Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00748-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00748-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2019-00748-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
5 de junio de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2019-00748-01 (29894)
Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-00748-01 (29894)
Demandante EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.
Demandada SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS SSPD
Temas Contribución especial. Artículo 85 de la Ley 142 de 1994. Año
2018. Decaimiento del acto administrativo. Reiteración de
jurisprudencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 28 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que resolvió1:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la liquidación oficial SSPD 20185340029576
de 3/8/2018 y las resoluciones SSPD-20185300119505 de 24/9/2018 y SSPD-20185000129495 de
30/10/2018 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ,
mediante las cuales liquidó a las EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN la contribución especial de
que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, correspondiente al año 2018, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
DECLARAR que las EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN sólo está obligada a pagar la suma de
$188.679.673,38, por concepto de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la ley
(sic) 142 de 1994, correspondiente al año 2018, de conformidad con la liquidación de la parte
motiva de esta sentencia, y ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, devolver a las EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN. (sic) el valor pagado en
exceso por la contribución especial año 2018, por la suma de $1.287.568.327, reconociendo
además los intereses legales del 6% anual, según lo previsto en el artículo 1617 del código
civil.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones.
CUARTO: Sin costas (…)»
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (en adelante SSPD) expidió la
Resolución Nro. SSPD-20185300100025 del 30 de julio de 2018, que determinó la
base gravable y tarifa de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la
Ley 142 de 1994 para el año 2018.
Luego, la entidad demandada profirió la liquidación oficial Nro. 20185340029576 del
3 de agosto de 2018, que determinó la contribución especial del año 2018, regulada
en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, a cargo de Empresas Varias de Medellín
S.A. E.S.P. (en adelante EMVARIAS).
1
SAMAI Tribunal, índice 27, página 13.
1
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00748-01 (29894)
Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.
La contribuyente interpuso los recursos de reposición y de apelación contra la
anterior decisión. Sin embargo, la SSPD negó dichos recursos con las resoluciones
Nro. 20185300119505 de 24 de septiembre de 2018, y Nro. 20185000129495 de 30
de octubre del mismo año, respectivamente.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
«1.1. Que Se declare la nulidad de la Liquidación oficial número SSPD No. 20185340029576
de 2018-08-03 que fijo la Contribución Especial a pagar por parte de EMVARIAS S.A.
E.S.P. correspondiente a la vigencia 2018. Expediente 2018534260100048E, por valor
de $1.476.348.000.
1.2 Se declare la nulidad de la Resolución N° SSPD – 20185300119505 de 24/09/2018,
Expediente 2018534260100048E, ppor (sic) la cual se resuelve el recurso de reposición
presentado por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. contra la Liquidación
Oficial SSPD No. 20185340029576 del 3 de agosto de 2018, correspondiente a la
contribución especial año 2018, por el servicio público domiciliario de Aseo.
1.3 Que se declare la nulidad de la Resolución SSPD – 20185000129495 del 30/10/2018,
Expediente 2018534260100048E, por la cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. contra la Liquidación
Oficial SSPD No. 20185340029576, del 3 de agosto de 2018 de 2017 (sic).
1.4 Que, como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos antes enunciados,
se restablezca el derecho de mi representada, ORDENANDO a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (SSPD) el
reintegro de la suma de $ 1.287.568.000 dinero correspondiente al mayor valor
cancelado por concepto de Contribución Especial año 2018 por concepto del servicio
público domiciliario de aseo. Suma que deberá ser indexada al momento de proferirse
la sentencia.
1.5 Que se declare que la base gravable para liquidar la contribución especial de 2018 a
cargo de EMVARIAS S.A E.S.P. es la suma de $ 20.906.335.000, lo cual arroja una
contribución por valor de $ 188.680.000
1.6 Que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, liquidar la
contribución especial de 2018 a cargo de EMVARIAS S.A. E.S.P. con fundamento en
la base gravable de $ 20.906.335.000, lo cual arroja una contribución por valor de $
188.680.000.
1.7 Que se CONDENE a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a devolver
a EMVARIAS S.A. E.S.P. el mayor valor pagado por concepto de la contribución
especial de 2018, esto es, la suma de $ 1287.568.000 (sic) y pagar a favor de mi
representada los intereses legales causados sobre las sumas reclamadas desde el
momento del pago de la contribución, -teniendo en cuenta el anticipo cancelado frente
a cada una de ellas- y hasta la fecha en la cual se verifique el cumplimiento efectivo de
la sentencia con la cual se ponga fin a la controversia.
1.8 Que se ORDENE a la entidad demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los
términos establecidos en los artículos 192 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1.9. Que se CONDENE a la entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho
a que haya lugar.
2
Expediente físico, cuaderno 1, folio 1, anverso y reverso.
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1.10 Se declare la nulidad de la resolución SSPD 20185300100025 del 30/07/2018 por
exceder el marco normativo del art. 85, 85.2 de la ley (sic) 142 de 1994.»
La demandante invocó como normas vulneradas los artículos 29, 95 (numeral 9), 338
y 363 de la Constitución Política; 9, 44 y 237 de la Ley 1437 de 2011; 85 de la Ley
142 de 1994 y 712 del Estatuto Tributario.
En el concepto de la violación, la actora propuso tres cargos de nulidad, los cuales
serán resumidos de forma conjunta por estar íntimamente relacionados entre sí.
Además, se tendrán en cuenta algunos argumentos de nulidad que fueron
expuestos en el acápite de hechos de la demanda:
Señaló que la SSPD excedió sus competencias3, vulneró el principio de legalidad e
incurrió en falta de motivación porque amplió de manera ilegal la base gravable de
la contribución especial. Explicó que, conforme al parágrafo 2 del artículo 85 de la
Ley 142 de 19944, este elemento del tributo se determina tomando los gastos de
funcionamiento y excluyendo los gastos operativos, y solo ante un faltante
presupuestal es posible adicionar las compras de electricidad, las compras de
combustibles y los peajes, si se trata del sector eléctrico, o gastos de naturaleza
similar, si corresponde a otros sectores.
Manifestó que la administración incluyó rubros no autorizados por la ley y que
corresponden al grupo 75 del plan de cuentas. En concreto, hizo referencia a las
cuentas 7505-servicios personales; 7510-generales; 7517, arrendamientos; 7535-
licencias, contribuciones y regalías; 7540-órdenes de contratos de mantenimiento y
reparaciones; 7542-honorarios; 7545-servicios públicos; 7550-materiales y otros
costos de operación; 756510-peajes terrestres; 7560-seguros; y 7570-órdenes y
contratos por otros servicios.
Concluyó que, con la exclusión de los rubros improcedentes, la base imponible
debía reducirse a $20.906.335.000, así como la liquidación del tributo a
$188.680.000, lo que da lugar a un pago en exceso de $1.287.568.000.
Explicó que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia que precisó los conceptos que
pueden integrar la base gravable y declaró la nulidad de la inclusión de las cuentas
53 y 58105, así como las 753508, 753513, 7540, 7542, 7550, 7560 y 75706. Destacó
que el Consejo de Estado también sostuvo que los gastos de funcionamiento son
salidas de recursos que directa o indirectamente son necesarias para cumplir con
las funciones propias de la actividad de la empresa, y que equivalen a los gastos
operacionales u ordinarios7, criterio que no cumplen las cuentas del grupo 75.
Aseguró que, por lo expuesto, la SSPD desconoció la prohibición de reproducir
actos suspendidos o anulados, pues en 2018 volvió a incluir en la base gravable
rubros que han sido suspendidos y anulados por el Consejo de Estado en otras
ocasiones.
Sostuvo que la demandada cometió un error porque, por un lado, adicionó a la base
gravable cuentas improcedentes que no generan beneficios económicos futuros a
3
Citó la sentencia C-452 de 1995 de la Corte Constitucional.
4
Citó las sentencias C-455 de 1994; C-504 de 2002 de la Corte Constitucional; y del 5 de marzo de 2004, exp. 13584, C.P.
Juan Ángel Palacio Hincapié, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
5
Citó la sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874. No identificó al consejero ponente.
6
Invocó la sentencia del 11 de mayo de 2017 (sin indicar exp. o ponente), reiterada en fallo del 8 de noviembre de 2017,
exp. 20695, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7
Citó las sentencias del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874 y del 17 de septiembre de 2014, exp. 20253. No identificó
a los consejeros ponentes.
3
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Demandante: Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.
las empresas de servicios públicos domiciliarios; y por el otro, incluyó conceptos que
consideró erróneamente similares a los previstos por el legislador para las empresas
de energía.
Estimó que los actos acusados omitieron determinar de forma precisa los elementos
cuantitativos utilizados para liquidar la contribución.
Oposición de la demanda
La SSPD controvirtió las pretensiones explicando que no es procedente diferenciar
los gastos de funcionamiento y los costos de producción. Además, indicó que existe
un faltante presupuestal, según se puede determinar con la Ley de Presupuesto
1873 de 2017 y el Decreto 2236 del mismo año.
Destacó que la Ley 1314 de 2009 dio paso a la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), la cual eliminó la diferencia entre
gasto y costo, lo que hizo inaplicable la jurisprudencia invocada por la demandante.
En consecuencia, la SSPD tomó como criterio de cálculo de la base gravable todas
aquellas salidas de recursos que de manera directa o indirecta sirven para lograr el
funcionamiento del prestador del servicio. Además, a la fecha de expedición de los
actos, la SSPD no había adoptado ningún catálogo de cuentas que le permitiera dar
aplicación a los criterios esbozados en la jurisprudencia con relación a las cuentas
del grupo 75.
Puso de presente que el Consejo de Estado, en casos similares, admitió la inclusión
de cuentas del grupo 75 en la determinación de la base gravable para las vigencias
2015, 2016 y 2017 por estar acreditado un faltante presupuestal, lo cual encontró
probado con las leyes del Presupuesto General de la Nación de cada año. Así,
indicó que para el 2018 se presentó la misma situación, conforme se puede
comprobar con la ley de presupuesto correspondiente8.
Consideró que los cargos de nulidad parten de apreciaciones subjetivas de la
demandante. Señaló que, en todo caso, la expedición de los actos se hizo con la
aplicación precisa del texto normativo y la interpretación realizada por la
jurisprudencia.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, declaró la nulidad
parcial de los actos acusados, sin condenar en costas, por las siguientes
consideraciones:
Sostuvo que el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 establece que la base gravable de
la contribución especial se compone de los gastos de funcionamiento, es decir, los
asociados al servicio regulado.
Puso de presente que la sentencia del 12 de noviembre de 20209 declaró la nulidad
parcial del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20185300100025 del 30 de julio
de 2018, providencia que estudió cuáles cuentas podían integrar la base gravable y
concluyó que, del listado tomado por la SSPD, únicamente procedían los gastos de
administración, menos los impuestos.
8
Invocó las sentencias del 15 de junio de 2017, exp. 22873, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; y del 10 de mayo de
2018, exp. 2017-00012-00, C.P. Milton Chaves García
9
Exp. 24498, C.P. Milton Chaves García
4
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Señaló que al momento de la expedición de la liquidación no se había proferido la
sentencia referida, por lo que no hubo reproducción de actos suspendidos o
anulados. Sin embargo, se trata de una decisión con efectos erga omnes, que recae
sobre una situación jurídica no consolidada10. Además, indicó que tampoco hubo
reproducción de actos anulados en las sentencias invocadas en la demanda11
porque hacen referencia a cuentas distintas a las que fueron incluidas para el año
2018.
Concluyó que fue violado el principio de legalidad, pues en la liquidación de la
contribución incluyó los rubros que no hacen parte de los gastos de funcionamiento
o administración y que, por tanto, fueron declarados nulos en la sentencia del 12 de
noviembre de 2020.
Encontró que los actos también están viciados de falta de motivación porque no
justificaron de forma válida la integración de los costos de operación como gastos
de funcionamiento, y tampoco se explicó la relación de estos conceptos con la
norma que definió la base gravable de la contribución especial.
Indicó que se configuró el decaimiento de los actos acusados por desaparición
parcial de los fundamentos de hecho y de derecho.
A título de restablecimiento del derecho, consideró procedente la siguiente
reliquidación del tributo:
Base Tarifa Contribución
(+) Gastos de administración $23.177.993.000
(-) Impuestos, tasas y contribuciones $2.271.658.000 0,9025% $188.679.673,38
Total base gravable $20.906.335.000
Indicó que está probado el pago de $1.476.248.000, por lo que ordenó la devolución
de la diferencia respecto de la anterior reliquidación, esto es, de $1.287.568.327,
más los intereses legales del 6% anual del artículo 1617 del Código Civil.
No impuso condena en constas porque no se encontraron probadas.
Recurso de apelación
La parte demandada sustentó su impugnación en que fue equivocado el análisis
que se hizo del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la
integración de la base gravable con los gastos de funcionamiento.
Señaló que los actos demandados fueron debidamente motivados porque
atendieron las normas y la interpretación vigente al momento de su expedición, en
especial cuando la Administración tiene discrecionalidad en la interpretación y
aplicación de las normas, siempre que se ajuste a los fines constitucionales12.
Sostuvo que no operó el fenómeno del decaimiento y que la nulidad de los actos
por este motivo se presenta únicamente en los casos en que se demuestre la
dependencia absoluta a la disposición superior anulada, conforme el principio de
continuidad del acto administrativo13. Así, indicó que la Resolución Nro. SSPD-
10
Sentencia del 16 de marzo de 2023, exp. 27056.
11
Sentencia del 23 de septiembre de 2010, exp. 16874 y del 14 de octubre de 2010, exp. 16650.
12
Citó la sentencia del 22 de marzo de 2017, rad. 73001-23-31-000-2014-00445-01. No identificó al consejero ponente.
13
Citó la sentencia con el número de radicado 25000-23-31-000-2017-00106-01 de 2017. No identificó al consejero ponente.
5
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20185300100025 de 2018 podría considerarse válida con una interpretación
actualizada a la nueva norma, lo que impediría la configuración de la figura del
decaimiento.
Indicó que los artículos 3 y 48 de la Ley 1437 de 2011 exigen que los actos tengan
una motivación suficiente y clara, pero de ningún modo se exige un nivel detallado
de todos los aspectos del acto, ni que se desarrolle una motivación exhaustiva sobre
cada uno de los elementos de la obligación14.
Adujo que en relación con la orden de devolver lo pagado en exceso con intereses
legales, «se puede argumentar que no es procedente la restitución de sumas pagadas sino se
demuestra un perjuicio grave o evidente para el contribuyente, ya que la administración actuó
conforme a las normas vigentes en el momento de la liquidación». Además, el artículo 176 del
Código Contencioso Administrativo establece que el acto administrativo de
naturaleza tributaria solo puede ser anulado por violación de principios
constitucionales o legales, por lo que en «ausencia de tal demostración la devolución de
sumas pagadas en exceso y los intereses adicionales podría considerarse una medida excesiva» 15.
Afirmó que la liquidación y cobro de la contribución del año 2018 se basó las
apropiaciones presupuestales aprobadas para esa vigencia por la Ley 1873 de 2017
y el Decreto 2236 del mismo año. Adicionalmente, partió de la información financiera
reportada por las entidades vigiladas, de la cual se tomó el total de las salidas de
recursos necesarias para su funcionamiento, de cara a la determinación de la base.
Señaló que el concepto Nro. CTCP-10-01750-2017 del 2 de diciembre de 2017, del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública, explicó que la noción de gastos de
funcionamiento en la jurisprudencia se determinó con base en el catálogo de
cuentas contables vigentes para la época, pero su inexistencia en la actualidad
impide aplicarla. Además, con la adopción de las NIIF16 se generó una modificación
de la definición, pues no existe una diferenciación de los conceptos de gasto y costo.
Solicitó el reconocimiento de los principios de confianza legítima y buena fe,
conforme a los cuales, las empresas afectadas por la liquidación de la base gravable
y la contribución, debían haber confiado en que las resoluciones emitidas por la
SSPD se basaban en la normativa vigente en el momento de su expedición, y que
las disposiciones aplicadas no contravenían los principios fundamentales del
ordenamiento jurídico17.
Oposición a la apelación
La demandante solicitó confirmar la sentencia porque está probada la
extralimitación en la determinación de la base gravable de la contribución y la falta
de motivación, la aplicación adecuada del precedente judicial por parte del a quo, y
la configuración del decaimiento de los actos demandados.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
pues está probada la indebida conformación de la base gravable de la contribución,
ya que se incluyeron conceptos no autorizados en la ley, y frente a los cuales ya
14
Citó la sentencia C – 541 de 2007 de la Corte Constitucional y la sentencia identificada con el expediente Nro. 21340 (no
identificó al consejero ponente ni la fecha de la providencia).
15
Samai del Tribunal, índice 31, PDF de la apelación, página 3.
16
Normas internacionales de información financiera.
17
Citó la sentencia identificada con el número de radicado 11001- 03-24-000-2017-00243-01.
6
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existe un precedente jurisprudencial vinculante, por medio del cual se declaró la
nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-20185300100025 de 2018.
Por este mismo motivo, estimó probada la falsa motivación, y el decaimiento de los
actos demandados y la violación de los principios de legalidad, buena fe y confianza
legítima.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
La Sala advierte que una de las pretensiones de la demanda consiste en que se
declare la nulidad de la resolución Nro. SSPD-20185300100025 de 2018 por
violación del artículo 85 de la Ley 142 de 1994. La parte motiva de la sentencia de
primera instancia no analizó expresamente este punto, pero puso de presente que
fue declarada su nulidad parcial en sentencia del 12 de noviembre de 202018, con
base en lo cual negó la pretensión referida en el ordinal tercero de la parte resolutiva.
Pese a lo anterior, la actora no presentó recurso de apelación en el que propusiera
algún reparo al respecto, por lo que no procede el estudio de legalidad de dicho acto
administrativo de carácter general en virtud del principio de congruencia, regulado
por los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala establecer la legalidad de la liquidación
oficial Nro. 20185340029576 del 3 de agosto de 2018 y de las resoluciones Nro.
Nro. 20185300119505 de 24 de septiembre y Nro. 20185000129495 de 30 de
octubre del mismo año, actos proferidos por la SPPD para determinar la contribución
especial regulada en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, por el año 2018, a cargo
de EMVARIAS.
Para lo anterior, y atendiendo lo expuesto en la apelación, la Sala estudiará i) si la
SSPD integró la base gravable de la contribución de acuerdo con el artículo 85 de
la Ley 142 de 1994, para lo cual se verificará la incidencia de la adopción de las NIIF
y de la sentencia del 12 de noviembre de 2020 en la legalidad de los actos de
carácter particular acusados. En caso de no prosperar lo anterior, se analizará ii) el
restablecimiento del derecho impuesto por el a quo.
Análisis del caso concreto
1. Sobre la adecuada integración de la base gravable
La demandada sostuvo que fue indebidamente aplicado el precedente porque, en
el contexto actual, las NIIF no permiten distinguir los conceptos de gasto y costo,
por lo que en una interpretación actualizada de las normas contables se podría
concluir que no procedía la nulidad de del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-
20185300100025 del 30 de julio de 2018 y, por tanto, no operó el decaimiento de
los actos de determinación. Además, sostuvo que aplicó las normas e
interpretaciones vigentes para el momento de la expedición de los actos
administrativos de carácter particular.
Para resolver, la Sala evidencia que la sentencia del 12 de noviembre de 2020 19
declaró la nulidad parcial del artículo 2 de la Resolución Nro. SSPD-
18
Exp. 24498, C.P. Milton Chaves García
19
Exp. 24498, C.P. Milton Chaves García.
7
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20185300100025 del 30 de julio de 2018, que sirvió de fundamento para los actos
objeto del litigio. Para llegar a esta conclusión, la providencia referida analizó la
consecuencia de la implementación de las NIIF, y así expuso lo siguiente:
«Independiente que en el marco conceptual para la información financiera no exista una
distinción entre el costo y gasto, pues la definición de este incluye todas partidas incurridas en
el transcurso de las operaciones ordinarias de la entidad inclusive los costos de ventas, ello
no implica que la Superintendencia adicione a la base gravable de la contribución especial de
manera indiscriminada rubros que expresamente el legislador no autorizó y que conforme con
el reporte de la información financiera en formato XBRL corresponde a gastos operativos y no
de funcionamiento.
Por lo anterior, el cambio o la ampliación del concepto de gasto en las normas de información
financiera no se traduce en el desuso del concepto de gasto de funcionamiento que establece
la norma para efectos fiscales desaparezca para el año en discusión, y por el contrario, al no
ser un concepto considerado contablemente incluso en la normas de información financiera,
se debe acoger la definición de gastos de funcionamiento desarrollada vía jurisprudencia para
determinar la contribución».
Con base en lo anterior, la providencia referida decidió que la disposición acusada
quedaría así:
«Artículo 2°. Base para fijar la liquidación de la contribución especial. Base para la liquidación
de la contribución especial de la vigencia 2018. Los conceptos que integrarán la base gravable
de la contribución especial de la vigencia 2018, por representar salidas de recursos para lograr
el funcionamiento del prestador y por encontrarse relacionados con la prestación del servicio
sujeto a la inspección, vigilancia y control de la Superservicios, de acuerdo con la taxonomía
para fines de presentación y lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución,
son:
(+) Gastos de administración (-) Impuestos».
Como lo ha explicado esta Sección20, las sentencias que declaran la nulidad de un
acto administrativo de carácter general surten efectos inmediatos frente a las
situaciones jurídicas no consolidadas, que corresponden a aquellas susceptibles de
debate en sede administrativa o judicial, supuesto que se cumple en el asunto.
Por esto es que, en un litigio similar, la Sala afirmó que «en los casos en que se anula el
acto administrativo de carácter general que reglamenta la base gravable de la Contribución Especial
del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, se afectan las situaciones jurídicas no consolidadas» 21. Y, de
igual modo, en un caso que estudió la legalidad de actos de liquidación de la
contribución para el año 2018, concluyó que, debido a que «la sentencia del 12 de
noviembre de 2020 tiene efectos inmediatos en este caso, como se indicó en la providencia que se
reitera, no es procedente la liquidación del tributo a cargo de la demandante adicionando los gastos
operativos»22.
De este modo, los actos de carácter particular acusados desconocen las garantías
constitucionales, pues determinaron la contribución especial a cargo de la actora
por el 2018 con fundamento en una resolución que, a su vez, desconoció el principio
de legalidad. Y como se señaló en otra ocasión, «la consecuencia ineludible de aplicar una
norma contraria a la Constitución y la ley (…) como fundamento de un acto administrativo es su
nulidad»23.
Así las cosas, no prospera este cargo de apelación, pues le asistió la razón al
Tribunal al declarar la nulidad parcial de los actos administrativos acusados con el
20
Sobre este punto ver, entre otros, las sentencias del 8 de febrero de 2018, Exp. 21803, C.P. Milton Chaves García y del
25 de febrero de 2021, exp. 23397, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Sentencia del 9 de septiembre de 2021, exp. 25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
22
Ibidem.
23
Sentencia del 7 de marzo de 2024, exp. 25666, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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fin de excluir de la base gravable a los conceptos que fueron anulados por la
sentencia del 12 de noviembre de 2020.
2. Sobre el restablecimiento del derecho procedente
La SSPD indicó que el restablecimiento del derecho dispuesto por el tribunal, que
consiste en la devolución de lo pagado en exceso y los intereses adicionales, resulta
improcedente porque actuó según las normas vigentes. Además, afirmó que no
procede esta orden por cuanto que no violó ningún principio legal o constitucional,
conforme el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
Para decidir este punto, la Sala destaca que el artículo 176 del Decreto 01 de 1984
no es aplicable porque los actos acusados fueron proferidos en 2018, momento para
el cual había sido derogado, conforme los artículos 308 y 309 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
De otro lado, según lo expuesto en el apartado anterior, procede la nulidad parcial
de los actos acusados por integrar la base gravable en contra de lo dispuesto por el
legislador, de tal modo que existió una infracción de la normatividad, los principios
legales y constitucionales.
Respecto a que el restablecimiento del derecho dispuesto fue excesivo, es útil tener
presente que el principio de congruencia tiene dos acepciones: la primera, se refiere
a la armonía entre las partes motiva y resolutiva del fallo (congruencia interna), mientras
que la segunda corresponde a la conformidad entre la decisión y lo pedido por las
partes en la demanda y en su contestación (congruencia externa). En consecuencia, el
debate a ser resuelto está delimitado por lo planteado en el concepto de violación
de la demanda (en el caso del demandante) y con lo expuesto en la oposición a la
demanda (en el caso del demandando)24.
Teniendo esto presente, la Sala advierte que, conforme las pretensiones de la
demanda transcritas en los antecedentes de esta providencia, la actora solicitó: i) la
devolución de $1.287.568.000 (pretensión 1.4), ii) la indexación al momento de
proferirse la sentencia (pretensión 1.4) y iii) el pago de los intereses legales causados
desde el pago de la contribución y hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia
que de fin al litigio (pretensión 1.7).
Por su parte, en la sentencia de primera instancia consta que el Tribunal dispuso la
devolución de $1.287.568.327 más los intereses legales del 6% anual del artículo
1617 del Código Civil. Se precisa que no será verificada la liquidación del tributo
efectuada por el a quo para determinar el monto pagado en exceso porque no fue
objeto de recurso de apelación por ninguna de las partes.
Sin embargo, la Sala evidencia que, en efecto, el Tribunal ordenó devolver un monto
que excedió en $327 lo pretendido. Así las cosas, en virtud del principio de
congruencia externa de la sentencia, procede el ajuste del restablecimiento del
derecho para que la orden de devolución sea de $1.287.568.000.
De otro lado, en cuanto a los intereses legales, la Sala advierte que estos fueron
pretendidos por la demandante, por lo que la decisión del Tribunal sobre este punto
no desconoce el principio de congruencia. Además, se destaca que la SSPD solo
de manera general afirmó que la restitución y los intereses son una medida
24
En este sentido, ver la sentencia del 15 de mayo de 2025, exp. 29059, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
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excesiva, pero no presentó reparo adicional con relación a la procedencia de los
mismos.
Esto es relevante porque el precedente pacífico de esta Sección25 señala que, frente
a la contribución del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, lo procedente a título de
restablecimiento del derecho es disponer la devolución de la suma pagada en
exceso de forma actualizada o indexada, con base en el índice de precios al
consumidor, según lo dispone el artículo 187 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y junto con los intereses
moratorios de los artículos 192 y 195 ibidem. Sin embargo, no es procedente
modificar la sentencia impugnada al respecto, por cuanto el juez de segunda
instancia no puede resolver sobre aspectos diferentes a los motivos de
inconformidad que le fueron planteados, tal como lo ordenan los artículos 320 y 328
del Código General del Proceso.
Conclusión
Por lo expuesto, la Sala modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia impugnada para ajustar el monto a devolver a $1.287.568.000 y
confirmará en lo demás la sentencia apelada.
Costas
No se impondrá condena por este concepto porque no fue demostrada su causación
según lo exige el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso,
aplicable en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión,
el 28 de noviembre de 2024, el cual quedará así:
«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, declarar que Empresas Varias de
Medellín S.A. E.S.P. sólo está obligada a pagar la suma de $188.679.673,38, por concepto
de la contribución especial de que trata el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, correspondiente
al año 2018; y ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios devolver a
el valor pagado en exceso de $1.287.568.000, reconociendo los intereses legales del 6%
anual del artículo 1617 del Código Civil».
2. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
25
Sentencia del 15 de mayo de 2019, exp. 25197, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
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