Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00767-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 05001-23-33-000-2019-00767-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 05001-23-33-000-2019-00767-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
26 de junio de 2025
Radicado: 05001-23-33-000-2019-00767-01 (29580)
Demandante: Adriana Pérez Uribe
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 05001-23-33-000-2019-00767-01 (29580)
Demandante ADRIANA PÉREZ URIBE
Demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP
Temas Liquidación de aportes. Sujeción pasiva rentistas de capital.
Exoneración afiliación a pensión. Base gravable. Tope 25
SMLMV. Mensualización de ingresos. Exculpación sanción por
omisión.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 26 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que resolvió lo siguiente1:
“PRIMERO: Se declara la nulidad parcial de la liquidación oficial No. RDO-2017-03562 del 19
de octubre de 2017 y la Resolución No. RDC-2018-01351 del 23 de octubre de 2018,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP- en cuanto determinó aportes de obligaciones a
cargo de la señora Adriana Pérez Uribe, en la suma de $56.364.000 y la sanción por omisión
determinada en $112.364.000.
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad parcial de los anteriores actos administrativos,
se ordena el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social de Salud por la suma de
veintitrés millones treinta y siete mil ochocientos cuatro pesos ($23.037.804), sin perjuicio de
los intereses de mora que se generen desde la fecha del vencimiento del plazo para presentar
la autoliquidación de aportes hasta la fecha del pago total de la obligación.
TERCERO: No hay lugar a imponer la sanción por omisión, por las razones expuestas en la
parte motiva.
CUARTA: De las obligaciones anteriores, se descuenta la suma de cinco millones tres mil
quinientos pesos ($5.003.500), que canceló la demandante, de acuerdo con los folios 135 a
146 del expediente.
QUINTO: No se condena en costas en esta instancia, porque no se acreditaron y la demanda
no presenta manifiesta carencia de fundamento legal.”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Previo requerimiento para declarar y/o corregir nro. RCD C 2017-00272 del 23 de
marzo de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), profirió la
Liquidación Oficial Nro. RDO 2017-03562 del 19 de octubre de 2017, por medio de
la cual determinó los aportes a salud y pensión a cargo de la actora por los períodos
de enero a diciembre de 2014, y la sancionó por la conducta de omisión.
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Samai del Tribunal. Índice 43.
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Demandante: Adriana Pérez Uribe
Contra la anterior decisión, la interesada presentó recurso de reconsideración, el
cual fue resuelto con la resolución nro. RDC 2018-01351 del 23 de octubre de 2018,
en el sentido de reducir el monto de los aportes y la sanción2.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones3:
“PRIMERA: se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1. Resolución No. RDO – 2017-03562 del 19 de octubre de 2017, por medio del cual se
emitió Liquidación Oficial de la señora ADRIANA PÉREZ URIBE dentro del proceso de
fiscalización correspondiente al año o periodo gravable 2014, expedida por Sergio Hernán
Ruiz Galindo, Subdirector de Determinación de obligaciones (E).
2. Resolución No RDC – 2018 -01351 del 23 de octubre de 2018, por medio del cual se
resolvió desfavorablemente el Recurso de Reconsideración contra la Liquidación Oficial
número RDO – 2017-03562 del 19 de octubre de 2017 a la Señora ADRIANA PÉREZ
URIBE, expedida por Jorge Mario Campillo Orozco, Dirección de Parafiscales.
SEGUNDA: A título de restablecimiento del derecho, que se declare que la demandante no
tiene ninguna deuda por concepto de aportes, intereses moratorios y sanciones con la UGPP.
TERCERA: En subsidio de las anteriores pretensiones, se declare la nulidad parcial de los
actos administrativos atacados y a título de restablecimiento del derecho:
1. Se declare que los aportes realizados por la Señora ADRIANA PEREZ URIBE en calidad
de independiente por un salario mínimo mensual vigente e intereses moratorios pagados,
fueron efectuados sobre el ingreso base de cotización (IBC) Correcto, según la legislación
vigente para el año o periodo gravable 2014.
2. Se declare que no procede la sanción impuesta en el monto determinado.
CUARTA: A Título de restablecimiento del derecho, En caso de que se lleve a cabo cobro
coactivo y se proceda con su ejecución se paguen los perjuicios derivados de tal proceder, lo
cuales serán tasados de acuerdo a peritaje ordenado por el despacho.
QUINTA. Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad accionada.”
A los anteriores efectos, el demandante invocó como violados los artículos 338 de
la Constitución Política; 711 y 730 (numeral 4) del Estatuto Tributario; 18, 19, 204 y
279 de la Ley 100 de 1993; 18 de la Ley 1122 de 2007; 33 de la Ley 1438 de 2011;
314 de la Ley 1819 de 2016; 14 del Decreto 1703 de 2002; 1 y 3 del Decreto 510 de
2003; 2.2.2.1.5. y 2.2.3.1.7. del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016; 2
literales b) y f) del Decreto 758 de 1990. Los cargos de nulidad se resumen así:
1. Base gravable
Explicó que la categoría de trabajador independiente incluye a los que ostentan un
contrato de prestación de servicios, los que prestan sus servicios por cuenta propia
y aquellos que cuentan con un contrato diferente al de servicios. No obstante, para
los dos últimos grupos la base de cotización únicamente fue regulada con la
expedición del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, que dispuso un IBC del 40%
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Los actos administrativos pueden consultarse en el Samai. Índice 3. Expediente digital. PDF anexos de la demanda.
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Samai del Tribunal. Índice 2. Expediente digital. PDF demanda.
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del valor mensualizado de los ingresos, sin incluir el IVA, pudiendo descontar las
erogaciones que cumplieran los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
Así las cosas, no se podía hablar de un solo tipo de trabajador independiente.
Precisó que el rentista de capital es aquella persona que obtiene ingresos de
manera pacífica del ejercicio de sus propias rentas, que se puede incluir como
trabajador independiente por cuenta propia como lo reconoce la UGPP al resolver
el recurso de reconsideración.
Destacó que no se discute que “TODOS los trabajadores independientes están definidos como
sujetos pasivos obligados, como se deduce del artículo 18 de la Ley 100 de 1993”, empero, para
algunos de ellos, no existía base gravable para 2014.
Sostuvo que, si bien los artículos 204 de la Ley 100 de 1993 y 18 de la Ley 1122 de
2007 ordenaron al Gobierno la expedición de una reglamentación para determinar
el ingreso base de cotización para los independientes que no cuenten con contrato
de prestación de servicios, ello solo ocurrió hasta el 2015 con la Ley 1753. Dicha
omisión tampoco podía subsanarse con el Decreto 510 de 2003, debido a que fue
expedido para los independientes contratistas con prestación de servicios.
Resaltó que esta falta de base fue advertida por uno de los consejeros de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado4 y por la Corte Constitucional5.
2. Mensualización de ingresos
Adujo que el ejercicio de la UGPP de dividir los ingresos brutos de la actora y
mensualizarlos en los 12 períodos fiscalizados no se encontraba regulado en la ley
para el año 2014, lo que denotaba la extralimitación en sus funciones. Además,
porque la percepción de esas sumas en la mayoría de los casos era variable, incluso
para algunos meses ni siquiera existía la obligación de efectuar aportes debido a
que los valores recibidos eran inferiores al salario mínimo, o solamente se
presentaban costos.
Puso de presente que el Decreto 1273 de 2018, que reglamentó el artículo 135 de
la Ley 1753 de 2015, estableció la cotización para los trabajadores independientes
mes vencido para que pudieran determinar con certeza sus ingresos.
3. Aplicación de la Ley 1753 de 2015. Principio de correspondencia
Señaló que la Administración en el requerimiento para declarar y/o corregir aplicó
de manera retroactiva la base gravable consagrada en el artículo 135 de la Ley 1753
de 2015, pero una vez le fue advertida la improcedencia en la aplicación de esa
norma, suprimió ese fundamento jurídico, pasando por alto que la liquidación debe
contraerse exclusivamente a los hechos que fueron contemplados en el acto previo.
4. Reglamentación de la base gravable
Advirtió que la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de
1993, requerían una reglamentación que no podía entenderse subsanada con el
Decreto 510 de 2003, pues el tema solo fue resuelto con la expedición de la Ley
1753 de 2015.
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Hizo referencia al hoy ex consejero Milton Chaves García.
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Sentencia C-760 de 2004.
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Resaltó que lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del Decreto 510 solo estableció los
topes mínimos y máximos de las cotizaciones y, en todo caso, estaba dirigido
únicamente a los contratistas de prestación de servicio. Además, porque en la
exposición de motivos tampoco se indicó que su expedición persiguiera la
reglamentación del artículo 19 de la Ley 100 de 1993.
A esto se suma el hecho que la Ley 1438 de 2011 trajo una presunción de ingresos
que solo opera para el subsistema de salud6.
5. Afiliación a pensión
Expuso que el literal b) del artículo 2 del Decreto 758 de 1990, dispone que las
trabajadoras independientes que se afilien por primera vez con 50 años están
excluidas de cotizar a pensión, en su caso, “si bien tenía una afiliación anterior del año 1985,
esta era en calidad de trabajadora dependiente, y para 2014 ya contaba con 52 años” por lo que
estaba excluida de la afiliación como independiente.
Igualmente, conforme al literal f) de la misma norma “los trabajadores por cuenta propia
estaban exentos del régimen de prima media, circunstancia que no varió hasta la expedición del
artículo 135 de la Ley 1753 de 2015”.
6. Régimen de las Fuerzas armadas
Manifestó que, para el año 2014, se encontraba afiliada en ese régimen especial,
razón por la cual estaba exonerada de afiliarse al sistema de seguridad social según
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, pues por principio de favorabilidad podía
escoger a cuál pertenecer. Además, el artículo 14 del Decreto 1703 de 2002
permitía realizar los pagos directamente al Fosyga y su modificación (Decreto 057
de 2015) prohíbe la afiliación simultánea.
7. De la sanción
Señaló que el artículo 179 de la ley 1607 de 2012 exige como requisitos para la
imposición de la sanción la omisión en la afiliación o vinculación, y el no pago de los
aportes. De manera que era improcedente la multa impuesta en los actos
demandados porque no tenía la obligación de afiliarse al sistema.
Precisó que en la liquidación oficial se impuso una sanción del 200% conforme a la
Ley 1819 de 2016, pero no se tuvo en consideración que en el requerimiento se
liquidó la multa con la Ley 1607 de 2012 que es menos favorable, razón por la cual
no pudo hacer el pago con ocasión al acto previo, sino que debió cuestionarla, “así
que no tienen por qué imponer el 200% si el reclamo de que no aplicaran el articulo 179 original era
una pretensión justa. Eso desconoce los fines del derecho sancionatorio”.
8. Falsa motivación
La UGPP no tuvo en cuenta que en la declaración de renta fueron reportados unos
ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, denuncio que se
encontraba en firme para la fecha de notificación de la liquidación oficial y que
también contenía costos y gastos que fueron desconocidos. De manera que no
podía fiscalizar todos los ingresos y considerarlos laborales.
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En la página 26 del PDF de la demanda, la actora insiste en la falta de regulación de la base gravable, y al efecto señala
diferentes pronunciamientos de la DIAN que considera respaldan su tesis, a saber: el Concepto Nro. 075788 del 26 de
noviembre de 2003; el Oficio Nro. 038854 del 23 de junio de 2005; el Oficio Nro. 013205 del 29 de febrero de 2012. Del
Ministerio del Trabajo refiere el Concepto Nro. 20042 del 7 de febrero de 2014.
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Oposición de la demanda
La entidad demandada controvirtió las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente7:
Explicó que desde la Ley 100 de 1993 existe la obligación de afiliarse y cotizar al
sistema de seguridad social para los trabajadores independientes con capacidad de
pago, incluyendo los rentistas de capital (calidad que ostenta la actora). Dicha
capacidad se desprendía de la declaración del impuesto de renta por disposición
del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, por lo que la entidad tomó la información de
la actora allí reportada.
Sobre la base de cotización, adujo que, por mandato de los artículos 19 de la Ley
100 de 1993, así como 1 y 3 del Decreto 510 de 2003, corresponde a los ingresos
efectivamente percibidos, con la posibilidad de deducir las expensas necesarias
para el desarrollo de la actividad económica, siempre y cuando cumplan con los
requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, y se encuentren debidamente
soportados según lo expuesto en el artículo 771-1 ibidem.
Así las cosas, para el período fiscalizado si existía un IBC determinado por el
legislador y no se trataba de un aspecto que solo fuera establecido en la Ley 1753
de 2015, norma que, en todo caso, no era aplicable al sub examine al expedirse con
posterioridad a los meses investigados, so pena de vulnerar el principio de
irretroactividad que rige en materia tributaria.
Puso de presente que tampoco era cierto la falta de reglamentación del sistema
de presunción de ingresos por parte del Gobierno, pues desde la Ley 1438 de 2011
se dejó claro que, en caso de existir diferencias sobre éstos, debía tomarse los
declarados ante la DIAN, como en efecto se hizo en el proceso de fiscalización.
Frente a la mensualización de los ingresos en el 2014, advirtió que, si bien la
interesada aportó unos extractos bancarios que evidenciaron el pago de unas
sumas de dinero, lo cierto era que no se pudo establecer si correspondían a
dividendos, arriendos, comisiones, entre otros. Además, no comprendían la
totalidad de lo percibido, siendo carga de la demandante demostrar la fecha de
causación de sus ingresos.
Por tal motivo, el valor declarado en renta se dividió en los 12 meses fiscalizados,
sin que ello constituyera una presunción, además, porque las contribuciones eran
mensuales conforme el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999.
Precisó que en este caso no fue posible reconocer costos y gastos ante la falta de
pruebas que acreditaran el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
107 del Estatuto Tributario, pese a que le fueron solicitados desde el requerimiento
de información.
Respecto a la falsa motivación la demandada indicó que los actos acusados
contenían una explicación de los hechos, las normas y la forma en que se
determinaron los aportes, así mismo, validó la información allegada por la
interesada.
Sobre la excepción de cotizar a pensión, precisó que, luego de revisar la
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Samai. Índice 3. Expediente digital. PDF contestación
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información de la demandante, corroboró que, si bien en el 2014 contaba con 52
años de edad, desde 1985 se afilió al sistema por lo que tenía la obligación de
efectuar los aportes al no evidenciarse ninguna de las exenciones previstas en el
artículo 61 de la Ley 100 de 1993.
Así mismo, debía cotizar a salud en calidad de contribuyente al tratarse de una
rentista de capital, quien recibió ingresos según su declaración del impuesto de
renta, y en esa medida, tampoco estaba exonerada por ser cónyuge de un miembro
de las fuerzas militares según el artículo 24 de la Ley 1795 del 2000.
En cuanto a la aplicación de pagos, la UGPP inicialmente hizo referencia al caso
de una persona ajena a la aquí demandante, empero concluyó que los pagos
realizados por la actora no corresponden a los períodos fiscalizados.
Frente al principio de correspondencia expuso que tanto en el requerimiento para
declarar y/o corregir como en la liquidación oficial hay identidad de períodos y
hechos investigados, esto es, la afiliación al sistema de seguridad social. Además,
en el acto inicial no se hizo alusión a la aplicación de la Ley 1753 de 2015, y si bien
se mencionó en la decisión posterior, únicamente fue para dar respuesta a los
argumentos de la demandante.
Advirtió que el IBC del mes de enero se modificó en la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración teniendo en cuenta el Decreto 3085 de 2007.
Sobre la sanción por omisión dijo que era consecuencia de la conducta en la que
incurrió la demandante, la cual se calculó conforme al artículo 179 de la Ley 1607
de 2012, modificada por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, declaró la nulidad
parcial de los actos demandados por lo siguiente8:
1. Afiliación a salud
Con fundamento en los artículos 154 y 157 de la Ley 100 de 1993; 26 del Decreto
806 de 1998 (reproducido en el artículo 34 del Decreto 2353 de 2015); y la
jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional; los rentistas de
capital y propietarios de empresas, con capacidad de pago, se encuentran obligados
a cotizar al sistema de seguridad social en salud en desarrollo de los principios de
solidaridad y universalidad. A su vez, para la determinación de ingresos debía
recurrirse a lo dispuesto en los artículos 15 y 204 de la mencionada Ley 100.
Precisó que la demandante al ser declarante del impuesto de renta contaba con
capacidad de pago en los términos del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011. Así las
cosas, los ingresos efectivamente percibidos, como lo dispuso el artículo 1 del
Decreto 510 de 2003, equivalían a la resta de los ingresos reportados en el denuncio
rentístico de la actora y los costos igualmente asignados. En todo caso, no era dable
realizar diferencias en cuanto a la constitución de renta o ganancia ocasional, ya
que ese aspecto no era determinante en materia de aportes a la seguridad social.
Consideró que no era posible realizar los aportes sobre un salario mínimo, como lo
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Samai del Tribunal. Índice 43.
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pretendía la demandante, toda vez que el denuncio rentístico daba cuenta de
ingresos superiores, lo cual gozaba de presunción de veracidad.
En cuanto al argumento de exoneración de afiliarse a salud porque era beneficiaria
de su esposo, quien era retirado de la fuerza pública, el a quo consideró que la
percepción de ingresos como rentista de capital era lo que determinaba la sujeción
pasiva al sistema.
Precisó que el IBC no podía ser inferior al salario mínimo ni superior a los 25
SMLMV, por lo que el Tribunal estableció como base para el mes de enero de 2014
dicho tope, pero tomando el salario del año anterior, en cumplimiento del artículo 1
del Decreto 3085 de 2007, así:
“El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2013 fue de $589.500, por lo que el mes
de enero de 2014 se cotiza con este valor, que al multiplicarlo por 25 salarios mínimos y
dividirlo por 12 meses, obtenermos (sic) un resultado de $1.228.125”.
Mientras que, para los demás meses fiscalizados, el cálculo fue el siguiente:
“El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2014 fue de $616.600, que al multiplicarlo
por 25 salarios mínimos y dividirlo por 12 meses (febrero a diciembre) obtenemos un resultado
de $1.284.583, que al multiplicarlo por 11 meses (febrero a diciembre), obtenemos un
resultado de $14.130.413”.
Así las cosas, sumó $1.228.125 y $14.130.413, dando como resultado un IBC de
$15.358.538, que luego de aplicar la tarifa de salud del 12.5% obtuvo un aporte de
$.1.919.817 mensual y $23.037.084 por todo el 2014.
2. De la sanción por omisión
Consideró que, si bien en principio era procedente la sanción, se evidenciaba que
la demandante estimaba que “no existe norma expresa que obligue a los rentistas de capital a
afiliarse y realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social y que no era posible asimilarla como
trabajadora independiente, puesto que solo los reglamentos eran los que le daban tal calidad”, lo
cual se trataba de una causal de exculpación.
Señaló que en efecto no hay una mención expresa de los rentistas y que se trata de
una interpretación integral de las normas, por lo que era posible que la actora
concluyera que no estaba obligada a afiliarse a salud ni pensión, siendo
improcedente la sanción al existir la errónea creencia de no incurrir en un
comportamiento antijurídico.
3. Afiliación a pensión
Expuso que la obligatoriedad de aportar a pensión no se predicaba de los rentistas
de capital, pues la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 solamente
mencionó a los trabajadores dependientes o independientes.
Precisó que para el año 2014 la demandante no se encontraba inmersa en ninguno
de los eventos relacionados en la Ley 100 de 1993para acceder al reconocimiento
de la pensión por vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores
públicos, oficial, semi oficial o del sector privado en general.
Luego de citar el artículo 13, literal a) de la Ley 100 de 1993, expuso que “las rentas
de capital no corresponden a rentas de trabajo, dependientes o independientes, por la que no es
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obligatorio para los rentistas de capital, como la señora Adriana Pérez Uribe afiliarse al sistema
general de pensiones.”
4. Los descuentos por pago de la obligación
Adujo que la demandante acreditó que en febrero del año 2019 realizó el pago de
$5.003.500 correspondiente a aportes a pensiones y salud, e intereses, lo cuales
debían descontarse del valor liquidado por el Tribunal.
Con fundamento en lo anterior, se declaró la nulidad parcial de los actos
demandados y, a título de restablecimiento del derecho se ordenó el pago de los
aportes a salud tomando como IBC la suma antes determinada en precedencia,
realizando el descuento de los valores previamente pagados por la demandante.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas al no encontrarse causadas en el
proceso.
Recurso de apelación
Las partes apelaron la decisión de primera instancia. La demandante expuso lo
siguiente9:
1. Base gravable
Adujo que compartía la decisión del Tribunal sobre que era sujeto pasivo del tributo
y que la generación de ingresos era el hecho gravable, sin embargo, para el 2014
los rentistas de capital no contaban con una base gravable pues ésta solo determinó
con la Ley 1753 de 2015. Sumado a esto, el a quo tampoco hizo un recuento de las
normas aplicables a esta clase de independientes.
Advirtió que, en todo caso, cumplió con su obligación al pagar las contribuciones
con un IBC del salario mínimo cuando fue requerida, incluyendo los intereses de
mora.
En la sentencia se incurrieron en varios errores al mencionar el artículo 1° del
Decreto 3058 de 2007 por cuanto el cual solo rige para salud y no pensiones, y al
reglamentar la Ley 1122 de 2007 hace referencia exclusiva a los independientes
con contrato de prestación de servicios. Además, realizó una interpretación errada
al determinar de manera caprichosa una base gravable de 25 SMLMV, pese a la
norma refirió que “el Ingreso Base de Cotización es igual a aquel definido para el periodo anual
anterior y sobre el mismo se realizará la autoliquidación y pago del mes de enero de cada año”. A
esto se suma que el mencionado decreto no fue reseñado por la UGPP en la
liquidación oficial como sustento de la base gravable y si por el Tribunal, lo cual
desconocía los principios de legalidad y correspondencia tributara.
2. Sujeción pasiva
Reprochó que en la sentencia de primera instancia se equiparara de manera
equivocada el concepto de trabajador independiente con contrato de prestación de
servicios con el de cuenta propia, lo cual se traducía en una indebida valoración de
los hechos y en una interpretación incorrecta del marco jurídico aplicable, pues
ambas categorías tenían marcos jurídicos diferentes y, además, era inviable aplicar
la base gravable de uno al otro que no contaba con ella.
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En ese orden, se cometió un error al no distinguir entre la situación fáctica de ambas
clases de sujetos, lo que conllevó a extender obligaciones sin el soporte normativo
adecuado.
3. Mensualización
Sostuvo que el Tribunal prorrateo los ingresos anuales sin contar con una norma
que autorizara ese procedimiento, y si bien intentó aplicar la Ley 1753 de 2015 para
justificar las obligaciones de 2014, lo cierto era que dicha norma no estaba vigente
para el período fiscalizado.
4. Errores de la sentencia
Indicó que el a quo incurrió en error de hecho al no comprender la naturaleza de los
ingresos, los cuales fueron obtenidos de manera intermitente y no bajo un contrato
de prestación de servicios, interpretación que conllevo la imposición de una
obligación con desconocimiento de la realidad económica de la demandante.
Así mismo ocurrió un error de derecho con las disposiciones que regulan el IBC para
trabajadores independientes, asumiendo que ello también era aplicable para los
rentistas de capital, además, ante la ausencia de norma que obligue a estos últimos
a prorratear sus ingresos era inviable hacerlo por parte del Tribunal.
Finalmente, se presentó un error de motivación en la medida que los fundamentos
no fueron claros y coherentes con la decisión apelada, al no explicar la razón del
prorrateo.
La demandada propuso lo siguiente10:
1. Error procedimental de la sentencia
Precisó que en los actos acusados se fiscalizó a la demandante por omisión en la
afiliación y/o vinculación y pago de los aportes al sistema de seguridad social en
salud y pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014, lo que dio lugar a
la imposición de la sanción por omisión. De manera que, era falsa la inexactitud
aludida por el Tribunal que se presenta por la diferencia entre el valor declarado y
pagado, y lo que efectivamente debió pagar.
Indicó que la actora, al contar con capacidad de pago según su declaración de renta,
estaba obligada a afiliarse y reportar la novedad de ingreso al sistema, y
correlativamente efectuar el aporte, lo cual no cumplió pese a que declaró ser
trabajadora independiente, dando lugar a la tipificación de la conducta establecida
en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (modificada por el artículo 314 de la Ley 1819 de
2016).
Señaló que la supuesta falta de normas e indeterminación que refiere la sentencia
de primera instancia es contradictoria, pues bien como lo señaló en la providencia,
dentro de los trabajadores independientes se cuentan los comerciantes, rentistas
de capital con capacidad de pago e independientes por cuenta propia, de lo que se
desprendía el deber de afiliarse y pagar los aportes al sistema de seguridad social
en salud y pensiones, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y ratificado
con la Ley 1753 de 2015. En consecuencia, no se podía hablar de falta de regulación
de la sujeción pasiva.
10
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Precisó que en este caso no era objeto de debate el desconocimiento de la actora
frente a dicha obligación ni las circunstancias particulares que la indujeran al error,
al demostrarse su capacidad de pago, siendo inviable la configuración de la causal
exculpatoria de la sanción, máxime cuando desde el requerimiento de información
la UGPP puso de presente tal deber.
2. De los rentistas de capital
Según el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, todos los asalariados e independientes
deben cotizar al sistema de seguridad social. A su vez, la base de cotización
equivale a los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien guardando
correspondencia con los efectivamente percibidos, por disposición de los artículos
19 y 204 ibidem. En línea con esto, el Decreto 510 de 2003, indicó la forma de
depuración y los montos mínimos y máximos de cotización para pensión y salud.
Bajo ese contexto, y contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, no era
cierto la ausencia de normas sobre la obligación de los rentistas de capital frente al
sistema de seguridad social integral. En consecuencia, la omisión de afiliarse era
para todos los subsistemas (salud, pensión y fondo de solidaridad pensional), postura que
comparte el Consejo de Estado11.
Sobre la determinación de los ingresos, resaltó que los artículos 686, 742, 743 y
746 del Estatuto Tributario consagran que los hechos consignados en la declaración
de renta se consideran ciertos. Además, nada impide el cruce de información con
las respectivas autoridades tributarias, siendo procedente determinar el IBC según
los ingresos de las declaraciones de impuestos presentados ante la DIAN.
Explicó que la demandante durante el proceso de fiscalización aportó unos extractos
bancarios que evidenciaban el pago de unos intereses y rendimientos financieros,
sin embargo, fue imposible establecer el tipo de ingreso (dividendo, comisiones, arriendo,
honorarios) porque no cubrían su totalidad, motivo por el cual se dividieron en los 12
meses del año, sin que constituyera una presunción, pues en todo caso estaba
demostrada su percepción en el 2014.
3. De la sanción por omisión
Sostuvo que la demandante incurrió en la conducta de omisión por no presentar las
autoliquidaciones y pago de los aportes al sistema de la protección social, lo que
era suficiente para desvirtuar el argumento del a quo según el cual era improcedente
la sanción por encontrarse afiliada como beneficiaria, pues pasó por alto que el
proceso de fiscalización se contraía al incumplimiento de sus obligaciones obtenidas
por otros ingresos como rentista de capital y por dividendos y participaciones,
aspecto que se mantuvo a lo largo de la actuación en cumplimiento del principio de
correspondencia del artículo 711 del Estatuto Tributario.
En ese sentido “no se configura la alegada responsabilidad objetiva alegada por la parte actora,
por falta de regulación legal, pues como se precisó en párrafos precedentes, los dependientes que
reciban ingresos adicionales por rentas de capital y otros ingresos, deben presentar las
autoliquidaciones y cancelar los aportes a seguridad social”.
4. De la causal de exculpación
Insistió en la viabilidad de la sanción impuesta en los actos acusados, siendo
improcedente la aplicación de la causal exculpatoria. Además, porque en todas las
11
Referenció la sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp.26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
10
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etapas del proceso se evidenció que “tenía pleno conocimiento de la conducta en que incurrió
en el período fiscalizado”. En todo caso, de acuerdo con el artículo 9 del Código Civil, la
ignorancia de la ley no es excusa para omitir o desconocer el pago de los aportes
parafiscales.
Agregó que era improcedente la devolución de los pagos hechos por la demandante
en el mes de febrero de 2019, toda vez que la relación jurídico sustancia impositiva
nació en el momento de la acusación del tributo, en este caso, período 2014, con lo
cual quedó configurada la obligación de pago al amparo de las normas vigentes.
Oposición a la apelación
Las partes guardaron silencio.
Intervención del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público tampoco se pronunció.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la
liquidación oficial nro. RDO 2017-03562 del 19 de octubre de 2017 y la resolución
nro. RDC 2018-01351 del 23 de octubre de 2018, mediante las cuales la UGPP
determinó aportes a cargo de la actora por los meses del 2014 y la sancionó por
omisión.
Por efectos procedimentales, se resolverán los reparos planteados por las partes
en el siguiente orden: i) la sujeción pasiva de los rentistas de capital; ii) la regulación
de la base gravable; iii) la mensualización de ingresos; y iv) la exculpación de la
sanción.
Análisis del caso concreto
1. De la sujeción pasiva de los independientes y rentistas de capital
En primer lugar, se pone de presente que aun cuando en la demanda la actora no
cuestionó la sujeción pasiva al sistema de seguridad social como rentista de capital,
lo cierto fue que el Tribunal sí analizó esa situación, incluso, adujo que la interesada
solo estaba obligada a realizar los aportes al subsistema de salud y no al de pensión.
De ahí precisamente que en los recursos de apelación las partes discutieran el
asunto, así, la UGPP plantea que todos los trabajadores independientes, incluidos
los rentistas de capital, se encuentren obligados a realizar las contribuciones tanto
en salud como en pensión. Mientras que la interesada reprocha que el Tribunal
equiparara de manera equivocada el concepto de trabajador independiente con
contrato de prestación de servicios y el independiente por cuenta propia,
extendiendo con ello la determinación de la obligación y la base gravable para
categorías diferentes entre sí, lo cual, a su vez, se traducía de una indebida
valoración de los hechos y del marco jurídico.
11
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De esta manera, resulta necesario en esta instancia analizar la sujeción pasiva al
sistema de seguridad social de los rentistas de capital, por lo cual se reiterará en lo
pertinente el criterio de decisión adoptado por la Sala al respecto12.
Según los artículos 13 y 15 de la Ley 100 de 1993 (modificados por los artículos 2 y 3 de
la Ley 797 de 200313), tanto los trabajadores dependientes como independientes deben
afiliarse de manera obligatoria al subsistema de pensión.
A su vez, los artículos 156 y 15714 de la misma normativa dispusieron que todos los
habitantes del territorio debían estar afiliados al subsistema de salud en condición
de afiliados al régimen contributivo o como subsidiados, o en forma temporal como
participantes vinculados y, para tal efecto, incluyó de manera puntual a los
trabajadores independientes con capacidad de pago. Mandato que posteriormente
fue reglamentado en el Decreto 806 de 199815, artículo 26 literal d) incluyendo de
manera expresa a los rentistas de capital, como obligados afiliarse en calidad de
cotizantes.
En igual sentido los artículos 1 y 16 literal c del Decreto 1406 de 1999, reglamentario
de la Ley 100 de 199316, señalaron como aportantes al Sistema de Seguridad Social
a los rentistas de capital, trabajadores independientes y demás personas con
capacidad de contribuir financieramente.
A su vez el artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 dispuso que se presumía con
capacidad de pago y, por ende, como obligados afiliarse al régimen contributivo, a
las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios.
Ahora, cabe mencionar que de una interpretación amplia de la expresión “trabajadores
independientes” contenida en el numeral 1, literal a) del artículo 157 de la Ley 100 de
1993, podía entenderse incluidos a los rentistas de capital como sujetos obligados
a realizar aportes a salud17.
También se pone de presente que esta Sala al estudiar la legalidad del artículo 26
del Decreto 806 de 199818,señaló que “no solo deben afiliarse al Sistema General de
Seguridad Social en salud los rentistas de capital y los propietarios de empresas, sino también todas
las personas naturales residentes en el país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con
algún empleador.”.
Adicionalmente se mencionó en la providencia que se reitera19 que frente a “los
aportes a pensión se tiene que aplican las mismas razones, pues los principios de solidaridad y
universalidad se predican de todo el Sistema General de Seguridad Social, incluido el de pensiones,
por lo que todas las personas con capacidad económica deben contribuir con su financiamiento”.
12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp.24719, reiterada en sentencias del 7 de
septiembre de 2023, exp 26481 y del 30 de agosto de 2024, exp.26718, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
13
Mediante sentencia C-1089 de 2003 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 3 de la Ley
797 de 2003. Así mismo, en la sentencia C-259 de 2009, la Corte declaró la exequibilidad de la expresión “trabajadores
independientes” contenida en el literal a) del artículo 2 y en el numeral 1 de artículo 3 de la Ley 797 de 2003.
14
Declarado exequible en la sentencia C-663 de 1993
15
Si bien el Decreto 2353 de 2015 derogó el Decreto 806, la nueva normativa de igual manera replicó en el artículo 34, que
los trabajadores independientes como los rentistas de capital y, en general, todas las personas residentes en el País
debían estar afiliados al régimen contributivo como cotizantes, siempre y cuando sus ingresos fueron iguales o superiores
a un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente esta disposición se encuentra compilada en el Decreto 780 de
2016, artículo 2.1.4.1 numeral 4.
16
Compilado en el artículo 2.2.1.1.1.3 del Decreto 780 de 2016.
17
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 1 de agosto de 2019, exp.23379, C.P. Milton Chaves García.
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 25056 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 11 de noviembre de 2021, exp.24719, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
12
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Así las cosas, dentro de la expresión trabajadores independientes se ubican
aquellos que no cuentan con contrato de trabajo, relación legal o reglamentaria, pero
que tienen capacidad de pago, tales como los rentistas de capital, comerciantes,
trabajadores por cuenta propia, entre otros.
En el sub examine no es objeto de discusión que la actora en su declaración de renta
del año 201420 reportó como actividad económica la 0090 correspondiente a
“Rentistas de capital”, y que además contaba con capacidad de pago según los ingresos
allí reportados, razón suficiente para determinar que estaba obligada a realizar
aportes al Sistema de la Protección Social tanto en salud como en pensión.
En ese orden prospera únicamente el cargo de apelación formulado por la UGPP al
respecto, y se revocará la decisión del Tribunal en cuanto al hecho de que la actora
no estaba obligada a pagar aportes a pensión.
Ahora bien, en la demanda, puntualmente en el cargo 5 de nulidad, se refirió que de
conformidad con el literal b) del artículo 2 del Decreto 758 de 1990, las trabajadoras
independientes que se afilien por primera vez con 50 años están excluidas de cotizar
a pensión, en su caso, “si bien tenía una afiliación anterior del año 1985, esta era en calidad de
trabajadora dependiente, y para 2014 ya contaba con 52 años”, razón por la que estaba
excluida de la afiliación como independiente. Igualmente, según el literal f) de la
misma norma “los trabajadores por cuenta propia estaban exentos del régimen de prima media,
circunstancia que no varió hasta la expedición del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015”.
Comoquiera que en primera instancia el Tribunal consideró que los rentistas de
capital no eran sujetos pasivos para los aportes a pensión no estudió esta
exoneración. Sin embargo, y dada la prosperidad del recurso planteado por la UGPP
al respecto, esta Sala procederá analizar la obligación de cotizar a este subsistema,
en los términos planteados por parte de la demandante en aras de garantizarle su
derecho al debido proceso y estudiar todos los cargos de nulidad planteados.
Al respecto, sobre el alcance del literal b) del artículo 2 del Decreto 758 de 1990,
norma invocada por la demandante, la Sección ha precisado21 que al momento de
la expedición de la misma solo existía el régimen de prima media, no obstante, con
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se implementó, además del anterior,
el de ahorro individual con solidaridad. Éste último modificó los requisitos para
acceder a la pensión en el régimen de prima media, agregando también que los
afiliados pudieran optar libremente por cualquiera de los dos sistemas, lo que dio
lugar a su vez a unas normas de transición.
Seguidamente, se pronunció en los siguientes términos
“Ahora, el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 define el régimen solidario de prima media con
prestación definida como «aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen
una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente título». Norma que además prevé que «las
disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de
Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley»
serían aplicables a ese régimen -inciso 2° del referido artículo-.
Ese inciso 2° del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que permite la aplicación de algunos
reglamentos del ISS, ha sido objeto de análisis por la Sala de Casación Laboral de la Corte
20
La declaración de renta obra en los anexos de la demanda, los cuales pueden ser consultados en el Samai. Índice 3.
Expediente digital. PDF anexos demanda. Página 137 del PDF.
21
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de octubre de 2024, exp.26868, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto. Reiterada en fallo del 27 de febrero de 2025, exp.28995, C.P. Wilson Ramos Girón.
13
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Suprema de Justicia, quien ha concluido que esto solo procede en la medida: «(i) que no sean
contrarios a los postulados que aquella consagra, con las adiciones, modificaciones y
excepciones que contempla; (ii) que se encuentren vigentes por no haber sido derogados o
subrogados por la antedicha ley o por disposiciones posteriores y, (iii) que el potencial
beneficiario hubiese estado afiliado al seguro social obligatorio con anterioridad al 1°
de abril de 1994»22. [Se resalta].
Esto último se justifica, según la Corte Suprema de Justicia, «porque conforme a las reglas de
aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, las situaciones que se configuren con
posterioridad a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social, quedan reguladas por
sus contenidos».
De ese modo, esa corporación al momento de analizar lo referente a la exclusión en los
regímenes pensionales, parte de verificar si el beneficiario estaba afiliado al sistema con
anterioridad al 1° de abril de 1994, en cuyo caso, según se interpreta de las providencias, la
revisión de la situación particular se hace conforme a la norma anterior al nuevo reglamento -
art. 2 del Decreto 750 de 1990-, mientras que, si no lo estaba, se hará al tenor de la Ley 100
de 1993.”
Lo anterior permite inferir entonces que, en criterio de la Sala, la exclusión en los
regímenes pensionales se encuentra condicionada a verificar si el interesado se
encontraba o no afiliado al sistema antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 (1 de abril de 1994), pues es esto lo que traza el camino para analizar si la
situación particular se hace conforme a la norma anterior o a la nueva disposición.
Dicho lo anterior, se tiene que en este caso es aplicable el artículo 2 del Decreto
758 de 1990, en razón a que la demandante se afilió al régimen de prima media el
3 de julio de 198523, es decir, antes del 1 de abril de 1994. Ahora, la demandante
sostiene que lo hizo en calidad de dependiente24.
La mencionada norma dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 2o. PERSONAS EXCLUIDAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE. Quedan excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte:
a) Los trabajadores dependientes que al inscribirse por primera vez en el Régimen de los
Seguros Sociales, tengan 60 o más años de edad;
b) Los trabajadores independientes que se afilien por primera vez con 50 años de edad o
más, si se es mujer, o 55 años de edad o más, si se es varón
(…)
f) Los trabajadores por cuenta propia.”
Ahora, para el momento en la demandante se afilió por primera vez al sistema
pensional contaba con 23 años de edad, toda vez que nació el 3 de agosto de 196125
por lo que no contaba con la edad requerida. Además, en este caso no se cuestiona
que la demandante es rentista de capital y, como se indicó líneas atrás, es sujeto
pasivo por la capacidad de pago que quedó acreditada. En consecuencia, su
situación no se encuadra en ninguna de las causales exoneración alegadas. Se
niega el cargo.
2. Base gravable
La actora indica que para el año 2014 el ordenamiento jurídico no contempló una
base gravable para la liquidación de los aportes a cargo de los rentistas de capital,
22
Sentencia SL2991-2020 del 5 de agosto de 2020, rad. nro. 76937, reiterada en sentencia SL4698-2020 del 25 de
noviembre de 2020, rad. nro. 86013, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.
23
Así se expuso en el requerimiento para declarar y/o corregir. Página 7 del acto
24
Así fue reconocido en la página 27 del PDF de la demanda.
25 La cédula obra en los anexos de la demanda, los cuales pueden ser consultados en el Samai. Índice 3. Expediente digital.
PDF anexos demanda. Página 3 del PDF.
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lo cual solo fue regulado hasta el 2015 con la expedición de la Ley 1753. Sumado a
esto, el Tribunal omitió hacer un recuento sobre las disposiciones aplicables a esta
clase de personas.
Agregó que pagó los aportes, pero sobre el salario mínimo, incluyendo los intereses
de mora, de manera que la interpretación adoptada por el Tribunal generaba un
aumento desproporcionado de la base. Advirtió también que el a quo incurrió en una
serie de errores sobre la aplicación del artículo 1° del Decreto 3085 de 2007.
Por su parte, la UGPP en el recurso de apelación refuta que la base de cotización
de los trabajadores independientes se encuentra regulado por la Ley 100 de 1993,
según la cual deben cotizar sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual
se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.
Además. el Decreto 510 de 2003 estableció la forma de depuración del IBC y los
montos mínimos y máximos de cotización salud y pensión.
Comoquiera que los reparos de las partes están encaminados a discutir la
regulación de la base gravable, la Sala reiterará el precedente que al respecto ha
fijado26.
En cuanto al IBC para el subsistema de pensión, éste se encuentra definido en los
artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 3 y 6 de la
Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 15. AFILIADOS. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones
PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes
principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá́ guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera
que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de
solidaridad previstos en esta ley (…)”
“ARTÍCULO. 19.- BASE DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.
Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de
prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren
ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente
percibidos.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser
subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del
aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente”. (Subraya de la Sala)
A su vez, según el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 “se entienden por ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal,
Para este efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para
desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario.”
De conformidad con ello, en la sentencia que aquí se reitera se precisó que, si bien
el inciso primero de esa disposición hace referencia inicialmente a las personas
naturales con contratos de prestación de servicios, lo cierto es que lo pretendido es
reglamentar el artículo 15 de la mencionada Ley 100 de 1993, “el cual como se citó
26
Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp.26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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anteriormente, hace referencia a los trabajadores independientes y a los ingresos efectivamente
percibidos, de ahí que lo dispuesto en el reglamento cobija a todos los trabajadores independientes
sean o no contratistas.”
Ahora, el artículo 107 del Estatuto Tributario permite deducir las expensas
realizadas en el ejercicio de la actividad económica, así:
“ARTÍCULO 107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son deducibles las
expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad
productora de renta, siempre que tenga relación de causalidad con las actividades productoras
de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial,
teniendo en cuentas las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones
establecidas en los artículos siguientes”
Así mismo, el artículo 3 del Decreto 510 citado se refirió a los límites de cotización,
por lo que los aportes no pueden ser inferiores a 1 SMLMV ni superar los 25 salarios,
rango que también resulta aplicable al subsistema de salud.
Sobre este punto la Sala, en la sentencia reiterada se refirió a la facultad
reglamentaria, especialmente en materia tributaria, señalando que no goza de un
ámbito de regulación autónomo y que el ejecutivo no “puede alterar o modificar el
contenido y el espíritu de la ley, ni puede dirigirse a reglamentar leyes que no ejecuta la
administración, así como tampoco puede reglamentar materias cuyo contenido está reservado al
legislador”27.
Sobre la base de pensión manifestó lo siguiente:
“Así mismo, al estudiar la legalidad de varios actos referentes a los aportes de trabajadores
independientes con contratos de prestación de servicios, tales como el mencionado Decreto
510 de 2003, el Decreto 1703 de 2003 y la Circular Conjunta 00001 de 2004, la Sala determinó
lo siguiente:
“Como se observa, la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art.189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas”28.
Además, sobre la circular demandada en dicho proceso, en la que se hace referencia al 40%
del valor bruto mensualizado del contrato proporcional a los ingresos devengados, la Sala
consideró que este último concepto “debe ser objeto de reglamentación, pues si la ley no
define con exactitud los ingresos que sirven de base para la cotización, resulta válido que sea
a través del reglamento que se haga tal definición, respetando los límites legales 29”
Esta misma premisa aplica para este caso, puesto que cuando el legislador hizo referencia a
“ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” no los definió, de ahí que el ejecutivo estaba
facultado para reglamentar la materia, como efectivamente lo hizo en el parágrafo citado, sin
que ello implique asumir competencias que no le corresponden”.
Frente al ingreso base de cotización en materia de salud, la Sala hizo referencia al
parágrafo 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: “para efectos de
cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional
reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de
educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio
27
Consejo de Estado, Sección Cuarta, auto del 24 de febrero de 2015, exp.20998, C.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
reiterado en sentencias del 4 de diciembre de 2019, exp.23781 C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez y del 14 de septiembre
de 2023, exp.26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, exp.15399 C.P. Ligia López Díaz
29
Ibidem
16
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de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar
dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”.
Siguiendo con el precedente reiterado, para la determinación del IBC, el tema fue
decantado así:
“En cumplimiento de lo anterior [parágrafo 2 del artículo 204 de la Ley 100 de 1193], mediante
el artículo 4 del Decreto 1070 de 1995 30 se dispuso que era competencia de la
Superintendencia Nacional de Salud establecer el sistema de presunción de ingresos, lo que
llevó a la expedición de la Resolución Nro. 9 de 1996.
Posteriormente, el Decreto 806 de 1998, vigente para el año 2014, en su artículo 66
reglamentó la base de cotización para este tipo de trabajadores en los siguientes términos:
“Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS
de acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia
Nacional de Salud. En ningún caso el monto de la cotización de los trabajadores
independientes podrá ser inferior al equivalente al 12% de dos salarios mínimos mensuales
legales vigentes”.
De igual forma, el Decreto 1406 de 1999 señaló:
“ARTICULO 25. INGRESO BASE DE COTIZACION PARA TRABAJADORES
INDEPENDIENTES AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD-SGSSS. Las entidades promotoras de salud-EPS deberán, al momento de la
afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores independientes los cuestionarios que,
con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de los aportes que dichos trabajadores
deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de control o aquellos que sean
establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los
que resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en
la cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá
en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del
año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentado
en un porcentaje igual al reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso
Base de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda”. (resaltos de la
Sala)
Finalmente, la Ley 1438 de 2011, en su artículo 33, consagró una presunción de capacidad
de pago y de ingresos así:
“ARTÍCULO 33. PRESUNCIÓN DE CAPACIDAD DE PAGO Y DE INGRESOS. Se presume
con capacidad de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo
o podrán ser afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto
a las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso
establecido para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del
Sisbén, de acuerdo con las normas sobre la materia.
30
Decreto 1070 de 1995. Artículo 4. Las Entidades Promotoras de Salud, podrán continuar ofreciendo el Plan Obligatorio
de salud del régimen contributivo a los trabajadores independientes que venían cotizando sobre un ingreso entre uno y
dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hubieren afiliado con anterioridad al 20 de abril de 1995.
La Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes, el cual deberá ser utilizado por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización.
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El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al
sistema estos últimos deberán ser ajustados”. (resaltos fuera del texto)
Por lo anterior se establece que las declaraciones tributarias, como las de renta, son un
indicador de ingresos, lo cual permite evidenciar la capacidad de pago y su obligación de
aportar al sistema, aun en el evento de que no existiera un sistema de presunción de ingresos”.
Así las cosas, sobre la base de cotización de los trabajadores independientes sin
prestación de servicios, como los rentistas de capital, la Sala concluyó que el IBC
“tanto para salud como para pensión se compone de los ingresos percibidos por el trabajador
independiente, teniendo límites de cotización inferior y superior (entre 1 y 25 SMLMV), y en todo
caso, el mismo legislador ha señalado que estos deben corresponder a los ingresos reales, de ahí
que aun cuando se haya cotizado bajo ingresos presuntos o se omitiera la obligación, deben
ajustarse a los declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”
Se tiene, entonces, que para el año 2014 los rentistas de capital como la
demandante, sí contaban con una base determinada por el ordenamiento jurídico
para realizar sus aportes al Sistema de Seguridad, se insisten entonces,
corresponde a los ingresos realmente percibidos por el obligado, por lo que no le
asiste razón a la actora sobre la ausencia normativa al respecto.
En su recurso de apelación, la demandante también plantea que el a quo incurrió
en varios errores al aplicar el artículo 1° del Decreto 3085 de 2007 por cuanto solo
rige para salud y no pensiones, y al reglamentar la Ley 1122 del mismo año hace
referencia exclusiva a los independientes con contrato de prestación de servicios.
Así mismo, considera que se realizó una interpretación errada al determinar una
base gravable de 25 SMLMV, pese a esta refirió que “el Ingreso Base de Cotización es
igual a aquel definido para el periodo anual anterior y sobre el mismo se realizará la autoliquidación
y pago del mes de enero de cada año”. A esto se sumaba que el decreto no fue
mencionado en la liquidación oficial como sustento de la base gravable y sí por el
Tribunal, lo cual desconocía los principios de legalidad y correspondencia tributaria.
Para resolver los anteriores reparos es necesario poner de presente el contenido de
la norma aludida:
“Artículo 1°. Declaración Anual de Ingreso Base de Cotización. Todos los trabajadores
independientes deberán presentar una declaración anual a más tardar en el mes de febrero
de cada año, en la cual informen a las entidades administradoras del Sistema de la Protección
Social a las que se encuentren afiliados, en la misma fecha prevista para el pago de sus
aportes, el Ingreso Base de Cotización, IBC, que se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes
a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingresos Base de
Cotización anual en la fecha prevista, se presumirá que el Ingreso Base de Cotización es igual
a aquel definido para el período anual anterior y sobre el mismo se realizará la autoliquidación
y pago del mes de enero de cada año.
La declaración de IBC anual podrá realizarse de manera manual en los formularios previstos
para el efecto o de manera electrónica, mediante la utilización de la novedad "Variación
permanente de salario" en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
En todo caso el Ingreso Base de Cotización no podría ser inferior a un salario mínimo legal
mensual, ni al porcentaje previsto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 y a su definición se
continuará aplicando, cuando corresponda, el Sistema de Presunción de Ingresos.
De la anterior se puede advertir que la norma en ninguna parte condiciona su
aplicación al subsistema de salud, como lo afirma la demandante, pues hace
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referencia al Sistema de la Protección Social. Además, en su parte inicial hace
alusión a los trabajadores independientes, categoría en la que se incluyen los
rentistas de capital, tal como quedó expuesto en el cargo primero de esta
providencia, sin que se hiciera una limitación a aquellos que cuentan con contratos
de prestación de servicios como erradamente se señala en la apelación.
Con todo, se pone de presente que la mención de esta norma por parte del Tribunal
obedeció a la determinación del IBC del mes de enero, el cual debe realizarse
observando el salario de la vigencia anterior, cuestión que no era novedosa para la
aportante porque si bien en la liquidación oficial la UGPP omitió dicha disposición,
en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración si se observó, lo que
incluso dio lugar a la disminución de los aportes.
Así las cosas, no se vulneró el principio de legalidad ni de correspondencia porque
la reglamentación sí fue aplicada desde sede administrativa.
Ahora bien, sobre el límite de 25 SMMLV a la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social Integral, aspecto que también fue apelado por la UGPP; se
observa que dicho asunto fue regulado por los artículos 5 de la Ley 797 de 200331
(que modificó el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 ), y 3 del Decreto Reglamentario 510 de
2003 y no por el Decreto 3085 como lo sostiene la demandante.
Al respecto, esta Sección reiteradamente ha considerado que dicho tope no atiende
a la proporcionalidad entre el monto y los días efectivamente laborados, comoquiera
que así no fue previsto por el legislador32 y corresponde a cada período de
cotización, esto es, a cada mes.
Revisada la sentencia de primera instancia, se desprende que el Tribunal tomó los
ingresos declarados en renta de $1.662.427.00 y restó el total de costos y
deducciones del mismo denuncio por valor de $392.772.000 obteniendo un monto
de $1.269.655.000 que al dividirlo por los períodos fiscalizados daba $105.804.583.
Empero al determinar el IBC aplicó el tope de manera incorrecta. Así, para el mes
de enero (artículo 1 del Decreto 3085 de 2007) la base se determinó en los siguientes
términos:
“El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2013 fue de $589.500, por lo que el mes
de enero de 2014 se cotiza con este valor, que al multiplicarlo por 25 salarios mínimos y
dividirlo por 12 meses, obtenermos (sic) un resultado de $1.228.125”.
A su vez, para los demás meses fiscalizados, el cálculo fue el siguiente:
“El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2014 fue de $616.600, que al multiplicarlo
por 25 salarios mínimos y dividirlo por 12 meses (febrero a diciembre) obtenemos un resultado
de $1.284.583, que al multiplicarlo por 11 meses (febrero a diciembre), obtenemos un
resultado de $14.130.413”.
31
Ley 797 de 2003. Artículo 5. El inciso 4 y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 quedarán así: “Artículo 18. Base
de cotización. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual. El
salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código
Sustantivo del Trabajo. (…) El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá
ser gasta de 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios
mínimos legales.”
32 Al respecto puede consultarse el fallo del 7 de marzo de 2024, exp.27774 en la que se reiteran las sentencias del 24 de
febrero, 5 de mayo y 30 de junio de 2022, exps.25302, 25472 y 24815, respectivamente, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
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Luego, al sumar los valores de $1.228.125 y $14.130.413, obtuvo como resultado
$15.358.538, que al aplicar la tarifa de salud del 12.5% arrojó un aporte de
$.1.919.817 mensual y $23.037.084 por todo el 2014.
Sin embargo, dicho ejercicio no atiende a lo dispuesto en la norma pues el
mencionado límite es mensual. En ese orden, la Sala considera viable el ejercicio
desplegado por la UGPP en los actos demandados, el cual consistió en sujetar el
IBC al tope de los 25 SMLMV, es decir, que para cada período la base de cotización
fue de $15.400.00033, con excepción del mes de enero, pues en aplicación del
artículo 1 del Decreto 3085 de 2007, tomó el salario del año anterior (2013) y el IBC
fue de $14.738.000 (valor aproximado)34.
Así los aportes para enero en salud serían de $1.842.250 y para los demás meses
de $1.925.000, para un total de $23.017.300 (valor aproximado)35, por lo que se
evidencia que el Tribunal liquidó aportes en salud mayores a los determinados en
los actos demandados.
Lo anterior implica la modificación de la sentencia de primera instancia, en el sentido
de dejar en firme la determinación de la base de cotización realizada por la UGPP
en sede administrativa.
3. Mensualización de ingresos
La demandante sostiene que el prorrateo de sus ingresos anuales como forma de
determinar la base gravable no estaba regulado en ninguna norma para el período
fiscalizado, de manera que la posición asumida por la entidad desconocía el
principio de reserva de ley. Así mismo, en el cargo 4 plantea que sus ingresos fueron
obtenidos de manera intermitente, por lo que dicho ejercicio conlleva un error de
derecho y el desconocimiento de su realidad, económica.
Por su parte, la UGPP señala que estaba autorizada para cruzar información con la
DIAN, por tanto, tomó los ingresos reportados en la declaración de renta de la
actora, lo cual se presumía veraz, y comoquiera que las cotizaciones al sistema son
de naturaleza mensual, era viable efectuar el prorrateo de lo percibido en partes
iguales para cada uno de los meses. Si bien durante el proceso de fiscalización la
interesada allegó extractos bancarios, no fue posible identificar correspondían a
dividendos, comisiones, arriendo, honorarios, u otros, lo cual reafirmó la obligación
de dividirlos en los 12 meses.
Tal como se mencionó en el cargo anterior, la UGPP tomó los ingresos reportados
en la declaración de renta de la actora ($1.662.426.996) y los dividió en partes
iguales para cada uno de los 12 meses del año 2014, sujetándolos en cada caso al
tope de los 25 SMLMV, es decir, que para cada período la base de cotización fue
de $15.400.000, con excepción del mes de enero, pues tomó el salario del 2013.
Se tiene entonces que la entidad determinó los aportes a seguridad social con base
en el promedio mensual de los ingresos obtenidos por la demandante durante la
vigencia fiscalizada, información que no fue desvirtuada por la aportante en el
trámite judicial, por cuanto no allegó pruebas que dieran cuenta del período en que
percibió los ingresos discutidos. Sumado a esto, tampoco refutó las razones por las
33
Así se hizo desde la liquidación oficial. Página 16 del acto.
34
Página 35 de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración.
35
1.925.000 x 11= 21.175.000 + 1.842.250 = 23.017.250
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cuales la entidad desestimó la información bancaria con la cual pretendía soportar
sus ingresos, por el contrario, únicamente se limitó alegar la falta de regulación
sobre el ejercicio de mensualización.
En ese contexto, como la actora no ejerció su derecho de defensa para aportar
pruebas al proceso que permitieran sustentar sus pretensiones y desvirtuar la
mensualización de la demandada, la Sala considera que no cumplió con su carga
probatoria relacionada con la demostración del monto y período de percepción de
sus ingresos36.
Por lo anterior, la determinación de los ingresos efectuada por la demandada se
encuentra ajustada a derecho ante la inactividad probatoria de la interesada.
4. De la sanción
Comoquiera que los cargos 1, 3 y 4 del recurso de apelación presentado por la
UGPP guardan similitud, se resolverán de manera conjunta.
Señala la entidad que en este caso fiscalizó únicamente la conducta de omisión en
la afiliación y pago al sistema de seguridad social, lo que dio lugar a la imposición
de la respectiva sanción prevista en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (modificada
por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016), sin embargo, no impuso la de inexactitud, como
lo entendió el Tribunal.
Indica que el ordenamiento jurídico desde la Ley 100 de 1993 fue claro al establecer
como obligados a cotizar a los trabajadores independientes con capacidad de pago,
entre los que se encuentran los rentistas de capital, lo cual fue ratificado con la
expedición de la Ley 1753 de 2015, razón por la que era improcedente predicar la
inexistencia de regulación sobre la materia y el eximente de responsabilidad en los
términos analizados por el Tribunal.
Por el contrario, y comoquiera que en el curso del proceso de fiscalización quedó
demostrado que la aportante incurrió en la conducta de omisión, debía desvirtuarse
el argumento del a quo según el cual era improcedente imponerle la sanción, pues
dicho proceso se contraía al incumplimiento de sus obligaciones como rentista de
capital. En ese sentido, tampoco se configuraba la responsabilidad objetiva por falta
de regulación legal.
Finalmente, aduce que partiendo de la existencia de normas que obligan a realizar
los aportes al sistema de seguridad social a la demandante, la sanción impuesta es
viable, además, porque la interesada no demostró de forma objetiva la incertidumbre
de la norma o la indebida interpretación de la misma, que le hubiere permitido la
creencia errónea de estar exenta del deber de aportar.
Para resolver este asunto, se pone de presente que desde la demanda la actora
señaló que, si bien los rentistas de capital eran trabajadores independientes, los
primeros no contaban con base gravable.
Así, el a quo aclaró la sujeción pasiva de los rentistas de capital y la regulación de
la base gravable; luego, era viable que dicho análisis lo llevara a considerar la
eximente de responsabilidad de la sanción bajo una diferencia de criterios con la
36
En términos similares se ha pronunciado la Sala en sentencias del 18 de mayo de 2023, exp.26808 y del 7 de septiembre
de 2023, exp.26481, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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administración, al considerar que la demandante cuestiona la existencia de “norma
expresa que obligue a los rentistas de capital a afiliarse y realizar los aportes al Sistema de Seguridad
Social”.37. A esto se suma que las partes en sus respectivos recursos de apelación
también hicieran referencia a la sujeción pasiva de estos individuos, así como la
base de cotización.
Al respecto, esta Sección y la Corte Constitucional38 han señalado que “no es
admisible una responsabilidad tributaria objetiva. Es decir, que no será válido que la autoridad
tributaria, en ejercicio de la potestad sancionadora, imponga una sanción al contribuyente solo por
la constatación del resultado censurable previsto en la norma que regula la infracción”39.
Bajo este contexto, el error sobre el derecho aplicable como causal de exoneración
de responsabilidad punitiva, constituye la materialización, en el régimen
sancionador tributario, de la prohibición constitucional de formas de responsabilidad
objetiva en las que la sanción se impone simplemente como consecuencia de la
realización de la conducta sancionable, sin tener certeza de la responsabilidad
subjetiva del infractor40., de ahí que su estudio o valoración sea procedente “ya sea
que la legislación lo reconozca explícitamente o que omita mencionarlo en el texto de las normas
sancionadoras.”41
Es por lo anterior que aunque la sanción de que trata el artículo 179 de la Ley 1607
de 2012 resulta independiente y autónoma de la establecida en el artículo 647 del
Estatuto Tributario, la Sala, de manera pacífica ha considerado que “Aunque el artículo
197 de la Ley 1607 de 2012 no prevé la “diferencia de criterios sobre el derecho aplicable” como
causal eximente de las sanciones previstas en dicha norma, ello no excluye que sobre estas pueda
predicarse el “error sobre el derecho aplicable”, que pueda exonerar de la sanción al sujeto pasivo.
Lo anterior, por cuanto, como lo ha señalado la Sala, ese error constituye “una figura ínsita en el
contenido de las disposiciones punitivas”, como garantía del debido proceso”42:
Descendiendo al caso concreto, el Tribunal consideró como válida la errónea
convicción de la demandante de no estar obligado a afiliarse y realizar los aportes
al sistema de seguridad social de ahí que, la actora considerara que no estaba
obligado a cotizar al sistema.
La Sala comparte dicha postura, pues se ha considerado que “la literalidad de la norma
llevaba a fundamentar un entendimiento de que en la categoría de trabajador independiente no
residía la de los comerciantes, así que ha sido producto de las decisiones judiciales la clarificación
de que, en una interpretación amplia de los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100 de 1993, en la
categoría de independientes estaban integrados aquellos que no cuentan con un contrato de trabajo
o una relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago”43
De esta manera, era viable que la demandante creyera que, ante una presunta falta
de regulación de la base gravable para los independientes rentistas de capital, era
innecesaria la afiliación y pago de los aportes a favor del sistema de seguridad social
en salud y pensión, así como la convicción de que no estaba incurriendo en algún
comportamiento que contraviniera el ordenamiento jurídico.
37
A esto se suma que en la apelación la UGPP no discutió que la decisión del Tribunal vulnerara el principio de congruencia
de las decisiones judiciales. En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 4 de abril de 2024, exp.28342, reiterada
en sentencia del 29 de mayo de 2025, exp,28798, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
38
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
39
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 30 de agosto de 2016, exp. 19851, C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, reiterada en la sentencia del 11 de junio de 2020, exp. 21640, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
40
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 9 de junio de 2022, exp.25944 C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
41
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2020, exp.26140, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
42
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de unificación del 9 de diciembre de 2021, exp.25185, C.P. Milton Chaves
García reiterada el 5 de mayo de 2022, exp.25553. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y el 30 de marzo de 2023,
exp.26628 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
43
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de octubre de 2024, exp.26883, C.P. Wilson Ramos Girón.
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En esas condiciones, se impone a la Sala negar el asunto, y confirmar la sentencia
apelada al respecto.
En este punto la UGPP también señaló que era improcedente la “devolución” de los
pagos hechos por la actora en el año 2019, toda vez que la relación jurídico
sustancia impositiva nació en el momento de la causación del tributo, en este caso,
período 2014, con lo cual quedó configurada la obligación de pago al amparo de las
normas vigentes.
Sin embargo, en la sentencia apelada no se ordenó ninguna devolución, por el
contrario, su orden estuvo encaminada a reconocer y descontar los pagos hechos
por la demandante, razón por la cual se niega el asunto.
Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala modificará la decisión de primera instancia,
comoquiera que prosperó lo relacionado con la sujeción pasiva de la demandante
al subsistema de pensiones y el tope máximo de IBC.
En consecuencia, se dejarán los aportes determinados por la UGPP porque se
aplicó correctamente el tope de los 25 SMLMV para salud y pensión y como
restablecimiento del derecho se mantendrá la orden de levantar la sanción por
omisión.
Costas
La Sala se abstendrá de su imposición comoquiera que prosperaron parcialmente
las pretensiones de la demanda, conforme al numeral 5 del artículo 365 del Código
General del Proceso, norma aplicable por remisión expresa del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, del 26 de septiembre de 2024, la cual
quedará así:
“PRIMERO: Se declara la nulidad parcial de la liquidación oficial No. RDO-2017-03562 del 19
de octubre de 2017 y la Resolución No. RDC-2018-01351 del 23 de octubre de 2018,
proferidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP.
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad parcial de los anteriores actos administrativos,
se declara que no hay lugar a imponer la sanción por omisión, por las razones expuestas.
TERCERO: De las obligaciones de los actos, se descuenta la suma de cinco millones tres mil
quinientos pesos ($5.003.500), que canceló la demandante, de acuerdo con los folios 135 a
146 del expediente.
CUARTO: No se condena en costas en esta instancia, porque no se acreditaron y la demanda
no presenta manifiesta carencia de fundamento legal.”
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00767-01 (29580)
Demandante: Adriana Pérez Uribe
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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