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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00737-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutiérrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00737-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, del 22 de agosto de 2024. 2. CONDENAR en costas a la demandante en esta instancia, según lo explicado en la parte motiva. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 3. RECONOCER personería a la apoderada de la DIAN, doctora Letty Astrid Rodríguez González18.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 05001-23-33-000-2019-00737-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-00737-01 (29460)
Demandante SEXY S.A.S
Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Impuesto sobre la renta 2014. Diligencia de registro.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 22 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho presentada por la sociedad Sexy S.A.S., en contra de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 28 de abril de 2015, la demandante presentó su declaración del impuesto de renta
y complementarios del año 2014, en la cual liquidó impuesto a pagar.

Previa notificación de requerimiento especial y su respuesta, la DIAN profirió la
liquidación oficial de revisión 112412017000128 del 29 de septiembre de 2017,
adicionando ingresos operacionales, determinando una renta líquida gravable por
consignaciones en cuentas bancarias, e imponiendo sanción por inexactitud.

La contribuyente interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la
resolución 010500 del 9 de octubre de 2018, en el sentido de confirmar la liquidación
oficial.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las
siguientes pretensiones1:
Comedidamente solicito a su despacho se sirva decretar la nulidad de los siguientes Actos
Administrativos, que procedo a individualizar concretamente, así:

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Samai tribunal, índice 2.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001233300020190073701 (29460)
Demandante: Sexy S.A.S.

6.1. La Liquidación Oficial de Revisión número 112412017000128 del día 27 de septiembre
de 2017, mediante la cual la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional
de Impuestos de Medellín establece un mayor impuesto a cargo y la sanción
correspondiente por inexactitud.

6.2. La resolución 010500 del 9 de octubre de 2018, mediante la cual la Subdirectora de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales ratifica la Liquidación Oficial de Revisión señalada en
el numeral anterior.

Como consecuencia, de prosperar la nulidad de los anteriores actos administrativos, se
restablecerá el derecho del contribuyente aquí demandante, en el sentido de que no se haga
efectivo el cobro de los mayores impuestos y sanciones determinados por la Administración
Tributaria, ordenando a la DIAN reliquidar la cuenta del contribuyente en el valor aquí
discutido, con el fin de evitar su cobro forzoso y teniendo como firme la declaración privada
presentada por el contribuyente.

Invocó como normas violadas los artículos 29 y 363 de la Constitución; y 742, 745,
746 y 750 del Estatuto Tributario. Sustentó el concepto de violación de la siguiente
manera:

Afirmó que parte de las pruebas recaudadas por la demandada, especialmente el
disco duro contentivo de la información en medios magnéticos, se obtuvieron de
forma irregular y en una dirección física diferente de la señalada en las órdenes de
registro originales.

Manifestó que en dicha dirección operan oficinas de varios comerciantes con
diversidad de negocios. Señaló que la DIAN expidió inicialmente seis órdenes de
registro el 7 de mayo de 2014, mediante las cuales se comisionó a funcionarios de
la entidad, acompañados por la Policía Fiscal y Aduanera, para practicar diligencias
de registro en seis direcciones diferentes vinculadas con la empresa.

Indicó que, durante dichas actuaciones, la representante legal de la sociedad
condujo a los funcionarios a la oficina donde se llevaba la contabilidad de la
empresa, lugar distinto a los señalados en las órdenes de registro iniciales.

Manifestó que en esa oficina los funcionarios tuvieron acceso y aseguraron un disco
duro que contenía la información contable almacenada en el aplicativo C5-Plus, la
cual posteriormente fue utilizada por la administración como principal elemento
probatorio dentro del proceso de fiscalización.

Sostuvo que dicha diligencia se practicó sin una orden de registro previa para esa
dirección, pues la autorización fue obtenida por la DIAN con posterioridad a la
realización del registro y al aseguramiento del disco duro, con el fin de formalizar la
actuación.

Alegó que esta actuación vulneró su derecho al debido proceso, con una orden de
registro indeterminada y viciada de falsa motivación y que, en consecuencia, el
disco duro y la información contenida en él constituyeron prueba obtenida
ilegalmente. Invocó la teoría de los «frutos del árbol envenenado», para indicar que dicha
orden es la prueba ilícita inicial (árbol), de la cual deviene la exclusión de pleno
derecho del disco duro (fruto).

Concluyó que, ante la nulidad de las pruebas recaudadas por la DIAN, el
contribuyente está amparado por la presunción de veracidad de su declaración.

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Radicado: 05001233300020190073701 (29460)
Demandante: Sexy S.A.S.

Oposición de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la demanda2, para lo cual señaló
que no se configuró falsa motivación ni violación del debido proceso respecto de las
diligencias de registro ni de las pruebas recaudadas.

Explicó que el 27 de mayo de 2016, la División de Gestión de Fiscalización de la
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín ordenó iniciar investigación contra la
demandante, dando origen al expediente administrativo por el impuesto de renta del
año gravable 2014.

Indicó que mediante auto de organización se trasladaron copias de pruebas de la
investigación correspondiente al año gravable 2013, entre ellas, las resoluciones de
registro proferidas el 7 de mayo de 2014 y «Correo con el reporte de los resultados del
análisis de la información en medios electrónicos hallada en la diligencia de registro, copia de la
información registrada en las agendas, hoja de trabajo con la cuantificación de la información hallada
en las agendas Vs sistema C 5 Plus, comprobantes de informe diario, facturas, hoja de trabajo
consolidando ventas del almacén N° 6 con información extractada del software del 2014/05/03 Vs
comprobante de informe diario.»

Relacionó las actuaciones desarrolladas dentro del proceso y afirmó que con base
en las facultades de registro, los funcionarios comisionados se presentaron en los
establecimientos de comercio de la demandante, y notificaron las resoluciones de
registro.

Afirmó que las órdenes evidencian suficiente fundamentación fáctica y jurídica y
contienen una motivación, cierta, clara y objetiva de las razones de hecho y de
derecho que llevaron a su expedición. Manifestó que en cada orden de registro
individualizó la dirección de cada establecimiento de comercio, donde se
aseguraron las pruebas con el aval de quien atendió la diligencia.

Incluyó un cuadro con las diligencias de registro practicadas el 7 de mayo de 2014,
en el cual se identifican las direcciones visitadas, las personas que atendieron cada
diligencia y las pruebas aseguradas, para demostrar que la actuación administrativa
no se sustentó únicamente en la información contenida en el disco duro del software
C5-Plus.

Explicó que la controversia se centró en la diligencia practicada en la carrera 47 No.
48-65 oficina 202 de Medellín, dado que la demandante alegó que esa dirección no
estaba prevista inicialmente y que la información allí recaudada se obtuvo sin previa
orden de registro.

Afirmó que fue la representante legal de la demandante quien informó que en ese
lugar se encontraba la contabilidad, razón por la cual los funcionarios se
desplazaron a dicha dirección para asegurar la información, conforme al artículo
779-1 del Estatuto Tributario. Precisó que dicha dirección no figuraba en el RUT de
la demandante como establecimiento de comercio, por lo que se expidió de manera
inmediata la correspondiente orden de registro (Resolución 11100020116 del 7 de mayo
de 2014), notificada personalmente a la representante legal.

Señaló que la diligencia quedó documentada en el acta de diligencia de registro, el
acta de aseguramiento de documentos y pruebas, y el acta de levantamiento de
información digital, en las que consta que la actuación inició a la 1:20 p. m. y finalizó
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Demandante: Sexy S.A.S.

a las 3:25 p.m., que se aseguró información contenida en la base de datos del
aplicativo C5-Plus desde el año 2011 y que el levantamiento de información digital
comenzó a la 1:30 p.m., documentos suscritos por la representante legal. Con base
en estas actas, concluyó que el aseguramiento del disco duro se produjo después
de iniciada la diligencia y de notificada la resolución que la ordenó, cumpliéndose
así las formalidades legales para la incorporación de esa prueba al expediente.

Afirmó que además del disco duro en cuestión, también valoró las pruebas
aseguradas en los demás establecimientos de comercio, así como los extractos
allegados por Bancolombia mediante requerimiento ordinario, para expedir los actos
demandados.

Indicó que la presunción de veracidad de la declaración privada no impide a la
administración cuestionar su contenido y que, conforme a los artículos 746 del
Estatuto Tributario y 167 del Código General del Proceso, cuando solicita
comprobación especial o ejerce su facultad fiscalizadora para verificar la realidad
de los datos declarados, se invierte la carga de la prueba y corresponde al
contribuyente demostrar la veracidad de la información consignada en su
declaración.

Agregó que en la liquidación oficial de revisión se aplicó el principio de favorabilidad
en la sanción por inexactitud conforme a la Ley 1819 de 2016. Concluyó que la
actuación administrativa se sustentó en pruebas legalmente obtenidas y valoradas
conforme a las normas tributarias y procesales.

De otra parte, indicó que resultado de la valoración conjunta de las pruebas
recaudadas en la investigación administrativa se adicionaron ingresos brutos
operacionales. Explicó que, mediante requerimiento ordinario dirigido a
Bancolombia, se solicitaron los extractos bancarios de las cuentas de la sociedad y
de sus representantes legales, correspondientes al año gravable investigado.

Con base en la información remitida por la entidad bancaria confrontó el valor de las
consignaciones registradas en dichas cuentas con el declarado en el renglón 42 de
la declaración de renta, encontrando una diferencia que constituyó una primera
adición de ingresos.

Adujo que confrontó la información contenida en el software C5-Plus y en la agenda
«Gorditas Puerta del Norte» encontrando diferencias entre las cifras de ventas
registradas en estas fuentes y las registradas en libro mayor y balances, lo que
permitió determinar otra adición de ingresos.

Finalmente, indicó que también adicionó una renta gravable, con fundamento en el
artículo 755-3 del Estatuto Tributario, al concluir que parte de las consignaciones
efectuadas en cuentas a nombre de los representantes legales correspondían a
ingresos derivados de operaciones realizadas por la sociedad, presunción que no
fue desvirtuada por la demandante.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión negó las
pretensiones de la demanda y no condenó en costas3, para lo cual señaló que la
DIAN ordenó diligencias de registro en varios establecimientos de comercio de la

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Radicado: 05001233300020190073701 (29460)
Demandante: Sexy S.A.S.

demandante mediante varias resoluciones del 7 de mayo de 2014, con fundamento
en el artículo 779-1 del Estatuto Tributario.

Consideró que el procedimiento de registro adelantado por la demandada no sufrió
irregularidades que viciaran de ilicitud o ilegalidad las pruebas practicadas y
obtenidas en esta diligencia. Verificó que la Resolución 11100020116 del 7 de mayo
de 2014 fue notificada el mismo día de la diligencia a la representante legal de la
sociedad, en consonancia con el parágrafo 2.º del artículo 779-1 ibidem, que
dispone que la orden de registro debe notificarse en el momento de practicarse la
diligencia a quien se encuentre en el lugar.

Constató que la diligencia cuestionada fue documentada mediante tres actas: de
diligencia de registro, de aseguramiento de documentos y pruebas, y de
levantamiento de información digital. Notó que en ellas se dejó constancia de que
la diligencia se inició a la 1:30 p.m. del 7 de mayo de 2014 y concluyó a las 3:25
p.m., lapso en el cual se revisaron archivos y se aseguró un disco externo con
información de las bases de datos del aplicativo C5-Plus.

Resaltó que estas actuaciones fueron presenciadas y firmadas por la representante
legal de la sociedad. Señaló que las pruebas obtenidas fueron incorporadas al
expediente administrativo y puestas en conocimiento de la sociedad mediante el
requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión, lo que permitió a la
demandante ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Destacó que el procedimiento de registro previsto en el artículo 779-1 ibidem tiene
naturaleza cautelar y preparatoria, orientada a evitar que las pruebas sean
alteradas, ocultadas o destruidas, por lo que tales diligencias no se notifican
previamente al contribuyente.

Concluyó que la diligencia de registro respetó las garantías del debido proceso y
que la demandante contó con oportunidades procesales suficientes para
controvertir las pruebas obtenidas. Agregó que no se pronunciaba sobre la
liquidación oficial que modificó la declaración de renta del año 2014, porque no se
formularon cargos al respecto.

Finalmente, indicó que no procedía la condena en costas dado que su imposición,
conforme al artículo 188 del CPACA, no es automática y exige valorar la naturaleza
del proceso y su causación.

Recurso de apelación

La demandante apeló la sentencia de primera instancia4. Al efecto, argumentó que
son hechos probados que las órdenes de registro inicialmente no estaban dirigidas
al establecimiento de comercio ubicado en la carrera 47 #48-65 oficina 202, y que
los funcionarios de la DIAN conocieron la información existente en dicho
establecimiento, a partir de una visita realizada sin orden de registro previa. Reiteró
que, solo después de conocer la información en cuestión, los funcionarios
procedieron a obtener la respectiva orden de registro, con lo cual pretendieron
legalizar una actuación que ya estaba viciada.

Afirmó que la vulneración del debido proceso se concretó en que la demandada, en
la visita inicial realizada sin orden de inspección, obtuvo un disco duro con bases de
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Radicado: 05001233300020190073701 (29460)
Demandante: Sexy S.A.S.

datos del aplicativo C-5 Plus; y que la posterior orden de registro se expidió cuando
los funcionarios ya tenían conocimiento previo de dicha información, quienes
quedaron viciados con la visita realizada a dicho lugar.

Alegó que la sentencia impugnada no analizó debidamente la legalidad de la orden
de registro contenida en la Resolución 11100020116 del 7 de mayo de 2014, porque
no consideró que la misma se produjo del conocimiento de una información a la que
tuvieron acceso los funcionarios de la DIAN sin tener una orden de registro cuando
accedieron a ella. Adujo que no es válido que la demandada intente convalidar una
prueba obtenida irregularmente mediante actuaciones posteriores, pues ello
implicaría desconocer los derechos fundamentales del contribuyente. Señaló que el
artículo 779-1 del Estatuto Tributario no puede justificar el procedimiento
adelantado.

Explicó que sí ejerció su derecho de contradicción durante la instancia
administrativa, pero que la DIAN rechazó los argumentos presentados en su defensa.

Finalmente, planteó que si el tribunal hubiera realizado un análisis completo de las
circunstancias que originaron las decisiones administrativas demandadas, habría
concluido que la prueba determinante (disco duro) es fruto del árbol envenenado, y
no podía tenerse en cuenta en el proceso contra la demandante.

Oposición a la apelación

La demandada5 reiteró los argumentos en su escrito de oposición de la demanda,
para defender que no son admisibles los argumentos de la apelante al insistir en
que las pruebas se recaudaron ilegalmente vulnerando el debido proceso. Refirió
que el tribunal expuso que, con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
prueba practicada con violación al procedimiento de recolección generaría una
eventual ilegalidad que no necesariamente implica la exclusión de su valoración,
porque el juez debe determinar si el requisito pretermitido es esencial y establecer
su trascendencia sobre el debido proceso.

Manifestó que, si en gracia de discusión, hubiese existido violación al procedimiento
de recolección de la prueba, ello no habría afectado el debido proceso, porque las
pruebas fueron recaudadas e incorporadas al proceso con observancia de las
formalidades legales y con respeto del debido proceso, por lo que los actos
administrativos demandados conservan su presunción de legalidad.

Intervención del Ministerio Público

El Ministerio Público no rindió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

Corresponde a esta Sección decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda. En particular, debe establecerse si la prueba recaudada en la diligencia
de registro efectuada con fundamento en la Resolución 11100020116 del 7 de mayo

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Samai, índice 14.

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de 2014, que fue utilizada en el proceso de determinación del impuesto de renta del
año 2014 para dar sustento a los actos demandados, se obtuvo con violación al
debido proceso de la demandante.

Análisis del caso concreto

La demandante sostuvo que la DIAN vulneró su derecho al debido proceso al realizar
una diligencia de registro a una de sus instalaciones sin orden previa, en la que
obtuvo un disco duro con información del aplicativo C‑5 Plus. Indicó que posterior al
recaudo de la prueba y con base en la información ya conocida, la entidad expidió
la orden de registro, intentando convalidar una actuación irregular.

Alegó que el a quo se abstuvo de analizar debidamente la legalidad de la orden de
registro contenida en la resolución precitada, y que las actuaciones administrativas
deben ser anuladas porque se fundamentaron en una prueba ilícita con violación de
derechos fundamentales. Explicó que ejerció su derecho de contradicción durante
la instancia administrativa, pero que la administración rechazó los argumentos
presentados en su defensa.

En el otro extremo, la DIAN defendió la legalidad de la diligencia en la oficina donde
se obtuvo el disco duro con el aplicativo C-5 Plus. Señaló que la dirección no se
encontraba en el RUT de la demandante y que, durante las visitas a los demás
establecimientos registrados en el RUT, la representante legal fue quien informó que
la contabilidad se encontraba en la oficina en cuestión. Defendió que ello justificó
acudir al lugar y expedir de inmediato la resolución de registro, notificada
personalmente en el mismo acto.

Explicó que la actuación quedó documentada en tres actas (registro, aseguramiento
y levantamiento digital), suscritas por la representante legal sin objeciones, en las
que consta que el aseguramiento del disco duro se produjo después de iniciada la
diligencia y tras la notificación formal de la orden. Sostuvo que, en gracia de
discusión, una eventual irregularidad en el recaudo de la prueba, no tendría la
entidad suficiente para su exclusión, pues fue incorporada al expediente y puesta
en conocimiento de la contribuyente, garantizando su derecho de defensa y
contradicción. El tribunal confirmó la legalidad de los actos demandados.

Como punto de partida, en virtud del artículo 683 del Estatuto Tributario la
administración tributaria cuenta con «amplias facultades de fiscalización e investigación para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales» , y según las voces del artículo
688 ibidem corresponde a los funcionarios de la unidad de fiscalización «previa
autorización o comisión del jefe de Fiscalización, adelantar las visitas, investigaciones,
verificaciones, cruces, requerimientos ordinarios y en general, las actuaciones preparatorias a los
actos de competencia del jefe de dicha unidad.»

En este contexto, el artículo 779-1 ídem autorizó a la autoridad de impuestos para
ordenar mediante resolución motivada el registro de « oficinas, establecimientos
comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de
terceros depositarios de sus documentos contables o sus archivos 6», con el fin de inmovilizar
y asegurar las pruebas que considere necesarias para determinar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales del contribuyente, evitando que sean alteradas,
ocultadas o destruidas.

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Excluyendo la casa de habitación para el caso de personas naturales.

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La Corte Constitucional7 se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 779-1
y especificó que el registro «es un mecanismo dirigido a obtener las pruebas que le permitan
a la DIAN verificar la veracidad de la declaración tributaria y de la conducta del contribuyente, lo cual
corresponde a la actividad investigadora de la administración recaudadora, que se fundamenta en el
poder tributario del Estado».

En ese sentido, esta Sección denota que la finalidad de la diligencia en cuestión
como trámite preparatorio cautelar, es la preservación de las pruebas recabadas
durante su ejecución, para evitar su manipulación, alteración, ocultamiento o
destrucción8, dado que podrían ser de utilidad en la potencial actividad fiscalizadora
en contra del contribuyente.

Sobre este tipo de diligencia, la Sección9 ha señalado que no puede ser anunciada
o notificada previamente al contribuyente o sujeto sometido a investigación, debido
a que los resultados de la práctica de este medio de prueba y la eficacia del acto
administrativo que la decreta dependerán, «en buena parte, de la oportunidad, la celeridad
y lo imprevisible que alcance a ser la orden de allanamiento, por lo cual la norma acusada se justifica
constitucionalmente».

A este mismo respecto, ha precisado la Sección10 que para cumplir esas finalidades,
el parágrafo 2° del artículo 779-1 dispuso que la notificación del acto que decreta el
registro debe ser efectuada en el momento de practicarse la diligencia a quien se
encuentre en la misma, sin que contra esta decisión proceda recurso alguno, pues
como ya se indicó, la inmediatez de esta diligencia y su contundencia dentro de la
gestión de comprobación solo podrá darse en la medida en que no se cuenten con
mecanismos legales que dilaten el tiempo entre que se puedan recaudar las
pruebas que revelen el incumplimiento del contribuyente y el que tendría el sujeto
investigado para alterarlas, ocultarlas o destruirlas, y con ello frustrar la eficacia de
la potestad de fiscalización.
Ahora bien, las pruebas recabadas durante la diligencia de registro que resulten
útiles, conducentes y pertinentes se incorporan a las actuaciones administrativas en
la oportunidad prevista en el artículo 744 del Estatuto Tributario, y hacen parte del
proceso de determinación del impuesto en las actuaciones previstas en los artículos
703 y 720 del Estatuto Tributario, frente a las cuales el contribuyente podrá ejercer
su derecho de contradicción y defensa, y allegar el material probatorio que le
permita desvirtuar las pruebas recolectadas por la administración con ocasión al
registro, tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-505 de 1999.
Frente al caso específico, se puede constatar que el 25 de julio de 2016, mediante
Auto de Organización, Formato 1229, se trasladaron al expediente administrativo
de la vigencia fiscal 2014, copias de pruebas obrantes en el expediente DD 2013
2014 1637, correspondientes a la investigación realizada por el impuesto de renta y
complementarios del año gravable 2013 del mismo contribuyente11.
Entre las pruebas trasladas se encuentran:
• Resolución No. 1 11 000201 16 del 7 de mayo de 2014 por medio de la cual el Director
Seccional de Impuestos de Medellín ordena «el registro de que trata el artículo 779-1 del
Estatuto Tributario, al establecimiento de comercio ubicado en la dirección CR 47 48 65 OF.
202 Medellín - Antioquia, de acuerdo con lo expuesto en el considerando de la presente

7
Sentencia C-505 del 14 de julio de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
8
Sentencia del 10 de octubre de 2019, exp.23495, M.P. Milton Chaves García.
9
Sentencia del 23 de mayo de 2023, exp. 26520, M.P. Wilson Ramos Girón.
10
Ibidem.
11
SAMA Índice 2. «5ED_CUADERNOA_05CUADERNOANEXO1pdf(.pdf) NroActua 2» Fl. 84.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 05001233300020190073701 (29460)
Demandante: Sexy S.A.S.

resolución.» Y, «Notificar el presente acto personalmente a quien se encuentre en el lugar al
momento de practicarse el registro, (…) advirtiendo que contra la presente resolución no
procede recurso alguno, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo 779-1 del
Estatuto Tributario.» La actuación está firmada por la representante legal de la sociedad SEXY
S.A.S el 7 de mayo de 201412.
• Acta de diligencia de registro del 7 de mayo de 2014, desarrollada con base en la
Resolución 11100020116 de la misma fecha, en la cual consta que la diligencia inició a la 1:20
p. m. y finalizó a las 3:25 p. m., durante la cual los funcionarios de la DIAN revisaron archivos
en las oficinas ubicadas en el segundo piso de la CR 47 48-65, asegurando información con
valor probatorio contenida en un «disco externo». El acta está suscrita por los funcionarios
intervinientes y por la representante legal de la sociedad 13.
• Acta de diligenciamiento de aseguramiento de documentos y pruebas del 7 de mayo de
2014, desarrollada con base en la Resolución 11100020116 de la misma fecha, en la cual
consta que, en el marco de la diligencia de registro practicada en las oficinas ubicadas en la
CR 47 48-65 de Medellín, se aseguró un «disco externo» con información sobre las bases de
datos del aplicativo C5-Plus desde el año 2011 hasta la fecha. El acta está suscrita por los
funcionarios intervinientes de la DIAN y por la representante legal de la sociedad 14.
• Acta de levantamiento de información digital del 7 de mayo de 2014, desarrollada con base
en la Resolución 1110002011 (sic) de la misma fecha, en la cual consta que la diligencia inició
a la 1:30 p. m. en las oficinas ubicadas en la carrera 47 N.° 48-65, oficina 202 de Medellín,
donde se procedió a la extracción de información contenida en un computador de donde se
extrajo la información con el software FTK Imager, obteniéndose datos relacionados con las
bases de datos del sistema. La diligencia finalizó a las 3:00 p.m. del mismo día, y el contenido
fue suscrito por los funcionarios de la DIAN intervinientes, la representante legal de la sociedad
y el personal técnico que atendió la diligencia 15.

Del anterior recuento probatorio, la Sección encuentra que la demandada expidió y
notificó a la representante legal de la apelante, la Resolución 11100020116 del 7 de
mayo de 2014, y que, con fundamento en ella, se llevó a cabo la diligencia de
registro en la oficina 202 de la carrera 47 n.° 48-65 entre la 1:20 p.m. y las 3:25 p.m.
de esa fecha.

En tal diligencia se recolectó información digital y se aseguró la información
contenida en el aplicativo C5-Plus desde el año 2011 hasta la fecha de la diligencia,
actuaciones de las que tuvo conocimiento la representante legal de la apelante, lo
cual se desprende de su firma en las actas expedidas durante la diligencia.

Así que, para la Sección, se cumplió con el mandato del parágrafo 2 del artículo
779-1 del Estatuto Tributario, dado que la resolución que ordenó el registro se
notificó el día en el que se llevó a cabo la diligencia en la que se ejecutaron las
actuaciones con fundamento en dicha resolución, y se levantaron las actas descritas
sobre el material probatorio recaudado, de lo cual da cuenta la firma de la
representante legal.

Ahora bien, dado que la demandante aduce violación del derecho fundamental al
debido proceso, no sobra resaltar que esta tuvo la oportunidad para impugnar las
pruebas recabadas, tanto en la respuesta al requerimiento especial como en el
recurso de reconsideración presentado contra la liquidación oficial de revisión, por
lo cual no es posible aducir la ilicitud de la prueba en comento, dado que contó con
las instancias procesales para hacer ejercer su derecho de defensa y
contradicción16.

12
Ibidem. Fl 85 vto.
13
Ibidem. Fl 86 vto.
14
Ibidem. Fl 86
15
Ibidem. Fls 87-89 vto.
16
Sentencia del 10 de octubre de 2019.Exp.23495. M.P Milton Chaves García.

9
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Radicado: 05001233300020190073701 (29460)
Demandante: Sexy S.A.S.

Respecto de la ilicitud y la ilegalidad de las pruebas, la Sección ha indicado17 que
el recaudo del material probatorio en contravía de los derechos fundamentales vicia
de ilicitud la prueba y ameritaría su exclusión en la valoración probatoria, mientras
que la prueba practicada con violación del procedimiento de su recolección derivaría
en una eventual ilegalidad que no necesariamente implicaría la exclusión de su
valoración, pues al tenor de la distinción que la Corte Suprema de Justicia ha hecho
sobre la prueba ilícita y la ilegal; tratándose de esta última «corresponde al juez
determinar si el requisito legal pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia
sobre el debido proceso, toda vez que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no
autoriza la exclusión del medio de prueba».

Contrario a lo que plantea la apelante en el sentido de que la demandada vulneró
su derecho al debido proceso, porque habría conocido la información existente en
el establecimiento en cuestión a partir de una visita sin orden de registro previa, la
Sección no advierte la vulneración alegada en el sentido expuesto por la apelante
dado que, como se relató, la información contenida en el disco duro se recabó una
vez se emitió la orden de registro notificada a la representante legal de la sociedad,
dentro de la diligencia respectiva, de lo cual se dejó constancia en las actas también
conocidas y suscritas por la representante legal.

Adicionalmente, no se puede obviar que el registro de la oficina se ordenó por la
autoridad de impuestos a partir de la información suministrada por la representante
legal de la demandante, quien indicó a los funcionarios de la DIAN que la contabilidad
se encontraba en la oficina registrada, aspecto que no discuten las partes.

Con todo, las eventuales irregularidades en el proceso de recolección de la prueba,
que no se constatan en el caso analizado, no significan prima facie la ilicitud ni
ilegalidad de la prueba recaudada si se tiene en cuenta que, primero, incorporada
la prueba al expediente, se le brindaron al contribuyente las oportunidades para su
defensa, segundo, los hechos tal y como fueron descritos por la demandante
carecen de prueba y, tercero, lo único que da cuenta de la diligencia de registro son
las actas levantadas por la DIAN y en ellas no se verifica salvedad alguna y tampoco
obra prueba de que hubiesen sido tachadas de falsedad.

En el caso, la demandante tuvo oportunidad de allegar los medios probatorios que
le permitieran desvirtuar las pruebas recolectadas por la administración en la
diligencia de registro.

Por otro lado, la Sección advierte que la demandante no planteó argumentos
relativos a cuestionar las glosas planteadas en los actos demandados, relativos a la
adición de ingresos operacionales, la determinación de la renta líquida gravable por
consignaciones en cuentas bancarias, y la imposición de sanción por inexactitud,
por lo cual no se abordará su análisis.

Por lo expuesto, no prospera el cargo de apelación.

Costas

No se realizará pronunciamiento sobre la decisión del tribunal por este concepto,
dado que no fue objeto de apelación.

En cuanto a esta instancia, se condenará en costas a la demandante por haberse
confirmado en todas sus partes y por las mismas razones la sentencia de primera

17
Sentencia del 23 de mayo de 2023, exp. 26520, M.P. Wilson Ramos Girón.

10
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Radicado: 05001233300020190073701 (29460)
Demandante: Sexy S.A.S.

instancia, de conformidad con el numeral 4 del 365 del Código General del Proceso
aplicable por remisión expresa del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

Las agencias en derecho se tasan en un (1) SMMLV, en esta instancia de
conformidad con el Acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo
Superior de la Judicatura. Por tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo
incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del
Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Decisión, del 22 de agosto de 2024.

2. CONDENAR en costas a la demandante en esta instancia, según lo explicado
en la parte motiva. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al
respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

3. RECONOCER personería a la apoderada de la DIAN, doctora Letty Astrid
Rodríguez González18.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

18
Samai, índice 2.

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