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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00641-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-00641-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala cuarta de oralidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección 15 Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01 No. Interno: 0897-2021 Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata Demandado: FOMAG segunda regresar el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-00641-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 28 de abril de 2022.

Radicación: 05001-23-33-000-2019-00641-01
Nro. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)1
Asunto: Goce pensión de jubilación docente oficial

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011

Teniendo en cuenta que no existen irregularidades, vulneración a las
garantías de las partes, ni nulidades procesales, decide la Sala2 el recurso de
apelación interpuesto por el ente de previsión demandado contra la sentencia
del 20 de noviembre de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, sala cuarta de oralidad, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Pretensiones

1. El señor Luis Gerardo Patiño Zapata demanda con la finalidad de obtener la
nulidad parcial de la Resolución 20180057353 del 15 de agosto de 2018, por
medio de la cual la secretaria de educación del Municipio de Medellín (E), en
representación del FOMAG, le reconoció la pensión de jubilación.

2. A título de restablecimiento del derecho solicita que se ordene a la entidad
demandada a que reconozca, a partir de la adquisición del estatus pensional,

1 En lo que sigue FOMAG.
2 El expediente ingresó al Despacho el 14 de febrero de 2022, según informe secretarial visible a folio

126.

2
Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

su pensión de jubilación de manera concurrente con el salario devengado y a
efectuar una nueva liquidación de la prestación con la inclusión de la prima de
servicios percibida en el último año de labores. También, pide el pago del
retroactivo que se genere, indexar las sumas adeudadas y condenar en
costas.

Hechos

3. Para una mejor comprensión del asunto, a continuación la Sala ilustra la
situación fáctica de la demanda, así.

4. El demandante nació el 17 de abril de 19543 y ha prestado sus servicios
como docente municipal por 20 años de la siguiente manera4:

Entidad Desde Hasta Entidad
aportes
Secretaría de Educación 22-01-1996 21-01-2016 FOMAG
Municipal de Medellín

5. Por medio de la Resolución 201850057353 del 15 de agosto de 20185, la
secretaria de educación del Municipio de Medellín, en representación del
FOMAG, por sus servicios como docente con vinculación municipal y cumplir
con los requisitos de ley, le reconoció al actor la pensión de jubilación
correspondiente a un 75% del promedio salarial devengado en el último año
de servicio anterior al estatus pensional, en consideración a la asignación
básica, subsidio de transporte y las primas de navidad, vacaciones y
profesional docente, resultando una cuantía de $3.355.010, a partir del
momento en que acredite el retiro definitivo del servicio.

Normas vulneradas y concepto de violación

6. El demandante cimenta sus pretensiones en los artículos 2º de la Ley 102
de 1927, 33 de la Ley 6ª de 1945, 7º del Decreto 320 de 1949, 6º de la 1ª de
1963, 1º de la Ley 57 de 1964, 1º del Decreto 606 de 1969, 5º del Decreto 224
de 1972, 36 y 70 del Decreto 2277 de 1979, 15 (numeral 2º) de la Ley 91 de

3 Según la Resolución 201850057353 del 15 de agosto de 2018, expedida por la secretaria de
educación del Municipio de Medellín (E), «(p)or la cual se reconoce y ordena el pago de una Pensión de
Jubilación», visible a folios 18 y 19.
4 Ibídem.
5 Visible a folios 18 y 19.

3
Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

1989, 2º, 10, 12 y 19 (literal g) de la Ley 4ª de 1992, 6º de la Ley 60 de 1993,
279 de la Ley 100 de 1993, 32 de la Ley 136 de 1994, 19 de la Ley 344 de
1996 y 1º y 5º del Decreto 1919 de 2002, y los Decretos 2285 de 1955 y 1545
de 2013.

7. Al respecto, considera que los actos acusados son nulos por infracción de
las normas en las que debían fundarse, pues se desconoció que al ser
destinatario del reconocimiento de la pensión de jubilación según las
disposiciones establecidas en la Ley 91 de 1989, norma que remite al régimen
pensional de la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, tal prestación
debía liquidarse con el 75% del promedio salarial devengado en el último año
de servicios, incluyendo la totalidad de los factores salariales, sin perjuicio de
efectuar los descuentos correspondientes a los no tenidos en cuenta para la
cotización.

8. Lo anterior, con apoyo en la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010 (Exp. 0112-09) del Consejo de Estado, en la que se concluyó que «(…) la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y
no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicios.».

9. Por lo tanto, al haber percibido durante su último año de labores la prima de
servicios, factor que no fue tenido en cuenta para la liquidación, le asiste el
derecho a que su pensión sea reliquidada con la inclusión de este
emolumento.

10. Por su parte, considera que FOMAG desconoció lo establecido en el
Decreto 224 de 1972, el Decreto 2277 de 1979, Ley 60 de 1993, entre otras
normas, que disponen la prerrogativa para los docentes del goce simultáneo
del sueldo y de la pensión. Por lo tanto, el goce efectivo de su pensión de
jubilación en dicha condición no podía ser condicionado al retiro del servicio.

Contestación de la demanda

11. FOMAG se pronuncia en la instancia procesal de manera extemporánea.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

La sentencia apelada

12. El a quo accede parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo
cual declara la nulidad parcial del acto acusado en lo que respecta al
condicionamiento del retiro del servicio para el disfrute de la pensión de
jubilación y, en consecuencia, ordena al FOMAG a reconocer y pagar al
accionante la prestación a partir del 22 de junio de 2016, fecha de la
adquisición del estatus pensional por tiempo de servicios, previa deducción de
los aportes en salud causados. También, dispone el reajuste de las sumas de
dinero que resulten según el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, con la
aplicación de la fórmula utilizada para ello.

13. Lo anterior, al considerar que la condición del retiro del servicio para el
pago de la pensión de jubilación reconocida al demandante no se ajusta al
ordenamiento jurídico, puesto que el régimen docente, del cual este es
destinatario por ostentar esta condición, permite la compatibilidad de la
asignación pensional con el ejercicio de la labor.

14. En lo que respecta a la inclusión de la prima de servicios como factor
salarial para determinar el ingreso base de liquidación (IBL) pensional,
determina que no hay lugar a ello, pues al serle aplicables al accionante los
preceptos de las Leyes 33 y 62 de 1985 para el reconocimiento de la pensión
de jubilación, los factores que deben tenerse en cuenta para la liquidación de
la misma son aquéllos que se encuentren allí enlistados, de creación legal, y
sobre los cuales se haya hecho aportes al sistema de seguridad social.

15. En consecuencia, al no encontrase enlistada la prima de servicios echada
de menos por el actor en dichas leyes, sobre la cual no se evidencian aportes,
no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la
inclusión de este emolumento devengado en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional, de allí que no existan razones jurídicas para declarar la
nulidad parcial del acto acusado en este aspecto.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

16. Lo anterior, con apoyo en la sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2-
2019 del 25 de abril de 20196 de la sección segunda del Consejo de Estado,
según la cual en la liquidación de las pensiones sólo se pueden incorporar
como factores los efectivamente cotizados, que en todo caso son los previstos
en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

17. En cuanto a las costas establece su improcedencia, toda vez que la
determinación del ingreso base de liquidación (IBL) pensional ha sido un tema
que ha sido objeto de controversia, situación que al momento de la expedición
del acto acusado y de la presentación de la demanda no había sido
esclarecida.

Recurso de apelación

18. FOMAG recurre la sentencia de primera instancia con el propósito que
sea revocada y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, al
estimar que el a quo desconoció que según el artículo 128 de la Constitución
Política «nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de
instituciones en las que tenga parte mayoritaria del Estado salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro públicos el de la
Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.».

19. Asimismo, al considerar que el demandante no se encuentra dentro de las
excepciones a la prohibición constitucional transcrita, las que se señalan en el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992.

Alegatos en segunda instancia, concepto del Ministerio Público e
intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

20. FOMAG presenta alegatos de conclusión en los que reitera los
argumentos del recurso de apelación.

21. El demandante, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado no se pronuncian en la instancia procesal.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de abril de 2019.

Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Demandante: Abadía Reynel Toloza. Demandado: Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA FALLAR

Problema Jurídico

22. De acuerdo con el cargo formulado en la alzada, le corresponde a la Sala
determinar si ¿a la luz de la normativa que regula la carrera docente, es
posible percibir la pensión ordinaria de jubilación y de manera concomitante
salario; y si tales previsiones, se ajustan a la situación sub júdice?

23. Para resolver lo anterior, la Sala tendrá en cuenta el contexto normativo
de pensión y salario según las disposiciones docentes y el análisis del caso
concreto.

Contexto normativo de pensión y salario según las disposiciones
docentes

24. Lo primero que ha de anotarse es que el Decreto 224 de 1972, «(p)or el
cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente», en su artículo 5º dispuso
que el ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión
de jubilación siempre y cuando el beneficiario se encuentre mental y
físicamente apto para la tarea docente. Además, que se decretaría el retiro
forzoso del servicio al cumplir 65 años de edad. Dice este artículo:

«ARTÍCULO 5º.- El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce
de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y
físicamente apto para la tarea docente, pero se decretará retiro forzoso del
servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.».

25. Por su parte, el Decreto 2277 de 1979 (Estatuto Docente), «(p)or el cual se
adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» , estableció que los
docentes que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden nacional,
departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal, son empleados
oficiales de régimen especial. La especialidad del régimen comprende
aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso
de los educadores, entre otros.

26. El artículo 70 del Decreto 2277 de 1979 (Estatuto Docente), dispuso:

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

«Artículo 70. PENSION. El reconocimiento y pago de pensiones continuará
sujeto al régimen vigente en la fecha de expedición de este decreto para los
educadores oficiales.

El goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de
empleos docentes. Se exceptúan los cargos directivos docentes de que trata el
artículo 32, para los cuales sí existirá dicha incompatibilidad, salvo cuando se
trate de educadores que en la fecha de expedición de este decreto estén
disfrutando de este beneficio».

27. De lo anterior, a la luz de los Decretos 224 de 1972 y 2277 de 1979, se
infiere que los docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas,
como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo, lo que
permite establecer que gozan de un tratamiento especial por parte del
ordenamiento jurídico.

28. Ahora bien, la Constitución Política de 1991, en su artículo 128, consagró
la prohibición de desempeñar simultáneamente más de un empleo público y
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, en los
siguientes términos:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas
o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley.

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y
el de las descentralizadas».

29. Por su parte, la Ley 4ª de 1992, por medio de la cual se establecieron las
normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre
otros, en su artículo 19 dispuso:

«Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni
recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos
juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.

(…).».

30. De la lectura del anterior artículo, se destaca entonces el literal g), pues es
la excepción a los docentes pensionados, tal y como lo precisó el Consejo de
Estado en sentencia del 14 de agosto de 20097, en donde determinó que los
docentes pensionados o que se pensión en el futuro tienen derecho a la
compatibilidad entre pensión y salario que consagraban las normas anteriores,
así:

«Lo expuesto permite concluir que la excepción consagrada en el artículo 19
de la Ley 4 de 19928 no sólo cobija a los docentes pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia sino también a los que accedan a la
pensión ordinaria y/o gracia con posterioridad, dado que es precisamente su
condición de pensionados la que les permite acceder a los beneficios
consagrados en normas anteriores como el contemplado por el artículo 5 del
Decreto 224 según el cual “el ejercicio de la docencia no sería incompatible
con el goce de la pensión de jubilación”.

La excepción no está condicionada en el tiempo, como lo afirma la entidad
demandada al manifestar que ésta sólo es aplicable a los pensionados con
anterioridad a su entrada en vigencia, sino que debe entenderse con respecto
a los beneficios que para la fecha de su entrada en vigencia, 18 de mayo de
1992, cobijan a los docentes que adquieran la calidad de pensionados.».

31. A su turno, la Ley 60 de 19939, «(p)or la cual se dictan normas orgánicas
sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de
la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones» , en su artículo 6º (inciso 3º)
dispuso que el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados sería el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las
prestaciones en ellas reconocidas serían compatibles con pensiones o
cualquier otra remuneración. Señalaba el artículo:

«ARTÍCULO 6o. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL (…)

El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas de partamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por

7 Sentencia del 14 de agosto de 2009. Expediente: 05001-23-31-000-2004-03824-01 (2170-08).
Consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
8 «Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-133 de 1993.».
9 Derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
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Demandado: FOMAG

la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles
con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El personal
docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.».

32. De igual manera, la Ley 115 de 1994, «(p)or la cual se expide la ley general
de educación», en su artículo 115 (inciso 1º) consagró que el ejercicio de la
profesión docente se regiría por las normas del régimen especial del Estatuto
Docente y por dicha ley, y que el régimen prestacional de los educadores
estatales por lo establecido en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y también
por la misma Ley 115, de lo cual se establece que fue el propio legislador el
que permitió a los docentes devengar pensión, prestaciones y el salario de
manera concomitante.

33. Posteriormente, se expidió la Ley 344 de 1996, «(p)or la cual se dictan
normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas
facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones» , en la que en su
artículo 19 se precisó lo siguiente:

«ARTÍCULO 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de
1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de
su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar
vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes
universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional
se empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación
de sus servicios en dichas instituciones.».

34. No obstante, antes de la expedición de la Ley 344 de 1996, el único
régimen general que permitía el goce simultáneo de la pensión de jubilación y
la estabilidad en el cargo era el aplicable a los docentes afiliados al FOMAG,
el que permanece incólume. En efecto, la primera parte del artículo 19,
exceptúa, expresamente, de su ámbito de aplicación, a los docentes afiliados
al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y sometidos a las
Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994.

35. Luego, el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la ley 715 de 2001, expidió el
Decreto 1278 de 2002, «(p)or el cual se expide el Estatuto de Profesionalización
Docente», el cual en su artículo 2º dispuso que se aplicaría a los docentes de
los niveles de preescolar, básica o media que vinculen a partir de su entrada

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
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Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

en vigencia, o a quienes sean asimilados en el nuevo escalafón docente de
acuerdo con sus artículos 65 y 66. Veamos:

«ARTÍCULO 2. Aplicación. Las normas de este Estatuto se aplicarán a quienes
se vinculen a partir de la vigencia del presente decreto para desempeñar
cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de
preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean
asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma.

Los educadores estatales ingresarán primero al servicio, y si superan
satisfactoriamente el período de prueba se inscribirán en el Escalafón Docente,
de acuerdo con lo dispuesto en este decreto.

(…)

ARTÍCULO 65. Asimilación. Los educadores con título profesional inscritos en
el escalafón docente de conformidad con el decreto-ley 2277 de 1979 y
vinculados en propiedad a un cargo docente o directivo docente estatal, podrán
asimilarse al nuevo escalafón si se someten a la misma evaluación de
desempeño y de competencias realizadas para superar el período de prueba
aplicadas a los educadores que poseen su misma formación profesional, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de este decreto.

Los educadores que quieran asimilarse al nuevo escalafón y obtengan
calificación satisfactoria en esta prueba, serán inscritos en el nuevo escalafón
en el grado que les corresponda de conformidad con la formación que
acrediten de acuerdo con el artículo 20 de este decreto, y serán ubicados en el
primer nivel salarial de dicho grado, debiendo superar las otras evaluaciones y
tiempos para cambiar de nivel salarial.

ARTÍCULO 66. Consecuencias de la asimilación. Para ser asimilado al nuevo
escalafón docente se requiere renunciar al cargo anterior y ser nombrado de
nuevo.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento para la
asimilación, una vez se provean en propiedad los cargos que hoy están siendo
provistos por contrato de prestación de servicios o en provisionalidad. En todo
caso, las asimilaciones procederán cuando las entidades territoriales tengan
las disponibilidades presupuestales para atender las erogaciones que de ello
se derive.».

36. Por su parte, el artículo 45 del mencionado Decreto 1278 de 2002
estableció en cuanto a las incompatibilidades del ejercicio de cargos en el
sector educativo, lo siguiente:

«ARTÍCULO 45. Incompatibilidades. Además de las establecidas en la
Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el ejercicio de
cargos en el sector educativo estatal es incompatible con:

a. El desempeño de cualquier otro cargo o servicio público retribuido.

b. El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares.».

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
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Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

37. No obstante, la Corte Constitucional en sentencia C-1157 de 2003, con
ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, declaró inexequible la
citada disposición al considerar que fue expedida excediendo las facultades
que le fueron otorgadas al Gobierno.

38. Respecto de la compatibilidad entre sueldo y pensión de jubilación para
docentes, es de recordar el criterio sostenido por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado10, en el que se concluyó lo siguiente:

«Teniendo en cuenta este antecedente, así como la legislación expedida con
posterioridad a la Ley 4ª de 1992, la Sala considera que si bien es cierto ella
estableció como criterio para fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores aludidos, el respeto a los derechos adquiridos por los servidores del
Estado tanto de régimen general «como de los regímenes especiales», como
era natural, también lo es que el literal g) no estableció una excepción a la
prohibición, atendiendo un criterio subjetivo, derivado de la locución
«beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», sino uno de
carácter objetivo supeditado a la expresión «exceptúanse las siguientes
asignaciones», que remite a las disposiciones de la legislación anterior que
consagraban las excepciones ya mencionadas, esto es, la compatibilidad de
devengar pensión y sueldo, o dos pensiones -ordinaria y gracia-.

Así, las locuciones citadas entre comillas se remiten a las normas que
beneficiaban a los docentes pensionados, es decir, aquellas que permiten al
docente que disfruta de una pensión recibir otra asignación del tesoro público,
y no a los docentes que se hallaban pensionados al momento de la vigencia de
la ley 4ª de 1992, pues la excepción apunta es a las «asignaciones» y no a los
sujetos «docentes pensionados».

De esta manera, un docente se beneficia de la excepción dicha, cuando al
cumplir las exigencias legales accede a la pensión y simultáneamente tiene la
posibilidad jurídica de devengar sueldo u otra pensión, en los términos ya
señalados (…)».

39. En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional 11, en los
siguientes términos:

«(…)

Entre los preceptos que han venido favoreciendo a los docentes al servicio de
entidades públicas cabe señalar el contenido en el artículo 5 del Decreto Ley
224 de 1972, a cuyo tenor «el ejercicio de la docencia no será incompatible con
el goce de la pensión de jubilación siempre y cuando el beneficiario esté
mental y físicamente apto para la tarea docente, pero no se decretará el retiro
forzoso del servicio al cumplir los 65 años de edad».

Así, pues, cuando en el asunto que se examina la Caja Nacional de Previsión
Social, mediante acto administrativo, desconoce la existencia de unas

10 Concepto 1305 del 23 de noviembre de 2000, consejero ponente: Flavio Augusto Rodriguez Arce,

reiterado en concepto 1459 de 29 de agosto de 2002.
11 Sentencia T-064 de 22 de febrero de 1995

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
No. Interno: 0897-2021
Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

clarísimas excepciones al precepto constitucional, establecidas por la ley con
previa autorización de la propia Carta, las cuales favorecen de manera
específica a quienes cumplen la actividad docente, que es la ejercida por la
actora, lesiona abiertamente su derecho al trabajo.

En efecto, amparada en la misma norma constitucional que la Caja invoca y en
la normatividad legal que consagra el régimen excepcional, la peticionaria
puede percibir las mesadas correspondientes a su pensión sin que para ello
deba renunciar al cargo de docente y, a la inversa, le es posible trabajar al
servicio de la enseñanza sin que, contra su voluntad de hacerlo, pueda
CAJANAL oponer la consecuencia de una pérdida del derecho a la pensión, ya
que con ello impondría al trabajo un castigo que, para casos como el
controvertido, no tiene sustento en norma alguna.

(…)

Además, es claro para la Corte que, estando autorizada la peticionaria para
ejercer como docente sin detrimento de su pensión, la restricción proveniente
del acto administrativo vulnera su derecho al libre desarrollo de la
personalidad».

40. Por su parte, la subsección A de la sección segunda del Consejo de
Estado12, señaló:

«(…)

En lo que atañe al caso concreto, es válido afirmar que los docentes oficiales
han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir
simultáneamente pensión y sueldo, y algunos gozan de la denominada pensión
gracia, lo que permite aceptar que, de alguna manera, gozan de un tratamiento
especial por parte del ordenamiento jurídico

(…)

Bajo estos supuestos, el artículo 5 del Decreto 224 de 1972 13 consagró la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de
jubilación. Posteriormente, el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979 previó, que
el disfrute de la pensión no sería incompatible con el ejercicio de empleos
docentes.

(…).».

41. De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que los docentes gozan
de la prerrogativa de recibir simultáneamente pensión de jubilación y sueldo,
siempre y cuando después de habérseles reconocido la pensión, continúen
desempeñándose en el ejercicio del empleo docente, para lo cual deberán
tener aptitud mental y física, entendiéndose que la causa de ambos
emolumentos sea el ejercicio de la profesión docente.

12 Sentencia del 7 de febrero de 2013. Expediente: 15001233100020100004201 (2642-11). Consejero

ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
13 «Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente».

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
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Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

Caso concreto

42. Es importante recordar, que la discusión del presente asunto se contrae a
establecer si a la luz de la normativa que regula la carrera docente, es posible
percibir la pensión ordinaria de jubilación y de manera concomitante salario, y
si tales previsiones, se ajustan a la situación sub júdice.

43. Para resolver, teniendo en cuenta los hechos anunciados con
anterioridad, los cuales no se encuentran en discusión, vale la pena señalar
que la Secretaría de Educación de Municipio de Medellín, en representación
del FOMAG, mediante la Resolución 201850057353 del 15 de agosto de
201814 reconoció a favor del accionante, por sus 20 años de servicios como
docente municipal, una pensión de jubilación en cuantía de $3.355.010, a
partir de la acreditación del retiro del servicio, conforme a la Ley 33 de 1985 y
para liquidarla, se tuvo en cuenta la asignación básica, el subsidio de
transporte y las primas de navidad, vacaciones y profesional docente,
emolumentos devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional.

44. Ahora bien, a partir de la normativa analizada anteriormente, se establece
que los educadores gozan de la prerrogativa de recibir simultáneamente
pensión de jubilación y sueldo, siempre y cuando la causa de ambos
emolumentos sea producto del ejercicio de la profesión docente. También,
que el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, en armonía con el artículo 128
superior, establece taxativamente las excepciones al régimen prohibitivo de
doble erogación pública, en los siguientes términos:

«Artículo 19. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúense las siguientes asignaciones:

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como
asesores de la Rama Legislativa;
b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública;
c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional;
d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra;
e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud;

14 Visible a folios 18 y 19.

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
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Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en
razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos
juntas;
g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los
servidores oficiales docentes pensionados.

(…)».

45. Así las cosas, en virtud a que al actor, de un lado, se le reconoció la
pensión de jubilación como maestro municipal por 20 años, que dentro del
tiempo que laboró para el reconocimiento de la prestación desarrolló trabajos
cuyo objeto era la docencia y que la causa del sueldo y la pensión es producto
de esta profesión y, de otro, a que el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992 admite
la concurrencia de asignaciones públicas a los servidores oficiales docentes
pensionados, sea con anterioridad o posterioridad a su entrada en vigencia, la
Sala considera improcedente el condicionamiento del disfrute de la pensión de
jubilación otorgada a aquel a su retiro del servicio, como lo determinó el a quo.

46. En suma, el demandante tiene derecho a que el ente demandado le
reconozca la pensión de jubilación sin necesidad de demostrar retiro definitivo
del servicio porque el régimen especial docente lo permite y el artículo 19 de
la Ley 4ª de 1992 no restringe tal compatibilidad, al contrario, mantiene los
beneficios otorgados a los docentes pensionados.

47. En estas condiciones, el fallo que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda deberá ser confirmado sin consideración adicional.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de noviembre de 2019, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, sala cuarta de oralidad, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la sentencia, por la secretaría de la sección

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Expediente No. 05001-23-33-000-2019-00641-01
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Demandante: Luis Gerardo Patiño Zapata
Demandado: FOMAG

segunda regresar el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión. Los Consejeros,

Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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