, con la Carrera Botero - Uribe (33); por un costado, con propiedad que
fue de Luis Montes, hoy Juan Escobar, por el otro costado, con predio que fue de
Luciano Sierra, y que hoy es de Tránsito Zapata; y por el otro costado, con propiedad
que fue de Jenaro Arboleda. Linderos tomados de la escritura pública N° 723 de 28
de agosto de 2015 de la Notaría 31 de Medellín.
5. Un bien inmueble identificado con el folio de matricula inmobiliaria Nro. 001-
1208093CBML 09060050064, ubicado en la calle 49 No. 32-76 de la ciudad de
Medellín, con un área de 175,34 metros cuadrados, determinado por los siguientes
linderos particulares:
Lote de terreno que será destinado a uso público ubicado en la calle 49N. 32-76 del
Municipio de Medellín con un área total de 175,34 m2 comprendido entre los puntos
K, F, G,H, I, J y K punto de partida linderos y medidas son; Por el SUR, del punto K
al F en línea recta en una longitud de 15,04 mt, linda con el área requerida por el
MUNICIPIO DE MEDELLÍN como bien de uso público; por el OCCIDENTE, en línea
recta del punto F al G, en una longitud 3,76 mt linda con el predio identificado con
CBML 09060050018 y matrícula inmobiliaria No 001-701237, en línea recta del
punto Hall, en una longitud 4,32 mt, linda con el predio identificado con CBML
09060050019 y matrícula inmobiliaria No 001-294246; por el SUR, del punto I al
punto J, en una longitud de 15,46 mt, linda con el predio, identificado con CBML
09060050020 y matrícula inmobiliaria 01N- 332058; por el ORIENTE, del punto J al
punto K, en una longitud de 11,42 mt, linda con el predio identificado con el CBML
09060050011 y matriculas No 001-658214 al 001-658219. Linderos tomados de la
Resolución N° GG 00486 de 8 de mayo de 2015, expedida por la Empresa de
Desarrollo Urbano -EDU.
Se advierte que, según la información que reposa en la Subsecretaría de Catastro,
el anterior inmueble se encuentra identificado con el CBML 09060050064, ubicado
en la calle 49 Nro. 32-64. (...)".
6.Un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 001-
1265544, CBML 09060050067, con un área de 94.65 M2, Lote ubicado en la ciudad
de Medellín Barrio Caicedo Lote 2, nomenclatura calle 49 N° 32-67 de la ciudad de
Medellín, determinado por los siguientes linderos particulares:
Lote de terreno ubicado en la ciudad de Medellín, Barrio Caicedo, reservado para el
proyecto PLAZOLETA GASTRONÓMICA Y DESARROLLO INMOBILIARIA EDU,
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destinado a uso fiscal, con un área aproximada de 94.65 metros cuadrados. Su área
y sus linderos están determinados, por el perímetro formado por las líneas que unen
los puntos E, F, C y D, E punto de partida de acuerdo con el piano que se adjunta a
la presente escritura pública, el cual es protocolizado con la misma; por el SUR del
punto E al punto F, en línea recta, en dirección noroccidente con una distancia de
8,17 Mts, linda con el lote N° 1 de este loteo destinado a uso público para el proyecto
"PLAZOLETA GASTRONÓMICA PARA LA REUBICACION DE LAS COMIDAS
RÁPIDAS EN EL CORREDOR DE AYACUCHO”; Por el OCCIDENTE , del punto F
al C, en línea recta, en dirección nororiente, con una distancia de 11,42 Mts, lindando
con el predio con COBAMA 09060050012 y matrícula Inmobiliaria 001-239971; por
el NORTE, del punto C al D, en línea recta, en dirección suroriente con una distancia
de 8,46 Mts, lindando con el predio con COBAMA 09060050054 у matrícula
inmobiliaria 001-71262; Por el ORIENTE, del punto D al E, en línea recta, en
dirección suroccidente, con una distancia de 11,40 Mts, lindando con el predio con
COBAMA 09060050010 con matrícula inmobiliaria 001-263372, hasta el punto E,
punto de partida. Linderos tomados de la escritura pública No 1.111 de 3 de mayo
de 2016 de la Notaría Primera de Medellín.
ARTÍCULO SEGUNDO: TRADICIÓN. La Empresa de Desarrollo Urbano- EDU,
adquirió los inmuebles descritos así:
1. Adquirió un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-263372, CBML 09060050010, por compraventa hecha a los señores Flor
Angela Peláez Gómez; Omar Nicolás Peláez Gómez; Freddy Alonso Peláez Gómez;
Didier Rolando Peláez Gómez; mediante escritura pública N° 721 de 18 de abril de
2015 de la Notaría 29 de Medellín.
2. Adquirió un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-294246, CBML 09060050019, por expropiación administrativa a Carlos Antonio
Tangarife, según Resolución N° GG 00516 de 15 de mayo de 2015, oficio 5290 de
10 de julio de 2015.
3. Adquirió el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-405756, CBML 09060050017, por compraventa hecha a la señora Berta Duque
de Serna, mediante escritura pública N° 578 de 25 de septiembre de 2015 de la
Notaría 19 de Medellín.
4. Adquirió el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-701237, CBML 09060050018, por compraventa hecha a los señores José
Vicente Uribe Franco; Carlos Mario de Jesús Uribe Franco; y Rubén Darío Uribe
Franco; mediante escritura pública No 723 de 28 de agosto de 2015 de la Notaria
de Medellín.
5. Adquirió el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-1208093, CBML 09060050064, por expropiación administrativa que hiciere a
los señores Josefina Gómez Serna; María Lucía Gómez Serna; Julia Elena Gómez
Gómez; Arnulfo Gómez Alzate; según Resolución N° GG 00486 de 8 de mayo de
2015, expedida por la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU.
6. Adquirió un bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nro.
001-1265544, CBML 09060050067, en adjudicación de liquidación de comunidad,
según escritura pública No 1.111 de 3 de mayo de 2016 de la Notaría Primera de
Medellín.
ARTICULO TERCERO: PRECIO INDEMNIZATORIO: El precio indemnizatorio que
comprende los inmuebles descritos, con todas sus mejoras y anexidades, asciende
a la suma de OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CUARENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($800.882.041 M.L); según avalúo
comercial AE 0039 de 3 de mayo de 2018, elaborados por la Subsecretaría de
Catastro, Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín.
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ARTÍCULO CUARTO: FORMA DE PAGO. El precio indemnizatorio, indicado en el
artículo anterior, será cancelado por el Municipio de Medellín a favor de la Empresa.
de Desarrollo Urbano EDU, identificada con Nit. […] de contado y puesto a su
disposición durante el término de diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo en las taquillas del Centro Administrativo Municipal
(CAM) ubicado en la calle 44 No 52-165
PARAGRAFO: En caso de que los valores correspondientes al precio indemnizatorio
no sean retirados por el destinatario de esta Resolución, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, el dinero será
consignado en la entidad financiera autorizada, donde quedará a disposición del
mismo; esto es, el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA en el municipio de Medellín,
sucursal "Carabobo" ubicado en la Carrera 52 N° 49-66.
ARTÍCULO QUINTO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Imputar los recursos del
presente acto con cargo a las siguientes Disponibilidades de Recurso, emitidas por
la Secretaría de infraestructura física del Municipio de Medellín. 5300002512;
5300002513; 5300002508; 5300002510; 5300002509; 5300002511.
ARTÍCULO SEXTO: DESTINACIÓN. Los bienes inmuebles descritos en el artículo
primero de este acto administrativo serán destinados al proyecto "Plazoleta
Gastronómica para la reubicación de las comidas rápidas en el corredor de
Ayacucho"
ARTÍCULO SÉPTIMO. ORDEN DE INSCRIPCIÓN: Una vez ejecutoriado el
presente acto administrativo, se le solicitará al señor Registrador de Instrumentos
Públicos de Medellín Zona Sur, inscribir la expropiación ordenada en el folio de
matrícula inmobiliaria Nro. 001-294246; 001-701237; 001-405756; 001-1208093;
001-1265544; 001-263372, libre de cualquier limitación al derecho de dominio, para
que surtan los efectos atinentes a la transferencia del dominio en cabeza del
Municipio de Medellín; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
68 de la Ley 388 de 1997 y numeral 1 artículo 70 de la misma Ley.
ARTÍCULO OCTAVO: ENTREGA MATERIAL. La entrega material de los inmuebles
descritos en el artículo primero de este acto administrativo se realizará en los
términos y condiciones del numeral tercero (3), articulo 70 de la Ley 388 de 1997.
.
ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución
será notificada a los titulares de derechos reales, en los términos de Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; esto es, a la
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU, identificada con Nit. […].
Frente al presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá
ser interpuesto ante la Subsecretaría de Ejecución de la Contratación, secretaria de
Suministros y Servicios del Municipio de Medellín, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación del acto […]”.
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28.4. La Resolución núm. SEC-20185007301722 de 11 de octubre de 2018 […] Por
la cual se resuelve un recurso de reposición contra la RESOLUCION SEC
No.201850062960 de 5 de septiembre de 2018 […]” expedida por la Subsecretaría
de Ejecución de la Contratación de la Alcaldía de Medellín que resolvió:
“[…]ARTÍCULO PRIMERO. NO REPONER la Resolución SEC N° 201850062960
de 05 de septiembre de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar el presente acto administrativo al representante
legal de la Empresa de Desarrollo Urbano EDU, Nit 800.223.337-6; o a su apoderado
debidamente constituido o a la persona que esta autorice, de conformidad con los
establecido en los artículos 67 al 69, y 71 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo, no procede recurso
alguno y se da por agotada la actuación administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011 […]”
Cuestión previa
Actos susceptibles de control judicial – Excepción de falta de jurisdicción
29. Vistos los artículos: i) 43, sobre actos definitivos de la Ley 1437; y ii) 100 de la
Ley 1564, en especial, el numeral 1.° y atendiendo a que esta Sección23 ha
considerado que el acto por medio del cual la entidad pública hace una oferta de
compra para adquirir el bien inmueble previo a ordenar su expropiación no es
susceptible de control judicial:
“[…] En efecto el artículo 71 de la Ley 388 de 1997 señala que sólo pueden
controvertirse ante la jurisdicción, mediante la acción especial contencioso-
administrativa, los actos que deciden la expropiación. A propósito, esta norma
dispone:
[…]
De la literalidad de la norma transcrita se infiere, evidentemente, que la demanda ante
esta Jurisdicción procede únicamente contra el acto administrativo que decide
la expropiación.
[…]
De otro lado, es del caso señalar que los actos referentes a la oferta de compra no están
llamados a generar perjuicios al administrado, teniendo únicamente tal potencialidad
22 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01. DEMANDA-PODER Y
ANEXOS. NroActua 21. Documento: fls.174-176
23
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de octubre
de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de radicación: 2500023240002012005720201[…]”.
En el mismo sentido ver. “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera;
sentencia de 23 de julio de 2015; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación: 15001-23-31-
000-2005-04046-01[…]”.
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el acto administrativo de expropiación, por lo que, desde esta perspectiva, tampoco
se vislumbra el que proceda la acción incoada por la demandante contra aquellos. Así
se puntualizó por esta Sección en Sentencia de 18 de marzo de 2010, Expediente
No. 2008-00434-01, con ponencia de quien presenta esta Providencia:
De las explicaciones expuestas, considera la Sala que en la etapa de negociación
voluntaria la administración no está efectuando ningún tipo de actividad administrativa
que pueda perjudicar al administrado, pues precisamente, los términos en que se
presentan la negociación es voluntaria. Lo anterior permite concluir que el acto por medio
del cual se hace una oferta al propietario del bien inmueble que puede ser objeto de
expropiación administrativa o judicial dependiendo de las circunstancias ya reseñadas,
no genera un perjuicio alguno para el actor.
Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando afirma que la acción especial
contencioso administrativa tendiente a obtener la nulidad y restablecimiento
del derecho o a controvertir el precio indemnizatorio, se predica en exclusiva del
acto administrativo expropiatorio en los términos del artículo 71 de la Ley 388 de 1997
[…]” (Se resalta y subraya).
30. Por lo expuesto anteriormente, se considera que las Resoluciones números SEC
201750015182 de 15 de noviembre de 2017 y SEC 201850054740 de 3 de agosto
de 2018, expedidas por la Subsecretaría de Ejecución de Contratación del Municipio
de Medellín mediante las cuales se determinó la adquisición de los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias números 001-263372, 001-405756,
001-701237, 001-294246, 001-1208093, 001-1265544 y se formuló la
correspondiente oferta de compra, no son susceptibles de control judicial, por
cuanto la acción prevista en el artículo 71 de la Ley 388 no procede contra este tipo
de actos.
31. En consecuencia, se declarará de oficio la excepción de falta de jurisdicción, de
conformidad con el numeral 1.° del artículo 100 de la Ley 156424, por tratarse de
actos que no son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Problema jurídico
32. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación
interpuesto, determinar si: i) a la parte demandante se le debió reconocer la
indemnización conforme a lo solicitado en las pretensiones de la demanda; y ii) si el
avalúo oficial, en alguna incorrección o defecto que afectara el precio
indemnizatorio.
24 En el mismo sentido la siguiente sentencia: “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera; sentencia de 29 de octubre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número único de
radicación 25000-23-24-000-2012-00572-02 […]”.
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33. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
34. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:
Marco normativo de la expropiación administrativa
35. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.
36. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés social
se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.
37. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.
38.Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo de
la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
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reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem25. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.
39. El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.
En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.
40. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:
“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:
1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.
2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.
3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.
4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.
5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.
41. De acuerdo con las normas indicadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
25
Artículo 67 Ley 388.
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de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.
42. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del
bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]”26.
43. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.
44. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración27.
45. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.
46. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
27
Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.
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“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.
Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.
Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.
Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.
Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.
Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.
La estratificación socioeconómica del bien […]”
47.Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:
48.Para el terreno:
• Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.
• Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
• Tipo de construcciones en la zona.
• La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de
transporte.
• En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
• La estratificación socioeconómica del inmueble.
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49.Para las construcciones:
• El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
• Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
• Las obras adicionales o complementarias existentes.
• La edad de los materiales.
• El estado de conservación física.
• La vida útil económica y técnica remanente.
• La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.
50. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.
51.Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9 de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de los
siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.
52.En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.
Precio indemnizatorio justo: Reconocimiento del daño emergente y el lucro
cesante
53. Visto el artículo 58 de la Constitución Política prevé que, por motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, el Estado podrá adelantar una
expropiación por vía judicial o administrativa, mediante una indemnización previa,
la cual se debe fijar consultado los intereses de la comunidad y del afectado.
54. Visto el artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé
que en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la
expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá
a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los
efectos previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
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pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
55. La Corte Constitucional ha considerado que la indemnización debe ser justa y
ponderar los intereses de la persona afectada y de la comunidad; asimismo, es
necesario atender el principio de igualdad para que los particulares no tengan que
soportar una carga pública desproporcionada que afecte el acceso a la propiedad.
56. En la sentencia C-476 de 2007, esa Corporación explicó que, por regla general,
la indemnización no se limita al precio del bien, toda vez que esta pude incluir los
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación; sin embargo,
esta es diferente a la indemnización prevista en el artículo 90 de la Constitución
Política porque el artículo 58 ibidem no se refiere a un daño antijurídico, sino a una
carga que debe soportar el particular.
57. Además, reiteró que la indemnización que procede como consecuencia de la
expropiación no se fundamenta exclusivamente en los intereses privados, toda vez
que esta debe tener en cuenta el bienestar común. Por lo tanto, en algunos casos,
cuando los intereses de la comunidad asumen una relevancia especial, la
indemnización cumple una función compensatoria; no obstante, también puede
ocurrir que los intereses de la persona afectada tengan una importancia
constitucional especial y, en este caso, la indemnización tiene una función
restitutiva.
58.La Corte Constitucional explicó en la sentencia C-1074 de 2002 las reglas
generales que rigen la indemnización, en el marco de la expropiación, así:
“[…] De lo anterior, a la luz de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional en
la materia, se deducen las siguientes conclusiones:
1. No puede haber expropiación sin indemnización;
2. La indemnización debe ser previa al traspaso del dominio del bien del particular al
Estado;
3. La indemnización debe ser justa, es decir, debe ser fijada teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad y del afectado y, por lo tanto, esos intereses deben ser
ponderados caso por caso. La ponderación dentro del marco legal y constitucional la
hará el juez civil en el evento de expropiación por vía judicial, y la entidad expropiante
o el juez contencioso en el evento de la expropiación por vía administrativa;
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4. La función de la indemnización es, por regla general, de orden reparatorio.
Comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante. No obstante, en algunas
circunstancias, al ser consultados los intereses de la comunidad y asumir dichos
intereses un peso especial, ésta puede reducirse y cumplir tan sólo una función
compensatoria. De otra parte, en circunstancias diversas, al ser consultados los
intereses del afectado y adquirir éstos una relevancia constitucional especial, como
en el evento de la vivienda familiar y en otros que serán precisados en esta sentencia,
la indemnización puede, tanto en su monto como en su forma de pago, asumir una
modalidad que la lleve a cumplir una función restitutiva.
5. La indemnización no tiene que ser siempre pagada en dinero en efectivo, pero si se
paga la indemnización con instrumentos distintos al dinero, éstos han de reunir por lo
menos las siguientes características: i) No pueden transformar el pago de la
indemnización previa, en un pago futuro, posterior a la trasmisión del dominio del bien
expropiado; (ii) deben garantizar un pago cierto de la obligación y no meramente
simbólico o eventual; (iii) deben constituir un medio legal de pago de obligaciones, de
tal forma que realmente constituyan para el afectado una indemnización; (iv) deben
permitir que el valor de la indemnización por expropiación reconocido como justo, en
el caso concreto, se mantenga en el tiempo, si el expropiado actúa en los negocios
diligentemente; (v) deben ser libre y efectivamente negociables, a fin de garantizar
que el afectado pueda convertirlos, en dinero en el momento en que lo desee,
inclusive al día siguiente del traspaso del dominio del bien; (vi) no pueden ser
revocados unilateralmente por la entidad que los emite […]”28.
59. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia proferida el 6
de febrero de 2020, con fundamento en los artículos 21.229 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos30 y 1731 de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, reiteró que la expropiación conlleva la obligación de
indemnizar plena y previamente al afectado, con el propósito de restablecer el
equilibrio. Además, esta Corporación explicó lo siguiente:
“[…] Como corolario de lo expuesto, debe entenderse que la decisión de expropiar un
bien del dominio privado comporta necesariamente la obligación de indemnizar el
daño, todo el daño y nada más que el daño, esto es, sin pecar por exceso o por
defecto, pues es claro que una indemnización que exceda los límites de lo justo, o
que resulte ser parcial o incompleta, se aparta del postulado de justicia consagrado
por el constituyente.
[…]
No sobra precisar que, para poder obtener la reparación de los daños accesorios que
hubieren podido consumarse con la expropiación, es indispensable que los mismos
sean ciertos y que exista necesariamente un nexo de causalidad entre ellos y la
decisión administrativa mediante la cual se decretó la expropiación.
El carácter resarcible del daño depende fundamentalmente de la certeza de su
ocurrencia, pues es claro que las lesiones de carácter hipotético o contingente no
28
Corte Constitucional C-1074 de 4 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
29
“[…] 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones
de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley […]”
30
Adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969; aprobada mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de
1972.
31
“[…] Artículo 17. Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa
indemnización […]”
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pueden ser objeto de reparación o compensación. El agravio debe estar revestido
entonces de certeza para que produzca efectos jurídicos y dé lugar al resarcimiento,
pues todo aquello que constituya una simple conjetura o una suposición no puede dar
lugar a una indemnización. Lo anterior no obsta para que se tengan como ciertos
aquellos daños futuros que a pesar de no haberse consolidado todavía, no existe
ninguna duda acerca de su advenimiento. Para que el perjuicio exista, resulta
completamente indiferente que aquél ya se haya presentado como un hecho existente
en el plano ontológico o que aparezca como la prolongación cierta y directa de un
estado de cosas actual. Al fin y al cabo, el daño futuro no es sino una modalidad del
daño cierto, tal como lo ha sostenido, en reiteradas oportunidades esta Corporación.
En todo caso, los daños ajenos a la pérdida del derecho de dominio deben ser
acreditados en el proceso por quien reclama su resarcimiento, ya sea por tratarse de
lesiones ya causadas o de daños que, si bien no se han producido todavía, existe una
alta probabilidad en torno a su ocurrencia […]”32.
60. De acuerdo con lo expuesto, cuando la persona afectada acude a la jurisdicción
contenciosa administrativa porque, a su juicio, la indemnización no fue justa y plena,
le asiste la carga de probar la existencia de los perjuicios que reclama -daño
emergente y lucro cesante- y su nexo de casualidad con el acto que dispuso la
expropiación.
Acervo probatorio
61. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine
son las siguientes33:
• Resolución núm. SEC 201750015182 del 15 de noviembre de 2017 "Por la
cual se inician las diligencias tendientes a la adquisición vía enajenación
voluntaria o expropiación administrativa y se formula una oferta de compra
sobre unos bienes inmuebles."
• Resolución núm. SEC 201850054740 del 3 de agosto de 2018. "Por la cual
se modifica parcialmente la resolución SEC 201750015182 del 15 de
noviembre de 2017".
• Resolución núm. SEC 201850062960 del 05 de septiembre de 2018, "Por
medio del cual se dispone la expropiación por vía administrativa de unos
bienes inmuebles."
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera; C.P. Dra. Nubia Margoth Peña
Garzón; sentencia de 6 de febrero de 2020; núm. único de radicación: 08001233100019971225601
33 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_C01_01. DEMANDA-PODER Y
ANEXOS. NroActua 21.
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• Resolución núm. SEC 201850073017 del 11 de octubre de 2018, "Por medio
del cual se resuelve recurso de reposición contra la resolución SEC
201850062960 del 05 de septiembre de 2018".
• Informe AE-597 de 31 de agosto de 2017- Avalúo Comercial de los inmuebles
identificados con las matrículas inmobiliarias 001-294246; 001-701237;
001405756 y 001-263372 suscrito por el Subsecretario de Catastro de la
Alcaldía de Medellín.
• Informe AE-759 de 25 de septiembre de 2017 -Avalúo Comercial de los
inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 001-1208093 y 001-
1265544 suscrito por el Subsecretario de Catastro de la Alcaldía de Medellín.
• Avalúo Comercial núm. AE-0039 de 3 de mayo de 2018 proferido por la
Unidad de Avalúos de la Subsecretaría de Catastro de la Alcaldía de
Medellín.
• Avalúo Comercial núm. 10596-18 de 24 de diciembre de 2018 suscrito por la
Empresa Ingeniería y Avalúos S.A.S.
• Avalúo Comercial 10613-18 de 24 de diciembre de 2018 suscrito por la
Empresa Ingeniería y Avalúos S.A.S.
62. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Análisis del caso concreto
La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron planteados por el
apelante en la oportunidad procesal correspondiente
63. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente, o no, el
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estudio de los argumentos planteados por la parte demandante sobre el
reconocimiento de la indemnización por daño emergente y lucro cesante por los
perjuicios sufridos como consecuencia de la expropiación, en los términos de lo
previsto en el numeral 6.° del artículo 6 del artículo 62 de la Ley 388.
64. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…] [l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley
[…]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta […]”.
65. Esta Sección en diversas oportunidades34 ha considerado que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación. Igualmente, ha reiterado que no puede abordar materias o cuestiones
que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de violación
del libelo, ni que la sentencia de primera instancia estudió […]” porque ello
constituiría vulneración del principio de congruencia y, en consecuencia, de los
derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de la parte que resulte
afectada.
66. La Sala advierte que el argumento planteado por la parte demandante, indicados
en el numeral 63 supra, se adujeron por primera vez en el recurso de apelación, sin
estar contenido en la demanda que dio origen al proceso; es decir, durante el curso
de la actuación procesal no fue ventilado en el proceso; y por ende, tampoco fue
objeto de pronunciamiento en la sentencia que ahora se apela; en consecuencia, se
trata de un planteamiento nuevo en sede del recurso de apelación que, como se
dijo, debió ser expuesto en la demanda con el objeto de garantizar el derecho del
debido proceso, de contradicción y de defensa de las partes e intervinientes y, en
esa medida, no será objeto de pronunciamiento.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente:
2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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Argumentos objeto de pronunciamiento
67. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
68. La parte demandante en el recurso de apelación manifestó que la decisión de
primera instancia no tuvo en cuenta que los actos administrativos no contaban con
los elementos suficientes que garantizaran un ofrecimiento justo para la compra y
posterior expropiación de los predios objeto de litigio.
69. Para resolver este argumento de apelación, la Sala recuerda que la
jurisprudencia, con fundamento en la normativa que regula el asunto, ha
considerado que el precio indemnizatorio está amparado por la presunción de
legalidad al ser incorporado al acto que ordena la expropiación, por lo tanto, la parte
demandante tiene la carga de probar cuál es el error o la incorrección del avalúo
oficial. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante
sentencia proferida el 20 de febrero de 2020, precisó lo siguiente:
“[…] Esta Corporación ha sostenido que al haber sido incorporado el avalúo
comercial al acto administrativo, este goza de presunción de legalidad y debe
tenerse como válido, creíble y fundamentado, por lo que corresponde a quien
recurre, en este caso, demostrar en el proceso que el avalúo oficial es equivocado,
demostrando precisamente su incorrección. La Sala ha indicado sobre este
particular:
«[…] la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de esta
Corporación en la cual se ha sostenido que el precio establecido en los actos
acusados se encuentra amparado por la presunción de legalidad y de certeza de las
decisiones de la administración, y que la misma debe ser desvirtuada a través de
los diferentes medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no
ocurrió en el sub lite.
Así fue sostenido en sentencia del 14 de mayo de 2009, al analizar objeciones frente
al avalúo que sirvió de fundamento para la determinación del monto de una
indemnización expropiatoria, y en la cual la Sección Primera sostuvo que “al
haberse incorporado dicho valor en el texto de los actos administrativos
demandados, debe entenderse que el mismo se encuentra amparado por la
misma presunción de legalidad y de certeza que se predica de las decisiones
de la administración, lo cual admite desde luego prueba en contrario. En tales
circunstancias, el actor tiene la carga de demostrar en el proceso que el avalúo
oficial es equivocado, demostrando precisamente su incorrección”35 (negrillas
fuera de texto).
35
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de mayo de 2009. Radicado:
2005-03509. Magistrado Ponente: Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
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Recientemente y en el mismo sentido, esta Sección36 sostuvo que “todo lo anterior
conduce a la Sala a considerar que debe tenerse como válido, creíble y
fundamentado, el avalúo que sirvió de base a las decisiones enjuiciadas, sin que el
mismo pueda ser objeto de modificación dado que la actora, quien tenía la carga
probatoria de desvirtuarlo, no lo hizo”.
70. Además, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el
dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo
oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico
la prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el
valor comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial
y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor
con la demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa
finalidad […]”37.
71. La determinación del valor comercial del bien inmueble tiene un carácter técnico,
toda vez que este se fundamenta en varios criterios y parámetros como la
reglamentación urbanística municipal o distrital vigente, la destinación económica
del inmueble, los valores unitarios para cada una de las construcciones del terreno,
aspectos físicos, la clase del suelo, las construcciones en la zona, la estratificación
socio económica del bien inmueble, las construcciones existentes, entre otros;
asimismo, para establecer el valor comercial del bien inmueble debe acudirse a los
métodos previstos en la normativa.
72. En este orden de ideas, la parte demandante debe realizar un esfuerzo
probatorio para desvirtuar la corrección del avalúo oficial.
73. El artículo 67 de la Ley 388, sobre la indemnización y forma de pago, prevé que
en “[…] el mismo acto que determine el carácter administrativo de la expropiación,
se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se reconocerá a los
propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza para los efectos
previstos en el artículo 61 de la presente ley. Igualmente se precisarán las
condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán contemplar el
pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento (60%)
del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco (5)
contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés bancario
36
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 17 de marzo de 2011. Radicado:
2005 – 00273. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Ver entre otras sentencias la 31 de mayo de 2018,
Rad.: 2008 – 0074. Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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vigente en el momento de la adquisición voluntaria […]”.
74. Por lo tanto, en el caso sub examine, en la Resolución SEC 201850062960 de
5 de septiembre de 2018, se tuvo como sustento del precio indemnizatorio el avalúo
comercial AE 0039 de 3 de mayo de 2018 elaborado por la Subsecretaría de
Catastro, Secretaría de Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, que
destacó los siguientes aspectos:
"[...] 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR
Los inmuebles objeto del presente avalúo comercial se localizan en el Barrio
Caicedo de la comuna N° 9 (Buenos Aires), en este sector se destaca una tipología
de construcciones unifamiliares (hasta 3 pisos), así como multifamiliares, con un
gran auge de comercio y servicios tipo comercio barrial. Los predios a valorar se
encuentran cercanos a la estación Buenos Aires del tranvía de Ayacucho, Clínica, e
instituciones Educativas.
ACTIVIDADES PREDOMINANTES: El barrio Caicedo se caracteriza por ser de uso
residencial, además de presentarse el uso mixto comercial en los primeros pisos.
ESTRATO SOCIECONÓMICO: El sector se encuentra clasificado dentro del estrato
tres (3).
VÍAS DE ACCESO E INFLUENCIA DEL SECTOR: La principal vía de acceso al
sector es la calle 49 (Tranvia), y la calle 51, vías que se encuentran pavimentadas y
en buen estado de conservación
TRANSPORTE PÚBLICO: El sector cuenta con un buen servicio de transporte
público urbano, ya que, sobre las vías vehiculares anteriormente mencionadas,
transitan rutas de transporte que facilitan el desplazamiento a los diferentes sectores
y barrios vecinos.
ACTIVIDAD EDIFICADORA: El sector e inmediaciones en la actualidad presentan
buena actividad edificadora, dada la transformación que se presenta sobre su
principal eje vial con la puesta en funcionamiento del tranvía de Ayacucho.
PERSPECTIVA DE VALORIZACIÓN: El sector presenta una buena valorización
debido a la inversión estatal en el mejoramiento de la infraestructura vial,
equipamientos, que permiten la solución de las necesidades básicas para la
convivencia de la zona, incluyendo el mejoramiento de la seguridad. También existe
la voluntad privada de inversión en los nuevos desarrollos urbanos, todo esto,
permite ver el desarrollo y el crecimiento del valor, tanto para el suelo como para las
construcciones.
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA: El sector cuenta con la infraestructura en
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, gas, red telefónica
y alumbrado público.
5.REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
Según Acuerdo 48 de 2014 Artículo 280 Tabla de Aprovechamientos y sesiones
Públicas, los predios se encuentra (sic) en el polígono de tratamiento 23_CN2_16,
tratamiento de Consolidación (CN), con los siguientes aprovechamientos:
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(…)
6. DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES
El presente avalúo será para los seis (6) lotes objeto de negociación los cuales serán
descritos así:
1. Tres (3) Lotes con matrícula inmobiliaria Nº 294246 701237 y 405756
identificados con el código CBML 0906005-0019/0018 y 0017 respectivamente
cuyo frente es sobre la carrera 33.
(...)
2. Dos (2) Lotes con matrículas inmobiliarias N° 1208093 y 1265544
identificados con el código CBML 0906005-0064 y 0906005-0067
respectivamente, los cuales no tienen frente hacia ninguna vía, es decir, son
internos.
(...)
3. Un (1) Lote con matrícula inmobiliaria Nº 263372 identificado con el código
CBML 0906005-0010, el cual tiene frente hacia la Calle 49.
(...)
TOPOGRAFÍA Y RELIEVE: Los lotes son de topografía pendiente media.
FORMA DEL LOTE: Los predios presentan forma irregular.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Con el fin de atender la revisión de los avalúos solicitada, procedemos a dar
respuesta a las inquietudes formuladas por el Gerente General de la Empresa de
Desarrollo Urbano.
1. "La EDU evidenció que el valor entregado por m² es el mismo valor de las zonas
geoeconómicas de Catastro, sin embargo, no se tuvo en cuenta que los predios 10
y 67 se encuentran en una zona geoeconómica de mayor valor, que equivale a
$977.444, por su frente sobre Ayacucho."
RESPUESTA: Si bien es cierto que en el Mapa de Zonas Geoeconómicas publicado
por la Alcaldía de Medellín para el año 2017 los predios 10 y 67 se encuentran
delimitados dentro de la zona con el valor mencionado, también es cierto que el
predio 67 no tiene frente hacia la Calle 49-Ayacucho, éste es un lote interno, tal como
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se muestra en el punto 6 de éste informe y debería estar en una zona de menor valor.
En cuanto a "... De las tablas anteriormente mencionadas se extrae la cantidad de
m² adquiridos de lote, que para el proyecto fueron de 1.455,18 m², con un valor total
de compra de $1.883.436.710, con lo cual se calcula el valor promedio de compra
por m², el que equivale a $1.294.298."
Respuesta: No consideramos adecuado el valor promedio hallado de $1.294.298 por
m² puesto que para ello tomaron en cuenta predios que tienen mejor área, mejor
frente y mejor ubicación (12 y 13) que los que se pretenden negociar. Si solo se
promediara los valores de los predios objeto del presente avalúo comercial
informados en los cuadros presentados por ustedes, el promedio sería de $1.140.000
m por m² y sin tener en cuenta los lotes 64 y 67 que tendrían un valor menor por ser
lotes interiores, que no tienen salida ni a la Calle 49 ni a la Carrera 33.
2. "Como se evidencia en los gráficos anteriores, la zona geoeconómica está
delimitada con un valor mayor a los lotes que tienen un frente sobre la calle Ayacucho
(…) La EDU considera que el valor debe ser uniforme, dado que todos los predios
configuran un gran lote para desarrollar el proyecto y todos los predios (mega y
verdes) se benefician de su frente sobre el corredor de Ayacucho y su posición
esquinera.
Respuesta: Tiene razón en el primer concepto ya que es sabido que los lotes con
frente a vías normalmente tienen mayor valor que los que no lo están, y más aún que
este es un corredor comercial, tal como se muestra en el Mapa de zonas
geoeconómicas publicado por la Alcaldía para el año anterior.
En cuanto a que los predios forman un solo lote, Jurídicamente hablando, no es un
solo lote, ya que tienen matricula inmobiliaria independiente, aunque sus
construcciones fueron demolidas y se configura visualmente como una sola unidad;
la oferta se está haciendo puntual sobre lotes que, en sus actuales condiciones
físicas, según el POT actual su potencial de desarrollo se encuentra limitado a la
asociación con los otros lotes.
3. "También, la EDU considera que utilizar el valor de una zona Geoeconómica para
la realización de un avalúo no es la opción más adecuada para el caso dado que la
metodología que es empleada para determinar un valor de zona agrupa variables
comunes para varios predios, sin embargo, no tiene en cuenta detalles particulares
de cada predio. Es por ello que los valores de zona geoeconómica sirven como
referencia, pero no reemplazan el avalúo comercial."
Respuesta: Le asiste toda la razón.
4. Revisando el estudio de mercado presentado en los avalúos AE-597 del 31 de
agosto de 2017 y AE-759 del 25 de septiembre de 2017, se evidencia la utilización
de información de mercado de los años 2011-2012-2013-2014, que, si bien fueron
actualizados con el índice IPPR, no refleja la realidad de la zona dada la construcción
y puesta en marcha del tranvía de Ayacucho, centros comerciales, aumento del
comercio y valoración que los predios han tenido durante estos años.
Respuesta: Le asiste toda la razón, lo debido fue hacer una nueva investigación a la
fecha en que se hizo la solicitud.
"Ciertamente, el informe no detalla la actualización del valor, indicando el valor inicial
y sus actualizaciones con los índices, y su correspondiente fuente de consulta."
Respuesta: Le asiste toda la razón, en este caso debido a la presentación en el
formato establecido imposibilita colocar todos los campos necesarios para dar mayor
transparencia a los ajustes realizados, lo tendremos en cuenta para próximos
avalúos a realizar.
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"Además todos los puntos de investigación de la muestra de mercado de dicho
estudio de zonas geoeconómicas están ubicados en las calles 50 y 51, vías con
realidad comercial y económica muy distante de la encontrada en la calle 49-
ayacucho, con un corredor comercial de alta mixtura."
Respuesta: Los puntos de investigación mencionados hacen referencia es a la
investigación de mercado que reposa en la base de datos del OIME (Observatorio
Inmobiliario de Medellín) para la fecha de consulta, el cual contenía información de
mercado de lotes, los cuales como se ya mencionó (sic) fueron actualizados con el
índice IPPR, y para el momento no se encontraban datos de predios sobre la Calle
49-Ayacucho.
[...] Por último, y sabiendo que son lotes sin construcción alguna, el método que se
aplicará, según lo ordenado por la Resolución 620 de 2008 del IGAC en su artículo
4º es el método (técnica) Residual, teniendo en cuenta los aprovechamientos
otorgados por el Acuerdo 48 de 2014 (POT).
De acuerdo a todo lo anterior procederemos a modificar los valores presentados en
los avalúos objetados y a continuación presentamos los nuevos valores según los
ejercicios realizados.
7. AVALÚO COMERCIAL
1. Para el lote identificado con la matrícula N° 263372 CBML 0906005-0010, se
realizó el siguiente análisis. El artículo 341 del Acuerdo 48 de 2014 (POT) fija unas
Áreas y frentes mínimos de lote para tratamientos de Consolidación y Conservación
que el predio a avaluar no cumple, y que para poderse desarrollar se tendría que unir
a un lote colindante (lote 66), y teniendo en cuenta que la propiedad es del mismo
Municipio, se consideró pertinente unir las áreas de los dos lotes y realizar el ejercicio
Residual con la información resultante.
Se simuló un proyecto comercial de siete (7) pisos de altura, el cual en el primero,
segundo y tercer piso con destinación de locales comerciales, el cuarto, quinto, sexto
y séptimo son oficinas o consultorios.
El resultado fue el siguiente:
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Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo valor comercial es de:
2.Para los lotes con matrículas Nº 405756-701237 y 294246 identificados con CBML
0906005-0017/0018 y 0019, respectivamente, incurren en la misma situación del lote
10, por lo tanto, para el ejercicio se realizó la suma de las áreas de los 3 lotes para
que cumpliera con lo establecido en el Acuerdo 48 de 2014, y al realizar el ejercicio
Residual el resultado fue el siguiente:
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Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo valor comercial es:
3. Para los lotes con matrículas N° 1208093 y 1265544 identificados con CBML
0906005-0064 y 0067, respectivamente, por ser lotes internos, sin salida a ninguna
de las dos vías, y teniendo en cuenta que dicha situación no se ha contemplado en
la Resolución 620 de 2008, se realizará el avalúo observando el criterio de Hoffman,
analizándolo desde la influencia de la profundidad, como si se tratara de un mismo
lote.
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CRITERIO HOFFMAN. De acuerdo con Hoffman el lote urbanizado se divide en dos
partes iguales. En la primera mitad frente a la calle se encontraría 2/3 del valor y en
la segunda mitad estaría 1/3 del valor del lote. La relación del valor por cada cuarta
parte del terreno se presenta en la gráfica 2 de tal manera que en la primera cuarta
parte estaría el 44% del valor, en la segunda cuarta parte estaría el 22.3%, en la
tercera valdría el 17.8% y en la última el 15.5%. Aplicando la ecuación de la curva
que sale de los anteriores datos se puede obtener el factor de profundidad según
Hoffman.
[...]
Teniendo en cuenta lo anterior, el nuevo valor comercial es:
[…]
75. El acto acusado estimó como valor total de la oferta $800.882.041, de acuerdo
a la siguiente tabla:
76. De lo anterior, se tiene que respecto de los lotes identificados bajo las matrículas
inmobiliarias números 001-263372, 001-405756, 001-701237 y 001-294246 el
avalúo oficial AE 0039 de 3 de mayo de 2018, aplicó el método residual previsto en
el artículo 4 de la Resolución 620 de 2008 que dispone lo siguiente:
[…]“Artículo 4º. Método (técnica) residual. Es el que busca establecer el valor
comercial del bien, normalmente para el terreno, a partir de estimar el monto total
de las ventas de un proyecto de construcción, acorde con la reglamentación
urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final vendible, en el
terreno objeto de avalúo.
Para encontrar el valor total del terreno se debe descontar al monto total de las
ventas proyectadas, los costos totales y la utilidad esperada del proyecto
constructivo. Es indispensable que además de la factibilidad técnica y jurídica se
evalúe la factibilidad comercial del proyecto, es decir la real posibilidad de vender lo
proyectado.
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Parágrafo.- Este método (técnica) debe desarrollarse bajo el principio de mayor y
mejor uso, según el cual el valor de un inmueble susceptible de ser dedicado a
diferentes usos será el que resulte de destinarlo, dentro de las posibilidades legales
y físicas, al económicamente más rentable, o si es susceptible de ser construido con
distintas intensidades edificatorias, será el que resulte de construirlo, dentro de las
posibilidades legales y físicas, con la combinación de intensidades que permita
obtener la mayor rentabilidad, según las condiciones de mercado”.
77. De la definición transcrita se evidencia que la aplicación de método residual opta
por una destinación del inmueble que sea económicamente más rentable conforme
al principio de “mayor y mejor uso”, potencial de desarrollo que se estableció en el
avalúo previamente cuestionado en cuanto al área total del terreno, al área vendible,
y a valor del metro cuadrado que se estableció en cada lote en los siguientes
términos:
77.1. La Sala, al revisar los avalúos aportados por la parte demandante (10613-18
y 1059-18, de 24 de diciembre de 2018), considera que aplicó los métodos
comparativos de mercado y de costo de reposición, sin controvertir de manera
directa el fundamento a través del cual el avalúo oficial adopto por el método
residual. En efecto, los dictámenes se presentaron en los siguientes términos:
• Avalúo 10596-18 (matricula inmobiliaria 001-263372)
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77.2. Respecto del método comparativo adoptado, refirió lo siguiente:
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• Avalúo 10613-18 (matriculas inmobiliarias 001-405756; 001-
701237;001294246; 001-001-1208093 y 001-1265544)
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Una vez analizadas las ofertas comparables se adoptó el redondeo del valor promedio como valor
base para el terreno, y se aplicaron factores de homogeneización por frente, fondo y un factor por
ubicación interna a los terrenos ciegos, correspondiente al 0,89.
78. De la revisión de los avalúos parcialmente transcritos, la Sala considera que la
parte demandante no cumplió con la carga probatoria en demostrar los errores
incurridos en el avalúo oficial AE 0039 de 3 de mayo de 2018 que conducen al
desconocimiento de las reglas contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y en la
Resolución 620 de 2008 del IGAC. Por el contrario, se evidenció que a través del
método residual la parte demandada estimó el valor comercial de los lotes a partir
de la tasación del monto total de las ventas de un proyecto de construcción acorde
con la reglamentación urbanística vigente y con el mercado del bien final vendible
en el terreno objeto del avalúo.
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79. En efecto, el Municipio incorporó los ítems de índice de construcción, área bruta,
ventas, total de ingresos, egresos, costos directos de construcción, costos indirectos
de construcción, honorarios, gastos de ventas, gastos generales y demás aspectos
en los que se simuló un proyecto de construcción a partir del cual se arrojó el avalúo
comercial total de los lotes en la suma de $880.880.041.
80. Así entonces, los avalúos aportados por la Empresa Ingeniería y Avalúos
omitieron exponer las razones técnicas por las cuales se estima que el avalúo
realizado por la entidad demandada no es correcto y el fundamento de la diferencia
en el precio indemnizatorio, debido a que se limitó a exponer el método de
comparación o de mercado sin precisar las diferencias reales y materiales que se
presentaban con el dictamen oficial y que arrojaban, según el demandante, una
diferencia que asciende a la suma de $197.538.929.
81. Sobre el particular, esta Corporación38 precisó que el precio indemnizatorio está
amparado por la presunción de legalidad al ser incorporado al acto que ordena la
expropiación y, por lo tanto, la parte demandante tiene la carga de probar cuál es el
error o la incorrección del avalúo oficial, así:
“[…] Sin embargo, tal y como lo estimó el a quo en la sentencia apelada, el
documento presentado por el auxiliar de la justicia designado, valga decir, el Avalúo
M-0225-03-12 del 28 de marzo de 2012, que reposa en folios 215 a 222 del cuaderno
N.o 1 del expediente, constituye un nuevo avalúo, según el cual el valor comercial
del inmueble, incluido el daño emergente, asciende a la suma de $238.878.657, sin
que en el mismo se analizara y desvirtuara el realizado por la entidad
demandada.
En efecto, como lo advirtió el Tribunal de instancia, el documento en análisis
no hizo alusión alguna a la diferencia del precio de indemnización con relación
al avalúo que se había practicado y, muchos menos, se refirió a las
conclusiones a las cuales se habían llegado
[…] Así pues, el avalúo no contiene un razonamiento que soporte tal diferencia de
precio, en los términos solicitados por la propia parte demandante, sujeto procesal
peticionario de la prueba.
[…] Sobre el particular, la Sala recuerda que es reiterada y pacífica la
jurisprudencia de esta Corporación en la cual se ha sostenido que el precio
establecido en los actos acusado se encuentra amparado por la presunción
de legalidad y de certeza de las decisiones de la administración, y que la
misma debe ser desvirtuada a través de los diferentes medios de prueba
establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual no ocurrió en el sub-lite […]”
(Resaltado fuera de texto).
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 15 de agosto de
2019; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés; núm. único de radicación: 25000232400020110019601
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82. En ese orden, se evidencia que los avalúos aportados por la parte demandante
no desvirtuaron la presunción de legalidad del precio indemnizatorio fijado en las
Resoluciones SEC 201850062960 de 5 de septiembre de 2018 “[…] Por medio del
cual se dispone la expropiación por vía administrativa de unos bienes inmuebles
[…]”.
Sobre la aplicación del criterio Hoffman
83. La parte demandante argumentó que la Subsecretaría de Catastro para el
avalúo de los lotes 001-1208093 y 001-1265544 “[…] utilizó el criterio de hoffman,
una metodología para descontar el valor del m2 y esta no está contemplada en la
Resolución IGAC 620 de 2008, por lo tanto la EDU considera que el avalúo no
cumple a cabalidad con la normatividad colombiana […]”.
84. Para el efecto, allegó el avalúo 10613-18 de 20 de diciembre de 2018 suscrito
por la Empresa de Ingeniería y Avalúos S.A.S, en la que manifestó utilizar los
métodos de comparación o de mercado y el de costo de reposición, para tasar el
valor “real” de los mentados inmuebles en los siguientes valores:
85. En el informe señaló como método comparativo de mercado cinco inmuebles
que se encuentran en la página web fincaraiz.com, y en las que se determinó el
valor de la oferta, el factor de ubicación, el valor ajustado, el valor de construcción
y el área, teniendo en cuenta los lotes contiguos de la manzana donde se
encuentran ubicados los lotes.
86. No obstante, según lo prevé la Resolución 620 de 2008 del IGAC en el artículo
1.º el método de comparación establece “[…]el valor comercial del bien, a partir del
estudio de ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables
al del objeto del avalúo […]” las que, si bien en el presente caso se describen ofertas
de inmuebles aledaños, no se evidencia de manera clara la comparación,
depuración, características similares y un análisis adecuado que permita demostrar
que el valor real a cuantificar sea el valorado por la entidad demandante y que, de
contera, desvirtúe el avalúo oficial del Municipio de Medellín.
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87. Ahora bien, la parte demandante alega que también hizo uso del método de
costo de reposición según el cual:
[…]
busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar el
costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de
avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe
adicionar el valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente
fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde: Vc = Valor comercial Ct = Costo total de la construcción D = Depreciación
Vt = Valor del terreno Parágrafo. - Depreciación. Es la porción de la vida útil que en
términos económicos se debe descontar al inmueble por el tiempo de uso, toda vez
que se debe avaluar la vida remanente del bien. Existen varios sistemas para
estimar la depreciación, siendo el más conocido el Lineal, el cual se aplicará en el
caso de las maquinarias adheridas al inmueble. Para la depreciación de las
construcciones se deben emplear modelos continuos y no los discontinuos o en
escalera. Deberá adoptarse un sistema que tenga en cuenta la edad y el estado de
conservación, tal como lo establece Fitto y Corvini, para lo cual se presentan las
ecuaciones resultantes del ajuste para los estados 1, 2, 3 y 4. (Ver capítulo VII De
las Fórmulas Estadísticas)
88. De la revisión del avalúo, se observa que la parte demandante solo presenta la
definición del concepto del método de costo de reposición, sin realizar el respectivo
estudio con las variables que se requieren para sustentarlo, razón por la cual las
meras apreciaciones no controvierten el avalúo oficial presentado por la parte
demandada.
89. Así, se concluye que en la decisión adoptada en primera instancia se realizó un
adecuado análisis de los avalúos presentados en el proceso, explicando
suficientemente las razones por las cuales no se desvirtúa la presunción de
legalidad que ampara las decisiones acusadas.
Conclusiones
90. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se declarará de oficio la
excepción de falta de jurisdicción respecto de las resoluciones números SEC
201750015182 de 15 de noviembre de 2017 y SEC 201850054740 de 3 de agosto
de 2018, expedidas por la Subsecretaría de Ejecución de Contratación del Municipio
de Medellín por no ser objeto de control judicial; y se confirmará en lo demás la
sentencia apelada.
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Condena en costas
91. Vistos los artículos 18839 de la Ley 1437 y 365 de la Ley 1564, sobre la condena
en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que en el
expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en costas a
la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE
JURISDICCIÓN respecto de las resoluciones números SEC 201750015182 de 15
de noviembre de 2017 y SEC 201850054740 de 3 de agosto de 2018, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Aclara voto
39
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080.
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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