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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-00955-01

Colectivos: características. DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2019-00955-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE MODIFICAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. SEGUNDO: AMPARAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente, amenazado y vulnerado por el Municipio de Puerto Triunfo y el Instituto Nacional de Vías. TERCERO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías que: (i) Dentro del término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, realice los estudios técnicos, hidrológicos e hidráulicos necesarios para determinar el tipo de obra que debe ejecutarse con el fin de mitigar o eliminar el riesgo que actualmente se presenta en el corregimiento Doradal, municipio Puerto Triunfo, Antioquia. Dichos estudios deberán incluir el análisis de toda la 121 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 1. Procesos declarativos en general. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”. 122 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. 123Por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 9 de mayo de 2024, Rad. No. 73001-23-33-000-2016-00558-01. 47 Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891) Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro infraestructura complementaria que pueda estar generando riesgo para la comunidad ubicada aguas arriba y abajo del box culvert; y (ii) Dentro del término de dos (2) años contados a partir del vencimiento del plazo otorgado en el numeral anterior, ejecute las obras que resulten necesarias según los estudios elaborados en cumplimiento de la orden impartida en esta providencia. (iii) Una vez quede en firme esta providencia, proceda de manera inmediata a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que corresponda a la infraestructura ubicada en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del corregimiento […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2019-00955-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Recurrentes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro
Demandado: Municipio de Puerto Triunfo y otros
Referencia: Protección de los derechos e intereses colectivos

TEMAS: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS – características. DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES TÉCNICAMENTE PREVISIBLES – presupuestos. VULNERACIÓN DE
DERECHOS COLECTIVOS – inundaciones por falta de capacidad hidráulica y por crecimiento
urbano y ocupación irregular del suelo. ÓRDENES – medidas para mitigar provisional y
definitivamente el riesgo. PRERROGATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –
mantenimiento y conservación vial. OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS –
no es discrecional. COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE RIESGO –
normativa. FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES –
normativa. ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO –
normativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las entidades
demandadas contra la sentencia proferida el 7 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró la amenaza del derecho
colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los habitantes del corregimiento Doradal, municipio de Puerto Triunfo, Antioquia,
han sufrido inundaciones recurrentes durante diferentes temporadas invernales,
debido a que la estructura tipo box culvert ubicada en el cruce de la quebrada
Doradal con la autopista Medellín – Bogotá carece de capacidad hidráulica
suficiente para canalizar las aguas durante la época de lluvias. A lo anterior, se
suma el crecimiento urbano y la ocupación irregular del suelo en las inmediaciones
y adyacencias de la quebrada.

Ante esta situación, Yeison Iván Velásquez Rodríguez y José Ángel Castro
presentaron demanda de protección de los derechos e intereses colectivos, en

1 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de
interposición de los recursos de apelación, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437
de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, así como a las disposiciones del C.G.P., en virtud de
la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

consideración a que el desbordamiento de aguas y sus consecuencias vulneran sus
derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles. A su
juicio, dichas afectaciones son atribuibles a la Nación – Ministerio de Transporte, al
Instituto Nacional de Vías, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Municipio de Puerto Triunfo.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 19 de marzo de 2019, Yeison Iván Velásquez Rodríguez y José Ángel Castro,
con fundamento en la Ley 472 de 19982, presentaron demanda de protección de los
derechos e intereses colectivos, contra la Nación – Ministerio de Transporte (en lo
sucesivo Mintransporte), el Instituto Nacional de Vías (en lo sucesivo el INVÍAS), la
Agencia Nacional de Infraestructura (en lo sucesivo la ANI), la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo (en lo sucesivo la UNGRD) y el Municipio de Puerto Triunfo
(en lo sucesivo el Municipio), para que se declarara la vulneración de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, a la seguridad y salubridad públicas, al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a la
seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles. Lo anterior,
sustentado en la insuficiente capacidad hidráulica de la estructura tipo box culvert
ubicada en la carretera que conduce de Medellín a Bogotá, a la altura del
corregimiento Doradal3.

En consecuencia, solicitaron que se ordene a las entidades demandadas la
ampliación de la obra existente o la construcción de una nueva estructura con mayor
capacidad hidráulica, que permita regular adecuadamente el flujo de la quebrada
Doradal.

Como antecedentes fácticos, los actores narraron que el corregimiento Doradal está
bordeado por las quebradas “Dos Quebradas” y “Doradal”, y que esta última cruza
la autopista Medellín – Bogotá, mediante una estructura de concreto tipo box culvert,
y atraviesa sectores correspondientes a los barrios San Sebastián de la Vega, Los
Sauces, La Electrificadora, Villas de Doradal y Jorge Tulio Garcés.

Señalaron que, desde el año 1985, intermitentemente, han ocurrido inundaciones
en esa zona y esa situación persiste hasta la fecha. A juicio de los demandantes, la
obra presenta un avanzado estado de deterioro y carece de capacidad hidráulica
suficiente para canalizar las aguas durante la temporada invernal, lo que genera

2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E

95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “01.ExpedienteDigitalizadoCuaderno1[…]”, páginas 1 a 12.
2

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

inundaciones recurrentes en los barrios circundantes, con afectaciones
significativas a bienes como enseres, víveres y electrodomésticos.

Afirmaron que, en fecha indeterminada, el Municipio gestionó la elaboración de
estudios hidráulicos e hidrológicos de detalle, los cuales concluyeron que la
estructura box culvert no evacúa eficientemente el caudal de la quebrada en época
de lluvias.

Sostuvieron que, en distintas fechas4, la comunidad ha elevado múltiples solicitudes
ante las autoridades nacionales para que atiendan la problemática, sin obtener
respuesta satisfactoria.

Indicaron que desde el 1 septiembre de 2018 la autopista Medellín – Bogotá está a
cargo del INVÍAS y que, anteriormente, estuvo bajo la operación de la sociedad
Devimed S.A., mediante contrato de concesión que fue supervisado y dirigido por la
ANI.

Los accionantes consideran que el desbordamiento de aguas y sus consecuencias
vulneran sus derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la seguridad y
salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública y a la seguridad y prevención de desastres técnicamente
previsibles. A su juicio, dichas afectaciones son atribuibles al Mintransporte, al
INVÍAS, a la ANI, a la UNGRD y al Municipio.

Como fundamento jurídico, invocaron el artículo 885 de la Constitución Política y
citaron jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional7 sobre el
alcance de los derechos colectivos objeto de vulneración que, en su sentir, imponen
a las entidades demandadas la obligación de garantizar la habitabilidad de las
viviendas que se encuentran en zonas de riesgo, y la plena observancia de los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

2. Contestaciones de la demanda

El 5 de abril de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda y
vinculó al Departamento de Antioquia – Departamento Administrativo del Sistema

4 21 de diciembre de 2015, 24 de julio de 2017, 14 de febrero de 2018, 22 de mayo de 2018, 30 de

mayo de 2018 y 26 de febrero de 2019.
5 “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se
definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá
los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de

junio de 2011, Rad. No. 25000-23-26-000-2005-01330-01; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias del 8 de junio y del 2 de agosto de 2017
Rad. No. 88001-23-33-000-2014-00040-01 y 13001-23-33-000-2015-00052-01, respectivamente.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 2015.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia (en lo sucesivo
el Departamento) y a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare (en lo sucesivo CORNARE)8. Asimismo, el 24 de septiembre de 2019,
durante la audiencia de pacto de cumplimiento, ordenó la vinculación del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante MVCT).

2.1. El Departamento se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, considerando que
no era la entidad responsable de las carreteras de orden nacional; (ii) ausencia de
nexo causal, advirtiendo que cualquier deterioro del box coulvert respondía al
desgaste natural y progresivo de su uso; y (iii) falta de requisito de procedibilidad,
en atención a que no se cumplió con el requerimiento exigido en el artículo 1449 del
CPACA y la Ley 472 de 199810.

2.2. CORNARE indicó que su vinculación obedecía a su calidad de autoridad
ambiental, conforme al artículo 2111 de la Ley 472 de 1998, pero aclaró que las
afectaciones que no tuvieran carácter ambiental no eran de su competencia12.

2.3. La ANI adujo que al tenor del Decreto 4165 de 201113 a esta entidad no le
correspondía la ejecución directa de obras públicas, ni el ejercicio de atribuciones
sobre la infraestructura en vías nacionales. Así, formuló las siguientes excepciones:
(i) falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la vía objeto de análisis
estaba a cargo del INVÍAS; (ii) inexistencia de la afectación de los derechos
colectivos invocados, toda vez que no existía prueba alguna que demostrara la
amenaza o vulneración por parte de la entidad; (iii) incumplimiento del principio
procesal de onus probandi incumbit actori, porque no se aportaron las pruebas
pertinentes, conducentes y útiles que sustentaran los hechos narrados en la
demanda; y (iv) invasión e intervención del cauce de la quebrada Doradal y ronda
hidráulica, porque desde el año 2007 la ronda hidráulica había sido objeto de

8 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E
95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “01.ExpedienteDigitalizadoCuaderno1[…]”, páginas 91 a 93.
9 “Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. […] Antes de presentar la demanda

para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad
o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de
protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha
reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a
ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando
exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses
colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”.
10 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E

95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “01.ExpedienteDigitalizadoCuaderno1[…]”, páginas 103 a 110.
11 “Articulo 21. Notificacion del auto admisorio de la demanda. En el auto que admita la demanda […]

se le comunicará a la entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo
afectado”.
12 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E

95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “02.ExpedienteDigitalizadoCuaderno1[…]”, páginas 73 y 74.
13 “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones

del Instituto Nacional de Concesiones (INCO)”.
4

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

intervenciones, con proyectos de viviendas, llenos antrópicos, colectores de
alcantarillado sanitario, entre otras14.

2.4. La UNGRD se opuso a las imputaciones en su contra, señalando que la
implementación y ejecución de la política pública de gestión del riesgo correspondía
a las entidades territoriales. Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva15, en
consideración a que el alcalde de Puerto Triunfo, como conductor del desarrollo
local, tenía a su cargo el manejo de los riesgos en el área de su jurisdicción, tal
como lo ordenaba la Ley 1523 de 201216.

2.5. Mintransporte indicó que la construcción, mejoramiento y conservación de la
infraestructura vial no formaban parte de sus atribuciones legales. Planteó las
excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, porque sus objetivos
y funciones diferían de las reclamaciones de los demandantes; (ii) inexistencia de
nexo causal, porque la entidad no estaba llamada a resarcir un daño que no tenía
relación de causalidad con su actuación; (iii) inexistencia del derecho pretendido,
fundamentada en la ausencia de vinculación entre sus funciones y los hechos
narrados en la demanda; (iv) inexistencia del título de imputación, al considerar que
no estaba probada la omisión que se le atribuía y el nexo causal entre ella y la
producción del menoscabo; y (v) ausencia de responsabilidad, pues la planeación,
estructuración y ejecución en materia de transporte estaba a cargo del INVÍAS o de
la ANI17.

2.6. El INVÍAS afirmó que realizó las intervenciones requeridas en la zona y que,
para la época de los hechos, la vía había sido entregada a la ANI que, a su vez, la
cedió a la sociedad concesionaria DEVIMED S.A. Como excepción, formuló la falta
de legitimación en la causa, sustentada en la responsabilidad que le asistía a la ANI
en las labores de mantenimiento vial y al Municipio en las funciones de control
urbanístico18.

2.7. El MVCT expuso que la solución a la problemática no era de su resorte, sino
que correspondía a los entes territoriales, con apoyo de la UNGRD y el INVÍAS.
Formuló las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, al
estimar que no existía relación de causalidad entre los hechos objeto de estudio y
sus competencias; y (ii) inexistencia de vulneración de los derechos colectivos por

14 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E
95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “02.ExpedienteDigitalizadoCuaderno1[…]”, páginas 85 a 87 y 187 a 197.
15 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E

95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “02.ExpedienteDigitalizadoCuaderno1[…]”, páginas 139 a 175.
16 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
17 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E

95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “03.ExpedienteDigitalizadoCuaderno2”, páginas 133 a 161.
18 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E

95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “03.ExpedienteDigitalizadoCuaderno2”, páginas 175 a 197.
5

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

parte de la entidad, porque esta cartera ministerial era responsable únicamente por
la formulación, dirección y coordinación de las políticas, planes, programas y
regulaciones en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico,
financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del
suelo19.

2.8. El Municipio, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y la Defensoría del Pueblo guardaron silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia corrió traslado a las
partes para que alegaran de conclusión, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 63 de la Ley 472 de 199820.

3.1. El MVCT21, Mintransporte22, la UNGRD23, la ANI24, el Departamento25 y el
INVÍAS26 reiteraron los argumentos expuestos en sus respectivas contestaciones.

3.2. El Municipio alegó desde el 1 de septiembre de 2018, el INVIAS tenía a su
cargo la autopista Medellín – Bogotá, a la altura del corregimiento de Doradal, de
manera que le correspondía al INVIAS la construcción de esta obra hídrica. En
consecuencia, adujo falta de legitimación en la causa por pasiva27. Adicionalmente,
señaló que el ente territorial había cumplido a cabalidad con las obligaciones de
elaboración, gestión y actualización de los esquemas de ordenamiento territorial,

19 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E
95BF3214B369C77F D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de
SAMAI, archivo “04.ExpedienteDigitalizadoCuaderno3”, páginas 127 a 137.
20 Documento contenido en el expediente digital con certificado 5D0E265D6BE26AC6
F558058BEDF35877 53121685FE6CE513 A4C5C318F9DA2954, ubicado en el índice 76 de
SAMAI.
21 Documento contenido en el expediente digital con certificado 7A623A3EF478D25F
2608CBE932367571 432AC4037EA3ADE2 C39100F61F549FA6, ubicado en el índice 79 de
SAMAI.
22 Documento contenido en el expediente digital con certificado 970DBA5CA71D6ECE

6DAE141B7FAE5A74 0EDEDC99D8FD816B A4ABAE379E31E6AC, ubicado en el índice 82 de
SAMAI.
23 Documento contenido en el expediente digital con certificado E1004813077A1886
94791405617D757A 198F3C8C70A8EBB0 D5F6B08BB1E6F25F, ubicado en el índice 80 de
SAMAI, archivo “2022EE03987”.
24 Documento contenido en el expediente digital con certificado 0E5C44180C4396ED
FB2C9CB0B345606B A9AF3BF6F16A9408 C2F04080AD42CC2B, ubicado en el índice 81 de
SAMAI.
25 Documento contenido en el expediente digital con certificado B0E17DCA63CC859D

ECF6EA5EEE22084F 2C8565CFE08900A2 6B4943E3ACB3BC90, ubicado en el índice 84 de
SAMAI.
26 Documento contenido en el expediente digital con certificado 7324770B521DF331
8AC58AEAD1FDB754 D3786FA36E0A718F E9B09384211AC278, ubicado en el índice 87 de
SAMAI.
27 Documento contenido en el expediente digital con certificado 95D31C759E5B8A90
F5516FF6E4E00D91 1F16B4350A0EC3EB 46F26C482A6CB855, ubicado en el índice 85 de
SAMAI, primera instancia.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

así como la elaboración de los planes de contingencia respecto de inundaciones y
emergencias.

3.3. CORNARE manifestó que dentro de su órbita competencial no se encontraba
la ejecución de obras de infraestructura vial nacional, razón por la cual también
alegó falta de legitimación en la causa por pasiva28.

3.4. La parte demandante guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

El 7 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Mintransporte y del MVCT, considerando
que sus funciones no guardaban relación directa con la construcción y
mantenimiento de la infraestructura vial nacional, así como tampoco hacían parte
de la red nacional o territorial para la gestión del riesgo de desastres.

Por otra parte, el a quo declaró “amenazado y en riesgo el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”. En este sentido,
encontró acreditado: (i) el riesgo derivado de las inundaciones ocasionadas por la
quebrada Doradal, debido a la insuficiente capacidad hidráulica del box culvert,
ubicado en el corregimiento de Doradal, sobre la autopista Medellín – Bogotá; (ii) la
insuficiencia del canal para caudales superiores a 3.33 años de periodo de retorno;
(iii) la diferencia de cotas entre las márgenes; (iv) la ausencia de aletas en encole y
descole; y (v) el crecimiento poblacional en la zona de inundación.

No obstante, con relación a la moralidad administrativa, concluyó que no se acreditó
su vulneración, pues el expediente no aportó elementos que permitieran demostrar
una afectación autónoma de este derecho colectivo.

En consecuencia, frente a la protección de los derechos colectivos amenazados
impartió las siguientes ordenes:

“1. Al Instituto Nacional de Vías – INVÍAS en relación con el box culvert:

1.1. Realizar los estudios técnicos, hidrológicos, hidráulicos de socavación, para
determinar el tipo de obra con mayor capacidad hidráulica a la existente y que se
requiere construir para mitigar el impacto y conjurar el riesgo que se está generando
en los habitantes y estudiantes de los barrios de San Sebastián de la Vega, Avinuvid,
Los Sauces, La Electrificadora, Villas de Doradal, Jorge Tulio Garcés y estudiantes
de la Institución Educativa Doradal del corregimiento Doradal del Municipio de
Puerto Triunfo.

1.2. Deberá tenerse en cuenta las obras complementarias en la estructura de
entrada como de salida que cumpla la función de disipadores de energía, para evitar

28 Documento contenido en el expediente digital con certificado 1C8D4D7AFB1D96B4
8D5911C8495D4F13 4BCDEEA58BC88666 18A6A25F2523D70B, ubicado en el índice 86 de
SAMAI, primera instancia.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

la socavación y piscinas que pueden generar riesgo para la comunidad ubicada
aguas arriba y abajo del box culvert.

1.3. El término para la realización de los estudios técnicos, el proceso de
contratación y ejecución de las obras requeridas será de tres años en total contados
a partir de la ejecutoria de este fallo.

2. A la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI para que a través del concesionario
DEVIMED, realice el mantenimiento que corresponda al box culvert ubicado sobre
la autopista Medellín Bogotá en el corregimiento Doradal, mientras se realizan las
obras necesarias de reemplazo.

3. Al Municipio de Puerto Triunfo en relación con la quebrada Doradal y las
construcciones en su cauce:

3.1. Realizar los estudios técnicos, hidrológicos, hidráulicos para determinar el tipo
de obra que se requiere construir en la margen izquierda de la quebrada aguas
arriba del box culvert para mitigar el impacto y conjurar el riesgo de inundación
debido a que presenta una cota inferior al de la margen derecha.

3.2. Para los estudios, contratación y ejecución de la obra se concede un término de
3 años contados a partir de la ejecutoria de este fallo.

3.3. Realizar los estudios necesarios para verificar cuántas personas habitan en
construcciones ubicadas dentro del área de retiro de 30 metros de la quebrada
Doradal en un recorrido que corresponda al área de inundación en el corregimiento
Doradal y en especial a los barrios de San Sebastián de la Vega, Avinuvid, Los
Sauces, La Electrificadora, Villas de Doradal, Jorge Tulio Garcés y estudiantes de
la Institución Educativa Doradal.

3.4. Para esto se concede un término máximo de 6 meses contados a partir de la
ejecutoria de este fallo.

3.5. Reubicar a través de programas de vivienda, las personas que habiten en
construcciones que se encuentren dentro de la franja de 30 metros de ancho
paralela a las líneas a cada lado del cauce de la Quebrada Doradal, según lo
determina el Decreto 2811 de 1974 art. 83 lit. d) y el Decreto 1676 de 2015 art.
2.2.1.1.1.8.247

3.6. El término para su reubicación será de tres años contados a partir del
vencimiento de los seis meses otorgados para realizar dicho estudio.

4. Al Municipio de Puerto Triunfo y Cornare:

4.1. Realizar las actuaciones administrativas que correspondan de acuerdo a sus
competencias y en atención a los principios de coordinación y colaboración, para
recuperar la franja de 30 metros de ancho paralela a las líneas a cada lado del cauce
de la Quebrada Doradal y realizar las obras necesarias que permitan el recorrido
normal de su caudal.

4.2. El término para esta orden será de un año contado a partir del momento en que
las personas que habiten dicha margen sean reubicadas según orden anterior.

5. Al Municipio de Puerto Triunfo o al Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, según sus
competencias:

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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

5. Al Municipio de Puerto Triunfo o al Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, según sus
competencias:

5.1. Realizar las obras respectivas de aletas de encole y descole, correspondiente
a las dos alcantarillas metálicas de sección abovedada con altura 3.00m y base
3.30m, en las abcisas K114+337 y K114+586 respectivamente, para prevenir los
riesgos que se presentan por inestabilidad en los terraplenes durante los eventos de
crecientes máximas.

5.2. El término para el cumplimiento de esta orden será de un año a partir de la
ejecutoria de este fallo.

6. A la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, al
Departamento de Antioquia – DAPARD (hoy DAGRAN) y la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE, en virtud de los
principios de coordinación y colaboración, brindar el acompañamiento al Municipio
de Puerto Triunfo según corresponda en los términos de las Leyes 1523 de 2012,
136 de 1994 y Decreto 4147 de 2011 para Gestión del Riesgo de Desastres en
relación con las órdenes impartidas al ente territorial.

Precisar que las medidas de recuperación de la franja de retiro de la Quebrada
Doradal y la reubicación de las personas que allí habitan se adoptan en virtud de la
corresponsabilidad que le asiste tanto a las autoridades como a los habitantes del
territorio colombiano en la gestión del riesgo, asistiéndoles a éstos últimos el deber
de actuar con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en
lo de sus bienes, teniendo el deber de acatar lo dispuesto por las autoridades (Ley
1523 de 2012 art. 2).”

Finalmente, el a quo condenó en costas a las entidades demandadas29.

5. Recursos de apelación

5.1. El Municipio pidió que se revocara la decisión en lo relativo a las obligaciones
impuestas a su cargo. Consideró que el material probatorio demostraba que las
inundaciones obedecían exclusivamente a la deficiente infraestructura del box
culvert, sin que existieran otras causas que justificaran la imposición de obligaciones
a esta entidad territorial30. En este sentido, estimó que, sustentado en causas
inexistentes, el a quo impartió órdenes en su contra que, además, no estaban
pedidas en la demanda. Al respecto, señaló que “la petición efectuada por los
actores populares, se circunscribió a indicar y solicitar: Ordenar a las demandadas
que realicen ampliación de las obras existentes o que construyan un puente los
actores solicitaron la ampliación de la obra existente o la construcción de una nueva
estructura box culvert”. En esta línea, concluyó que el a quo fue más allá, y le impuso
cargas adicionales a las peticionadas.

29 Documento contenido en el expediente digital con certificado F50EEC4B7C7E8C02
EF2EA3E542DBDC6F 43B25FF58D83C4DF 2DA3AADA922000CE, ubicado en el índice 90 de
SAMAI, primera instancia.
30 Documento contenido en el expediente digital con certificado 1950F5B4B3A72B1D
381F6470320E29AA D6FB3980B2171B7E 1491B4FA8D438E29, ubicado en el índice 95 de SAMAI,
primera instancia.
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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

5.2. El INVÍAS manifestó conformidad con la sentencia, pero solicitó ser exonerado
de la obligación de realizar los diseños, en razón a que ya existían estudios
elaborados por CORNARE, la sociedad Intercarreteros y el Departamento. En este
sentido, requirió que se le condenara únicamente a ejecutar la obra y que se le
ordenara al Municipio precisar la ubicación y las dimensiones de las soluciones
hidráulicas, por tratarse de información que estaba a su alcance31.

5.3. La ANI32 solicitó revocar la sentencia apelada, para que no se impusieran
condenas en su contra. Argumentó que no estaba legitimada en la causa por pasiva.
Sostuvo que el tramo objeto de intervención no forma parte de la infraestructura
asignada por el Mintransporte o el Gobierno Nacional. Añadió que sus funciones no
son de construcción, sino de carácter técnico y de estructuración de proyectos de
concesiones y otras formas de asociación pública y privada.

6. Trámite en segunda instancia

6.1. El 25 de octubre de 2022 se admitieron los recursos de apelación interpuestos
por la ANI, el INVÍAS y el Municipio33.

6.2. El 18 de enero de 2023 se corrió traslado a la parte actora para que se
pronunciara sobre los escritos de sustentación presentados por las entidades
demandadas, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 2213 de 202234.

6.3. La parte demandante solicitó mantener incólumes las órdenes impartidas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia35.

6.4. El Ministerio Público conceptuó que debía confirmarse la sentencia de primera
instancia porque consideró acreditada la vulneración de los derechos colectivos a
la salubridad pública y acceso a la infraestructura de servicios públicos, y a la
seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles36.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el presente medio de control de protección e intereses colectivos, la
Sala abordará los siguientes aspectos: (1) presupuestos procesales, (2) problemas
jurídicos, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) conclusión y (6) costas.

31 Documento contenido en el expediente digital con certificado C1C899BBA0157C3A
004C95701450D70B AA500AF499F6FD14 0462AF7ECEA1E3AC, ubicado en el índice 96 de
SAMAI, primera instancia.
32 Documento contenido en el expediente digital con certificado 096F3867EDABF029
FE4E8E57993B57E4 EFA0CDD287A39F5F 27AAE751C3A05F3D, ubicado en el índice 10 de
SAMAI.
33 Índice 4 de SAMAI.
34 Índice 13 de SAMAI.
35 Documento contenido en el expediente digital con certificado 5069F56A14EB603E
90899E9D272C4767 184153D06AAB2FE1 F673A942E28962DE, ubicado en el índice 18 de SAMAI.
36 Índice 12 de SAMAI.

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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

1. Presupuestos procesales

1.1. De conformidad con los artículos 1537 de la Ley 472 de 1998 y 10438 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en lo sucesivo
CPACA), la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para
conocer el presente asunto, toda vez que el medio de control tiene origen en
presuntas omisiones atribuibles a entidades públicas.

1.2. Al tenor de lo dispuesto en los artículos 15039 y 152.1440 del CPACA, en
concordancia con el artículo 1341 del Acuerdo 080 de 201942, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 202443, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, teniendo en cuenta que la demanda invocó entre los derechos lesionados
el de la moralidad administrativa y este fue objeto del pronunciamiento emitido por
el a quo.

1.3. Yeison Iván Velásquez Rodríguez y José Ángel Castro se encuentran
legitimados en la causa para ejercer el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, de acuerdo con el artículo 1244 de la Ley 472 de
1998, que habilita a toda persona natural o jurídica para acudir a la jurisdicción en
defensa de derechos e intereses colectivos.

Por su parte, la demanda se dirige contra las entidades que, según los actores,

37 “Artículo 15. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las Acciones Populares originadas en actos,
acciones y omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen
funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la
materia. […]”.
38 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. […]”.
39 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativo […]”.
40 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Modificado por

el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia
de los siguientes asuntos: […] 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos
y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de
ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas. […]”.
41 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: […] 13.
Las acciones populares que versen sobre asuntos contractuales y aquellas relacionadas con el
derecho a la moralidad administrativa. […]”.
42 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
43 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
44 “Artículo 12. Titulares de las Acciones. Podrán ejercitar las acciones populares: 1. Toda persona

natural o jurídica. […]”.
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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

incurrieron en amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados, en los
términos del artículo 1445 ibidem. En consecuencia, se encuentra establecida la
legitimación de hecho de las entidades demandadas46.

2. Problemas jurídicos

A partir de los recursos de apelación interpuestos por el Municipio, el INVÍAS y la
ANI, la Sala procederá a responder los siguientes problemas jurídicos:

2.1. Para establecer si las obligaciones impuestas al Municipio se ajustan a sus
competencias constitucionales y legales en materia de control urbanístico y gestión
del riesgo, la Sala debe determinar si las inundaciones obedecen exclusivamente a
la deficiente infraestructura del box culver, o si existen otras causas que justifiquen
la imposición de obligaciones a cargo de esta entidad territorial, verificando,
además, las facultades del juez de la acción popular para determinar las medidas
necesarias, dirigidas a contener o evitar la amenaza de los derechos colectivos.

2.2. Para revisar si el INVIAS debe ser exonerado de la obligación de realizar los
diseños ordenados por el a quo y si, en tal sentido, debiera condenársele
únicamente a la ejecución de la obra, la Sala debe establecer si los estudios previos
elaborados por CORNARE, Intercarreteros y el Departamento son suficientes para
tal efecto y si resulta procedente ordenarle al Municipio que precise la ubicación y
dimensiones de las soluciones hidráulicas requeridas, atendiendo a la disponibilidad
de información técnica y a la distribución legal de sus competencias.

2.3. Para establecer si la ANI es materialmente responsable frente a los hechos de
la demanda, la Sala debe determinar si el tramo objeto de intervención forma parte

45
“Artículo 14. Personas Contra Quienes se Dirige la Acción. La Acción Popular se dirigirá contra el
particular, persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere
que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En caso de existir la vulneración o
amenaza y se desconozcan los responsables, corresponderá al juez determinarlos”.
46 La falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte y Ministerio

de Vivienda, Ciudad y Territorio no fue un aspecto discutido por las partes y será confirmado. “[…]
[la jurisprudencia] ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la
causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el
demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida
de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado,
de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que
se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la
referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto
admisorio de la demanda. Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación
real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de
que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. Así pues, un sujeto
puede estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo
cual ocurrirá cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los
intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio,
evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el
demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el
demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores. […]”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de
noviembre de 2021, Rad. No. 47001-23-31-000-2009-00022-01.
12

Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
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de la infraestructura asignada por el Mintransporte o el Gobierno Nacional a dicha
entidad y si, conforme a su régimen legal de competencias, sus funciones
comprenden obligaciones relacionadas con la construcción, intervención o
mantenimiento de la vía, o si, por el contrario, se limitan a actividades de
estructuración y gestión técnica de proyectos de concesión y asociaciones público-
privadas.

3. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala les otorga pleno valor probatorio a los
informes rendidos por CORNARE, el Consorcio Intercarreteros y el Departamento
Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres
de Antioquia -DAPARD-, por haber sido elaborados por entidades y profesionales
con competencia técnica, científica y legal en análisis de riesgos hidráulicos e
infraestructura. Dichos documentos cumplen con los requisitos de idoneidad,
objetividad y coherencia, al estar sustentados en visitas de campo, levantamientos
topográficos y modelaciones hidrológicas e hidráulicas, sin que su contenido haya
sido controvertido por las demandadas o desvirtuado por prueba técnica de igual o
superior rigor.

También obra en el expediente el testimonio de Juan Guillermo Garcés Restrepo,
médico veterinario y especialista en comunicación y periodismo, quien relató lo que
le constaba sobre la transformación del corregimiento Doradal, las inundaciones
ocurridas en el territorio y las circunstancias que rodearon la construcción del box
culvert47. No obstante, al no tratarse de un perito ni de un testigo técnico, su
declaración no puede considerarse ilustrativa sobre una situación que exige
conocimientos especializados, razón por la cual no será valorada como prueba
científica, sino como testigo presencial de los hechos demandados.

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión del presente asunto:

3.1. El corregimiento Doradal se ubica al occidente de la cabecera municipal de
Puerto Triunfo, sobre la autopista Medellín – Bogotá48. En su entorno discurren las
quebradas Doradal (zona sur) y Dos Quebradas (zona norte)49.

47 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92
D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “25.Video”.
48 Información obtenida de la página web https://corregimientos.antioquia.gov.co/corregimiento-

doradal/
49 De esta situación da cuenta el estudio realizado por CORNARE; documento contenido en el

expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92 D1EB8AFA0DFEB67D
D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de SAMAI de la primera
instancia, archivo “02.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 75 a 131.
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3.2. La vía nacional Medellín – Bogotá, identificada con el código 6005, a cargo del
INVIAS, cuenta con la construcción de una estructura rígida de 14m de longitud
transversal que incluye cuneta, berma, bordillo y zonas verdes por ambas
márgenes, con una sección de 3.5 x 3.5m, aletas a la entrada y a la salida, que se
denomina box culvert50.

3.3. El 23 de mayo de 1996, el INVÍAS entregó la operación de la citada carretera
mediante contrato de concesión a Devimed S.A., con el objeto de “realizar por el
sistema de concesión los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación
y de construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto “Desarrollo Vial del
Oriente de Medellín y Valle de Río Negro y Conexión a Puerto Triunfo” en el
departamento de Antioquia”51. El literal h de la cláusula sexta del contrato estableció,
como obligación del concesionario, realizar “los trabajos de conservación,
reparación, mantenimiento y reconstrucción necesarios para mantener el proyecto
en los niveles de servicio e índice de estado del pavimento establecidos en la
cláusula vigésima quinta […] Esta obligación incluye la remoción de derrumbes y
deslizamientos y posterior mantenimiento de la zona donde se presenten […] como
también las reparaciones que sean necesarias para mantener en buen estado todos
los puentes existentes en la vía concesionada [….]”.

Asimismo, la cláusula vigésima quinta determinó que ”desde la suscripción del “Acta
de iniciación de la Etapa de Diseño y Programación”, hasta la entrega final del
proyecto, al término del contrato, el concesionario asume entera responsabilidad
por el mantenimiento de los tramos de carretera incluidos en la concesión, la
reparación y el cuidado de todas las obras incluidas en la misma, con excepción de
los tramos cinco y seis, que el concesionario deberá conservar y mantener, a partir
del momento que el Instituto le haga entrega de los mismos […]”.

3.4. El 30 de diciembre de 1999, el INVÍAS y Devimed S.A. firmaron el acta de
entrega de la totalidad de la vía Santuario-Puerto Triunfo-Caño Alegre a esta
última52.

50 De esta situación dan cuenta, entre otras pruebas: (i) el informe técnico rendido por el
Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de
la Gobernación de Antioquia; y (ii) el estudio de las zonas de inundación en el corregimiento de
Doradal realizado por Cornare; documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificado
744AE2FB8692EE92 D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado
en el índice 105 de SAMAI de la primera instancia, archivos “01.ExpedienteDigitalizado […]” y
“02.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 121 a 135 y 75 a 131, respectivamente.
51 Contrato de concesión 0275 de 1996; documento contenido en el expediente digitalizado con

certificado 744AE2FB8692EE92 D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62
E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de SAMAI de la primera instancia, archivo
“03.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 215 a 248.
Asimismo, se consultó el siguiente listado:
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/u233/listadodeconcesiones_0.xlsx
52 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “03.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 207 a 209.
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3.5. El 12 de septiembre de 2003, mediante Resolución 00352153, el INVÍAS cedió
a título gratuito y subrogó el contrato de concesión al Instituto Nacional de
Concesiones, hoy la ANI54.

3.6. El 18 de abril de 2013, mediante el Acuerdo 003, artículos 44, 76, 77 y 80, el
Concejo Municipal de Puerto Triunfo adoptó la revisión y ajuste del esquema de
ordenamiento territorial, en el cual se identificaron zonas de amenaza alta y riesgo
por inundación en el corregimiento Doradal. Así estableció que: (i) el corregimiento
de Doradal presenta zonas clasificadas como de amenaza alta y riesgo por
inundación, tanto en suelo urbano como en suelo rural; (ii) las quebradas Doradal y
Dosquebradas generan afectaciones por inundación en el corregimiento de Doradal,
particularmente en sus terrazas bajas y llanuras de inundación; (iii) en el área
urbana del corregimiento de Doradal existen viviendas asentadas en zonas
identificadas como de amenaza alta por inundación; (iv) el barrio Jorge Tulio Garcés,
ubicado en el área urbana de Doradal, ha sido clasificado como zona de amenaza
alta por inundación; (v) en el sector correspondiente a la margen derecha de la
quebrada Dosquebradas, a la altura de la carrera 20 con calle 26, se localizan
viviendas asentadas en zona de amenaza alta por inundación; (vi) la llanura de
inundación de la quebrada Doradal, hacia el sur y el oriente de la zona urbana de
Doradal, ha sido identificada como zona de amenaza alta por inundación; (vii) en el
corregimiento de Doradal se encuentran identificadas ochenta y siete (87) viviendas
localizadas en zonas de alto riesgo por inundación; y (viii) las viviendas en condición
de alto riesgo por inundación en el corregimiento de Doradal se distribuyen, entre
otros sectores, en el barrio Jorge Tulio Garcés y en la margen derecha de la
quebrada Dosquebradas, a la altura de la carrera 20 con calle 2655.

3.7. En el año 2016, CORNARE realizó un estudio sobre las zonas de inundación
en el corregimiento Doradal, en el cual concluyó que la estructura hidráulica
existente en el cruce de la quebrada Doradal con la autopista Medellín – Bogotá
presenta insuficiencia para atender crecientes con períodos de retorno superiores a
los 10 años. Recomendó el reemplazo del box culvert por una estructura menos
invasiva y de mayor capacidad hidráulica, que permitiría reducir la zona de
inundación al evitar el represamiento de aguas56.

3.8. El 1 de marzo de 2016, el Consorcio Intercarreteros rindió concepto técnico
sobre las posibles causas de las inundaciones en el corregimiento Doradal. Indicó
que las obras existentes no ofrecían la suficiencia hidráulica requerida durante

53 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92
D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “03.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 211 a 213.
54 El 3 de noviembre de 2011, por medio del Decreto 4165, el Instituto Nacional de Concesiones se

transformó en la ANI
55 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, carpeta “34.Memorial 21.02.2022 […]”, archivo “downloader (12)”.
56 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “02.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 75 a 120.
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eventos de creciente, y recomendó intervenir las alcantarillas ubicadas en el punto
de la autopista objeto de análisis. Además, advirtió la ocupación de la margen
izquierda con llenos antrópicos y proyectos de vivienda, que han interferido con el
cauce natural de la quebrada57.

3.9. En el año 2018, CORNARE actualizó el análisis hidrológico previamente
realizado, reiterando las conclusiones obtenidas en el estudio de 201658.

3.10. El 23 de enero de 2018, mediante el Decreto 014, el Municipio de Puerto
Triunfo adoptó la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias, en la cual se
consignó que las viviendas construidas sobre la llanura aluvial de las quebradas
Doradal y Dosquebradas se encuentran en zonas de alto y medio riesgo por
inundación59.

3.11. El 14 de marzo de 2018, algunos residentes del corregimiento Doradal
remitieron a la ANI una solicitud en la que pidieron: (i) adelantar las obras necesarias
para mitigar el riesgo de inundación; y (ii) analizar el estudio presentado por
CORNARE60.

3.12. El 22 de mayo de 2018, la Asociación de Vivienda de San Sebastián de la
Vega le solicitó a la Alcaldía de Puerto Triunfo que, entre otras gestiones,
interviniera ante la ANI con el fin de lograr la ejecución de las obras de ampliación
del box culvert61.

3.13. El 24 de mayo de 2018, la Asociación de Vivienda de San Sebastián de la
Vega requirió a la ANI para que ordenara la realización de una visita de inspección
al box culvert, con el propósito de constatar la gravedad de las inundaciones que
afectaban al corregimiento Doradal62.

3.14. El 1 de septiembre de 2018, la ANI entregó nuevamente al INVÍAS, la vía

57 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92
D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “03.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 13 a 19. Este
concepto fue ratificado tras una visita el 14 de septiembre de 2017.
58 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “02.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 123 a 131.
59 Documentos contenidos en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, carpeta “34.Memorial 21.02.2022 […]”, archivos “downloader (5)” y
“downloader (7)”.
60 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “01.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 15 a 29.
61 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “01.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 31 a 34.
62 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “01.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 35 a 39.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

nacional Medellín – Bogotá, identificada con el código 6005, tramo objeto de
estudio63.

3.15. El 26 de febrero de 2019, la Asociación de Vivienda de San Sebastián de la
Vega le solicitó al Ministerio de Transporte la ejecución de las obras necesarias para
la ampliación del box culvert o la construcción de un puente que permitiera el
adecuado flujo de agua en época invernal64.

3.16. El 26 de febrero de 2019, la Asociación de Vivienda de San Sebastián de la
Vega elevó una petición al INVÍAS con el fin de que se ejecutaran las obras
requeridas para la ampliación del box culvert o la construcción de un puente que
garantizara el flujo de agua en temporada invernal65.

3.17. El 23 de abril de 2019, el Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia emitió informe
técnico en el que advirtió la existencia de una condición de riesgo latente por
inundación en épocas de invierno en los barrios Avinuvid, San Sebastián de la Vega,
La Electrificadora, Los Sauces y Jorge Tulio Garcés. Atribuyó dicha amenaza a la
insuficiente capacidad hidráulica del box culvert66.

3.18. Desde fechas indeterminadas, los barrios colindantes al paso de la quebrada
Doradal han sufrido inundaciones recurrentes, atribuibles a la insuficiencia
hidráulica del box culvert67.

4. Caso concreto

63 Tal como lo reconocen los demandantes y las entidades en distintas oportunidades del proceso.

De la misma manera, en oficio del 24 de abril de 2019, la Secretaría de Infraestructura Física de la
Gobernación de Antioquia informó que la vía era manejada por el INVÍAS; documento contenido en
el expediente digitalizado con certificado 5B82E51067914F5E 95BF3214B369C77F
D7E242EC9C6D70F4 2CCAD00A7005EFC3, ubicado en el índice 2 de SAMAI, archivo
“01.ExpedienteDigitalizadoCuaderno1[…]”, páginas 119 y 120. También, de conformidad con el
mapa de carreteras de la red vial nacional consultado en: https://hermes2.INVÍAS.gov.co/SIV/
64 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “01.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 55 a 59.
65 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “01.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 73 a 77.
66 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 744AE2FB8692EE92

D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62 E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de
SAMAI de la primera instancia, archivo “01.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 121 a 135.
67 De esta situación dan cuenta, entre otras pruebas: (i) el informe técnico rendido por el

Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de
la Gobernación de Antioquia; y (ii) el estudio de las zonas de inundación en el corregimiento de
Doradal realizado por CORNARE; documentos contenidos en el expediente digitalizado con
certificado 744AE2FB8692EE92 D1EB8AFA0DFEB67D D78A9856A6E9EF62
E096785F284C49B1, ubicado en el índice 105 de SAMAI de la primera instancia, archivos
“01.ExpedienteDigitalizado […]” y “02.ExpedienteDigitalizado […]”, páginas 121 a 135 y 75 a 131,
respectivamente.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

La Sala modificará la sentencia proferida el 7 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las siguientes razones:

4.1. La Constitución Política de 1991 consagró los derechos e intereses colectivos
como garantías de naturaleza constitucional que trascienden el ámbito individual y
se proyectan en la esfera social. Estas garantías se predican de la comunidad en
su conjunto y buscan preservar bienes jurídicos esenciales para la vida en sociedad,
tales como el patrimonio público, el ambiente, la moral administrativa, el espacio y
la seguridad públicos, entre otros68.

Para asegurar su protección efectiva, el artículo 8869 superior estableció la acción
popular como mecanismo judicial destinado a prevenir, proteger o restablecer los
derechos o intereses colectivos amenazados o vulnerados por la acción u omisión
de autoridades o particulares. Dicho precepto dispuso que la ley regularía las
acciones populares para la protección de tales derechos.

En desarrollo de este mandato, el artículo 2 de la Ley 472 de 1998 definió las
acciones populares como medios procesales para evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza o la vulneración, o restituir las cosas a su estado
anterior, cuando fuere posible. Más adelante, el artículo 144 del CPACA incorporó
esta figura bajo la denominación de medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, conservando su esencia y sus elementos estructurales.

De lo anterior se desprende que la acción popular -o medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos- constituye un instrumento judicial de naturaleza
pública, orientado a salvaguardar bienes jurídicos colectivos definidos por la
Constitución, la ley o los tratados internacionales ratificados por Colombia70. Se
trata de una acción autónoma y principal, de carácter preventivo y restitutorio, que
no persigue sancionar al demandado, sino restablecer la vigencia del derecho o
interés colectivo afectado71.

Para su procedencia deben acreditarse tres elementos sustanciales: (i) una acción
u omisión atribuible a la parte demandada; (ii) la existencia de un daño contingente,
peligro, amenaza o vulneración de los derechos o intereses colectivos; y (iii) el nexo
causal entre la conducta y la afectación alegada72.

68 Corte Constitucional, sentencias C-215 de 1999 y SU-649 de 2017.
69 “Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral
administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se
definen en ella. […]”.
70 Ley 472 de 1998. “Artículo 4. Derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos,

entre otros, los relacionados con: […] Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos
como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados
por Colombia. […]”.
71 Corte Constitucional, sentencias T-528 de 1992, SU-067 de 1993, C-215 de 1999 y SU-649 de

2017.
72 Al respecto, consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, sentencias del 30 de noviembre de 2006, 5 de marzo de 2015 y 26 de marzo de

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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

La jurisprudencia ha precisado que esta acción puede ser ejercida por cualquier
persona natural o jurídica, sin perjuicio de la intervención de entidades públicas,
organismos de control o asociaciones cívicas que representen intereses
colectivos73. Ello obedece a su naturaleza pública y participativa, como
manifestación del principio de democracia participativa consagrado en el artículo 1
de la Constitución74.

Finalmente, conviene destacar que la acción popular no tiene por objeto el control
de constitucionalidad o legalidad de las normas, por lo que no procede para
cuestionar directamente disposiciones de rango legal ni para impartir órdenes al
legislador75. Su finalidad exclusiva es la protección judicial de los derechos e
intereses colectivos, mediante órdenes o medidas que restablezcan su goce
efectivo y prevengan la consolidación de un daño social.

Asimismo, el juez popular carece de facultad para anular actos administrativos o
contratos estatales, finalidades reservadas a otros medios de control y a los jueces
naturales de esas causas. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que, ante la evidencia de un derecho colectivo comprometido, el operador
judicial puede adoptar medidas materiales distintas que garanticen dicha
prerrogativa, tales como: (i) la inaplicación total o parcial del acto, con efectos inter-
partes; (ii) la interpretación condicionada del acto administrativo; y (iii) la suspensión
de sus efectos, mientras se supera la amenaza o vulneración del derecho
colectivo76.

4.2. En lo que resulta relevante a esta instancia, el derecho colectivo a la seguridad
y prevención de desastres técnicamente previsibles busca evitar la ocurrencia de
calamidades de origen natural o humano mediante la adopción de medidas

2015, Rad. Nos. 25000-23-26-000-2004-00768-01, 15001-23-33-000-2013-00086-01 y 15001-23-
31-000-2011-00031-01.
73 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

sentencias del 15 de septiembre de 2025 y 20 de junio de 2024, Rad. Nos. 41001-23-31-000-2010-
000733-01 y 19001-23-33-000-2019-00082-01; y Corte Constitucional, sentencias C-622 de 2007 y
SU-649 de 2017.
74 Corte Constitucional, sentencias C-215 de 1999, C-644 de 2011 y SU-649 de 2017.
75 Por ejemplo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, sentencia del 7 de abril de 2005, Rad. No. 25000-23-25-000-2003-01499-01.
76 CPACA. “Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. […] Cuando la

vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública,
podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo
o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio
de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración
de los derechos colectivos. […]”. Al respecto, por ejemplo, consultar: Corte Constitucional, Sentencia
C-644 de 2011; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13
de febrero de 2018, Rad. No. 25000-23-15-000-2002-02704-01. Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 10 Especial de Decisión, sentencia del 4 de octubre de 2021,
Rad. No. 52001-33-31-008-2008-00304-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 27 de abril de 2020, 16 de diciembre
de 2022 y 23 de agosto de 2024, Rad. Nos. 81001-23-39-000-2015-00023-01, 25000-23-15-000-
2010-02609-01 y 25000-23-41-000-2013-01109-01; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2024, Rad. No.
81001-23-31-000-2013-00001-01.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

anticipadas por parte de las autoridades competentes. Su finalidad es garantizar la
efectividad de los derechos constitucionales reconocidos a las comunidades y a las
personas, así como preservar las condiciones normales de vida en los territorios.

Este derecho tiene un carácter eminentemente preventivo, en tanto busca evitar la
materialización de riesgos que afectan a la población, ya sean de origen natural o
derivados de la intervención humana. No obstante, su invocación no se limita a
escenarios de amenaza, sino que también procede frente a vulneraciones concretas
que comprometan su goce efectivo.

En ese sentido, esta garantía constitucional exige una Administración activa, técnica
y comprometida, que asuma de manera permanente sus responsabilidades y ejerza
un monitoreo constante sobre los ámbitos de la vida social bajo su competencia,
con el fin de anticipar y mitigar situaciones que puedan derivar en la afectación de
intereses colectivos. Tal actuación debe estar orientada por criterios de oportunidad,
eficacia y racionalidad, especialmente cuando los riesgos son susceptibles de ser
previstos mediante la observación sistemática de la realidad y la adopción de
medidas pertinentes77.

4.3. Descendiendo al caso concreto, se advirtió que los demandantes ejercieron el
medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, para que se
declarara la vulneración de sus derechos a la moralidad administrativa, a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles, y para que se le ordenara a las entidades demandadas
realizar la ampliación de la obra existente o la construcción de una nueva estructura
con mayor capacidad hidráulica, que evitara represamientos de aguas en época
invernal, con el fin de evitar las inundaciones ocurridas en el corregimiento Doradal.

Además, se observó que el Tribunal Administrativo de Antioquia encontró
“amenazado y en riesgo el derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente”. No obstante, con relación a la moralidad
administrativa, concluyó que no se acreditó su vulneración, pues el expediente no
aportó elementos que permitieran demostrar una afectación autónoma de este
derecho colectivo.

En consecuencia, el a quo declaró la amenaza del derecho colectivo a la seguridad
y prevención de desastres técnicamente previsibles y, en síntesis, le ordenó: (i) al
INVÍAS que realizara los estudios técnicos, hidrológicos e hidráulicos y ejecutara las
obras necesarias para reemplazar el box culvert existente por una estructura de
mayor capacidad hidráulica, incluyendo obras complementarias, dentro de un
término total de tres (3) años; (ii) a la ANI, a través de su concesionario DEVIMEDN,

77Sobre el particular, consultar, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencias del 26 de marzo de 2015 y del 18 de mayo de 2017,
Rad. Nos. 15001-23-31-000-2011-00031-01 y 13001-23-31-000-2011-00315-01; y Corte
Constitucional, Sentencia T-235 de 2011.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
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que efectuara el mantenimiento del box culvert ubicado en la autopista Medellín –
Bogotá, en el corregimiento de Doradal, mientras se ejecutan las obras definitivas;
(iii) al Municipio que adelantara los estudios y ejecutara las obras necesarias en la
quebrada Doradal, identificara las personas que habitan dentro de la franja de retiro
de treinta (30) metros y las reubicara mediante programas de vivienda, conforme a
los plazos establecidos; (iv) al Municipio y a CORNARE que adelantara los actos
necesarios para recuperar la franja de retiro de la quebrada Doradal y ejecutara las
actuaciones necesarias para garantizar el normal recorrido de su cauce; (v) al
Municipio y al INVÍAS, según sus competencias, que ejecutaran las obras en dos
alcantarillas metálicas para prevenir riesgos, y (vi) a la UNGRD, DAGRAN y
CORNARE que brindaran acompañamiento institucional en el cumplimiento de las
órdenes impartidas.

Ahora, si bien es cierto que el objeto de los recursos de alzada recae sobre las
ordenes emitidas por el a quo y no discute el reconocimiento de los derechos
colectivos, en ejercicio de sus facultades oficiosas como juez constitucional popular,
la Sala estima necesario precisar que el material probatorio obrante en el expediente
permite concluir no solo la configuración de un estado de amenaza, sino también la
existencia de una vulneración efectiva de los derechos a la seguridad y prevención
de desastres técnicamente previsibles.

En efecto, las pruebas demuestran que la comunidad del corregimiento Doradal ha
soportado afectaciones reales derivadas de las inundaciones que se presentan en
la zona. Desde el año 2013, el propio esquema de ordenamiento territorial identificó
87 viviendas localizadas en zonas de alto riesgo por inundación, varias de ellas en
sectores específicos como el barrio Jorge Tulio Garcés y la margen derecha de la
quebrada Dosquebradas (hecho probado 3.6.).

Posteriormente, en el año 2016, estudios técnicos especializados evidenciaron la
insuficiencia hidráulica de las obras existentes en el cruce de la quebrada Doradal
con la autopista Medellín – Bogotá, las cuales no soportan crecientes con períodos
de retorno superiores a diez años, generando represamientos e inundaciones
(hechos probados 3.7. y 3.8.), conclusiones que fueron reiteradas en la
actualización técnica realizada en 2018 y en el informe técnico del 2019 (hechos
probados 3.9. y 3.17.).

A ello se suma que la propia comunidad, a través de la Asociación de Vivienda de
San Sebastián de la Vega, en los años 2018 y 2019, solicitó la intervención de la
ANI, el Ministerio de Transporte, la Alcaldía de Puerto Triunfo y el INVÍAS para que
constataran la gravedad de las inundaciones que venían afectando al corregimiento
y encontraran una solución definitiva a esta problemática (hechos probados 3.11. a
3.13. y 3.15. y 3.16.).

Aunado a lo anterior, en su testimonio de 20 de octubre de 2021, rendido en el
plenario, Juan Guillermo Garcés Restrepo manifestó que ha residido prácticamente
toda su vida en el corregimiento Doradal y que, durante ese tiempo, ha presenciado
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

reiteradamente la ocurrencia de inundaciones, situación que ha afectado de manera
constante a los habitantes de dicho territorio78.

Bajo ese contexto, la Sala evidencia que las invocadas inundaciones refieren
eventos que han impactado efectivamente las condiciones de seguridad de los
habitantes del corregimiento de Doradal, de donde es dable afirmar que el derecho
colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles ha
sido lesionado, en tanto la población ha estado expuesta y ha sufrido las
consecuencias de una infraestructura insuficiente frente a fenómenos hidrológicos
previsibles.

De otra parte, además de la vulneración ya consumada, el acervo probatorio
acredita la persistencia de una situación estructural de amenaza y riesgo. Así, el
Acuerdo 003 de 2013 reconoció formalmente la existencia de zonas clasificadas
como de amenaza alta y riesgo por inundación, tanto en suelo urbano como rural,
incluyendo viviendas asentadas en la llanura de inundación de las quebradas
Doradal y Dosquebradas (hecho probado 3.6.).

A su turno, el Decreto 014 de 2018, mediante el cual se adoptó la Estrategia
Municipal de Respuesta a Emergencias, reiteró que las viviendas construidas sobre
la llanura aluvial de las quebradas “Dos Quebradas” y “Doradal” se encuentran en
zonas de alto y medio riesgo por inundación (hecho probado 3.10.).

De modo que los estudios técnicos mencionados no solo identificaron deficiencias
estructurales, sino que recomendaron intervenciones específicas para mitigar el
riesgo (hechos probados 3.7. a 3.9. y 3.17.), sin que obre prueba de su superación
definitiva.

En consecuencia, la Sala precisa que la situación del corregimiento Doradal no se
agota en un escenario de amenaza, sino que configura simultáneamente una
vulneración efectiva y un estado permanente de riesgo respecto del derecho
colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles, lo
cual impone la adopción de medidas estructurales orientadas a garantizar su
protección real y efectiva.

Así las cosas, la Sala dirigirá su estudio a responder los puntos propuestos por los
recursos de apelación, frente a los cuales verificará las ordenes impuestas por el
Tribunal.

4.3.1. Determinación de las causas de las inundaciones, frente a las
competencias del Municipio en materia de control urbanístico y gestión del
riesgo, y verificación de las facultades del juez constitucional popular para

78 De conformidad con los artículos 176 y 211 del CGP, se considera que el testigo relata las
situaciones por él percibidas, no es un testimonio de oídas y se encuentra libre de sospecha y de
circunstancias que le resten credibilidad, en cuyo sentido se valora.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
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establecer las medidas dirigidas a contener o evitar la vulneración de los
derechos colectivos

Es importante rememorar que el Tribunal declaró vulnerados los derechos
colectivos a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles,
fundado en la insuficiencia hidráulica del box culvert construido en la autopista
Medellín – Bogotá. No obstante, adicionalmente encontró que la vulneración a los
intereses colectivos no obedecía a esta única causa, sino que en ella influyeron:

“[1] La ubicación de dos alcantarillas metálicas de sección abovedada con altura
3.00 m y base 3.30m, en las abcisas K114+337 y K114+586 respectivamente, dado
que los remolinos que se forman durante los eventos de crecientes máximas,
generan inestabilidad de los taludes del terraplén.

[2] Insuficiente capacidad hidráulica del canal de la quebrada Doradal para caudales
superiores a 3.33 años de período de retorno.

[3] Margen izquierdo de la Quebrada Doradal aguas arriba del box culver con una
cota inferior a la del margen derecho.

[4] El crecimiento poblacional: La zona de inundación de la Quebrada Doradal, se
encuentra totalmente intervenida por la margen izquierda, con llenos antrópicos y la
construcción de proyectos de vivienda, sin respetar la franja paralela al cauce de la
misma que por disposición legal debe mantenerse libre”.

Al respecto, el Municipio señaló que “los 3 informes técnicos elaborados por
Cornare, DAPARD y una entidad contratada por la ANI” certificaban que las
inundaciones obedecían exclusivamente a la deficiente infraestructura del box
culvert, sin que existieran otras causas que justificaran la imposición de obligaciones
a esta entidad territorial79.

Sobre este particular, se advierte la existencia de dos estudios técnicos elaborados
por CORNARE, denominados “Análisis de zonas de inundación en el corregimiento
de Doradal” y “Actualización de la zona de inundación del lote ubicado en el
corregimiento de Doradal”, los cuales constituyen las principales fuentes técnicas
para determinar las condiciones hidrológicas e hidráulicas del área afectada y la
magnitud del riesgo por inundación (hechos probados 3.7. y 3.9.).

Dichos estudios, elaborados mediante visitas de campo, levantamientos
topográficos y modelaciones con herramientas especializadas, identificaron como
punto crítico de las inundaciones el cruce de la quebrada Doradal con la autopista
Medellín – Bogotá, donde se encuentra una estructura tipo box culvert de gran
tamaño, considerada como el único riesgo hidráulico observado en el recorrido
técnico.

79 Documento contenido en el expediente digital con certificado 1950F5B4B3A72B1D
381F6470320E29AA D6FB3980B2171B7E 1491B4FA8D438E29, ubicado en el índice 95 de SAMAI,
primera instancia.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

Según lo concluido por la autoridad ambiental, la infraestructura presenta múltiples
deficiencias: (i) no se encuentra alineada con el sentido de flujo de la corriente; (ii)
no es vaciada de manera monolítica; (iii) carece de una estructura de transición con
el cauce natural en su salida; y (iv) no cuenta con capacidad hidráulica suficiente
para crecientes con períodos de retorno superiores a 10 años y genera
represamientos para todos los caudales analizados y un incremento de nivel en una
longitud considerable.

En atención a esto, coligió que los problemas de inundación obedecen,
principalmente, a la existencia de una estructura hidráulica insuficiente, y no al
comportamiento natural de la corriente. Por tal razón, la autoridad ambiental
recomendó el reemplazo de dicha estructura por otra menos invasiva y con mayor
capacidad hidráulica, lo que permitiría reducir significativamente la zona de
inundación.

En igual sentido, el Consorcio Intercarreteros, en su calidad de interventor de la ANI
en el contrato de concesión 0275 de 199680, emitió su concepto técnico sobre las
inundaciones en el corregimiento Doradal (hecho probado 3.8.) e indicó:

“Los ductos de las estructuras mencionadas se encuentran en buen estado
estructural; sin embargo, se requieren los siguientes trabajos:

-Para la alcantarilla cajón: Reparación de las aletas, por el desprendimiento de una
de ellas; protección del descote en piedra pegada, para controlar los procesos de
socavación remontante.

-Para las alcantarillas metálicas: Se requerirá la construcción de aletas en encole y
descole, dado que los remolinos que se forman durante los eventos de crecientes
máximas generan inestabilidad de los taludes del terraplén. […]”.

Además, Intercarreteros advirtió que las obras existentes no ofrecen suficiencia
hidráulica durante eventos de creciente, y que toda corriente de agua cuenta con
una zona de protección ambiental e hidráulica, de uso público y no edificable,
constituida por una franja de hasta 30 metros de ancho, medida desde el borde de
niveles máximos de creciente. El informe afirmó que esta franja debe destinarse al
manejo hidráulico y a la restauración ecológica. Sin embargo, concluyó que, en
algunos tramos del recorrido, tales requerimientos no se cumplen debido a la
intervención antrópica, rellenos y proyectos urbanísticos que han reducido la
capacidad del vaso de inundación.

De igual modo, el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención,
Atención y Recuperación de Desastres de Antioquia practicó visita técnica en el
punto PR 114-6005 de la vía nacional Medellín – Bogotá, donde se encuentra la
obra transversal tipo box culvert sobre la quebrada Doradal, compuesta por una
estructura reforzada de 14m de longitud transversal (ancho de la vía) que incluye

80 Contrato de interventoría no. 094 de 2012. Consultado en:
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-3070110
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cuneta, berma, bordillo y zonas verdes por ambas márgenes, con una sección de
3.5. x 3.5.m, aletas a la entrada a la salida de la estructura y, adicionalmente, aguas
arriba, posee una estructura de contención en la margen derecha del cauce (muro
en gavión de 5 niveles), y en la estructura de salida una losa en concreto (hecho
probado 3.17.). En su informe, estableció la existencia de un riesgo latente de
inundación en temporadas invernales, que afecta directamente a aproximadamente
800 familias. Este riesgo se atribuyó a la insuficiencia hidráulica del box culvert, que
genera represamientos aguas arriba, y aguas abajo, desbordamientos, erosión de
taludes e inundaciones. El informe recomendó realizar estudios hidrológicos e
hidráulicos de socavación para definir la obra de reemplazo adecuada.

Visto el recuento anterior, la Sala resalta la coincidencia sustancial entre los
conceptos técnicos en la identificación de la insuficiencia hidráulica del box culvert
como causa principal del riesgo de inundación, lo que refuerza su credibilidad y
fuerza demostrativa.

Textualmente, se tiene que: (i) Cornare concluyó que “los problemas de inundación
existentes en el corregimiento de Doradal se deben principalmente a la existencia
de una estructura hidráulica insuficiente y no al comportamiento hidráulico natural
de la corriente y, aunque reconoció que “gran parte del terreno se encuentra por
debajo de la cota de inundación, razón por la cual sería potencialmente inundable”,
explicó que, si la estructura de cruce “es reemplazada por una que cuent[e] con
mayor capacidad hidráulica, […] todo el lote de interés se encontraría por encima
de la cota de inundación […] razón por la cual no sería afectado […]”; y (ii) el
Departamento Administrativo del Sistema de Prevención Atención y Recuperación
de Desastres de Antioquia encontró una “[…] falta de capacidad hidráulica del box
c[ulvert] […] [d]onde aguas arriba está generando inundación por represamiento y
aguas abajo genera desborde, erosión de taludes (margen izquierda), pérdida de
obras, inundaciones, entre otros, que afectan el bienestar y tranquilidad de las
comunidades […]”.

Así, de los anteriores estudios se desprende que los fenómenos descritos, es decir,
la formación de remolinos en las alcantarillas metálicas, los desbordamientos por
superación de la capacidad del canal natural, la erosión de taludes y la
vulnerabilidad del margen izquierdo por diferencia de cotas, son consecuencias
previsibles del diseño y la capacidad limitada de las obras existentes, que impiden
evacuar adecuadamente los caudales de la creciente.

Dicho de otro modo, la falla hidráulica del sistema principal box culvert genera un
efecto en cadena que se manifiesta en: (i) remolinos e inestabilidad de taludes; (ii)
desbordamientos y erosión lateral; y (iii) anegamiento del margen izquierdo, cuya
cota inferior acentúa los efectos del represamiento aguas arriba.

Entonces, con fundamento en estos informes, el a quo señaló como factores
concurrentes de riesgo: (i) la existencia de dos alcantarillas metálicas de sección
abovedada en las abscisas K114+337 y K114+586; (ii) la insuficiente capacidad del
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cauce de la quebrada Doradal para caudales superiores a un periodo de retorno de
3.33 años; y (iii) la menor cota del margen izquierdo aguas arriba del box culvert.

Sin embargo, bajo este entendido, la Sala considera que tales circunstancias no
constituyen causas autónomas ni independientes, sino manifestaciones de una
misma problemática estructural. En efecto, los elementos señalados se encuentran
intrínsecamente vinculados a la insuficiencia hidráulica del sistema de drenaje que
permite el paso de la quebrada Doradal bajo la autopista Medellín – Bogotá,
deficiencia que fue debidamente acreditada en los informes técnicos antes
señalados.

En otras palabras, el riesgo colectivo identificado no tiene un origen múltiple o
concurrente, sino uno principal y determinante: la limitada capacidad hidráulica del
sistema de drenaje box culvert, que compromete el derecho colectivo a la seguridad
y a la prevención de desastres previsibles técnicamente.

No obstante, no ocurre igual frente al crecimiento poblacional identificado por la
primera instancia como causa de la amenaza y riesgo que aqueja a la comunidad
de Doradal.

Por el contrario, de acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, en
especial el Esquema de Ordenamiento Territorial (hecho probado 3.6.), la Estrategia
Municipal de Respuesta a Emergencias (hecho probado 3.10.) y el estudio técnico
del Consorcio Intercarreteros (hecho probado 3.8.), se encuentra acreditado que el
crecimiento poblacional y la expansión urbana no planificada en el corregimiento
Doradal constituyen un factor autónomo de amenaza al derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles, distinto a la causa
hidráulica previamente analizada.

En efecto, el Esquema de Ordenamiento Territorial identifica de manera precisa las
áreas clasificadas como de amenaza alta y media por inundación en el entorno de
las quebradas Doradal y Dos Quebradas, advirtiendo que dichas zonas carecen de
capacidad adecuada de drenaje y que, por tanto, su ocupación debe ser restringida
y sometida a control urbanístico y ambiental. No obstante, el mismo instrumento
reconoce que el crecimiento demográfico de Doradal se ha orientado hacia esos
sectores, sin observancia de las determinantes de riesgo ni aplicación de medidas
efectivas de contención (hecho probado 3.6.).

Por su parte, la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias reportó que el
corregimiento Doradal se ha visto afectado, en promedio, por tres eventos anuales
de crecientes súbitas con empalizadas, que han inundado amplias zonas del
territorio, impactando viviendas, inspecciones de policía y locales comerciales. En
dicho documento se delimitaron zonas de riesgo alto y medio por inundación, en los
siguientes términos (hecho probado 3.10.):

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“Riesgo alto: Incluye las viviendas que se encuentran construidas sobre la llanura
aluvial de las quebradas Doradal y Dosquebradas. Estas quebradas han registrado
mancha de inundación que alcanza hasta los 90 metros y 25 por fuera de su eje
respectivamente, naturalmente, entre más cercano se encuentren las estructuras
del eje de las quebradas, mayor es la probabilidad que la creciente más mínima
genere afectaciones. Los puntos referidos son afectados siempre que existe una
crecida del nivel de las aguas de los drenajes. En riesgo alto se encuentran las
viviendas del barrio Jorge Tulio Garcés, específicamente aquellas ubicadas hacia la
confluencia de las dos quebradas. Así mismo, las viviendas de un sector del barrio
de la Planta de Tratamiento y algunas otras en el sector de la subestación.

Riesgo medio: Incluye las viviendas que se encuentran construidas sobre la llanura
aluvial de las fuentes de agua, especialmente, la de la quebrada Doradal. Los
eventos reportados han generado menor impacto debido a su distancia con respecto
al eje de las fuentes de agua. Estas viviendas coinciden en su mayoría con la
amenaza media de inundación del sector de la subestación”.

Para mayor ilustración, el documento incluyó un mapa que muestra el riesgo por
inundaciones:

Finalmente, el informe técnico del Consorcio Intercarreteros evidenció que desde el
año 2007 se han desarrollado proyectos urbanísticos en la margen izquierda de la
quebrada Doradal, entre esta y la autopista y en la zona aguas arriba del box culvert.
Asimismo, documentó la invasión del cauce para ampliar un parqueadero existente,
lo cual ha interferido con el flujo natural de la quebrada.
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Bajo ese contexto, el informe concluyó que la expansión urbana dentro de la ronda
hídrica y la consolidación de asentamientos en zonas inundables agravan las
condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población, configurando una
presión antrópica independiente de la falla hidráulica estructural, atribuible a
omisiones en la planeación y control del uso del suelo, tanto por parte de las
autoridades municipales como de los particulares que han promovido desarrollos en
áreas no aptas para urbanización (hecho probado 3.8.).

Al respecto, el artículo 311 de la Constitución Política establece que al municipio,
como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.

Un primer referente en materia de gestión de riesgo lo constituye la Ley 9 de 198981,
cuyo artículo 5682 dispone que los alcaldes deben levantar un inventario de los
asentamientos humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón
a su ubicación en sitios anegadizos o sujetos a derrumbes y deslizamientos, y
reubicar a estas personas en zonas apropiadas. Además, les impone la obligación
de adoptar las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble
desocupado no vuelva a ser usado para vivienda humana, recurriendo a la
enajenación voluntaria o a la expropiación, de ser necesario.

Por su parte, el artículo 65 de la Ley 99 de 199383 enlistó las funciones de los
municipios en materia ambiental, dentro de las que se encuentra la de dictar, dentro
de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones superiores,

81 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación

de bienes y se dictan otras disposiciones”.
82 “Artículo 56. Los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar, en

el término máximo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, un inventario
de los asentamientos humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón a su
ubicación en sitios anegadizos, o sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma
presenten condiciones insalubres para la vivienda, y reubicarán a estos habitantes en zonas
apropiadas, con la participación del Instituto de Crédito Territorial. Además, tomarán todas las
medidas y precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no vuelva a ser usado para
vivienda humana. Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas,
mediante enajenación voluntaria directa o mediante expropiación, en los términos de la presente ley.
Cuando se trate de la enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones en el
folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta ley. Los inmuebles y mejoras así
adquiridos podrán ser recibidos en pago de los inmuebles donde fueren reubicados los habitantes.
Adquirido el inmueble, pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que
lo adquirió. Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehusan abandonar el
sitio, corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la desocupación
con el concurso de las autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas. Esta
orden se considerará, para todos los efectos, como una orden policiva en los términos del Código
Nacional de Policía. […]”.
83 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
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las normas de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos
del suelo.

Asimismo, la Ley 388 de 199784 consagra como uno de los principales objetivos de
la función pública de ordenamiento del territorio el establecimiento de mecanismos
que permitan garantizar la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo.
En particular, el artículo 8 prevé como acciones urbanísticas: (i) determinar las
zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales, o condiciones insalubres; y (ii) localizar las
áreas críticas de recuperación y control para la prevención de desastres, así como
las áreas con fines de conservación y recuperación paisajística.

En esa línea, el artículo 10 ibidem establece que las entidades territoriales, en la
elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, deben tener en
cuenta el factor de prevención de amenazas y riesgos naturales. La norma en cita
es del siguiente tenor:

“Artículo 10. Determinantes de ordenamiento territorial y su orden de prevalencia. En
la elaboración y adoptación de sus planes de ordenamiento territorial, los municipios
y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que constituyen
normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con
la Constitución y las leyes.

1. Nivel 1. Las determinantes relacionadas con la conservación, la protección del
ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención
de amenazas y riesgos de desastres, la gestión del cambio climático y la soberanía
alimentaria. […]

d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos
de desastres, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a
amenazas y riesgos naturales, y las relacionadas con la gestión del cambio
climático. […]”.

A su vez, diversas disposiciones de la norma en comento exigen la determinación y
ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de
insalubridad, así como también disponen que estos deben ser reubicados previa
formulación de las estrategias correspondientes85.

84 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
85 Artículos 12, 13, 15 y 16.

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De igual manera, el artículo 7686 de la Ley 715 de 200187 reitera la responsabilidad
de los municipios en la prevención y atención de desastres dentro de su jurisdicción.

Posteriormente, la Ley 1523 de 201288 definió la gestión del riesgo de desastres
como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planeas, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes encaminadas al conocimiento y
reducción del riesgo, así como al manejo de desastres. Su propósito esencial es
contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas, así como
al desarrollo sostenible. Este proceso es responsabilidad de todas las autoridades
y habitantes del territorio nacional89, quienes deben actuar conforme a los principios
de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad90.

La citada ley adoptó la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y creó
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entendido como el
conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas,
procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos y mecanismos dirigidos a
garantizar la gestión integral del riesgo en el país91. Dicho sistema tiene como
objetivos: (i) ofrecer protección a la población y mejorar la seguridad, el bienestar y
la calidad de vida; (ii) desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento
del riesgo; (iii) desarrollar y mantener el proceso de reducción del riesgo, mediante
acciones como: (a) intervención prospectiva a través de acciones de prevención que
eviten la generación de nuevas condiciones de riesgo y (b) intervención correctiva
mediante acciones de mitigación de las condiciones de riesgo existente; y (iv)
desarrollar, mantener y garantizar el proceso de manejo de desastres 92.

A nivel municipal, la norma les atribuye a los alcaldes la responsabilidad directa de
conducir el sistema de gestión del riesgo de desastres en su nivel territorial y les
otorga las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y
la salubridad en el ámbito de su jurisdicción93, lo que implica la implementación de
los procesos de gestión del riesgo en el municipio, incluyendo su conocimiento y

86 “Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la

Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: […]
76.9.En prevención y atención de desastres. Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los
departamentos podrán: 76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción. 76.9.2. Adecuar
las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos. […]”.
87 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre
otros”.
88 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
89 Artículo 2 de la Ley 1523 de 2012.
90 Artículo 3 de la Ley 1523 de 2012.
91 Artículo 5 de la Ley 1523 de 2012.
92 Artículo 6 de la Ley 1523 de 2012.
93 Artículo 12 de la Ley 1523 de 2012.

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reducción, así como el manejo de desastres en su área94. Adicionalmente, les
impone el deber de incorporar en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial
las acciones estratégicas derivadas de la gestión del riesgo, especialmente el
inventario de asentamientos en zonas expuestas, la delimitación de áreas de
amenaza y los mecanismos de reubicación de poblaciones en alto riesgo95.

En igual sentido, la primera autoridad del municipio debe formular y adoptar,
mediante decreto, planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta a
emergencias, integrando el análisis del riesgo en la planificación del territorio y en
el desarrollo económico, social y ambiental96.

Entonces, la Ley 1523 de 2012 configura un sistema integral en el que las
competencias se distribuyen entre niveles y sectores, bajo el principio de
corresponsabilidad y articulación funcional, que impide a cualquier entidad
sustraerse del cumplimiento de sus deberes en materia de gestión del riesgo.

En consecuencia, se advierte que la gestión del riesgo de desastres constituye una
política pública transversal y un deber ineludible de todas las autoridades, que debe
articularse con la planificación del desarrollo seguro, la gestión ambiental sostenible
y el ordenamiento del territorio. Así, los municipios, como primera autoridad
responsable, deben garantizar la incorporación de criterios de prevención y
reducción del riesgo en sus decisiones de uso del suelo, desplegar acciones
tendientes a minimizar el riesgo identificado y evitar la generación de nuevas
condiciones de vulnerabilidad.

Bajo este derrotero, las autoridades municipales, ambientales y sectoriales tienen
el deber de adoptar medidas concretas y coordinadas, dirigidas tanto a la atención
inmediata del riesgo existente como a la prevención de su agravamiento.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que, conforme a la
Ley 1523 de 2012, los alcaldes son responsables directos de la implementación de
los procesos de gestión del riesgo en el municipio, incluyendo la reducción del
riesgo, el conocimiento y el manejo de desastres en su jurisdicción97. En una acción
popular relacionada con el riesgo de inundación en viviendas construidas alrededor
del río Jordán, la Sección Primera concluyó:

“[…] los entes territoriales municipales tienen dentro de sus deberes prevenir,
atender y mitigar los riesgos que se puedan generar en su territorio frente a la

94 Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012.
95 Artículos 14, 39 y 40 de la Ley 1523 de 2012.
96 Artículo 41 de la Ley 1523 de 2012.
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 18 de

septiembre de 2014, Rad. No. 05001-23-31-000-2011-00032-01; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de noviembre de 2014, Rad. No.
17001-23-33-000-2012-00286-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia del 26 de septiembre de 2019, Rad. No. 68001-23-33-000-2016-00592-
01; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 28
de enero de 2021, Rad. No. 68001-23-33-000-2019-00250-01.
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población que se encuentra localizada en zonas donde puedan presentarse
desastres, para lo cual precisamente se desarrolla un plan de ordenamiento
territorial; de esta manera pueden identificar dichas zonas y así coordinar y ejecutar
las gestiones necesarias para proteger a sus habitantes, así como proteger su
espacio público.

En este orden de ideas, en el caso bajo examen, quedó demostrado que las
viviendas ubicadas en el barrio Jordán en el municipio de Tunja, están construidas
en una zona no sólo declarada como de espacio público ambiental sino de incidencia
directa por inestabilidad de taludes, lo que demuestra un proceder negligente por
parte del municipio al permitir su construcción, y lo cual hace necesario tomar las
medidas pertinentes para mitigar el riesgo en el que se encuentran, siendo forzosa
la reubicación de la población residente en dichas viviendas que se encuentran en
alto riesgo y con miras a evitar un posible desastre. […]”98.

A lo anterior se suma que la Corte Constitucional ha insistido en la obligación estatal
de “velar porque cada persona tenga un lugar que le permita desarrollar sus
actividades personales y familiares en unas condiciones mínimas de dignidad, se
concreta en gran parte en cabeza de las administradoras locales”99 y en que “los
municipios están obligados a prevenir y atender los desastres que puedan
presentarse”100.

Bajo esa perspectiva, es evidente que el Municipio de Puerto Triunfo es el principal
responsable de la gestión de riesgo en su territorio, lo que le impone la obligación
de prevenir la ocupación de zonas donde está prohibido construir, adelantar los
trámites para reubicar a las familias asentadas en áreas de alto riesgo de inundación
y gestionar acciones concretas dirigidas a mitigar o eliminar el riesgo latente, más
allá de la simple identificación formal de las zonas de riesgo en los instrumentos de
ordenamiento y la formulación de estrategias generales.

Así las cosas, en el caso concreto se observa que, de tiempo atrás, el ente territorial
ha contado con información sobre las zonas susceptibles de inundación y, pese a
ello, el riesgo se ha materializado en diversas ocasiones, afectando a los habitantes
ubicados en la ladera de las quebradas “Dos Quebradas y Doradal”.

Por consiguiente, la Sala colige que el riesgo derivado del crecimiento poblacional
desordenado constituye una causa concurrente y autónoma de amenaza al derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles,
imputable a la falta de control urbanístico y a la inobservancia de las restricciones
ambientales y territoriales. Esta situación impone a las autoridades territoriales,
ambientales y sectoriales la adopción de medidas de ordenamiento, control y
reubicación, orientadas a mitigar la exposición humana y garantizar la protección
efectiva del territorio frente a desastres técnicamente previsibles.

98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de

mayo de 2018, expediente nro. 15001-31-33-005-2011-00067-01(AP). Consejero Ponente: Oswaldo
Giraldo López.
99 Sentencia T-233 de 2022; reiterada en Sentencia T-078 de 2025.
100 Ibidem.

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En conclusión, la amenaza del derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres técnicamente previsibles se configura por la convergencia de dos causas
diferenciadas: (i) la insuficiencia hidráulica del box culvert, en la que se subsumen
los fenómenos de remolinos, desbordamientos, diferencia de cotas e inestabilidad
de taludes; y (ii) la expansión urbana y ocupación irregular del territorio dentro de
zonas de amenaza alta por inundación.

Esta circunstancia impone responsabilidades concretas a las autoridades
territoriales, ambientales y sectoriales, derivadas de la obligación constitucional y
legal de ordenar el territorio conforme a los principios de sostenibilidad, seguridad y
gestión del riesgo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que los municipios tienen,
entre otros, los deberes de: (i) tener información actual y completa acerca de las
zonas de alto riesgo que se encuentran en su municipio; (ii) reubicar a las personas
que se encuentran en situación de riesgo; (iii) promover, cofinanciar o ejecutar obras
y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, en coordinación con
otras entidades públicas, comunitarias o privadas; (iv) prevenir y mitigar la
ocurrencia de desastres en las zonas identificadas; (v) adoptar el plan de
ordenamiento territorial, el cual debe identificar las zonas que presenten riesgo para
la ubicación de asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones
de insalubridad. Este instrumento debe ser revisado cada 3 periodos
constitucionales de la administración municipal; y (vi) desalojar las zonas de alto
riesgo de manera obligatoria, incluso mediante la demolición de construcciones, en
coordinación con la Policía Nacional101.

Respecto de la obligación de reubicación, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que es un imperativo desarrollar mecanismos idóneos y eficientes con el
fin de reubicar a las personas que se encuentran viviendo en zonas catalogadas
como de alto riesgo, pues su clasificación revela la necesidad de evacuación para
proteger la vida de los habitantes. Además, ha dejado claro que el Estado tiene la
obligación de “efectuar los actos administrativos indispensables para que los
afectados encuentren otro lugar donde vivir en condiciones parecidas a las que
antes disfrutaban”102.

101 Entre otras: sentencias T-1094 de 2002, T-238ª de 2011, T-848 de 2011, T-526 de 2012, T-149

de 2017, T-233 de 2022, T-486 de 2024 y T-078 de 2025.
102 Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2022.

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Por su parte, las corporaciones autónomas regionales, conforme a los artículos
30103 y 31104 de la Ley 99 de 1993 y 31105 de la Ley 1523 de 2012, están facultadas
para: (i) adelantar programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto
riesgo; (ii) realizar análisis control, seguimiento y prevención de desastres de forma
coordinada con las demás autoridades competentes; (iii) apoyar y asesorar en
materia ambiental y de recursos naturales renovables; y (iv) apoyar a las entidades
territoriales en todos los estudios necesarios para el conocimiento de la reducción
del riesgo. Su papel es complementario y subsidiario respecto de la labor primaria
de los entes territoriales, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.

Asimismo, el artículo 4106 del Decreto 4147 de 2011 y el artículo 18107 de la Ley 1523
de 2012 atribuyen a la UNGRD funciones de asesoría, orientación y apoyo a las

103 “Artículo 30. Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre
su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y
directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.
104 “Artículo 31. Funciones. Las corporaciones autónomas regionales ejercerán las siguientes

funciones: […] 4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los
Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de
desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las
políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; 5) Participar con los demás
organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que
se adopten; […] 18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y
a las políticas nacionales; […] 19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que
sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema
Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes; […]”.
105 “Artículo 31. Las corporaciones autónomas regionales en el sistema nacional. Las corporaciones

autónomas regionales o de desarrollo sostenibles […] [a]poyarán a las entidades territoriales de su
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo
y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo. Parágrafo 1o. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al
apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del
territorio y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres. […]”.
106 “Artículo 4o. Funciones. Son funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de

Desastres las siguientes: […] 2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento
del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su articulación con los procesos de
desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres –SNPAD. […] 6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su
fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos para la inclusión de
la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales. […] 8. Prestar el apoyo
técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres –SNPAD. […]”.
107 “Artículo 18. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La Unidad Nacional para

la Gestión del Riesgo de Desastres, además de las funciones establecidas en el Decreto-ley 4147

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entidades territoriales de distinto orden en materia de gestión del riesgo. El
Departamento de Antioquia, en virtud del artículo 13108 de la Ley 1523 de 2012,
también debe asistir al municipio en el cumplimiento de estas obligaciones.

En síntesis, no le asiste razón a la alzada del Municipio y, por el contrario, la decisión
adoptada por el Tribunal se encuentra ajustada a derecho, se itera, porque, si bien
es cierto que se identificó como causa principal de la vulneración de los derechos
colectivos la insuficiencia hidráulica del box culvert construido en la autopista
Medellín – Bogotá, también se estableció que la situación de riesgo no se explicaba
de manera exclusiva por dicha deficiencia estructural. En efecto, quedó acreditado
que la zona de inundación de la quebrada Doradal ha sido objeto de una
intervención antrópica significativa, con procesos de ocupación y desarrollo
urbanístico en la margen izquierda del cauce, sin la observancia de la franja paralela
de protección que por mandato legal debe preservarse libre de construcciones. De
manera que este crecimiento poblacional y la transformación del suelo constituyen
factores concurrentes que inciden directamente en la magnitud y efectos de las
inundaciones, al reducir la capacidad natural de amortiguación y aumentar la
exposición de la comunidad al riesgo.

En otras palabras, no resulta acertado afirmar que las inundaciones obedecen
exclusivamente a la infraestructura del box culvert ni que las órdenes impartidas al
Municipio carezcan de sustento fáctico o jurídico. Contrario sensu, la intervención
territorial, la planificación del uso del suelo y el control de las zonas de protección
hídrica son competencias propias de la entidad territorial, de modo que la
acreditación de una ocupación inadecuada de la ronda hídrica justifica plenamente
la imposición de medidas dirigidas a contener y evitar la continuación de la
vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres
técnicamente previsibles.

De igual forma, no encuentra asidero el argumento relativo a una supuesta
extralimitación del a quo por haber impuesto obligaciones no solicitadas en la
demanda. Al respecto, se resalta que en las acciones populares el juez no se
encuentra estrictamente atado a la literalidad de las pretensiones, sino que está
facultado para adoptar las órdenes necesarias y adecuadas para la protección
efectiva de los derechos colectivos amenazados o vulnerados109.

de 2011, que se incorporan al presente artículo, las siguientes: 1. Articular los niveles nacional y
territorial del sistema nacional. […]”.
108 “Artículo 13. Los gobernadores en el sistema nacional. Los gobernadores son agentes del

Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del
riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional
y deben responder por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y
de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. […] PARÁGRAFO 2o. Los
gobernadores y la administración departamental son la instancia de coordinación de los municipios
que existen en su territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento”.
109 La Corte Constitucional como el Consejo de Estado han precisado que, tratándose de acciones

populares, el principio de congruencia debe interpretarse de manera flexible, atendiendo a su
propósito y al rol del juez como garante de los derechos colectivos. Entre otras sentencias, ver: Corte

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En este sentido la jurisprudencia ha reseñado que el juez popular puede fallar ultra
y extra petita, otorgando una protección que exceda lo solicitado por la parte actora,
adoptando medidas adicionales no previstas en la demanda e, incluso, fundando su
decisión en la amenaza o vulneración de derechos colectivos distintos a los
invocados.

Así, surge una premisa fundamental: el juez constitucional popular no cumple las
típicas funciones jurisdiccionales propias del juez administrativo en la decisión de
los conflictos individuales entre el Estado y un particular, sino que tiene el papel de
garante de un derecho colectivo110 porque, en estricto sentido, no se trata de una
controversia entre partes que defienden intereses subjetivos111, sino de la
vulneración de derechos colectivos. Claro está, siempre observando que se cumpla
con los derechos al debido proceso y a la defensa de la parte contraria, por lo que
es ineludible que la persona a la que se le imponen las órdenes haya sido vinculada
al proceso.

De modo que, aunque los actores centraron su solicitud en la ampliación o
sustitución de la obra hidráulica, ello no le impedía al Tribunal adoptar medidas
complementarias frente a otras causas acreditadas en el proceso, siempre que
estas guardaran conexidad con la situación de riesgo demostrada.

En consecuencia, la Sala considera que el Tribunal actuó dentro del marco de sus
competencias al reconocer la concurrencia de factores atribuibles al Municipio y al
impartir órdenes orientadas a mitigar y prevenir el riesgo derivado tanto de la
insuficiencia hidráulica como de la ocupación indebida de la zona de inundación.

No obstante, con fundamento en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, y atendiendo
a los principios de proporcionalidad y efectividad, la Sala modificará las ordenes
impartidas en primera instancia y, en su lugar, impartirá las siguientes, dirigidas a
restablecer el goce del derecho colectivo y prevenir la consolidación del riesgo
identificado:

(a) Ordenar al Municipio de Puerto Triunfo que, si aún no lo ha hecho:

(i) En el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, realice las actuaciones administrativas necesarias para determinar el
número de viviendas o intervenciones antrópicas que desconozcan la zona de
protección ambiental e hidráulica, de uso público y no edificable

Constitucional, Sentencia T-176 de 2016; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 5 de junio de 2018, Rad. No. 15001-33-31-001-2004-01647-01;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 5 de julio de 2018, Rad. No. 20001-23-31-000-2010-00478-01; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 21 de agosto de 2020, Rad.
No. 13001-23-33-000-2017-00987-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala 7° Especial de Decisión, sentencia del 26 de enero de 2021, Rad. No. 54518-
33-31-001-2007-00013-01;
110 Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2011.
111 Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999.

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(ii) En el término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo
otorgado en el numeral anterior, adopte una estrategia de reubicación temporal de
las familias cuyos bienes se encuentren dentro de la franja de 30 metros de ancho
paralela a las líneas a cada lado del cauce de la Quebrada Doradal (subsidio de
arriendo, albergues u otras medidas pertinentes)112. Estas ayudas deberán
mantenerse hasta tanto se resuelva la situación de las personas afectadas, esto es,
cuando se haya culminado o ejecutado el plan de reubicación definitiva.

(iii) En el término de siete (7) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, actualice los estudios de riesgo por inundación del corregimiento
Doradal, que permitan definir medidas, obras y estrategias de intervención y
recuperación.

(iv) En el término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo
anterior, elabore un proyecto de reubicación definitiva para las familias asentadas
en zonas de alto riesgo no mitigable, en condiciones similares o mejores a las
existentes. Este proyecto deberá ejecutarse en el plazo de dos (2) años, contado a
partir de elaboración del respectivo proyecto, prorrogable por decisión motivada del
tribunal de primera instancia.

(v) En el término de siete (7) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, actualice el Esquema de Ordenamiento Territorial, si no lo ha hecho en
los últimos tres periodos constitucionales.

(vi) En el término de siete (7) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, revise y actualice el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres, incorporando: (a) el diagnóstico actualizado de amenazas y
vulnerabilidades en la zona de influencia del cauce de la quebrada Dorada; (b) la
identificación de los asentamientos en alto riesgo y las medidas de mitigación o
reubicación correspondientes; y (c) la programación de actividades de educación
comunitaria y prevención.

(vii) Una vez finalizado el proceso de reubicación, realizar las actuaciones
administrativas que correspondan para mantener libre de ocupación la franja de 30
metros de ancho paralela a las líneas a cada lado del cauce de la Quebrada Doradal
y las zonas consideradas de alto riesgo no mitigable.

(b) Ordenar a CORNARE, al Departamento de Antioquia y a la UNGRD que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, apoyen al
municipio en el cumplimiento de las órdenes impartidas, priorizando la reducción del
riesgo en el corregimiento Doradal.

112 “[…] Si [los estudios establecen] que el riesgo alto de desastre no se puede mitigar, las únicas

medidas de intervención que podrá adoptar serán las de reubicación del asentamiento humano, junto
con las obras de estabilización necesarias para evitar el incremento del fenómeno en estudio. […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de
septiembre de 2024, Rad. No. 05001-23-33-000-2022-01079-01.
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(c) Instar a la Defensoría del Pueblo para que acompañe el proceso de reubicación,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias.

4.3.2. Obligación del INVIAS de realizar los diseños técnicos actualizados y la
necesaria colaboración del Municipio para precisar la ubicación y las
dimensiones de las soluciones hidráulicas

El INVÍAS solicitó ser relevado de la orden impartida por el a quo, consistente en
realizar estudios hidrológicos e hidráulicos para definir la solución definitiva frente a
la problemática de inundaciones en el corregimiento Doradal, argumentando que en
el expediente obran informes y conceptos previos elaborados por distintas
entidades, los cuales, en su criterio, harían innecesaria una nueva evaluación.

Si bien fueron allegados al expediente estudios técnicos anteriores, estos datan de
los años 2016, 2018 y 2019 y, por tanto, responden exclusivamente a las
condiciones observadas en esos momentos por los profesionales que los
elaboraron, sin que reflejen el estado actual del cauce de la quebrada Doradal, su
área de influencia ni la dinámica urbana circundante.

En particular, se tiene que:

(i) En el año 2016, Cornare realizó una visita de campo en la que examinó las
condiciones de los cauces en el tramo analizado, efectuó las modelaciones
correspondientes y emitió sus conclusiones (hecho probado 3.7.);

(ii) El 1 de marzo de 2016, el Consorcio Intercarreteros informó que, tras visitar la
zona el 20 de enero ese mismo año, evidenció la necesidad de reparar las
alcantarillas cajón y metálicas. Asimismo, destacó la intervención antrópica y el
crecimiento poblacional no planificado, pues la ronda de inundación de la quebrada
Doradal se encontraba totalmente intervenida en la margen izquierda, con llenos
antrópicos y proyectos de vivienda que disminuían la capacidad del vaso de
inundación al interferir en el cauce (hecho probado 3.8.);

(iii) En el año 2018, Cornare efectuó un sobrevuelo con dron sobre la zona de
inundación para obtener un modelo de elevación digital que permitiera identificar las
cotas del terreno, y con base en ello realizó las correspondientes modelaciones y
conclusiones (hecho probado 3.9.); y

(iv) El 23 de abril de 2019, el Departamento Administrativo del Sistema de
Prevención, Atención y Recuperación de Desastres del Departamento de Antioquia
indicó que los niveles de amenaza y riesgo consignados en su informe eran
estimados y correspondían únicamente a la experiencia de los profesionales que
efectuaron la visita, según la inspección visual de campo y la información
suministrada por el municipio. Aclaró que no se llevaron a cabo estudios
geotécnicos, de estabilidad, de patología o vulnerabilidad estructural, ni ensayos de
laboratorio (hecho probado 3.17.).
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En ese orden, se observa que los informes rendidos por las distintas entidades
tuvieron como base visitas de campo que reflejan el estado del terreno en el
momento de su realización. Sin embargo, no es posible afirmar que sus
conclusiones continúen siendo aplicables una década después, periodo durante el
cual la intervención antrópica, el crecimiento urbano no planificado y las eventuales
inundaciones ocurridas podrían haber alterado significativamente la hidrología local,
la morfología del terreno y la capacidad de conducción de las estructuras existentes.

En tales condiciones, la información disponible no ofrece certeza sobre las
dimensiones actuales del riesgo ni sobre la idoneidad técnica de las soluciones
propuestas en su momento. De manera que el deber de actualización técnica no
resulta discrecional, pues una omisión en dicha actualización de los estudios
impediría garantizar la eficacia de las medidas de ingeniería y podría comprometer
la seguridad de la población.

Por tanto, la protección efectiva del derecho colectivo a la seguridad y prevención
de desastres técnicamente previsibles exige la elaboración de un nuevo estudio
técnico, que contemple la evolución reciente del cauce, la modificación del uso del
suelo y los efectos del cambio climático, para definir con rigor técnico la alternativa
más adecuada.

En este sentido, el argumento del INVÍAS desconoce la naturaleza dinámica del
riesgo y los principios de protección y oportuna información que rigen la materia113.
Aceptar dicha tesis equivaldría a perpetuar un diagnóstico, posiblemente obsoleto,
en contravención del deber constitucional de protección de la vida y la integridad de
las personas.

Por las razones expuestas, la Subsección concluye que el INVÍAS sí está obligado
a actualizar los estudios técnicos que permitan definir la solución hidráulica
requerida para eliminar o mitigar el riesgo de inundación que afecta al corregimiento
Doradal. En consecuencia, se mantendrán sustancialmente las órdenes impartidas
al INVIAS por el Tribunal Administrativo de Antioquia en este punto, pero se
modificará su redacción para lograr un grado de especificidad que facilite su
ejecución, de la siguiente manera:

(i) Dentro del término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de esta
providencia, deberá realizar los estudios técnicos, hidrológicos e hidráulicos
necesarios para determinar el tipo de obra que debe ejecutarse con el fin de mitigar

113 Ley 1523 de 2012. “Artículo 3°. Principios generales. Los principios generales que orientan la

gestión del riesgo son: […] 2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser
protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus
derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente
sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los
valores enunciados. […] 15. Principio de oportuna información: Para todos los efectos de esta ley,
es obligación de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener
debidamente informadas a todas las personas naturales y jurídicas sobre: Posibilidades de riesgo,
gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las
donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas. […]”.
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o eliminar el riesgo que actualmente se presenta en el corregimiento Doradal,
municipio Puerto Triunfo, Antioquia. Dichos estudios deberán incluir el análisis de
toda la infraestructura complementaria que pueda estar generando riesgo para la
comunidad ubicada aguas arriba y abajo del box culvert; y

(ii) Dentro del término de dos (2) años contados a partir del vencimiento del plazo
otorgado en el numeral anterior, deberán ejecutarse las obras que resulten
necesarias, según los estudios elaborados en cumplimiento de la orden impartida
en esta providencia.

En ese orden de ideas, resulta inane que el Municipio precise la ubicación y las
dimensiones de las soluciones hidráulicas, pues justamente tales aspectos deberán
ser definidos en los estudios técnicos que corresponde elaborar al INVÍAS. Con
todo, se ordenará que el Municipio y CORNARE apoyen al INVÍAS en la realización
de los estudios descritos anteriormente, dentro del marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias.

4.3.3. Infraestructura a cargo de la ANI y sus funciones

El Tribunal Administrativo de Antioquia impuso a la ANI la obligación de adelantar
labores de mantenimiento preventivo y correctivo sobre el box culvert mientras se
ejecutan las obras definitivas. La ANI apeló esta decisión, alegando que el tramo en
cuestión no hace parte de la infraestructura a su cargo, pues no fue expresamente
asignado por el Ministerio de Transporte o el Gobierno Nacional, y que sus
funciones son de naturaleza técnica y de estructuración, no de ejecución directa de
obras.

Al respecto, se advierte que, de conformidad con el Decreto 2171 de 1992 y la Ley
105 de 1993, el INVÍAS es el administrador de las vías nacionales, con funciones
de construcción, mantenimiento y conservación.

No obstante, el artículo 3 del Decreto 4165 de 2011114 asigna a la ANI la planeación,
estructuración, contratación, ejecución, administración y evaluación de proyectos de
concesión y otras formas de asociación público-privada para el desarrollo de la
infraestructura de transporte.

A su turno, el artículo 3 de la Ley 1508 de 2012115 establece que las entidades
estatales pueden encargar a un inversionista privado el diseño, construcción,
operación y mantenimiento de la infraestructura pública bajo esquemas de
asociación público-privada.

114 “Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras
disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO)”.
115 “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan

normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”.
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En este marco normativo, cuando una vía nacional originalmente administrada por
el INVÍAS ha sido entregada en concesión bajo supervisión de la ANI, la
competencia para realizar labores de mantenimiento y conservación recae en el
concesionario, conforme a las obligaciones contractuales y al artículo 3 de la Ley
1508 de 2012.

En este esquema, la ANI conserva la función de dirección, supervisión y control del
contrato, y debe garantizar la ejecución de obras adicionales o emergentes cuando
excedan el alcance contractual; mientras que, en principio, el INVÍAS, en vigencia
de la concesión, carece de competencia para ejecutar directamente obras de
mantenimiento, sin perjuicio de su rol residual como titular del patrimonio vial
nacional y coordinador de la planeación sectorial.

Al respecto, en el caso concreto se encuentra probado que:

(i) En 1996, el INVÍAS y la sociedad Devimed S.A. suscribieron el contrato de
concesión núm. 0275, cuyo objeto consiste en “realizar por el sistema de concesión
los estudios y diseños definitivos, las obras de rehabilitación y de construcción, la
operación y el mantenimiento del proyecto “Desarrollo Vial del Oriente de Medellín
y Valle de Río Negro y Conexión a Puerto Triunfo” en el departamento de Antioquia”.

Particularmente, la cláusula sexta estatuye que el concesionario tiene a su cargo,
entre otras, la siguiente obligación: “[…] los trabajos de conservación, reparación,
mantenimiento y reconstrucción necesarios para mantener el proyecto en los niveles
de servicio e índice de estado del pavimento establecidos en la cláusula vigésima
quinta […] Esta obligación incluye la remoción de derrumbes y deslizamientos y
posterior mantenimiento de la zona donde se presenten […] como también las
reparaciones que sean necesarias para mantener en buen estado todos los puentes
existentes en la vía concesionada. [….]”.

Por su parte, la cláusula vigésima quinta establece que: “[d]esde la suscripción del
“Acta de iniciación de la Etapa de Diseño y Programación”, hasta la entrega final del
proyecto, al término del contrato, el concesionario asume entera responsabilidad
por el mantenimiento de los tramos de carretera incluidos en la concesión, la
reparación y el cuidado de todas las obras incluidas en la misma, con excepción de
los tramos cinco y seis, que el concesionario deberá conservar y mantener, a partir
del momento que el Instituto le haga entrega de los mismos” (hecho probado 3.3.);

(ii) En 1999, el INVÍAS y Devimed S.A. firmaron el acta de entrega de la totalidad de
la vía Santuario-Puerto Triunfo-Caño Alegre a esta última (hecho probado 3.4.);

(iii) Mediante Resolución 003521 de 2003, el INVÍAS cedió a título gratuito y subrogó
el contrato de concesión al Instituto Nacional de Concesiones (hoy la ANI) (hecho
probado 3.5.); y

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(iv) El 1 de septiembre de 2018, la ANI entregó nuevamente al INVÍAS el tramo
objeto de estudio (hecho probado 3.14.). Tal como lo reconocen los demandantes y
las entidades en distintas oportunidades del proceso. De la misma manera, en oficio
del 24 de abril de 2019, la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de
Antioquia informó que la vía era manejada por el INVÍAS.

Por consiguiente, en principio, tratándose de una vía concesionada, sería la
sociedad Devimed S.A. quien debería asumir la obligación de realizar el
mantenimiento habitual del box culvert. Sin embargo, al no haber sido vinculada al
presente proceso, no es procedente impartir órdenes en su contra, en atención al
principio de debido proceso y al derecho de defensa.

No obstante, estando de por medio la amenaza de un derecho colectivo, y
acreditado que el box culvert ubicado en la autopista Medellín – Bogotá presenta
una condición estructural de riesgo que pone en peligro a la población del
corregimiento Doradal, se impone la necesidad de actuaciones inmediatas de
mitigación del riesgo y mantenimiento de la estructura.

Por ello, la Sala concluye que el INVÍAS -como administrador de la vía- deberá,
directamente o a través del concesionario, ejecutar o exigir la ejecución de las
labores de mantenimiento preventivo y correctivo del box culvert y sus alrededores,
con el fin de garantizar la seguridad de la población mientras se define y construye
la solución definitiva.

Frente a este particular, es importante precisar que, aunque en sentencia del 21 de
noviembre de 2024, exp. 15001-23-33-000-2019-00299-01, la Sección Primera del
Consejo de Estado ordenó el cumplimiento de determinadas medidas a una
sociedad que había cedido el contrato de concesión del corredor vial Briceño –
Tunja y que alegaba falta de legitimación en la causa por pasiva, tal decisión no
resulta aplicable al presente caso, por las razones que se exponen a continuación.

En aquella oportunidad, desde la presentación de la demanda se vinculó a C.S.S.
Constructores S.A., sociedad concesionaria. No obstante, durante el trámite
procesal, el contrato de concesión fue cedido a BTS Concesionario S.A.S. Por esta
razón, C.S.S. Constructores S.A. controvirtió en apelación las órdenes impartidas
en su contra por la sentencia de primera instancia.

En esa ocasión, la Sección Primera explicó que CSS Constructores S.A. debía
asumir las consecuencias procesales derivadas del litigio, dado que, aun cuando
cedió el contrato, el cesionario se abstuvo de intervenir en el proceso, ya fuera como
litisconsorte o como sustituto procesal. En esa medida, la sociedad originalmente
vinculada permaneció como sujeto pasivo dentro del proceso y, por tanto, como
destinataria de las órdenes impartidas.

Por el contrario, en el presente caso, la sociedad concesionaria ha sido siempre la
misma y nunca fue vinculada a este proceso, de modo que su posición procesal no
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ha sido ocupada en ningún momento del trámite. En consecuencia, la decisión
antecedente no resulta aplicable al presente estudio.

Adicionalmente, es importante resaltar que la puesta en marcha de medidas no
puede quedar supeditada a discusiones sobre titularidad administrativa o
contractual del tramo, pues la finalidad de este medio de control es prevenir un daño
colectivo y proteger la vida y seguridad de los habitantes del corregimiento Doradal.

Sin embargo, la ANI es la llamada a supervisar y gestionar la ejecución y
cumplimiento de los contratos de concesión. En este caso, existe un contrato de
concesión vigente que impide relevar de sus funciones a la ANI, aun cuando la vía
esté a cargo del INVÍAS (hecho probado 3.3.).

Por consiguiente, en ejercicio de sus funciones de supervisión y gestión contractual,
la ANI deberá coordinar con el INVÍAS y el concesionario la adopción de las medidas
correspondientes y vigilar su cumplimiento, pues aceptar la tesis propuesta por esta
entidad, la cual afirma que carece de injerencia sobre el tramo en cuestión,
implicaría desconocer sus obligaciones legales, así como los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiaridad consagrados en el artículo 3 de la Ley
1523 de 2012, vaciando de contenido el deber constitucional de protección de los
derechos colectivos previsto en el artículo 88 de la Constitución Política.

En virtud de los principios de eficacia y coordinación administrativa (artículo 209
CP), las entidades públicas no pueden omitir el ejercicio de competencias
preventivas cuando se encuentra comprometida la protección de derechos
colectivos. Desde esta perspectiva, la Sala modificará la orden del a quo y, en su
lugar, dispondrá que el INVÍAS, directamente o a través del concesionario, ejecute
las labores de mantenimiento y conservación del box culvert y sus alrededores,
hasta tanto se construya la solución hidráulica definitiva. Además, se ordenará que
la ANI coordine con el ÍNVÍAS y la concesionaria las medidas correspondientes.

4.4. Otras determinaciones

Esta Sala ordenará conformar un comité de verificación del cumplimiento de esta
providencia, integrado por: (i) la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia, a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-; (ii) la parte
demandante; (iii) el personero municipal de Puerto Triunfo; (iv) el alcalde de Puerto
Triunfo o su delegado; (v) el gobernador de Antioquia o su delegado; (vi) el director
de CORNARE o su delegado; (vii) el director de la UNGRD o su delegado; (viii) el
director del INVÍAS o su delegado; (ix) el director de la ANI o su delegado; y (x) el
procurador general de la Nación o su delegado, quienes deberán reunirse
trimestralmente para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes.

Finalmente, resulta pertinente recordar que: (i) el juez de segunda instancia tiene la
potestad de modificar las órdenes establecidas en la decisión recurrida, para, en su
lugar, impartir las que considere conducentes y pertinentes para obtener la
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protección de los derechos colectivos invocados116; y (ii) después de proferida la
sentencia, el juez responsable de la ejecución del fallo tiene la potestad de alterar
el contenido de las órdenes impartidas, en caso de que ello resulte necesario para
proteger los derechos del conglomerado social y para garantizar la ejecución de la
sentencia117, esto es, “siempre que la instrucción se torne de imposible
cumplimiento, o cuando la medida sea ineficiente en el propósito de restaurar los
derechos colectivos”118. Esto, en consonancia con pronunciamientos donde se ha
precisado que esta intervención judicial “no puede producirse en cualquier evento,
sino que debe reservarse únicamente a aquellos supuestos en los cuales se
presenten condiciones tan extraordinarias que justifiquen y hagan imperativa dicha
intervención, aseguren su carácter excepcional y garanticen tanto la finalidad de
lograr el cumplimiento de la decisión en su sentido original. […] es una oportunidad
para ajustar el tipo de orden o aspectos accidentales de las medidas decretadas
con el fin de que éstas pueden cumplirse”119.

5. Conclusión

5.1. La vulneración y amenaza al derecho colectivo a la seguridad y a la prevención
de desastres técnicamente previsibles se configura por la concurrencia de dos
causas diferenciadas, pero complementarias: de un lado, la insuficiencia hidráulica
del box culvert —en la que se subsumen los fenómenos de remolinos,
desbordamientos e inestabilidad de taludes— y, de otro, la expansión urbana y
ocupación irregular de la ronda hídrica en zonas de amenaza alta por inundación,
imputable a falencias en el control urbanístico y en la gestión del riesgo por parte
del Municipio. Esta doble fuente de riesgo justifica plenamente la imposición de
órdenes dirigidas a dicha entidad territorial, no solo por sus competencias
constitucionales y legales en materia de ordenamiento del territorio y prevención de
desastres, sino también porque el juez popular está facultado para adoptar todas
las medidas necesarias, aún más allá de lo estrictamente pedido, con el fin de
contener y evitar la vulneración efectiva de los derechos colectivos comprometidos.

5.2. No le asiste razón al INVÍAS al pretender relevarse de la obligación de actualizar
los estudios técnicos, pues los conceptos existentes no reflejan las condiciones
actuales del cauce ni la transformación urbana y ambiental del corregimiento
Doradal, circunstancias que inciden directamente en la magnitud y dinámica del
riesgo. La naturaleza cambiante de los fenómenos hidrológicos y la intervención
antrópica acreditada en el expediente imponen la necesidad de contar con diseños
hidrológicos e hidráulicos actualizados que permitan definir con rigor la solución

116 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 20 de

noviembre de 2020, Rad. No. 63001-23-33-000-2019-00024-01.
117 Artículo 34 de la Ley 472 de 1998; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera, sentencia del 20 de noviembre de 2020 y auto del 29 de abril de 2021, Rads. No.
63001-23-33-000-2019-00024-01 y 88001-23-31-000-2002-90004-06, respectivamente.
118 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 29 de abril

de 2021, Rad. No. 88001-23-31-000-2002-90004-06.
119 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 23 de junio

de 2016, Rad. No. 08001-23-31-000-2002-01193-03.
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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

estructural idónea. Por ello, se mantendrán las órdenes dirigidas a que el INVÍAS
adelante los estudios y ejecute las obras correspondientes, con el apoyo del
Municipio y de CORNARE en el marco de sus competencias, a fin de garantizar una
respuesta técnica integral y eficaz para mitigar o eliminar el riesgo de inundación.

5.3. Si bien la ANI no ostenta competencia directa para ejecutar obras de
mantenimiento sobre la infraestructura vial y su función se circunscribe a la
estructuración, supervisión y control de los proyectos concesionados, lo cierto es
que la vía y el box culvert en cuestión están amparados por un contrato de concesión
que trasladó al concesionario las obligaciones de conservación y mantenimiento.
No obstante, ante la no vinculación de este último al proceso y la acreditada
amenaza al derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres, no es
jurídicamente viable dejar sin destinatario las medidas urgentes de mitigación. Por
ello, corresponde al INVÍAS, en su calidad de administrador actual de la vía y titular
del patrimonio vial nacional, ejecutar directamente o exigir al concesionario el
cumplimiento de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias,
garantizando así una respuesta inmediata y eficaz mientras se adopta la solución
estructural definitiva.

Se imparten las ordenes necesarias para asegurar la efectividad del derecho
colectivo invocado, en consonancia con los postulados del artículo 88 de la
Constitución, la Ley 472 de 1998, la Ley 1523 de 2012 y la jurisprudencia pacífica
de esta Corporación. Particularmente: (i) se mantienen las órdenes impuestas al
INVÍAS relativas a la elaboración de los estudios técnicos para determinar el tipo de
obra con mayor capacidad hidráulica y la correspondiente ejecución de la obra; (ii)
se modifica la orden concerniente al mantenimiento preventivo mientras se realizan
las obras necesarias de reemplazo, en el sentido de que sea el INVÍAS quien lo
efectúe; (iii) se revocan las órdenes impuestas al Municipio de Puerto Triunfo y al
INVÍAS derivadas de la declaración de amenaza por causas distintas al crecimiento
poblacional y a la insuficiencia hidráulica; (iv) se modifican y complementan las
órdenes sobre la reubicación de las personas, para fijar las reglas que esta Sala
estima más idóneas y efectivas para salvaguardar el derecho colectivo afectado; y
(v) se mantienen y se complementan las órdenes encaminadas a que las entidades,
en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, se apoyen
para dar cabal cumplimiento a lo resuelto en esta sentencia.

6. Costas

El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 establece que el juez debe aplicar las normas
de procedimiento civil relativas a las costas, y que solo podrá condenar al
demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado,
cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe.

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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

De conformidad con la sentencia de unificación proferida el 6 de agosto de 2019 por
la Sala 27 Especial de Decisión, el reconocimiento, la condena y la liquidación de
las costas debe observar las siguientes reglas120:

(i) El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que
la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código General del
proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de
las agencias en derecho;

(ii) También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibidem;

(iii) Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios
y de las expensas, pues, al tenor del artículo 364 del CGP, es claro que las agencias
en derecho no corresponden a los honorarios a los que se refiere la norma, pues
ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia;

(iv) Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con
el artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la
condena en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y agencias
en derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o concurrido
al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente; y

(v) En cualquiera de los eventos en que proceda el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se hará
atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso,
de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas
y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo previsto en el
artículo 366 ibidem

Bajo ese derrotero, esta Subsección condenará en costas al Municipio de Puerto
Triunfo y al INVÍAS, entidades a las que se les imputó la amenaza del derecho
colectivo, y ordenará a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la

120 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,

sentencia del 6 de agosto de 2019, Rad. No. 15001-33-33-007-2017-0036-01.
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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

respectiva liquidación, ejercicio que tendrá que observar las reglas prescritas en los
artículos 365 y 366 del CGP.

En lo atinente a las agencias en derecho, y al encontrarse acreditada la labor
desplegada por los demandantes, la Sala impondrá condena por este concepto por
la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5121 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016122.
Este monto (1 SMLMV) deberá ser pagado en partes iguales por el INVÍAS y el
Municipio de Puerto Triunfo.

Es importante precisar que, si bien las órdenes que se impartirán en esta sentencia
involucran a CORNARE, a la UNGRD, al Departamento de Antioquia y a la ANI,
estas no obedecen a la existencia de una acción u omisión por parte de dichas
entidades que implique amenaza o vulneración de los derechos invocados, sino que
se fundamentan en los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad
positiva, solidaridad y sistémico, que imponen el trabajo articulado para la protección
efectiva de los derechos colectivos123.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
– Ministerio de Transporte y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

SEGUNDO: AMPARAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres
previsibles técnicamente, amenazado y vulnerado por el Municipio de Puerto Triunfo
y el Instituto Nacional de Vías.

TERCERO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías que:

(i) Dentro del término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de esta
providencia, realice los estudios técnicos, hidrológicos e hidráulicos necesarios para
determinar el tipo de obra que debe ejecutarse con el fin de mitigar o eliminar el
riesgo que actualmente se presenta en el corregimiento Doradal, municipio Puerto
Triunfo, Antioquia. Dichos estudios deberán incluir el análisis de toda la

121 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 1. Procesos declarativos en general. […] En

segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V. […]”.
122 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
123Por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia del 9 de mayo de 2024, Rad. No. 73001-23-33-000-2016-00558-01.
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Radicado: 05001-23-33-000-2019-00955-01 (68891)
Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

infraestructura complementaria que pueda estar generando riesgo para la
comunidad ubicada aguas arriba y abajo del box culvert; y

(ii) Dentro del término de dos (2) años contados a partir del vencimiento del plazo
otorgado en el numeral anterior, ejecute las obras que resulten necesarias según
los estudios elaborados en cumplimiento de la orden impartida en esta providencia.

(iii) Una vez quede en firme esta providencia, proceda de manera inmediata a
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo que corresponda a la
infraestructura ubicada en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del corregimiento
Doradal. Esta orden podrá ser ejecutada directamente o a través del concesionario,
y tendrá que realizarse, como mínimo, tres veces al año (cada 4 meses), hasta tanto
se haya construido la solución hidráulica que ponga fin a las inundaciones, lo cual
deberá ocurrir conforme a los términos fijados en esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Agencia Nacional de Infraestructura que, en virtud de las
competencias atribuidas por la ley y de ser necesario, realice el acompañamiento y
la supervisión correspondiente para que el concesionario Devimed S.A. ejecute las
labores de mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura ubicada en la
autopista Medellín – Bogotá, a la altura del corregimiento Doradal.

QUINTO: ORDENAR al Municipio de Puerto Triunfo y a la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE - que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, apoyen al Instituto
Nacional de Vías en la realización de los estudios descritos en el ordinal tercero de
esta providencia.

SEXTO: ORDENAR al Municipio de Puerto Triunfo que, si aún no lo ha hecho:

(i) En el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, realice las actuaciones administrativas necesarias para determinar el
número de viviendas o intervenciones antrópicas que desconozcan la zona de
protección ambiental e hidráulica, de uso público y no edificable.;

(ii) En el término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo
otorgado en el numeral anterior, adopte una estrategia de reubicación temporal de
las familias cuyos bienes se encuentren dentro de la franja de 30 metros de ancho
paralela a las líneas a cada lado del cauce de la Quebrada Doradal (subsidio de
arriendo, albergues u otras medidas pertinentes). Estas ayudas deberán
mantenerse hasta tanto se resuelva la situación de las personas afectadas, esto es,
cuando se haya culminado o ejecutado el plan de reubicación definitiva;

(iii) En el término de siete (7) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, actualice los estudios de riesgo por inundación del corregimiento
Doradal, que permitan definir medidas, obras y estrategias de intervención y
recuperación.
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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

(iv) En el término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento del plazo
anterior, elabore un proyecto de reubicación definitiva para las familias asentadas
en zonas de alto riesgo no mitigable, en condiciones similares o mejores a las
existentes. Este proyecto deberá ejecutarse en el plazo de dos (2) años, contado a
partir de elaboración del respectivo proyecto, prorrogable por decisión motivada del
tribunal de primera instancia.

(v) En el término de siete (7) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, actualice el Esquema de Ordenamiento Territorial, si no lo ha hecho en
los últimos tres periodos constitucionales.

(vi) En el término de siete (7) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, revise y actualice el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres, incorporando: (a) el diagnóstico actualizado de amenazas y
vulnerabilidades en la zona de influencia del cauce de la quebrada Dorada; (b) la
identificación de los asentamientos en alto riesgo y las medidas de mitigación o
reubicación correspondientes; y (c) la programación de actividades de educación
comunitaria y prevención.

(vii) Una vez finalizado el proceso de reubicación, realizar las actuaciones
administrativas que correspondan para mantener libre de ocupación la franja de 30
metros de ancho paralela a las líneas a cada lado del cauce de la Quebrada Doradal
y las zonas consideradas de alto riesgo no mitigable.

SÉPTIMO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los
Ríos Negro y Nare, al Departamento de Antioquia y a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, apoyen al municipio en el cumplimiento
de las órdenes de amparo, priorizando la reducción del riesgo en el corregimiento
Doradal.

OCTAVO: INSTAR a la Defensoría del Pueblo para que realice un acompañamiento
del proceso de reubicación, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias.

NOVENO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de esta
providencia, integrado por: (i) la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia, a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-; (ii) la parte
demandante; (iii) el personero municipal de Puerto Triunfo; (iv) el alcalde de Puerto
Triunfo o su delegado; (v) el gobernador de Antioquia o su delegado; (vi) el director
de CORNARE o su delegado; (vii) el director de la UNGRD o su delegado; (viii) el
director del INVÍAS o su delegado; (ix) el director de la ANI o su delegado; y (x) el
procurador general de la Nación o su delegado, quienes deberán reunirse
trimestralmente para hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes.

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Demandantes: Yeison Iván Velásquez Rodríguez y otro

DÉCIMO: CONDENAR en costas al Instituto Nacional de Vías y al Municipio de
Puerto Triunfo, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la
Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho
a favor de la parte demandante por un (1) salario mínimo mensual legal vigente.
Este monto (1 SMMLV) deberá ser pagado en partes iguales por las mencionadas
entidades.

UNDÉCIMO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

DUODÉCIMO: Ejecutoriada esta decisión, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto

SP1

50

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